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Enrique J. Martínez Pérez

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

ENRIQUE J. MARTÍNEZ PÉREZ LA TUTELA AMBIENTAL EN LOS SISTEMAS REGIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Este trabajo tiene como finalidad reflexionar sobre las convergencias y divergencias entre los sistemas regionales de derechos humanos africano, europeo e interamericano a la hora de abordar la tutela del medio ambiente. Nuestro objetivo no es sólo examinar cómo los atentados ambientales pueden afectar a los derechos fundamentales reconocidos convencionalmente, sino también cómo la protección del medio ambiente se puede esgrimir como justificación para restringir su disfrute. Y esto lo haremos tanto desde un dimensión sustantiva como procedimental. En el aspecto sustantivo, analizaremos cuáles son los bienes jurídicos objeto de protección ambiental y cuál es el alcance de la obligación de protección que los órganos de supervisión exigen a los Estados. En el procedimental, nos adentraremos en el estudio de las obligaciones de naturaleza preventiva y de las medidas reparadoras destinadas a depurar responsabilidades.

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LA TUTELA AMBIENTAL EN LOS SISTEMAS REGIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

LA TUTELA AMBIENTAL EN LOS SISTEMAS REGIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA TUTELA AMBIENTAL EN LOS SISTEMAS REGIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

ENRIQUE J. MARTÍNEZ PÉREZ

Profesor contratado doctor de Derecho internacional público de la Universidad de Valladolid Titular acreditado

Valencia, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Trabajo realizado en el marco del Grupo de Investigación Consolidado AGUDEMA (Agua, Derecho y Medio Ambiente) financiado por el Gobierno de Aragón y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del GIR «Protección jurídica de la familia» de la UVA.

© Enrique J. Martínez Pérez

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-890-6 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A BelĂŠn y a MarĂ­a

ÍNDICE INTRODUCCIÓN.................................................................................... 13

Capítulo Primero LA APLICACIÓN RATIONE PERSONAE Y RATIONE LOCI DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS JURÍDICOS REGIONALES DE DERECHOS HUMANOS

I. LA COMPETENCIA RATIONE PERSONAE: VÍCTIMAS, RECLAMACIONES COLECTIVAS Y ACTIO POPULARIS............ 17 A) La condición de víctima........................................................... 17 B) Reclamaciones colectivas y actio popularis............................... 22 II. LA COMPETENCIA RATIONE LOCI: LA DIFÍCIL APLICACIÓN A LOS DAÑOS TRANSFRONTERIZOS............................ 27

Capítulo Segundo DE LA ECOLOGIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS AL RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO AUTÓNOMO AL MEDIO AMBIENTE

I. LA CONSTRUCCIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA EUROPEO.................................................................... 35 A) Las objeciones a la celebración de un Protocolo sobre medio ambiente.................................................................................. 36 B) La interpretación evolutiva del Convenio y el contexto normativo internacional..................................................................... 39 C) La doctrina de las obligaciones positivas y el efecto horizontal indirecto del Convenio............................................................. 42 II. LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DIRECTA E INDIRECTA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO.............................................. 46 A) El limitado alcance del derecho a un medio ambiente sano reconocido en el Protocolo de San Salvador................................ 46 B) Obligaciones positivas e interpretación dinámica a la luz del corpus juris internacional......................................................... 49 III. EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A UN MEDIO AMBIENTE EN EL SISTEMA AFRICANO....................................................... 52

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Índice

Capítulo Tercero LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS: ENTRE EL DERECHO A LA VIDA Y EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR

I. LA INTERCONEXIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES EN EL SISTEMA AFRICANO.................................... 56 II. EL DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL COMO ÁMBITOS PRIVILEGIADOS DE PROTECCIÓN EN EL SISTEMA INTERAMERICANO................................................... 58 III. LA MULTIPLICIDAD DE BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS EN EL SISTEMA EUROPEO.........................................................

61 A) La progresiva ampliación de la esfera de protección................. 62 B) Los requisitos que deben reunir los daños ambientales: aspectos cuantitativos y cualitativos................................................. 67 C) El alcance de las obligaciones positivas sustantivas.................. 73 D) El control de la conducta estatal: ponderación de intereses, necesidad y proporcionalidad......................................................

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Capítulo Cuarto RESTRICCIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA POR MOTIVOS MEDIOAMBIENTALES

I. LA PÉRDIDA DE VALOR DE LOS BIENES POR LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL...................................................................... 82 II. LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PROTEGER LA PROPIEDAD PRIVADA EN LOS SUPUESTOS DE ACTIVIDADES PELIGROSAS Y DESASTRES NATURALES...................................................................................... 85 III. PRIVACIONES O LIMITACIONES DE LOS BIENES EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE................................................ 88 A) Las tres reglas que protegen el derecho de propiedad............... 88 B) Las garantías frente a las interferencias en el derecho de propiedad......................................................................................

91 IV. INTERFERENCIAS EN EL DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS POR RAZONES AMBIENTALES............................................................................ 98 A) Deberes de los Estados ante las restricciones del uso de los recursos naturales..................................................................... 99 B) La creación de espacios protegidos como nueva vía para limitar el ejercicio del derecho de propiedad................................... 102

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Índice

Capítulo Quinto LAS GARANTÍAS PROCEDIMENTALES DERIVADAS DE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS EN SITUACIONES DE DETERIORO AMBIENTAL

I. LAS OBLIGACIONES DE NATURALEZA PREVENTIVA........... 107 A) El deber de realizar un estudio de impacto ambiental............... 108 B) El deber de participación en el procedimiento decisorio........... 109 II. EL DEBER DE INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR VIOLACIONES DEL DERECHO A LA VIDA..................................... 113

Capítulo Sexto EL DESARROLLO DE DERECHOS PROCEDIMENTALES AUTÓNOMOS EN MATERIA AMBIENTAL

I. LA LIBERTAD DE TRANSMITIR Y RECIBIR INFORMACIÓN AMBIENTAL: EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL.................... 118 II. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL............................................................................................... 123 III. LA GARANTÍA DE ACCESO A LOS TRIBUNALES EN ASUNTOS AMBIENTALES..................................................................... 131 A) El acceso a la justicia de los individuos para la tutela de derechos de naturaleza ambiental................................................... 131 B) El acceso a la justicia de las asociaciones y organizaciones en defensa de los intereses de sus miembros.................................. 139

CONCLUSIONES..................................................................................... 143 BIBLIOGRAFÍA........................................................................................ 149

INTRODUCCIÓN La relación entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente no es una cuestión nueva. De hecho, como acertadamente se nos ha recordado, cuando se estaban dando los primeros pasos en la configuración del Derecho internacional del medio ambiente, los recursos jurídicos que contemplaban las normas sobre derechos humanos eran los únicos disponibles para remediar los daños ambientales1.

Es más, uno de los primeros instrumentos normativos en la materia, admirado aún a día de hoy por la acertada orientación de sus planteamientos2, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 (conocida como Declaración de Estocolmo), planteó ya esta vinculación en los siguientes términos: «El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras» (principio 1). A pesar de esta innovadora orientación, desde su proclamación no se han producido avances significativos en el ámbito universal3; los progresos más destacables han ocurrido a nivel regional, y no sólo convencionalmente, sino también jurisprudencialmente a partir de los instrumentos jurídicos internacionales ya existentes en materia de derechos humanos.

Dicha conexión se puede afrontar desde diferentes perspectivas. Si recurrimos al esquema planteado por el Alto Comisionado de las Na

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KISS, A-CH. y SHELTON, D., International environmental law, Transnational Publishers, 3ª. ed., Nueva York 2004, p. 662.

JUSTE RUIZ, J. y CASTILLO DAUDÍ, M., La protección del medio ambiente en el ámbito internacional y en la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Valencia 2014, p. 21.

De hecho, como ha apuntado F. FRANCIONI, la Declaración sobre el medio ambiente y el desarrollo adoptada en la Conferencia de Río de 1992 se aparta claramente de la idea de la vinculación entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente, pues su principal preocupación era conjugar el desarrollo económico con los intereses ambientales («International Human Rights in an Environmental Horizon», en European Journal of International Law, vol. 21 (1), 2010, p. 45).

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ciones Unidas para los Derechos Humanos, el medio ambiente puede ser visto, en primer lugar, como una condición previa para el disfrute de los derechos humanos; su conservación contribuye al bienestar de los individuos. Un segundo planteamiento sostiene que los derechos humanos son una herramienta, tanto desde una óptica sustantiva como procedimental, para salvaguardar el medio ambiente. Y un tercero propone la integración de ambos en torno al concepto de desarrollo sostenible4. Pues bien, este trabajo se encuentra a caballo entre los dos primeros enfoques, en cuanto tiene como finalidad analizar la jurisprudencia ambiental de los sistemas regionales de derechos humanos africano, europeo e interamericano. Pero nuestro objetivo no es sólo examinar cómo los atentados ambientales pueden afectar a los derechos humanos reconocidos convencionalmente, sino también cómo la protección del medio ambiente se puede esgrimir como justificación para restringir el ejercicio de ciertos derechos.

Hemos estructurado el libro en seis capítulos diferentes. Antes de entrar a examinar la doctrina de los diferentes sistemas regionales, hemos considerado oportuno dedicar un primer capítulo a exponer las principales diferencias entre ellos en los que se refiere a la aplicación ratione personae y ratione loci de los respectivos instrumentos jurídicos de derechos humanos, de donde se podrá concluir que, aunque se tratan de mecanismos de garantía colectiva con finalidades similares, presentan no obstante rasgos particulares respecto al procedimiento de tutela, derivados de los diferentes contextos políticos, económicos, sociales y culturales en los que se aplican. Pero, sobre todo, comprobaremos que ninguno de ellos resulta adecuado para salvaguardar el medio ambiente per se, como bien colectivo, en cuanto que su finalidad es la protección de intereses eminentemente individuales5.

Hechas estas consideraciones, entraremos de lleno en el objeto del trabajo, examinando, en primer lugar, la manera en la que se han ido incorporando convencionalmente las nuevas inquietudes ambientales,

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Consejo de Derechos Humanos, Estudio analítico de la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Doc. A/HRC/19/34, de 16 de diciembre de 2011, párrs. 7-9.

BOYLE, A., «Human Rights and the Environment: Where Next?», en European Journal of International Law, vol. 23 (3), 2012, pp. 626 y ss.

La tutela ambiental en los sistemas regionales de protección de los derechos humanos

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para pasar a ver luego los principios hermenéuticos de los que se han servido los órganos de control para ir confiriendo una dimensión ambiental a los derechos protegidos (capítulo II).

A continuación analizaremos cuáles han sido los bienes jurídicos protegidos frente a los atentados ambientales, prestando especial atención a las condiciones que viene exigiendo el Tribunal Europeo para que este tipo de daños puedan dar lugar a la violación de algunos derechos humanos (capítulo III). Hemos considerado oportuno, no obstante, examinar el derecho de propiedad en un capítulo aparte, porque en este caso las agresiones ambientales pueden efectivamente impedir su disfrute pero, paralelamente, la defensa del medio ambiente puede ser una excusa para impedir el ejercicio de este derecho mediante reglamentaciones que controlen o limiten el uso de los bienes (capítulo IV).

La dimensión procedimental de los derechos sustantivos ocupa los dos siguientes capítulos. El primero de ellos se adentra en el estudio tanto de los deberes destinados a la prevención de las violaciones sustantivas como de las medidas reparadoras destinadas a depurar responsabilidades (capítulo V). El segundo, en cambio, aborda los derechos puramente procedimentales que pueden ser invocados de manera autónoma sin vincularse a un derecho sustantivo, esto es, el derecho de acceso a los tribunales y el derecho de acceso a la información (capítulo VI).

Terminamos la obra con unas breves observaciones finales donde reflexionaremos sobre las convergencias y divergencias entre los respectivos sistemas de protección. Será igualmente el momento de evaluar si mantienen una comunicación judicial fluida cuando se tienen que enfrentar a situaciones ambientales materialmente parecidas.

Capítulo Primero

La aplicación ratione personae y ratione loci de los diferentes instrumentos jurídicos regionales de derechos humanos I. LA COMPETENCIA RATIONE PERSONAE: VÍCTIMAS, RECLAMACIONES COLECTIVAS Y ACTIO POPULARIS Todos los sistemas regionales tienen como objetivo la protección de bienes o intereses individuales. Se trata de mecanismos de salvaguarda que requieren para su activación un perjuicio personal, por lo que no se admiten quejas in abstracto en defensa de intereses públicos colectivos. Así pues, no son instrumentos adecuados para la defensa general del medio ambiente, en cuanto que sólo tutelan aspectos ambientales que afectan de manera negativa a los derechos de los individuos6. Al margen de estos denominadores comunes, cada uno de ellos tiene sus propias particularidades, con importantes diferencias tanto en lo que se refiere a la legitimación activa como a la titularidad de los derechos reconocidos.

A) La condición de víctima De conformidad con el artículo 34 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Roma, de 4 de noviembre de 1950), los solicitantes deben cumplir con dos condiciones para que sean admitidas sus demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: pertenecer a una de las categorías de demandantes mencionadas en ese precepto («cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particula

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Como apunta F. FRANCIONI, «environmentally related “rights” have essentially been conceived as “individual rights” developed as an extension, by way of interpretation, of other expressly recognized human rights —such as the rights to life, health, private and family life— and not as a collective right of the community affected by the disputed environmental impact» («International Human Rights in an Environmental…», cit., pp. 43-44.

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res») y poder considerarse víctimas de una violación del Convenio7.

El concepto de víctima debe interpretarse de manera autónoma, independiente de las reglas del derecho interno8.

Por lo que se refiere a las demandas de los particulares, el individuo debe demostrar que ha sido afectado directamente por la violación alegada9 y tiene que existir un vínculo suficientemente estrecho entre el demandante y el perjuicio sufrido. Además, la víctima debe ser lesionada por una violación que ya ha tenido lugar; sólo en casos excepcionales se admiten violaciones potenciales o futuras10, a la vista de la gravedad y el carácter irreparable de la lesión. Por ejemplo, cuando la ejecución de una resolución de extradición pueda infringir torturas o tratos inhumanos en contra del artículo 3 del Convenio11 o el caso de las medidas que restringen la distribución de información relativa al aborto a mujeres en edad fértil, ya que corren el riesgo de afectarles directamente12. También se ha planteado, sin mucho éxito, en cuestiones ambientales el carácter potencial de la lesión13. En concreto, en el caso Tauira, donde se examinaba si los ensayos nucleares subterráneos anunciados en su momento por Francia en el Pacífico Sur podían poner en peligro algunos derechos de la población de la zona afectada. Los recurrentes alegaban riesgos de contaminación radioactiva en el medio ambiente y, por tanto, en la salud y la vida de las personas. Sin embargo, el Tribunal dictaminó que, para obtener la condición de víctima, se deben presentar evidencias razonables y convincentes de la probabilidad de que se produzca una violación que les

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Vallianatos y otros c. Grecia [GS], n.º 29381/09 y 32684/09, § 47, de 7 de noviembre de 2013.

Gorraiz Lizarraga y otros c. España, n.º 62543/00, § 35, de 27 de abril de 2004.

Caron y otros c. Francia, n.º 48629/08, decisión de inadmisión de 29 de junio de 2010, párr. 1.

Lambert y otros Francia [GC], n.º 46043/14, § 115, de 5 de junio de 2015.

Soering c. Reino Unido, n.º 14038/88, § 85, 7 de julio de 1989.

Open Door y Dublin Well Woman c. Irlanda, n.º 14234/88 14235/88, § 44, de 29 de octubre de 1992.

SÁNCHEZ PATRÓN, J. M., «Las actividades peligrosas para el medio ambiente y la salud humana en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», en Bioderecho internacional y europeo: desafíos actuales, SÁNCHEZ PATRÓN, J. M. (coord.), Tirant lo Blanch, Valencia 2014, p. 137.

La tutela ambiental en los sistemas regionales de protección de los derechos humanos

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afecte personalmente y no meras sospechas o conjeturas14. No basta con la simple invocación de los riesgos inherentes al uso de la energía nuclear; se exige un grado de probabilidad de que ocurra un daño, ante la falta de precauciones suficientes, por la reanudación de las pruebas nucleares, y siempre que las consecuencias eventuales no sean demasiado remotas15. Consecuentemente, se debe poder identificar el riesgo, por lo que se excluyen aquellas amenazas de naturaleza difusa.

Debe hacerse referencia también al nuevo criterio de admisibilidad de las demandas individuales introducida por el Protocolo n.º 14 en aras a mejorar la productividad del sistema16. Se trata de una reforma que, sin duda, supone una cierta limitación del derecho al recurso ante el Tribunal17, pues permite rechazar aquellas quejas en que «el demandante no ha sufrido un perjuicio importante, a menos que el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y sus Protocolos exija un examen de fondo de la demanda, y con la condición de que no podrá rechazarse, por este motivo, ningún asunto que no haya sido debidamente examinado por un tribunal nacional».

Inspirado en el principio «de minimis non curat praetor», el nuevo requisito (que no es susceptible de una definición exhaustiva, por lo que deberá ser desarrollado jurisprudencialmente de manera progresiva) permitiría rechazar las demandas por vulneraciones de derechos, aunque sean reales desde un punto de vista estrictamente jurídico, que no alcancen un mínimo de gravedad, a menos que encajen en alguna de las cláusulas de salvaguardia (examen del fondo del asunto y ausencia por un tribunal interno)18. La gravedad deberá determinarse atendiendo a la percepción subjetiva del demandante y a elementos

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Tauira y otros c. Francia, n.º 28204/95, Decisión de la Comisión de 4 de diciembre de 1995, Decisions and Reports (DR) 83-B, p. 131.

Ibíd., pp. 132-133.

Texto en BOE núm. 130, de 28 de mayo de 2010.

Sobre el debate abierto en torno a este nuevo criterio de admisibilidad véase SALINAS ALCEGA, S., El sistema europeo de protección de los derechos humanos en el siglo XXI, Iustel, Madrid 2009, pp. 136-155; VOGIATZIS, N., «The admissibility criterion under article 35(3)(b) ECRH: a “significant disadvantage” to human rights protection?», en ICLQ, vol. 65, 2016, pp. 185-211.

Véase al respecto, MORTE GÓMEZ, C., Cómo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tirant lo Blanch, 2ª. ed., Valencia 2014, pp. 216-221.

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objetivos de las circunstancias de cada asunto19. Entre otros, el Tribunal en el asunto Giusti señaló que deben tenerse en cuenta, especialmente, la naturaleza del derecho cuya violación se alega, la gravedad de la violación o las consecuencias potenciales de la violación sobre la situación personal del demandante, así como la importancia del procedimiento nacional o su resultado. La ausencia de un impacto financiero constituye un indicio relevante, aunque siempre puede declararse un perjuicio importante sin que haya un interés patrimonial20.

Un reciente asunto con tintes ambientales muestra la relevancia de este criterio económico (Borg y Vella). Se juzgaba la prohibición de realizar una obra (un muro) en los límites de un suelo expropiado con una finalidad medioambiental, la protección de un entorno paisajístico. Pues bien, aunque la Corte constató que se les había impedido a los demandantes, durante más de seis años, ejecutar la sentencia que les permitía la construcción, concluyó, sin embargo, que éstos no habían sufrido un perjuicio importante como resultado de la violación argüida por varias razones: habían recuperado la propiedad del suelo y la expropiación que les impedía la ejecución durante un determinado periodo de tiempo sólo afectaba a una pequeña parcela de terreno, sin que se hubiera probado haber sufrido pérdidas económicas al respecto21.

En el sistema interamericano, la tutela de los derechos humanos es compartida por dos órganos: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos humanos. Pero, por ahora, sólo los Estados interesados y la Comisión tienen legitimación ante la Corte22. La vía individual se contempla en el art. 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los siguientes términos: «Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la

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Korolev c. Rusia, n.º 25551/05, decisión de inadmisión de 1 de julio 2010, párr.

A. Giusti c. Italia, n.º 13175/03, § 34, de 18 octubre 2011; Igualmente, Liga Portuguesa de Futbol Profesional c. Portugal, decisión de inadmisión de 3 de abril de 2012, párr. 36.

Borg y Vella c. Malta, n.º 14501/12, decisión de inadmisión de 3 de febrero de 2015, párr. 41.

Art. 61.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.