LAS TASAS JUDICIALES DESDE UNA PERSPECTIVA TRIBUTARIA
ALFREDO RAMOS
tirant lo b anch Valencia, 2010
Copyright ® 2010 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www.tirant.com).
Directora de la Colección: ANTONIA AGULLÓ AGÜERO Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Pompeu Fabra
©
©
ALFREDO RAMOS
TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es DEPÓSITO LEGAL: VI.S.B.N.: 978-84-9985-017-7 IMPRIME Y MAQUETA: PMc Media Si tiene alguna queja o sugerencia envíenos un mail a: atencioncliente@tirant. com. En caso de no ser atendida su sugerencia por favor lea en www.tirant.net/ index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
A Blanca, la mujer de mi vida
Agradecimientos Al doctor López de Goicoechea por su perseverancia y tenacidad en la cimentación del aparato crítico; al doctor Punzón Moraleda (verba volant, scripta manent); a D. Francisco Morales, por su flexibilidad para adaptar el calendario laboral al académico; a mi maestro, el doctor Jiménez Leube, por todo.
Índice Introducción .....................................................................................
13
1. CONCEPTO Y ANTECEDENTES 1.1. Definición y justificación ................................................... 1.2. Antecedentes históricos ..................................................... 1.2.1. Las tasas como aranceles ...................................... 1.2.2. Derogación de las tasas históricas ........................ 1.3. Marco jurídico actual ......................................................... 1.4. Delimitación con otras figuras tributarias .......................
15 19 19 23 27 34
2. LA TASA JUDICIAL. ASPECTOS TRIBUTARIOS 2.1. Hecho imponible y ámbito de aplicación .......................... 2.1.1. Delimitación ........................................................... 2.1.2. Actos procesales sujetos ........................................ 2.1.3. Ámbito de aplicación.............................................. 2.2. Sujetos pasivos ................................................................... 2.3. Exenciones ......................................................................... 2.3.1. Exenciones objetivas.............................................. 2.3.2. Exenciones subjetivas............................................ 2.3.2.1. Entidades sin fines lucrativos................. 2.3.2.2. Entidades total o parcialmente exentas del Impuesto de Sociedades .................... 2.3.2.3. Personas físicas ....................................... 2.3.2.4. Entidades de reducida dimensión .......... 2.4. Devengo .............................................................................. 2.5. Base Imponible .................................................................. 2.6. Cuota a ingresar y bonificaciones ..................................... 2.6.1. Cuota ...................................................................... 2.6.2. Bonificaciones ........................................................ 2.7. Elementos formales ........................................................... 2.7.1. Formalidades en su presentación ......................... 2.7.2. Gestión de la tasa .................................................. 2.7.3. Defecto de forma ....................................................
41 41 45 51 53 56 58 59 61 62 64 67 73 77 83 83 90 93 93 95 97
3. CONCLUSIONES ....................................................................
103
4. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................
107
5. ANEXOS ....................................................................................
111
Introducción Estos breves apuntes pretenden analizar, desde una óptica tributaria, la regulación de la reintroducción de las tasas que gravan el ejercicio de la potestad jurisdiccional, y que se han dado en llamar tasas judiciales por su presunta similitud con las vigentes en nuestro país hasta el 31 de diciembre de 1986. A lo largo de este trabajo se traerán a colación los antecedentes de esta figura a fin de poner de manifiesto si nos encontramos ante una verdadera reimplantación de un concepto que ya estuvo en vigor o si, por el contrario, se ha legislado ex novo. Se abordará, igualmente, el verdadero contenido de las tasas judiciales para intentar discernir si, más allá del nomen iuris, se ha determinado por el legislador otra figura, del mismo género tributario pero de distinta especie. Será ocasión, también, para pronunciarse acerca del objetivo que se pretende con la implantación de las tasas. ¿Quiere el legislador dificultar el acceso a la justicia como medida para evitar la congestión de Juzgados y Tribunales? ¿se trata, por el contrario, de establecer un sistema para captar recursos que permitan cofinanciar la justicia? Y, por último, se analizará sistemáticamente cada uno de los apartados del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, que es la norma que regula esta tasa, poniéndolos en relación con su desarrollo reglamentario y con la interpretación jurisprudencial que de los mismos se ha hecho, reseñando las más fundadas críticas doctrinales. Dichas críticas van desde el impreciso lenguaje técnico utilizado, hasta la forma elegida para su entrada en vigor, pasando por las discrepancias respecto a lo que se considera hecho imponible, quiénes son los sujetos pasivos o a quiénes afectan las exenciones, sin olvidar la problemática del momento del devengo o las consecuencias que acarrea la falta de subsanación de los defectos formales. Se trata, en consecuencia, de un acercamiento a la regulación de esta tasa para repasar, tras siete años de vigencia, los puntos de fricción que se han detectado. Precisamente debido a que este ha sido el propósito principal, es un trabajo en el que prima el carácter expositivo, careciendo de unos objetivos científicos ambiciosos que se ha considerado oportuno relegarlos a un estudio posterior que incida y profundice en las dudas acerca de la constitucionalidad de esta figura. Nos referimos fundamentalmente a la posible in-
14
ALFREDO RAMOS
compatibilidad entre esta tasa que grava el acceso a la justicia y la regulación constitucional de la justicia gratuita (artículo 119 CE), de la igualdad (artículo 14 CE) y, sobre todo, de la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE).
1. Concepto y antecedentes 1.1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN El artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, publicada el 31 de diciembre (BOE nº 313) bajo la denostada1 fórmula de Ley de Acompañamiento, reintroduce en nuestro ordenamiento la exacción de las llamadas tasas judiciales. Las tasas, junto con los impuestos y las contribuciones especiales, han venido siendo consideradas tradicionalmente2 como una clase de tributos. Desde la perspectiva del Tribunal Constitucional3, los tributos “son prestaciones patrimoniales coactivas que se satisfacen, directa o indirectamente, a los entes públicos con la finalidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.” La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, nueva Ley General Tributaria, publicada el 18 de diciembre (BOE nº 302), define, a diferencia de lo que ocurría con la anterior Ley General Tributaria, el concepto de tributos y sus clases. Así, en su artículo 2.1 se dice que “Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos”. Del mismo modo, en el inciso segundo, apartado a) de este mismo precepto legal, se alude a las tasas definiéndolas como “los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.”
1
2
3
RUIZ GARIJO, M., “El retorno de las tasas judiciales. Un debate abierto”, Nueva Fiscalidad, VII, (2003), 123-144, pág. 123. VICENTE-ARCHE DOMINGO, F., “Notas de derecho financiero a la Ley de tasas y exacciones parafiscales de 26 de diciembre de 1958”, Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, nº 29 (1959), 377-414, pág. 377. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Sentencia 102/2005, de 20 de abril, fundamento jurídico 6º (Tol 636315).
16
ALFREDO RAMOS
Ciñéndonos a las tasas judiciales, GLOVER4, lejos del voluntarismo legislativo, ha precisado su concepto aludiendo a su carácter recaudatorio destinado a sufragar, siquiera parcialmente, el coste de los procesos judiciales. Abundando en esa pretensión recaudatoria, MONTÓN REDONDO5 afirma que se ignoran qué otros motivos pueden haber llevado a la reintroducción de las tasas puesto que la norma no las justifica. De igual opinión es TÉLLEZ LAPEIRA6, para quien las tasas judiciales nacen con una naturaleza no disuasoria, sino recaudatoria, en lo que coincide con SAGARRA URGEL7: “la finalidad de las tasas judiciales parece ser simplemente un objetivo de política económica: de pura recaudación tributaria, y nada más”. Más allá va LOREDO COLUNGA8 al afirmar que el diseño de la tasa judicial evidencia una finalidad eminentemente recaudatoria y un afán de obtener financiación por cualquier vía. Por su parte, DEL CARRIL9 encuentra que se ha utilizado la tasa judicial, ineficientemente, como barrera que impide la congestión de los Tribunales al dificultar o penalizar su libre acceso. En palabras de RUIZ GARIJO10, la tasa desempeña un importante papel racionalizador en el consumo de los servicios públicos. Esta misma idea de repercutir al litigante el coste que supone la congestión de la justicia es la que justifica, a juicio de ESTELLER-MORÉ11, el uso de la tasa. Se trataría, al encarecer el acceso, de evitar un uso “excesivo” de la justicia. En esa misma 4
5
6
7
8
9
10
11
GLOVER, H., “Tasas Judiciales”, Procuradores. Usos e instrumentos jurídicos, Abril, (2003), 46-48, pág. 46. MONTÓN REDONDO, A., “La reintroducción de las tasas judiciales y sus consecuencias”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, III, (2004), 1928-1943, pág. 1931. TÉLLEZ LAPEIRA, A., “La tasa judicial y su problemática en el ámbito procesal”, Diario La Ley, número 6104 (2004) 1-12, pág. 11. SAGARRA URGEL, A., “Crónica jurídica civil: Algunas consideraciones sobre las nuevas Tasas Judiciales”, Revista del Colegio de Abogados de Lleida, nº 33 (2003), documento electrónico visto en http://www.vlex.com/ vid/185881. LOREDO COLUNGA, M, “Las tasas judiciales: una controvertida alternativa de financiación de la Justicia”, InDret, Revista para el análisis del derecho, I, (2005), 1-37, pág. 21 DEL CARRIL, E., “¿Impuesto de justicia o tasa judicial?”, trabajo realizado en base a la ponencia del autor en la Conferencia Regional del Banco Mundial, Ciudad de México, 2001, pág. 1 RUIZ GARIJO, M., “El retorno de las tasas judiciales. Un debate abierto”, Nueva fiscalidad, VII, (2003), 123-144, pág. 129. ESTELLER-MORÉ, A., “La configuración de una tasa judicial: análisis teórico”, Investigaciones económicas, XXVI, (2002), 525-549, pág. 525.
LAS TASAS JUDICIALES DESDE UNA PERSPECTIVA…
17
línea, VARGAS VIANCOS12 entiende por Tasas Judiciales todo cobro que se les hace a las partes litigantes en un juicio, con el fin de que contribuyan, al menos en alguna medida, a los costos que importa llevar adelante la tramitación procesal de su asunto. De la misma opinión es PASTOR PRIETO13, partidario de establecer las tasas judiciales pues, a su juicio, es contrario a la equidad que los contribuyentes financien litigios entre personas o empresas cuya riqueza es muy superior a la de aquellos. Igualmente opina que el pago de un precio por el coste de un servicio desincentiva un consumo excesivo14. En palabras de NAVARRO SANCHÍS15 “esta tasa constituye un medio —no confesado— de disuadir a los justiciables de que emprendan procesos de dudosa utilidad o de un modo abusivo”. Sin embargo, para este autor, si este era el objetivo en el caso español, está destinado al fracaso, pues el hecho de que sean sujetos pasivos las grandes empresas limita extraordinariamente el alcance disuasorio de la medida fiscal, “no sólo porque las cantidades que deben desembolsarse son de escasa entidad para ellas y por la facilidad que tendrían para deducir como gasto fiscal el constituido por el importe de la tasa, sin perjuicio de la posibilidad de repercutir en sus clientes la carga de ese coste”16. Para estos autores, en definitiva, la tasa contribuiría a regular la demanda de justicia, entendida como servicio, desincentivándola al encarecerla. Posiciones claramente contrarias a las mantenidas por la corriente liberal clásica17, que defiende el derecho moral de cualquier ciudadano a reclamar a través de la administración de justicia cualquier perjuicio causado por un tercero. Por razones diametralmente opuestas, pero igualmente contrario a gravar el acceso
12
13
14
15
16 17
VARGAS VIANCOS, J.E., “Informe financiamiento privado de la justicia: las tasas judiciales”, Revista Sistemas Judiciales, IX, (2005), 2-42, pág. 2. PASTOR PRIETO, S., “El Coste de la Justicia: Datos y un poco de análisis”, Cuadernos de Derecho Judicial, (2001) pág 45 “Esta es, a nuestro juicio y como primera impresión, una visión simplista del problema y que hace pagar a justos por pecadores”, critica IBÁÑEZ GARCÍA, I., “La tasa sobre la tutela judicial efectiva”, Nueva fiscalidad, XI, (2003), 53-100, pág. 56. NAVARRO SANCHIS, F.J., “Reflexiones sobre la tasa judicial”. Revista del Poder Judicial, nº 77 (2005), 95-129, pág. 99. Op. Cit. Ibid. pág. 120. Cf. MILL, J.S., Principios de economía política, con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social, Trad. por T. Ortiz, C. Lara Beautell, edit. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1996.
18
ALFREDO RAMOS
a la justicia, GÓMEZ COLOMER18, para quien la gratuidad de la Justicia es una de las consecuencias del Estado Asistencial, porque no existe mejor manera de lograr la plena igualdad de los ciudadanos ante la ley, evitándose así de plano las desigualdades económicas de los litigantes. En resumen, nos encontramos ante el problema de la financiación de la justicia, figurando, como afirma LOREDO COLUNGA19, dos posibles soluciones tributarias: Que todos los ciudadanos sufraguen ese servicio público mediante la aportación de sus impuestos a los Presupuestos Generales del Estado que habilitarán la partida correspondiente para afrontar ese coste; o bien que ese coste, en todo o en parte, se traslade sólo a los ciudadanos que hacen uso específico de ese servicio mediante el pago de una tasa. Esta discusión no es nueva y ya JIMÉNEZ DE ASUA20 manifestaba que la declaración de gratuidad total para el acceso a la Justicia supondría un privilegio para los ricos, porque “si la Justicia se hace gratuita, es incuestionable que alguien tiene que pagarla: ese alguien es el pueblo, los pobres y los ricos. Y de ese servicio, que están pagando pobres y ricos mediante los impuestos, van a disfrutar gratuitamente los ricos”. Con la entrada en vigor de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, España se suma, según un estudio llevado a cabo por LASTRA LIENDO y GÓMEZ CINTAS21, a los países de nuestro entorno, salvo Luxemburgo, adoptando la segunda de las soluciones al problema de la financiación de la justicia mediante el establecimiento de las tasas judiciales. Esta decisión del legislativo reabrió un debate que parecía superado y fue objeto de aceradas críticas desde el primer momento
18
19
20
21
GÓMEZ COLOMER, J.L., “La gratuidad relativa de la Justicia”, Diario La Ley, IV (1983), 1191-1194, pág. 1191. LOREDO COLUNGA, M, “Las tasas judiciales: una controvertida alternativa de financiación de la Justicia”, InDret, Revista para el análisis del derecho, I, (2005), 1-37, pág. 3. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, número 74, pág. 2338, del día 13 de noviembre de 1931. LASTRA LIENDO, S. y GÓMEZ CINTAS, M., Régimen Jurídico de la Tasa Judicial. Análisis desde su perspectiva procesal, Colex, Madrid, 2003, pág. 28. Señalan estos autores que “La implantación de la tasa en el ámbito de la administración de justicia se ha generalizado en el espacio europeo y muestra de ello es la exigencia de tasas judiciales prácticamente en todos los países de nuestro entorno como en Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal e Italia incluso en Argentina, donde las tasas varían según el tipo y cuantía del procedimiento.”
LAS TASAS JUDICIALES DESDE UNA PERSPECTIVA…
19
por diversos autores. Entre otros LOZANO SERRANO22, quien afirma que se está utilizando el recurso a la imposición de tasas en detrimento de los impuestos como figura tributaria, al tiempo que disminuye la imposición directa en beneficio de la indirecta. Todo ello hace que la presión fiscal se eleve sin que los ciudadanos sean conscientes de ello. Otros autores, como RUIZ GARIJO23, han fundado su crítica al establecimiento de las tasas judiciales en la posible vulneración de preceptos constitucionales y, en concreto, en el quebrantamiento del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24.1 y del derecho a la justicia gratuita recogido en el artículo 119, ambos de la Constitución Española. Posiblemente esta sea la crítica con mayor recorrido, toda vez que exige, dentro de los cauces procesales oportunos, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional acerca de la adecuación de las nuevas tasas a los preceptos constitucionales aludidos. Para autores como IBÁÑEZ GARCÍA24 supone simple y llanamente una involución, una vuelta hacia instituciones tributarias superadas y derogadas, en el sentido de retroceso del derecho en el estado actual de la materia. Referencias históricas que nos conducen a abordar un breve recorrido por la regulación de esta figura tributaria en nuestro Ordenamiento a lo largo de nuestro pasado más reciente.
1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 1.2.1. Las tasas como aranceles Se puede afirmar que el Ordenamiento de Alcalá25, promulgado con ocasión de las Cortes reunidas por Alfonso XI en Alcalá de
22
23
24
25
LOZANO SERRANO, C., “Calificación como Tributos o Prestaciones Patrimoniales públicas de los Ingresos por Prestación de Servicios”, Civitas. Revista española de Derecho Financiero, XVI, (2002), 611-677, pág. 611 RUIZ GARIJO, M., “El retorno de las tasas judiciales. Un debate abierto”, Nueva fiscalidad, VII, (2003), 123-144, pág. 128. IBÁÑEZ GARCÍA, I., “La tasa sobre la tutela judicial efectiva”, Nueva fiscalidad, XI, (2003), 53-100, pág. 53. Título XV, Ley Única, bajo el epígrafe De lo que se debe dar por los Seellos de los Alcalles, è por las Escripturas de los pleytos, donde figura lo siguiente: “Porque en algunas Cibdades, è Villas, è logares los Alcalles llevan mayores contias de aquello, que era raçon por el trauajo, que toman en ver
20
ALFREDO RAMOS
Henares en 1348, contiene el primer antecedente26 de una figura análoga a lo que hoy llamamos las tasas judiciales, al prever unas cuantías máximas que habría que abonar por la “fe pública” y la tramitación del proceso en función del orden civil o penal al que perteneciese el pleito. En esa misma línea podemos situar la Novísima Recopilación de las Leyes de España27, editada en 1805 bajo el reinado de Carlos IV y mediante la que se “reformaba” la Recopilación editada en 1567 bajo el reinado de Felipe II, añadiendo la normativa publicada entre ambas fechas. Sin embargo, toda esta regulación no tiene el alcance general que se presume de la gestión arancelaria de los gastos de la administración de justicia que pretende atender. No será hasta 1838, fecha en la que se publica la Ley Provisional para la sustanciación de los Pleitos de Menor Cuantía28, cuando se pueda comenzar a hablar de la primera norma que de una forma general regule este aspecto. La publicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 provocó la necesidad de una nueva regulación arancelaria29, lo que
26
27
28
29
los procesos, è ordenar las sentencias; mandamos que de aquì en adelante non lieben por la sentencia definitiva mas de quatro maravedis, è por la interlocutoria dos maravedis, dò maiores contias suelen levar. Et que el Alcalle non lieve por su Seello mas de un maravedis; è que por la fiaduria de los pleytos creminales que non lieven los Escribanos mas de dos marevedis, è por la fiaduria de los pleytos ceviles mas de un marevedi, dò mas solian levar. Et en los processos de los pleytos, è en los traslados dellos que dieren á las partes, que aya en la tira à lo menos cuatrocientas partes en cada una”. GLOVER, H., “Tasas Judiciales”, Procuradores. Usos e instrumentos jurídicos, Abril, (2003), 46-48, pág. 46. Vid. Libro II, Título XV, bajo el epígrafe Del uso de aranceles y papel sellado en los Juzgados eclesiáticos; Libro IV, Título XIV, bajo el epígrafe De las condenaciones para penas de Cámara y gastos de Justicia en el Consejo. En su artículo 21 dispone que “Ni el relator, ni el Escribano de Cámara, ni otros subalternos percibirán sus derechos mientras esté pendiente el pleito en la Audiencia. Después de ejecutoriado, podrán recibirlos, si las partes ó sus Procuradores se los pagan voluntariamente. Cuando no e verifique esto, el Escribano de Cámara, sin mandato del Tribunal, pasará los autos al Tasador para que regule los derechos”. Esta norma regulaba los pleitos de hasta 100 duros de cuantía litigiosa y fue aprobada por las Cortes el 3 de noviembre de 1837, y sancionada por la reina Isabel II el 10 de enero de 1838, representada como regente por su menor edad por su madre, María Cristina de Borbón. CABALLERO, J., “Aranceles en la historia de los Procuradores”, Procuradores. Historia y Derechos, Diciembre, (2003), 50-53, pág. 51.
LAS TASAS JUDICIALES DESDE UNA PERSPECTIVA…
21
se verificó mediante la publicación del Real Decreto de 28 de abril de 1860, que elevaba los derechos de los auxiliares de la Administración de Justicia30. Tras la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872, se adaptan los aranceles al orden penal mediante la publicación del Decreto del Gobierno de la República de 31 de marzo de 187331. La misma finalidad de adaptación a la nueva ley ritual civil de 1881 tiene la promulgación por Real Decreto de 4 de diciembre de 1883 de los nuevos aranceles para este orden y que, en palabras de CABALLERO32, fue la normativa que supuso el germen para que los Procuradores dejasen de ser considerados como subalternos o auxiliares de Juzgados y Tribunales, beneficiarios, pues, de las tasas judiciales. En líneas generales y con las lógicas adaptaciones y actualizaciones tarifarias, esta es la normativa que regula la materia durante toda la primera mitad del siglo XX. La producción normativa fue dispersa, inconexa y heterogénea. Así nos encontramos el Decreto de 9 de febrero de 1920 que regula los aranceles de los agentes judiciales; Decretos de 22 de septiembre de 1917, 29 de mayo de 1922, 5 de marzo de 1924 y 26 de julio de 1943 que regulan, todos ellos, los aranceles para la Justicia Municipal; Orden de 28 de diciembre de 1935 que regula los aranceles para los médicos forenses; Decretos de 18 de octubre de 1951 y 19 de febrero de 1954 que regulan las percepciones de los Secretarios Judiciales; y la Orden de 22 de enero de 1957, relativa a los aranceles aplicables en la formalización judicial del compromiso, con arreglo a la Ley de Arbitraje. La caótica situación vino a resolverla el Decreto 1035/1959 de 18 de junio, por el que se convalida y regula la exacción de tasas judiciales, publicado el 22 de junio de ese año (B.O.E. nº 148)33. En 30
31
32
33
Así, su artículo 52, inscrito dentro del capítulo referido a los relatores, dispone que “por el cotejo de apuntamiento con citación de las partes, llevará por cada hora de las que dure esta operación dividida entre aquellas, si se verificase este acto de conformidad de las mismas, y en otro caso de la que lo hubiere solicitado, 22 reales”. GLOVER, H., “Tasas Judiciales”, Procuradores. Usos e instrumentos jurídicos, Abril, (2003), 46-48, pág. 46., quien cita como fecha de aprobación la del 29 de ese mes. CABALLERO, J., “Aranceles en la historia de los Procuradores”, Procuradores. Historia y Derechos, Diciembre, (2003), 50-53, pág. 51. En ese mismo número de Boletín Oficial del Estado se publicaba el Decreto 1034/1959 por el que se convalida y regula la exacción de tasas administrativas del Ministerio de Justicia, y que detalla la recaudación de los
22
ALFREDO RAMOS
la exposición de motivos de este Decreto se alude a la necesidad, requerida por la Ley de 26 de diciembre de 1958, reguladora de las tasas judiciales y exacciones parafiscales, de que en el plazo de seis meses contados desde la publicación de esta última, se regulasen por ley todas las tasas y exacciones, so pena de supresión. Habida cuenta de que estos derechos arancelarios y tasas estaban regulados por normas de inferior rango y de que constituyen parte esencial en la retribución de determinados funcionarios judiciales, se procede a la aprobación de este Decreto. De su exposición de motivos se desprende que la finalidad del mismo no es evitar una hipotética congestión de la Justicia, sino contribuir a sufragar los gastos de personal34 de los funcionarios afectos a la Administración de Justicia35. El Decreto 1035/1959 introdujo distintas tarifas en función de los distintos órganos judiciales y órdenes jurisdiccionales. De tal modo que la primera regulaba la de los Juzgados Municipales y Registro Civil; la segunda la de los de Primera Instancia; la tercera la de las Audiencias Territoriales; la cuarta la del Tribunal Supremo; y la quinta la del procedimiento criminal en cualquier instancia. Se trataba de una regulación prolija y de difícil gestión y, en palabras de TOMÉ GARCÍA36, complicada y absolutamente inadmisible para los momentos actuales, resultando su liquidación un verdadero calvario para el Secretario Judicial, que tenía que
34
35
36
recursos necesarios para la financiación de distintos servicios dependientes del Ministerio de Justicia, y que son detallados en su artículo primero: Registro Central de Penados y Rebeldes, Registro de Últimas Voluntades, Registro de Sociedades y Registro Civil. En su art. 6 se dispone que El producto íntegro de las tasas judiciales se aplicará a la remuneración complementaria de los funcionarios de la Administración de Justicia y asimilados e Inspectores centrales del Registro Civil, una vez deducido el importe que corresponda a la participación que en los derechos arancelarios vienen percibiendo los funcionarios que tienen reconocido este sistema de retribución total o parcial. Con el mismo producto se atenderán los gastos de personal y material que se ocasione en la gestión y distribución de las tasas judiciales. Con la prosopopeya propia de la época, la exposición de motivos alude a que La Magistratura española, modelo de austeridad, se halla sometida al extremo rigor de las prohibiciones e incompatibilidades que acertadamente le impone su Legislación orgánica y quien todo lo sacrifica al cargo y se da por entero a la función debe obtener de ella, al menos, lo necesario para mantener el rango que corresponde a la tarea que se le confía, base y fundamento de la paz social. TOMÉ GARCÍA, J.A., “Efemérides normativa: ley 25/1986, de 24 de diciembre, de supresión de las tasas judiciales”, Revista universitaria de derecho procesal, I, (1988), 287-298, pág. 291.
LAS TASAS JUDICIALES DESDE UNA PERSPECTIVA…
23
aplicar infinidad de tarifas sin un resultado real que justificase la absurda variabilidad. A mayor abundamiento, no menos dificultoso resultaba el cobro de las tasas devengadas, por lo que se hizo inevitable la dedicación plena de un funcionario a las tareas de gestión, liquidación y cobro de las tasas37. Mediante el Decreto 1868/1959, de 5 de noviembre38, se modifican algunos aspectos de esas tasas y se da cumplimiento al artículo noveno del Decreto 1035/1959, de 18 de junio, que preveía la recaudación de dichas tasas mediante efectos timbrados, aprobándose por éste último Decreto las clases y cuantías de los timbres. El Decreto 1035/1959, de 18 de junio, preveía en su Disposición Final Segunda una posible supresión de las tasas39. Interpreta MONTÓN REDONDO40 que la supresión sólo podía llevarse a cabo mediante una ley como instrumento formal y que debía darse como requisito previo la desaparición del servicio que las justificaba, exigiendo que, de ser así, se especificara el motivo. De la lectura de la literalidad de dicha disposición parece desprenderse, a nuestro juicio, que no hay tal reserva de ley ni causa sine qua non. Parece que lo que el legislador pretendió era arbitrar dos posibles causas de derogación de las tasas judiciales: la mera voluntad del legislador expresada en ese instrumento formal; o bien la desaparición del servicio que las justificaba siempre que se motivara adecuadamente.
1.2.2. Derogación de las tasas históricas Así las cosas, por la mera voluntad del legislador y bajo el instrumento formal de Ley, el BOE número 313, de 31 de Diciembre
37 38
39
40
Op. Cit. Ibid. pág. 292 En la propia exposición de motivos de este nuevo Decreto se confirma la impresión, más arriba indicada, de que el sistema de tasas aprobado era prolijo y de complicada gestión: La multiplicidad de escalas y conceptos contenidos en las tarifas que el citado Decreto aprueba hizo aconsejable instaurar un régimen transitorio de percibo a metálico de la tasa hasta que la aplicación práctica del nuevo sistema pudiera dar base suficiente para la acertada determinación, elaboración y distribución de aquellos efectos en la forma y cuantía apropiados a las necesidades reales”. Dice textualmente dicha disposición final: La supresión de las tasas judiciales podrá llevarse a efecto por Ley o por desaparición o supresión del servicio que la motive, y que habrá de especificarse concretamente. MONTÓN REDONDO, A., “La reintroducción de las tasas judiciales y sus consecuencias”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, III, (2004), 1928-1943, pág. 1931