1_9788491902089 by Editorial Tirant Lo Blanch

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GUÍA PRÁCTICA DE COSTAS PROCESALES

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Todo el Derecho

Este libro no es un tratado teórico ni filosófico sobre costas procesales, sino una guía práctica: responde al análisis, con un enfoque eminentemente funcional y pragmático, de las costas procesales y su tasación en todos los órdenes jurisdiccionales. Esta obra se escribe con conocimiento de causa, vistiendo la toga, tras la intervención en cientos de procedimientos e incidentes de tasaciones por parte de sus autores. Las costas procesales, como manifestación de la monetarización del procedimiento judicial, ofrecen un sinfín de cuestiones y dudas interpretativas que, por primera vez, se analizan de forma práctica: qué, cómo y cuánto tasar; qué, cómo y cuándo impugnar. Y, todo ello, incorporando escritos y formularios procesales. Aunque el concepto de costas procesales no se limita a los honorarios de la defensa y la representación técnica, es precisamente en esta parte, la de abogados y procuradores, en la que se centra la atención de la obra, ya que es la que más interés suscita en el ejercicio práctico de la abogacía. Tanto para el clásico bufete, la gran corporación jurídica, o la propia Administración, un óptimo tratamiento procesal de las costas en el ejercicio ordinario de la profesión puede suponer un impacto económico significativo. Ganar o ahorrar mucho dinero. Una obra singular y única, que es de obligada lectura, e imprescindible tenencia, en cualquier despacho de abogados, asesoría jurídica o Administración Pública.

Marcos Cabrera Galeano (Director)

Todo el Derecho

GUÍA PRÁCTICA DE COSTAS PROCESALES Director

Marcos Cabrera Galeano Autores

Marcos Cabrera Galeano David Francisco Blanco Óscar Cabrera Galeano

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Todo el Derecho

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López

López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier

Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

GUÍA PRÁCTICA DE COSTAS PROCESALES

MARCOS CABRERA GALEANO Abogado del Estado

DAVID FRANCISCO BLANCO Abogado del Estado

ÓSCAR CABRERA GALEANO Letrado de la Administración de Justicia

Valencia, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-208-9 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice PARTE GENERAL

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 1. CONCEPTO DE LAS COSTAS PROCESALES........................................ 15 1.1. Naturaleza y finalidad............................................................................ 16 1.2. Titular del derecho al cobro de las costas............................................... 17 1.3. La resolución judicial que impone las costas.......................................... 18 2. EL PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN: LOS ARTÍCULOS 243 Y 244 LEC............................................................................................................... 20 2.1. La solicitud de tasación......................................................................... 21 2.2. Tasación del Letrado de la Administración de Justicia............................ 24 2.2.1. Sobre la inclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido............ 25 2.2.2. Tasación de costas y pluralidad de partes favorecidas por la condena en costas........................................................................... 27 2.3. Firmeza de la tasación (para el caso de que la misma no se impugne)..... 28 2.4. Impugnación de la tasación: impugnación por indebidas. Impugnación por excesivas.......................................................................................... 29 2.4.1. Sobre el incidente de impugnación por indebidas (artículo 246.4 LEC)........................................................................................ 31 2.4.2. Sobre el incidente de impugnación por excesivas (artículo 246.1 LEC)........................................................................................ 31 2.4.3. Supuesto de impugnación por indebida y por excesiva de una misma partida........................................................................... 32 2.5. Dentro del incidente de impugnación de la tasación practicada (por indebidas, o por excesivas): decreto del letrado de la administración de justicia resolviendo la tasación............................................................... 32 2.5.1. En el incidente de impugnación por indebidas......................... 33 2.5.2. En el incidente de impugnación por excesivas........................... 33 2.6. Posible recurso de revisión contra el decreto que resuelve la tasación..... 33 2.7. Sobre la limitación de los derechos del procurador a la cuantía máxima de 300.000 euros por toda su intervención en un mismo asunto........... 35 3. LA TASACIÓN DE COSTAS Y LA JUSTICIA GRATUITA....................... 36 4. LA TASACIÓN DE COSTAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 40 4.1. Introducción. El artículo 13 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas............................. 40 4.2. La condena en costas a favor de la Administración: cuestiones de interés... 41 4.2.1. ¿Cuándo se puede incluir en la tasación de costas, a favor de las Administraciones Públicas, los derechos de representación y defensa?.................................................................................... 42

Índice

4.2.2. ¿Cómo ha de calcularse la minuta correspondiente a los honorarios de la defensa técnica (abogado)?......................................... 42 4.2.3. ¿Deben abonarse los gastos de procurador a las Administraciones Públicas?................................................................................... 45 4.2.3. ¿Cómo ha de calcularse la minuta correspondiente a los honorarios de la representación técnica (procurador)?.......................... 51 4.2.4. ¿Procede equiparar la cuantía de los honorarios de los letrados de la administración a los del turno de oficio?............................... 51 4.2.5. ¿Procede la inclusión del IVA en la minuta girada por quien ejerza la representación (procurador) y defensa (abogado) de la Administración Pública?........................................................... 53 ANEXO: MINUTAS Y ESCRITOS PROCESALES........................................... 54

PARTE II

LAS COSTAS PROCESALES EN EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL: CUESTIONES QUE SE PLANTEAN 1. EL PLAZO DE TASACIÓN DE COSTAS EN EL ORDEN JURISDICCIONAL-CIVIL........................................................................................... 68 2. LA TASACIÓN DE COSTAS EN EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL................................................................................................................ 70 2.1. ¿Cuándo se puede incluir en la tasación de costas, en el orden jurisdiccional civil, los honorarios de la defensa técnica?........................................ 70 2.2. ¿Cómo ha de calcularse la minuta correspondiente a los honorarios de la defensa técnica (abogado)? RECOMENDACIONES PRÁCTICAS..... 71 2.3. ¿Cuándo se puede incluir en la tasación de costas, en el orden jurisdiccional civil, los derechos de la representación técnica?................................ 74 2.4. ¿Cómo ha de calcularse la minuta correspondiente a derechos de la representación técnica (procurador)?Sobre determinadas partidas que deben ser excluidas, pero es habitual encontrarlas en las tasaciones.................. 75 3. CUESTIONES DE INTERÉS A TENER EN CUENTA PARA LA TASACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN.................................................................... 81 3.1. La tasación de costas y la cuantía del procedimiento.............................. 81 3.1.1. La cuantía del procedimiento nunca se fija en el incidente de tasación.................................................................................... 81 3.1.2. Si estamos en desacuerdo con la cuantía del procedimiento que ha tomado de base o referencia el minutante para la tasación de los honorarios del letrado o abogado: la impugnación siempre es por el cauce de excesivas, nunca por el de indebidas.................. 83 3.2. La tasación de costas y el límite o limitación al tercio del artículo 394 LEC...................................................................................................... 84 3.2.1. Sobre el alcance de la limitación de las costas al tercio de la cuantía del proceso........................................................................... 84

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3.2.2. La declaración de temeridad a los efectos de no aplicar el límite del tercio del art. 394.3 LEC.................................................... 86 3.2.3. Los problemas del límite del tercio del artículo 394.3 LEC siempre se plantean por la vía de impugnación por excesivas, no por indebidas.................................................................................. 87 4. LA IMPUGNACIÓN DE LA TASACIÓN DE COSTAS EN EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL: UNA VISIÓN PRÁCTICA........................... 89 4.1. Determinar correctamente si la impugnación es por excesivas o por indebidas..................................................................................................... 89 4.2. La impugnación de costas por considerar excesivos los honorarios del letrado................................................................................................... 91 4.3. La impugnación de costas por considerar indebidos los derechos del procurador................................................................................................. 93 4.4. Los Colegios Profesionales no tienen derecho a repercutir al abogado tarifa, recargo o gasto alguno en concepto de emisión de dictamen del artículo 246.1 LEC............................................................................... 93 4.5. Sobre la condena en costas en el incidente de impugnación por indebidas........................................................................................................ 93 5. LA TASACIÓN DE COSTAS EN LA EJECUCIÓN: EL ARTÍCULO 539 LEC............................................................................................................... 95 6. ESPECIALIDADES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.......... 97 ANEXO: MINUTAS Y ESCRITOS PROCESALES........................................... 98

PARTE III

LAS COSTAS PROCESALES EN EL ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 1. CONCEPCIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES EN EL ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, Y PLAZO PARA SOLICITAR LA TASACIÓN DE LAS MISMAS............................. 122 2. EL ARTÍCULO 139 LJCA. EL CRITERIO DE VENCIMIENTO OBJETIVO Y SUS EXCEPCIONES.................................................................... 125 3. EL ARTÍCULO 139.3 LJCA: «LA IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS PODRÁ SER A LA TOTALIDAD, A UNA PARTE DE ÉSTAS O HASTA UNA CIFRA MÁXIMA».............................................................................. 128 3.1. Cuando la resolución judicial, al amparo del artículo 139.3 LJCA, recoge que «la cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida por todos los conceptos» es una cantidad determinada, se entiende que se repercute a todas y cada una de las partes en el procedimiento................................ 128 3.2. Sobre la imposibilidad de discutir el importe de las costas procesales en un incidente posterior, cuando la misma se ha fijado en la sentencia o resolución al amparo del artículo 139.3 LJCA....................................... 129

Índice

3.3. La limitación de las costas en sentencia por vía del artículo 139.3 afecta a todos los conceptos del artículo 241 LEC: también al arancel del procurador..................................................................................................... 130 3.4. Sobre la no aplicación del artículo 394.3 LEC, ya que la jurisdicción contencioso-administrativa se rige por su normativa específica: el artículo 139 LRJCA........................................................................................... 131 4. LA TASACIÓN DE COSTAS EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. CUESTIONES DE INTERÉS......................... 134 4.1. Sobre la tasación del letrado de la Administración Pública conforme a las normas generales, aplicables a cualquier letrado..................................... 134 4.2. ¿Cuándo se puede incluir en la tasación los honorarios del abogado?..... 135 4.3. Sobre la moderación de los honorarios del letrado................................. 138 4.4. ¿Cuándo se puede incluir en la tasación los derechos del procurador?.... 139 5. OTRAS CUESTIONES EN MATERIA DE COSTAS PROCESALES EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA................. 141 5.1. Referencia a los requisitos y detalle de la minuta en esta jurisdicción..... 141 5.2. Condena en costas e inadmisión............................................................ 141 5.3. Condena en costas en casos especiales.................................................... 143 5.3.1. Desistimiento........................................................................... 144 5.3.2. Allanamiento............................................................................ 145 5.3.3. Satisfacción extraprocesal.......................................................... 147 ANEXO: MINUTAS Y ESCRITOS PROCESALES........................................... 149

PARTE IV

LAS COSTAS PROCESALES EN EL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL 1. RÉGIMEN JURÍDICO Y NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES EN EL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL.................................... 165 2. LOS DISTINTOS ESCENARIOS SOBRE LAS COSTAS PROCESALES EN EL PROCESO PENAL.......................................................................... 171 3. CONTENIDO DE LAS COSTAS PROCESALES EN EL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL............................................................................ 180 4. CUESTIONES DE INTERÉS SOBRE LAS COSTAS PROCESALES EN EL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL.................................................. 183 4.1. El procedimiento de tasación de costas.................................................. 183 4.2. Orden de preferencia para el pago de las costas procesales...................... 185 4.3. La conformidad y la condena en costas.................................................. 187 4.4. Pluralidad de condenados e imposición de costas.................................. 188 5. LA CONDENA EN COSTAS Y EL PROCEDIMIENTO POR DELITOS LEVES.......................................................................................................... 190 ANEXO: MINUTAS Y ESCRITOS PROCESALES........................................... 194

Índice

PARTE V

LAS COSTAS PROCESALES EN EL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL LA TASACIÓN DE COSTAS EN LA JURISDICCIÓN SOCIAL 1. RÉGIMEN DE LA IMPOSICIÓN DE COSTAS........................................ 211 1.1. Introducción......................................................................................... 211 2. ALCANCE DE LA CONDENA EN COSTAS CON LOS SUJETOS NO TRIBUTARIOS DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.......................................................................................................... 213 2.1. El empresario........................................................................................ 213 2.2. Los sindicatos........................................................................................ 213 3. LA TASACIÓN DE COSTAS Y LOS SUJETOS TRIBUTARIOS DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA................................ 215 3.1. Alcance general del derecho................................................................... 215 3.2. Mala fe o temeridad del beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita, que no ostenta la cualidad de trabajador, funcionario o beneficiario de la seguridad social, en la instancia o en el recurso.................... 216 3.3. Excepción al régimen general de temeridad o mala fe. El trabajador, funcionario, personal estatutario o beneficiario de la seguridad social como tributario del derecho a la asistencia jurídica gratuita............................. 217 4. CUESTIONES DE INTERÉS EN MATERIA DE COSTAS EN EL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL............................................................. 219 4.1. Introducción. Limitación del importe de la condena en costas.............. 219 4.1.2. El límite de las costas ha de entenderse referido a cada una de las partes........................................................................................ 219 4.2. Conceptos incluidos dentro de la condena en costas.............................. 220 4.2.1. Aranceles de procurador........................................................... 220 4.2.2. Impuesto sobre el valor añadido................................................ 221 4.3. Cuestiones relativas al impuesto sobre el valor añadido.......................... 221 4.3.1. El impuesto sobre el valor añadido, ¿computa dentro del límite de los honorarios a efectos del recurso?..................................... 221 4.3.2. El impuesto sobre el valor añadido en minutas de letrados de administraciones públicas......................................................... 222 5. LAS COSTAS EN LA EJECUCIÓN SOCIAL............................................. 224 5.1. Régimen general de imposición de las costas en ejecución..................... 224 5.2. Imposibilidad de impugnación de la condena en costas mediante recurso de suplicación....................................................................................... 224

PARTE GENERAL

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

1. CONCEPTO DE LAS COSTAS PROCESALES A modo introductorio, y con una brevedad buscada, comenzaremos con el artículo 241 LEC, cuando ensaya una aproximación conceptual a la institución de las costas procesales en los siguientes términos: 1. Salvo lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cada parte pagará los gastos y costas del proceso causados a su instancia a medida que se vayan produciendo. Se considerarán gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso, y costas la parte de aquéllos que se refieran al pago de los siguientes conceptos: 1.º Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas. 2.º Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso. 3.º Depósitos necesarios para la presentación de recursos. 4.º Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso. 5.º Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos. 6.º Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso. 7.º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva. No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual. Tampoco se incluirá en los demás procesos de ejecución derivados de dichos préstamos o créditos hipotecarios cuando se dirijan contra el propio ejecutado o contra los avalistas. 2. Los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales podrán reclamarlos de la parte o partes que deban satisfacerlos sin esperar a que el proceso finalice y con independencia del eventual pronunciamiento sobre costas que en éste recaiga. Es decir, las costas procesales solo abarca, con carácter numerus clausus, los conceptos a los que se refieren los ordinales 1 a 7 del párrafo primero del artículo 241 LEC. Con carácter general, las costas procesales requieren un título condenatorio que las establezca o imponga: una resolución judicial (en la mayoría de los supuestos), una disposición legal (en casos muy específicos).

Marcos Cabrera Galeano

1.1. Naturaleza y finalidad Comenzaremos por destacar la finalidad de las costas procesales. Mediante las mismas se pretende restablecer la situación patrimonial de la parte que se ha visto obligada a incurrir en los gastos del proceso como consecuencia de la actuación censurable de la parte contraria1. En este sentido se ha pronunciado, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Valencia, que en sentencia de 19 de octubre de 1998 () establecía lo siguiente: «Conviene recordar con carácter previo algunos aspectos de la condena en costas. En primer lugar que el fundamento de la misma, bien se siga el criterio del vencimiento, establecido en la actualidad en el proceso civil español con carácter general (art. 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), o el anteriormente en el vigente de la mala fe o temeridad (basado en el art. 1902 del Código Civil), es el tratar de resarcir al beneficiario de dicho pronunciamiento de los gastos que la contraparte, la condenada a su pago, le ha causado al obligarla innecesariamente a acudir al proceso (SSTS 11 noviembre 1935 [RJ 19352065] y 3 junio 1940 [RJ 1940516])». En este sentido, su naturaleza sería la de una responsabilidad civil, establecida por la ley, para resarcir al beneficiario derivado de la imposición de los gastos que la contraparte le ha causado como consecuencia de la sustanciación del procedimiento. Y, siendo esta una guía práctica sobre la materia, resulta ocioso abundar doctrinalmente en dicha naturaleza jurídica. Ahora bien, la exigibilidad de las costas procesales procede con independencia de que los servicios prestados por los profesionales cuyos honorarios se incluyen en las mismas hayan podido ser total o parcialmente retribuidos por la parte beneficiaria del pronunciamiento. La STC 28/1990, de 26 de febrero , señala que «el titular del crédito privilegiado que origina la condena en costas es la parte contraria beneficiaria de la misma y no los profesionales que la hayan representado y defendido…», y añade que «la circunstancia de que estos profesionales hayan recibido, parcial o totalmente, sus derechos y honorarios de la parte a quien han prestado sus servicios carece de incidencia alguna en la obligación de pago que la resolución judicial ha impuesto al condenado en costas».

El ATS de 2 de septiembre de 2014 (Nº de recurso 2443/2012): Esta Sala ya se ha pronunciado en otras ocasiones (Autos de 19/05/2009 y 16/06/2009, entre otros) diciendo que la condena en costas va dirigida a resarcir al vencedor de los gastos originados directa e inmediatamente en el pleito.

Guía práctica de costas procesales

En este sentido, la STS 849/2003, de 8 de septiembre , afirma que «(e)s doctrina consolidada emanada de las resoluciones de esta Sala, la que establece que cuando se ha producido una condena en costas a la parte que interpuso el recurso, es lógico concluir que ha de verse obligada ésta al abono de las costas incluidas en la tasación efectuada por el Secretario judicial en la que, lógicamente, se incluirán los honorarios devengados por el Letrado que defiende a la parte contraria, siempre que su minuta se halle legalmente redactada y cualquiera que sea la forma de pago de los servicios profesionales que haya podido pactarse entre la parte a quien han sido judicialmente condenada las costas y el Abogado que los prestó, y sin que, por ser ajeno a tal relación contractual, pueda beneficiarse tal parte del dato de que tales servicios hayan podido o no ser ya total o parcialmente retribuidos por el arrendador de los mismos…».

1.2. Titular del derecho al cobro de las costas Desde un punto de vista genérico, la condena en costas procesales tiene una finalidad teleológica resarcitoria, generando un derecho a favor de la parte litigante que se vea favorecida por la condena, y no de los abogados o procuradores. En este sentido, como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 10 de noviembre de 2016 , con fundamento en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2000 : «El litigante vencedor en costas está legitimado para que le sean resarcidos los gastos originarios directa o indirectamente (costas en sentido estricto) por el pleito, sin excluir la minuta de su Letrado (Sentencia de 4-11-1991 [RJ 1991, 8138]). Es un derecho a su favor y no propio de los profesionales que han intervenido en el pleito en su nombre y por razón del encargo que les ha sido otorgado, por lo que el importe de las costas debe pasar a su propio patrimonio para restablecer el desequilibrio económico sufrido por consecuencia del proceso que hubo de entablar o que tuvo que soportar, de ser parte demandada. Esta misma idea se reitera en las sentencias, también del Tribunal Supremo, de 11 de febrero de 1992 , 11 de abril de 1992 (RJ 19922992) y de 9 de julio de 1992 (RJ 19926268), por citar solo algunas». Así, pues, el titular del derecho derivado de la condena en costas es en todo caso la parte favorecida por dicho pronunciamiento, y en ningún caso su letrado o procurador. Así, se trataría de una relación jurídica derivada de una resolución judicial, entre la parte vencedora beneficiada con la condena en costas y la parte condenada al

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pago de las mismas (SAP BARCELONA, 525/2004, Sección 13a, 13 julio 2004, ROJ: SAP B 9274/2004). También la STS núm. 320, de 24 de marzo de 1992 , indicaba que «el crédito de costas es una obligación de origen legal a la espera de que la sentencia que la imponga, de cuantía indeterminada pero determinable y que no depende de que el beneficiado con ella pague o no a su Abogado, no está causalizada ni imbuida en un sentido finalista que la impute a una deuda determinada (artículo 1172 del Código Civil) ni sujeta a un orden de prelación (artículos 1921 a 1929 del Código Civil). Es, pues, un crédito que entra en el patrimonio de acreedor sin sujeción a un destino predeterminado». El titular del crédito resultante de una condena en costas es la parte procesal. Se trata de un crédito que entra en el patrimonio del acreedor que es la parte procesal (no su Letrado), pues es el arrendatario (cliente) el obligado a satisfacer el importe del servicio prestado ya que solamente entre ambos se ha constituido tal relación, por lo que los derechos y obligaciones que puedan surgir como consecuencia de tal contrato solamente les afectan a ellos y no a los terceros condenados al pago, conforme se establece por reiterada jurisprudencia2.

1.3. La resolución judicial que impone las costas Como ya hemos dicho anteriormente, las costas procesales requieren un título condenatorio que las establezca o imponga: una resolución judicial (en la mayoría de los supuestos), o una disposición legal (en casos muy específicos). En el procedimiento civil, con carácter general, nacerán de una resolución judicial que expresamente las establezca. En este caso habrá de estarse a los artículos 394 y siguientes de la LEC, o a la regulación propia que establezca el incidente en el que nos encontremos. Quiere esto decir que las costas van referidas, individualmente, a la fase declarativa en la que nos encontremos, y a cada incidente individualmente considerado, en la medida en que la regulación de dicho incidente permita un pronunciamiento autónomo sobre costas.

Alberto Martínez de Santos: “Cómo practicar e impugnar una tasación de costas en el derecho civil”. Ediciones Foro Jurídico.

Guía práctica de costas procesales

En este caso, habrá derecho a tasar las costas del incidente o fase a la que específicamente se refiera el pronunciamiento3. Por ejemplo, en un procedimiento civil ordinario pueden existir distintas resoluciones que establezcan una condena en costas, y que favorezca a una u otra parte: 1. Resolución que resuelve sobre la declinatoria planteada, condenado en costas a una de las partes 2. Resolución que resuelve el incidente sobre recusación de Magistrado-Juez, condenando en costas a una de las partes 3. Resolución que pone término al incidente de medidas cautelares, condenando en costas a una de las partes 4. Resolución que tiene por allanada a uno de los varios demandados, condenando en costas al mismo 5. Resolución que pone fin al proceso declarativo (artículo 394) 6. Resolución que pone fin al recurso de apelación (artículo 398) El ejemplo anterior, aunque un poco rebuscado, cumple con el fin de ilustrar un procedimiento en el que habría diversas condenas en costas, a favor de una u otra parte, referida a una actuación concreta. Así, la parte que se vea favorecida por el pronunciamiento, habrá de tasar las mismas respecto al incidente, o actuación judicial que abarque, a la que específicamente se refiera el pronunciamiento. De esta forma, en las actuaciones o incidentes del procedimiento para los que la ley prevea expresamente pronunciamiento sobre costas, la parte favorecida por la condena tendrá derecho a verse resarcida por las costas ocasionadas en el ámbito de dicha actuación o incidente. Debe recordarse que, en los procedimientos de ejecución, habrá de estarse al artículo 539.2 LEC, si bien trataremos del mismo en otra parte de esta obra.

El artículo 387 LEC se refiere a las cuestiones incidentales como aquellas que, siendo distintas de las que constituyan el objeto principal del pleito, guarden con éste relación inmediata, así como las que se susciten respecto de presupuestos y requisitos procesales de influencia en el proceso.

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2. EL PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN: LOS ARTÍCULOS 243 Y 244 LEC La Ley de Enjuiciamiento Civil regula el procedimiento de tasación de costas como un incidente procesal en su artículo 243. La LEC configura el incidente de tasación como un procedimiento incidental cuya finalidad es exclusivamente liquidar la cantidad total a que asciende una condena en costas, a fin, en su caso, de complementar el título ejecutivo correspondiente (art. 517.2.9º LEC)4. Efectivamente, el incidente de tasación terminará mediante una resolución judicial (Decreto del Letrado de la Administración de Justicia, si deviene firme; o auto resolviendo el recurso de revisión frente a dicho Decreto, cuando sea impugnado), por el que se apruebe la tasación de costas practicada. Dicha resolución judicial constituye título ejecutivo a los efectos del artículo 517 LEC. Ello quiere decir que, si la parte condenada no satisface dichas cantidades en el plazo de 20 días que señala el artículo 548 LEC5, podrá despacharse ejecución por dichas cantidades, conforme a las normas generales de los artículos 538 y siguientes LEC. [Véase por el lector el Escrito procesal 5 de esta parte general: Escrito solicitando despacho de ejecución de decreto o auto firme que aprueba la tasación de costas.] Y, teniendo por objeto este incidente de tasación liquidar la cantidad a la que asciende la condena en costas, no podrá alterarse en este incidente las bases de cálculo que pertenecen a una fase del proceso definitivamente cerrada [Auto del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2015. (Tol 4894071)]. El incidente de tasación vendría configurado por los siguientes trámites: 1. Solicitud de tasación 2. Tasación del Letrado de la Administración de Justicia

ATS de 13 de abril de 2016 (Nº de recurso 2788/2013). Artículo 548 LEC: No se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de acuerdos de mediación, dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena sea firme, o la resolución de aprobación del convenio o de firma del acuerdo haya sido notificada al ejecutado.

Guía práctica de costas procesales

3. Firmeza de la tasación (para el caso de que la misma no se impugne), de forma que la misma devendrá en título ejecutivo a los efectos del artículo 517 LEC. 4. Impugnación de la tasación: por indebidas o por excesivas. La LEC configura la impugnación por indebidas y por excesivas como un incidente autónomo. 5. Dentro de dicho incidente de impugnación de la tasación practicada, decreto del Letrado de la Administración de Justicia resolviendo la impugnación. 6. Posible recurso de revisión contra el decreto que resuelve la tasación.

2.1. La solicitud de tasación El artículo 243 LEC señala en su párrafo primero que: 1. Cuando hubiere condena en costas, luego que sea firme, se procederá a la exacción de las mismas por el procedimiento de apremio, previa su tasación, si la parte condenada no las hubiere satisfecho antes de que la contraria solicite dicha tasación. Para iniciar el incidente, pues, la resolución que imponga las costas procesales ha de ser firme6. En cuanto al inicio de dicho incidente, los párrafos segundo y tercero establecen que: 2. La parte que pida la tasación de costas presentará con la solicitud los justificantes de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclame. 3. Una vez firme la resolución en que se hubiese impuesto la condena, los procuradores, abogados, peritos y demás personas que hayan intervenido en el juicio y que tengan algún crédito contra las partes que deba ser incluido en la tasación de costas podrán presentar ante la Oficina judicial minuta detallada de sus derechos u honorarios y cuenta detallada y justificada de los gastos que hubieren suplido.

Conforme al artículo 207 LEC, son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. Conforme al artículo 245 LOPJ, son sentencias firmes aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de revisión u otros extraordinarios que establezca la ley.

Marcos Cabrera Galeano

Pese a que la redacción del precepto pueda parecer confusa, en la práctica procesal, el incidente se inicia con un mero escrito de solicitud de tasación, identificando la resolución que ha impuesto las costas, y que la misma es firme. [Véase por el lector el Escrito procesal 1 de esta parte general: Solicitud de tasación de costas procesales, acompañando minuta de abogado y procurador.] A esta solicitud se acompañará: 1. Para justificar los honorarios de procuradores, abogados, peritos y demás personas que haya intervenido en el juicio y que tengan algún crédito contra las partes que deba ser incluido en la tasación de costas, por estar comprendido en la enumeración del artículo 241 LEC: minuta detallada de sus derechos u honorarios. 2. Para justificar los demás conceptos a los que se refiere el artículo 241 LEC7: los justificantes de pago de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso se pretende. Volvemos a recordar que únicamente podrán tasarse en este incidente las costas procesales, entendiendo por las mismas, con carácter excluyente, únicamente los conceptos a los que se refiere el artículo 241 LEC. La idea de esta obra es centrarnos en el primero de los conceptos que establece el artículo 241 LEC como integrante de las costas procesales: los honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas. Es decir, el abogado (defensa técnica) y el procurador (representación técnica). Recordemos que el procurador debe minutar conforme a su arancel, aprobado por Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. En cuanto a los criterios de minutación del abogado, al ser esta una parte introductoria, nos remitimos a su capítulo correspondiente, que se trata específicamente en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo. Dicha «minuta detallada» ha de ser sencilla: nada de escritos alambicados que gasten papel. Sin embargo, su contenido ha de cumplir unos requisitos mínimos:

Por ejemplo, gastos que deban incluirse en el concepto de costas derivados de la inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso o la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva.