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esquemas TOMO XXI

TOMO XXI

ESQUEMAS DE DERECHO CONCURSAL

9ª EDICIÓN

ESQUEMAS DE DERECHO CONCURSAL

9ª EDICIÓN Ana Belén Campuzano Rafael Sebastián Javier Tortuero

esquemas

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Ángel M. López y López

Ana Belén Campuzano Laguillo

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Jorge A. Cerdio Herrán

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

José Ramón Cossío Díaz

Víctor Moreno Catena

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Owen M. Fiss

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: http://www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

TOMO XXI

ESQUEMAS DE DERECHO CONCURSAL 9ª Edición

Ana Belén Campuzano

Catedrática de Derecho Mercantil Universidad CEU San Pablo

Rafael Sebastián

Profesor Dr. de Derecho Mercantil. ICADE Abogado

Javier Tortuero Abogado

tirant lo b anch Valencia, 2016

Copyright ® 2016 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© ANA BELÉN CAMPUZANO RAFAEL SEBASTIÁN JAVIER TORTUERO

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN 978-84-9143-302-6

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ADVERTENCIA Esta obra tiene una finalidad exclusivamente docente y sólo pretende servir de aproximación a la normativa concursal española. En consecuencia, la información que contiene es de carácter general, por lo que antes de adoptar ninguna decisión que pueda tener trascendencia en el ámbito concursal, debe acudirse al contenido de las disposiciones legales citadas. En especial, es necesario tener en cuenta que la obra no recoge íntegramente el contenido de los textos legales sobre los que versa.

Presentación La Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio) puso fin a una de las reformas más largamente esperadas de nuestro ordenamiento jurídico, aproximando la legislación española a la de los países de nuestro entorno y, sobre todo, al Reglamento (CE) 1346/2000, de 29 de mayo, sobre procedimientos de insolvencia (aplicable hasta el 26 de junio de 2017, fecha a partir de la cual será aplicable el Reglamento (UE) 2015/848, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia).

Con posterioridad, y a consecuencia sobre todo de la crisis económica, el concurso de acreedores ha pasado a ocupar un lugar destacado en el panorama de la economía española y a ser una de las grandes preocupaciones de las empresas que participan en ella. La aplicación de la Ley Concursal ha aumentado sensiblemente en los últimos años como consecuencia de la situación de la economía española.

Precisamente, el aumento de su aplicación práctica ha llevado a modificar la Ley Concursal en varias ocasiones para tratar de corregir determinados aspectos que se consideraban disfuncionales.

El Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, modificó alguno de los preceptos de la Ley Concursal con el objetivo de facilitar la refinanciación de las empresas inmersas en dificultades financieras, de agilizar los trámites procesales, de reducir los costes de la tramitación del procedimiento concursal y de mejorar la posición jurídica de los trabajadores de empresas concursadas.

A su vez, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, introdujo en la Ley Concursal numerosas modificaciones de índole procesal que afectaron al ámbito competencial del Juez y del Secretario Judicial en el seno del procedimiento concursal (viéndose incrementadas notablemente las funciones de este último para tratar de impulsar el proceso) y a determinados aspectos puntuales de la junta de acreedores.

De todas ellas, la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, fue la que más trascendencia tuvo. A pesar de no ser una reforma radical, pues parte del reconocimiento de los principios esenciales de la Ley Concursal, en concreto, la triple unidad legal, de disciplina y de procedimiento, la reforma puede considerarse global, pues introdujo importantes modificaciones que pretendían corregir errores de enfoque detectados en la práctica, así como colmar las lagunas de la ley.

Finalmente, no pueden perderse de vista las recientes reformas operadas en la Ley Concursal en el contexto de la crisis económica. De entre ellas, destacan (i) las modificaciones introducidas por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en virtud de la cual, entre otras cuestiones, se crea la figura del mediador concursal y se regula el acuerdo extrajudicial de pagos, (ii) el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal, que instaura mecanismos de

Presentación

coordinación entre los diversos registros públicos, (iii) el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, (iv) el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, que dota de un nuevo marco a las alternativas preconcursales, en especial, a los acuerdos de refinanciación, (v) el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, en virtud del cual, entre otras cuestiones, se establece un mejor encaje entre el convenio concursal y los acuerdos de refinanciación y se eliminan los obstáculos legales para la venta de empresas o unidades productivas sin cargas, y que recibió el refrendo parlamentario mediante la Ley 9/2015, de 25 de mayo, (vi) el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, que regula diversas mejoras del acuerdo extrajudicial de pagos e introduce un mecanismo de segunda oportunidad para las personas físicas destinado a modular el rigor de la aplicación del artículo 1911 del Código civil, y que recibió el refrendo parlamentario mediante la Ley 25/2015, de 28 de julio, (vii) la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, que persigue la inclusión de potestades específicas que permitan a las autoridades públicas gestionar el proceso de resolución de una entidad de crédito o empresa de servicios de inversión, y (viii) la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, que integra el nuevo sistema de solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Esta obra trata de cubrir la necesidad de contar con una herramienta práctica debidamente actualizada que facilite el estudio y la aplicación de la normativa concursal española, ofreciendo un enfoque esencialmente dinámico, de fácil manejo y que aporte respuestas rápidas y sintéticas al lector.

Este trabajo lleva a cabo un recorrido a lo largo del articulado de la Ley Concursal. Desde los principios que la informan, el presupuesto objetivo y subjetivo de la declaración del concurso, hasta su conclusión, pasando por los efectos del concurso, el procedimiento y las soluciones, todo se recoge de forma esquemática, pretendiendo servir de aproximación práctica al estudio del Derecho concursal.

Guía de lectura LISTADO DE ABREVIATURAS − “AC”: Administración concursal. − “AEAT”: Agencia Estatal de la Administración Tributaria. − “AP”: Audiencia Provincial. − “BdE”: Banco de España. − “BOE”: Boletín Oficial del Estado. − “CC”: Código civil.

– “CCom”: Código de Comercio. − “CNMV”: Comisión Nacional del Mercado de Valores. − “DA”: Disposición adicional. − “DF”: Disposición final. − “DT”: Disposición transitoria. − “DGSyFP”: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. − “DOUE”: Diario Oficial de la Unión Europea. − “EEE”: Espacio Económico Europeo. − “ESI”: Empresa de Servicios de Inversión / “ESIs”: Empresas de Servicios de Inversión. − “ET”: Estatuto de los Trabajadores.

– “FGDEC”: Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. − “FOGASA”: Fondo de Garantía Salarial.

– “FROB”: Fondo de reestructuración ordenada bancaria.

Guía de Lectura

− “IVA”: Impuesto sobre el valor añadido. − “LC” o “Ley Concursal”: Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal. − “LEC”: Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. − “LECr”: Ley de enjuiciamiento criminal, aprobada por Real Decreto de 14 septiembre de 1882.

– “Ley de Auditoría de Cuentas”: Ley 22 /2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

– “Ley de la Jurisdicción Social”: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social. − “Ley 2/1981”: Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario. − “Ley 44/2002”: Ley 44/2002, de 22 noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.

– “Ley 5/2012”: Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. − “Ley 6/2005”: Ley 6/2005, de 22 de abril, de saneamiento y liquidación de entidades de crédito. − “Ley 13/2009”: Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. − “Ley 14/2013”: Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

– “Ley 17/2014”: Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

– “Ley 9/2015”: Ley 9/2015, de 23 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.

– “Ley 11/2015”: Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

– “Ley 20/2015”: Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

– “Ley 25/2015”: Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

– “LGT”: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. − “LMV”: Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. − “LORC”: Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal.

– “LME”: Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

– “LO 1/2009”: Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Guía de Lectura

– “LO 7/2015”: Ley Orgánica 7/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

– “LOPJ”: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. − “LOSSP”: Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. − “LRLC”: Ley 38/2011, de 10 de octubre, de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, también referida en esta obra como “Ley de Reforma de la Ley Concursal”.

– “LRJS”: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

– “LSC”: Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. − “ME”: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

– “MF”: Ministerio Fiscal. − “N/A”: No aplicable. − “NIF”: Número de Identificación Fiscal. − “RBM”: Registro de Bienes Muebles. − “RCV”: Responsabilidad civil. − “RD”: Real Decreto.

– “RD 892/2013”: Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal.

– “RD 980/2013”: Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

– “RD 1333/2012”: Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores concursales. − “RD 1373/2003”: Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. − “RD 1426/1989”: Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios. − “RD 1860/2004”: Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales (modificado por RD 158/2008).

Guía de Lectura

– “RD-L 4/2014”: Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

– “RD-L 1/2015”: Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras me­ didas de orden social.

– “RD-L 11/2014”: Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal.

– “RD-L 6/2012”: Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

– “RD-L 16/2011”: Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), modificado por el Real Decreto-Ley 19/2011, de 2 de diciembre.

– “RD-L 8/2011”: Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y can­ celación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

– “RD-L 3/2009”: Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica.

– “Rgto. 848/2015”: Reglamento (UE) 848/2015, sobre procedimientos de insolvencia. − “Rgto. 1346/2000”: Reglamento (CE) 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia. − “RM”: Registro Mercantil.

– “RMIM”: Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. − “RPC”: Registro Público Concursal. − “RRM”: Reglamento del Registro Mercantil. − “SA”: Sociedad anónima / “SAs”: sociedades anónimas. − “SL”: Sociedad limitada / “SLs”: sociedades limitadas. − “SMI”: salario mínimo interprofesional. − “STS”: Sentencia del Tribunal Supremo. − “TGSS”: Tesorería General de la Seguridad Social. − “UE”: Unión Europea.

Guía de Lectura

CLAVE PARA INTERPRETAR LOS ESQUEMAS Y LOS GRÁFICOS − El texto en cursiva denota que una actuación es contingente, y que puede resultar de aplicación o no en función de que se cumplan determinados requisitos o de que concurran determinadas circunstancias. − En los gráficos, los trámites contingentes (es decir, que pueden ocurrir en función de que se cumplan determinados requisitos o de que concurran ciertas circunstancias) se identifican mediante líneas discontinuas. Ejemplo: Trámite contingente (plazo)

− Por el contrario, los trámites necesarios (es decir, aquellos que siempre tendrán lugar) se identifican mediante líneas continuas. Ejemplo: Trámite necesario (plazo)

− En los gráficos, los plazos van indicados entre paréntesis, tal y como se refleja en los ejemplos anteriores.

Apartado 1

El Derecho concursal. Aspectos generales 1.1. Introducción Cuando el deudor dispone de medios suficientes para atender todas sus obligaciones, la tutela de los acreedores está respaldada por el principio de responsabilidad patrimonial universal (art. 1.911 CC). Por el contrario, cuando el deudor no puede satisfacer sus obligaciones, la Ley Concursal instaura un procedimiento basado en el principio de igualdad de los acreedores.

Ese procedimiento se denomina concurso de acreedores y puede concluir mediante un convenio entre el deudor y la mayoría de sus acreedores ordinarios, cuyos créditos serán satisfechos con las correspondientes quitas y/o esperas, o mediante una liquidación ordenada de todo el patrimonio del deudor concursado para la satisfacción igualmente ordenada de sus deudas. No hay otra solución posible: o media un acuerdo entre el deudor y la colectividad de los acreedores o el patrimonio del deudor habrá de ser liquidado, si bien será todavía posible la transmisión de la empresa.

Entre los principios informadores del sistema, destacan el principio de unidad, ya que el concurso de acreedores se aplica a todo tipo de deudores —empresarios y no empresarios, personas físicas o jurídicas—, y el principio de continuidad de la actividad empresarial o profesional, que persigue conservar aquellas empresas en crisis que se consideren viables.

La Ley Concursal no agota la materia relativa a la insolvencia del deudor. Existe, en efecto, una legislación concursal especial, en la que se integran distintas normas legales administrativas que se ocupan de las situaciones de crisis de determinadas entidades sometidas a control especial, principalmente entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades de seguros, a las que cabe añadir, con diferente alcance, las previsiones contempladas para entidades deportivas que participen en competiciones oficiales y las especialidades previstas para los concursos de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos y contratistas de la administración pública.

Esquemas de Derecho Concursal

1.2. Concepto y fuentes normativas • El concurso es un proceso judicial cuyo principal objetivo es alcanzar un acuerdo entre el deudor insolvente y sus acreedores.

Espera (aplazamiento de los pagos) Convenio Posibles soluciones

Quita (reducción de las deudas) Modificaciones estructurales (fusión o escisión del concursado, etc.)

Liquidación ordenada del patrimonio o modificaciones estructurales (transmisión de la empresa)

– LC (Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, modificada por el RD-L 3/2009, por la Ley 13/2009, por la LRLC, por la Ley 14/2013, por el RD-L 4/2014, por el RD-L 11/2014, por la Ley 17/2014, por la Ley 9/2015, por el RD-L 1/2015 y por la Ley 25/2015).

– LORC (Ley Orgánica para la reforma Concursal).

– LEC (Ley de Enjuiciamiento civil: actúa como supletoria de la LC cuando ésta no contemple normas procesales especiales).

Fuentes normativas

– Reglamento CEE 1346/2000, sobre Procedimientos de Insolvencia (aplicable hasta el 26 de junio de 2017, fecha a partir de la cual será aplicable el Reglamento (UE) 2015/848, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia), junto con el resto de normas comunitarias o convencionales que regulen la materia.

– RD 1860/2004, que establece el arancel de derechos de los administradores concursales.

– RD 892/2013, por el que se regula el Registro Público Concursal.

– RD 980/2013, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

El Derecho Concursal. Aspectos Generales

Fuentes normativas

(cont.)

– Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, respecto de los concursos de entidades deportivas que participen en competiciones oficiales, en relación con los cuales, se aplicarán las especialidades que para las situaciones concursales prevea la legislación del deporte y sus normas de desarrollo. En todo caso, la sujeción a la LC de dichas entidades no impedirá la aplicación de la normativa reguladora de la participación en la competición.

– Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

– RD 1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores concursales.

1.2.

Concepto y fuentes normativas •

El concurso es un proceso judicial cuyo principal objetivo es alcanzar un acuerdo entre el deudor insolvente y sus acreedores.

Espera (aplazamiento de los pagos) Convenio Quita (reducción de las deudas)

Posibles

Esquemas de Derecho Concursal

soluciones Liquidación ordenada del patrimonio 1.3. Principios que informan el concurso

•

LC.

• Unidad LORC. – •

Fuentes Principios normativas

{

– Normativa: un solo texto legal (salvo aspectos que exigen el rango de Ley Orgánica y la legislación especial sectorial).

LEC (actúa como supletoria de la LC ésta no contemple normas procesalesy – Sistemática: uncuando procedimiento común para empresarios especiales).

no empresarios.

• Flexibilidad Rgto. 1346/2000, junto permite con el resto de normas o convencionales que caso.

– procesal: adecuarse a lascomunitarias circunstancias concretas de cada regulen la materia.

• RD 1860/2004, que establece el arancel de derechos de los administradores – Agilidad y simplicidad: pretende resolver la situación de manera rápida, eficaz y económica, sin merma de concursales. las garantías que exige la tutela judicial efectiva.

•

RD 685/2005, sobre publicidad de resoluciones concursales y por el que se modifica el RRM (modificado por RD 158/2008).

– Continuidad de la actividad empresarial o profesional: es la solución preferida por la LC. • RD 1373/2003, que establece el arancel de los procuradores (arts. 18 y ss.).

10

•

El concurso es un proceso judicial cuyo principal objetivo es alcanzar un acuerdo entre el deudor insolvente y sus acreedores.

Espera (aplazamiento de los pagos) Convenio

El Derecho Concursal. Aspectos Generales

Quita (reducción de las deudas)

Posibles

1.4. Ámbito desoluciones aplicación

Liquidación ordenada del patrimonio

− La LC se aplica respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica, comerciante o no comerciante.

10

LC. − • Entidades de crédito.

RD 1373/2003, que establece el arancel de los procuradores (arts. 18 y ss.).

•

RD 685/2005, sobre publicidad de resoluciones concursales y por el que se modifica el RRM (modificado por RD 158/2008).

•

sin que ello implique que estas entidades no puedan ser declaradas en concurso en determinadas ocasiones (ver apartado • LEC (actúa como supletoria de la LC cuando ésta no contemple normas procesales 15). − Entidades aseguradoras. especiales). normativas Fuentes

RD 1860/2004, concursales.

que

establece

el

arancel

de

derechos

de

los

administradores

Rgto. 1346/2000, junto con el resto de normas comunitarias o convencionales que regulen la materia.

•

LEC (actúa como supletoria de la LC cuando ésta no contemple normas procesales especiales).

•

LORC.

•

LC.

•

− • Operaciones relativas ajunto sistemas deelpagos y comRgto. 1346/2000, con resto de normas comunitarias o convencionales que regulendelavalores materia. pensación o instrumentos financieros derivados.

• RD 1860/2004, que establece el arancel de derechos de los administradores − Entidades deportivas que participen en competicioconcursales. nes oficiales.

• RD 685/2005, sobre publicidad de resoluciones concursales y por el que se modifica el − Empresas concesionarias de RD obras y servicios públiRRM (modificado por 158/2008). cos, o contratistas de las administraciones públicas.

Liquidación ordenada del patrimonio

soluciones Posibles

Quita (reducción de las deudas)

Convenio

Espera (aplazamiento de los pagos)

•

Concepto y fuentes normativas

•

1.2.

El concurso es un proceso judicial cuyo principal objetivo es alcanzar un acuerdo entre el deudor insolvente y sus acreedores.

− Aplicación supletoria de la LC respecto de Fuentes específica legislación normativas aplicable a:

•

LORC.de servicio de inversión. − • Empresas

RD 1373/2003, que establece el arancel de los procuradores (arts. 18 y ss.).

10

Esquemas de Derecho Concursal

1.5. Las secciones del concurso de acreedores El procedimiento concursal es simple, rápido y flexible. Está dividido en seis secciones, cuyas actuaciones principales se resumen a continuación (art. 183 LC):

Primera

– – – –

Segunda

– Administración concursal.

– Nombramiento y estatuto de la administración concursal. Determinación y ejercicio de sus facultades.

– Rendición de cuentas y responsabilidad de administradores.

Tercera

– – – –

Determinación de la masa activa.

Autorizaciones para la enajenación de bienes y derechos de la masa activa.

Sustanciación, decisión y ejecución de las acciones de reintegración y de reducción.

Deudas de la masa.

– – – –

Determinación de la masa pasiva.

Comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos concursales.

Pago a los acreedores.

En esta sección se incluirán también, en pieza separada, los juicios declarativos contra el deudor que se hubieran acumulado al concurso de acreedores y las ejecuciones que se inicien o reanuden contra el concursado.

Secciones

Cuarta

Quinta Sexta

Declaración del concurso.

Medidas cautelares.

Resolución final de la fase común.

Conclusión y, en su caso, reapertura del concurso.

– Convenio, incluyendo el convenio anticipado.

– Liquidación.

– Calificación del concurso.

– Efectos de la calificación.

El Derecho Concursal. Aspectos Generales

1.6. Los acuerdos de refinanciación Especial mención merecen los acuerdos de refinanciación. Dichos acuerdos son los alcanzados por el deudor para ampliar significativamente el crédito disponible o para modificar sus obligaciones (extendiendo el plazo o estableciendo nuevas obligaciones en sustitución de las existentes al tiempo de celebrar el acuerdo de refinanciación). Los acuerdos de refinanciación quedan excluidos del ámbito del régimen rescisorio previsto en la Ley Concursal, siempre y cuando respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad del deudor en el corto y el medio plazo, se emita certificación del auditor de cuentas sobre la suficiencia del pasivo que se exige para adoptar el acuerdo y hayan sido formalizados en instrumento público. Con la modificación introducida en la Ley Concursal, primero por la LRLC y posteriormente por el RD-L 4/2014 (convalidado por la Ley 17/2014), resulta posible homologar los acuerdos de refinanciación. En ese caso, los efectos del acuerdo homologado se extienden a los restantes acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad con el mismo, con un régimen diferenciado si gozan de garantía real. Al acuerdo de refinanciación pueden adherirse los demás acreedores que no lo sean de pasivos financieros ni de pasivos de derecho público, aunque estas adhesiones no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo de las mayorías previstas.

Los acuerdos de refinanciación (Arts. 5 bis, 71 bis, 84, 91 y DA 4ª LC) Concepto de acuerdo de refinanciación

Comunicación de negociaciones y efectos

(Art. 5 bis LC)

• En virtud de un acuerdo de refinanciación, el deudor logra ampliar el crédito disponible o modificar o extinguir de sus obligaciones, bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas.

• El deudor puede poner en conocimiento que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación.

• ¿Ante quién debe efectuarse la comunicación? Ante el Juzgado competente para la declaración del concurso.

• ¿Cuándo puede efectuarse? En cualquier momento antes del vencimiento del plazo establecido en el art. 5 LC. – El secretario judicial —letrado de la administración de justicia— ordenará la publicación en el RPC del extracto de la resolución por la que se deje constancia de la comunicación presentada.

– Si el deudor solicita expresamente el carácter reservado de la comunicación de negociaciones, no se ordenará la publicación del extracto de la resolución en el RPC. El deudor podrá solicitar el levantamiento del carácter reservado de la comunicación en cualquier momento.

• ¿Qué efectos tiene la comunicación?

– No será exigible el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario si la comunicación se efectúa en el plazo referido anteriormente.

– No se admitirán solicitudes de concurso a instancia de otros legitimados distintos del deudor.

Esquemas de Derecho Concursal

Los acuerdos de refinanciación (Arts. 5 bis, 71 bis, 84, 91 y DA 4ª LC)

Comunicación de negociaciones y efectos

(Art. 5 bis LC) (cont.)

– Desde la presentación de la comunicación y hasta que se formalice el acuerdo de refinanciación (art. 71.1 bis LC) o se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación (DA 4ª LC), o se adopte el acuerdo extrajudicial de pagos, o se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio o tenga lugar la declaración de concurso, no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Las ejecuciones de dichos bienes o derechos que estén en tramitación se suspenderán por el juez que estuviere conociendo de las mismas con la presentación de la resolución del secretario judicial —letrado de la administración de justicia— dando constancia de la comunicación. Para ello, en su comunicación el deudor indicará qué ejecuciones se siguen contra su patrimonio y cuáles de ellas recaen sobre bienes que considere necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial, que se harán constar en el decreto por el cual el secretario judicial tenga por efectuada la comunicación del expediente.

En caso de controversia sobre el carácter necesario del bien se podrá recurrir aquel decreto ante el juez competente para conocer del concurso.

– Las limitaciones a la ejecución de bienes o derechos mencionadas anteriormente quedarán levantadas si el juez competente para conocer del concurso resolviera que los bienes o derechos afectados por la ejecución no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial y, en todo caso, una vez transcurrido el plazo de 3 meses al que se hace referencia posteriormente.

– Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán suspendidas las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, promovidas por los acreedores de pasivos financieros sobre cualesquiera otros bienes o derechos del patrimonio del deudor, siempre que se acredite documentalmente que un porcentaje no inferior al 51 % de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del acuerdo de refinanciación, comprometiéndose a no iniciar o continuar ejecuciones individuales frente al deudor en tanto se negocia.

– Lo anterior no impedirá que los acreedores con garantía real ejerciten la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado hasta que se formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el art. 71 bis.1 LC, o se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación, o se adopte el acuerdo extrajudicial de pagos, o se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio o tengal lugar la declaración de concurso.

– Los procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos créditos de derecho público no se verán afectados por lo dispuesto anteriormente.

• Transcurridos 3 meses desde la comunicación al Juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal o no se encontrara en estado de insolvencia.

• Formulada la comunicación de negociaciones, no podrá formularse otra por el mismo deudor en el plazo de 1 año.