DerechoS y CULTURAS. Los retos de la diversidad en el espacio pĂşblico y privado
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH MARÍA JOSÉ AÑÓN ROIG
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
ANA CAÑIZARES LASO Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
JORGE A. CERDIO HERRÁN
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
OWEN FISS Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
LUIS LÓPEZ GUERRA
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
ÁNGEL M. LÓPEZ Y LÓPEZ
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
MARTA LORENTE SARIÑENA
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
JAVIER DE LUCAS MARTÍN
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
VÍCTOR MORENO CATENA
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
FRANCISCO MUÑOZ CONDE
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
ANGELIKA NUSSBERGER
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)
HÉCTOR OLASOLO ALONSO
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
LUCIANO PAREJO ALFONSO
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
TOMÁS SALA FRANCO
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
IGNACIO SANCHO GARGALLO
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
TOMÁS S. VIVES ANTÓN
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
RUTH ZIMMERLING
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
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DerechoS y cULTUrAS. Los retos de la diversidad en el espacio público y privado
ÁNGeLeS SoLANeS coreLLA
Valencia, 2018
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Índice PRÓLOGO....................................................................................................... 9
Capítulo 1 INTRODUCCIÓN Capítulo 2 LIBERTAD E IGUALDAD EN SOCIEDADES MULTICULTURALES 2.1.. DERECHOS HUMANOS, CULTURA E IDENTIDAD........................ 35 2.1.1.. Libertad e igualdad: una constante tensión en sociedades diversas....................................................................................... 39 2.1.2.. La controvertida noción de cultura y su relación con la identidad............................................................................................... 50 2.1.3.. La relevancia del factor cultural............................................... 62 2.2.. LA INTEGRACIÓN DESDE LA DESIGUALDAD MATERIAL: UN MURO INVISIBLE................................................................................ 73 2.2.1.. La ficción de las políticas de integración................................ 77 2.2.2.. De la integración cívica al giro antiinmigrante....................... 88 2.2.3.. La diferencia vista como amenaza y conflicto......................... 100 2.3.. LA CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO DE REFERENCIA COMPARTIDO............................................................................................... 110 2.3.1.. Neutralidad cultural del Estado e interculturalidad............... 113 2.3.2.. Entre la negación y el reconocimiento de la diferencia......... 125 2.3.3.. La convivencia: requisitos mínimos de la vida en sociedad.... 134
Capítulo 3 LOS RETOS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL ESPACIO PÚBLICO 3.1.. SÍMBOLOS DE PERTENENCIA Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO.. 150 3.1.1.. Símbolos de pertenencia: vestimentas de índole religiosa..... 152 3.1.2.. La presencia de símbolos religiosos estáticos en el espacio público....................................................................................... 177 3.1.3.. El uso de la vía pública para actividades religiosas y culturales.. 193 3.2.. LAS PRÁCTICAS ALIMENTARIAS RELIGIOSAS Y POR CONVICCIÓN: SUS LÍMITES............................................................................. 203 3.2.1.. En los centros educativos.......................................................... 206
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Índice
3.2.2.. En los centros hospitalarios...................................................... 216 3.2.3.. En los centros penitenciarios y de internamiento de extranjeros............................................................................................ 225 3.3.. LA UBICACIÓN DE LUGARES DE CULTO Y CEMENTERIOS....... 236 3.3.1.. Especial atención a las mezquitas y los oratorios.................... 240 3.3.2.. El difícil emplazamiento de los lugares de culto: los espacios multiconfesionales como alternativa........................................... 248 3.3.3.. Cementerios y tanatorios.......................................................... 257
Capítulo 4 LOS RETOS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL ESPACIO PRIVADO 4.1.. EL MATRIMONIO ISLÁMICO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL............................................................................................ 274 4.1.1.. Los efectos jurídicos del matrimonio islámico........................ 275 4.1.2.. La poligamia.............................................................................. 286 4.1.3.. El repudio.................................................................................. 302 4.2.. MATRIMONIOS DE CONVENIENCIA, FORZADO E INFANTIL.... 312 4.2.l.. Matrimonio de conveniencia.................................................... 314 4.2.2.. Matrimonio forzado.................................................................. 325 4.2.3.. Matrimonio infantil................................................................... 341 4.3.. CRÍMENES DE HONOR...................................................................... 352 4.3.l.. El honor como concepto controvertido: una definición desde el marco de Naciones Unidas.............................................. 354 4.3.2.. Los crímenes de honor en el marco del Consejo de Europa. 373 4.3.3.. Crímenes de honor en España................................................. 386
Capítulo 5 REFLEXIONES FINALES
BIBLIOGRAFÍA CITADA................................................................................ 431 OTROS DOCUMENTOS CITADOS.............................................................. 473 JURISPRUDENCIA CITADA.......................................................................... 481
PRÓLOGO Existe una amplia bibliografía sobre las dificultades de gestión de los conflictos propios de la diversidad cultural. Pero, a mi juicio, muy pocos de esos estudios nos proporcionan un enfoque tan acertado como el que ofrece ya desde el mismo título este libro de Ángeles Solanes, profesora y compañera del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, que tengo la satisfacción de prologar. Como asegura la autora en su introducción, coherentemente con lo que propone el subtítulo del libro, su trabajo ha consistido en un triple ejercicio de análisis: «observar la realidad, analizarla y aprehender los retos que plantean las actuales barreras para la convivencia en perspectiva jurídicopolítica». En otras palabras, estudiar, entender y proponer respuestas a «los retos de la diversidad en el espacio público y en el privado». No creo que haya nadie que se permita dudar de que esta es, hoy, una tarea capital desde el punto de vista social, jurídico y político. Diría incluso —y tampoco creo que con ello descubra nada a nadie— que es el más relevante de los desafíos que afrontan nuestras democracias liberales. Unos desafíos para los que la arquitectura jurídica y política de la democracia liberal está mal preparada, pues ha tolerado (nunca mejor empleado ese verbo, detestable a mi juicio como solución adecuada en este contexto) un alto grado de desigualdad, incluso de exclusión de una buena parte de los ciudadanos identificados como diferentes y, por ello, tratados de forma inaceptablemente discriminatoria, al admitir que ese tipo de diferencia justificaba la desigualdad. Desigualdad en el reconocimiento y garantía de derechos. Pero también desigualdad en el acceso y ejercicio del poder. En otras palabras, el principal reto al que me refiero
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es el de transformarse en democracias plurales e inclusivas. Y en semejante tarea, según tratamos de hacer ver algunos desde hace tiempo, no podemos seguir aspirando a servirnos del instrumento del que se valió la incipiente filosofía liberal para tratar de evitar la guerra civil: la tolerancia. No, no podemos seguir anclados en esa herramienta provisoria, un sucedáneo que servía allí donde no había anclado suficientemente la idea de igualdad de derechos desde la diferencia, desde el pluralismo asumido como valor. Hay que afrontar la realidad del conflicto, sin bálsamos paternalistas que en el fondo contribuyen a mantener las situaciones de desigualdad. Más bien, como concluye la autora del libro, «se trata, en definitiva, de apostar por no permanecer indiferente ante el conflicto, ni pretender siempre aniquilarlo por la fuerza del Derecho (solo cuando sea imprescindible), sino de intentar anticiparse a él pensando estratégicamente, lo que supone articular medidas concretas, y gestionándolo cuando surja desde políticas proactivas interculturales». Precisamente por ello, el interés de este libro de una joven pero ya veterana investigadora muy consolidada en este ámbito, como lo es la profesora Solanes, radica en buena medida en estudiar cómo la intervención del Derecho, a través de ese tercero institucional que son los tribunales, puede intervenir para tratar de gestionar los conflictos jurídicos y políticos (que no culturales o identitarios, aunque esa sea su epidermis) propios de la emergente presencia de los agentes de la diversidad cultural. La profesora Solanes, una de las voces más autorizadas en el estudio del Derecho comparado de extranjería, y no solo en el ámbito europeo (conoce como pocos las legislaciones europeas de extranjería, pero también se cuenta entre quienes mejor han analizado lo que podemos aprender del modelo de ‘acomodación’ canadiense), utiliza a lo largo del estudio de los conflictos en el ámbito público y en el privado la jurisprudencia del Tri-
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bunal Supremo, del Constitucional y, sobre todo, del TEDH y del TJUE. Dicho sea de paso, me parece particularmente útil señalar la idoneidad del papel de jueces y tribunales a la hora de ofrecer la respuesta jurídica a las consecuencias de la ruptura de la certeza que proporcionaba un monismo jurídico insostenible no solo por el avance en el reconocimiento del pluralismo político sino, desde luego, por el grado de transformación de nuestras sociedades en lo que, a falta de otra categoría, seguimos denominando «sociedades multiculturales». No hace falta glosar a estas alturas la dificultad del legislador —otrora señor en monopolio del Derecho, de la ley como arquetipo de lo jurídico— para hacer frente a esa verdadera revolución social, que no tiene como únicos agentes a los extranjeros asentados establemente en todas y cada una de nuestras sociedades, sino a la toma de conciencia de que los ciudadanos somos capaces de actuar por nosotros mismos y junto a otros desde muy diferentes perspectivas y roles. Basta pensar en la revolución cultural y social que produce la toma de conciencia del vínculo entre la cultura jurídica y la perspectiva patriarcal, impugnada desde los estudios de género que impugnan la supuesta validez universal del discurso jurídico construido trabajosamente desde fines del xviii hasta el último tercio del xx. Todo eso conduce a la paradoja del recurso al activismo judicial, como si entregar ese ‘señorío’ del Derecho a los tribunales fuera la única posibilidad que le quedara al viejo invento romano para mantener su utilidad, su necesidad social, en sociedades que ya no responden a las claves a las que trataba de responder ese Derecho de los iuris prudentes. Convertir a los iuris prudentes en señores del Derecho es siempre una tentación, ya severamente criticada por los impugnadores del RichterStaat. Pero, por mucho que reivindiquemos (y yo lo hago) que los verdaderos señores del Derecho deben ser los ciudadanos, que lo impulsan desde ese motor de profunda raigambre democrática que es la lucha por el Derecho, pasar
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de ese riesgo al del ‘populismo jurídico’, la superación del sentido del Derecho de los iuris prudentes por el sentimiento de lo justo que proclama la calle, me parece salir de Escila para caer en Caribdis. En sociedades abiertas en las que los agentes de la pluralidad cultural se multiplican y acrecientan la publicidad de sus demandas que, además, deben ser satisfechas de inmediato (como corresponde a la lógica de las redes sociales que circulan a la velocidad del clic instantáneo y consideran una ofensa cualquier respuesta que no se produzca en la misma unidad de tiempo), ese riesgo del populismo jurídico debe ser bien medido. A mi juicio, supone hoy quizá la más grave amenaza para los costosos logros del Estado de Derecho y del garantismo, precisamente porque en no pocos casos cabalga sobre la lucha por causas justas (el ejemplo más claro me parece el del feminismo), pero puede incurrir en el exceso de servirse de ellas para desbordar el sistema de garantías construido sobre el equilibrio de la separación de poderes y el respeto al tiempo distinto de la acción propia de los tribunales de justicia. Diría que hay dos argumentos más que prueban el acierto del libro de la profesora Solanes, que destacará entre los estudios sobre el papel del Derecho ante los conflictos de la pluralidad cultural creciente derivada de la movilidad migratoria, pero también a propósito de ese hilo rojo que es la respuesta jurídica como expresión del prejuicio cultural y específicamente religioso frente a los derechos de las mujeres. En primer lugar, señalaría el uso del plural (los derechos y las culturas) y, además, el énfasis en la condición de titulares de derechos de los sujetos que se ven envueltos en los conflictos de los que aquí se ocupa. La profesora Solanes es explícitamente consciente de que nos plantea el examen de conflictos relacionados con la copresencia en un mismo espacio de soberanía —en el sentido sobre todo jurídico— de diferentes culturas, en plural. Esto
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es, rompe con el prejuicio habitual de que los conflictos que vivimos suponen un enfrentamiento binario, casi maniqueo: de una parte, nuestros valores (los buenos, los verdaderos, los que han hecho posible la democracia y los derechos humanos), frente —de otro lado— a los disvalores que nos amenazan con la llegada de los que vienen de fuera. Ese planteamiento ignora que en nuestro lado hay también pluralidad, diversidad e incluso cada vez más en la medida en la que la democracia estimula el desarrollo de la libertad: no existe una cultura española, para decirlo claro y de una vez. La nuestra, la sociedad de acogida, es plural a su vez. Y, por supuesto, frente a esa ficción de que lo que llega con los flujos migratorios es homogéneo (un mixtum islamo/árabe/ africano, que de suyo ya constituye un disparate), lo cierto es que nos llegan diferentes culturas. Y lo más importante, que en el contacto, en el intercambio, todos nos transformamos, aumentando así la pluralidad, la diversidad. Los estudios sobre la diferencia específica que constituye el islam inmigrado, para poner solo un ejemplo, así lo demuestran. Por eso, creo que acierta la autora cuando escribe que ha tratado de prestar especial consideración a aquellos conflictos «que sirven como ejemplo para mostrar la ficción que supone la articulación de un espacio público pretendidamente homogéneo, que representa los valores de una democracia formal pero no material». Advierte además, desde sus páginas de introducción, que esta identificación exclusiva de la pluralidad cultural como producto sobrevenido de las migraciones es un grave error (en el que, por ejemplo, añadiré, de mi parte, incurre el muy citado Sartori). Es el error característico del orientalismo denunciado por Said y retomado agresivamente por Hungtinton en su nueva formulación de la vieja tesis del conflicto de civilizaciones. Recientemente, se ha recordado el carácter anticipatorio que tuvo una monografía de 1996 del profesor
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Remiro Brotons, Civilizados, bárbaros y salvajes en el nuevo orden internacional, en la que el respetado iusinternacionalista explicaba cómo la pretendida novedad de Hungtinton sobre el conflicto de civilizaciones no era en realidad otra cosa que la reiteración del lenguaje decimonónico que contrapone la civilización y la barbarie, la verdadera cultura (la occidental) frente a los salvajes, y cuyo objetivo real no era otro que asentar el ‘nuevo orden mundial’ impulsado por la administración norteamericana de los presidentes Bush, padre e hijo, sobre todo el segundo a través de esas guerras de civilización supuestamente justificadas por la necesidad de respuesta frente a la amenaza global del terrorismo internacional y sus agentes, talibanes o iraquíes. Se trataría, una vez más, de la reedición de la dominación, eurocéntrica primero y luego occidental, de marcados rasgos imperialistas y coloniales. O si se prefiere, la consagración del proyecto imperial enarbolado por el premio nobel británico Rudyard Kipling en su conocido poema de 1899 The white man’s Burden. Pero, además, como señala nuestra autora, ese plural al que aludía antes como uno de los aciertos de este trabajo se refiere a los sujetos de los conflictos, que no son las culturas, sino los individuos, los ciudadanos, aunque en buena parte de los casos el problema comienza precisamente porque no solo no se les considera ciudadanos, sino que se les regatea el reconocimiento y garantía de derechos de los que son (debieran ser) inequívocamente titulares. Aún peor, no son considerados en su individualidad —la máxima expresión de pluralidad— sino como miembros de unas culturas construidas a su vez como amenazas. No vemos a Mohammed o a Souad, sino a un/una islámico/a, sobre el cual hemos acumulado nuestra ignorancia y nuestros prejuicios y a quien negamos su condición de sujeto individual, libre e igual. No, como subraya la profesora Solanes en las últimas páginas del libro, «es obligado situar en el primer
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plano al individuo como sujeto de derechos y no como objeto de regulación normativa, para así tomar conciencia de las diferencias, tratar de comprenderlas como primer paso para reconocerlas políticamente y tutelarlas jurídicamente desde todas sus perspectivas». No quiero terminar sin sugerir que quienes están interesados en las respuestas a la gestión de los retos de la diversidad, en el ámbito público y en el privado, deberíamos avanzar en el análisis de otra categoría que puede complementar las conclusiones bien perfiladas y argumentadas que presenta este trabajo. Me refiero al mestizaje. Creo que es hora de insistir en el mestizaje sobre todo en su dimensión normativa, para seguir avanzando en las respuestas a la diversidad. Así lo propone Sami Naïr, que señala cómo el mestizaje puede ayudar a concretar la estrategia de la interculturalidad y dotarla de sentido. Nos encaminamos hacia sociedades en que la diversidad se transforma en mestizaje y eso lo encarnan, aquí sí que hay que devolverles la centralidad, los inmigrantes asentados, esos vecinos que, si sabemos ayudar a convertir en nuevos ciudadanos, nuevos titulares de una ciudadanía de raíces y perfiles mestizos, pueden ser una potente palanca transformadora. Ese negro senegalés de la calle que ha de ser reconocido como español negro, algo que los EE.UU. aún tienen que aprender. Esas serían también las más potentes vacunas contra la xenofobia y el racismo que vuelven a amenazar a Europa como en sus horas más sombrías. Javier de Lucas
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INTRODUCCIÓN La coexistencia en las sociedades modernas definidas por una marcada diversidad como situación fáctica, influida por múltiples factores, no es una cuestión nueva. Sin embargo, se trata de un viejo debate que exige nuevas perspectivas. Los múltiples retos de la pluralidad cultural se sitúan ahora en el intento de gestionarla para conseguir una interacción enriquecedora, constructiva y respetuosa con los derechos humanos, especialmente con la libertad y la igualdad. Cualquier propuesta que se realice para intentar conseguir una convivencia pacífica, destinada a ir más allá de la mera coincidencia en un espacio físico, está destinada a generar problemas, enfrentamientos y conflictos ineludibles, pero en buena medida previsibles, negociables y resolubles. La gestión de los conflictos en sociedades multiculturales ha trascendido en diversos sectores de la opinión pública y, de forma paulatina, se han ido implementando medidas coyunturales para buscar fórmulas de cohesión social. En el caso de España, por el momento, la baja intensidad de las confrontaciones no ha permitido ahondar en el debate como ha ocurrido en otros países europeos con mayor trayectoria multicultural. Los foros de discusión a nivel europeo se han centrado mayoritariamente, al abordar la diversidad cultural, en unirla a la inmigración y de ahí a la política de control de fronteras y mercado de trabajo, focalizando los puntos de interés en la necesidad de contener cuantitativamente el volumen de flujos migratorios y perseguir la irregularidad de la movilidad. Se ha dejado así sistemáticamente desatendidas cuestiones de fondo como son el alcan-
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ce general de la igualdad de derechos y la integración efectiva de los inmigrantes, así como la garantía de libertades específicas como las de pensamiento, conciencia, religión, expresión e información en sociedades culturalmente diversas. Asimismo, ha sido notable la falta de consenso político o de la opinión pública sobre alternativas para afrontar, más allá de un discurso xenófobo o racista, los problemas o confrontaciones vinculados a la diversidad. A la hora de articular propuestas para procurar vertebrar un pluralismo inclusivo, al menos como objetivo teórico, se ha incurrido de forma persistente en dos errores principalmente. En primer lugar, la consideración equívoca de que la diversidad en el ámbito cultural, y dentro de él en el religioso, es una cuestión estricta del derecho de extranjería, hasta que los potenciales conflictos en Europa han puesto en cuestión la eficacia de las políticas de integración. Y, en segundo lugar, el obviar fenómenos de gran trascendencia como el aumento de la población musulmana, en cuanto minoría creciente integrada también por autóctonos y asentada en muchas ciudades europeas —incluidas las españolas— y, por otra parte, la segregación, la marginalización, la discriminación y las actitudes racistas o xenófobas hacia los inmigrantes, incluso cuando han adquirido el estatuto jurídico de nacional. En el contexto europeo, las denominadas políticas de integración de (o con) los inmigrantes no han producido los resultados esperados ni han impactado en la población para generar un clima de respeto y garantía de los derechos humanos. La integración de la población inmigrante de manera impositiva y la generación de un contexto marcado por políticas restrictivas (en las que los elementos en buena medida también simbólicos respecto a la cultura y la identidad han adquirido una especial relevancia y la figura del
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inmigrante ha sido estigmatizada) se han convertido en instrumentos de dudosa eficacia. Así, han abundado los discursos interesados en la constatación cuantitativa de datos, hechos o factores sociales para medir el éxito o fracaso de dichas políticas, y la disparidad de medidas tendentes a la prohibición parcial o general de ciertas prácticas culturales consideradas dañinas, sin que ello haya servido para resolver desigualdades sociales complejas. Los cada día más acuciantes desafíos identitarios propios de la diversidad, el vínculo de estos con el orden público o los principios fundamentales de los modernos Estados democráticos de Derecho (como la igualdad, el pluralismo o la laicidad) y su relación con sentimientos latentes —como, entre otros, el de reivindicación nacional—, ponen en evidencia las dificultades a la hora de establecer valores comunes en un mundo fragmentado. Como se analizará en este estudio, existen diferentes elementos de potencial conflicto, que junto al contexto de crisis y al desmantelamiento del Estado de bienestar, como señala De Lucas1, hacen verosímil un repunte del discurso xenófobo, ya que la forma de tratar estos conflictos exige recursos humanos y materiales, y cuando esa inversión igualitaria y redistributiva no se produce pasamos al malestar social y a las patologías que afectan a todas las categorías sociales, acudiendo al miedo y a la preferencia nacional. De ahí la imperiosa necesidad de articular políticas públicas e implementar medidas que permitan construir una convivencia pacífica y respetuosa con los derechos humanos, afron1
DE LUCAS, J., «Sobre los fundamentos de la igualdad y del reconocimiento. Un análisis crítico de las condiciones de las políticas europeas de integración ante la inmigración», en VV. AA., Inmigración e integración en la UE. Dos retos para el siglo xxi, Eurobask, Bilbao, 2012, pp. 11-92, pp. 51-52.
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tando y gestionando los posibles conflictos como se propone en este estudio. Este libro ha sido realizado en el marco del proyecto I+D+i DER2015-65840-R (MICINN/FEDER) «Diversidad y Convivencia: los derechos humanos como guía de acción», financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, identificado bajo el acrónimo Multihuri (Multicultural Human Rights) y que lidero como investigadora principal. El equipo de investigación que integra esta propuesta aglutina siete universidades españolas. Así, bajo la dirección del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, forman parte de esta propuesta investigadores de las universidades de Alcalá, Almería, Rovira i Virgili, Deusto, Salamanca y Castilla la Mancha. En el ámbito internacional participan la Universidad de Paris (Sorbonne) y la Università degli Studi di Milano, así como el Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS, University of Oxford), el Centre de Recherche sur les Identités Nationales et l’Interculturalité (CRINI, Université de Nantes) y el Centre d’Études Ethniques des Universités Montréalaises (CEETUM, Université de Montréal). Este proyecto trabaja sobre tres ejes fundamentales de acción: los derechos sociales (educación y salud), el ámbito familiar (por ejemplo, para afrontar realidades como los matrimonios forzados y los crímenes de honor) y la utilización (en cuanto delimitación) del espacio público (en casos tan mediáticos como el del uso del velo integral, pero también en otros latentes como la organización del ocio o la distribución de los centros religiosos). Sobre estas dos últimas líneas se centra este trabajo. Todo ello con la finalidad de construir un modelo de convivencia que en sociedades multiculturales y diversas atienda, como guía de articulación normativa y de políticas públicas, al estricto respeto a los derechos hu-