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Arely Gómez González, con su experiencia en los tres Poderes de la Unión, presenta esta obra y destaca: “los autores exponen sus diversos puntos de vista, así como las experiencias profesionales que han ido desarrollando en estos temas dentro de la administración pública, su importancia y relación con la nueva normatividad del Sistema Nacional Anticorrupción, fomentando la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana dentro de los procedimientos que se llevan a cabo en las contrataciones públicas.”

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LAS ADQUISICIONES EN EL ESTADO MEXICANO

CARLOS MATUTE (Coordinador)

La contratación pública representa del 7% al 10% del PIB y entre el 30% y 40% del presupuesto de egresos de la Federación. Es una paradoja que, especialmente en lo relativo a las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, no haya una amplia literatura jurídica sobre el particular. Esta obra colectiva pretende llenar este vacío. Lo destacable es que no sólo se refiere al Poder Ejecutivo. Incluye al sector público ampliado que además del gobierno incluye a los otros poderes y los organismos constitucionales autónomos. Los autores revisan la Ley, que aplica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y también la regulación propia de la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

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LAS ADQUISICIONES EN EL ESTADO MEXICANO

Este libro expone con sencillez lo complejo. Revela que sus autores conocen de la materia. Abre vetas a la investigación. Siembra inquietudes. Es una invitación a conocer más sobre las adquisiciones en el Estado Mexicano.

CARLOS MATUTE (Coordinador)

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LAS ADQUISICIONES EN EL ESTADO MEXICANO

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LAS ADQUISICIONES EN EL ESTADO MEXICANO

Coordinador

CARLOS MATUTE Autores

Alejandro Manuel González García Carlos Fernando Matute González Everardo Silvestre Tiro Sánchez Germán Sergio Merino Conde Javier Vargas Zempoaltecatl

Juan Alberto Galván Trejo Laura Ruíz García Mario Alberto Fócil Ortega Sandra Guadalupe Pawoli Gómez Sergio E. Huacuja Betancourt

Colaboradores

Aída Rodríguez Cruz Alejandro Luna Ramos Juan Carlos Jiménez Ángeles Óscar Everardo Ibarra Martínez Ricardo Alfredo Peralta Martínez

Ciudad de México, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-099-3 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice Prólogo............................................................................................................ 9 Mtra. Arely Gómez González

Estudio introductorio de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en el Estado mexicano............................................... 15 Carlos Fernando Matute González

Antecedentes y estructura de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público..................................................................... 93 Sergio E. Huacuja Betancourt Germán Sergio Merino Conde

La contratación pública como herramienta estratégica para un buen gobierno........................................................................................................ 179 Javier Vargas Zempoaltecatl

El derecho administrativo sancionador como mecanismo de realización de los principios del artículo 134 constitucional (Tmx 256779): una revisión de su definición por parte del tribunal constitucional mexicano........................................................................................................... 219 Alejandro Manuel González García

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios en el derecho comparado. Una aproximación desde la experiencia en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión..................................................... 253 Juan Alberto Galván Trejo

Estrategias efectivas en materia de adquisiciones implementadas en el instituto federal de telecomunicaciones................................................. 273 Mario Alberto Fócil Ortega Juan Carlos Jiménez Ángeles Oscar Everardo Ibarra Martínez Ricardo Alfredo Peralta Martínez

Normatividad en materia de contrataciones públicas en el Consejo de la Judicatura Federal..................................................................................... 297 Laura Ruíz García

Anexos Anexo I A. Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos........................................................................................... 337 Carlos Fernando Matute González

Índice

B. Acuerdos de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Prestación de Servicios en el Poder Judicial de la Federación.............. 339 Carlos Fernando Matute González

Anexo II. Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas de las Universidades Públicas....................... 341 Carlos Fernando Matute González

Anexo III. Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas de las Empresas Productivas del Estado. 343 Carlos Fernando Matute González

Anexo IV. Particularidades de los procedimientos de contratación en el Poder Ejecutivo Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.. 345 Everardo Silvestre Tiro Sánchez

Anexo V. Cuadro comparativo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 4 de enero de 2000 y del 10 de noviembre de 2014................................................................................... 377 Sandra G. Pawoli Gómez

Autores............................................................................................................ 479

Prólogo Mtra. Arely Gómez González La contratación en la Administración Pública Federal (APF) es la manera mediante la cual el gobierno brinda servicios a través de terceras personas para cumplir con sus fines. A nivel global esta práctica constituye aproximadamente el 15% del Producto Interno Bruto (PIB), en México las compras gubernamentales corresponden entre el 30% y 40% de los gastos del gobierno, lo que equivale del 7% al 10% del PIB, es decir, alrededor de 800 mil millones de pesos1. La eficacia para controlar y vigilar el buen manejo de los recursos destinados a atender las necesidades de la sociedad depende de la capacidad de las normas de gestión; para auditar su cumplimiento con seriedad, imparcialidad, rigor y profundidad; atender con diligencia las denuncias de violaciones a las leyes; a los derechos de quienes compran y venden al Estado; resarcirlos y prever y sancionar su atropello2. El crecimiento y desarrollo de las labores administrativas en el Estado Mexicano han generado crecientes grados de complejidad en el manejo, aprovechamiento y transparencia de los recursos públicos de que dispone. Esta condición, no prevista por el Constituyente de 1917, hizo necesaria la reforma al texto fundamental, para que en 1982 se introdujeran disposiciones específicas que regularan y exigieran el manejo de los recursos con eficiencia, eficacia, honradez, economía y transparencia, para satisfacer los ob-

https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Transparencia_Publicas.pdf consultado el 09 de octubre de 2017. 2 Exposición de motivos de la reforma al artículo 134 constitucional en 1982.

Arely Gómez González

jetivos a los que estén destinados, tal como dispone la redacción vigente del artículo 134 constitucional3 (Tmx 256779). Esta compilación de estudios realizados por expertos en contrataciones públicas nos permite conocer sobre la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) en algunos órdenes de gobierno, se presenta una visión que va de lo general e histórico a lo especifico y particularizado, sobre la forma y regulación de lo que se ha dado en la ya mencionada contratación pública. Carlos Matute González, Javier Vargas Zempoaltecatl, Alejandro Manuel González García, Sergio E. Huacuja Betancourt, Germán Sergio Merino Conde, Juan Alberto Galván Trejo, Mario Alberto Fócil Ortega, Juan Carlos Jiménez Ángeles, Oscar Everardo Ibarra Martínez, Ricardo Alfredo Peralta Martínez, Laura Ruíz García, Everardo Silvestre Tiro Sánchez y Sandra Pawoli Gómez se dieron a la tarea de plasmar sus experiencias y análisis sobre un tema que todos ellos conocen muy bien, ya sea como responsables directos de las adquisiciones del Gobierno Federal o bien como estudiosos de la materia. El objetivo principal de LAASSP es reglamentar la aplicación del artículo 134 constitucional (Tmx 256779) en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles, y prestación de servicios que realicen las unidades administrativas de la Presidencia de la República; las Secretarias de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; la Procuraduría General de la República; los organismos descentralizados; las empresas de participación estatal mayoritaria; los fideicomisos en que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y las entidades federativas, municipios y entes públicos con cargos total o parcial a recursos federales4.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Principios establecidos en el artículo 134. 4 LAASSP. Artículo 1º (Tmx 257571).

Prólogo

Carlos Matute González, en el estudio introductorio, hace una breve explicación de la diversidad normativa en el sector público ampliado y demuestra que los principios del artículo 134 constitucional (Tmx 256779) y los propios del procedimiento de licitación están presentes tanto en la LAASSP como en los acuerdos generales o lineamientos aplicables a sujetos que no se ciñen a la misma. Recorre las etapas de la contratación pública, a saber, la planeación, programación y presupuestación; la selección del contratista, la suscripción del contrato y la ejecución del mismo y su finiquito. Conviene destacar, que este autor, se da a la tarea de identificar las normas para los mencionados momentos de la contratación pública en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La LAASSP en palabras de Huacuja Betancourt y Merino Conde, examina con atención los procedimientos de contrataciones públicas, ya que consideran que, al poseer la cuantía de los recursos públicos, es un área de riesgo donde la transparencia proactiva y la participación ciudadana previenen actos y prácticas indebidas. Las adquisiciones en la administración pública pueden ser objeto de mejora continua, especialmente cuando las experiencias demuestran que existen distintas formas de llegar a un mismo resultado, mediante la aceleración de los procesos y la regulación de ellos en la norma. Un ejemplo de ello es el sistema CompraNet de la Secretaria de la Función Pública (SFP) que incluye la información pública relativa a la planeación de las contrataciones y la ejecución de los contratos que regula la LAASSP. De esta manera coadyuva a mejorar las adquisiciones en la APF y también previene y combate los hechos de corrupción ejecutados por particulares o servidores públicos. El estudio de Vargas Zempoaltecatl se aboca en la comprensión de la problemática jurídica que se encuentra implícita en el desarrollo y regulación de las adquisiciones en nuestro país. Hace énfasis en la contratación pública e indica que ya no es un solo trámite ni un procedimiento administrativo, sino que es un pilar

Arely Gómez González

fundamental para el buen gobierno por tratarse de la manera en que el Estado va a adquirir distintos bienes y servicios para cumplir con sus fines. Galván Trejo realiza un análisis sobre la funcionalidad de la contratación en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de Diputados, las áreas de oportunidad identificadas y un estudio de derecho comparado con países como Bolivia y Costa Rica. La Cámara de Diputados cuenta con la “Norma de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Cámara de Diputados” la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el quince de febrero de dos mil seis que tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza que realiza la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, cuyo procedimiento de contratación no se encuentra regulado en forma específica por otras disposiciones legales5. El Poder Judicial de la Federación no es ajeno al imperativo constitucional, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, en uso de su autonomía, han gestado normas específicas que tienen como propósito alcanzar las cualidades exigidas por la ley fundamental. En este sentido, Ruiz García se aboca al análisis de las condiciones reales y normativas dentro de las que se llevan a cabo los procedimientos de adquisiciones en el Poder Judicial de la Federación, llevándonos con detalle y cuidado por la evolución que ha sufrido a través de los diversos acuerdos que el Pleno del Consejo de la Judicatura ha publicado sobre la materia donde se

Objetivo establecido en el artículo 1° de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados (Tmx 705172) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2006.

Prólogo

establecen las bases para que la contratación pública se encuentre en armonía con el artículo 134 constitucional (Tmx 256779). Por su parte, González García realiza un estudio del carácter sancionador con el que actúa el Estado frente a los particulares que violentan alguna disposición normativa. Señala que las penas sirven para garantizar la ejecución de la ley, prevenir o reprimir conductas ilícitas, garantizar el cumplimiento coactivo, entre otras particularidades. De esta manera al hablar de contrataciones públicas y sus sanciones por incumplimiento, estamos hablando de un derecho administrativo sancionador. En este compendio los autores exponen sus diversos puntos de vista, así como las experiencias profesionales que han ido desarrollando en estos temas dentro de la APF, su importancia y la relación con la nueva normatividad del Sistema Nacional Anticorrupción, fomentando la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana dentro de los procedimientos que se llevan a cabo en las contrataciones públicas. Es por lo anterior que reconozco y felicito a los colaboradores de esta obra por su valioso esfuerzo, deseándoles el mayor de los éxitos en la difusión de este compendio que sin duda contribuirá al mejoramiento de los procedimientos de contratación pública dentro de la APF.

Estudio introductorio de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en el Estado mexicano Carlos Fernando Matute González En este libro se exponen y describen los antecedentes, evolución y contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)1, así como la normatividad del Consejo de la Judicatura Federal, la Cámara de Diputados y el Instituto Federal de Telecomunicaciones en la materia, a manera de ejemplo de la regulación de otras entidades públicas no sujetas a la referida ley reglamentaria del artículo 134 constitucional (Tmx 256779). En este apartado introductorio, se analizará la complejidad de la normatividad en la materia en el sector público ampliado, algunos aspectos de la contratación pública, con base en la forma en que se regula en la LAASSP, que ha servido de modelo a las disposiciones de otras entidades públicas, y los efectos de la multiplicidad de administraciones públicas en la contratación pública.

1. EL SECTOR PÚBLICO AMPLIADO Y LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO En 2007, en el libro La Obra Pública en el Estado mexicano2, afirmaba que el artículo 134 de la Constitución (Tmx 256779),

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero de 2000. Matute González, Carlos. Los contratos de obra pública en el Consejo de la Judicatura Federal en la Obra Pública en el Estado Mexicano. Porrúa-Universidad Panamericana, México, 2007, pp. 65 y ss.

Carlos Fernando Matute González

relacionado con las contrataciones públicas, era aplicable a los Poderes Legislativo y Judicial por analogía en la medida que el texto vigente en ese año establecía: “Los recursos económicos de que disponga el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados...”

En la obra mencionada, como sucede con este libro, se expone el contenido de diversas regulaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios públicos de los entes públicos que integran al Estado Mexicano distintas a la Ley que norma este tipo de contrataciones en el gobierno federal y su administración pública paraestatal. Hay capítulos destinados a la revisión de la normatividad en el Poder Judicial de la Federación (Consejo de la Judicatura Federal), Poder Legislativo (Cámara de Diputados) y Órganos Constitucionales Autónomos (Instituto Federal de Telecomunicaciones). La génesis de las leyes relacionadas con las contrataciones es relativamente reciente y está vinculada con el combate a la corrupción y el desvío de recursos públicos. En la exposición de motivos de la iniciativa del proyecto de la LAASSP, presentada por el Ejecutivo Federal, en 1982, se hizo hincapié en la moral que deben tener todos los servidores públicos al momento de desempeñar sus actividades y la necesidad de crear bases sólidas para prevenir y sancionar la corrupción, renovando las leyes e instituciones. Esta era parte de una estrategia mayor de renovación moral de la sociedad que incluyó la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación3, la emisión de una Ley Federal

Decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial Federación el 29 de diciembre de 1982. “ARTÍCULO 32 BIS.– A la Secretaría de la Contraloría General de la Federación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental. Inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; II. Expe-

Estudio introductorio de las adquisiciones, arrendamientos y servicios...

dir las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Federal. La Secretaría, discrecionalmente, podrá requerir de las dependencias competentes, la instrumentación de normas complementarias para el ejercicio de facultades que aseguren el control; III. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; IV. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control; V. Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal; ...VIII. Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos de control que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan con las normas y disposiciones en materia del sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal; ...X. Designar a los auditores externos de las entidades y normar, y controlar su actividad: XI. Proponer la designación de comisarios o sus equivalentes en los órganos de vigilancia en los consejos o juntas de gobierno y administración de las entidades de la Administración Pública Paraestatal; XII. Opinar sobre el nombramiento, y en su caso, solicitar la remoción de los titulares de las áreas de control de las dependencias y entidades. Tanto en este caso, como en las de las dos fracciones anteriores, las personas propuestas o designadas deberán reunir los requisitos que establezca la Secretaría; ...XV. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores de la Administración Pública Federal y verificar y practicar las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las leyes y reglamentos; XVI. Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de acuerdos, convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de acuerdo con las normas que se emitan; XVII. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos para constituir responsabilidades administrativas aplicar las sanciones que correspondan en los términos que las leyes señalen, y en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público prestándole para tal efecto la colaboración que le fuere requerida; XVIII. Vigilar el cumplimiento de las normas internas de la Secretaría, constituir las responsabilidades administrativas de su personal aplicándole las sanciones que correspondan y hacer al efecto las denuncias a que hubiere lugar, y XIX. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos”. Estas son las facultades relacionadas directamente con el combate a la corrupción. Hay que hacer notar que es la dependencia responsable de verificar el

Carlos Fernando Matute González

de Responsabilidades de los Servidores Públicos4 y la imposición de la obligación de presentar la declaración patrimonial a los servidores públicos responsables del manejo de recursos, electos o titulares de órganos de mando, registrada en la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y verificada por ésta. La evolución integral de la LAASSP debe abordarse desde cuatro perspectivas: a) la ampliación del concepto de sector público y la inclusión en éste de los entes no gubernamentales o semi-gubernamentales, b) los principios y fines de la contratación pública, c) la ampliación de la definición de servidor público, y d) la integralidad de la contratación pública, tomando en cuenta los elementos de control y evaluación del desempeño como son, entre otros, los sistemas de compras guberna-

cumplimiento de las normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y recursos materiales de la APF. Decreto por el que se crea la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicado en el Diario Oficial Federación el 31 de diciembre de 1982. “ARTÍCULO 2º (Tmx 259295).– Son sujetos de esta Ley, lo servidores públicos mencionados en el párrafo primero y tercero del artículo 108 Constitucional todas aquellas personas que manejen o aplique recursos económicos federales.” Decreto de reformas y adiciones al título cuarto que comprende los artículos del 108 al 114; así como los artículos 22, 73 fracción VI base 4a., 74 fracción V, 76 fracción VII, 94, 97, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial Federación el 28 de diciembre de 1982. “Artículo 108.– Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros de los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, a los funcionarios y empleados, y, en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, quienes serán responsables Por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones... Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales y los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales...”

Estudio introductorio de las adquisiciones, arrendamientos y servicios...

mentales y de evolución patrimonial de los servidores públicos. La reforma constitucional al artículo 108 de 1982, así como la promulgación de ley secundaria relacionada eran una respuesta a la insuficiente regulación de la gestión gubernamental y la falta de mediciones objetivas del desempeño del servidor público, quien no estaba sometido a un régimen preciso de responsabilidades, ni había procedimientos para una rendición de cuentas efectiva que permitiera la verificación de la subordinación de la acción de las entidades públicas a los intereses colectivos de la sociedad5. En la legislación secundaria de dicha reforma constitucional, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos6, se precisaron los tipos de responsabilidades en las que podían incurrir los servidores públicos: a) la responsabilidad política, cuando incurrieran en actos u omisiones que redundaran en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, que se aplicaba mediante un juicio ante los órganos de representación ciudadana; b) la responsabilidad penal ordinaria, para cuya aplicación se requería el juicio de procedencia o desafuero; c) la responsabilidad civil, que era atribuible a cualquier servidor público que actuara ilícitamente y, por tanto, tuviera la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados, y d) la responsabilidad administrativa por los actos u omisiones que afectaran la legalidad, honradez, lealtad imparcialidad y eficiencia que debían observar en el desempeño de sus

Ver Cifuentes Vargas, Manuel. El artículo 134 constitucional y las adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios, obras públicas y enajenación de bienes del Estado. FONACOT, México, 1991. Este autor hace una síntesis de los antecedentes constitucionales en el siglo XIX Publicada en el Diario Oficial Federación el 31 de diciembre de 1982 y derogada parcialmente por Decreto publicado en el Diario Oficial Federación el 10 de enero de 1994.

Carlos Fernando Matute González

funciones, que se exigía en los términos de la ley correspondiente7. Por otro lado, era inaplazable regular de manera adecuada la forma en que se determina al co-contratante del gobierno para obtener las mejores condiciones de precio, financiamiento, oportunidad, calidad y demás circunstancias pertinentes8, así como las etapas para garantizar el mejor aprovechamiento de los recursos —la planeación y presupuestación, la adjudicación (concurso con sobre cerrado), la contratación y la ejecución del contrato (modificaciones y terminación), así como algunas reglas generales y los procedimientos de verificación, información, inconformidad o revisión de la actuación del ente público contratante. En ese sentido, en la exposición de motivos el Poder Ejecutivo consignó: “No es compatible servir en puestos públicos y simultáneamente tener negocios cuya actividad se funda en relaciones económicas con el gobierno. Esta dualidad es inmoral: o se gobierna o se hacen negocios. Los empleos, cargos comisiones en el servicio público no deben ser botín de nadie, sino salvaguarda de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia con que habrá que servir los intereses del pueblo”9.

Este propósito requería de una norma que ordenara y homologara las contrataciones en la Administración Pública Federal (APF), así como estableciera principios de contratación que garantizaran la libre concurrencia, la igualdad, la publicidad y la oponibilidad en los procedimientos licitatorios10.

El Poder Judicial de la Federación en el devenir constitucional de México. 100 Aniversario Constitución 1917. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917. Compilación cronológica de sus modificaciones y procesos legislativos. Exposición de motivos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México. 2015. 8 Ver el capítulo infra de Sergio Huacuja et al. 9 El Poder Judicial de la Federación en el devenir constitucional de México. Op. cit. 10 Manuel Lucero en su libro la Licitación Pública menciona y explica los principios jurídicos que deben seguirse en la licitación, los cuales son los si-