TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y DERECHO
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Belén Campuzano Laguillo
Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Owen M. Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y DERECHO
OSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ CARLOS OMAR AGUILAR NAVARRO Coordinadores
Ciudad de México, 2017
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Director de la Colección:
LORENZO COTINO HUESO Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Coordinador de Derecho TIC, Red de Especialistas de Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación, www.derechotics.com
© Oscar Javier Solorio Pérez Carlos Omar Aguilar Navarro
© Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco AC Av. Normalistas 800, Colinas de la Normal 44270, Guadalajara, Jalisco, México caguilar@ciatej.mx (01 33) 3345 5200, ext. 2202 ISBN: 978-607-97421-9-5 © EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, PH Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Tel.: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9143-626-3 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
Créditos institucionales: DR. ENRIQUE CABRERO MENDOZA Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
DRA. JULIA TAGÜEÑA PARGA Directora Adjunta de Desarrollo Científico
DRA. VERÓNICA EVA BUNGE VIVIER Directora de Redes e Infraestructura Científica
DR. INOCENCIO HIGUERA CIAPARA Director del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco AC
DR. CARLOS OMAR AGUILAR NAVARRO Responsable Técnico de la Red Temática de los Derechos Humanos en la Economía del Conocimiento
Agradecemos el valioso apoyo del Dr. Mario de la Madrid Andrade para la realizaciรณn de esta obra
ÍNDICE INTRODUCCIÓN.................................................................................... 13
I.
Innovación y transferencia de tecnología: más allá de la protección a los derechos intelectuales........................................ 15
Oscar Javier Solorio Pérez
II. Evolución de la protección a los autores e inventores en el derecho internacional de los derechos humanos.......................... 45
Eduardo de la Parra Trujillo
III. El derecho humano a la educación y la propietización de la información en el derecho argentino y comparado...................... 79
Fernando J. Barrio
IV. La propiedad intelectual como derecho humano en la sociedad del conocimiento........................................................................ 99
Irina Graciela Cervantes Bravo
Claudio Antonio Granados Macías
V. Responsabilidad administrativa en materia de vinculación y transferencia de conocimiento (elementos que tutelan el derecho humano de la libre concurrencia del investigador)...................... 119
Jessica Cristina Romero Michel
Arianna Sánchez Espinosa
VI. Consideraciones en torno a la relación entre la transferencia de conocimiento y los derechos humanos........................................ 169
César Ricardo Castillo Velazco
VII. Convenio de investigación y desarrollo tecnológico en un marco de derechos humanos.................................................................. 203
Carlos Omar Aguilar Navarro
VIII. Anotaciones sobre la incidencia de la reforma de la ley de patentes en las invenciones realizadas dentro del marco de una relación de empleo o de servicios (“invenciones laborales” en España)....................................................................................... 227
Pilar Íñiguez
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Índice
IX. Negociación de acuerdos de transferencia de tecnología............. 259
Olivia Andrea Mendoza Enríquez
Esteban Santamaría Hernández
X.
Contrato de licencia.................................................................... 295
Adolfo Reyes Velázquez
XI. Contratos de cesión de derechos................................................. 329
José Manuel Magaña Rufino
Introducción La presente obra es un esfuerzo de organizar y sistematizar una importante contribución colectiva a la ciencia. Una contribución a la propia temática que aborda: a la transferencia del conocimiento. Nacida como una iniciativa para abordar aspectos técnicos de la transferencia de tecnología, la obra evolucionó a partir de dos verticales que fueron reforzándose, si no es que construyéndose, de forma posterior al protocolo inicial. Dichas verticales son 1) abordar el fenómeno analizado desde una perspectiva más integral, más holística, desde un paradigma de transferencia de conocimiento, más amplia que la transferencia de la tecnología solamente; y 2) las interacciones que las acciones de transferencia de tecnología, en particular de los derechos de propiedad intelectual con los derechos humanos, en particular a partir de la reforma constitucional que modifica en México el paradigma de control constitucional y de convencionalidad. En este obra se han sumado autores de diversos antecedentes y con diferentes perspectivas, que contribuirán a un tratamiento amplio y más rico de las temáticas abordadas. Aunque se ha procurado mantener la estructura capitular del protocolo inicial, las verticales descritas en el párrafo anterior constituyeron una fuerza que fueron ampliando tanto su alcance como su contenido. Es válido señalar que la presente obra ha tenido una evolución compleja y hasta tortuosa, como ha sido también el desenvolvimiento de la temática que había que desentrañarse para que fuera fácil y asequible al lector, ya que aunque aborda aspectos técnico-jurídicos, esta obra presenta un tratamiento multidisciplinario, al cual entusiasta y comprometidamente han contribuido colega de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Panamericana Universidad de las Américas y Universidad de Colima; y de centros públicos de investigación tales como Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) y el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), así como de instituciones de países hermanos, como es la Universidad de Alicante, de España y la
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Introducción
Universidad Nacional de Rio Negro, de Argentina. Cabe resaltar que los esfuerzos académicos del grupo que ha colaborado para traer esta obra a la luz, han sido articulados por la red temática CONACYT de derechos humanos y economía del conocimiento, quien ha acogido de manera entusiasta esta contribución científica. El lector encontrará en esta obra una valiosa orientación con profundidad técnica, que demás ofrecerá una lectura fácil y por momentos hasta cautivadora para los apasionados de la temáticas abordadas.
I. Innovación y transferencia de tecnología: más allá de la protección a los derechos intelectuales Oscar Javier Solorio Pérez
INTRODUCCIÓN La adopción de políticas públicas y de un marco legal en materia de transferencia de tecnología no ha sido privativo de países desarrollados, y mucho menos de los Estados Unidos, sino que se ha implantado con éxito en países en vías de desarrollo. El estudio de 2013 de Global Innovation Index, realizado por Cornell University, INSEAD, y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para diseñar el Índice Global de Innovación (GII, por sus siglas en Inglés) reconoce la importancia clave de la innovación como motor del crecimiento económico y la prosperidad, reconociendo también la necesidad de adoptar una “visión de un horizonte más amplio que resulte aplicable tanto a economías desarrolladas como emergentes, con la inclusión de indicadores que vayan más allá de la medición tradicional de la innovación”1. Por su parte, el estudio de 2015 señala de manera enfática que “El crecimiento basado en la innovación no es ya una prerrogativa sólo de los países desarrollados. Los países en vías de desarrollo cada vez más diseñan políticas públicas tendientes a incrementar sus capacidades para innovar. Dichas políticas públicas han tomado diferente forma dependiendo de las necesidades percibidas en cada país, y su impacto ha variado dependiendo entre países con niveles similares de desarrollo. Algunos países se las han arreglado para mejorar continuamente sus inputs y outputs de innovación. Otros aún no lo logran”2.
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Cornell University, INSEAD & WIPO, Global Innovation Index 2013. The local dynamics of innovation, Ithaca, p. V. Preface, 2013. Cornell University, INSEAD & WIPO, Global Innovation Index 2013. The local dynamics of innovation, Ithaca, p. V. Preface, 2015.
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El estudio de 2013 abarcó 142 economías, las cuales constituyen 94.9 % de la población mundial, así como 98.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial3. El estudio de 2015 cubre 141 economías, utilizando 79 indicadores para realizar el estudio de cada una de ellas4. Bajo la perspectiva anterior, la generación de tecnología y conocimiento constituye uno de los dos pilares de los productos de la innovación, que sustancialmente influyen en determinar el nivel de innovación de un país. Para el 2013, el aludido estudio determinó que junto con el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), México ha hecho grandes esfuerzos recientemente para incrementar sus indicadores de innovación, ubicándose actualmente en el lugar 63, lo que representa un salto de 16 posiciones respecto a 2012, y de 18 posiciones respecto a 2011. De hecho, el estudio de ese año indica que aquellos países que mejoraron más en el ranking fueron Uganda (+ 28 posiciones), Costa Rica (+ 21 posiciones), Bolivia (+ 19 posiciones), Camboya (+ 28 posiciones), México (+ 16 posiciones), Uruguay (+ 15 posiciones), Indonesia (+ 15 posiciones) y Ecuador (+ 15 posiciones). Cabe destacar que todos los países referidos son clasificados como de bajos ingresos; mientras que México es el único de ingreso medio (middle income), lo cual coloca a México como la quinta economía emergente más competitiva en términos de innovación, disputando los primeros 10 lugares junto con el grupo BRICS y Argentina, Turquía, Malasia y Chile, destacando que estos dos últimos han descendido ligeramente en el índice de 2013 respecto de sus respectivas posiciones el año pasado. En el estudio de 2015, México continúa mejorando para ubicarse en el lugar 57 del ranking global, y es considerada la 3ra economía más innovadora de América Latina, después de Chile y Costa Rica, aunque el tamaño de la economía mexicana tiene una enorme diferencia respecto a las otras dos ya señaladas. El mismo estudio señala que en la región, Brasil, Argentina y México —que son economías de tamaño considerable con base en su PIB— se desempeñan por encima del promedio latinoamericano, pero aún están lejos de mostrar un
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Cornell University, INSEAD & WIPO (2013). Op. cit., p. 7. Cornell University, INSEAD & WIPO (2015). Op. cit., p. xvii.
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alto desempeño, como es el caso de economías más pequeñas como Costa Rica y Guyana. No obstante, en términos retrospectivos, tanto Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y México han tenido un desempeño favorable de manera consistente; sin embargo, hay que destacar que México sobresale en 2015 al ser el único país con evaluaciones superiores a los países de ingreso medio-alto en cada uno de los 7 pilares evaluados este año. Así pues, señalado lo anterior, este trabajo busca analizar las reformas legales y su impacto en las políticas públicas más significativas que han contribuido a tales resultados.
1. GÉNESIS DE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Si bien algunos colegas especialistas apuntan, con toda razón, que la rama jurídica del derecho de la propiedad intelectual es muy joven en México aun cuando no lo es tanto en países desarrollados, a pesar del renovado interés que en las pasadas tres o cuatro décadas ha tenido esta materia de manera generalizada; lo mismo puede decirse de la innovación y la transferencia de conocimiento como áreas sustantivas del derecho y como materias de estudio que son más nuevas aún. No obstante, la puerta de entrada a estos conceptos que están tan de moda hoy en día, como lo es la innovación y la transferencia de conocimiento (o como se le denomina de manera más común: “transferencia de tecnología”)5, es la ciencia y la tecnología. La visión académica que imperó por lo menos hasta bien entrada la década de los 90 en muchos círculos académicos de Instituciones de
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A nivel terminológico vale la pena precisar que, tal y como se explicará más detalladamente, la transferencia de tecnología es un concepto más restringido, el cual junto con la transferencia de resultados se encuentran englobados dentro del concepto de transferencia de conocimiento.
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Educación Superior (IES)6 así como de Centros de Investigación (CI)7, es que las actividades de investigación, que forman parte de las funciones sustantivas de muchas de estas instituciones, no tendrían por qué tener vinculación alguna con el mundo empresarial o la realidad laboral a la cual se enfrentarían. En ese entonces seguía imperando una visión dicotómica entre docencia e investigación, mientras que dentro de la investigación, vista como función sustantiva de las IES principalmente, había una inclinación también natural a distinguir de manera muy tajante a la investigación básica de la investigación aplicada, propiciando y favoreciendo la primera; y desdeñando de manera injustificada a la segunda. Por su parte, investigadores de los CI parecían desestimar la función sustantiva de la docencia, mientras que aquellos que en las IES se veían a sí mismos como “profesores” más que como “investigadores” tildaban a estos últimos como individuos que se ensimismaban en actividades que poco o ningún provecho práctico tenían para los estudiantes y la sociedad en general. Hacia finales de los 90, y en menor medida a principios de este siglo, aún imperaba una visión dual y casi antinómica de dichas funciones sustantivas: docencia e investigación. Podríamos afirmar que se trataba de una visión purista, que hasta cierto punto estaba justificada al menos desde el punto de vista teleológico. Lo cierto es que por aquellos días las políticas de contratación y la estructura orgánica de la mayoría de las IES, así como de la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), separaban de manera muy enfática al “profesor” del “investigador” lo que propiciaba que las funciones que unos y otros desempeñaban se desvincularan de manera excluyente entre sí. Por
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Ley General de Educación. Artículo 10. “La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público. Constituyen el sistema educativo nacional: […] VIII.- Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía”. Ley de Ciencia y Tecnología. Artículo 4.- “Para los efectos de esta Ley se entenderá por: […] VII. Centros, a los Centros Públicos de Investigación”.
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eso mismo dentro de las IES, las escuelas y facultades por un lado; y los institutos o centros de investigación por el otro, parecían vivir en dos realidades alternas dentro de la misma institución, lo que propiciaba que: 1) los alumnos no se involucraran ni se interesaran en la investigación; 2) se percibía una baja utilidad social de la investigación para la población en general; y 3) la vinculación de dichas investigaciones con el mundo empresarial o la realidad laboral eran prácticamente inexistentes.
1.1. Programas de apoyo a las actividades académicas sustantivas La crisis motivó en un par de momentos distintos el desarrollo de dos políticas públicas que han influido mucho en la configuración actual del perfil de la mayoría de la plantilla académica de las IES, así como la distribución horaria deseable que los académicos deben repartir entre las funciones sustantivas propias y de la institución a la que pertenecen. Dichas políticas públicas a la que me refiero son: 1) la creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); y 2) la creación del Programa para el mejoramiento del profesorado o Promep, el cual se ha reestructurado en el actual programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP) y sus respectivos antecedentes. La adopción de las dos ya referidas políticas públicas ha significado un viraje paulatino al statu quo que se ha descrito supra. Los alcances del presente trabajo nos impiden entrar a una descripción detallada de cómo han evolucionado esas dos políticas públicas en su diseño e implementación, ya que escapan al objeto de estudio principal del mismo. No obstante, para efectos de claridad anotamos que el SNI se fundó en 1984 por acuerdo presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado, a solicitud de la Academia Mexicana de Investigación Científica. Su objetivo principal era reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología8. Actualmente, el ob-
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Heras G., Leticia, “La política de educación superior en México: los programas de estímulos a profesores e investigadores”, Revista Educere, Universidad de Los Andes, abril-junio, año/volumen 9. Número 029. Mérida, Venezuela, 2005.
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jetivo de este programa de acuerdo a su portal oficial es “promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país. El Sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social”9; mientras que de acuerdo al reglamento del SNI vigente, el objetivo es “reconocer […] la calidad de la investigación científica y tecnológica, […] así como la innovación que se produce en el país y en esta forma contribuir a promover y fortalecer la calidad de la investigación y la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel”10. Hay que tener en cuenta que la conducción y la operación del SNI, así como el establecimiento de sus objetivos, funciones y forma de organizarse, corresponden al Conacyt, de acuerdo con la Ley Orgánica de este organismo11. Es difícil entender el nacimiento del Promep (actual PRODEP) como un programa aislado y de creación distinta en sus orígenes en 1996, y el cual a su vez tiene como antecedente el programa Fomes. La situación contextual por la cual se desarrolló este programa, responde a un cambio en las políticas nacionales para la educación superior que requiere ser analizado en su conjunto como parte de un proceso de transformación del cual el Promep vino a ser el resultado.
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Conacyt (2015). Sitio oficial del Sistema Nacional de Investigadores, consultado en 1 de septiembre de 2015, disponible en http: //www.conacyt.mx/index.php/ el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores. Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Artículo 3º. Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Artículo 2º. “El CONACyT tendrá por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. En cumplimiento de dicho objeto le corresponderá al CONACyT, a través de los órganos que establece esta Ley y de sus representantes, realizar lo siguiente: […] VIII. La conducción y operación del Sistema Nacional de Investigadores, y establecer sus objetivos, funciones y forma de organización en las reglas de operación y reglamentación interna”.