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criminología y educación social serie menor

CAROLINA VILLACAMPA ESTIARTE

El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género que regirá en España los próximos cinco años constituye un conjunto de 213 medidas que fueron aprobadas por el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017 y han sido ratificadas por las Comunidades Autónomas y la Administración Local en diciembre de 2017. De entre las medidas que lo integran, las relativas a las reformas penales sustantivas y procesales que se proponen articular tienen un sesgo claramente punitivista, además de perseguir casi con carácter exclusivo la modificación de la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que se seguirá así manteniendo como la principal norma jurídica mediante la que actuar la política criminal española en este ámbito. Frente a dicha opción político-criminal, esta obra sostiene que la LO 1/2004 constituye hoy en día una norma obsoleta cuyos Títulos IV y V deberían desaparecer. Los argumentos para sostener esta conclusión que aquí se exponen se centran en el cambio de paradigma tanto del pensamiento feminista contemporáneo como del abordaje normativo de la violencia de género a nivel internacional. En el plano interno, razones derivadas de los problemas aplicativos y de los déficits aproximativos de los que adolecía la LO 1/2004 y la política criminal que encarna, abundados con la aprobación de ulteriores reformas penales, apoyan también la conveniencia de su supresión.

Política criminal española en materia de violencia de género

criminología y educación social

Política criminal española en materia de violencia de género Valoración crítica

CAROLINA VILLACAMPA ESTIARTE

criminología y educación social serie menor

POLÍTICA CRIMINAL ESPAÑOLA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO Valoración crítica

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

POLÍTICA CRIMINAL ESPAÑOLA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO Valoración crítica

CAROLINA VILLACAMPA ESTIARTE Catedrática de Derecho Penal Universitat de Lleida

Valencia, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com. La presente obra ha sido realizada en el marco del proyecto DER 2015-64506-C2-1-R sobre “formas contemporáneas de la violencia de género: mecanismos jurídicos de protección de las víctimas” financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

Director de la colección:

Vicente Garrido Genovés

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-683-4 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

That man over there says that women need to be helped into carriages, and lifted over ditches, and to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages, or over mud-puddles, or gives me any best place! And ain’t I a woman? Look at me! Look at my arm! I have ploughed and planted, and gathered into barns, and no man could head me! And ain’t I a woman? I could work as much and eat as much as a man - when I could get it - and bear the lash as well! And ain’t I a woman? I have borne thirteen children, and seen most all sold off to slavery, and when I cried out with my mother’s grief, none but Jesus heard me! And ain’t I a woman? Sojoumer Truth Women’s Convention, Akron, Ohio (USA, 1851)

Índice Capítulo I EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: ¿MÁS DE LO MISMO? 1. ESTADO DE LA CUESTIÓN............................................................. 13 2. HACIA LA ADOPCIÓN DE UN PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO................................................................ 20

Capítulo II RETROSPECTIVA: DE LA APROBACIÓN DE LA LO 1/2004 AL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 1. CONTEXTO EN EL QUE SE APROBÓ LA LO 1/2004: CARACTERÍSTICAS........................................................................................... 29 2. DÉFICITS APROXIMATIVOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO POR PARTE DE LA LO 1/2014 Y ESCOLLOS APLICATIVOS......... 37 3. DE LA LO 1/2004 AL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: LA REFORMA PENAL DE 2015....................... 46

Capítulo III UN POCO DE TEORÍA LEGAL FEMINISTA: ¿EN QUÉ FEMINISMO SE SUSTENTA EL PROGRAMA LEGISLATIVO DISEÑADO POR LA LO 1/2004? 1. SUSTENTO DE LA LO 1/2004 EN EL FEMINISMO DE SEGUNDA OLA................................................................................................... 57 2. EL PENSAMIENTO FEMINISTA CONTEMPORÁNEO.................. 61 2.1. El feminismo de tercera ola y sus diversas corrientes.................. 61 2.2. La interseccionalidad como concepto clave................................. 67 3. DE VUELTA A ESPAÑA..................................................................... 71

Capítulo IV EL CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO ADOPTADO EN LA LO 1/2004 1. LA CONCEPTUACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN NORMATIVA INTERNACIONAL Y SU TRASLACIÓN AL DERECHO INTERNO ESPAÑOL.............................................................. 76

Índice

2. LA CARACTERIZACIÓN DEL CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CONVENIO DE ESTAMBUL................................ 82 3. INCORPORACIÓN DEL CONCEPTO INTERNACIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO AL DERECHO INTERNO ESPAÑOL: ¿CONSTITUYE LA LO 1/2004 LA MEJOR VÍA PARA SU TRASLACIÓN?............................................................................................... 86

Capítulo V LA SECTORIALIZACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO INTRODUCIDA POR LA LO 1/2004 1. TRANSFORMACIÓN DEL ESCENARIO NORMATIVO INTERNACIONAL EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS VICTIMALES.............................................................................................. 92 2. SU TRASLACIÓN AL DERECHO INTERNO ESPAÑOL................. 95 2.1. La pervivencia de diversos estatutos victimales........................... 95 2.2. ¿Resulta adecuado mantener un estatuto protector procesal penal específico para las víctimas de violencia de género?.............. 100

Capítulo VI EL PUNITIVISMO COMO SIGNO DISTINTIVO DE LA POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA 1. ALGUNAS MANIFESTACIONES DEL PUNITIVISMO CARACTERÍSTICO DE LA POLÍTICA CRIMINAL ESPAÑOLA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.......................................................... 106 2. LA AUSENCIA DE APOYO NORMATIVO INTERNACIONAL AL PARADIGMA CRIMINALIZADOR PURO ASUMIDO EN ESPAÑA..................................................................................................... 111

Capítulo VII LA PROHIBICIÓN DEL RECURSO A LA MEDIACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 1. SITUACIÓN NORMATIVA PRESENTE Y PREVISIBLE EN UN FUTURO INMEDIATO EN ESPAÑA..................................................... 117 2. VENTAJAS PREDICADAS DEL RECURSO A LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN VIOLENCIA DE GÉNERO.................................... 125 3. EXPERIENCIAS Y EVALUACIONES POSITIVAS DEL EMPLEO DE PROCESOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO...................................................................... 128

Índice

4. LA SITUACIÓN NORMATIVA INTERNACIONAL Y EN DERECHO COMPARADO......................................................................... 133 5. ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DE LA NECESARIA INCLUSIÓN DE MECANISMOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN SUPUESTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO TAMBIÉN EN ESPAÑA.. 136 5.1. La justicia restaurativa complementaria al proceso penal en casos de violencia de género: una alternativa real........................... 136 5.2. Especificidades a considerar al implementar procesos de justicia restaurativa en supuestos de violencia de género......................... 138

Capítulo VIII LA ADECUACIÓN DE LA RESPUESTA LEGAL AL FENÓMENO DEL STALKING 1. RAZONES ADUCIDAS PARA LA INCLUSIÓN DEL DELITO DE STALKING EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.............................. 143 2. PROCESO DE INCRIMINACIÓN SEGUIDO EN ESPAÑA.............. 149 2.1. Ausencia de sistematicidad en la incriminación del stalking: consecuencias................................................................................... 153 2.2. ¿Qué nos dicen las investigaciones de tipo empírico acerca del stalking?..................................................................................... 158 2.2.1. Realización de un estudio posterior a la introducción del delito en España.............................................................. 158 2.2.2. Principales resultados de la investigación........................ 161 2.2.3. Algunas conclusiones derivadas del estudio sobre victimización por stalking y posibles aspectos a considerar de lege ferenda..................................................................... 169 3. BREVES CONSIDERACIONES ACERCA DE LA REGULACIÓN DEL STALKING EN DERECHO COMPARADO Y CONCLUSIÓN.................................................................................................. 174

Capítulo IX LA INCRIMINACIÓN DE LOS MATRIMONIOS FORZADOS 1. RAZONES PARA LA TIPIFICACIÓN DEL MATRIMONIO FORZADO EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL..................................... 179 2. EL CARÁCTER SIMBÓLICO Y DISTORSIONADOR DEL DELITO DE MATRIMONIOS FORZADOS DEL ART. 172 BIS CÓDIGO PENAL ESPAÑOL................................................................................. 182 3. APROXIMACIÓN EMPÍRICA AL MATRIMONIO FORZADO EN ESPAÑA: ALGUNOS DATOS PROVISIONALES.............................. 188

Índice

3.1. Obtención de la muestra y metodología empleada para la investigación....................................................................................... 191 3.2. Resultados provisionales del estudio cuantitativo sobre matrimonios forzados realizado con entidades......................................... 195 3.2.1. Características de las entidades y forma en que obtuvieron conocimiento de los casos......................................... 195 3.2.2. Datos relativos a las víctimas.......................................... 197 A) Características socio-demográficas............................. 197 B) Situación familiar y residencial de las víctimas al intervenir la entidad...................................................... 200 C) Dinámica del matrimonio forzado............................. 201 3.3. Conclusiones provisionales derivadas de la investigación empírica................................................................................................ 203 4. ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DE UNA POSIBLE ESTRATEGIA JURÍDICA PARA PROTEGER A LAS VÍCTIMAS DE MATRIMONIOS FORZADOS...................................................................... 205

A modo de conclusión ........................................................................ 213 Bibliografía citada .............................................................................. 231

Capítulo I

EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: ¿MÁS DE LO MISMO? 1. ESTADO DE LA CUESTIÓN La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género —en adelante LO 1/2004— puede considerarse la norma que ha marcado la política criminal española en materia de violencia de género en el último decenio. En el momento en que fue aprobada por unanimidad por el Congreso se consideró que iba a constituir un hito en la lucha contra la violencia de género en nuestro país1. No sin oposición de cierto sector de la judicatura y de otros operadores jurídicos que mostraron sobre todo su desacuerdo con las disposiciones penales de la Ley que introducían manifestaciones de Derecho penal sexuado2, constituyó una ley inaugural. Devino un instrumento al servicio de dotar del grado de concienciación sobre la realidad de este tipo de violencia del que tan faltado parecía un sector de aplicadores del Derecho en España3 que 1

Ampliamente sobre la tramitación parlamentaria de la LO 1/2004 vid. Alastuey Dobón, C., “Desarrollo parlamentario de la ley integral contra la violencia de género. Consideraciones críticas”, en Boldova Pasamar, M.A. y Rueda Martín, M.A.(Coords.), La reforma penal en torno a la violencia doméstica y de género, Atelier, Barcelona, 2006, pp. 57 y ss. Basta al respecto una lectura del Informe del Consejo General del Poder Judicial o del dictamen del Consejo de Estado al Anteproyecto para confirmar dicha impresión. Al respecto, vid. Rubio, A., “La Ley integral: entre el desconcierto del género y la eficacia impuesta”, en Laurenzo Copello, P. (Coord.), La violencia de género en la Ley. Reflexiones sobre veinte años de experiencia en España, Dykinson, Madrid, 2010, pp. 131 y ss.; Martínez García, E., “Reflexiones tras seis años de aplicación de la Ley”, en Martínez García, E. (Dir.), La prevención y la erradicación de la Violencia de Género. Un estudio multidisciplinar y forense, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 577 y ss.; Gisbert Grifo, S. y Martínez García, E., Género y violencia, 2ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 17-18; Marín de Espinosa Ceballos, E., “España. La Ley

Carolina Villacampa Estiarte

habían tendido a enmascararla como una manifestación más de la violencia familiar4. Sin embargo, la aplicación de la ley no ha estado exenta de polémica ya desde sus inicios, pronto generada con las dudas acerca de su constitucionalidad. Aunque después se volverá con algo más de detenimiento sobre esta cuestión, baste ahora indicar que incluso ha habido quien ha apuntado la idea de que tras el planteamiento masivo de cuestiones de constitucionalidad relativas a los preceptos que constituyen una manifestación del Derecho penal sexuado podría esconderse un intento de cierto sector de la judicatura de paralizar de facto la misma aplicación de esta norma5. En sus ya más de doce años de vigencia, pocas leyes en el panorama normativo español han sido objeto del escrutinio y del análisis de efectividad a que ha sido sometida la que ahora nos ocupa. Con ello no pretenden ponerse en duda ni la adecuación ni la utilidad de las comprobaciones periódicas sobre la efectividad de las leyes, antes al contrario, sino tan solo llamar la

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Balance de los diez años de vigencia de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género”, en Marín de Espinosa Ceballos (Dir.), E., Régimen Jurídico de la Violencia de Género en Iberoamérica y España. Un estudio de las leyes integrales de segunda generación, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 172 y ss. 4 En tal sentido, entre otros, Laurenzo Copello, P., “La violencia de género en la Ley integral. Valoración político-criminal”, RECPC 07-08, (2005), pp. 2 y ss.; Maqueda Abreu, M. L., “La violencia de género. Entre el concepto jurídico y la realidad social”, RECPC 08-02 (2006), pp. 2 y ss.; Maqueda Abreu, M.L., “1989-2009: Veinte años de “desencuentros” entre la ley penal y la realidad de la violencia en la pareja”, en Puente Aba, L. M. (Dir.), La respuesta penal a la violencia de género. Lecciones de diez años de experiencia de una política criminal punitivista, Comares, Granada, 2010, pp. 1-8; Maqueda Abreu, M.L., “1989-2009: Veinte años de “desencuentros” entre la ley penal y la realidad de la violencia en la pareja”, en Laurenzo Copello, P. (Coord.), La violencia de género en la Ley, op. cit., pp. 113-121; Faraldo Cabana, P., “Razones para la introducción de la perspectiva de género en el Derecho penal a través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, sobre medidas de protección integral contra la violencia de género”, Revista Penal, nº 17, 2006, pp. 72 y ss. 5 Vid. Gavara de Cara, J.C., “Tribunal Constitucional y violencia de género: la exigencia interpretativa de la violencia de dominación en las relaciones de pareja como elemento de los tipos penales agravados”, en Castillejo Manzanares, R. (Dir.), Violencia de Género y Justicia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2013, pp. 349-350.

Política criminal española en materia de violencia de género

atención acerca de que haya sido precisamente esta ley de aplicación torturada la que ha sido objeto de tanta atención en un país en el que este tipo de análisis de evaluación normativa no resultan habituales6. Fueron ya las previsiones contenidas en la propia ley las que han conducido a la realización de tales evaluaciones; así ha sucedido, por ejemplo, con los ocho informes del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer emitidos a razón de uno por año entre 2007 y 2014, lo mismo que con los informes balance realizados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, también creada por la ley, efectuados cada año durante los tres primeros de vigencia de la ley y cada tres años a partir de entonces. Sin embargo, en esta labor evaluadora de la aplicación de la ley no puede olvidarse la intervención de auditores que esta norma no creó y que, sin embargo, han resultado ser muy influyentes en la determinación de criterios interpretativos de la misma, así como en el diseño de las reformas que ahora plantean incluirse en ella. Así el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial y especialmente el Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del mismo Consejo. Pese a que en la academia ha resultado paulatinamente mayoritaria la opinión de que la respuesta preferentemente jurídico-penal a la violencia de género que ofrece la LO 1/2004 no resulta operativa en punto a erradicar esta realidad7, incidiendo más si cabe en la invisibi-

En tal sentido, Rubio, A., “La Ley integral: entre el desconcierto del género y la eficacia impuesta”, op. cit., pp. 132-134. Vid., por todos, al poco de aprobarse la LO 1/2004, Laurenzo Copello, P.,” La violencia de género en la Ley integral. Valoración político-criminal”, op. cit., pp. 21 y ss.; Maqueda Abreu, M.L., La violencia de género. Entre el concepto jurídico y la realidad social, op. cit., pp. 12-13. Con carácter posterior, Laurenzo Copello, P., “La violencia de género en Derecho penal: un ejemplo de paternalismo punitivo”, en Laurenzo, P., Maqueda, M.L. y Rubio, A. (Coords.), Género, violencia y derecho, Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, pp. 330 y ss.; Maqueda Abreu, M.L., “¿Es la estrategia penal una solución a la violencia contra las mujeres? Algunas respuestas desde un discurso feminista crítico”, en Laurenzo, P., Maqueda, M.L. y Rubio, A. (Coords.), Género, violencia y derecho, op. cit., pp. 363 y ss.; Villacampa Estiarte, C., “La violencia de género: aproximación fenomenológica, conceptual y a los modelos de abordaje normativo”, en Villacampa Estiarte, C. (Coord.), Violencia de género y sistema de justicia penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 82-83; Rueda Martín, M.A., La violen-

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lización e infantilización de las mujeres que la padecen8, la evolución de la orientación político-criminal reflejada en los informes emitidos por evaluadores institucionales ha sido justamente la inversa. Conforme más se ha avanzado en la aplicación de la ley, más punitivistas se han ido tornando las propuestas efectuadas en los informes remitidos sobre la aplicación de esta norma por algunos de los auditores antes indicados. En tal sentido, en fechas recientes, demandando una intervención más decidida de mecanismos jurídico-penales, aun sin ser el más radical en tal sentido, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, en la actualización que publicó de la guía de criterios de actuación frente a la violencia doméstica y de género, se mostró contrario a la exigencia de concurrencia del elemento subjetivo del injusto en los tipos penales que constituyen expresión del Derecho penal sexuado. Afirmó que debería bastar con la concurrencia de cualquier intención, lo que facilitaría la aplicación de los supuestos cualificados de maltrato, amenazas y coacciones leves. Además postuló que las víctimas de la vio-

cia sobre la mujer en su relación de pareja con un hombre. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Reus, Madrid, 2012, p. 148. Más recientemente, Laurenzo Copello, P., “¿Hacen falta figuras de género específicas para proteger mejor a las mujeres?”, Estudios Penales y Criminológicos, 2015, pp. 783 y ss.; Torres Rosell, N., “Violencia de género y Derecho penal: de la LO 1/2004 a la reforma penal de 2015, en Rodríguez Orgaz, C. y Romero Burillo, A.M, La protección de la víctima de violencia de género: un estudio multidisciplinar tras diez años de aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pp. 297 y ss. Al respecto vid. ya en este sentido Laurenzo Copello, P., “La violencia de género en la Ley integral. Valoración político-criminal”, op. cit., pp. 2 y ss.; Maqueda Abreu, M.L., “La violencia de género. Entre el concepto jurídico y la realidad social”, op. cit., pp. 1 y ss., así como en sucesivas aportaciones de las mismas autoras; Larrauri Pijoan, E., Criminología crítica y violencia de género, Trotta, Madrid, 2007, passim. Acerca del peligro de infantilización, si bien en este caso como efecto derivado del empleo de instrumentos propios del Derecho penal sexuado, vid. García Albero, R., “La perspectiva de género en Derecho penal: algunas reflexiones”, Cuadernos de Derecho Judicial, 2004, La discriminación por razón de sexo tras 25 años de Constitución Española, pp. 453 y ss.; Acale Sánchez, M., La discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código penal, Reus, Madrid, 2006, pp. 119 y ss.; Acale Sanchez, M., ”Análisis del Código penal en materia de violencia de género contra las mujeres desde una perspectiva transversal”, en Villacampa Estiarte, C. (Coord.), Violencia de género y sistema de justicia penal, op. cit., pp. 126-128.

Política criminal española en materia de violencia de género

lencia de género no deberían poder acogerse a la exención del deber de declarar aplicable a determinados familiares de conformidad con el art. 416 Lecrim9, en semejantes términos a lo que propone el Grupo de Expertos del Consejo General del Poder Judicial en su estudio sobre la aplicación de la Ley Integral por las Audiencias Provinciales de 201610. Este último había planteado ya en previos informes sobre análisis de sentencias dictadas en 2012, 2013, 2014 y 2015 que debería valorarse la adecuación de eliminar las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño en los casos de violencia de género, tras constatar que la reacción de confesar los crímenes en estos supuestos obedece más a un componente de jactancia o de reafirmación que al arrepentimiento del ofensor11. Incluso más demandantes, desde el punto de vista de reclamar una mayor intervención del Derecho penal para la resolución de estos conflictos, han sido los evaluadores institucionales de la Ley dependientes del ejecutivo, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Especialmente reveladoras al respecto resultan las conclusiones del grupo de trabajo para la evaluación de la aplicación normativa de violencia de género contenidas en los informes VII (2013) y VIII (2014) del Observatorio. Este, junto a aspectos centrados en la protección de las víctimas —co Vid. Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Guía de criterios de actuación frente a la violencia de género. Actualización, 2013, archivo pdf accesible en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/ Poder-Judicial/En-Portada/Guia-de-criterios-de-actuacion-judicial-frente-a-laviolencia-de-genero (últ. visita 04-07-2017), pp. 42 y ss. 10 Vid. Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Estudio sobre la aplicación de la ley integral contra la violencia de género por las audiencias provinciales, 2016, archivo pdf accesible en http://www. poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Grupos-deexpertos/Estudio-sobre-la-aplicacion-de-la-Ley-integral-contra-la-violencia-degenero-por-las-Audiencias-Provinciales--Marzo-2016- (últ. visita 04-07-2017), pp. 203 y ss. 11 Los textos de los cuatro informes conteniendo los análisis de sentencias dictadas por los Tribunales del Jurado y por las Audiencias Provinciales, relativas a homicidios y/o asesinatos consumados entre los miembros de la pareja o expareja correspondientes a los años 2012, 2013, 2014 y 2015 pueden consultarse en los correspondientes archivos pdf accesibles en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/ Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Grupos-de-expertos/ (últ. visita 04-072017). 9

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mo garantizar la asistencia jurídica a las mismas antes de interponer denuncia, la adecuación de continuar avanzando en la consideración de los menores como víctimas o en acentuar la protección de las víctimas con discapacidad— y en exigir garantía de formación profesional en este campo a los operadores jurídicos, recalca la necesidad de mantener y hacer cumplir la prohibición de la mediación en todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, recomienda que se extreme el cuidado de cuanta norma regule de forma directa o indirecta la mediación “para que no quepa ninguna duda interpretativa al respecto”12. La mayor parte de dichas propuestas punitivas, corregidas y aumentadas, incluso en algún caso reintroduciendo elementos claramente sancionadores en aspectos que podrían haberse visto flexibilizados con la reforma penal de 2015, se recogen en el último de los balances publicados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, efectuado con motivo del décimo aniversario de la entrada en vigor de la LO 1/2004. Este documento, junto a propuestas orientadas a la modificación de preceptos de la Ley referidos sobre todo a la necesaria ampliación del concepto de violencia de género o la extensión de la cobertura protectora y asistencial a las víctimas de violencia de género y la formación de los profesionales, vuelve a incidir en la necesidad de reformar el Código penal, aun incluso tras la reforma de 2015, para hacerlo todavía más punitivo en este ámbito de la criminalidad violenta, reuniendo la mayor parte de propuestas de modificación hasta ahora enunciadas13. Vid. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, VII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2013, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Madrid, 2015, pp. 325 y ss.; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, VIII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2016, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Madrid, 2014, pp. 341 y ss. Ambos informes resultan accesibles en http:// www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/observatorio/home.htm (últ. visita 04-07-2017). 13 Vid. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad-Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Reflexiones y propuestas de reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre así como otras normas relacionadas en materia de violencia de género con motivo de la celebración del décimo aniversario de la entrada en vigor de la norma, Madrid, 2015, archivo 12

Política criminal española en materia de violencia de género

En dicho sentido, propone la necesaria modificación de la regulación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y de las eximentes para evitar que tengan efecto exonerador o reductor de la responsabilidad criminal la ingesta de bebidas alcohólicas o el consumo de drogas. Además plantea excluir la aplicación de la atenuante de confesión en tales supuestos, lo mismo que la aplicación automática de la atenuante de reparación del daño, exigiendo más que la mera satisfacción económica. En cuanto a las sanciones, propone ampliar el ámbito aplicativo de la pena de alejamiento del art. 48 CP para que incorpore no solo la posibilidad de acordar en sentencia la suspensión del régimen de visitas, comunicación y estancia del condenado con los hijos menores, sino también la suspensión del ejercicio de la guarda y custodia misma o incluso poder acordar la inhabilitación del ejercicio de la patria potestad en los supuestos en que el art. 57 remite al 48 CP, si bien demanda la ausencia de automatismo en la aplicación de las penas de alejamiento cuando el sujeto pasivo es alguno de los contemplados en el art. 173.2 CP. Se pretende que el régimen de suspensión, cuyas especialidades para condenados por delitos relacionados con la violencia de género habían prácticamente desparecido con la reforma de 2015 —a salvo de que no pueda emplearse la pena de multa como sustitutiva si ello puede redundar en perjuicio económico para la víctima—, vuelva a contemplar especialidades para estos ofensores, tales como impedir que pueda procederse a la sustitución de pena a un agresor condenado cuando esta se refiera a alguna pena de las impuestas por delitos de quebrantamiento de medida cautelar o condena. En lo que a las conductas típicas se refiere, se plantea modificar el redactado de los tipos penales que incluyen manifestaciones del Derecho penal sexuado (art. 153 CP, amenazas leves del art. 171.4 CP, coacciones leves del art. 172.2 CP y lesiones del art. 148.4 CP) para que no resulte necesario acreditar el ánimo de dominación, así como clarificando en qué consiste el menoscabo psíquico del art. 153 CP, la lesión psíquica del art. 147 CP y la violencia psíquica habitual del art. 173.2 CP para que permita acabar con la impunidad de la violencia psicológica a las mujeres. Se propone además la necesaria incriminación del proxenetismo no coercitivo o una pdf accesible en http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/planActuacion/seguimientoEvaluacion (últ. visita 04-07-2017).

Carolina Villacampa Estiarte

modificación del art. 468 CP que clarifique que el consentimiento de la víctima no tiene efectos para eliminar la relevancia penal de la conducta si se quebranta la medida cautelar o la pena de alejamiento. En el ámbito procesal penal, merece la pena destacarse cómo se plantea que se excepcione a las víctimas de la violencia de género de la posible dispensa del deber de declarar conforme al art. 416 Lecrim por considerar que eso puede suponer un enmascarado perdón del ofendido, validando como prueba preconstituida la declaración de la víctima de violencia de género ante el Juzgado de Violencia contra la Mujer —con la consiguiente modificación de la Lecrim— y posibilitando que se lean sus declaraciones sumariales en el plenario cuando se acoge a la dispensa del deber de declarar —del art. 416 o 707 Lecrim—, mediante la correspondiente modificación del art. 730 Lecrim.

2. HACIA LA ADOPCIÓN DE UN PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Los balances y análisis de los organismos mencionados, sobre todo tras cumplirse los diez años de vigencia de la Ley, así como probablemente la búsqueda de rendimiento electoral, condujeron al Grupo Parlamentario Popular a presentar una proposición no de ley a la Mesa del Congreso el 21 de septiembre de 2016 relativa a mejorar y actualizar la LO 1/2004 con el objeto de impulsar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, contemporánea a la emisión del Balance sobre el decenio de la ley antes referido. Seguramente también impulsó la presentación de dicha iniciativa la delantera que había tomado el Grupo Parlamentario Socialista, que había presentado una proposición no de ley el día 12 de septiembre 2016 en la que proponía promover un pacto político, social e institucional que recuperase el consenso de la LO 1/2004. Como han indicado Varona y Gabarrón, en el agenda building, esto es, en la determinación de los factores que explican una mayor o menor cobertura mediática de la violencia de género en nuestro país, junto a la sociedad civil —fundamentalmente a través del lobby feminista— y los medios de comunicación, que tratan de sacar partido de casos mediáticos con víctimas conocidas, no