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REBUS SIC STANTIBUS Y METODOLOGÍA JURÍDICA Una aproximación iusfilosófica en tiempos de pandemia

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

REBUS SIC STANTIBUS Y METODOLOGÍA JURÍDICA Una aproximación iusfilosófica en tiempos de pandemia

ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ RUIZ-GÁLVEZ

tirant lo blanch Valencia, 2022

Copyright ® 2022 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com. Este trabajo es parte de los resultados del Proyecto PROMETEO II/2014/080, financiado por la Generalitat Valenciana. Ayudas para grupos de investigación de excelencia.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es DEPÓSITO LEGAL: V-273-2022 ISBN: 978-84-9190-303-1 MAQUETA: Disset Ediciones Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A la memoria de mi madre

Índice Prólogo.....................................................................................................

GREGORIO ROBLES

Introducción..............................................................................................

Capítulo I. Pacta sunt servanda, rebus sic stantibus: Un ajustamiento de principios 1. Pacta sunt servanda: Un principio jurídico indiscutido.......................... 2. La cuestión de la alteración sobrevenida de las circunstancias contractuales................................................................................................... 2.1. Imposibilidad sobrevenida y ruptura del equilibrio contractual. Dos fundamentaciones distintas................................................... 2.1.1. Excurso sobre la situación Covid-19 y los contratos de arrendamiento de locales de negocio................................ 2.2. Error-vicio y supervención contractual......................................... 2.3. Diversidad de supuestos de hecho................................................. 3. Delimitación vs conflicto entre principios..............................................

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Capítulo II. Orígenes y evolución de las doctrinas de la alteración sobrevenida de las circunstancias contractuales. Recorrido histórico 1. Una cuestión debatida...........................................................................

2. De la Filosofía moral a la teoría y la práctica jurídicas..........................

3. El racionalismo, la codificación y el abandono del principio rebus sic stantibus durante la ‘Primera globalización’......................................... 4. El resurgir de las teorías de la supervención contractual........................ 4.1.Las dos guerras mundiales y sus consecuencias.............................. 4. 2. Del Codice civile de 1942 a la reforma del Derecho francés de las obligaciones............................................................................ 4. 3. Los textos internacionales de armonización del Derecho de los contratos.....................................................................................

92 100 100 106 118

Índice

Capítulo III. Estado de la cuestión en el Derecho español 1. Ausencia de reconocimiento legal..........................................................

127

2. Doctrina jurisprudencial: origen y evolución......................................... 2. 1. Admisión de la figura rebus con carácter excepcional y restrictivo..... 2. 2. Hacia una aplicación normalizada, prudente y moderada de la doctrina rebus.............................................................................. 2. 2. 1. La crisis económica como acontecimiento extraordinario. 2. 2. 2. Configuración con carácter general de la doctrina rebus y aplicación a empresarios mercantiles............................. 2. 3. Evolución posterior......................................................................

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Capítulo IV. En torno al fundamento de la figura rebus 1. Consideraciones iniciales.......................................................................

185

2. Las doctrinas subjetivistas.....................................................................

186

3. Razones de justicia y fundamentación técnico-jurídica objetiva............. 3.1. Entre justicia conmutativa y justicia distributiva........................... 3.2. Los conceptos técnico jurídicos como cauces para la búsqueda de la justicia................................................................................. 3. 3. La fundamentación causal........................................................... 3.3.1. Sobre la causa del contrato y sus diversos significados....... 3.3.2. La conmutatividad como regla de la economía contractual y el sinalagma funcional............................................ 3.4. La buena fe en sentido objetivo. La necesaria concreción metódica de un concepto multidimensional.........................................

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Capítulo V. Presupuestos de aplicación 1. Preliminares..........................................................................................

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2. Cambio de circunstancias sobrevenido, extraordinario, imprevisible y no imputable.......................................................................................

240

3. Incidencia en la relación contractual concreta....................................... 3. 1. Método de valoración: base del negocio y el riesgo normal del contrato....................................................................................... 3. 2. Teoría de la base del negocio y excesiva onerosidad..................... 3.2.1. Alteración sustancial de la economía del contrato. El desafío de la vaguedad por grados.......................................

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Índice

3.2.2. Ruptura del equilibrio interno del contrato y repercusión en la economía del contratante afectado........................... 3. 3. La asignación contractual del riesgo. Una cuestión de interpretación.......................................................................................... 3. 3. 1. Cláusulas del contrato y previsión de riesgos................... 3.3.2. Riesgos derivados de la naturaleza del contrato. Método prudencial y método formalista........................................ 4. Rebus sic stantibus en tiempos de pandemia......................................... 4. 1. La notoria imprevisibilidad del cambio de circunstancias............ 4. 2. La variada incidencia en las relaciones contractuales concretas y la no asunción contractual del riesgo........................................

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Capítulo VI. Efectos de la aplicación de la doctrina. La función conservadora del negocio jurídico 1. Alternativas posibles..............................................................................

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2. Tendencias actuales: La preferencia por la renegociación.......................

308

3. La intervención judicial y el debate entre extinción y modificación........ 3. 1.- Breve recorrido de Derecho comparado...................................... 3.2. Principio de conservación del contrato y adaptación judicial........

323 323 329

Bibliografia...............................................................................................

337

Prólogo De una monografía escrita por un filósofo del derecho uno puede esperar muchas cosas: una reflexión sobre la justicia o los derechos humanos (que para algunos viene a ser lo mismo), una exposición más o menos crítica de un autor clásico o al menos relevante, un examen de algún fenómeno actual en su relación con el derecho, una teoría ética aplicada a los problemas que plantea la vida contemporánea, e incluso alguna construcción conceptual novedosa o antigua pero necesitada de revisión. De todas estas temáticas la profesora Encarnación Fernández ha dado buenas muestras en su producción científica. Lo que es menos frecuente es encontrar una monografía escrita por un filósofo del derecho que sea un estudio del derecho positivo desde una perspectiva propia de la ciencia de los juristas, de la ciencia que suele denominarse también dogmática jurídica o jurisprudencia. Los colegas suelen extrañarse de que un teórico se atreva de verdad a hablar del derecho vigente, a analizar las leyes y las decisiones de los tribunales. Hace bastantes años cuando comencé a estudiar derecho europeo recuerdo que coincidí con un conocido en la biblioteca del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y al ver que estaba consultando bibliografía sobre esa materia me inquirió sorprendido, y quizás algo molesto (eso me pareció) por lo que supongo consideraba un atrevimiento. Vino a decirme: “Cómo tú, que eres un teórico, te ocupas de una materia tan ajena a la tuya?” Yo le respondí algo así: “Tengo una concepción algo distinta de lo que suponen tus palabras de lo que es y debe ser la filosofía del derecho”. Pues bien, la presente monografía es una prueba evidente de cómo la filosofía jurídica agudiza la mente para abordar las cuestiones más enrevesadas del derecho y prestar así un servicio a la ciencia jurídica. Este trabajo constituye, a mi juicio, una obra excelente en la que se conjuga la mirada constante al derecho vigente, con el análisis de las leyes y la jurisprudencia de los tribunales, y la fina percepción teórica que permite a la autora elevarse a los conceptos y a las ideas de fondo, así como también dar sustento a sus propuestas para perfeccionar el ordenamiento jurídico vigente. Nos encontramos en efecto ante una magnífica monografía de derecho contractual, básicamente en el

Gregorio Robles

marco del derecho privado, tratada con el rigor propio de quien está acostumbrado a las sutilezas filosóficas. La profesora Fernández Ruiz-Gálvez es catedrática de filosofía del derecho en el sentido más riguroso del término. No huye del campo del derecho adoptando exclusivamente un discurso meramente ético o político, como suele ser demasiado habitual en nuestro gremio. Es también proclive a la investigación del derecho positivo y se nota que se recrea en ella. Su método consiste en enfrentarse al derecho vigente y desentrañar su sentido con penetración y con rigor, desvelando la problemática que se esconde tras las palabras de los textos jurídicos. Tiene además un gran sentido ético, pero no se deja llevar por el estilo fácil del discurso propio de la “moralina”. Su estilo es terso, conceptual, dialéctico, dialógico, penetra en el asunto que le ocupa con la decisión de un cirujano. Siempre que leo sus escritos u oigo sus ponencias en los seminarios tengo la impresión de estar ante una mente privilegiada y ante una personalidad cristalina y coherente. Tiene ideas y además cree en ellas, y sabe exponerlas con acierto. Ante una monografía jurídica como la presente hay que preguntarse en primer lugar a qué género pertenece. ¿Es un estudio de pura filosofía jurídica? ¿Acaso pertenece a las investigaciones sobre el método jurídico? ¿Hay que enmarcarla dentro de la política jurídica? ¿Constituye una indagación conceptual? Si se me preguntara sobre dónde situaría yo el presente trabajo diría que es una investigación de dogmática jurídica privatista con un enfoque comparatista y un pronunciado trasfondo filosófico (o teórico), con especial atención a la cuestión del método. La cuestión primordial, objeto de investigación, es la siguiente. Partiendo del principio pacta sunt servanda (hay que cumplir los contratos, es obligatorio que se cumplan los pactos), ¿hasta qué punto esta norma general debe ser mantenida sin excepciones o, por el contrario hay que aplicarle oportunamente determinados correctivos, más en concreto aquel que consiste en adaptar los deberes derivados de los contratos al cambio imprevisto de circunstancias sobrevenidas? La vida social sólo es posible a la larga si se respetan las normas de distinto género, entre las cuales las más significativas, por sus propios caracteres, son las normas jurídicas. Las normas las hay de diverso género: morales, sociales, religiosas, jurídicas. En todos estos géneros

Prólogo

el respeto a la palabra dada, a la promesa, constituye un principio básico de conducta. La relación intersubjetiva más ordinaria, como puede ser la existente entre dos amigos, difícilmente se mantendrá si las personas no se toman en serio sus compromisos. La sociedad, cualquier sociedad, se fundamenta en la confianza recíproca entre sus miembros. Eso supone, entre otras cosas, la necesidad de guardar la palabra dada al otro, cumplir las promesas. Esta norma general tiene, en primer lugar, un carácter moral, supone un respeto hacia los otros. Los demás no confiarán en mí si lo que les digo o prometo no tiene ningún valor. No cumplir una promesa es en cierto modo como mentir. Es además una norma religiosa cuando el objeto de mi palabra cae en el marco de las conductas exigidas por la religión. Y por supuesto es una norma social general. La sociedad no podría funcionar si los individuos que la componen no fueran por lo general fieles a la palabra dada. El derecho es el subsistema social que formaliza determinados actos y conductas como necesarias para la vida del conjunto. Por esta razón, eleva a principio general del derecho el principio que exige el cumplimiento de la palabra dada, y en especial el cumplimiento de los contratos por parte de los contratantes. Un contrato es un acuerdo entre dos o más individuos libre y conscientemente pactado; un acuerdo de voluntades, en definitiva. La teoría de las obligaciones y los contratos tiene su trasfondo ético, que no debe perderse de vista, aunque se trata de un trasfondo distinto al de la pura promesa. El contrato exige la formalización de las voluntades, y hoy día esa formalización tiende a hacerse por escrito para que las cláusulas queden más claras que si se celebra de manera exclusivamente oral, otorgando así mayor presencia al valor de la seguridad jurídica. Como digo, además de las estrictamente éticas hay otras razones para exigir el cumplimiento de los contratos por parte de los contratantes. La seguridad en las relaciones jurídicas de todo género y en el tráfico jurídico mercantil constituye el pilar axiológico fundamental. La cuestión que se plantea es, sin embargo, si siempre se ha de exigir el cumplimiento de los contratos por parte de los contratantes, incluso cuando las condiciones o circunstancias hayan cambiado radicalmente la situación de dichos contratantes. Esta misma cuestión

Gregorio Robles

se puede plantear respecto de las promesas y en general de las obligaciones que una persona puede tener con respecto de otra u otras. Tomás de Aquino nos pone el ejemplo del depositante que ha dejado en depósito un arma: ¿debe el depositario devolver el arma al depositante incluso en el supuesto de que el primero sepa que el segundo intenta cometer con ella un crimen? En tal situación se genera un conflicto normativo. Por una parte, el deber de devolver el arma depositada; por otra, el deber de hacer lo posible para impedir el crimen. Al no poder el depositante cumplir a la vez los dos deberes, habrá de elegir uno, y Aquino, con buen criterio, se inclina a favor del deber de mayor peso: tratar de evitar el delito, y como consecuencia, no devolver el arma. La lección que se extrae es que no siempre que tengamos un deber jurídico debemos cumplirlo, pues puede suceder que otro deber de mayor jerarquía nos exija lo contrario. Así pues, los depositarios deben devolver a los depositantes las cosas depositadas, salvo que surja un deber jurídico que les exima de dicha obligación. En el fondo de la idea de Aquino late la pregunta de si siempre y en todo momento, con independencia de las circunstancias, debemos cumplir los contratos. El libro de la profesora Fernández Ruiz-Gálvez se centra en uno de los motivos o fundamentos básicos justificadores de exceptuar el cumplimiento estricto de los contratos: la famosa cláusula rebus sic stantibus. No es la primera vez que la autora se enfrenta a este problema, lo ha hecho en otros trabajos anteriores, de tal manera que la presente monografía viene precedida por un trabajo previo bastante intenso (véase la bibliografía). Incluso en el ejercicio del concurso a la cátedra, del que tuve el honor de formar parte del tribunal, tuvimos ocasión de escucharle una magnífica disertación sobre el asunto. La mencionada cláusula rebus resume posibles excepciones al cumplimiento estricto de los contratos. Desde una perspectiva muy general se ha de tener en cuenta que cada ordenamiento jurídico regula la cláusula, en caso de aceptarla, a su manera. Quiero decir que las posibilidades dentro del derecho positivo son múltiples. En primer lugar, es posible que un determinado derecho positivo no acepte en modo alguno la excepción y exija en cualquier caso el cumplimiento de los contratos (salvo, claro está, cuando estos sean imposibles de cumplir, ya por imposibilidad física o por imposibilidad

Prólogo

jurídica). Esta posición responde a una mentalidad propia de la economía liberal: el individuo se vincula con otro u otros individuos, es libre al hacerlo, y en consecuencia debe cumplir estrictamente los deberes jurídicos que deriven de lo pactado. Esta posición tiene la ventaja de que subraya y presupone un alto sentido de la responsabilidad por parte de los individuos. Viene a sostener lo siguiente, dirigiéndose a todo individuo: nadie le obliga a usted a contratar, usted es libre de hacerlo o no; pero si contrata, tiene el deber jurídico ineludible de cumplir lo pactado en el contrato. La libertad de contratación es una manifestación de la autonomía de la voluntad; ambos son principios que dominan en la ideología liberal. Ya Karl Marx puso en la picota el principio del “individualismo posesivo” (expresión usada por MacPherson) del ser humano abstractamente considerado, sin atender por consiguiente a sus circunstancias concretas y en definitiva a su realidad social y económica. En su crítica de la concepción burguesa-liberal del trabajo y del contrato de trabajo puso la primera piedra al subrayar el desnivel existente entre el capitalista y el obrero a la hora de estipular las condiciones de trabajo. En este aspecto puso en entredicho el carácter absolutamente sagrado de los contratos, comenzando, claro es, por el contrato de trabajo, pero siguiendo por el contrato de alquiler y otros necesarios para la vida de las personas (del “proletariado”, dice él). No es que Marx se planteara directamente la cuestión de la cláusula rebus. Sabemos que esta tiene una larga data, y en esta monografía se hace una precisa referencia a su historia que se remonta a los posglosadores y los canonistas. Subrayo, sin embargo, la idea marxiana porque en nuestro tiempo se da la confluencia de las dos ideas: por una parte la idea de que el derecho debe servir a la justicia, y que puede suceder que la exigencia estricta del cumplimiento de un contrato no sea justa; y, por otra, la idea de que el derecho no debe construirse sólo sobre la base de la figura del hombre abstracto, desligado de su realidad socio-económica, sino que el derecho debe proceder a atemperar lo imprevisto cuando afecta a las relaciones jurídicas de las personas. Paradójicamente el planteamiento marxiano al subrayar la posible injusticia que puede esconder una concepción puramente abstracta del derecho contractual coincide con las reservas planteadas en la obra de juristas del pretérito influidos por la filosofía escolástica; si

Gregorio Robles

bien las razones de la crítica a la abstracción contractual son diversas en un caso y en otro, así como también sus consecuencias. El derecho puede regular la rebus de distinta manera. Puede por ejemplo legislar para situaciones especiales con el fin de atemperar el rigor contractual. Puede también dejar a los jueces que, aplicando criterios de equidad y teniendo en cuenta de manera prioritaria la buena fe de los contratantes, adecuen lo exigido en el contrato a la situación imprevista. Puede -y esta solución quizás sea la mejor- en parte legislar y en parte dejar a la prudencia judicial la determinación de si se cumplen los requisitos exigidos legalmente para aplicar la excepcionalidad que representa la rebus. La profesora Fernández Ruiz-Gálvez nos ofrece un minucioso estudio de la legislación (nacional, europea, y de derecho comparado), así como de la jurisprudencia de los tribunales. Y en ese estudio analiza los requisitos exigidos para la aplicación de la rebus: imprevisibilidad del riesgo derivado del cambio de circunstancias, excesiva onerosidad resultante de la prestación debida, etc. Son estos “conceptos valorativos”, en el sentido de que requieren una valoración por parte de decisor del caso. Por eso es conveniente que la legislación facilite la tarea a los jueces, pues en caso contrario puede darse la situación de que unos jueces sean demasiado “comprensivos” con los incumplidores y otros menos. La situación que hay que evitar a toda cosa es que la aceptación de la rebus abra la puerta, aunque sea por las rendijas, a las prácticas engañosas de la picaresca. La pertinencia de este estudio es máxima habida cuenta de la circunstancia agobiante en la que vivimos desde hace casi dos años: la pandemia generada por la COVID-19. ¿Quién podría imaginarse en el verano de 2019 que poco después la vida de todos nosotros cambiaría tanto en muchos de sus aspectos? La pandemia ha sido un hecho imprevisto, por mucho que se diga que algunos gerifaltes millonarios ya la habían anunciado (¡se dicen tantas cosas en este reino de la mentira en el que estamos instalados!). Ninguno de nosotros, la gente corriente, podríamos prever lo que ha sucedido. La aplicación de la rebus debe ser restringida, ya que en caso contrario la inseguridad jurídica se enseñorearía del mundo ordinario de los negocios afectando gravemente a todos. Las personas tenemos el deber jurídico de cumplir los contratos que hemos celebrado. La ley

Prólogo

es el instrumento adecuado para establecer las excepciones razonables y los modos en que esas excepciones han de llevarse a efecto. El problema radica entonces en encontrar el punto de equilibrio adecuado entre el estricto cumplimiento y la necesidad de reconsiderar las condiciones del contrato a la luz de las circunstancias imprevisibles e imprevistas. Para modular esas circunstancias con criterios razonables es necesario preguntarse por el fundamento o fundamentos de la rebus; pues la fundamentación orienta y en gran parte determina los contenidos de lo fundamentado. A este asunto de la fundamentación dedica la profesora Encarnación Fernández brillantes páginas en el capítulo IV de la obra. En la época de dominio del psicologismo voluntarista el fundamento de la rebus pudo verse en la voluntad supuesta del contratante o de los contratantes, como una cláusula o “presupuesto” (“Voraussetzung”: el hecho de dar algo por supuesto; requisito; condición), tal como lo formuló en gran pandectista Bernhard Windscheid. Por su parte, Paul Oertmann matizaría esta tesis con la suya de fijarse en la base o fundamento del negocio (Geschäftsgrundlage), pero también en términos voluntaristas. Frente a las tesis subjetivistas (voluntaristas) se alzan las objetivistas, las cuales buscan un fundamento del negocio jurídico en la justicia y en su modalidad particular de la equidad. La justicia del vínculo sinalagmático se logra consiguiendo mantener la equivalencia o equilibrio de las prestaciones contractuales, de tal manera que las circunstancias sobrevenidas no sean causa de enriquecimiento injusto para una de las partes (con el consiguiente perjuicio para la otra parte), o no se de pie al abuso de derecho que supone un desequilibrio llamativo, debiendo prestar los jueces en todo caso una relevante consideración hacia la buena fe. En suma, el fundamento que parece soslayar las fragilidades del subjetivismo psicologista puede hallarse en las ideas axiológicas tradicionales desenvueltas tanto por la legislación como sobre todo por la jurisprudencia de los tribunales. Se trata en definitiva de un problema de justicia conmutativa, reforzada por la justicia distributiva aplicable entonces a los negocios jurídicos unilaterales. Ahora bien, subraya la autora que la objetivación sólo es posible si la doctrina que la sustenta aplica los conceptos técnico-jurídicos

Gregorio Robles

adecuados que permitan la racionalización argumentativa para alcanzar los criterios objetivos aplicables. Por eso analiza a continuación el concepto de causa en los contratos (consideration en el derecho inglés) entendiéndola como la función típica y genérica del negocio, la finalidad económico-social objetivable del mismo. En los contratos onerosos esa finalidad típica no puede entenderse desprendida de la reciprocidad de las prestaciones. De ahí que el tratamiento de la causa del negocio lleve directamente a la conmutatividad o justicia conmutativa como regla básica de la economía contractual. Encarnación Fernández examina minuciosamente multitud de sentencias, sobre todo españolas del TS, para concluir: “Esta línea jurisprudencial culminó con la STS de 30 de junio de 2014 en la que se enfatiza sobre todo la ruptura sobrevenida del mecanismo causal poniéndola además en conexión con la doctrina de la base del negocio y con la conmutatividad o equilibrio prestacional del contrato, en tanto que el principio de buena fe actúa como cauce complementario de justificación.” Por este motivo la autora pasa a deliberar sobre el principio general de la buena fe (artículos 7.1 y 1258 del Código Civil), sobre todo en su sentido objetivo, como fundamento de la rebus. Al ser la buena fe un concepto abierto precisa de la concreción de su contenido, lo que exige de nuevo una elaboración técnico-jurídica, que en definitiva no es otra que la tipificación de los supuestos, al menos de los más frecuentes, que puedan servir de guía a la jurisprudencia de los tribunales. Con buen criterio propone el principio de equivalencia de las prestaciones, lo que supone una valoración de conjunto del contrato para “integrarlo” teniendo en cuenta las circunstancias imprevisibles sobrevenidas de hecho. Las últimas páginas de esta excelente monografía se dedican a los presupuestos o requisitos de aplicación de la cláusula rebus y a ciertas consideraciones sobre la finalidad básica de mantener los contratos y hacerlos susceptibles de cumplimiento mediante la interpretación judicial adaptativa de la letra a las circunstancias sobrevenidas. Cuestiones todas de ellas de las que la autora trata con la maestría y el buen juicio que preside el conjunto del trabajo, apoyándose en el derecho comparado, en la jurisprudencia de los tribunales y las exigen-