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Prontuario metropolitano de avisos notariales

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Marta Lorente Sariñena

Ana Cañizares Laso

Javier de Lucas Martín

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

María Luisa Cuerda Arnau

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón

Carmen Domínguez Hidalgo

Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Elisa Speckmann Guerra

Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania) Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

Prontuario metropolitano de avisos notariales

ÁNGEL GILBERTO ADAME LÓPEZ AMANDO MASTACHI AGUARIO ALEJANDRO PÉREZ TEUFFER FOURNIER

tirant lo blanch

Ciudad de México, 2023

Copyright ® 2023 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www. tirant.com/mex/ incorporada a la ficha del libro. Este libro será publicado y distribuido internacionalmente en todos los países donde la Editorial Tirant lo Blanch esté presente. Los textos jurídicos que aparecen se ofrecen con una finalidad informativa o divulgativa. Tirant lo Blanch intentará cuidar por la actualidad, exactitud y veracidad de los mismos, si bien advierte que no son los textos oficiales y declina toda responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones de los mismos. Los únicos textos considerados legalmente válidos son los que aparecen en las publicaciones oficiales de los correspondientes organismos autonómicos o nacionales.

Ángel Gilberto Adame López Amando Mastachi Aguario Alejandro Pérez Teuffer Fournier

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Av. Tamaulipas 150, Oficina 502 Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1147-966-0 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicasde-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A don José Ángel Villalobos Magaña, nuestro querido maestro. Dedicamos esta obra como muestra de gratitud a quien con su ejemplo y dedicación nos ha formado. A nuestra querida amiga, Montserrat Arenas Martínez. Con especial agradecimiento por sus excepcionales aportes a esta obra.

ÍNDICE Introducción..........................................................................................................

CAPÍTULO PRIMERO CIUDAD DE MÉXICO Código Civil del Distrito Federal...........................................................................

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México....

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal....................................

Código Fiscal de la Ciudad de México....................................................................

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.............................

Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal y su Reglamento....................................................................................................................

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento...........................

Ley del Notariado para la Ciudad de México y su Reglamento..............................

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal..............

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público..............................................

Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal (y su Ley abrogada)......................................................................................................................

Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal................................................

CAPÍTULO SEGUNDO ESTADO DE MÉXICO Código Civil del Estado de México.........................................................................

Código Administrativo del Estado de México........................................................

Código Electoral del Estado de México..................................................................

Código Financiero del Estado de México y municipios..........................................

103

Código para la Biodiversidad del Estado de México...............................................

111

Ley de Bienes Del Estado De México.....................................................................

113

Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México.........................

117

Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional en el Estado de México...................................................................................................

121

Ley del Notariado del Estado de México y su Reglamento.....................................

123

Índice

Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México...........................................................................................................................

133

Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México....................

137

Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México...

141

Reglamento del Título Quinto del Código Administrativo del Estado de México y Municipios denominado “del Catastro”.................................................................

151

Fuentes consultadas legislativas y doctrinales......................................................

153

INTRODUCCIÓN “Notario es el profesional del Derecho investido de fe pública por el Estado, y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, y conferir autenticidad y certeza jurídicas a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría.” El señalamiento que hace el artículo 44 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México nos describe a una persona con amplia preparación en el área del Derecho, con sólidas capacidades de investigación e interpretación y con amplias habilidades para la elaboración y tramitación de los instrumentos propios de su función. Ya García Máynez supone que el Derecho y sus ramas funcionan a través de diversos escenarios desde la creación del mismo, la inclusión de contenido de principios y por supuesto la inspección del derecho positivo para verificar cómo funcionan los principios apriorísticos normativos1. Es decir, el Derecho se construye a través de una lógica formal en el que las premisas, para ser verdaderas deben estar basadas en principios con características de universalidad y finalmente aplicarse en un tiempo y lugar determinado. El derecho se construye a través de la lógica, se alimenta de principios y se hace efectivo al ser aplicado en la realidad. Es en este último sector del mapa jurídico planteado por García Máynez que el notariado se desenvuelve a través —sí— de la elaboración de instrumentos notariales rigurosamente basados en la norma, pero también de la interacción con la estructura jurídica institucional en la que las reglas de procedimiento, al igual que en el método científico, les permiten obtener un resultado válido y por lo tanto eficaz y repetible. Los avisos notariales se constituyen en verificadores per sé de actos que las leyes consideran relevantes y sobre los cuales es indispensable que la autoridad y el profesional del notariado actúen conjuntamente para asegurar la certeza jurídica y el adecuado cumplimiento del impacto positivo en la realidad jurídica. Los avisos son pues el agente activo de la comunicación del acto notarial que dan cuenta de su existencia y del visto bueno de la autoridad. La finalidad de este ejercicio de compilación es poner al alcance de profesionales de la práctica jurídica, estudiantes —y estudiosos—, integrantes del servicio público y personas interesadas en el tema, todas las normas dispersas

VILLORO TORANZO, Miguel. Sobre la lógica jurídica de García Máynez. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consultado en www.juridicas.unam.mx

Introducción

en materia de avisos notariales, a efecto de que puedan conocer en un sólo documento académico, los requisitos y trámites en que los notarios intervienen y están obligados a establecer comunicación de sus actos con la autoridad. Adicionalmente, se han recopilado otras normas, que no necesariamente representan avisos, pero que son de importancia para el ejercicio notarial en la Ciudad de México y Estado de México. Sean pues partícipes de esta compilación de información y de este ejercicio de acercamiento al campo de los trámites notariales.

CAPÍTULO PRIMERO CIUDAD DE MÉXICO

CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Denominado en su origen como “Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en Materia Común y para toda la República en Materia Federal”, el ahora conocido solamente como Código Civil para el Distrito Federal, fue publicado escalonadamente en cuatro partes, los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928. Al desaparecer los llamados Territorios Federales de Baja California y Quintana Roo, se requirió una reforma a su denominación, la cual se dio el 23 de diciembre de 1974 para conocerse como “Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común para toda la República en Materia Federal”. Lo anterior en razón de que, si bien la materia civil es en toda la república conferida a cada entidad federativa, es decir, por naturaleza es materia común, algunas de sus disposiciones se aplican de manera supletoria a los procedimientos mercantiles, siendo ésta una materia federal, por lo que había que considerar esta particularidad en su denominación. La última reforma a la fecha respecto a la forma en cómo conocemos a este código, es decir, aquella que nos lleva a su actual denominación se da el 29 de mayo de 2000 para dar origen a dos códigos, que son: un Código Civil para el Distrito Federal y un Código Civil Federal2. El motivo de esta reforma se origina en una de las reformas políticas que modificaron la estructura gubernamental de la Ciudad de México para dotarle de mayores facultades legislativas. Si bien desde principios de los años 90’s ya se contaba con un órgano legislativo (la entonces Asamblea de Representantes) y en 1997 tuvo lugar el primer proceso electoral para el nombramiento por voto directo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la creación de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, una mayor autonomía legislativa se dio hasta el periodo presidencial y de jefatura de gobierno 2000-2006, haciendo necesaria esta separación de ordenamientos por ámbito de competencia. En la actualidad, para la ciudadanía no especializada en temas constitucionales, existe aún la confusión cotidiana sobre la naturaleza jurídica de la Ciudad de México. Aun cuando por inercia de décadas de costumbre en el léxico cotidiano algunos todavía se refieran a ella con su antigua denominación, se tiene conocimiento generalizado de que ya no se trata de un Distrito Federal. Sin embargo, al mismo tiempo existe una creencia popular sobre la idea de que ya se alcanzó la calidad de “estado” como a las otras partes integrantes de la federación.

CRUZ BARNEY, Óscar. La codificación civil en México: Aspectos Generales. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/ libros/7/3082/3.pdf

Código Civil del Distrito Federal

Sin embargo, esto no es así. Ya no se trata de un Distrito Federal pero aún no es un Estado, dado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 44 indica que la Ciudad de México es una entidad federativa, sede de los poderes de la unión y capital del país, pero también plantea específicamente que, si los poderes se trasladan a otro lugar, será hasta entonces cuando la Ciudad de transforme en un Estado con el mismo nombre que ya ostenta. Lo anterior tiene relevancia en la función notarial, puesto que al delimitarse con claridad la competencia territorial y siendo el notariado una estructura jurídica local, permite dar mayor claridad y certeza jurídica sobre los procedimientos, campo de actuación, ámbito, autoridades responsables y tipos de avisos que los notarios deben cubrir en el ejercicio de sus funciones. AVISO AL REGISTRO CIVIL POR LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO La Ley del Notariado para el Distrito Federal de 1980 trajo como novedad la incorporación en su texto de las normas de tramitación sucesoria y jurisdicción voluntaria. Con esto la carga en juzgados se reduciría ya que aquellos asuntos en los que no hubiera controversia o menores de edad o incapaces involucrados, podrían acudir ante el notario para tener una solución jurídica adecuada. La celebración y modificación de capitulaciones matrimoniales, disolución y liquidación de sociedad conyugal son uno de éstos trámites. Cuando se otorgue su modificación el notario estará obligado a avisarlo al Registro Civil. Este aviso se encuentra regulado de forma conjunta por el Código Civil, la Ley del Notariado y el Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal: Artículo 180 CCDF. Las capitulaciones matrimoniales se otorgarán antes de la celebración del matrimonio y durante éste. Podrán otorgarse o modificarse durante el matrimonio, ante el Juez de lo Familiar o ante Notario, mediante escritura pública. Artículo 103 RRCDF. Las inscripciones que señalan los artículos 35 y 180 del Código Civil, así como el numeral 166 de la Ley del Notariado del Distrito Federal (sic), se tramitarán ante la Dirección, transcribiendo los puntos resolutivos de la sentencia judicial firme o la parte relativa de la escritura pública que los contenga.

A propósito, los Tribunales Colegiados de Circuito han emitido tesis aisladas en relación al otorgamiento de capitulaciones en escritura pública: Registro digital: 163405 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: I.14o.C.70 C

Código Civil del Distrito Federal

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 1739 Tipo: Aislada CAPITULACIONES MATRIMONIALES. EL REQUISITO DE QUE CONSTEN EN ESCRITURA PÚBLICA Y SE INSCRIBAN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, NO IMPIDE QUE SE VERIFIQUEN LOS EFECTOS TRASLATIVOS DE DOMINIO ENTRE CÓNYUGES. Los efectos traslativos de dominio que tienen lugar en las capitulaciones matrimoniales, en cuanto guardan similitud con la compraventa, como consecuencia del acuerdo de voluntades respecto a los bienes que se trasladan o son copartícipes los cónyuges, surgen instantáneamente, ipso iure, sin necesidad de su asiento registral, el cual no tiene efectos constitutivos sino declarativos. La constancia de tal acto en escritura pública, si bien es un requisito de forma establecido en el artículo 185 del Código Civil para el Distrito Federal, tiene sólo como efecto dejar una constancia de validez plena que acredite la operación realizada, circunstancia que, por otra parte, es exigible a las partes que intervienen, en forma imprescriptible, mediante la acción proforma, pues es un derecho accesorio facultativo que sólo se extingue con el derecho principal del cual emana. De esa manera, la ausencia de estos dos extremos no impide, en forma alguna, que se verifiquen los efectos traslativos de dominio, pasando la propiedad del bien de un cónyuge al otro. En conclusión, se estima que si para la validez de la compraventa no se exige que conste en escritura pública o se inscriba en el Registro Público de la Propiedad, por mayoría de razón tampoco es dable exigir tales requisitos en la transmisión o coparticipación de la propiedad de bienes inmuebles derivada de la celebración de capitulaciones matrimoniales, pues el artículo 185 citado, remite a los demás preceptos legales en donde se establecen tales requisitos para que la traslación sea válida, pero esa validez sólo puede entenderse respecto de terceros y no entre los propios otorgantes, ya que fue entre ellos quienes —en uso de su libertad contractual— decidieron realizar la transmisión del dominio respectiva. DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 413/2010. Enrique León Martínez y otros. 2 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jacinto Juárez Rosas. Secretario: Hugo Rosete Guerrero. Registro digital: 163507 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: I.14o.C.68 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre de 2010, página 1428 Tipo: Aislada

Código Civil del Distrito Federal

CAPITULACIONES MATRIMONIALES. SON VÁLIDAS ENTRE LOS OTORGANTES CUANDO PACTEN HACERSE COPARTÍCIPES O TRANSFERIRSE LA PROPIEDAD DE BIENES ENTRE ELLOS, AUN CUANDO NO CONSTEN EN ESCRITURA PÚBLICA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 185 Y 186 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL). De la interpretación armónica de los artículos 185 y 186 del Código Civil para el Distrito Federal, el requisito de que deben constar en escritura pública las capitulaciones matrimoniales en donde los otorgantes pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito, obedece a la finalidad de producir efectos contra tercero, pues aun cuando en el numeral citado en primer término no se distingue respecto a la invalidez por falta de escritura pública de las capitulaciones mencionadas, en cuanto a si sólo se dirige a los otorgantes, a los terceros o a ambos, lo cierto es que al atender al diverso 186 citado, expresamente se prevé que las “alteraciones” a las capitulaciones matrimoniales deben constar “también” en escritura pública, y sin ese requisito (más la inscripción en el protocolo y en el Registro Público de la Propiedad), no producirán efectos contra terceros. En otras palabras, en ambos preceptos legales se prevé como supuesto el traslado de bienes, ya sea para constituir la sociedad conyugal o “alterar” las capitulaciones matrimoniales en donde se hizo constar, y en ese sentido, si se refieren al mismo supuesto de traslación del dominio de bienes que la ley exija para ello la elaboración de escritura pública para su validez, la consecuencia prevista en ese precepto legal resulta aplicable de manera extensiva a la inobservancia del numeral que le antecede, esto es, que la falta de escritura pública (así como la inscripción registral respectiva) sólo genera que dichos actos (constitución de la sociedad conyugal y la alteración de las capitulaciones matrimoniales) no produzcan efectos contra terceros. Además, resultaría incongruente considerar que sólo cuando se forman las capitulaciones matrimoniales deben constar en escritura pública y no cuando se “alteran”, para que sean válidas entre los cónyuges, pues en ambos casos se involucra el traslado de dominio de los bienes respectivos, esto es, ambos preceptos legales regulan las capitulaciones matrimoniales, pero en momentos distintos: uno, cuando se constituye la sociedad conyugal y, otro, cuando se “alteran” aquéllas, y en ambos casos se afecta el dominio o la propiedad de los bienes involucrados, por lo que resultaría jurídicamente ilógico que el legislador exija la escritura pública cuando se forman las capitulaciones matrimoniales y así tener validez entre los otorgantes (artículo 185) y, por otra parte, no se requiera tal formalidad cuando sólo se “alteren” éstas (artículo 186), y aun así tener validez dicha “alteración” entre los propios cónyuges, cuando en ambos casos se trata de la afectación en la coparticipación o transferencia de la propiedad, lo cual sería contradictorio entre ambos preceptos legales que regulan una misma institución jurídica. De aceptar una postura contraria, se desconocería el principio de la autonomía de la voluntad de las partes que rige en el derecho privado, en donde no se afectan intereses públicos, sino sólo se involucran derechos de los particulares, el cual se encuentra reconocido en nuestra legislación civil, y del que no escapa la celebración de las capitulaciones matrimoniales, pues éstas se definen, conforme a los artículos 179 y 180 del Código Civil para el Distrito Federal, como los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de éstos en uno y otro caso; además, pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o durante él, debiendo referirse tanto a los bienes de que sean dueños los esposos al momento de la celebración del convenio como a los que

Código Civil del Distrito Federal

adquieran después. De ahí que la interpretación del artículo 185 del Código Civil para el Distrito Federal debe realizarse considerando su articulación con el sistema normativo del cual forma parte, en donde se reconoce el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, lo cual conlleva a considerar que la invalidez a la que se refiere dicho precepto sólo debe atender a la limitación que presenta el principio enunciado, esto es, cuando no se trate de derechos pertenecientes a los otorgantes, sino que afecten derechos de terceros (como así se advierte de lo dispuesto en el diverso 6o. del mismo ordenamiento legal), porque entre las partes no es dable desconocer los derechos y obligaciones que pactaron entre ellas. DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 413/2010. Enrique León Martínez y otros. 2 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jacinto Juárez Rosas. Secretario: Hugo Rosete Guerrero.

AVISO DEL NOTARIO CUANDO TIENE CONOCIMIENTO DE LA MUERTE DE UN TESTADOR Durante la época del México independiente, con la expedición de la Ley para el Arreglo de la Administración de Justicia en los Tribunales y Juzgados del Fuero Común en 1854 se impuso la obligación a los escribanos ante los que se tramitara un testamento de avisar a las autoridades del fallecimiento del testador. Ésta disposición fue rescatada por los Códigos Civiles posteriores, con la diferencia de que el notario tendrá que avisar a los herederos, siendo responsable de los daños y perjuicios por su omisión3. Artículo 1508 CCDF. El Notario que hubiere autorizado el testamento, debe dar aviso a los interesados luego que sepa la muerte del testador. Si no lo hace, es responsable de los daños y perjuicios que la dilación ocasione.

INTERPELACIÓN ANTE NOTARIO La interpelación como especie de la notificación, consiste en solicitar al destinatario la contestación a una petición que otro le hace. En este sentido, el Código Civil, al regular el cumplimiento de las obligaciones cuando no se ha fijado tiempo de pago faculta a los acreedores para exigir con posterioridad a la realización de una interpelación que podrá hacerse ante notario. Artículo 2080 CCDF. Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los treinta días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de obligaciones

RIOS HELLIG, Jorge. (2020). “La práctica del Derecho Notarial”. México: Editorial McGraw Hill.

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de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación.

Los Tribunales Colegiados de Circuito, han emitido un criterio en relación con la finalidad de la interpelación: Registro digital: 163796 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: I.3o.C.839 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 1274 Tipo: Aislada INTERPELACIÓN. SU FINALIDAD QUEDA SATISFECHA CUANDO EXISTE CERTEZA JURÍDICA DE QUE EL DEUDOR RECIBIÓ DE SU ACREEDOR UNA CARTA QUE PRECISA LA OBLIGACIÓN QUE DEBE CUMPLIR. El artículo 2080 del Código Civil para el Distrito Federal establece como requisitos de la interpelación extrajudicial, la presencia de dos testigos o que se realice ante notario público; la finalidad de estos requisitos es otorgar certeza y seguridad jurídica, de que el acreedor requirió el cumplimiento de la obligación a su deudor, y que éste tuvo conocimiento de la voluntad de su acreedor de exigir el cumplimiento de su obligación o sea, que fue requerido de pago, y que a partir de esa fecha tenía treinta días para hacer el pago y no incurrir en mora. Por tanto, una carta dirigida al deudor, satisface el requerimiento de la interpelación porque contiene una solicitud de pago del adeudo, el cual se acredita con la firma de dicha carta por el acreedor y que la misma haya tenido contestación por el deudor, satisfaciendo de este modo la certeza y seguridad jurídica de la existencia y requerimiento de la obligación. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 428/2010. Asunción Gutiérrez Nieto, su sucesión. 27 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Mariano Suárez Reyes.

INSERCIÓN DE ARTÍCULO EN PODERES Aunque ésta obligación no se trate estrictamente de un aviso, es importante que cuando se otorgue un poder ante notario se realice en el testimonio correspondiente la inserción del artículo 2554 del Código Civil. La razón de dicha obligación es que el poderdante y todo aquel interesado puedan conocer los alcances de las facultades que se han conferido con dicho poder. Artículo 2554 CCDF. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las espe-