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Junto a una primera y necesaria aproximación de corte teórico-académico, el autor realiza un estudio de los elementos y requisitos necesarios para la obtención del beneficio desde un punto de vista eminentemente práctico, analizando la concreta regulación introducida en la Ley Concursal con ocasión de la promulgación de la Ley 25/2.015. Encontrará el lector, por tanto, la conjunción de una visión teórica de evidente utilidad interpretativa de la institución junto a un análisis práctico, verificándose a través de tal simbiosis el contenido sustancial del beneficio que resultará de gran ayuda al operador jurídico en su labor diaria. Esta monografía es, sin duda, el estudio más completo que sobre la introducción de la denominada “segunda oportunidad” en nuestro ordenamiento jurídico ha venido a realizarse en nuestro país hasta la fecha.

Álvaro Sendra Albiñana

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

ÁLVARO SENDRA ALBIÑANA EL BENEFICIO DE EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO

La presente obra analiza la institución denominada “Beneﬁcio de exoneración del pasivo insatisfecho” establecida en el artículo 178 bis de la Ley concursal y conocida para el gran público como “segunda oportunidad”.

monografías

EL BENEFICIO DE EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO

EL BENEFICIO DE EXONERACIÃ“N DEL PASIVO INSATISFECHO

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

EL BENEFICIO DE EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO

ÁLVARO SENDRA ALBIÑANA Doctor en Derecho Abogado

Valencia, 2018

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Índice Prólogo.................................................................................................... 11 Introducción............................................................................................. 17

Capítulo I Cuestiones terminológicas, configuración, sistemática y antecedentes del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho

I. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CURATIVAS DE LA CRISIS ECONÓMICA. SOBREENDEUDAMIENTO E INSOLVENCIA. CUESTIONES TERMINOLÓGICAS........................................... 23 II. DELIMITACIÓN Y ASPECTOS................................................... 41 1. Aspectos positivos................................................................... 47 1.1. La reactivación de la economía y la lucha contra la exclusión social....................................................................... 47 1.2. La prevención del sobreendeudamiento y el crédito responsable.......................................................................... 48 1.3. La configuración de mayores garantías de atención de créditos para los acreedores............................................. 49 2. Aspectos negativos.................................................................. 51 2.1. El riesgo de deudores oportunistas.................................. 51 2.2. El impacto en el sistema financiero y el encarecimiento del crédito............................................................................. 52 2.3. El riesgo de desincentivación para alcanzar soluciones consensuadas................................................................... 56 2.4. El denominado «efecto llamada» y el colapso de los tribunales................................................................................ 57 III. LA EMISIÓN DE INFORMES Y DICTÁMENES. LA CONCIENCIACIÓN DE LOS DISTINTOS OPERADORES......................... 59 IV. LA LEY 14/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACION........... 65 V. LEY CONCURSAL 22/2003 DE 9 DE JULIO. PRINCIPIOS RECTORES Y FINALIDADES............................................................. 69 VI. LA REGULACIÓN DEL BENEFICIO EN EL PROCESO CONCURSAL....................................................................................... 76 VII. SISTEMAS DE EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO......................................................................................... 86 1. Sistema Anglosajón................................................................. 87 2. Sistema de rehabilitación......................................................... 89 3. El sistema mixto español......................................................... 90

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Capítulo II Elementos esenciales y requisitos para la obtención de la liberación de deudas residuales

I. ELEMENTOS ESENCIALES........................................................ 93 1. Concepto y naturaleza jurídica................................................ 93 2. Ámbito subjetivo. Beneficiarios: La persona natural concursada............................................................................................ 99 2.1. Menores e incapaces........................................................ 105 2.2. La extensión del beneficio al cónyuge casado como excepción al principio general.................................................. 107 3. El elemento objetivo. La conclusión del concurso.................... 116 3.1. La conclusión del concurso por liquidación..................... 118 3.2. La conclusión del concurso por insuficiencia de masa..... 119 II. EL REQUISITO DE BUENA FE................................................... 124 1. La buena fe como elemento valorativo.................................... 128 2. La buena fe como elemento normativo.................................... 138 2.1. Ausencia de culpabilidad del concurso............................ 138 2.1.1. La tramitación de la sección Sexta....................... 141 2.1.2. El criterio general de culpabilidad del artículo 164.1 LC............................................................. 147 2.1.3. La excepción a la culpabilidad del concurso........ 150 2.2. La ausencia de condena penal firme................................ 154 2.3. La formulación del acuerdo extrajudicial de pagos.......... 159

Capítulo III La obtención, extensión y revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el ordenamiento español

I. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD.......................................... 169 1. La ausencia de oposición a la solicitud del beneficio................ 173 2. La oposición a la solicitud del beneficio.................................. 174 II. FORMAS DE OBTENCIÓN DEL BENEFICIO........................... 176 1. La obtención automática del beneficio ex artículo 178.bis.3.4. LC........................................................................................... 185 1.1. Requisitos....................................................................... 186 1.1.1. El pago de los créditos contra la masa................. 186 1.1.2. El pago de los créditos privilegiados.................... 188 1.1.3. El pago de los créditos ordinarios........................ 194 1.2. Deudas exoneradas......................................................... 195 1.3. Revocación del beneficio. Plazos...................................... 197 2. La obtención diferida del beneficio ex artículo 178.bis.3.5 LC....................................................................................... 204 2.1. Requisitos....................................................................... 205

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2.1.1. Aceptación de un plan de pagos........................... 206 2.1.2. Ausencia de incumplimiento de las obligaciones de colaboración................................................... 207 2.1.3. Ausencia de obtención del beneficio dentro de los últimos 10 años................................................... 208 2.1.4. Ausencia de rechazo de una oferta de empleo...... 209 2.1.5. Aceptación de la publicidad derivada de la obtención del beneficio................................................. 212 2.2. Deudas exoneradas y deudas excluidas........................... 214 2.2.1. La excepción de los créditos de derecho público.. 215 2.2.2. La excepción de los créditos por alimentos.......... 219 2.2.3. Créditos con privilegio especial. La exclusión de la vivienda habitual................................................. 222 2.3. La concesión provisional del beneficio............................. 232 2.4. El plan de pagos.............................................................. 235 2.4.1. Contenido y plazos.............................................. 236 2.4.2. Tramitación......................................................... 241 2.5. La concesión definitiva.................................................... 242 2.6. La revocación del beneficio. Plazos.................................. 247 2.6.1. Circunstancias que hubiesen impedido la concesión del beneficio................................................. 248 2.6.2. Incumplimiento del plan de pagos........................ 249 2.6.3. Mejora sustancial de la situación económica del deudor................................................................. 250 2.6.4. Tramitación de la solicitud de revocación............ 252 2.7. La excepción del incumplimiento del plan de pagos........ 254 3. Efectos de la declaración del beneficio respecto de avalistas, deudores solidarios u otros garantes........................................ 258 III. DERECHO TRANSITORIO........................................................ 261

Capítulo IV La tendencia de la Unión Europea en la liberación de deudas

I. LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA DE 12 DE MARZO DE 2014 SOBRE UN NUEVO ENFOQUE FRENTE A LA INSOLVENCIA Y EL FRACASO EMPRESARIAL (2014/135/UE).............................................................................. 265 II. PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 SOBRE LOS MARCOS DE REESTRUCTURACIÓN PREVENTIVA, LA SEGUNDA OPORTUNIDAD Y LAS MEDIDAS PARA AUMENTAR LA EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACIÓN, INSOLVENCIA Y APROBACIÓN DE LA GESTIÓN, Y POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2012/30/UE.......... 269

Índice

Bibliografía.............................................................................................. 277

Prólogo El libro que hoy tenemos el honor de prologar es fruto de la revisión de la tesis doctoral del mismo título que dirigí, y que fue defendida de forma brillante por Álvaro Sendra Albiñana en la Universitat Jaume I de Castellón el pasado día 12 de mayo de 2017, obteniendo la máxima calificación otorgada por el tribunal que la juzgó. La dirección de la tesis ha sido una tarea que, aun dentro de la complejidad de todo trabajo de dirección académica de estas características posee, debo decir que ha sido facilitada por la actitud, las ganas de aprender y la diligencia del hoy Doctor Sendra. A él debo agradecer la deferencia de pedirme que prologue este libro, culminación de su labor anterior. Y por supuesto, es una tarea que hago con sumo gusto, por la calidad de su trabajo y por sus cualidades académicas y personales, ya que, después de algunos años de trabajo a mi lado, he podido apreciar su valía intelectual y humana y el entusiasmo que contagia con su actitud siempre positiva. El autor, Álvaro Sendra Albiñana, ha recorrido un camino singular, pero no extraño en estos días, que conecta las tareas académicas propias de la Universidad con el ejercicio de la profesión de abogado. Son sus años de profesión como letrado los que le ponen en contacto con la realidad analizada en esta monografía. Un tema que se le presenta de forma reiterada en la práctica y que constituirá a su vez el recorrido de vuelta a la Universidad elegido esta vez como objeto de estudio y profundización. Al contrario de lo que ocurre con la premura que exige casi siempre el ejercicio de la abogacía, la Universidad debe ser un lugar adecuado para la reflexión, la discusión y el debate, en el que puede madurarse la investigación de temas como el presente, de una manera sosegada y reflexiva. Y en ese sentido, la Universitat Jaume I, la universidad donde Álvaro Sendra se ha formado como doctor, ha sido el escenario perfecto donde ha encontrado apoyo académico e institucional para conseguir llevar a cabo su tarea. A ello se ha unido provechosas estancias de investigación para la recopilación de materiales e ideas que sin duda enriquecen el resultado final de la obra, siendo destacable su paso por la Facultad de Derecho de la Universidad de Florencia. Y este recorrido, una vez investido ya del

Carmen Boldó Roda

grado de Doctor, le ha llevado, en ese singular camino, de vuelta a la Universidad, esta vez concursando a una plaza como profesor asociado de Derecho Mercantil. Con ello desemboca en su punto de origen, la Universidad, en su tarea como profesor, que compatibiliza con su profesión como abogado en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, en lo que se puede sintetizar como un mutuo enriquecimiento, ya que, tanto sus alumnos, como el Área de Derecho mercantil a la que actualmente pertenece como miembro de pleno derecho, se benefician de su experiencia y conocimientos como letrado y también, ahora sí, gracias a su reciente investidura con el grado de doctor, como investigador y académico. En la elección del tema de la tesis que constituye la base del libro que ante el lector se presenta, se han tenido en cuenta consejos académicos de los clásicos maestros del Derecho mercantil, que advierten no aventurarse nunca en ningún tema jurídico sin conocer a fondo la estructura técnica y la función económica de la institución, recopilar los materiales bibliográficos, jurisprudenciales y legislativos para comprender bien dichas estructuras y funciones, seguir su línea de evolución, diferenciándolo de los institutos afines, aprovechar el conocimiento práctico e histórico para someter a la crítica las fuentes jurídicas como las leyes y la jurisprudencia; no comenzar a escribir hasta haber recompuesto todo el argumento en la propia mente y al hacerlo, tomar como punto de partida a la que hubieran llegado los investigadores precedentes, nacionales o extranjeros, porque la literatura jurídica en materia mercantil progresa sincrónicamente en todos los países de nuestro entorno cultural. Además, como decía el maestro Garrigues, se trata de un tema “de Derecho vivo” y se enriquece en ese sentido de la preocupación y la experiencia práctica que aporta al autor su profesión de abogado. El tema escogido, “El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho”, aparece pues enmarcado no sólo en su interés teórico, sino en la preocupación que despierta en el autor cuando en el ejercicio profesional se ha tenido que enfrentar a situaciones de gran dificultad para deudores personas físicas ya que, con independencia de la causa de sus respectivas crisis económicas, el ordenamiento jurídico no les procuraba una vía legal que les permitiera reintegrarse de nuevo a la vida civil en condiciones patrimoniales adecuadas. Esta imposibilidad de propiciar soluciones reales y legales a la concurrencia de crisis

Prólogo

económicas en las personas físicas que, por la aplicación del principio de responsabilidad patrimonial universal, se han visto abocadas a no poder llevar en condiciones su inserción social y laboral, y la frustración que ese hecho ha provocado sobre todo en los supuestos de sobreendeudamiento pasivo, lleva al Dr. Sendra a enfocar su investigación sobre lo que ha venido a denominarse “segunda oportunidad” o “fresh start”, por lo que podía suponer la instauración normativa de la inexigibilidad de ciertas deudas cuando concurrieran determinados requisitos y condiciones. Se ha hecho por tanto patente el contraste del tratamiento legal de los deudores personas físicas y personas jurídicas, por cuanto las segundas, tras la tramitación del concurso de acreedores “de facto” obtenían una liberación de sus deudas residuales no satisfechas, lo cual no ocurría en las primeras por aplicación del mentado principio de responsabilidad patrimonial universal. La lucha contra la economía sumergida y la necesidad de encontrar una solución legal al problema planteado lleva al legislador a la formulación del antiguo art. 178.2 de la Ley Concursal, introducido por la Ley de Emprendedores y su Internacionalización. Sin embargo, la escasa aplicación de este precepto, la necesidad de un mayor análisis y profundización sobre una institución que debía tener más contenido y alcance que aquella finalidad restauratoria integral que se le pretendía otorgar, y el hito de la aprobación de la Ley 25/2015 de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, unido al hecho de la escasa literatura jurídica existente que abordase la institución con cierta profundidad, hicieron de éste un tema de estudio muy adecuado para la elaboración de una tesis doctoral, de la que se extrae la presente obra. El autor utiliza para el desarrollo de su estudio un método descriptivo y comparativo de las distintas posiciones doctrinales, de los antecedentes prelegislativos y legislativos, de instituciones similares del Derecho comparado para, a través de una atenta síntesis de tales materiales, llevar a cabo su labor deductiva que le lleva a formular las conclusiones expuestas en la parte final de este libro. Una tesis doctoral implica, como bien señala el prof. Embid Irujo, la asunción de una actitud plenamente universitaria ante la tarea a realizar, lo que exige, sin género de duda, la búsqueda de los elementos necesarios para entender la institución analizada, la meditación de dichos elementos y por último, la expresión literariamente adecuada del pensamiento del

Carmen Boldó Roda

autor en torno al objeto de estudio propuesto. Con esos mimbres y con una voluntad decidida y firme se logra la obra bien hecha. El libro que sigue a estas páginas revela a lo largo de su contenido una preocupación esencialmente unitaria que permite obtener conclusiones válidas y razonadas sobre su régimen en nuestro Derecho y sobre las posibilidades que presenta la figura para superar las crisis económicas de las personas físicas, en un contexto social y económico que hace necesario articular vías de reincorporación de las mismas a la actividad productiva. En el libro que se presenta se pueden distinguir claramente dos partes diferenciadas. En la primera, se plantea el estudio de la institución desde el punto de vista constitucional y su inclusión en la Ley Concursal así como su concordancia con los principios que inspiran la misma. En la segunda parte, se analiza la institución desde el punto de vista de su positivación en el Ordenamiento Jurídico español, su naturaleza jurídica, sus ámbitos subjetivo y objetivo así como el cumplimiento del requisito de buena fe para la obtención de la liberación de deudas, para concluir con el análisis de las distintas formas de obtención del beneficio, su alcance, revocación y demás circunstancias. El libro incluye las conclusiones que constituyen la síntesis del trabajo de investigación llevado a cabo por el autor y de sus aportaciones al estudio del tema más trascendentes, finalizando de forma adecuada la tarea emprendida por el mismo y reflejada en la obra que tiene el lector en sus manos. Como es bien sabido, no constituye misión del prologuista sustituir al autor en las primeras páginas de su obra y resumir para el lector las principales conclusiones del trabajo. Por entender que lo propio del tema está muy bien tratado en el libro, como podrá comprobar el lector que se adentra en el contenido de sus páginas, cuidadosamente escritas, tan sólo destacar su sentido académico y su valor científico. Bien puede decirse, en conclusión, que con la monografía que ahora prologamos se ha dado respuesta a un buen número de interrogantes suscitados por la aparición en nuestro ordenamiento de la figura que en la misma se analiza, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Por ello se justifica sobradamente la publicación del presente libro en el que Álvaro Sendra cumple con eficacia y rigor una de las misiones fundamentales que competen al investigador en el campo del Derecho: dar respuesta fundada a los hechos que la realidad plan-

Prólogo

tea, con una ponderada interpretación del ordenamiento vigente. Con esta obra que aquí presentamos, el autor no se ha limitado a abordar fríamente un problema jurídico singular, sino que a lo largo de su elaboración y en el contenido de cada una de estas páginas queda rastro de una intensa dedicación en la que confluye su experiencia profesional y su investigación siguiendo las pautas académicas. Sólo queda felicitar al autor por la publicación de este libro y esperar que siga trabajando con el mismo entusiasmo que ha mostrado hasta ahora.

CARMEN BOLDÓ RODA Diciembre de 2017

Introducción Durante cierto tiempo resultó indiscutida para la práctica totalidad de la doctrina española la concurrencia de una discriminación negativa o maltrato jurídico1 en la regulación que, del concurso de la persona física, se hacía en nuestra Ley Concursal (LC). La reiteradamente solicitada unidad legal en materia de ejecución colectiva ocasionó, de facto, una deficiente positivización del concurso de las personas físicas, que veían reguladas sus situaciones concursales a través de preceptos y procedimientos concebidos para las personas jurídicas. Cierto es que la legislación concursal establece una serie de normas especiales cuya aplicación se predica, únicamente, respecto de las personas físicas, tales como la regulación del derecho de alimentos (artículos 47, 84-2.4ª LC), el fallecimiento del concursado (artículo 182 LC) y otras relativas al régimen económico matrimonial (artículos 21.1.3º, 77, 78, 82.1 LC)2, pero no es menos cierto que la discriminación que veníamos apuntando se producía respecto de aspectos muy concretos y sustanciales, entre los que sobresalía la liberación de deudas restantes tras la conclusión del expediente concursal —exoneración del pasivo insatisfecho—, cuyo trato diferenciado respecto de aquél otro conferido a las personas jurídicas, resultaba determinante para que el sujeto-deudor, decidiese evitar el procedimiento concursal a fin de resolver su situación de insolvencia3. «No es recomendable a un particular que acuda al proceso concursal»4. La frase, acuñada por una significada representante de nuestra mejor doctrina recogía, como indicábamos, el sentir general de toda ella. Las estadísticas que arrojaban nuestros juzgados y tribu-

CUENA CASAS, Matilde «Algunas deficiencias de la ley concursal ante la insolvencia de la persona física», Revista Aranzadi Doctrinal 7 (2009): pág. 3. PARRA LUCÁN, Mª Ángeles, «Persona y patrimonio en el concurso de acreedores», jornadas para la asociación de profesores de derecho civil, 2009, pág. 7. CUENA CASAS, Matilde «Conclusión del concurso de personas física y pasivo insatisfecho», documentos de trabajo del departamento de derecho mercantil de la Universidad Complutense, 2013, pág. 3. CUENA CASAS, «Algunas deficiencias de la ley concursal ante la insolvencia de la persona física», op. cit., pág. 3.

Álvaro Sendra Albiñana

nales refrendaban, sin lugar a dudas, aquello que se apuntaba por los especialistas en la materia, y es que el escaso uso de las instituciones concursales por las personas físicas5 resultaba ciertamente llamativo —comparativamente hablando—, en relación a los países de nuestro entorno más cercano. Efectivamente, la estigmatización social —también la financiera— que producía en el deudor acudir a un procedimiento de ejecución colectiva como el concurso, unido a los nulos beneficios que ello producía y los costosos trámites judiciales a desarrollar —no sólo en términos económicos sino también temporales—, abocaban a cualquier deudor, sin distinción alguna, a «decidir» —entiéndase la ironía— sin ninguna tentación en contrario, a abandonarse en los brazos de la economía sumergida al amparo de una insolvencia absolutamente irremediable para, así, evitar los rigores de la persecución de los acreedores que esgrimían sus armas legales bajo la incontestable e inmisericorde aplicación del principio de responsabilidad patrimonial universal previsto en el artículo 1.911 CC. Ante tal panorama, y quizás motivada por las consecuencias que produjo la virulenta crisis económica y financiera que se venía sufriendo —con efectiva expulsión del sistema económico y de los círculos financieros normales de muchas familias españolas—, se produjo en nuestro país una suerte de concienciación social colectiva6 que motivó que diversos operadores jurídicos pusieran de manifiesto la necesidad de aportar soluciones normativas a situaciones y problemas reales

FERNÁNDEZ SEIJO, José María «Aspectos concursales de la ley de segunda oportunidad», Diario La Ley 8500 (2015): pág. 2. Se achacaba tal ausencia de utilización del concurso por parte de las personas físicas a los costes del procedimiento, a la complejidad del mismo y al mantenimiento del principio de responsabilidad universal. MOLINA HERNÁNDEZ, Cecilio «La controvertida revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho», CEF LEGAL: Revista práctica de Derecho 190 (2016), pág. 45 para quien «no contamos con una regulación eficiente para el tratamiento de consumidores o personas físicas empresarias». TENA ARREGUI, Rodrigo «La exoneración de deudas es mejor que la dación en pago, pero no así», ¿Hay derecho? Blog, 2013, http://hayderecho. com/2013/04/10/la-exoneracion-de-deudas-es-mejor-que-la-dacion-en-pagopero-no-asi/. Pág. 2.

El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho

que se antojaban insostenibles, y que en la mayoría de ocasiones quebraban los más elementales principios constitucionales. Se crea, con tal conciencia social, la necesidad de producir determinado marco normativo que permitiese establecer una alternativa real, coherente y justa a la «solución tradicional» de optar por acogerse a la economía sumergida y, por tanto, a la consabida y fingida —en la gran parte de las ocasiones— insolvencia de los deudores. Se pretendía permitir que quien se había visto maltratado por diversas circunstancias derivadas de una crisis económica virulenta e interminable, encontrase una vía que le permitiese continuar desarrollando una vida normal sin, para ello, sujetarse a actuaciones alegales. Tal concienciación, integrada también por determinadas y concretas resoluciones judiciales recaídas no sólo en el ámbito concursal sino también en campos especialmente sensibles como el hipotecario, vino reafirmada y alentada por diferentes informes y recomendaciones internacionales, así como por la aparición de una cierta reivindicación doctrinal que reclamaba la instauración de tal marco normativo que, de modo análogo a cuanto ocurría con otros países de nuestro entorno, permitiera dar una respuesta adecuada a la problemática del deudor persona física en forma análoga a cuanto ocurría con el pasivo de las personas jurídicas. En esencia, se pretendía la promulgación de un marco jurídico atendiendo a determinadas recomendaciones formuladas por organismos internacionales considerando los diferentes modelos de derecho comparado para permitir, como objetivo final, la recuperación de la persona física para la vida económica tras superar una situación de insolvencia. Con la promulgación de la regulación que se venía reclamando desde diversos sectores sociales y doctrinales se debía evitar, por tanto, el nacimiento de una «generación de insolventes» que, como consecuencia de la crisis económica y financiera, produjesen una gran absorción y demanda de recursos sociales del estado evitando, al tiempo, la caída del consumo interno de nuestro país tan importante para el normal funcionamiento de la economía. De una forma ciertamente tímida y con escasa aplicación práctica, tras diversos trabajos pre-legislativos vino a promulgarse la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su

Álvaro Sendra Albiñana

internacionalización (BOE 233/2013, de 28 de septiembre de 2013) —LEI—, a través de la cual se estableció por vez primera en nuestro Derecho (artículo 178.2 LC en redacción introducida por la citada ley), aquello que vino a denominarse «remisión de deudas», mediante la cual, se cuestionaba la primacía total y absoluta del principio consagrado a través del artículo 1.911 del código civil. Pero fue a principios del año 2015, con la habitual improvisación y provisionalidad a la que nos tiene acostumbrados el legislador concursal español, cuando vino a promulgarse bajo la fórmula de Real Decreto-Ley, aquél identificado como 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (BOE 51/2015, de 28 de febrero de 2015) que, tras la consabida tramitación parlamentaria, vino a transformarse con alguna modificación de cierto calado en la Ley 25/2015 de 28 de julio del mismo nombre (BOE 180/2015, de 29 de julio de 2015). A través del presente trabajo se realiza un análisis de la institución denominada «Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho» regulada en el artículo 178 bis de la LC en redacción dada por las normas citadas, identificadas para el gran público como «La Ley de Segunda Oportunidad». Tal análisis parte del reconocimiento expreso que supone la definitiva introducción de la institución en nuestro ordenamiento jurídico, en tanto en cuanto supone un gran hito normativo al profundizar en la limitación de la aplicación de uno de los grandes principios de nuestro derecho patrimonial, cual es, el de responsabilidad patrimonial universal regulado en el artículo 1.911 del Código civil. Además del análisis de la regulación introducida a través del precepto ya citado, nos planteamos la procedencia de confiar el objetivo de recuperación del deudor —cometido encomiable e irrenunciable donde los haya— a una única norma que, además, regulará la problemática únicamente desde el punto de vista concursal. Se analiza también, en relación a tal cuestión, si la regulación cumple aquellas expectativas de recuperación integral y/o de rehabilitación civil y económica que para el deudor-persona física parecen esperarse de la ley o si, por el contrario, la eficacia y bondad de la norma debe de enjuiciarse bajo un punto de vista distinto al pretencioso objetivo recuperatorio reseñado.