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Coordinadores

Enrique Cruz Martínez Mario Cruz Martínez

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

ENRIQUE CRUZ MARTÍNEZ MARIO CRUZ MARTÍNEZ Coordinadores

PERSPECTIVAS DE LOS DESAFÍOS DEL ESTADO DE DERECHO EN EL MÉXICO DEL SIGLO XXI

El Estado de Derecho ha sido un tema ampliamente estudiado desde diversas perspectivas en el universo académico, sin embargo, es un terreno que nos ofrece una fuente inagotable de análisis y reflexión. Esta obra que se presenta al lector bajo el título de Perspectivas de los Desafíos del Estado de Derecho en el México del Siglo XXI, se ha elaborado con el objeto de presentar una nueva forma de concebir este extenso fenómeno en donde la rigidez de la que se la ha dotado al concepto mismo, exige una reinterpretación debido a su injerencia y el impacto que deriva de la interacción entre el Estado, los ciudadanos y el marco normativo. Los tiempos han cambiado y los problemas de la sociedad han transformado nuestra realidad, una realidad en donde el aseguramiento o cumplimiento del derecho como aspiración de los individuos, se ha visto afectada. Por ello es que esta obra nos permitirá renovar una discusión que se presenta en 3 capítulos, diseñados y ordenados para replantear algunos de los desafíos que se tienen que poner sobre la mesa, con el ánimo de procurar construir un mejor sistema jurídico. Este proceso es largo, pero la búsqueda de la eficiencia y eficacia de nuestras instituciones y de nuestro derecho, son una tarea permanente que no se puede abandonar. Por este motivo, la pregunta que se debe tratar de responder es si podremos realmente garantizar el estado de derecho en un país como México en este siglo, o si existen aspectos que desde su origen, limitan y condenan a un incumplimiento.

monografías

PERSPECTIVAS DE LOS DESAFÍOS DEL ESTADO DE DERECHO EN EL MÉXICO DEL SIGLO XXI

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

PERSPECTIVAS DE LOS DESAFÍOS DEL ESTADO DE DERECHO EN EL MÉXICO DEL SIGLO XXI

Coordinadores

ENRIQUE CRUZ MARTÍNEZ MARIO CRUZ MARTÍNEZ

Ciudad de México, 2017

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Índice Presentación.............................................................................................. 9

Primera Parte

MÚLTIPLES RETOS DEL ESTADO PARA EL REDIMENSIONAMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO EN EL SIGLO XXI El Estado de Derecho desde la perspectiva de las finanzas públicas: Expectativas limitadas a la luz de la austeridad presupuestal.............................. 15 Enrique Cruz Martínez Injusticia, desigualdades estructurales, y la construcción del Estado de Derecho en México........................................................................................ 43 Felipe Carlos Betancourt Higareda Las fallas del Estado de Derecho desde el funcionamiento de las políticas públicas en México................................................................................... 65 Martha Isabel Villanueva Vergara Los principios democráticos y el Estado de derecho desde los derechos humanos................................................................................................... 87 Tamara Hernández Juárez El nuevo rostro de la ciudadanía en México frente al Estado de Derecho: los jóvenes y Ayotzinapa............................................................................ 117 Mario Cruz Martínez

Segunda Parte

EL ESTADO DE DERECHO DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL Visión crítica de las reformas constitucionales frente al Estado de derecho............................................................................................................ 157 Isaac de Paz González Retos del Estado de Derecho y el control constitucional frente a las exigencias internacionales.............................................................................. 189 Patricia Varela Guerrero

Índice

Tercera Parte

DESAFÍOS DEL ESTADO PARA MEJORAR EL ESTADO DE DERECHO La tortura en México como desafío del Estado de derecho en el siglo XXI........................................................................................................... 221 María José Bernal Ballesteros La seguridad en el marco del plan nacional de desarrollo 2013-2018: cómo estamos y a dónde nos dirigimos......................................................... 243 Elena Molina Cañizo La mujer en el trabajo del hogar en México: perspectiva desde el Estado de derecho................................................................................................. 261 Raúl Maldonado Parra La búsqueda de una nueva concepción de la voluntad anticipada para garantizar el derecho a una muerte digna: un desafío para el Estado mexicano.......................................................................................................... 301 Omar Colín Sosa

Presentación Desde hace algunos años han sido objeto de estudio en distintos ámbitos, las acciones que el Estado implementa para tratar de satisfacer las necesidades de la población. El fenómeno es tan amplio que no es suficiente explicar con una sola perspectiva sus fines, sus medios, y sobre todo, el esquema legal bajo el cual se inscribe la acción pública. Sin duda, es angustiante observar numerosas fallas en el funcionamiento del estado mexicano al no lograr cumplir con su acción, las obligaciones que emanan de los distintos cuerpos normativos vigentes de nuestro país; particularmente porque hay una diversidad de factores complejos que integran nuestra sociedad, que hacen difícil establecer una armonía entre sus pretensiones desde la perspectiva de lo público, y la capacidad de las autoridades para atender los requerimientos de la población. Mejor conocido como Estado de Derecho, este es el espacio en el que se fijan las aspiraciones de una comunidad, así como sus prioridades, los derechos de los ciudadanos, pero también, la forma de organización institucional que se requiere para responder a las necesidades públicas. Su interpretación aparece como algo apasionante, que nos remite a una revisión actualizada no sólo desde lo que tiene que hacer el aparato gubernamental, sino también de aquellos elementos que interactúan desde lo económico, lo jurídico, lo político, lo territorial y lo social, para determinar el contexto en el que nos encontramos respecto al cumplimiento del estado de derecho. Uno de los principales aspectos que se analiza en esta obra, es el de saber cuáles son algunos de los problemas que se deben considerar para el cumplimiento del Estado de Derecho (en adelante ED) en México. Desde luego que puede haber opiniones encontradas respecto al orden de importancia de las prioridades que se deben estudiar cuando se habla de ED. En algunos casos se llega incluso hablar del Estado fallido de Derecho. Aunque esta denominación general alude estrictamente a la incapacidad del Estado para resolver los problemas de la población, también es cierto que difícilmente se hace alusión a la generalidad de elementos que pueden afectar la acción pública. Por

Enrique Cruz Martínez

este motivo, una de las principales aportaciones de esta obra colectiva es que mediante los diferentes apartados que la integran, permite determinar las diferentes Perspectivas de los desafíos del Estado de Derecho en el México del Siglo XXI. Realizando un examen de nuestra época, en donde aparecen diversos problemas que caracterizan la transformación de nuestra sociedad y la de nuestras instituciones normativas, es crucial observar qué es lo que se ha hecho o lo que se deberá atender en este siglo, para tratar de contribuir en la construcción de un Estado de Derecho sólido. Precisamente por este motivo es que no se puede hablar únicamente del fracaso gubernamental, sino también de los aspectos que tienen injerencia y que transforman el contexto de aplicación del derecho, dando lugar a nuevas rutas para crear otros mecanismos legales acordes con este tiempo. Por este motivo, en la Primera Parte de la obra se analizan algunos de los múltiples retos que se deben considerar para redimensionar el ED en esta era de grandes carencias, de enormes desigualdades, pero también, de mayor participación ciudadana. Los documentos que integran la primera parte, retoman algunos de los aspectos sobre los que debemos de reflexionar de manera constructiva, para hacer evidentes algunas de las causas que replantean la comprensión del ED. Es decir, que se analiza desde la postura financiera, así como la posición estructural institucional, alimentada por una interpretación de la efectividad de las políticas públicas y la inclusión de elementos democráticos que rigen el universo de la ciudadanía del siglo XXI. La Segunda Parte, se enfoca en analizar el ED, a partir de la perspectiva constitucional, ya que es en este ámbito normativo en el que se han tenido que incorporar nuevas herramientas para mejorar el cumplimiento del ED. De esta manera los documentos que se incluyen analizan la implicación de las reformas constitucionales, así como el impacto del control constitucional en el ED. Resulta crucial para los alcances del ED, reexaminar desde lo constitucional lo que se puede hacer con más instrumentos legales, así como también identificar el objeto de las reformas frente al fenómeno que se estudia en esta obra. Asimismo, en la Tercera Parte, denominada desafíos del Estado para mejorar el ED, se encuentran diversos documentos que tienen por finalidad retomar algunos de los temas actuales de discusión a nivel

Presentación

nacional. Estos van desde cuestiones de seguridad, la tortura, la situación del trabajo doméstico o la búsqueda de una nueva concepción de la voluntad anticipada. Es importante señalar que los temas incluidos en este apartado de la obra, son algunos de los muchos que podrían considerarse como desafíos del Estado, sin embargo, los que se integran, renuevan la variedad de temas sobre los que se plantean diversas perspectivas para comprender nuestra época y su relación con el ED. Esta obra ha sido realizada como puede apreciarse, con la intención de contribuir en el entendimiento del ED, explicando desde luego las fallas, pero sobre todo buscando exponer diversos factores que intervienen la acción del Estado. No es suficiente criticar lo que no se hace o no se ha alcanzado a cumplir, sino construir un discurso basado en la interpretación del fenómeno desde las perspectivas; financiera, institucional, de acción pública, así como la jurídica. Únicamente mediante la comprensión de la relación de todas estas áreas del conocimiento, se puede contribuir a determinar las diferentes perspectivas en las que se desarrolla el Estado de Derecho en México, pero sobre todo, sirve para construir discusiones capaces de generar certeza respecto a los aspectos que se involucran o deben involucrarse materialmente en la organización del aparato gubernamental y su eficiencia en este tema tan complejo. Dr. Enrique Cruz Martínez

Primera Parte

MÃšLTIPLES RETOS DEL ESTADO PARA EL REDIMENSIONAMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO EN EL SIGLO XXI

El Estado de Derecho desde la perspectiva de las finanzas públicas: Expectativas limitadas a la luz de la austeridad presupuestal Enrique Cruz Martínez1 Sumario: 1. Introducción. 2. Estado de derecho y acción gubernamental. 3. ¿Qué clase de prioridades se atienden desde el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales en el marco del Estado de Derecho?. 4. Implicaciones del condicionamiento presupuestal para el cumplimiento del Estado de Derecho. 5. La austeridad presupuestal como limitante para el cumplimiento del estado de derecho. 6. Conclusión general: Expectativas sobre el cumplimiento del Estado de Derecho a futuro. 7. Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN Desde los primeros años del siglo XXI en México se tenían grandes expectativas sobre lo que podría ocurrir en numerosos temas, particularmente en lo social, lo económico, o lo político. Se iniciaba una nueva era gubernamental al haber un cambio de dirección en el gobierno federal2. Las tareas pendientes exigían una forma eficiente de hacer las cosas para poder mejorar el porvenir de un país en proceso de transformación. La consolidación del sistema democrático por medio de la alternancia política aparecía como la cúspide del anhelo de una sociedad igualmente en mutación. De la misma manera, el tan esperado desarrollo económico que se prometía cada sexenio, aparecía como única alternativa para trazar nuevas rutas para el progreso interno.

Profesor-Investigador de Tiempo Completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor en Derecho por la Université París II Panthéon-Assas (Francia), y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Esto se debía al cambio de partido en el poder, cuando después de 70 años de gobierno del PRI, la llegada del PAN en 2000 confirmaría la alternancia política cuyo principal objetivo consistiría en reorganizar el ejercicio del poder a nivel federal y a nivel local.

Enrique Cruz Martínez

La realidad es que después de poco más de la primera década de este siglo, las condiciones nacionales no son las mejores, ni las esperadas, en un país cuyo potencial humano y económico no concuerdan con la posición que a nivel internacional se había tenido hasta 2013. México como país emergente se ha distinguido de otras naciones por contar con suficientes recursos financieros para lograr una estabilidad que la mayor parte del tiempo no coincide con los indicadores de desarrollo interno. ¿Cómo es esto posible cuando los actores gubernamentales anunciaban un crecimiento moderado pero sostenido de nuestro PIB aún en tiempo de crisis económica, o bien, cuando se hablaba de una progresión positiva de reservas internacionales?3 Si la respuesta a esas interrogantes confirmaran que hay mayor disponibilidad de recursos económicos, debería haber por lo tanto más y mejor intervención del estado para atender las necesidades sociales. Sin embargo esto ya no es posible, pues los últimos años se ha desvanecido paulatinamente la capacidad del estado para mejorar las condiciones de la población. A pesar de ello, es importante analizar a partir de algunas líneas de investigación, los posibles escenarios que se deben considerar alrededor del Estado de Derecho (en adelante ED), para tener una perspectiva amplia de sus límites; la primera consiste en determinar si todavía podríamos hablar de suficiencia financiera en los tres niveles de gobierno o si esta es ficticia, creada a la luz de una necesidad en el discurso político y; la segunda consiste en observar si la correcta repartición del gasto público no constituye la condicionante real que se debe franquear para lograr que la posible disponibilidad financiera permita que las autoridades alcancen el cumplimiento del estado de derecho. Es decir, que el problema probablemente puede circunscribirse a una cuestión de elección gubernamental, sobre la

Esta pregunta ha sido formulada en este sentido, ya que hasta inicios del periodo de gobierno 2012-2018, las autoridades federales anunciaban de manera sobresaliente la capacidad de ahorro nacional. Este aspecto posicionaba a México como un país con buen poder crediticio a nivel internacional. Sin embargo, para 2016, los datos que se tienen demuestran que las reservas han disminuido considerablemente. Las estadísticas arrojan una disminución desde 2013 a 2016, siendo este último año, el más grave. Véase, El economista, «Reservas, la mayor caída desde el 2009». Disponible en: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/02/16/reservas-mayor-caida-2009 (Última consulta el 27 de febrero de 2016).

El Estado de Derecho desde la perspectiva de las finanzas públicas: Expectativas …

mejor decisión o la mejor acción pública. La tercera consiste en explorar hasta dónde en un contexto adverso de austeridad y de escasez financiera, resulta complejo alcanzar el cumplimiento del estado de derecho. Por esta razón es que en este trabajo se pretende discutir sobre la forma en que se debe concebir el cumplimiento del ED a partir de una postura financiera, sobre todo, porque los hechos demuestran que nos ubicamos en una época de escasez de recursos económicos. La pregunta obligada en este sentido consistiría en saber qué expectativas de éxito tenemos para lograr materializar el contenido de nuestro sistema normativo, pero más allá del plano federal, también en lo local. Precisamente de acuerdo con la estructura de nuestro sistema jurídico, la protección del estado de derecho podría tomar como plataforma de análisis alguna de las disposiciones de carácter constitucional a nivel federal, ¿pero qué sucedería con lo local? Desde la óptica de este trabajo de investigación, la principal hipótesis que sostenemos es que muchos de los temas de la agenda gubernamental no se podrán alcanzar, a pesar de que desde el sistema normativo se requiera una actuación concreta, o se imponga una obligación específica al aparato administrativo para garantizar el cumplimiento del ED4. En este sentido, se reflexiona respecto a la falta de disponibilidad de recursos presupuestales toda vez que es una variable alrededor de la cual se puede afectar el cumplimiento del contenido de las disposiciones normativas que constituyen de alguna manera el ED. Bajo esta perspectiva, es necesario que las dimensiones de análisis a las que aludimos anteriormente no incluyan únicamente al nivel federal, ya que la falta de capacidad económica por parte de las autoridades no es exclusiva de una sola esfera de gobierno. La incorporación de la perspectiva financiera frente al incumplimiento del estado de derecho es fundamental en nuestros días. Incluso a nivel internacional es posible observar que el contexto económico de una nación o de una región constituye una de las principales variables que afectan la integración del gasto público, frente a un aumento de necesidades colectivas que pueden quedar incluidas en múltiples rubros que abarca el estado de derecho.

Cfr. Artículo 1 Constitucional.

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Para comprender esto, por mencionar un ejemplo, tenemos que considerar que los efectos de un mal desempeño económico han hecho difícil la protección de derechos sociales en el mundo entero. Entre otras de las consecuencias más graves que podemos referir, se observa un aumento en las tasas de desempleo, aumento de empleos temporales mal remunerados, altos índices de migración, la falta de capacidad para financiar obra pública o la mala prestación de servicios públicos. En México, vemos que la desigualdad no se ha reducido, la inseguridad ha aumentado, hay falta de acceso a servicios de salud, existe un grave problema de redistribución de la riqueza, hay un alto nivel de evasión fiscal5, los casos de corrupción afloran por todos lados en cualquier nivel de gobierno, etc. La lista es interminable y podría pensarse que muchos de esos problemas nos han acompañado históricamente y que no necesariamente tienen relación con la falta de disponibilidad de recursos por parte de las autoridades para solucionarlos, ya que estos parecen estar integrados a nuestro estilo de vida. Sin embargo, debemos reconsiderar las expectativas que tenemos en estos días para resolverlos, a partir de nuevas posturas de análisis como la que nos interesamos en desarrollar en este documento. En este sentido, debemos preocupamos todavía más, toda vez que una de nuestras principales vías de financiamiento presupuestal —el petróleo—, ya no es más la fuente inagotable de ingresos públicos. La caída del precio del crudo a nivel internacional en este momento coyuntural de crisis, entre otros factores económicos impone condiciones de austeridad bajo las cuales se tendrá que analizar lo que se puede hacer desde el gobierno con los recursos con los que se dispone, así como lo que se debería hacer en el marco de la ley y lo que realmente debemos esperar que suceda en los años por venir. Antes de exponer las principales ideas sobre las que se basa nuestra argumentación en este trabajo, respecto al límite económico para el cumplimiento del estado de derecho, es fundamental precisar que

Las causas pueden variar, sin embargo, no se debe omitir la falta de credibilidad que las autoridades tienen, motivo por el que existe una falta de legitimidad para exigir más a los ciudadanos en términos de cumplimiento de obligaciones fiscales. Algunas ideas en este sentido se pueden retomar también en la obra de MAYER-SERRA, Carlos Elizondo, Con dinero y sin dinero. Nuestro ineficaz, precario e injusto equilibrio fiscal, Edit. Debate, México, 2012.

El Estado de Derecho desde la perspectiva de las finanzas públicas: Expectativas …

nuestra postura toma como referencia la actuación del poder ejecutivo o acción gubernamental federal y local. Asimismo, no omitimos señalar que debido a la extensión de este documento, no podemos abundar lo que sucede en los ámbitos legislativo y judicial, aunque la interpretación que hacemos sobre la problemática de financiamiento, desde luego que abarca a todos los poderes, sin embargo dicho análisis será objeto de otras investigaciones.

2. ESTADO DE DERECHO Y ACCIÓN GUBERNAMENTAL Para poder abordar el tema central de esta investigación, es fundamental entender al estado de derecho desde una perspectiva amplia y no de manera cerrada o limitada. Esto es, que tradicionalmente se puede asociar la concepción del estado de derecho, al de una forma de organización institucional, legal, mediante la cual el funcionamiento de las autoridades debe ajustar sus acciones a un marco normativo —sin importar la esfera de gobierno—, para tratar que esas disposiciones satisfagan los objetivos para las que fueron creadas6. Desde esta primera postura estaríamos observando el fenómeno de manera sesgada respecto a sus implicaciones, toda vez que por las características del estado de derecho, este requiere de acciones concretas para materializarse. Quizá desde el plano normativo, se evoquen obligaciones para las autoridades o derechos en favor de alguien (ciudadanos), sin embargo, no son sino las acciones gubernamentales los verdaderos medios a través de los cuales se pretende materializar el contenido de las disposiciones jurídicas. Como bien señala Drieu Godefridi, no existe un solo ejemplo de sociedad, de la más pequeña a la más grande, que no conozca un fenómeno de limitación o de aplicación de algún tipo de normatividad. Esto se puede observar desde grupos tribales, hasta sociedades

Precisamente en este punto es donde se encuentra una separación entre los intereses particulares y la elección pública, ya que desde la postura de las autoridades se debe considerar el interés general para poner en marcha sus acciones. Se puede consultar un poco más al respecto en BUTLER Eamonn, Public Choice. A primer, Edit., IEA, The Institute of Economic Affairs, Londres, 2012.

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complejas como las de los estados modernos. En estos casos señala el autor, hay límites que pueden fijar los jefes de tribus a sus habitantes, hasta sistemas más sofisticados de estados7 como los que conocemos con un sistema institucional y legal positivo, que depende del ejercicio de competencias de autoridades, o de la posibilidad del ciudadano de que pueda bajo ese sistema, exigir el cumplimiento de derechos. En este orden de ideas, se puede observar entonces que los individuos al formar parte de grupos sociales, estamos obligados a involucrarnos y a respetar alguna forma de organización social determinada, que al final de cuentas impone reglas, aún cuando estas no sean necesariamente de carácter jurídico. A pesar de que estas últimas líneas pueden dejar abierto un debate, debemos decir que justamente esta vertiente de análisis no se observa en este documento. En otras palabras, quienes puedan considerar que el elemento normativo escrito o positivo lo único que hace es limitar la libertad de los individuos, estarían concibiendo de manera limitada los alcances de la estructura organizativa del estado y su vínculo con la sociedad, ya que es en ésta en la que habitan, en la que se desenvuelven8. Por esta razón, el ED y la acción pública únicamente pueden concebirse dentro de un sistema de organización que persigue fines en beneficio de la colectividad9.

GODEFRIDI, Drieu, Etat de droit, liberté et démocratie, en Politique et Sociétés, vol. 23, 2004, pp. 148-149. HOLMES, Stephen y SUSTEIN, Cass, The cost of rights, Edit. Norton, USA, 2000. Desde la perspectiva de estos autores, la libertad de los individuos depende de la forma en que se logren financiar los gastos del Estado. Es decir, que se debe considerar la relación entre los ciudadanos y las autoridades bajo una dependencia en la que si no se contribuye correctamente, el Estado no podrá alcanzar el cumplimiento de sus obligaciones hacia los ciudadanos y sus derechos no se podrán ejercer plenamente. Debemos entender entonces, que la libertad es un concepto subjetivo que no puede ser analizado de manera aislada, sino de manera transversal relacionado con aspectos económicos y características de la población a la que pertenecen los individuos. No debemos perder de vista que uno de los fines más importantes de la sociedad y las autoridades es la búsqueda de la justicia social. El cumplimiento del estado de derecho aparece entonces como resultado de una organización social que decide adoptar esa estructura en su forma de vida. Por ello es que una organización basada en normas, puede alcanzar armonía entre la población. Sobre este tema Feriel Kandil, señala que los principios de la justicia distributiva son normativos, y que aparecen tres tipo; normas fundadoras que determinan la estructura institucional; normas críticas que sirven para distinguir el tipo de sociedad y si estas