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C贸digo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco con jurisprudencia

TEXTOS LEGALES CON JURISPRUDENCIA

C贸digo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco con jurisprudencia Miguel Carbonell Edgar S. Caballero Gonz谩lez

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Belén Campuzano Laguillo

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ángel M. López y López

José Ignacio Sancho Gargallo

Marta Lorente Sariñena

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

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Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco con jurisprudencia

MIGUEL CARBONELL (IIJ-UNAM)

EDGAR S. CABALLERO GONZÁLEZ (Posgrado FES Aragón-UNAM)

México D.F., 2015

Copyright ® 2015 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/ incorporada a la ficha del libro. Los textos jurídicos que aparecen se ofrecen con una finalidad informativa o divulgativa. Tirant lo Blanch intentará cuidar por la actualidad, exactitud y veracidad de los mismos, si bien advierte que no son los textos oficiales y declina toda responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones de los mismos. Los únicos textos considerados legalmente válidos son los que aparecen en las publicaciones oficiales de los correspondientes organismos autonómicos o nacionales.

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, PH Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 MÉXICO D.F. Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9086-999-4 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

PRÓLOGO Uno de los requisitos indispensables para que en México exista un verdadero Estado de derecho tiene que ver con el correcto desarrollo de los mecanismos de garantía jurisdiccional de los derechos. Es del mayor interés de todos los ciudadanos (y ciertamente de quienes preparamos la presente obra) que se imparta justicia con altos estándares de calidad, observando en todo momento las exigencias que derivan del debido proceso legal1. Para alcanzar dicho objetivo, estimamos que es indispensable que los actores principales del drama judicial conozcan a profundidad las normas aplicables, así como la interpretación que de ellas han hecho los jueces federales (incluyendo desde luego a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación). Queremos subrayar la importancia que tiene el conocimiento de la jurisprudencia, ya que solamente a partir de dicho conocimiento y de su invocación en todos los casos en los que resulte aplicable es que se podrá reforzar la seguridad jurídica. En efecto, como cualquier sistema que establezca la obligatoriedad de los precedentes judiciales, la jurisprudencia mexicana intenta homologar la interpretación de las normas, de manera que todos los involucrados en un juicio sepan con precisión cuáles son las reglas del juego, por decirlo de alguna manera. La importancia de la jurisprudencia se puede resumir en los siguientes puntos, que sin ser los únicos dan muestra suficiente de tal relevancia: 1. La norma jurisprudencial permite al juzgador trasladar la típica generalidad y abstracción de la ley hacia la concreción del caso concreto, puesto que aún sin ser tan particular como la propia sentencia, representa un acercamiento importante a las cambiantes necesidades del momento. En este sentido, la norma jurisprudencial con frecuencia hace de puente entre las normas típicamente generales —la ley, el reglamento, el tratado, etc.— y la norma particular y concreta que resuelve un caso controvertido —la parte dispositiva o resolutiva de la sentencia—2, sirviendo así para orientar, o en ocasiones determinar, la conducta del órgano jurisdiccional. La mencionada actualización de la norma general que realiza la jurisprudencia permite al juez estar en contacto con las necesidades sociales que se han debido atender en otros casos anteriores, así como impulsar y dar cauce a nuevas inquietudes de la sociedad a través de la innovación jurisprudencial3.

Sobre el concepto de debido proceso y la forma en que se ha ido plasmando en la jurisprudencia interamericana, ver García Ramírez, Sergio, El debido proceso, 2ª ed., México, Porrúa, 2014. Bulygin, Eugenio, “Sentencia judicial y creación del Derecho” en Alchourrón, Carlos E. y Bulygin, Eugenio, Análisis lógico y derecho, Madrid, CEC, 1991, pp. 335 y ss. “El estudio de la posibilidad de promover cambios sociales a través del derecho se ha concentrado generalmente en la creación de normas jurídicas por los órganos legislativos. Sin embargo, la aplicación que los jueces hacen de las normas jurídicas a casos concretos no tiene menos relevancia en cuanto a las posibles consecuencias sociales” Nino, Carlos S., Introducción al análisis del derecho, Barcelona, Ariel, 1983, p. 302. El mismo autor afirma que “Los jueces tienen influencia sobre los cambios sociales, conteniéndolos o estimulándolos, no sólo a través

Prólogo

2. En conexión con el punto anterior se puede sostener que la jurisprudencia presenta hoy en día mayor agilidad reguladora que la labor del legislador, ya que el surgimiento de los criterios y precedentes jurisprudenciales se verifican con más prontitud y rapidez que las decisiones de los parlamentos u órganos legislativos que actualmente están agobiados por tantas funciones distintas de la de crear leyes. De este modo, la jurisprudencia contribuye a completar el ordenamiento y muchas veces los criterios que se han adoptado por vía jurisprudencial se recogen posteriormente en leyes del Congreso4; y esto no solamente se aplica a nivel del legislador ordinario sino que también se puede sostener respecto del legislador constitucional, encargado de reformar la norma suprema, pues los tribunales constitucionales, tal vez en cierta disonancia con el esquema teórico del Estado democrático, desarrollan funciones “paraconstituyentes” que permiten que la Constitución se adapte a la cambiante circunstancia histórica de cada momento5. 3. Es creadora de nuevas figuras jurídicas y modeladora de las ya existentes; esto significa, por ejemplo, que en ocasiones los tribunales encargados de la creación jurisprudencial deben crear nuevas reglas para solucionar un caso concreto, realizando una labor integradora y no meramente interpretativa del ordenamiento. Lo anterior sucede en virtud de múltiples factores que tienen que ver incluso con la concepción misma de la interpretación judicial, pero que en último término se basan en el hecho incontestable de que la realidad suele ser más rica y variada de lo que puede prever el legislador, así que el juez debe desarrollar nuevas fórmulas para hacer frente a las cotidianas necesidades de su función6. Como acertadamente dijo un autor, “También las leyes envejecen”7, de modo que frente a la imposibilidad de que el legislador prevea y regule todos los supuestos que pueden entrar bajo la esfera legislada de una determinada materia, la jurisprudencia debe ir creando nuevas figuras jurídicas o ajustando las ya existentes a las nuevas necesidades sociales, al menos en tanto no exista una nueva regulación por vía legislativa. Esto, que en buena medida obedece a razones de orden práctico, también se puede explicar en términos lógico-jurídicos; en palabras de Hans Kelsen, “La norma de rango superior no puede determinar en todos los sentidos el acto mediante el cual se aplica... la norma de

de a reformulación de las normas jurídicas generales, sino también mediante el control de los procedimientos judiciales”, ídem, p. 303. En este sentido, se habla de una función “anticipativa” de la labor jurisprudencial con respecto a las normas legislativas; vid. Mortati, Costantino, Istituzioni di Diritto Publico, tomo I, 10a. ed., Padova, CEDAM, 1991, p. 365. Porras Nadales, Antonio J., “El derecho intervencionista del Estado. Aportaciones sobre un reciente debate”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 63, enero-marzo de 1989, p. 78. “La jurisprudencia no sólo ha interpretado y adaptado las leyes a las cambiantes necesidades sociales sino que ha integrado y desenvuelto el ordenamiento jurídico en un complejo proceso al que no es ajena una auténtica función creadora del Derecho”, Montoro Ballesteros, A., “Ideologías y fuentes del Derecho”, en Revista de Estudios Políticos, número 40, julio-agosto de 1984, pp. 72-73. Habscheid, Walther J., “Sobre la creación jurisprudencial del derecho en el Derecho Alemán”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 24, año VIII, septiembre-diciembre de 1975, p. 562.

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grada superior tiene, con respecto del acto de su aplicación a través de la producción de normas o de ejecución, el carácter de un marco que debe llenarse mediante ese acto”8. La jurisprudencia, al realizar esta función creativa que se viene comentando, ayuda al perfeccionamiento del sistema jurídico, puliendo y delineando algunas instituciones que a veces están insuficientemente reguladas en las leyes. Tal labor se ha considerado especialmente importante en el desarrollo de la vida jurídica de cualquier país9 y “motor” de la evolución de alguna rama particular del derecho10. 4. La jurisprudencia cumple con ciertas necesidades de seguridad jurídica que indican la conveniencia y la necesidad de conocer la interpretación que le están dando los tribunales a las normas de un determinado sistema jurídico, además de dotar a esa labor interpretativa de un mínimo de uniformidad que permita tanto a particulares como a autoridades conocer los criterios interpretativos que deben ser aplicados al momento de resolver una controversia11. Como señala Luis Díez-Picazo: “La seguridad jurídica impone que las decisiones sobre casos iguales sean también iguales y que los ciudadanos puedan en una cierta medida saber de antemano cuales van a ser los criterios de decisión que han de regir sus asuntos”12. Expuesto de modo sintético se puede decir que la jurisprudencia contribuye a la seguridad jurídica en un triple aspecto de cognoscibilidad, uniformidad y previsibilidad según lo siguiente: a) Permite conocer la interpretación obligatoria que le están dando los tribunales de superior jerarquía a las normas de un sistema jurídico, de modo que tanto los par-

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Teoría Pura del Derecho, trad. de Roberto J. Vernengo, México, Porrúa, 1991, p. 350; Bulygin, op. cit., p. 360. Ahora bien, como advierte el propio Kelsen, la indeterminación puede ser hecha intencionalmente. Este es el caso, por citar algunos ejemplos, de las llamadas leyes-marco, leyes-medida, leyes programa, leyes de orientación, leyes cuadro, o leyes aprobatorias de planes, tan típicas del modelo de legislador presente en el Estado social. “La actuación más constructiva y creativa de los jueces en favor de la vida jurídica de un país consiste en la creación de nuevas instituciones jurídicas aún no formadas en la legislación”, Frisch Phillipp, W. y González Quintanilla, J.A., Metodología jurídica en jurisprudencia y legislación, México, Porrúa, 1992, p. 257. “La jurisprudencia ha desempeñado históricamente, respecto del Derecho Administrativo, un papel auténticamente constructivo y creador, y que hoy día sigue siendo uno de los principales motores de su evolución”, Santamaría Pastor, J.A., Fundamentos de Derecho Administrativo I, Madrid, Fundación ramón Areces, 1988, p. 405. En Inglaterra, con un ordenamiento fundamentalmente basado en el sistema del case law, muchas ramas del Derecho han sido por entero producto de las decisiones de los jueces, como lo han destacado Rupert Cross y D.J.W. Harris, Precedent in english law, 4a. ed., Londres, 1991, p. 4. “Los conceptos inspiradores de la jurisprudencia mexicana parten de la gran necesidad que el estado moderno tiene de estabilizar un orden jurídico mediante normas de derecho objetivo claramente interpretadas, obligatorias para los órganos judiciales”, Castro, Juventino V., Lecciones de Garantías y Amparo, 7a. ed., México, Porrúa, 1991, p. 563. Experiencias jurídicas y teoría del derecho, 2a. ed., Barcelona, Ariel, 1987, pp. 242-243. El respeto al precedente “puede constituir en ocasiones el último recurso o la última garantía de racionalidad” en el proceso de discusión jurídica, Prieto Sanchís, Luis, Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, Madrid, CEC, 1992, p. 165.

Prólogo

ticulares como las autoridades tengan conocimiento de que existen unos criterios interpretativos obligatorios que deberán ser aplicados al momento de resolver una controversia, b) Además de dar a conocer la interpretación jurisdiccional, la jurisprudencia le imprime a ésta cierta uniformidad, al depurar del sistema jurídico aquellas interpretaciones erróneas, fijando de esta forma los criterios correctos y obligatorios de interpretación, c) Sumado a la cognoscibilidad y uniformidad, la jurisprudencia propicia la previsibilidad del comportamiento jurisdiccional, en tanto contribuye a hacer previsible que los jueces y tribunales actuarán o dejarán de hacerlo en un momento concreto y de que, en caso de que actúen, lo harán de una forma determinada y no de otra13. 5. Frente a los avatares del derecho legislado, que se encuentra sujeto a múltiples factores de carácter político que a veces lo hacen disperso y desracionalizado14, el derecho jurisprudencial se presenta como expresión de una racionalidad técnico-jurídica en razón de las garantías que operan en todo proceso jurisdiccional. En particular, la judicatura no se encuentra, en principio, influida por los distintos grupos sociales de presión —incluyendo a los partidos políticos— ya que su función es aplicar el derecho, no satisfacer demandas sociales o diseñar políticas públicas favorables a tal o cual colectivo social15, ni mucho menos actuar en vista de ciertos intereses electorales y de la imagen pública que puedan llegar a proyectar en su quehacer. Este fenómeno, en una sociedad corporatista como la del presente, es muy importante y le da al derecho jurisprudencial una relevancia que de otra manera no podría tener en virtud de su falta de legitimación democrática plena en comparación con otras normas del ordenamiento. Las resoluciones de los tribunales, para que puedan constituir jurisprudencia, deben ser por regla general materialmente jurisdiccionales, es decir, que deben ser aplicadas a los sujetos de un proceso con el fin de resolver algún punto de derecho controvertido o no, pero siempre con efectos extraorgánicos en relación al tribunal que dicta la resolución. Esto es debido a que, en principio, no tendría demasiado sentido que se estableciera jurisprudencia en alguna cuestión que únicamente interese a la administración de los tribunales —resolución de tipo materialmente administrativa— o en relación con normas de organización interna de los mismos, como pueden ser sus reglamentos interiores o escalafonarios —resolución de tipo materialmente legislativa—, ya que estas resoluciones no tienen repercusión alguna en sujetos ajenos a la estructura organizativa y administrativa de dichos tribunales.

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Díez-Picazo, L.M., “El precedente administrativo”, en Revista de Administración Pública, número 98, Madrid, mayo-agosto de 1982, p. 13; Otto, Ignacio de, Derecho constitucional. Sistema de fuentes, 2a. ed., Barcelona, Ariel, 1989, p. 290. Ver al respecto la obra colectiva La proliferación legislativa: un desafío al Estado de derecho, Madrid, 2004. Porras Nadales, op. cit., p. 79.

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Miguel Carbonell - Edgar S. Caballero González

De hecho, la doctrina es pacífica en aceptar que es exclusivamente a través de la función jurisdiccional, realizada además por órganos judiciales en sentido formal, como se puede formar la moderna jurisprudencia16. Como consecuencia de lo anterior, la creación normativa por vía jurisprudencial estará influida por las características propias de la función jurisdiccional y de los órganos que la desempeñan, lo que se traduce en lo siguiente: a) La función jurisdiccional solamente es desarrollada en tanto le sean sometidos al órgano competente uno o más litigios o controversias, con lo cual el impulso para que se lleve a cabo la creación jurisprudencial es extraorgánico, ya que los litigios por regla general no son atraídos por el juez sino que este sólo conoce de aquellos que le son sometidos a su consideración —recuérdese el principio nemo iudex sine actore—17. Este factor impone, de entrada, grandes diferencias entre el derecho de origen judicial y el derecho proveniente de los órganos legislativos, pues estos últimos siempre tienen capacidad para iniciar los correspondientes procedimientos de creación normativa. b) La solución y el desenvolvimiento de tales litigios van a estar influidos y a veces determinados por las partes —ajenas formalmente al procedimiento de creación normativa—, no por el juez; por ejemplo en el orden procesal penal cuando el ministerio público, en lo que Alcalá-Zamora ha llamado “funciones cuasijurisdiccionales”, formula conclusiones no acusatorias que fuerzan al juez a dictar un auto de sobreseimiento o una sentencia absolutoria18. Lo mismo sucede en todas las materias en las que el juez está sujeto al principio de “estricto derecho” y no puede suplir las peticiones que hagan las partes o el alcance de sus pretensiones. c) Finalmente, el ejercicio de la función jurisdiccional tiene como presupuesto lógico y sociológico la existencia de un conflicto intersubjetivo o, cuando menos, de un interés jurídico o legítimo, ya sea individual o colectivo19. Lo que llevamos dicho tiene como único propósito resaltar la importancia de que los juristas conozcan no solamente las leyes, sino también la interpretación que de las mismas se hace por parte de sus órganos aplicadores, particularmente en el ámbito jurisdiccional.

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Cfr. Colesanti, Vittorio, “Giurisprudenza”, Novissimo Digesto Italiano, 3a. edic., Vol. VIII, Torino, 1957, p. 1102. En México habría que matizar lo del carácter formal de los órganos creadores de jurisprudencia, que en nuestro país lo serían más bien jurisdiccionales —no judiciales— en sentido material para incluir a los tribunales administrativos y autónomos por ejemplo. Estos tribunales no forman parte del Poder Judicial en sentido estricto pero también crean jurisprudencia, aunque de distinto valor a la creada por los órganos del Poder Judicial Federal. Cfr. Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, Proceso, autocomposición y autodefensa, 3a. reimpr., México, UNAM, 1992, pp. 12-13. “En la situación actual de la jurisdicción en los países occidentales, la actuación del derecho objetivo por los jueces precisa, en todo caso, que alguien comparezca ante el órgano jurisdiccional y pida que aquel se aplique a un caso concreto”, Montero Aroca, Juan, et al., Derecho jurisdiccional, tomo I (parte general), 2a. edic., Barcelona, Tirant lo Blanch, 1991, p. 154. Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972), tomo I, México, UNAM, 1992, pp. 303-309. Montero Aroca et al., loc. cit.

Prólogo

Uno de los ámbitos más clásicos del derecho procesal, es el que tiene que ver con el proceso civil. En esta obra el lector podrá encontrar el texto actualizado del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, así como las tesis de jurisprudencia que resultan aplicables a sus artículos. Hay algunos preceptos que no han sido objeto de algún pronunciamiento judicial, pero en la mayoría de los casos hemos podido encontrar alguna tesis que puede orientar al lector hacia la mejor comprensión del artículo de que se trate o del tema que se haya regulado. Cabe señalar que hemos sido especialmente cuidadosos en la selección de las tesis incluidas en las páginas de esta obra, ya que lo que queremos ofrecer no es una visión exhaustiva, sino una depuración de la jurisprudencia que sea más relevante, debido a que en efecto supone una interpretación interesante del texto normativo o bien porque se trata de la interpretación más reciente en el tiempo. Para lograr ese propósito, presentamos la sistematización de 512 criterios, de los cuales: 1) conforme a su obligatoriedad, 407 corresponden a tesis aisladas, y 105 a tesis de jurisprudencia; y, 2) conforme a la época de publicación en el Semanario Judicial de la Federación, 125 son de la Décima Época, 326 de la Novena Época, 16 de la Octava Época, 10 de la Séptima Época, 4 de la Sexta Época, y por último, 31 de la Quinta Época. Como podrá observar el lector a partir de los datos anteriores, hemos puesto un mayor énfasis en incorporar tesis muy recientes; la prolífica creación jurisprudencial (ciertamente muy innovadora) de la Novena y Décima Épocas del Semanario lo justifican. Las tesis más recientes, además de su obligatoriedad jurídica, tienen la virtud de hacerse cargo de los cambios experimentados en el derecho mexicano y en la forma en que se interpretan las normas jurídicas, razones por las que consideramos de primordial importancia su estudio, análisis y aplicación a los casos prácticos. Sería deseable que esta obra, como otras que, en el mismo sentido, hemos preparado con anterioridad20, pudieran ser útiles tanto para los abogados en ejercicio, como para los estudiantes, a fin de elevar el nivel de la formación jurídica y del litigio en México. Ojalá así sea. México D. F., agosto de 2015.

Ver Carbonell, Miguel y Caballero González, Edgar S., La Constitución interpretada, México, Tirant lo Blanch, 2014; id., Ley de Amparo con jurisprudencia, México, Tirant lo Blanch, 2014; id., Código Nacional de Procedimientos Penales con jurisprudencia, México, IIJ-UNAM, Flores editores, 2015; Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal con jurisprudencia, México, Tirant lo Blanch, 2015; Código de Procedimientos Civiles del Estado de México con jurisprudencia, México, Tirant lo Blanch, 2015.

TÍTULO PRIMERO. DE LAS ACCIONES Y EXCEPCIONES CAPÍTULO I. DE LAS ACCIONES Artículo 1 El ejercicio de las acciones requiere: I. La existencia de un derecho, o la necesidad de declararlo, preservarlo, o constituirlo; II. La violación de un derecho o el desconocimiento de una obligación; III. La capacidad para ejercitar la acción por sí o por legítimo representante; IV. El interés y legitimación del actor que la ejercita o deduce.

IUS: 2007621 Décima Época, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, p. 909, jurisprudencia, constitucional. 2a./J. 98/2014 (10a.) DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia —acceso a una tutela judicial efectiva—, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. IUS: 2005617 Décima Época, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, p. 633, aislada, constitucional. 1a. LXI/2014 (10a.) CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. EL ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2008, QUE PREVEÍA QUE EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE AQUELLA FIGURA INICIA DESPUÉS DE EMPLAZAR A LA DEMANDADA, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. La caducidad es una institución procesal de interés público, acogida por nuestro derecho con el propósito de dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos. En ese sentido, dicha figura es una forma extraordinaria de terminación del proceso por la inactividad procesal de una o ambas partes, que deriva en una sanción por el abandono de la instancia, para evitar que un juicio esté pendiente indefinidamente, y cuya consecuencia principal es la extinción de la instancia, no de la acción. Así, el establecimiento de la caducidad, como consecuencia del incumplimiento de la carga del impulso procesal, encuentra sustento en los principios de seguridad jurídica y de la administración de justicia pronta y expedita contenidos, respectivamente, en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los actos que integran el procedimiento judicial, tanto a cargo de las partes como del órgano jurisdiccional, deben sujetarse a plazos o términos, y no pueden prolongarse indefinidamente, lo cual se advierte del propio artículo 17 constitucional. Consecuentemente, el artículo 137 Bis

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Título Primero - Capítulo I

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, vigente en 2008, que preveía que el cómputo del plazo para que opere la caducidad de la instancia inicia después de emplazar a la demandada, vulnera los citados principios, pues no se justifica que el actor, en un juicio civil, tenga un plazo ilimitado para cumplir con las cargas procesales que le corresponden, anteriores al acto de emplazamiento de la demandada. Máxime, que la caducidad de la instancia procede en aquellos juicios en los que se ventilan derechos particulares y, por consiguiente, disponibles, de forma que su resolución afecta, por lo general, exclusivamente a los intereses particulares de las partes en contienda. IUS: 2003809 Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, junio de 2013, Tomo 2, p. 1225, aislada, constitucional. I.3o.C.29 K (10a.) ACCESO A LA JUSTICIA. ES OBLIGATORIO ANALIZAR OFICIOSAMENTE LA INFRACCIÓN A ESTE DERECHO HUMANO REGULADO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La obligación de analizar oficiosamente la infracción a un derecho humano de acceso a la justicia se satisface y se justifica, cuando puede determinarse que la interpretación y aplicación de la ley al caso concreto son contrarias a la finalidad de lograr la protección más amplia de la persona. Esto es, aunque existe la autonomía e independencia de los Jueces en el ejercicio de su arbitrio judicial, queda claro que cuando se afecta un derecho humano como el de acceso a la justicia, la aplicación de la norma en la resolución judicial debe obedecer a un ejercicio de ponderación en el que exista la mayor aproximación a la finalidad de lograr la protección más amplia de la persona, y si esto no es así, en cualquier instancia de revisión, existe la razón para concluir que ha habido una violación manifiesta de la ley que ha dejado sin defensa a la quejosa, y procederá suplir y analizar oficiosamente la cuestión procesal o de fondo. Claro está que en materia jurídica la aplicación de la norma exige una serie de razonamientos para desestimarla o justificar su aplicación al caso concreto y que el arbitrio judicial parecería que justifica diversas soluciones; sin embargo, el nuevo principio constitucional de lograr la protección más amplia de la persona permite justificar la búsqueda de la solución que más se aproxima a tal objetivo, pues es en ese ámbito donde necesariamente se inscribe el tema de la violación manifiesta de la ley. IUS: 2003018 Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, p. 882, aislada, constitucional. 1a. LXXIV/2013 (10a.) DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, como se señaló en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.”, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada

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Título Primero - Capítulo I

con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos antes mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. IUS: 2002436 Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, p. 1695, jurisprudencia, constitucional, administrativa. I.4o.A. J/1 (10a.) ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN EVITAR, EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O LIMITAR ESE DERECHO. A fin de satisfacer efectivamente el derecho fundamental de acceso a la justicia, debe acudirse al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual prescribe la obligación por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos, los cuales pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna, como en la propia convención. Asimismo, en la interpretación que se ha hecho de este numeral por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido criterio sostenido que, para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo; es decir, capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada; en otras palabras, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, pues éste debe ser idóneo para impugnar la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida. En estas condiciones, la existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana citada, sino de todo Estado de derecho. Por tanto, los órganos jurisdiccionales deben evitar, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia.

Artículo 2 La acción procede en juicio, aún cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción. Artículo 3 La acción real puede ejercitarse contra cualquier poseedor.

IUS: 290211 Quinta Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, p. 321, aislada, civil. ACCIONES REALES Y ACCIONES PERSONALES. En las primeras, se menciona la causa próxima, se exige la cosa reclamada, que viene a constituir el jus in re; no siendo así en la acción personal, que únicamente hace valer la causa remota, la obligación, el jus ad rem.

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Título Primero - Capítulo I

IUS: 340806 Quinta Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXI, p. 2325, aislada, civil. NULIDAD, CARÁCTER DE LAS ACCIONES DE (ACCIONES REALES Y PERSONALES). Acción personal es la que corresponde a alguno para exigir de otro el cumplimiento de cualquiera obligación, ya sea que ésta emane de contrato o cuasi contrato o nulo pacto, ya de delito o cuasi delito; y acción de nulidad es aquella por la que se pide que se declaren nulos los convenios que adolecen de algún vicio esencial, como aquellos en que el consentimiento ha sido arrancado por coacción, o que tiene una causa ilícita y pueden ejercerla aquellas personas en cuya contra se ha hecho el contrato. Acción real es la que nace de alguno de los derechos llamados reales, como son el dominio pleno o semipleno sobre una cosa, la sucesión hereditaria, la servidumbre, la prenda o la hipoteca, y se llaman reales estos derechos porque no afectan a la persona, sino a la misma cosa. Así, pues, se ve que la acción de nulidad es una acción de carácter personal, porque se deduce directamente contra una persona o contra varias, con abstracción absoluta de la cosa mueble o inmueble con la que pueda estar relacionada. IUS: 364281 Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, p. 405, aislada, civil. ACCIONES REAL Y PERSONAL. Conforme a la legislación del distrito, el hecho de ejercitar la acción real hipotecaria, contra el tenedor de la cosa, no hace imposible ejercitar la acción personal contra el que celebró el contrato de mutuo, si el crédito no se hizo efectivo contra el tenedor de la cosa. Al contrario, la ley civil autoriza a entablar simultánea o separadamente, las acciones real y personal, que se deriven de una obligación, para cuya garantía se ha constituido hipoteca; además, no hay inconveniente legal alguno en que el mismo título sirva para ejercitar las dos acciones. IUS: 343525 Quinta Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo CV, p. 551, aislada, civil. COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL (ACCIONES REALES Y PERSONALES). Debe determinarse si la acción ejercitada es real o personal, si la naturaleza de la misma tendrá que servir de base para establecer a cuál de los dos Jueces que contienden, compete legalmente, conocer del juicio. Acción personal es la que corresponde a alguno para exigir de otro el cumplimiento de cualquiera obligación, ya sea que ésta emane de contrato o cuasi contrato o nudo pacto, ya de delito o cuasi delito, y acción real es la que nace de alguno de los derechos llamados reales, como son el dominio pleno o semi pleno sobre una cosa, la sucesión hereditaria, la servidumbre, la prenda o la hipoteca, y se llaman reales estos derechos, porque no afectan a la persona, sino a la misma cosa.

Artículo 4 La reivindicación compete al propietario de la cosa que no la tiene en su posesión, para que se declare que le corresponde el dominio sobre ella y que el poseedor se la entregue con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil.

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Título Primero - Capítulo I

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IUS: 161408 Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, agosto de 2011, p. 1273, aislada, civil. I.5o.C.149 C ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE PROMUEVE CONTRA QUIEN TIENE LA POSESIÓN DERIVADA DE UNA RELACIÓN DE CONCUBINATO. La acción reivindicatoria no es idónea para que el propietario de un inmueble lo recupere de su concubina o concubinario, en su caso, cuando le permitió ocupar ese bien con motivo de ese vínculo y con pleno conocimiento de aquél, pues es evidente que la causa generadora de la posesión que detenta el demandado nació de una relación de convivencia común. De esta manera, si el concubinato hubiere terminado por voluntad de los contendientes, la restitución del inmueble debe intentarse a través de las acciones personales que deriven de la conclusión de esa unión o vida en común, pero no mediante la acción real reivindicatoria. Inclusive, las semejanzas que, en ciertos aspectos, guarda dicha figura jurídica con el matrimonio tornan aplicable, en lo esencial, la jurisprudencia 1a./J. 89/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de “ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE SI SE INTENTA CONTRA QUIEN DETENTA LA POSESIÓN QUE DERIVA DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, POR LO QUE DEBE EJERCERSE LA ACCIÓN PERSONAL BASADA EN LA DISOLUCIÓN DE ESE VÍNCULO.” IUS: 167587 Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, abril de 2009, p. 1859, aislada, civil. I.10o.C.70 C ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA POSESIÓN DERIVA DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA, AUN CUANDO SÓLO SE HAYA CELEBRADO CON UNO DE LOS COPROPIETARIOS COMO VENDEDOR. Cuando la posesión del bien que se pretende reivindicar se concedió por el propietario en virtud de algún acto jurídico que permita al poseedor retener temporalmente dicho bien, la existencia de esta relación jurídica obliga a las partes a promover en primer término la acción personal correspondiente, pues no es posible desconocer el acto jurídico por el que se cedió la posesión. En este sentido, cuando uno solo de los copropietarios de un bien hubiese celebrado un contrato de compraventa con el demandado, ello implica la necesidad de que los demás copropietarios, previo a ejercer la acción reivindicatoria, agoten la acción personal respectiva, aun cuando no hubiesen intervenido de manera personal en el referido contrato, pues en virtud de la copropiedad, dicho acuerdo de voluntades afecta y obliga a los demás condueños, y en todo caso, sería necesario en primer término desvirtuar la validez del aludido contrato, lo cual podría reclamarse por los demás copropietarios, pero sin que ello pueda ser materia de estudio dentro de la acción reivindicatoria. Por tanto, mientras no se declare su ineficacia, el contrato referido obligará a los demás condueños a intentar en primer término la acción derivada del mismo, lo que implica la improcedencia de la acción reivindicatoria que pretendan ejercer, pues de lo contrario se desconocería indebidamente la relación jurídica establecida entre uno de los copropietarios, como vendedor, y la parte compradora, demandado en el juicio de origen. IUS: 168739 Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre de 2008, p. 2003, jurisprudencia, civil. I.11o.C. J/15 ACCIÓN REIVINDICATORIA. PRUEBAS PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DEL BIEN. Si bien es cierto que para acreditar el elemento de la acción reivindicatoria consistente en la identidad del bien, la prueba idónea es la pericial topográfica, por ser con la que se puede establecer la superficie, medidas y colindancias del predio que se pretende reivindicar; sin embargo, también lo es que pueden desahogarse otro tipo de pruebas que resulten aptas para ese fin.

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Título Primero - Capítulo I

IUS: 801473 Sexta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Volumen XV, Cuarta Parte, p. 26, aislada, civil. ACCIÓN REIVINDICATORIA, SUBSISTENCIA DE LA. La acción reivindicatoria es imprescriptible y se mantiene potencialmente viva durante todo el tiempo que subsiste el dominio, ya que sería inconcebible que alguien, manteniendo intacto su derecho de propiedad, no pudiera reclamar la entrega de lo que es suyo, rescatándolo de manos de terceros. Cosa distinta sería que el actor hubiera perdido la propiedad por virtud de haberse operado la usucapión a favor del poseedor, porque entonces la carencia de acción reivindicatoria no derivaría de haberse extinguido por prescripción negativa dicha acción, sino de haber dejado el actor de ser propietario del inmueble, lo cual es muy distinto. IUS: 339834 Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, p. 280, aislada, civil. REIVINDICACIÓN, ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE. Aunque es cierto que de acuerdo con los términos literales de la jurisprudencia, tratándose de una demanda reivindicatoria la parte actora debe acreditar, para la procedencia de la acción que deduce, los dos requisitos esenciales siguientes: primero, la propiedad de la cosa que reclama, y segundo, la posesión o tenencia por el demandado de la cosa perseguida; no es menos cierto que tal jurisprudencia debe entenderse en términos hábiles, esto es, que las aludidas propiedad y posesión se refieran a un solo bien, es decir, que la propiedad alegada por el actor recaiga sobre el bien poseído por el demandado, y sin cuya identificación sencillamente no sería posible la procedencia de tal acción, ya que de otro modo se llegaría al absurdo de que demostrado el dominio de determinado bien por parte del actor y acreditada la posesión de otro inmueble distinto por parte del demandado, tuviera que decretarse la reivindicación, contra la más elemental sindérisis. Por tanto, para la procedencia de la repetida acción es necesaria la comprobación de los tres siguientes elementos: la propiedad, por parte del demandante, de los bienes cuya restitución exige; que esos bienes estén en poder del demandado, y que los bienes que se reclaman del demandado, sean los mismos cuya propiedad reclama el actor. IUS: 168237 Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009, p. 11, jurisprudencia, civil. 1a./J. 104/2008 ACCIÓN REIVINDICATORIA. NO ES REQUISITO ESENCIAL PARA SU PROCEDENCIA QUE EN LA DEMANDA INICIAL SE PRECISEN LA SUPERFICIE, MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL BIEN QUE PRETENDE REIVINDICARSE. De los preceptos legales que regulan la acción reivindicatoria se obtienen elementos que condicionan su procedencia, estos son la propiedad del bien que el actor pretende reivindicar y su posesión por el demandado, de los que se deriva un tercer elemento: la identidad, es decir, que el bien del actor sea poseído por el demandado. Ahora bien, el elemento consistente en la identidad del predio a reivindicar se acredita dentro del procedimiento a través de cualquier medio probatorio reconocido por la ley, que permita crear convicción en el juzgador de que el inmueble reclamado es el poseído por el demandado. Esto es, la identidad se establece con lo que el actor exige al demandado, sin que para ello sea necesario precisar en el escrito inicial las características específicas del bien de que se trata. Por lo anterior, se concluye que no es requisito esencial para la procedencia de la acción reivindicatoria que en la demanda inicial se precisen la superficie, medidas y colindancias del bien que pretende reivindicarse, pues basta proporcionar los datos que permitan saber cuál bien se reclama y que está en posesión del demandado, aun en aquellos casos en que no sea fácil identificar a qué se refiere el documento fundatorio de la acción, pues tales hechos han de demostrarse en el juicio, toda vez que son datos o circunstancias objeto de prueba dentro del procedimiento.

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Título Primero - Capítulo I

IUS: 183967

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Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 2003, p. 997, aislada, civil. III.4o.C.17 C

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ACCIÓN REIVINDICATORIA. LOS FRUTOS CIVILES DERIVADOS DE LA PROCEDENCIA DE DICHA ACCIÓN, REQUIEREN PARA SU CONDENA LA DEMOSTRACIÓN DE QUE SE HAN PRODUCIDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

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El artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco señala: “La reivindicación compete al propietario de la cosa que no la tiene en su posesión, para que se declare que le corresponde el dominio sobre ella y que el poseedor se la entregue con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil.”. De dicho precepto se infiere que para que proceda la condena de pago de frutos civiles, no es suficiente el hecho de que se demanden como mera consecuencia de la procedencia de la acción reivindicatoria, ya que no debe perderse de vista que existe la obligación de justificar, con medio de convicción alguno, además de la actualización del derecho a recibir dichos frutos, el que éstos se produjeron.

Artículo 5 El tenedor de la cosa puede declinar la responsabilidad del juicio designando al poseedor que lo sea a título de dueño.

Artículo 6 El poseedor que niegue tener la posesión la perderá en beneficio del demandante.

IUS: 176053 Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1765, aislada, civil. III.2o.C.116 C ACCIÓN REIVINDICATORIA. LA POSESIÓN POR EL DEMANDADO DE LA COSA PERSEGUIDA, NO SE ACREDITA SOLAMENTE CON SU NEGATIVA A POSEER EL BIEN CONTROVERTIDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El elemento de la acción reivindicatoria atinente a la posesión por el demandado de la cosa perseguida, no puede tenerse por demostrado solamente con la negativa que éste vierte en su escrito de contestación, en el sentido de que no posee el bien controvertido; ya que si bien, el artículo 6o. del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, señala que el poseedor que niegue tener la posesión la perderá en beneficio del demandante; sin embargo, es obvio que la sanción que ahí se establece sólo se actualiza en la medida de que esté acreditado en juicio, que quien negó la posesión es quien, efectivamente, poseía el bien al momento de que fue ejercida la acción; pues de lo contrario, la negativa así referida, debe entenderse realizada como una defensa efectuada contra la acción reivindicatoria intentada, ya que se apoya en un hecho que por sí mismo la excluye.

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Título Primero - Capítulo I

IUS: 319442 Quinta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo CVIII, p. 2083, aislada, administrativa, civil, común. POSESIÓN DERIVADA. El título por el cual se demuestra que el dueño de un inmueble concede el derecho de poseer temporalmente el mismo, a otra persona, en calidad de usufructuario, arrendatario, depositario, y otro título análogo, tal como sucede en el caso en que el quejoso, por virtud de un contrato de arrendamiento y de ocupación provisional de un terreno nacional, demuestra estar en posesión del mismo, es suficiente para justificar la tenencia legítima del inmueble y la posesión sin forma de juicio es anticonstitucional, aunque se trate de bienes nacionales, por haber salido éstos de la posesión de la Nación, por voluntad de ella, en virtud de lo cual no puede ésta quitarlos al quejoso, sin oírlo previamente y sin seguir el procedimiento legal.

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IUS: 221456 Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, noviembre de 1991, p. 267, aislada, civil. POSESIÓN ORIGINARIA Y POSESIÓN DERIVADA. DIFERENCIAS. La posesión originaria se obtiene a través de una transmisión de derechos que realiza el propietario en favor del poseedor, mediante compraventa, donación, herencia, dación en pago, etcétera. La posesión derivada es aquella que se transmite por arrendamiento, usufructo, depósito u otro título análogo. IUS: 287733 Quinta Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, p. 659, aislada, civil. POSEEDOR A NOMBRE DE OTRO. El poseedor a nombre de otro, no es poseedor en derecho y, por tanto, no puede reclamar la protección constitucional contra la orden que le arrebata esa posesión.

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Artículo 7 Puede ser demandada la reivindicación del poseedor que dejó de serlo para evitar los efectos de la acción reivindicatoria. El demandado que paga la estimación de la cosa, puede ejercitar a su vez la reivindicación.

Artículo 8 Al adquiriente con justo título y de buena fe, le compete la acción para que el poseedor de mala fe le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil. Igual acción le compete contra el que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo. No procede esta acción en los casos en que ambas posesiones fuesen dudosas o el demandado tuviere su título registrado y el actor no.

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Artículo 9 Procederá la acción negatoria para obtener la declaración de libertad, o la de reducción de gravámenes de bien inmueble y la demolición de obras o señales que importen gravámenes, la tildación o anotación en el Registro de la Propiedad, y conjuntamente, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios. Cuando la sentencia sea condenatoria, el actor puede exigir del reo que caucione el respeto a la libertad del inmueble. Sólo se dará esta acción al poseedor a título de dueño o que tenga derecho real sobre la heredad.

IUS: 343247 Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo CVI, p. 300, aislada, civil. SERVIDUMBRES DE PASO, ACCIÓN NEGATORIA DE LAS. El ejercicio de las acciones reales únicamente compete al titular del inmueble que les da origen; y la acción nugatoria de una servidumbre de paso, que como la confesoria, es real, sólo puede ejercitarse por el propietario del predio sirviente, y no por una persona ajena a éste o por quien sólo tenga sobre el mismo una posesión derivada.

Artículo 10 Compete la acción confesoria al titular del derecho real inmueble y al poseedor del predio dominante que esté interesado en la existencia de la servidumbre. Se da esta acción contra el tenedor o poseedor jurídico que contraríe el gravamen, para que se obtenga el reconocimiento, la declaración de los derechos y obligaciones del gravamen y el pago de frutos, daños y perjuicios en su caso, y se haga cesar la violación. Si fuere la sentencia condenatoria, el actor podrá exigir del reo que afiance el respeto del derecho.

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Art. 11

Título Primero - Capítulo I

Artículo 11 Se intentará la acción hipotecaria para constituir, ampliar, registrar, dividir y cancelar una hipoteca; o bien para demandar el pago, rescisión, vencimiento anticipado, o prelación del crédito que la hipoteca garantice. Procederá contra el poseedor a título de dueño del fundo hipotecado y, en su caso, contra los otros acreedores. Cuando después de registrada la cédula hipotecaria, cambiare de dueño o poseedor jurídico del predio, con éste continuará el juicio, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda al deudor original conforme a la ley.

IUS: 175723 Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 1948, aislada, civil.

Art. 12

Título Primero - Capítulo I

I.3o.C.527 C VÍA HIPOTECARIA. PROCEDE AUNQUE LA DEMANDA TAMBIÉN SE FUNDE EN UNA CAUSA DIVERSA. Cuando una demanda se formula en la vía especial hipotecaria y se funda en dos causas, la primera en la escritura privada de reconocimiento de adeudo y, la segunda, en diversa escritura pública por la cual se constituyó hipoteca a efecto de garantizar el adeudo reconocido, atendiendo a la unidad de la demanda, el Juez queda vinculado a determinar tanto la procedencia de la vía especial como su competencia legal, y basta para admitirla que una parte de ella contenga circunstancias que generen la procedencia de la vía especial y la competencia del Juez ante quien se presenta, toda vez que al admitirse la demanda no es válido dividir la continencia de la causa, puesto que será en su momento procesal oportuno cuando a través de las excepciones, sean o no de previo y especial pronunciamiento, estará en aptitud de desvincular las cuestiones jurídicas que se desprendan de las causas contenidas en la demanda. Ello, porque la continencia de la causa implica aceptar que la demanda es un acto jurídico que puede contener más de una causa de pedir, ya que el continente es la demanda y los hechos, en relación a las prestaciones forman el contenido; por lo que si la pretensión del actor emana de dos causas o de dos actos jurídicos, la competencia debe derivarse de los hechos narrados en la demanda. Luego, si la intención del actor estribó en el ejercicio de la acción hipotecaria, al momento de admitir la demanda no es válido examinar cuestiones relacionadas con el fondo de la litis propuesta y que encuentran sustento en hechos vinculados con dos actos jurídicos, pues se estaría prejuzgando, de ahí que el Juez únicamente debe ceñirse a las reglas que al efecto la ley adjetiva aplicable establece para fijar la competencia en tratándose de esa clase de acciones que se ejercen en la vía especial hipotecaria.

Artículo 12 La petición de herencia se deducirá por el heredero, por el legatario o por quien haga sus veces; y se da contra el albacea o contra el poseedor de las cosas hereditarias con el carácter de heredero o cesionario de éste, y contra el que no alegue título ninguno de posesión de bien hereditario, o dolosamente dejó de poseerlo.

IUS: 178383 Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, p. 1501, aislada, civil. I.4o.C.85 C PETICIÓN DE HERENCIA. EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA VALORAR TÍTULOS COMO EN LA ACCIÓN REIVINDICATORIA. La acción de petición de herencia es una acción real, ya que se ejercita un derecho absoluto erga omnes, frente a cualquier tercero que perturbe o viole el derecho del heredero, por lo que funge como demandado aquel que se encuentra en posesión de los bienes hereditarios. Por ende, aunque la nulidad del título presentado por el demandado no se haya declarado judicialmente, el juzgador está obligado a fijar su valor probatorio y enfrentarlo al del título del pretendiente, como sucede en la acción reivindicatoria, ya que en la sentencia que decida esa petición de herencia es donde se decide lo relativo a la propiedad de los bienes hereditarios y no en un juicio diverso. IUS: 178382 Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, p. 1502, aislada, civil. I.4o.C.84 C