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El presente libro contiene la versión vigente consolidada de la LOTUP después de la reforma por ley 1/2019, de 5 de febrero; pero también el lector observará que se ha realizado un estudio amplio y detallado sobre esta importante reforma, exponiendo los puntos principales objeto de la nueva regulación. Por otro lado se han mantenido los comentarios que se hicieron en el momento de promulgación de la LOTUP en 2014, habida cuenta de su vigencia.

LOTUP

2ª EDICIÓN

LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE TRAS LA LEY 1/2019, DE 5 DE FEBRERO, DE LA GENERALITAT.

Inmaculada de la Fuente y Cabero es Doctora Europea en Derecho y abogada experta en Derecho administrativo con amplia experiencia en actividad judicial contencioso-administrativa, generalmente como letrada de Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Por su parte, Santiago González-Varas Ibáñez es Catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Alicante desde hace 17 años, período en el que ha estado siempre atento desde distintos frentes a los avatares del urbanismo en las tres provincias levantinas.

Incluye estudio de las modificaciones introducidas por la ley 1/2019 de 5 de febrero de la Generalitat, en la Ley 5/2014 de 25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje.

LOTUP 2ª EDICIÓN

Santiago González-Varas Ibañez Inmaculada de la Fuente y Cabero

textos legales

LOTUP 2ª EDICIÓN LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE TRAS LA LEY 1/2019, DE 5 DE FEBRERO, DE LA GENERALITAT

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LOTUP 2ª EDICIÓN LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE TRAS LA LEY 1/2019, DE 5 DE FEBRERO, DE LA GENERALITAT

SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ INMACULADA DE LA FUENTE Y CABERO

tirant lo blanch Valencia, 2019

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INMACULADA DE LA FUENTE Y CABERO

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ÍNDICE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE TRAS LA LEY 1/2019. ESTUDIO DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS.......................................................................... 9 1. Modificaciones en materia de Igualdad de género....................... 11 2. Modificaciones en materia de regeneración urbana, estándares urbanísticos, dotaciones y aprovechamiento urbanístico público...... 12 3. Modificaciones sobre la tramitación y aprobación de los planes urbanísticos......................................................................... 19 4. Modificaciones en relación con la eliminación de las Actuaciones Territoriales Estratégicas y la regulación de los Proyectos de Inversión Económica Sostenible...................................................... 21 5. Fomento de la gestión directa................................................. 23 6. Modificaciones en materia de reparcelación............................... 24 7. Modificaciones en materia de gestión del patrimonio público de suelo................................................................................... 28 8. Modificaciones en materia de expropiaciones............................. 30 9. Modificaciones en materia de objetivos legales del programa de actuación integrada............................................................... 31 10. Modificaciones en materia de contenido documental del programa de actuación integrada........................................................... 31 11. Modificaciones sobre el urbanizador y las modalidades de gestión urbanística........................................................................... 33 12. Modificaciones en el procedimiento de programación.................. 35 13. Modificaciones en la ejecución del programa de gestión integrada. 37 14. Modificaciones en materia de tratamiento de los suelos que iniciaron la gestión urbanística y no la han finalizado. En especial la reparcelación inversa............................................................. 39 15. Modificaciones más relevantes en materia de Registros administrativos y Proyectos de Urbanización............................................ 42 16. Modificaciones en materia de gestión de la edificación y la rehabilitación................................................................................ 43 17. Modificaciones en el régimen de suelo no urbanizable................. 46 18. Modificaciones en materia de actuaciones de minimización de impacto territorial de edificaciones en suelo no urbanizable............ 49

ÍNDICE

19. Modificaciones en disciplina urbanística................................... 57 20. Modificaciones más relevantes en las disposiciones adicionales, disposiciones transitorias y anexos de la LOTUP.......................... 59 INTRODUCCIÓN A LA LOTUP 5/2014. LEY 5/2014, DE 25 DE JULIO, DE LA GENERALITAT, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE, DE LA COMUNITAT VALENCIANA................................... 63 1. Objetivos de la reforma legal (PREÁMBULO I)............................. 63 2. La «Infraestructura Verde», el paisaje y los criterios de la ocupación racional del suelo. Libro I, título I (artículos 4 a 13)........... 65 A. La «Infraestructura Verde» (capítulo I, artículos 4 y 5 de la LOTUP). 65 B. El paisaje (capítulo II, artículo 6 de la LOTUP). Y los criterios de la ocupación racional del suelo (capítulo III, artículos 7 a 13)........ 68 3. Instrumentos de ordenación territorial (Libro I. Título II)............ 69 B. Planeamiento de ámbito municipal, catálogo de protecciones y planes especiales, y competencias para la aprobación de los planes (capítulos III, IV y V, artículos 19 a 44 LOTUP).......................... 72 4. Procedimiento de elaboración y aprobación de planes y programas (LIBRO I. TÍTULO III, artículos 45 a 67 LOTUP). Evaluación ambiental y territorial estratégica (artículos 45 a 62) y condiciones de modificación de los planes y programas en función de sus efectos ambientales y territoriales (artículos 63 a 67)...................... 75 5. Gestión urbanística: presupuestos de la gestión urbanística (Libro II, título I, artículos 68 a 107 LOTUP)...................................... 82 6. Gestión urbanística: programación y ejecución de la actuación urbanística (Libro II, título II, artículos 108 a 175 LOTUP)............. 85 7. Gestión de la edificación y la rehabilitación (Libro II, título III, artículos 176 a 195 de la LOTUP)............................................. 96 8. Régimen del suelo no urbanizable y del suelo urbanizable sin programa de actuación (Libro II, título IV, artículos 196 a 212 de la LOTUP)................................................................................ 99 9. Disciplina Urbanística y licencias y declaraciones responsables (Libro III, título único, artículos 213 y ss.)................................... 101 DOCUMENTO (TOL 4465326) LEGISLACIÓN................................... 105

LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE TRAS LA LEY 1/2019. ESTUDIO DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS Según el Preámbulo de la Ley 1/2019, de 5 de febrero de 2019, la Modificación de la LOTUP 5/2014 tiene cuatro objetivos fundamentales. Un primer propósito es el de establecer un régimen que favorezca las actuaciones de renovación, regeneración y rehabilitación urbana, para facilitar las intervenciones en el suelo urbanizado destinadas a mejorar la calidad de estos ámbitos que pueden estar obsoletos, infradotados y deteriorados o en aquellos en que se dan situaciones de vulnerabilidad. Con este fin se modifican los estándares urbanísticos y el porcentaje de aprovechamiento urbanístico público y se diferencia un régimen específico para las actuaciones de regeneración urbana. (artículos 3, 7, 13, 24, 36, 37, 63, 72 y 72 bis y siguientes, 75, 76 bis, 77 y el ANEXO X de la nueva LOTUP, Disposición transitoria 4ª de la Ley 1/2019) Un segundo objetivo de la ley es reforzar la función y el control público sobre los procesos de empleo del territorio. Este objetivo se concreta en la eliminación de las actuaciones territoriales estratégicas y la regulación de los proyectos de inversión estratégica sostenible, en los que la participación de las instituciones públicas será más intensa que en la figura anterior, y donde el carácter excepcional de esta figura se traduce en requisitos de gestión y de utilización adecuada de los instrumentos urbanísticos (artículos 16.5.f, 17 y 59 a 62 y D.T. Segunda de la Ley 1/2019) Asimismo, como finalidad de la modificación legal en las actuaciones urbanísticas se observa el favorecimiento de la gestión directa de los programas de actuación, no solo dando preferencia a este modo de gestión ante otros, sino removiendo barreras existentes para poder actuar de esta manera (artículos 86 bis, 113, 143, 151 y D.T. Quinta de la Ley 1/2019). Relacionado con eso, la modificación de la ley debe garantizar el control público de los crecimientos urbanísticos, fomentar los desarrollos en las áreas ya urbanizadas y evitar que los agentes urbanizadores privados puedan pro-

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mover instrumentos de desarrollo que reclasifiquen nuevas piezas del territorio como suelo urbanizable (artículos 111, 179 y 184 a 187 quinquies). En tercer lugar, la ley tiene por objeto dar solución a situaciones existentes en el territorio, como consecuencia de actuaciones realizadas a lo largo del tiempo y que tienen efectos perjudiciales desde un punto de vista territorial, paisajístico y ambiental. En esta situación se encuentran tanto construcciones existentes en el medio urbano (para las que se modifican artículos sobre órdenes de ejecución), como las urbanizaciones sin finalizar en diferente grado de ejecución (para las que se establece la reparcelación inversa o la ampliación del plazo de urbanización y la subdivisión de las unidades de ejecución), las edificaciones existentes en el suelo no urbanizable (respecto de las cuales se modifica el régimen de minimización de impacto, que se hace más adecuado a la realidad existente y se crean las denominadas licencias de minimización de impacto territorial) y las actividades industriales y productivas existentes sobre suelo no urbanizable en funcionamiento antes de la vigencia de la LOTUP y la Ley 6/2014 (para las que se prevé que obtengan primero la autorización ambiental y de funcionamiento exigida por la Ley 6/2014 y posteriormente la autorización urbanística o declaración de interés comunitario de regularización). Finalmente, se trata de evitar que estas situaciones vuelvan a producirse y a tal efecto se amplía en el tiempo la posibilidad de actuación de la Administración y se dota de mayor eficacia a la adopción de medidas de ejecución sustitutoria (artículos 164, 176 a 183, 210 a 212, 255.8, 255.10, D.A. 13ª D. T 14ª, D.T. 15ª). En cuarto lugar, se establecen algunas modificaciones en el régimen del suelo no urbanizable que derivan de las necesidades que se han puesto de manifiesto en el período de aplicación de la norma, como la introducción de la vivienda vinculada a la explotación agrícola o la forma de calcular el canon urbanístico de las declaraciones de interés comunitario, la necesidad de regularizar actividades industriales en suelo no urbanizable o la imposibilidad de clasificar o reclasificar como suelo urbano o urbanizable Los terrenos forestales clasificados como suelo no urbanizable que hayan sufrido los efectos de un incendio (artículos 197.1.b últimos párrafos, 204.2 y 3, D. A. Sexta LOTUP, D.T. 15ª). Todo ello sin perjuicio de que se incluyan modificaciones en la ley de carácter aclaratorio o de correcciones tipográficas u ortográficas que se han

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puesto de manifiesto con la aplicación de la norma, para depurar de esta manera el texto legal que se viene a modificar. Estas modificaciones, que entraron en vigor el día 8 de febrero de 2019, son comentadas a continuación. 1. Modificaciones en materia de Igualdad de género Uno de los grandes objetivos de la Ley 1/2019 es la incorporación de la perspectiva de género como concepto transversal y transformador. Tal como aparece en la redacción de la Nueva agenda urbana de Naciones Unidas de la cumbre de Quito de 2017, las Naciones que integran esta Organización se comprometen al cambio de paradigma de los modelos de ciudades, adoptando enfoques del desarrollo urbano y territorial sostenibles, integrados, centrados en las personas y teniendo en cuenta la edad y el género. A tal fin, la Ley 1/2019 modifica el artículo 1 de la LOTUP 5/2014, para establecer que a partir de ahora el objeto de la ley es la regulación de la ordenación del territorio valenciano, de la actividad urbanística, de la utilización racional del suelo y de la conservación del medio natural, desde una perspectiva de género e inclusiva. La perspectiva de género aporta la visión de que el territorio, las ciudades y la forma en que ordenamos el paisaje deben perseguir la idea de generar espacios sostenibles medioambiental y económicamente, y accesibles humanamente; es decir, que la finalidad última de la ordenación y de la ley es mejorar de forma equitativa la vida de las personas teniendo en cuenta el conjunto de su diversidad y complejidad. Para ello ha de atenderse a los principios de igualdad entre hombres y mujeres y reconocerse que la división del trabajo según los roles asignados socialmente nos otorga diferentes usos de las ciudades y distintas necesidades que deben ser atendidas. Otra modificación en este sentido es la operada en el artículo 13 de la LOTUP, para regular, expresamente, como uno de los criterios de ocupación racional del suelo, la igualdad de género entre hombres y mujeres a la hora de establecer planes y políticas urbanísticas y llevar a cabo su ejecución. De esta manera se adapta la LOTUP a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Asimismo se modifican diversos preceptos a lo largo del articulado para que contemplen esta perspectiva. Así, por ejemplo los artículos 7.2 y 21.1.a.

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Finalmente, indicar que el nuevo ANEXO XII de la LOTUP contiene criterios y reglas para la planificación con perspectiva de género. 2. Modificaciones en materia de regeneración urbana, estándares urbanísticos, dotaciones y aprovechamiento urbanístico público Ya hemos dicho que uno de los objetivos de la modificación es el de favorecer las actuaciones de renovación, regeneración y rehabilitación urbana. Y en este sentido, el reforzamiento de actuación en la ciudad consolidada que pretende la nueva LOTUP y la conveniencia de transformar menos superficie que se encuentra en situación rural se plasma nada más empezar el nuevo articulado, en el artículo 3, que define el desarrollo territorial y urbanístico sostenible y establece que para lograrlo se satisfarán las demandas adecuadas y suficientes de suelo, de manera compatible con los anteriores objetivos, orientándolas de manera que se potencien asentamientos compactos, se minimice la ocupación de nuevos suelos, y se dé preferencia a la rehabilitación de edificios, la mejora de los espacios públicos urbanos y el reciclado de espacios ya urbanizados. A fin de establecer un nuevo marco regulatorio más adecuado para la consecución de este objetivo, se introducen con la Ley 1/2019 ciertas modificaciones respecto de los estándares urbanísticos y aprovechamientos urbanísticos más adecuados para la regeneración, renovación y rehabilitación urbana. Así, el nuevo artículo 7, en relación con los criterios de crecimiento urbano, recoge ampliamente dos criterios que, acorde con el nuevo modelo urbanístico y territorial que se define por la Generalitat Valenciana, fortalecen las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana: a) La reutilización de la ciudad (rehabilitación y reutilización, así como el uso de las viviendas vacías) frente a nuevas ocupaciones de suelo. b) Preferencia en la rehabilitación, la regeneración y la renovación en espacios vulnerables o dónde resida población en riesgo de exclusión social. El artículo 24, en relación con la regulación de los parques públicos, pretende superar la tradicional regulación de las leyes urbanísticas que han realizado un tratamiento homogéneo para todo el territorio y no han tenido en cuenta que desde el punto de vista urbanístico existen diferencias muy importantes entre municipios de pequeña población y aquellos otros que tienen un gran número de habitantes o forman densas conurbaciones con otros

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municipios. Una de las determinaciones en las que mayor relevancia tiene esta diferencia es la red primaria, y en concreto, precisamente, los parques públicos, que tienen fijado un estándar mínimo de 5 m2/habitante. Por ello, el nuevo artículo 24 permite a estos municipios reducir el estándar legal (entre un 70 y 25% según los casos), siempre que esta reducción se compense con la realización de proyectos a cargo de los nuevos crecimientos que pongan en valor elementos de la infraestructura verde fomentando el uso público en aquellos lugares en los que los valores del territorio lo permitan. Esta misma medida es de aplicación a aquellos municipios que tienen más de un 75% del suelo de su término municipal sujeto a especial protección, ya que carece de razón transformar en parque público terrenos que están sujetos a especial protección para cumplir los estándares legales. Esta previsión del artículo 24 se aplica expresamente según la nueva redacción a los municipios incluidos en la Ley y el PAT de la Huerta valenciana, pero podría ser extendida a otros ámbitos protegidos como el litoral o ámbitos forestales. Del mismo modo para favorecer la creación de una infraestructura verde en la transición de lo urbano a lo rural, se establece la posibilidad de no computar, a efectos de los límites al crecimiento de ocupación urbana, la superficie destinada a parques públicos destinada a obtener infraestructura verde alrededor de los núcleos urbanos. El artículo 36 introduce una excepción en relación con la imposibilidad de superar en suelo urbano la edificabilidad de 1 m2/m2 (metro cuadrado edificable por metro cuadrado de suelo): cuando se trate de actuaciones de dotación, rehabilitación, renovación o regeneración urbana, siempre por razones justificadas en la memoria de viabilidad económica y cuando ello sea compatible con la racionalidad, la calidad y el paisaje de la ordenación urbana, lo cual responde al principio general de la nueva LOTUP de regular las eventuales renovaciones en la ciudad consolidada. A tal fin, se establecen unos límites máximos que no podrán superarse y se determina que el incremento de aprovechamiento atribuible y de la densidad se acompañe de un nivel de cesiones de suelo dotacional, que se cuantifica en la misma proporción que comporta el incremento de aprovechamiento sobre el anteriormente vigente. Y en el nuevo artículo 76 bis (“Reglas generales de equidistribución para los ámbitos de actuaciones aisladas e integradas en suelo urbano con incremento de aprovechamiento”) se establece que en estos casos habrá además que establecerse en

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el plan el porcentaje de participación pública en las plusvalías en función del resultado de la memoria de viabilidad económica, en los términos establecidos en los apartados 1.b y 3 del artículo 77 de esta ley. En el nuevo apartado 5 de este artículo 36 se introduce un matiz que tiene como finalidad incrementar la cantidad y calidad urbana de las dotaciones públicas existentes, y que consiste en que, cuando por razones de consolidación del suelo, la cesión de suelo derivada de esta excepción se sustituya por compensación económica, el destino del importe de esta compensación se destinará a adquirir dotaciones o a esa mejora de calidad urbana de las dotaciones públicas existentes. Así, en una parcela cuyo aprovechamiento vigente resultara ser de 2 m2t/ 2 m s y se pretendiera atribuirle un incremento 1 m2t/m2s (50% superior), las cesiones dotacionales deberían aumentarse en dicha proporción. En ese sentido, si la ratio dotacional preexistente en el área espacial homogénea que comporta la Subzona de Ordenación Pormenorizada (artículo 76 bis) en la que se encuentra la parcela (que, por definición, será la mínima), alcanza, por ejemplo, los 10 m2s/100 m2t, habría que prever una cesión dotacional de 15 m2s/100 m2t. Obviamente, la materialización de estas cesiones, en el caso de parcelas aisladas, se podría realizar en suelo, en compensación económica o en constitución de Complejo Inmobiliario, tal como establece el artículo 36 de la LOTUP. También se puede aprovechar este incremento del aprovechamiento lucrativo para adscribir al ámbito suelos de la red primaria dotacional que no estuvieren adscritos a ningún sector. Hay que tener en cuenta que de acuerdo con el nuevo artículo 36.4 último párrafo se flexibiliza este régimen de cesiones en el caso actuaciones en el medio urbano en el sentido de que el incremento de aprovechamiento no generará la necesidad de nuevas cesiones si la proporción existente entre suelo dotacional y edificabilidad atribuida en el ámbito espacial de referencia fuera ya superior al 40% de los estándares establecidos en el artículo 36.2 de esta Ley (es decir, ya fuera superior a 15 metros cuadrados de suelo dotacional público por cada 100 metros cuadrados de techo, habida cuenta de que el estándar exigible es de 35 m2s/100m2t), siempre que se mantenga el límite general establecido en este último artículo 36.2. De esta forma también podría dar solución a uno de los principales problemas de gestión urbana municipal en la actualidad que se concreta en la obli-

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gación de expropiar miles de metros cuadrados de terreno que el planeamiento urbanístico municipal calificó como suelo dotacional público y cuya obtención no se asignó a ningún ámbito de gestión urbanística, sino que debía realizar mediante expropiación. Los precios de expropiación de suelo urbano, aun a fecha de hoy, elevan a cifras millonarias en muchas ocasiones las obligaciones contraídas por los Ayuntamiento por esta causa, los cuales no pueden hacer frente a tales cantidades con su nivel de ingresos. Es cierto que la LOTUP trató de solucionar este problema ampliando los plazos de reclamación de la expropiación por parte de los propietarios, pero este remedio ha resultado insuficiente a fecha de hoy. Es necesario establecer medidas que no vacíen las arcas municipales por este tipo de solicitudes. Sin duda, la opción es posibilitar la inclusión de los terrenos dotacionales en ámbitos de gestión urbanística, de tal manera que sean los propietarios quienes cedan los terrenos a cambio de los correspondientes aprovechamientos urbanísticos. En definitiva, se trata de prever con explícitos criterios de sostenibilidad urbana y social, una regulación excepcional para la renovación urbana en aquellas áreas de mayor densificación que comporte un incremento adicional de reservas de suelo dotacional y de participación pública en las plusvalías que mejoren, sustancialmente, la situación dotacional que preexistiera en la Ciudad consolidada. Hasta ahora la LOTUP a la hora de abordar las dotaciones incluía bajo esa denominación tanto aquellas de carácter público como las de carácter privado, siendo el régimen de cada una de ellas diferente. Las dotaciones privadas —que no dejan de tener un carácter lucrativo a favor de sus propietarios, titulares o promotores— reciben un tratamiento ventajoso frente al resto de aprovechamientos urbanísticos privados, que consiste en que la edificación que se materializa sobre ellas no computa a efectos del cálculo de la edificabilidad, por lo tanto no generan cesiones de ningún tipo a favor de la Administración, aunque tampoco computan como suelo dotacional a efecto de cesiones. A cambio se establecía la limitación de que tenían que mantener el uso dotacional asignado y, en caso de cambiar a otro uso, podía ser objeto de expropiación por la Administración y, si finalmente cambiaba el uso, deberían realizar todas las cesiones como un uso terciario lucrativo más.

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Con la Ley 1/2019 el tratamiento de favor de estas dotaciones privadas se considera desproporcionado, por lo que se procede a la eliminación de esta figura y su denominación, siendo de aplicación según la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1/2019 a los suelos dotacionales privados previstos en los planes aprobados con anterioridad a la Ley 1/2019, lo previsto para ellos en dichos planes. A partir de la entrada en vigor de la nueva LOTUP, los suelos de titularidad privada destinados al uso educativo-cultural, deportivorecreativo y sanitario-asistencial tendrán el carácter de uso terciario (apartado primero del artículo 37) y recibirán el mismo tratamiento que el de los otros suelos terciarios de aprovechamiento urbanístico privado, si bien se prevén en el apartado segundo del artículo 37 especialidades cuando tales usos terciarios sirvan a actuaciones de renovación, regeneración y rehabilitación urbana en suelos ya urbanizados, concretándose los beneficios, no ya en aquella exención de las cesiones, sino en la reducción de las mismas hasta un 50% de las exigidas legalmente según el artículo 36.2 LOTUP, así como en la reducción de hasta un 50% del aprovechamiento que correspondería a las Administraciones Públicas de acuerdo con el artículo 77 de esta legislación urbanística. Dentro del Capítulo I del Título I del Libro II de la LOTUP, dedicado a la Gestión urbanística, se introduce una nueva Sección II titulada “Actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana”, consecuencia de la importancia que van a tener en el modelo urbanístico valenciano estas actuaciones urbanísticas en el medio urbano. Esta nueva sección comienza con el artículo 70, que regula lo que se entiende por actuaciones de rehabilitación, por actuaciones de regeneración y por actuaciones de renovación urbana, clarificando el objeto y contenido de cada una de estas actuaciones. El artículo 71 especifica los sujetos intervinientes, distinguiendo entre sujetos obligados y sujetos legitimados a participar en las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana El artículo 72 se refiere a los Planes de reforma interior de las actuaciones de renovación y regeneración urbana (su contenido, ámbito, gestión —que podrá ser indirecta mediante un “agente rehabilitador”—, la forma en que deben delimitarse y su relación con las políticas de ayudas a estas finalidades mediante las declaración de «área de rehabilitación, o regeneración urbana integrada», o figura que la sustituya), mientras que el artículo 73 lo hace a los

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Programas de actuación de renovación y regeneración urbana (su tramitación y aprobación). Estas actuaciones de transformación urbanística sobre el medio urbano, se configuran como actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación urbana que se planificarán mediante el instrumento de planeamiento general o mediante plan parcial o plan de reforma interior (conteniéndose en el nuevo ANEXO X Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana). Incluyen aquellas áreas urbanas que presenten un estado de obsolescencia funcional, tanto de sus espacios públicos, como de un patrimonio edificado, que requieran una intervención integral de mejora, urbanización y reurbanización de sus espacios públicos y del reequipamiento dotacional preexistente, así como de la rehabilitación de su patrimonio, de la mejora de la eficiencia energética, de la accesibilidad universal y, en su caso, de sustitución parcial de sus edificaciones. Esta nueva sección unifica el régimen de aplicación relativo a este tipo de actuaciones, dándole un tratamiento más sistemático e integrado, y coordinado con las figuras de áreas de regeneración urbana de los planes de vivienda. Entrando ya en la Técnicas operativas de gestión de suelo, el artículo 77 se refiere al aprovechamiento que le corresponde a la Administración. Para empezar, en el apartado 1 de este artículo se modifica la conceptualización de dicho aprovechamiento, pasando a decirse que es el aprovechamiento resultante que le corresponde al Ayuntamiento en cumplimiento del deber de participación pública en las plusvalías generadas por el planeamiento, que se materializa en terrenos cedidos a la Administración, libres de cargas de urbanización y con la siguiente cuantificación: a) En los ámbitos de suelo urbanizable se establece con carácter general en un 10%, pero en virtud del Texto Refundido de la Ley de Suelo 7/2015 y del principio de autonomía municipal, se introduce ahora la posibilidad de que ese porcentaje público de plusvalías que le corresponde a la Administración pueda incrementarse hasta el 20% del aprovechamiento tipo, a determinar sobre la base de los resultados que se deriven de la formulación de las ahora preceptivas Memorias de Viabilidad Económica, y ello en aras de garantizar la objetividad y evitar eventuales arbitrariedades atributivas.

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b) En los ámbitos de suelo urbano incluidos en unidades de ejecución delimitadas con destino a su renovación global, así como también en ámbitos delimitados para llevar a cabo operaciones de reforma interior y en parcelas individuales sometidas al régimen de actuaciones aisladas que tengan atribuido un incremento de aprovechamiento con respecto del otorgado por el planeamiento anterior, la ley establece, con carácter general, un porcentaje de aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento del 10%. No obstante, si de acuerdo con el informe de viabilidad económica dicho aprovechamiento público resulta excesivo para la viabilidad de la actuación, se admite, justificadamente de acuerdo con dicho informe, una minoración de dicho porcentaje hasta un 5 %. Con esta posibilidad de la minoración se favorecen, si fuera necesario, las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Pero también se prevé la posibilidad de incrementar ese porcentaje público de plusvalías que le corresponde a la Administración hasta el 20% del aprovechamiento tipo sobre la base de los resultados que se deriven de la formulación de las Memorias de Viabilidad Económica. Y ya nos consta que para el caso de parcelas sometidas al régimen de actuaciones aisladas con atribución de incremento de aprovechamiento, el porcentaje de aprovechamiento público podrá sustituirse por la cesión de superficie edificada de valor económico equivalente integrada en complejo inmobiliario constituido en la propia edificación en régimen de propiedad horizontal, o mediante compensación económica de igual valor, cuando sea imposible la atribución del aprovechamiento público en el propio ámbito de la actuación. c) En el suelo urbano incluido en unidades de ejecución, sin incremento de aprovechamiento respecto de la ordenación vigente, el porcentaje de aprovechamiento que corresponde a la administración es del 5 % del aprovechamiento tipo. En el suelo urbano incluido en unidades de ejecución, sin incremento de aprovechamiento respecto de la ordenación vigente, donde no se haya cumplido con los deberes y cargas urbanísticos correspondientes, el porcentaje de aprovechamiento que corresponde a la administración es del 5 % del aprovechamiento tipo.

MODIFICACIONES DE LA LOTUP TRAS LA LEY 1/2019

3. Modificaciones sobre la tramitación y aprobación de los planes urbanísticos Esta materia de la tramitación y aprobación de los planes urbanísticos la LOTUP apenas experimenta variación, aunque cabe destacarse alguna modificación, que pasamos a comentar seguidamente. En el artículo 6 se adecúa la LOTUP a los términos de la Ley 21/2013 sobre evaluación ambiental, regulando más extensamente y por relación al planeamiento los estudios de paisaje y los estudios de integración paisajística, así como la participación pública de tales instrumentos de paisaje. El nuevo apartado 4 del artículo 14, a la hora de determinar el contenido y documentos exigibles a un Plan, introduce tres principios jurídicos que han de tenerse en cuenta: – El de «mínimo contenido necesario». Este principio implica un criterio favorable a que la documentación del Plan sea lo más breve, sencilla y poco extensa que permita alcanzar sus objetivos. – El de «máxima simplificación». Este principio supone el criterio interpretativo de que la documentación y determinaciones del Plan sean lo menos complicadas y sencillas posibles. – El de «proporcionalidad». Conforme a este principio, debe existir una correspondencia y equilibrio entre lo el objeto del Plan y la documentación que se le exige. Se trata de verdaderas reglas jurídicas que limitan las exigencias que respecto de la documentación exigible a un Plan pueden establecer las Administraciones sectoriales que intervienen en su tramitación, y que vinculan también a la Administración autonómica, cuando es la competente para aprobar los Planes municipales. Estos principios también han de ser tenidos en cuenta por los Tribunales al resolver los recursos que puedan presentarse por posibles carencias documentales de los Planes. El mismo artículo 14.4 in fine establece una expresa reserva de Ley en relación con la exigencia de documentos de los instrumentos de ordenación, de modo que a través de un Reglamento no se podrá exigir documentos no previstos expresamente en una Ley, resultando derogada toda regulación reglamentaria sin base legal en este sentido. El nuevo artículo 49.bis adapta la LOTUP al artículo 133 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, al introducir la partici-

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pación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de los planes (que son disposiciones de carácter general), en el sentido de establecer la obligación de formular —salvo ciertos casos previstos en el apartado 3— una consulta pública previa a la elaboración del borrador del plan urbanístico a fin de recabar la opinión de los ciudadanos en relación con un documento en el que se indique de modo sucinto los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos del plan y las posibles soluciones alternativas. Esta consulta pública previa tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de la redacción del plan, y dará lugar a la obligación de elaborar un informe de respuesta conjunta a las aportaciones recibidas, debiendo incorporarse al expediente el resultado de la consulta, con indicación del número de participantes, número de opiniones emitidas y el informe de respuesta. La Ley 1/2019, trata de solucionar la situación que se puede generar tanto en la fase de tramitación municipal como en la fase de tramitación autonómica de los Planes urbanísticos (artículos 53.4 y 55.4 LOTUP, respectivamente) por la falta de emisión en plazo de informes sectoriales preceptivos o por la existencia de contradicción en el contenido de dos o más informes, mediante la convocatoria por la GVA a las Administraciones con competencias afectadas a una comisión informativa de coordinación de la dirección general competente en materia de urbanismo a fin de que se evacue el correspondiente informe, lo que podrá hacerse en la misma reunión de coordinación de forma verbal, de forma que si el informe no se emite por escrito en el plazo legalmente establecido, ni tampoco en la comisión informativa de coordinación de forma verbal, se considerará favorable al contenido del plan a todos los efectos. En el apartado 8 del artículo 55 se establece que los planes entrarán en vigor a los quince días de su publicación. Como modificaciones aclaratorias menores, el artículo 63.2.b) se modifica para adecuar su expresión de forma más adecuada a la legislación de evaluación ambiental estratégica y los artículos 53.6 y 64 sustituyen la referencia a los Ayuntamientos por la Administración promotora, al tener en cuenta que no sólo los Ayuntamientos pueden ser administraciones promotoras de planes.