esquemas TOMO IV
TOMO IV
ESQUEMAS DE DERECHO PROCESAL LABORAL
ESQUEMAS DE DERECHO PROCESAL
3ª EDICIÓN
3ª EDICIÓN Directoras:
Amaya Arnaiz Serrano Raquel López Jiménez
Autores:
Juan Manuel Alcoceba Gil Amaya Arnaiz Serrano Raquel López Jiménez Tamara Martínez Soto
esquemas
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Ángel M. López y López
Ana Belén Campuzano Laguillo
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Owen M. Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
Luis López Guerra
Javier de Lucas Martín
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: http://www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
TOMO IV
ESQUEMAS DE DERECHO PROCESAL LABORAL 3ª Edición Directoras:
Amaya Arnaiz Serrano Raquel López Jiménez
Profesoras de Derecho Procesal (Universidad Carlos III de Madrid) Autores:
Juan Manuel Alcoceba Gil Amaya Arnaiz Serrano Raquel López Jiménez Tamara Martínez Soto
Profesores de Derecho Procesal (Universidad Carlos III de Madrid)
Valencia, 2017
Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© AA.VV. © TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN 978-84-9143-079-7 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia por favor lea en www.tirant.net/index.php/ empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
Presentación «El tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos», dice la canción y ya llegamos al cuarto volumen, dedicado al Derecho Procesal Laboral. Se organizan los esquemas en cuatro apartados, de acuerdo con la propia estructura de la LJS, cuyas previsiones se estructuran igualmente en el mismo número de Libros. Los autores Getafe, 2012.
Prólogo a la 3ª edición De nuevo las Autoras de este trabajo me vuelven a pedir un Prólogo para la tercera edición. Les agradezco que, de nuevo, depositen en mí su confianza, que a su vez, es correspondida. En la primera edición señalaba que la Jurisdicción Social no era un «Orden» residual, todo lo contrario. En el año 2004 ingresaron 349.696 asuntos, y, conforme a los datos publicados por el CGPJ, en el año 2015 lo han hecho 399.592 asuntos, estando el tope en el año 2009 con 484.516 asuntos. Los datos muestras una evidente bajada de ingreso de asuntos en materia social. En 2004 se resolvieron 333.253 asuntos y en 2015 la cifra llega a 419.055 asuntos, lo que supone la cifra más alta del orden jurisdiccional social. En el año 2004 quedaron pendientes 156.420 asuntos y en el 2015 la cifra llega a 312.460 asuntos, con lo que el número de asuntos en trámite se acerca a los del año 2011. Si tomamos como referencia a los Juzgados de lo Social, el número de asuntos ingresados fueron en 2004 de 283.558, resolviendo 266.874 asuntos y quedando pendientes 112.286 asuntos. En 2015 ingresaron 345.151 asuntos, se resolvieron 364.382 y quedaron pendientes 287.455 asuntos. De ellos, 110.098 corresponden a despidos, 128.619 a reclamaciones de cantidad y 86.941 a temas de seguridad social, que son los tres campos de mayor incidencia. En 2004 la duración media de un proceso laboral estaba en cinco meses en los Juzgados de lo Social, y en 2015 se ha situado en 10,7 meses, luego ahora se resuelve más tarde. Entonces un despido duraba 2,67 meses y en 2015 el espacio temporal se ha situado en 7,21 meses, lo que supone demasiado tiempo para la materia objeto de resolución. Lógicamente, seguimos con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, que sigue manteniendo las bases del proceso laboral, fijadas en las Leyes de Tribunales de Industriales de 1908 y 1912, a la que se le han hecho algunas reformas como consecuencia de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que modificado algunos aspectos en materia de conciliación, mediación y agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial social. No obstante, y pese a las reformas, el nuevo texto mantiene la estructura de la LPL de 1995, pero agrega nuevos cambios. Fundamentalmente se modifica el ámbito de conocimiento de la jurisdicción social, ampliándolo, se moderniza el procedimiento, incluyendo expresamente las nuevas tecnologías, y se añaden otras mejoras técnicas y adaptaciones a la normativa vigente que justifican la re-
José Antonio Colmenero Guerra
forma legislativa. No voy a glosar los cambios, ni tampoco los recientes, el lector podrá descubrirlos en la Obra, de ahí la necesidad de una nueva edición. Mi relación con el proceso laboral no desaparece, como si fuera un imán que me atrajera a su campo magnético. Llevaba algunos años alejado de la docencia en materia de proceso laboral, pero ahora llevo unas temporadas con ella, pues dedico buena parte de mis clases a los ADR laborales y al proceso laboral en los másteres oficiales de Abogacía y de Consultoría y Auditoría Laboral de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, donde tengo mi plaza de profesor, después de haberlo hecho en la Universidad de Sevilla y en la Universidad Carlos III, de Madrid. Si bien es cierto que, con carácter general, en los grados en Derecho brillan por su ausencia asignaturas que permitan adquirir habilidades y competencias relativas al proceso laboral, no ocurre lo mismo con los grados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos que, en el caso de la Universidad Pablo de Olavide, contempla las asignaturas «Derecho procesal laboral» y «Procesos laborales especiales», las cuales también pueden ser cursadas por el alumnado del doble grado en Derecho y Relaciones Laborales y Recursos Humanos, opción que, con otras variantes, está presente en otros planes de estudios de otras Universidades españolas. Llama poderosamente la atención que el proceso laboral, que representa unas buenas horas de estudio y dedicación en el máster oficial de abogacía, con un buen conjunto de temas en el programa diseñado por el Ministerio de Justicia para el «Examen de Estado» obligatorio para acceder al título de Abogado (y ello sin entrar en las oposiciones de la administración de justicia), no merezca, ni haya merecido (salvo excepciones) una mayor atención en los grados de Derecho, lo que, desde luego debe ser digno de reflexión. Desde luego a los alumnos que, en grado o postgrado, reciben enseñanzas de ADR laboral y proceso laboral va dedicada, fundamentalmente, esta obra, sin desdeñar, como ya señalé en la primera edición, a los profesionales del mundo del derecho laboral quienes tienen en este trabajo una síntesis del funcionamiento de los ADR y del proceso laboral. Finalmente, vuelvo a la obra y autores. Reitero mis aseveraciones vertidas en el prólogo de la primera edición. La composición de las autoras, aunque varíe, no supone que no se siga manteniendo alto el nivel de la obra. Qué duda cabe que el Magisterio del Profesor Moreno Catena, después de más de 30 años ejerciendo la Cátedra (y los que quedan), en las Universidades de Santiago de Compostela, Sevilla y Carlos III de Madrid, ha permitido consolidar valiosísimos grupos de trabajo e investigación, conformados por profesionales cualificados, que, como en esta obra que dirige, ofrecen al lector nuevas formas de abordar el estudio del derecho. La puesta en marcha de los «Grados» ha confirmado el éxito de la «idea» (que yo confirmo en las diferentes titulaciones que se imparten
Prólogo
en mi Universidad), que luego ha sido utilizada en otras áreas de conocimiento. Respecto al resultado, el tiempo ha confirmado la oportunidad y necesidad de la obra. Reitero lo dicho en anteriores ediciones, la curiosidad, laboriosidad y espíritu inquieto de mis compañeras, y la mente abierta a nuevas perspectivas del Profesor Moreno Catena, me hacen pensar que en un futuro no muy lejano nos volverán a sorprender con nuevas ideas que supondrán un cambio en la forma de presentar los materiales docentes. El tiempo dirá. José Antonio Colmenero Guerra Profesor Titular de Derecho Procesal Inspector de Servicios de la Universidad Pablo de Olavide Sevilla, septiembre de 2016.
Guía del Usuario Para la correcta utilización de los esquemas que se contienen en este libro es preciso tener en cuenta una serie de pautas seguidas por los autores para su confección (además de la correspondiente leyenda que, en su caso, se contiene en cada uno de los cuadros): – Trámites necesarios:
– Trámites contingentes (recursos, …):
– Plazos:
– *: llamada a pie de página para aclaraciones.
Abreviaturas AN AP art./arts. BOE BOP CA CAJ CAJG CC CCAA CCo CE CECA CEDH CEEA CGPA CGPJ CP CPI CPM CTPA DDFF
Audiencia Nacional Audiencia Provincial Artículo/artículos Boletín Oficial del Estado Boletín Oficial de la Provincia Comunidad Autónoma Cuerpo de Auxilio Judicial Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita Código Civil Comunidades Autónomas Código de Comercio Constitución Española Comunidad Europea del Carbón y del Acero Convenio Europeo de Derechos Humanos Comunidad Europea de la Energía Atómica Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa Consejo General del Poder Judicial Código Penal Corte Penal Internacional Código Penal Militar Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa Derechos Fundamentales
Abreviaturas
EA ECPI EEAA EGA EGPT EOMF ET ETJUE FGE FJM FOGASA INE JCA JCI JCP JI JM JP JPaz JPI-I JS JTC JTT JVM JVP LAJG
Estatuto de Autonomía Estatuto de la Corte Penal Internacional Estatutos de Autonomía Estatuto General de la Abogacía Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal Estatuto de los Trabajadores Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Fiscal General del Estado Fiscalía Jurídico Militar Fondo de Garantía Salarial Instituto Nacional de Estadística Juzgado de lo Contencioso-administrativo Juzgado Central de Instrucción Juzgado Central de lo Penal Juzgado de Instrucción Juzgado de Menores Juzgado de lo Penal Juzgado de Paz Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Juzgado de lo Social Juzgado Togado Central Juzgado Togado Territorial Juzgado de Violencia sobre la Mujer Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
Abreviaturas
LC LEC LECRIM LDYPJ LGP LJCA LJS LOCJ LOFCSE LOJM LOLS LOPJ LORRPM LOTC LOTJ LPH LPL LRJPAC MF ONU PIDCP PIDH RAAAJ RCJ RD RJPaz
Ley Concursal Ley de Enjuiciamiento Civil Ley de Enjuiciamiento Criminal Ley de Demarcación y Planta Judicial Ley General Penitenciaria Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa Ley de la Jurisdicción Social Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Ley Orgánica de la Jurisdicción Militar Ley Orgánica de Libertad Sindical Ley Orgánica del Poder Judicial Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Ley Orgánica del Tribunal del Jurado Ley de Propiedad Horizontal Texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común Ministerio Fiscal Organización de las Naciones Unidas Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Pacto Internacional de Derechos Humanos Reglamento de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales Reglamento de la Carrera Judicial Real Decreto Reglamento de los Jueces de Paz
Abreviaturas
ROCS ROFCGPJ ROGT RPTPI SJ SS STC STS TC TCE TCECA TCEEA TCJ TCu TEDH TFPUE TJ TJUE TMC TMT TPIUE TS TSJ TUE
Reglamento Orgánico de Cuerpos de Secretarios Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial Reglamento de Organización y Gobierno de los Tribunales Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea Secretario Judicial Seguridad Social Sentencia del Tribunal Constitucional Sentencia del Tribunal Supremo Tribunal Constitucional Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica Tribunal de Conflictos de Jurisdicción Tribunal de Cuentas Tribunal Europeo de Derecho Humanos Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea Tribunal del Jurado Tribunal de Justicia de la Unión Europea Tribunal Militar Central Tribunal Militar Territorial Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea Tribunal Supremo Tribunal Superior de Justicia Tratado de la Unión Europea
Apartado 1
Aspectos generales del proceso laboral 1.1. Cuestiones introductorias El proceso laboral es el instrumento articulado por el Estado para dar respuesta a los conflictos jurídicos de naturaleza social surgidos en el seno de la sociedad. Luego, el orden social extiende su competencia sobre todas aquellas cuestiones comprendidas en la rama social del Derecho, entendida ésta en su sentido más amplio, comprensivo tanto de conflictos individuales como colectivos, así como de las reclamaciones en materia de seguridad social o contra el Estado cuando la legislación laboral le atribuya responsabilidades. En cuanto a su objeto hay que decir que el proceso de esta naturaleza no presenta singularidad alguna digna de ser reseñada en este momento, salvo que la causa petendi de la pretensión procesal habrá de fundarse en normas jurídico-materiales comprendidas en el Ordenamiento laboral (art. 1 LJS). En líneas generales puede decirse que en el proceso laboral se deducen pretensiones de naturaleza mixta, es decir, se pretende, de un lado, la declaración de un determinado derecho subjetivo del trabajador o de una concreta relación laboral y, de otro, se requiere al órgano jurisdiccional para que condene a la parte demanda al cumplimiento de una prestación. No obstante, es preciso señalar que no son en todo caso pretensiones de naturaleza mixta las que conocen los órganos de la jurisdicción social, sino que también pueden serlo de naturaleza constitutiva. En cambio, el procedimiento, hasta hace relativamente poco tiempo, sí que contaba con una serie de singularidades que le distinguían del proceso civil. Junto a los principios tradicionales de nuestra cultura jurídica: contradicción e igualdad de partes, el procedimiento laboral se caracterizaba porque sus actuaciones se regían además por los principios de inmediación y oralidad, que hasta la promulgación de la LEC 1/2000, eran excepcionales en los procesos de esa naturaleza y que, sin embargo, cuentan con una larga tradición legislativa en las leyes procesales laborales. Hasta la promulgación de la LEC de 2000, el procedimiento laboral era el que, en términos generales, se ajustaba en mayor medida a las garantías procesales. Luego, el proceso laboral se ha distinguido a lo largo de su historia por haber sido diseñado como
Aspectos generales del Proceso Laboral
un procedimiento ágil, sencillo, rápido y poco costoso para las partes implicadas. No obstante, hoy puede decirse que tras la última reforma de la LEC ésta ha hecho extensibles los referidos principios al resto de procedimientos existentes en las otras jurisdicciones, al ser ésta una regulación de carácter supletorio para el resto de leyes procedimentales (art. 4 LEC). Además, con la nueva reforma la LJS, según su Exposición de Motivos “la norma aspira tanto a ofrecer una mayor y mejor protección a los trabajadores y a los beneficiarios de la Seguridad Social, fortaleciendo la tutela judicial en un espacio vertebrador de la vida social y económica”. Destaca de esta nueva LJS su espíritu de especialización de la jurisdicción social.
Derecho Procesal Laboral
1.1.1. Concepto y objeto Esquema 1. Proceso Laboral: concepto, objeto y principios PROCESO LABORAL O SOCIAL CONCEPTO: Es el medio o instrumento a través del cual los órganos de la jurisdicción laboral dan respuesta a los conflictos individuales o colectivos derivados de las relaciones laborales, en aplicación del Derecho Social, entendido éste en su sentido más amplio. OBJETO: Tiene como objeto único y exclusivo la resolución de pretensiones fundadas en la rama social del Derecho (art. 1 LJS)
DEBERES PROCESALES (ART. 75 LJS)
PRINCIPIOS (ART. 74 LJS)
DEL PROCESO Dualidad
Contradicción
Igualdad
(art. 24.1 CE)
(art. 132 LEC)
(art. 14 CE)
DEL PROCEDIMIENTO Oralidad
Inmediación
Concentración
Celeridad
(art. 120 CE)
(arts. 74 LJS y 137 LEC)
(art. 86.2 LJS)
(arts. 24.2 CE y 74 y 43.2 LJS)
Deber de probidad de las partes y de actuar de buena fe
Deber de colaboración procesal de las partes y de los terceros
(art. 75.1 y 75.4 LJS)
(art. 75.2 LJS)
Deber de indemnización por los daños causados por incumplimientos del deber de colaboración (art. 75.3 LJS)
Aspectos generales del Proceso Laboral
1.1.2. Principios del proceso Esquema 2. Principios del proceso PRINCIPIOS DEL PROCESO LABORAL DUALIDAD CONTRADICCIÓN (Art. 24 CE)
• Se trata de un proceso de partes, en el que se dilucidan intereses esencialmente privados. • Posibilidad de todas las partes en el proceso de alegar y probar en defensa de sus derechos e intereses legítimos. Este principio guarda una conexión directa con la prohibición de indefensión establecida en el art. 24.1 CE. • Garantía de que ambas partes tendrán las mismas posibilidades de alegación y prueba; de que serán tratadas por igual en todas las actuaciones procesales.
IGUALDAD (Art. 14 CE)
• Este principio se encuentra matizado el Orden social, puesto que el ordenamiento laboral cumple una función compensadora en relación con la desigualdad existente en la realidad entre la situación laboral del trabajador y del empresario. Desigualdad que se manifiesta también en las normas de naturaleza procesal, así por ejemplo se pone de manifiesto la desigualdad de trato al otorgar el derecho de asistencia jurídica gratuita entre empresario y trabajador; la posibilidad de condena en costas y el régimen de depósitos y consignaciones.
1.1.3. Principios del procedimiento En el art. 74 LJS y bajo la imprecisa denominación de «principios del proceso» encontramos la regulación de los principios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad, que constituyen precisamente las bases sobre las que ha de articularse y desarrollarse el procedimiento laboral. Nos encontramos ante criterios interpretativos y orientadores de la práctica forense, que habrán de tenerse presentes tanto para el procedimiento ordinario como para los especiales (art. 74.2 LJS). Si bien en este precepto sólo se enuncian
Derecho Procesal Laboral
cuatro principios, a lo largo del articulado de la LJS pueden encontrarse otros enunciados de forma implícita que asimismo contribuyen a la simplicidad de formalidades y a la agilización de trámites. Esta Ley mantiene la estructura de su antecesora, consolida principios rectores y de organización interna.
Esquema 3. Principios del procedimiento PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (Art. 74.1 LJS) INMEDIACIÓN (Arts. 74.1 LJS y 137 LEC) ORALIDAD (Arts. 74.1, 85.1 y 89 LJS y 120 CE) CONCENTRACIÓN (Arts. 74.1 Y 86 LJS)
CELERIDAD (Arts. 43, 54 y 74.1 LJS, 132 LEC y 24.2 CE)
• Conlleva la necesaria presencia del órgano enjuiciador en el desarrollo de las actuaciones procesales, particularmente en las declaraciones, pruebas y vistas. • La oralidad ha de regir y condiciona todas las actuaciones procedimentales, al menos en la instancia. • Se concreta en la existencia de una vista donde de manera oral se exponen todas las alegaciones de las partes y se practican las pruebas. • Se pretende simplificar al máximo las actuaciones procesales y, a su vez, garantizar el principio de celeridad. encuentra su expresión más concreta en la propia regulación del juicio oral, en donde rige el principio de unidad de acto (art. 86.2 LJS). • Se trata del desarrollo y ampliación del derecho a un proceso constitucional sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE). En última instancia se trata de que los conflictos encuentren solución lo antes posible (art. 43.2 LJS). • Se concreta en la regulación de todos los plazos procesales, en términos generales muy breves, además todos ellos perentorios e improrrogables salvo el plazo para dictar resolución (art. 43.3 LJS).
Aspectos generales del Proceso Laboral
1.1.4. Deberes procesales Si es habitual encontrar en las distintas leyes procesales algún precepto dedicado a los principios que han de regir el procedimiento, por el contrario, no resulta tan frecuente la inserción de una disposición como la contenida en el art. 75 LJS, en la que se contemplan una serie de obligaciones procesales referidas a los distintos sujetos que intervienen en la Administración de Justicia e incluso referidas a terceros. La reforma de la LJS ha supuesto la incorporación al elenco de deberes que en la antigua Ley de Procedimiento Laboral se contenían, del deber de actuar la buena fe para las partes.
Esquema 4. Deberes procesales DEBERES PROCESALES • Deber de actuar de modo positivo: las partes deben ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe (art. 75.4 LJS). Se trata de una concreción de las reglas previstas en los arts. 11.1 LOPJ y 247.1 LEC. Ejemplos expresos de esta obligación vienen previstos en los arts. 66.3, 91.2, 94.2 y 249 LJS. DEBERES DE LAS PARTES (Art. 75.1 y 4 LJS)
• También deben cumplir las obligaciones de colaboración con el proceso y de cumplir las resoluciones de los jueces y tribunales y de los Letrados de la Administración de Justicia* en su función de ordenación del procedimiento y demás competencias atribuidas por el art. 456 LOPJ (art. 75.5 LJS). • Deber de no actuar de determinada manera: las partes no deben actuar de forma dilatoria, ni ejercer abusivamente su derecho, ni actuar en fraude de ley (art. 75.1 LJS). Tampoco deben formular pretensiones temerarias (art. 75.4 LJS).
*
Conforme a la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Todas las referencias que se contengan en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como en otras normas jurídicas, a Secretarios judiciales, Secretarios sustitutos profesionales, Instituto de Medicina Legal e Instituto Nacional de Toxicología, deberán entenderse hechas, respectivamente, a Letrados de la Administración de Justicia, Letrados de la Administración de Justicia suplentes, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Derecho Procesal Laboral
DEBERES DE LAS PARTES (Art. 75.1 y 4 LJS) (cont.)
DEBER DE COLABORACIÓN DE LOS TERCEROS (art. 75.2 y 4 LJS)
• La infracción de dichas obligaciones puede dar lugar, en los casos de los apartados 1 y 4 del art. 75, a la imposición de sanciones pecuniarias (art. 75.4 LJS) y, a la petición de resarcimiento de daños (art. 75.3 LJS), y en el caso del apartado 5 del art. 75 a la aplicación de apremios pecuniarios (art. 241.2 LJS) y a la petición de resarcimiento de daños (art. 75.3 LJS). • Se trata de la concreción del mandato constitucional contenido en el art. 118 ce y reiterado en el art. 17.1 LOPJ, según el cual todos aquellos que se ven implicados en un proceso, aun cuando no hayan sido parte, deben cumplir las obligaciones que les impongan los órganos judiciales, con el fin de garantizar los derechos de las partes y la efectividad de las resoluciones judiciales (art. 75.2 LJS). • También deben cumplir las obligaciones de colaboración con el proceso y de cumplir las resoluciones de los jueces y tribunales y de los Letrados de la Administración de Justicia en su función de ordenación del procedimiento y demás competencias atribuidas por el art. 456 LOPJ (art. 75.5 LJS). • La infracción de dichas obligaciones puede dar lugar, en los primeros casos, a la imposición de sanciones pecuniarias (art. 75.4 LJS) y a la petición de resarcimiento de daños (art. 75.3 LJS), y en el segundo a la aplicación de multas coercitivas (art. 241.3 LJS) y a la petición de resarcimiento de daños (art. 75.3 LJS). Los órganos jurisdiccionales, partiendo del deber de prestar tutela judicial efectiva (art. 24.1CE): • Deben rechazar, de oficio, las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho (art. 11.2 LOPJ y 7 CC). Además corregirán los actos realizados en fraude de ley (art. 6 CC).
DEBERES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (art. 74.1, 4 y 5 LJS)
• Es posible la imposición de una multa (sanción administrativa) en caso de no respetar este mandato, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias (art. 75.4 LJS), el juez o tribunal podrá imponer una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio. El sancionado puede solicitar la audiencia en justicia y contra el auto resolviéndola cabe recurso de alzada ante la sala de gobierno correspondiente. La imposición de sanciones se entiende sin perjuicio de la posibilidad de instar el resarcimiento incidental de daños y perjuicios (art. 75.3 LJS), lo que significa que ambas opciones pueden concurrir en el tiempo, pues no es de aplicación el principio non bis in idem. De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas (arts. 97.3, 204.2 y 217.2 LJS).