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COMENTARIOS A LA NORMATIVIDAD PROCESAL EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Marta Lorente Sariñena

Ana Cañizares Laso

Javier de Lucas Martín

Jorge A. Cerdio Herrán

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

María Luisa Cuerda Arnau

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón

Manuel Díaz Martínez

Catedrático de Derecho Procesal de la UNED

Carmen Domínguez Hidalgo

Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

José Luis González Cussac

Ignacio Sancho Gargallo

Luis López Guerra

Elisa Speckmann Guerra

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

COMENTARIOS A LA NORMATIVIDAD PROCESAL EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES

Autor:

Nuria González Martín Jorge Alberto Silva

tirant lo blanch Ciudad de México, 2024

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© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Av. Tamaulipas 150, Oficina 502 Hipódromo, Cuauhtémoc CP 06100, Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1169-920-4 MAQUETA: Disset Ediciones Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicasde-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A Antonio por todo lo que hemos construido juntos, entre aventuras y esfuerzos. A nuestros Schettino González, Nuria y Pablo, símbolo de todo lo mejor de este universo, seres excepcionales donde los haya!!! A Monty por ser nuestro “cargador” de amor y felicidad. Nuria Nací en una familia y he creado una familia. Es el don más maravilloso que nos ofrece la vida. Hilda ha sido mi compañera. He vivido con el recuerdo de mis padres y a mi mujer e hijos les dejo mi recuerdo. El cariño a mis antepasados y a mis hijos es una emoción que no se olvida. Jorge Alberto

Nuria González Martín Doctora en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Investigadora Titular C del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM). Nivel PRIDE D. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, CONAHCyT, Nivel III. Consultora externa de Derecho Internacional Privado de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. Mediadora Privada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), 2023. Vicepresidenta de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado (AMEDIP). Visitante Académica en Stanford Law School 2012-2106 y 2017-2018. Premio Altamirano (IIJ-UNAM), 2000. Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Investigación en Ciencias Sociales, 2008. Premio Sor Juana Inés de la Cruz, 2020. Orcid.org/0000/0001-5139-0772, e-mail: nuria.gonzalez68@gmail.com

Jorge Alberto Silva Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor emérito y actualmente jubilado Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), durante 50 años. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, CONACyT, Nivel III. Ex Consultor externo de Derecho Internacional Privado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Panelista Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Expert witness of law en los Estados Unidos de América. Ex presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado (AMEDIP). Actualmente, promotor de la AMEDIP. Presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado. Presea Parlamentaria al Mérito Legislativo Luis Manuel Rojas Arreola, Veracruz, 2023. e-mail: silvasi@aol.com “El presente libro fue dictaminado y aprobado por pares y doble ciego (peer-review) siguiendo las reglas arbitrales de calidad académica”

Índice ABREVIATURAS..........................................................................

PRÓLOGO...................................................................................

PRESENTACIÓN.........................................................................

Capítulo I DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES SECCIÓN PRIMERA FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO....................................................................... Libro Segundo................................................................ Del Procedimiento Oral Civil y Familiar Título Primero De las Formalidades Judiciales Capítulo IV De las Costas

33 35

Sección Quinta............................................................... De la Prueba Documental Física o Electrónica

Libro Cuarto.................................................................. De la Justicia Familiar Título Segundo Procedimientos No Contenciosos en Materia Familiar Capítulo I. De la Jurisdicción Voluntaria Sección Primera Generalidades.................................................................

Libro Quinto.................................................................. De los juicios universales Título Primero Juicios Sucesorios Capítulo I Disposiciones Generales

Índice

Sección Sexta.................................................................. Del Testamento hecho en País Extranjero

Capítulo IV.................................................................... De la sucesión tramitada por notario público

Libro Décimo.................................................................. De los procesos de carácter internacional Capítulo I De la competencia

Capítulo II DE LA COOPERACIÓN PROCESAL INTERNACIONAL............... Sección Primera De las notificaciones, emplazamientos y medidas cautelares... Sección Segunda............................................................. De las pruebas

73 77 84

Sección Tercera................................................................ 98 De la cooperación en procedimientos de niñas, niños y adolescentes Sección Cuarta............................................................... De los exhortos internacionales y cartas rogatorias

120

Sección Quinta............................................................... De la utilización de videoconferencias en procesos internacionales..

127

Sección Sexta.................................................................. De la información del derecho extranjero

130

Capítulo III EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, LAUDOS Y RESOLUCIONES DICTADAS EN EL EXTRANJERO............................................... Sección Única................................................................. De la ejecución forzosa BIBLIOHEMEROGRAFÍA............................................................

141 153

159

Abreviaturas AD

amparo directo

amparo en revisión

AMEDIP art., arts.

Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado artículo, artículos

CADH

Convención Americana de Derechos Humanos

CFPC

Código Federal de Procedimientos Civiles

CNPCyF CoIDHD

Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares Corte Interamericana de Derechos Humanos

COMJIB

Consejo de Ministros de Justicia Iberoamericanos

CONATRIB CPCDF

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal

DIPr

derecho internacional privado

DOF

Diario Oficial de la Federación

Etc.

etcétera

EUA

Estados Unidos de América

fracc.

fracción

MASC

Medios Alternos de Solución de Conflictos

Núm.

número

p. pp.

página, páginas

Prof.

profesor

SCJN

Suprema Corte de Justicia de la Nación

ss.

siguientes

Nuria González Martín / Jorge Alberto Silva

tomo

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

v.g.,

verbigracia

Vol.

volumen

Prólogo Por largo tiempo la sociedad mexicana esperó la publicación del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como un instrumento de unificación de los procesos que se deben seguir en el territorio nacional, para resolver los conflictos que se presenten ante la autoridad jurisdiccional, bajo una serie de conceptos analizados y definidos desde la codificación, que permitan una mayor celeridad en el desarrollo de los procesos y a la par, que incorporen los avances tecnológicos; la justicia digital, la inteligencia artificial; el metaverso, que viene definido por primera vez en un texto legal; la oralidad, que exige la presencia del juez en todo el proceso, para de este forma, cumplir con el anhelo de impartición de justicia pronta, expedita, completa y gratuita, en los plazos, forma y términos que establece la norma fundamental mexicana. El camino de la transformación del sistema jurídico mexicano, ha sido largo, pues en su etapa más reciente, comenzó en el año de 1994, cuando se reformó el Poder Judicial Federal, al reducirse el número de ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creándose el Consejo de la Judicatura, entre otras importantes modificaciones. Posteriormente en el año 2008, la creación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, aportó cambios significativos en los procesos y se necesitó de un plazo de ocho años para su implementación, la cual, no ha estado exenta de debates y cuestionamientos, relacionados con su eficacia, desde la sociedad, la academia, los justiciables e incluso los impartidores de justicia, que se han tenido que ir ajustando el sistema para hacerlo eficiente. En el año 2011, la reforma constitucional que incorpora los derechos humanos contenidos en los convenios y tratados suscritos por nuestro país, genera un cambio en la impartición de justicia, pues constitucionaliza conceptos jurídicos de génesis internacional, que forman parte del orden público que prima en las relaciones entre los estados firmantes, lo que permite que las

Oscar G. Cervera Rivero

determinaciones de las autoridades mexicanas, sean sometidas al control de convencionalidad, que implica el análisis de los criterios que se aplican en la justicia mexicana, contrastándolos con los estándares internacionales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias han impactado el ámbito normativo nacional. Es así, como en el mes de enero del año 2015, con la apertura de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, auspiciados por el Gobierno Federal, con la participación de los ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad civil, de las Universidades y sus equipos de investigadores integrados por los más importantes académicos y universitarios de nuestro país, en un esfuerzo coordinado por impulsar las mejores aportaciones que le dieran certidumbre jurídica a todas las personas que tuvieran necesidad de acudir ante el poder judicial, local o federal, para dirimir cualquier posible afectación de sus derechos que plantearen ante la autoridad. Los estudios realizados por las entidades participantes, así como por los Diputados y Senadores de la República, resultaron en una reforma constitucional en el año 2017, en la que se modificó la fracción XXX del artículo 73, que trajo como consecuencia establecer la facultad del Congreso de la Unión, para legislar en materia procesal, en los ámbitos civil y familiar. Además, se fijó como plazo para la publicación de la reforma, el 16 de marzo de 2018, lo que al no cumplirse, generó la interposición de diversos medios impugnativos ante la omisión legislativa en la que incurrió el Congreso, -acciones de inconstitucionalidad y amparos- que concluyeron en una resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó a los Congresistas legislar en la forma indicada por la Constitución y armonizar las leyes generales y federales que se requiriera. Aun así, la sociedad mexicana tuvo que esperar varios años para que el 7 de junio del 2023, se publicara en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el que se establece una vacatio legis de cuatro años, por lo que deberá entrar en vigor en

Prólogo

todo el país, a más tardar el día primero de abril del año 2027, sin perjuicio de que, tanto la Federación, como los Estados de la República, puedan solicitar al Congreso que entre en vigor en cada uno de sus territorios, antes de la fecha límite. Llama la atención que, en la misma semana de la publicación del CNPCyF, el World Justice Project, hizo público su informe respecto al cumplimiento del Estado de Derecho en México, ubicándonos en el lugar 115 de 140 países analizados; y, en el rubro Justicia Penal y Civil, nos otorga 37 puntos de 100 posibles. De esa dimensión es el problema por el que estamos pasando y así somos vistos por la comunidad internacional. En esas condiciones, recibí la invitación de dos distinguidos miembros de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, la Doctora Nuria González Martín, Vicepresidenta y Académica de Número e investigadora del IIJ-UNAM y el Dr. Jorge Alberto Silva, Académico Emérito, y profesor Emérito de la UACJ, juristas con una destacada trayectoria y prestigio, en foros nacionales e internacionales, para prologar la presente obra de la coautoría de tan destacados profesionales, comprometidos no solamente con la práctica judicial, sino de manera importante, con la investigación y la docencia. La combinación de esos factores, se convierte en una fuerza que, junto con el rigor de la investigación, permea esta obra, a través de notas explicativas o reformulatorias de algunos artículos del CNPCyF, relacionados con la temática internacional, en forma tal, que le da contenido, continuidad y fácil lectura, por su sencillez. Es oportuno advertir que la presente obra es producto, no solamente de la gran experiencia de sus autores, sino también de su activa participación en el grupo integrado por la AMEDIP para revisar el proyecto elaborado por el Congreso de la Unión, como parte de la participación de la sociedad civil, en el parlamento abierto convocado por los legisladores federales, lo que permitió hacer aportaciones relevantes que fueron incorporadas al texto normativo, como lo refieren los académicos en su obra, la que está dirigida a todo profesional del derecho, incluyendo desde

Oscar G. Cervera Rivero

luego, a los operadores jurídicos encargados de la aplicación de este CNPCyF, resaltando la necesidad de tener claridad conceptual, en un área del conocimiento tan importante como lo es el Derecho Internacional Privado. Los Doctores González Martín y Silva advierten con claridad, la problemática que se puede presentar en las entidades federativas que carecen de normatividad sustantiva conflictual, analizando que el tema procesal es lo trascendente y lo único que vale en el CNPCyF, pues no debe pasar inadvertido que normar lo sustantivo, es competencia de las entidades federativas, en virtud de que, como ya se dijo, en la exposición de motivos del Decreto por el cual se reformó el artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, se hizo hincapié en que se requería de procedimientos homologados en todo el territorio nacional para dirimir las controversias entre particulares, por ello, se proponía con dicha reforma constitucional, habilitar al Congreso de la Unión para que expidiera la legislación única en materia procesal civil y familiar, la cual permitiría proveer procedimientos expeditos y uniformes en toda la República Mexicana, minimizando las formalidades en las actuaciones y eliminar los diversos criterios judiciales sobre una misma institución procesal. Lo anterior, pone de relieve que estas nuevas reglas deben atender a los más altos estándares internacionales en materia de acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo, que permita eficientar y agilizar el desarrollo de los procedimientos en materia civil y familiar; por lo que dicha reforma, no debe ser interpretada con el fin de unificar las reglas sustantivas de cada entidad federativa, pues ese es un aspecto que corresponde únicamente a aquellas; de tal suerte que, el Estado Mexicano está compuesto por entidades federativas, las cuales son libres y soberanas en todo lo concerniente a su régimen interior, contando con atribuciones constitucionales expresas, para expedir sus propias reglas para normar, las cuestiones del orden civil y familiar y así contar con su propia legislación sustantiva; en atención a ello, los autores precisan que, sólo es

Prólogo

posible considerar los medios procesales para conocer el derecho extranjero, más no para obligar a las entidades federativas a tener que receptar el derecho extranjero en cuestiones sustantivas, que -se reitera- es tema que sólo a éstas les compete. Por ende, es oportuno precisar que, el derecho sustantivo se le atribuye a las reglas de conducta humana bilaterales, heterónomas, externas y coercibles que regulan situaciones jurídicas de fondo, estáticamente consideradas; y, las normas jurídicas de derecho adjetivo son las que rigen el procedimiento. Expresado de manera sencilla: lo sustantivo, es la norma que consagra y define un derecho; lo adjetivo, es el mecanismo procesal que permite hacer efectivo ese derecho. En síntesis, las normas jurídicas de derecho sustantivo son estáticas y las normas jurídicas denominadas de derecho adjetivo son típicamente dinámicas; luego entonces, se trata de una gran distinción en atención a que, en todas las ramas del Derecho, encontramos normas jurídicas sustantivas y normas jurídicas adjetivas. En ese tenor, es oportuno referir que la presente obra, no sólo tiene relación con el tráfico jurídico internacional, sino también con la consideración de los documentos provenientes del extranjero; notificaciones para un proceso extranjero en la vía de jurisdicción voluntaria; sucesiones de personas extranjeras; testamento hecho en país extranjero; testamento público abierto otorgado ante miembro del servicio exterior mexicano, traducciones y muchas otras cuestiones relevantes. Al analizar diversos artículos del CNPCyF, en relación al tema de gastos y costas, estiman que se omitió tomar en cuenta a los abogados mexicanos que, en la vía de cooperación internacional, se trasladan al extranjero para diligenciar un exhorto, a fin de dar consecución al procedimiento encomendado; asimismo, se hace una crítica en relación al texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, estimando que no se trata de un tema probatorio, dado que la regla que decía que el derecho extranjero debía probarse, ya no existe, como lo precisan los autores.

Oscar G. Cervera Rivero

En relación, al tema de juicios sucesorios, los académicos hacen la aclaración de lo dispuesto en el artículo 696 del CNPCyF, que atiende a la sucesión mortis causa de extranjeros, caso en el cual se debe tomar en cuenta al cónsul de la nacionalidad del fallecido, al que debe de informársele y quien podrá comparecer personalmente desde el fallecimiento o al momento de emitirse el acta de defunción respectiva en el Registro Civil; asimismo, puede comparecer en el procedimiento judicial y notarial, según corresponda, lo que tiene su origen en los tratados celebrados entre México con Bulgaria y Polonia, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, precisándose las disposiciones que así obligan a su tramitación; asimismo, en cuanto a la sucesión tramitada por notario público, surge su conocimiento salvo que exista litis en torno a la misma y en caso de testamento otorgado en país extranjero, este debe tramitarse en vía judicial sin posibilidad de que del mismo conozca el notario. De igual manera, se anota el hecho de que el artículo que hace referencia al testamento otorgado en país extranjero, es de naturaleza sustantiva lo que como se ha apuntado, solo le compete legislar a las entidades federativas, no al gobierno federal. Con relación a la competencia en los procesos de carácter internacional, la presente obra aclara que en realidad el CNPCyF, no regula un proceso internacional sino más bien, se refiere a un proceso propiamente interno, que se sigue por autoridades mexicanas, pero al que inciden elementos extranjeros como el de cooperación, pues se parte de un principio de política internacional que indica que el poder que ejerce un Estado, debe estar equilibrado frente al resto de la comunidad internacional y que su poder, no debe excederse (exorbitante) ni ser limitado; es decir, la normatividad establecida en el Libro Décimo, no responde a cuál es el tribunal u oficial mexicano competente, sino cuándo es el Estado mexicano competente. En ese orden ideas, los académicos destacan que el CNPCyF, no define cuáles son los foros renunciables o no, cuando los foros exclusivos por disposición de la ley, son irrenunciables; del mismo modo, el CNPCyF, al prever que en el caso de la reconvención, se

Prólogo

considera satisfecho el requisito de la competencia en la esfera internacional, cuando la demanda principal hubiera cumplido con las disposiciones previstas en el mismo y la reconvención se fundamente en el acto o hecho en que se basó la demanda principal; sin embargo, destacablemente los académicos de la presente obra, puntualizan que dicha disposición sólo se refiere a la competencia en la esfera internacional para el caso de una contrademanda, a pesar de que el derecho convencional la toma en cuenta para los efectos de sentencia extranjera. Por otra parte, por cuanto hace a las notificaciones a las dependencias de la Federación o de las entidades federativas mexicanas, se harán por medio del Tribunal competente por razón del domicilio de aquellas, prohibiéndose, en consecuencia, que personas no autorizadas realicen esta actividad; no obstante lo anterior, la disposición no parece incluir a los organismos descentralizados; asimismo, rechaza la intervención de autoridades judiciales de las entidades para realizar notificaciones y emplazamientos a dependencias federales, de las entidades o municipales. Se aborda en la presente obra la competencia tratándose de adopción internacional de niñas, niños y adolescentes, la cual se otorga en el lugar de residencia habitual del adoptado, lo que también aplica para su nulidad, así como su conversión de simple a plena; y, respecto a los alimentos el CNPCyF, acoge un foro de protección a favor del acreedor alimentista como sujeto de mayor interés, pues se habla de diversos foros, como el del domicilio o de residencia habitual del acreedor, del domicilio o residencia habitual del deudor, de residencia del acreedor respecto a las acciones para modificar el monto del pago de los alimentos, de las autoridades que hubieren conocido de la fijación, estableciéndose como foro exclusivo mexicano el de las cuestiones alimenticias, por lo que no admite acuerdo de prórroga competencial; sin embargo, tratándose de foros renunciables competenciales si lo pueden ser los pactados por las partes pero necesariamente debe estar por escrito, lo que no aplica para cuestiones de alimentos, capacidad de las personas físicas, responsabilidad extracontractual y derechos reales, entre otros.

Oscar G. Cervera Rivero

Los aspectos resaltados en este prólogo, son algunos de los muchos tópicos que abordan los académicos en la obra que, sin duda, será recibida en el foro con el interés natural que despierta el análisis de juristas con gran experiencia y trayectoria. Seguramente en la implementación del CNPCyF enfrentaremos una gran cantidad de retos, debates e interpretaciones que serán más fáciles de comprender con la lectura de esta obra, que llega en el momento más oportuno a enriquecer la vida académica y jurídica de nuestro País. Magistrado Oscar G. Cervera Rivero Ciudad de México. Verano del 2023