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Federico Bueno de Mata

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

FEDERICO BUENO DE MATA

Transformaciones judiciales en un contexto pandémico

HACIA UN PROCESO CIVIL EFICIENTE:

HACIA UN PROCESO CIVIL EFICIENTE:

La pandemia ha sacado a la luz deficiencias de nuestro sistema judicial, al tiempo que ha abierto oportunidades que en el pasado se consideraban poco garantistas y contra las que existía un cierto recelo respecto a su potencial implementación efectiva. Tras cinco olas pandémicas y a la espera de una más que probable sexta; algunas de las cuestiones que se implementaron vía exprés en marzo de 2020 han ido subsistiendo de manera sigilosa. Nos encontramos así ante una verdadera transformación del sistema de justicia que hemos asumido y que debemos analizar, puesto que las medidas que fueron concebidas en su mayoría como medidas procesales de urgencia, siguen presentes y muchas de ellas tienen visos de perdurabilidad. Es esta la razón por la que surge la necesidad de realizar esta monografía, debido a que muchos de los cambios que nuestro sistema procesal ha sufrido a raíz de la pandemia, pueden afectar directamente a los cimientos del derecho procesal y, más concretamente, a las garantías y los principios propios del proceso y del procedimiento. Ofrecemos un estudio que ahonda en las repercusiones que las medidas judiciales adoptadas durante la pandemia del COVID-19, han tenido sobre nuestro sistema de justicia y, más concretamente, sobre el proceso civil. Por todo ello, la búsqueda de la eficiencia del proceso civil a través de los cambios procesales, organizativos y digitales serán objeto de un análisis pormenorizado a lo largo del presente estudio.

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Transformaciones judiciales en un contexto pandémico


HACIA UN PROCESO CIVIL EFICIENTE:

Transformaciones judiciales en un contexto pandémico


COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio GarcíaCruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales


HACIA UN PROCESO CIVIL EFICIENTE: Transformaciones judiciales en un contexto pandémico

Dr. D. FEDERICO BUENO DE MATA Profesor Titular de Derecho Procesal

tirant lo blanch Valencia, 2021


Copyright ® 2021 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© Federico Bueno de Mata

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1113-463-7 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/ politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf


AGRADECIMIENTOS A mis padres, por vuestro apoyo incondicional. Nunca me cansaré de agradecer vuestro esfuerzo en transmitirme una educación centrada en valores. A Almudena, por alentar mis sueños, entenderme, comprenderme y tener la suerte de compartir mi vida contigo. A Isabel y a Manuel, mis mayores tesoros. Gracias por transformar mi mundo, desbordarme de felicidad y hacerme entender el sentido de la vida. A todos mis compañeros del Área de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, por su apoyo y ayuda constantes. Especial mención respecto a esta obra merece la profesora Huertas Martín, por proporcionarme de manera constante material bibliográfico, y el profesor Bujosa Vadell, por su continuo magisterio y por querer prologar esta obra.


Índice PRÓLOGO.............................................................................. 13 ABREVIATURAS..................................................................... 21 INTRODUCCIÓN: PANDEMIA Y TRANSFORMACIÓN JUDICIAL................................................................................ 25

Capítulo 1 ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PROCESALES EN TIEMPOS DE COVID-19 1. LA DESESCALADA DE LA JUSTICIA ANTE LA PRIMERA OLA DEL COVID EN ESPAÑA................................... 35 1.1. Tramitación preferente de procedimientos................... 42 1.2. Términos y plazos........................................................ 47 1.3. Medidas organizativas y tecnológicas.......................... 53 2. EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS EN LAS SUCESIVAS OLAS COVID EN ESPAÑA (SEPTIEMBRE 2020 A MAYO 2021): HACIA UNA FUNDAMENTACIÓN MÁS SÓLIDA.......................................................... 89 3. ¿HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD PROCESAL CIVIL?: UNA VISIÓN DE FUTURO A TRAVÉS DEL PLAN JUSTICIA 2030 Y LAS FUTURAS LEYES DE EFICIENCIA..................................................................................... 99 3.1. Análisis previo............................................................. 99 3.2. Eficiencia procesal....................................................... 106 3.3. Eficiencia Organizativa................................................ 113 3.4. Eficiencia Digital......................................................... 127 3.5. Las transformaciones inminentes del proceso civil en la época postpandémica.............................................. 134

Capítulo 2 PROCESO CIVIL Y MEDIOS ADECUADOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (MASC) 1. DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS A LOS MEDIOS ADECUADOS: REFLEXIONES CRÍTICAS....................... 137


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2. PRESUPUESTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS MASC................................................................................. 159 2.1. Subjetivos: personas que deben participar................... 159 2.2. Objetivos: ámbito de aplicación.................................. 162 2.3. Procedimentales: libertad de forma con una estructura tipo............................................................................. 164 3. PRINCIPIOS DE LOS MASC............................................. 171 3.1. Voluntariedad vs obligatoriedad.................................. 172 3.2. Dispositivo /desjuridificación....................................... 174 3.3. Igualdad y equilibrio entre las partes........................... 177 3.4. Neutralidad e imparcialidad........................................ 178 3.5. Confidencialidad......................................................... 179 4. TIPOS DE MASC: MÁS ALLÁ DE LA MEDIACIÓN........ 181 4.1. La supuesta potenciación de la mediación................... 183 4.2. La conciliación privada, notarial o registral................. 185 4.3. La oferta vinculante confidencial................................. 192 4.4. Opinión de experto independiente............................... 197 4.5. Medios adicionales...................................................... 200 5. MODIFICACIONES INDIRECTAS Y PRECEPTIVAS DE OTRAS LEYES PARA LA INCLUSIÓN DE LOS MASC EN EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL....................... 202 5.1. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita................................................ 202 5.2. Modificaciones necesarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil............................................................................ 203 5.3. Modificación en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio..................................................... 206 6. MASC ELECTRÓNICOS-ODR: ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DADA EN MATERIA DE MEDIACIÓN.... 207 6.1. Ventajas...................................................................... 220 6.2. Inconvenientes............................................................. 222

Capítulo 3 PRINCIPIOS PROCESALES Y TRANSFORMACIONES DEL JUICIO ORAL: LOS JUICIOS TELEMÁTICOS 1. HACIA UN PROCESO CIVIL ELECTRÓNICO................ 225


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1.1. La Ley Orgánica del Poder Judicial ante la telematización de juicios por el COVID-19................................. 225 1.2. Antecedentes vinculados a la Ley de Enjuiciamiento Civil ante la telematización de juicios por el COVID-19........................................................................ 231 1.3. ¿Del procedimiento electrónico al proceso electrónico?: una visión desde los principios del proceso y del procedimiento............................................................. 239 2. JUICIOS TELEMÁTICOS Y RETRANSMISIÓN DE VISTAS..................................................................................... 251 2.1. Un éxito inesperado ante una situación desesperada... 251 2.2. Un claro antecedente: el programa e-Fidelius.............. 254 2.3. Base legal.................................................................... 261 3. LOS JUICIOS TELEMÁTICOS Y LA ESTRATEGIA JUSTICIA 2030: DE LA LEY DE EFICIENCIA PROCESAL A LA LEY DE EFICIENCIA DIGITAL................................... 268 3.1. Juicios telemáticos y eficiencia procesal: la consolidación de lo ya regulado................................................. 268 a) Actualizaciones en la LECiv................................... 269 b) Actualizaciones en la LO 18/2011......................... 276 3.2. Juicios telemáticos y eficiencia digital.......................... 293 4. GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA CELEBRACIÓN DE JUICIOS TELEMÁTICOS: ANÁLISIS DESDE UNA ÓPTICA GARANTISTA..................................................... 299 4.1. Guía de celebración de juicios virtuales del CGPJ........ 302 4.2. Guía del Ministerio de Justicia para la celebración de juicios telemáticos....................................................... 323 5. LOS JUICIOS VIRTUALES Y LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y LAS GARANTÍAS PROCESALES..................................................................................... 328 5.1. Contradicción............................................................. 332 5.2. Oralidad...................................................................... 338 5.3. Inmediación................................................................ 344 5.4. Publicidad................................................................... 355 5.5. Concentración y celeridad........................................... 361 6. REFLEXIÓN FINAL: TRANSFORMACIONES NECESARIAS Y DEBIDO PROCESO.............................................. 366 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA............................................. 371


PRÓLOGO Los tiempos azarosos que nos ha tocado vivir han tenido su reflejo evidente en el campo complejo del Derecho. La profusión de normas que han sobrecargado los boletines oficiales, las opiniones radicalmente opuestas que en ocasiones han sostenido algunos tribunales y ciertas respuestas rotundas del Tribunal Constitucional nos han enfrentado a inseguridades jurídicas desasosegantes. La áspera pelea política que bordea todo este panorama nos ofrece además escasas esperanzas de tranquilidad. El ámbito jurídico procesal no ha permanecido ajeno a esta problemática extraordinaria, sino que ha tenido que adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades que, desde múltiples vertientes y no sin dudas y cavilaciones, ha ido ofreciendo instrumentos, muchos de ellos previamente existentes, pero que han sido sometidos a un dramático test de esfuerzo. Junto a ello, puesto que la vida sigue, tenemos sobre la mesa varios anteproyectos de gran trascendencia, que merecen una crítica detenida y fundada. En tiempos de disrupciones y derivas que no sabemos bien adónde nos va a llevar, de fugas sin cuento de lo que en su día estudiamos quienes nos vamos haciendo ya mayores, son necesarias estas reflexiones sosegadas, en las que se enhebran continuas invitaciones al diálogo. Uno de los primeros aciertos de esta monografía está, en efecto, en la elección de algunos puntos cruciales, que están cambiando algo más que el aspecto externo de lo que desde hace bastantes decenios llamamos Derecho Procesal. El Prof. BUENO DE MATA, siempre atento a las novedades, no podía permanecer en silencio ante la acumulación de retos que tenemos delante y lo hace desde una triple pers-


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pectiva, que me parece del todo justificada. En primer lugar, encontramos una confrontación en buena lid con las medidas procesales que se han aplicado escalonadamente desde el mes de abril del año 2020, trufada de consideraciones de trascendencia más permanente, relacionadas más bien con finalidades utilitaristas en las que solo de manera indirecta se vislumbra el valor justicia. En segundo lugar, se nos presenta el análisis cuidadoso de las delicadas relaciones entre el proceso civil y esos otros cauces de resolución de conflictos, a los que ahora el «Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia» pretende que llamemos «adecuados», excluyendo al proceso, con lo que da la impresión de que el instrumento para la satisfacción de la tutela judicial efectiva es clasificado por el prelegislador entre los «no-adecuados» o, por lo menos, entre los «menos adecuados». Por último, el tercer bloque de asuntos relevantes implica asumir que la oralidad característica de buena parte de los procesos civiles actuales debe, por fin, aprovechar las ventajas de la tecnología, aunque ello exija un esfuerzo de reflexión mayor para que las garantías procesales, que costó tanto tiempo y esfuerzo pergeñar, mantengan incólume su núcleo duro, pero dando pruebas de la suficiente maleabilidad para actualizar su vigencia. Como es característico del autor, no se ahorra valoraciones críticas ante a las medidas tomadas y frente a las normas propuestas, en una impagable labor de depuración intelectual, franca y honesta —constructiva, en suma—, pues Fede es un procesalista que aprendió hace tiempo a decir modestamente lo que piensa con la mejor fe y con la mayor sinceridad, lo cual no es incompatible con el reconocimiento sin demora de las razones ajenas. En cada una de las páginas que siguen esta actitud modélica se deja entrever, por muy diáfanas que sean sus afirmaciones. Desde luego, estamos en


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el terreno de lo discutible, lejos de artificiales unanimidades, el autor nos reta a contradecirle, a mejorar sus argumentaciones o, por supuesto, a corroborarlas, aunque sea con argumentos adicionales. Como sabemos, tras el paroxismo de marzo de 2020 que, a nuestros efectos, implicó la suspensión de los plazos procesales para todo lo que no fuera urgente y dio lugar a una incómoda diversidad de decisiones judiciales, por ejemplo respecto al cumplimiento del régimen de visitas y de custodias compartidas, cuando ya parecía que superábamos las dificultades, se planteó la necesidad de regular la desescalada respecto a la administración de la justicia. Frente a la amplitud de algunas propuestas, que pecaron de inoportunidad por muy fundadas que estuvieran, el Gobierno optó por ciertas reformas específicas que facilitaran la reapertura de la actividad jurisdiccional para los justiciables. Visto ahora con cierta distancia, llama la atención la ingenuidad con la que se afrontaron las dificultades, pensando a finales de abril que lo peor ya había pasado. Solo esa explicación admite la previsión de los breves plazos que, para la vigencia de las diversas medidas, se establecieron en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que tuvieron que ser necesariamente prorrogados por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre. Pero otra circunstancia llamativa es que los confinamientos y las distancias sociales operaron como test de estrés respecto a la aplicación a este entorno de los avances de las tecnologías de la información y la comunicación. Hasta ese momento se habían dado paulatinas reformas normativas en las que la oportunidad de utilizar medios técnicos, electrónicos e informáticos para los distintos aspectos de la función jurisdiccional había sido considerada por lo menos de manera genérica, tratando de adaptar las formas procesales a las


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ventajas que las novedades digitales presentan para la actividad jurisdiccional. Esta evolución, desigual sin duda según ordenamientos e incluso entre órganos jurisdiccionales de un mismo país, ha dependido no solo de la voluntad política directa de los gobernantes de reformar textos legales, sino también de la disponibilidad de los medios tecnológicos, es decir, de una manera más indirecta, de la opción por políticas públicas dirigidas a una inversión decidida en favor de los medios informáticos. No es de extrañar que aún hoy las referencias normativas a la aplicación de la virtualidad en los juicios se hagan depender de esa circunstancia realista. Así la situación pandémica actuó como la prueba del nueve sobre la solidez de ese conjunto normativo, con éxito muy dudoso precisamente por la generalizada paralización de los plazos procesales no urgentes al declararse el estado de alarma. Parece obvio que, si hubiera estado en funcionamiento un verdadero proceso jurisdiccional electrónico con todas las garantías, no hubiera sido necesario suspender plazo procesal alguno. De este modo, la COVID-19 ha servido como razón última de peso para obligarnos a poner al día la incorporación de las TICS al proceso y situarnos en la posición de aprovechar las ventajas de estos medios electrónicos, así como de estar en guardia frente a los eventuales riesgos, entre los cuales no es el menor la protección de los datos personales obtenidos por estas vías. Desde el punto de vista de la eficiencia, el autor afronta en segundo lugar la reflexión sobre la posición de los medios de resolución de conflictos distintos del proceso en el contexto jurídico procesal. Es preciso ser cuidadosos con sustituciones del derecho a la tutela judicial efectiva por un supuesto y genérico derecho fundamental a la justicia en el que se acojan las distintas modalidades tanto heterocompositivas como autocompositivas, pues eso supondría arrinconar de una vez por todas a los órganos jurisdiccionales y sus


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correspondientes garantías, de modo que el derecho fundamental se vería satisfecho sin necesidad de acceder en último término a la Jurisdicción. A quien no estuviera conforme con el respeto de las exigencias esenciales en cualquiera de esos otros «medios adecuados» se le podría decir: usted ya ha ejercitado su derecho fundamental y ahora no puede reclamar nada desde el punto de vista constitucional. Cada uno de los medios puede tener razonablemente su cuota, pero la posición del proceso jurisdiccional también precisa ser reivindicada, aunque eso suponga ir contracorriente. Para todo ello no tengo duda de que es imprescindible un cambio cultural, también por supuesto en la Facultades de Derecho, todavía apegadas en gran parte a una visión demasiado dialéctica de lo que podríamos denominar de manera figurada «la patología del Derecho». Aún es más fácil conformar nuestra docencia resaltando la confrontación procesal en lugar de conceder una mayor relevancia a la necesidad de mantener la paz social a través de vías amistosas, tanto intra- como extraprocesales. De este modo, el ineludible perfeccionamiento de las vías estrictamente procesales debe verse acompañado por un mayor estímulo de esas otras vías ya no alternativas, ni siquiera complementarias, sino adaptadas cada una de ellas a ciertas características específicas de grupos de litigios, sin obviar sin embargo la garantía última de los órganos jurisdiccionales. En efecto, una de las principales y más apasionantes cuestiones que se nos plantean en este ámbito se refiere justamente al engarce entre las distintas vías de resolución de conflictos y el cauce jurisdiccional, lo cual merece sosegadas consideraciones, que ya ha expuesto parte de la doctrina y de las que nos da valiosas muestras el Derecho comparado, pero sin agotar el reto de acomodarlas a nuestro Derecho positivo a través de modificaciones legales concretas, como


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es evidente teniendo en cuenta el Anteproyecto antes mencionado, que a día de hoy sigue bajo discusión. Pasando al tercer bloque de esta provechosa monografía, el objeto de atención se concentra en las transformaciones que se están operando en el juicio oral con la aplicación tan demorada, salvo para actuaciones probatorias concretas, de las posibilidades de las videoconferencias. El Prof. BUENO DE MATA nos sitúa en perspectiva y, siguiendo con el criterio guía de la eficiencia, hace un esfuerzo por sistematizar las consideraciones que conllevan una adaptación de las garantías procesales a las posibilidades de virtualización y los límites que en ello deben respetarse. Ciertamente, uno de los desafíos que de manera generalizada se han planteado en los Estados de nuestro entorno respecto a la administración de la justicia es la regulación integral de la celebración de actuaciones orales de forma telemática. Lo cual dista de ser una radical novedad, si recordamos que ya desde 2003 nuestra LOPJ aborda expresamente tal posibilidad. Pero podemos tener una cercana comprensión del problema si notamos que el mandato de la disposición final tercera de la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia ha sido largamente desatendido por el Gobierno —rectius, por los sucesivos gobiernos que, en este punto como en algunos otros, han demostrado su discreto interés por el buen funcionamiento de los órganos jurisdiccionales—. En mi opinión, la aplicación de medios tecnológicos debe servir para propiciar una mejor audiencia y una mayor oportunidad de contradicción y, en definitiva, para mantener la incolumidad de la defensa. Ese debe ser el centro de las consideraciones de proporcionalidad que lleven al director del proceso a decidir cuál es la mejor forma de mantenerlas, valorando las ventajas e inconvenientes de las opciones


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alternativas. Claro está que obtendríamos mayor seguridad jurídica si lo hace el legislador que si deja al albur de la casuística del foro. Estas son algunas de las cuestiones que plantea con su tino habitual nuestro aún joven procesalista, que desde hace tiempo no necesita de presentación alguna, sino que avanza con pie firme en la cívica misión de aportar reflexiones para la directa promoción y desarrollo de esta disciplina que ocupa nuestros desvelos. Como es ya conocido, las reflexiones de Fede gozan de una atrayente fertilidad en el sentido de hacernos pensar sobre asuntos centrales del Derecho Procesal, siempre con la generosidad de colocar al lector en posición de tomar el relevo en esta tarea colectiva de profundización y perfeccionamiento de nuestra especialidad. La doctrina procesalista iberoamericana vuelve a estar de enhorabuena. Salamanca, 26 de septiembre de 2021

Lorenzo M. BUJOSA VADELL Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca


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