DERECHO PROCESAL Y DERECHOS HUMANOS
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José añón roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
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Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
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Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
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Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
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Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
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Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
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Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia
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Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
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Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
ignaCio sanCHo gargaLLo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
toMás s. vives antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
rutH ziMMerLing
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Javier de LuCas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
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DERECHO PROCESAL Y DERECHOS HUMANOS
MARIO ALBERTO BEAS OLVERA MARTÍN EDUARDO PÉREZ CÁZARES Coordinadores
tirant lo blanch Ciudad de México, 2022
Copyright ® 2022 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/ Este libro será publicado y distribuido internacionalmente en todos los países donde la Editorial Tirant lo Blanch esté presente.
© Mario Alberto Beas Olvera Martín Eduardo Pérez Cázares
© EDITA: TIRANT LO BLANCH
DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Av. Tamaulipas 150, Oficina 502 Hipódromo, Cuauhtémoc, CP 06100, Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1113-940-3 MAQUETA: Disset Ediciones
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Índice
LA CONTRADICCIÓN EXISTENTE ENTRE LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN Y LO CONTEMPLADO DE ÉSTE, EN EL ARTÍCULO 189 DE LA LEY DE AMPARO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE SEGURIDAD JURÍDICA RECONOCIDOS POR LA PROPIA CARTA MAGNA MTRO. MARIO ALBERTO BEAS OLVERA. MTRO. MARIO ALBERTO BEAS ROSALES.
Derecho público y privado. Notas para su distinción...............
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Formalidades esenciales del procedimiento o debido proceso...
16
Criterios jurisprudenciales referente a las formalidades esenciales del procedimiento y análisis de las mismas.......................
20
Causas que generan error en las reformas constitucionales.......
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Conclusiones............................................................................
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Bibliografía..............................................................................
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Índice
“EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ANTE LA PANDEMIA POR COVID 19 Y SU REPERCUSIÓN EN EL INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE MÉXICO” JORGE ALFREDO JIMÉNEZ TORRES ROCÍO CALDERÓN GARCÍA
Introducción.............................................................................
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El efecto de las pandemias en la comunidad mundial...............
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Perspectiva internacional de los efectos de la COVID 19..........
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La Organización de las Naciones Unidas..................................
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La Organización Mundial de la Salud......................................
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La Resolución 74/274..............................................................
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CEPAL (Comisión Económica para América Latina)................
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La Pandemia por COVID 19 y su impacto en el Desarrollo Humano................................................................................
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El derecho a la salud y su atención...........................................
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Perspectiva nacional de las repercusiones.................................
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Las repercusiones económicas..................................................
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La educación y el impacto por el COVID 19............................
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Consideraciones finales y conclusiones.....................................
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Fuentes de consulta y referencias bibliográficas........................
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Índice
REFLEXIONES EN TORNO A LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN MÉXICO A 5 AÑOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL EN TODO EL PAÍS. ALMA JÉSSICA VELÁZQUEZ GALLARDO
I. Introducción.........................................................................
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II. Definición de Prisión Preventiva...........................................
62
III. Marco Jurídico...................................................................
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III. a) Ámbito Internacional.................................................
64
III. b) Legislación Nacional.................................................
66
IV. La Prisión Preventiva como medida cautelar.......................
69
IV. a) Casos en que procede la prisión preventiva................
71
IV. b) Prisión Preventiva Oficiosa........................................
72
V. Mitos que justifican la Prisión Preventiva Oficiosa ..............
74
V. a) Primer mito: La Prisión Preventiva Oficiosa disminuye la delincuencia (Incidencia delictiva a la baja) y hay menos víctimas............................................................
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V. b) Segundo mito: Tutelar Derechos de los Delincuentes es perjudicial a las Víctimas.............................................
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VI. Problemas que suscita la prisión preventiva oficiosa...........
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VI. a) El alto número de personas en prisión en México.....
77
VI. b) El Populismo Penal ..................................................
79
VI. c) La Ineficacia de la Procuración e Impartición de Justicia................................................................................
80
VI. d) Consecuencias económicas de la prisión preventiva..
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Índice
VII. Conclusiones.....................................................................
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VIII. Referencias bibliográficas.................................................
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VIOLACIONES AL DERECHO HUMANO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A SER ESCUCHADOS EN PROCESOS JUDICIALES J. ARTURO SÁNCHEZ ACEVES
Presentación.............................................................................
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1. Los Grupos Vulnerables de la Sociedad y los Menores de Edad......................................................................................
91
2. El Derecho Humano a la Igualdad y a la No Discriminación de los Menores de Edad. .......................................................
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3. Los Principios Específicos de los Derechos Humanos del Niño.......................................................................................... 100 4. Los Niños y Niñas como Sujetos de Derecho........................
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4.1. El Interés Superior del Niño. .......................................
111
4.2. La autonomía progresiva de los menores de edad.........
115
4.3. El derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tomada en cuenta............................................................
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5. Violaciones al derecho de los niños a ser oídos en procesos jurisdiccionales...................................................................... 122
Índice
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LA POLITIZACIÓN Y CORRUPCIÓN DEL DERECHO PROCESAL DR. MARTIN EDUARDO PÉREZ CÁZARES
Introducción.............................................................................
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Concepto de poder...................................................................
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Concepto de corrupción...........................................................
139
Caracteristicas de la corrupción...............................................
143
Causas de la corrupción...........................................................
144
El control del derecho procesal por el poder político ...............
146
Justicia negociada.....................................................................
150
La corrupción en el estado de derecho .....................................
152
La decadencia del estado de derecho por la corrupción y la intromisión política. ................................................................ 158 Estado procesal del derecho como solución a la corrupción.....
164
Independencia e imparcialidad de los tribunales.......................
168
Derecho poder política y corrupción........................................
170
Conclusiones ...........................................................................
174
Referencias...............................................................................
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LA CONTRADICCIÓN EXISTENTE ENTRE LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN Y LO CONTEMPLADO DE ÉSTE, EN EL ARTÍCULO 189 DE LA LEY DE AMPARO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE SEGURIDAD JURÍDICA RECONOCIDOS POR LA PROPIA CARTA MAGNA
MTRO. MARIO ALBERTO BEAS OLVERA. MTRO. MARIO ALBERTO BEAS ROSALES.
RESUMEN: El impulso de reformas o adiciones constitucionales en México, sin realizar estudios integrales de los diversos artículos que se encuentran relacionados y que armonizan el perfecto funcionamiento del estado, provocan serias contradicciones entre los mismos. La excepción no se presenta en el articulado que contiene los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna. La búsqueda de los mecanismos para el respeto eficiente de los derechos humanos es justificada, sin embargo, las reformas impulsadas sin el debido estudio y sin metodología alguna acarrean además de contradicción entre los diversos dispositivos y desprotección a los derechos fundamentales.
DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO. NOTAS PARA SU DISTINCIÓN. Previo a abordar el tema de este artículo es menester distinguir entender las notas de diferenciación entre el derecho público y el
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Mario Alberto Beas Olvera / Mtro. Mario Alberto Beas Rosales
derecho privado. Desde la antigüedad ha sido materia de debate lo relacionado a los temas que deban ser considerados de Derecho Público y de Derecho Privado. Ulpiano, es quien propuso la división o dicotomía entre el IUS PUBLICUM y el IUS PRIVATUM, el jurista Romano dijo: “públicum ius est quod ad statum rei romanespectat, privatum quod ad singulorum utilitatem” (el derecho público es aquél que se refiere a la República, el privado aquél que se refiere a los intereses de los particulares)1 “Radbruch, estima que dichos conceptos son categorías apriorísticas de la ciencia del derecho, otros afirman que se trata de una dicotomía de índole política, y no pocos niegan enfáticamente la existencia de un criterio válido de diferenciación. Duguit, por ejemplo, cree que tal criterio posee únicamente interés práctico. Gurvitch niega la posibilidad de establecerlo con notas de naturaleza, y Kelsen declara que todo derecho constituye una formación de la voluntad del Estado y es, por ende, Derecho Público.
La separación del Derecho en Público y privado resulta lógica si consideramos que los hombres en su continuo actuar en la sociedad lo hacen en dos aspectos diversos, es decir, son individuos considerados como tales; además de que forman parte de una comunidad denominada Estado.”2 El plano de ordenación en que se encuentra el derecho, es fundamental, “si el Estado ocupa un plano superior, la norma será de derecho público y no así si el Estado ocupa un plano de igualdad o inferior, en cuyo caso será de derecho privado”3 Para este trabajo es importante tomar en cuenta tres aspectos de las opiniones antes transcritas:
1
2
3
Floris Margadant, Guillermo. Derecho Privado Romano. Página 102, Editorial Porrúa, México 1995. Flores Gómez González, Fernando. Introducción al Estudio del Derecho, , Página 18, Editorial Porrúa, México 1993. Peniche Bolio, Francisco J. Introducción al Estudios del Derecho. Editorial Porrúa, Página 34, México 1990.
La contradicción existente
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Lo referente a que Gurvitch, señala que no es posible establecer con claridad diferencia entre el derecho público y privado desde su punto de vista natural. El aspecto a que se refiere Flores Gómez González, a que los individuos en la sociedad tienen actividad como individuos y a la vez como miembros de la sociedad. Y; La actuación del Estado como superior pero a la vez como igual ante el ciudadano o individuo como lo sostiene Peniche Bolio. Con relación a lo que refiere Gurvitch, se sostiene en este trabajo que desde el punto de vista de la naturaleza humana, sustentándonos en el origen natural del propio estado como lo afirmó Aristóteles al expresar que el hombre es social por naturaleza y por tanto, de esa misma manera se crea naturalmente la sociedad y el estado, si es posible establecer que la dicotomía entre el derecho público y el privado si quedan perfectamente establecidas, dado que el privado regulará las relaciones establecidas meramente entre particulares, en tanto que el derecho público que asegura el bien de la comunidad y que está a cargo del estado, entonces las relaciones de este con los particulares es derecho público, así como las normas cuya cuidado de su observancia están a cargo del estado para asegurar el bien común, son indudablemente normas de derecho público. Entonces, cuando la presencia del estado se manifiesta en un aspecto de potestad soberana, es decir, superior a los individuos o particulares, las normas en las que el estado sustente su competencia para actuar, sin duda que son normas de derecho público. El objeto de este estudio de este trabajo, eminentemente procesal, ya que el artículo materia de la observación, el 189 de la Ley de Amparo, es en su contenido íntegro procesal del juicio de naturaleza constitucional “El Amparo”, por tanto es obligado establecer en primer término si el derecho procesal es o no derecho público y dar la razón de ello. Según el Diccionario de Derecho Procesal de Pallares, citando a Carnelutti, dice: el derecho procesal, “forma parte del derecho público, porque reglamenta la actividad de un órgano del Estado como el Poder Judicial, y porque tiene como fin realizar una función de interés público como es el de obtener la paz social mediante la justicia. Otra de las características del derecho procesal es que son de carácter
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Mario Alberto Beas Olvera / Mtro. Mario Alberto Beas Rosales
absoluto y su cumplimiento no puede ser eludido por los particulares, aun cuando esto en reducido número puedan ser apartadas por voluntad de los particulares”.4 Por ejemplo, cuando hay renuncia de derechos procesales que no afecten el interés público. De lo anterior, debemos hacer establecer que el derecho procesal, es un derecho público, ya que persigue como fin el interés público mediante la impartición de justicia para garantizar la paz en la sociedad, su cumplimiento no está sujeto a la voluntad de las parte. Como única excepción está permitido apartarse de su observancia cuando la renuncia o no observancia de normas procesales, solo afecte a las partes que se aparaten de su cumplimiento, a contrario sensu, que no afecte el interés público. Con independencia a las teorías y opiniones especializadas referidas con anterioridad, y para dar sustento a la afirmación que se hace como tema central del presente artículo de que el dispositivo 189 de la Ley de Amparo violenta derechos humanos de carácter procesal reconocidos y protegidos por la Constitución general, es preciso hacer un análisis de los derechos humanos aludidos tal y como lo dispone nuestra Carta Magna.
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO O DEBIDO PROCESO. El artículo 14, constitucional establece: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
4
Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Editorial Pórrua, México 2000.
La contradicción existente
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El dispositivo constitucional transcrito en lo conducente para este trabajo, reconoce el derecho humano de seguridad jurídica, es decir, que para tener la certeza de acudir a juicio y ser juzgado, deben seguirse reglas esenciales de un procedimiento previamente establecido, por lo cual está prohibido establecer procedimientos especiales o bien que sean creados posterior al hecho a juzgar, además de que el procedimiento preexistente sea conforme a la ley sustantiva así como procesal también preexistente. Lo anterior nos indica que las etapas del procedimiento deben ser estrictamente observadas por así establecerse en ley expedida con anterioridad al hecho y que el procedimiento no puede alterarse por ningún órgano de justicia ya que de lo contrario se violaría el derecho a una impartición de justicia en donde las reglas del procedimiento fueran cambiadas arbitrariamente en afectación al justiciable. Las formalidades esenciales del procedimiento son establecidas en un sinnúmero de leyes de carácter procesal en nuestro país, etapas esenciales del procedimiento que son reglamentadas bajo estos principios constitucionales, por lo que el procedimiento reglamentado a detalle por los códigos procesales, deben cumplirse estrictamente, por las partes y por el propio juzgador, solamente estará por excepción permitido a los particulares alejarse de dicho principio cuando el alejamiento no atente contra disposiciones de orden público. Para comprender de manera más precisa lo que son las formalidades esenciales del procedimiento, debemos recurrir a lo escrito por el maestro don Ignacio Burgoa Orihuela en su Libro “Las Garantías Individuales”: “En cualquier procedimiento en que consista el juicio previo al acto de privación deben observarse o cumplirse las formalidades procesales esenciales, lo cual implica la tercera específica integrante de audiencia.
Las formalidades mencionadas encuentran su razón de ser en la propia naturaleza de todo procedimiento en el que se desarrolle una función jurisdiccional, esto es, en el que se pretenda resolverá un conflicto jurídico, bien sea que éste surja positivamente por haberse ejercitado la defensa respectiva por el presunto afectado, o bien en el caso que se haya otorgado la oportunidad de que se suscite sin haber
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formulado oposición alguna (juicios o procedimientos en rebeldía), en la inteligencia de que, según hemos afirmado, dicha función es de realización necesaria cuando se trate de un acto privativo en los términos que expusimos este concepto con antelación. Ahora bien, la decisión de un conflicto jurídico impone la inaplazable necesidad de conocer éste, y para que el órgano decisorios (tribunal previamente establecido) tenga real y verdadero conocimiento del mismo, se requiere que el sujeto respecto del que se suscita manifieste sus pretensiones. De esta manera, la autoridad que va a dirimir dicho conflicto, esto es, que va a decir el derecho en el mismo, tiene como obligación ineludible, inherente a toda función jurisdiccional, la de otorgarla oportunidad de defensa para que la persona que vaya a ser víctima de un acto privación externe sus pretensiones opositoras al mismo. Es por ello por lo que cualquier ordenamiento adjetivo, bien sea civil, penal o administrativo, que regule la función jurisdiccional en diferentes materias, debe por modo necesario y en aras de la índole misma de esta función, estatuir la mencionada oportunidad de defensa u oposición, lo que se traduce en diversos actos procesales, siendo el principal la notificación al presento afectado de las exigencias del particular o de la autoridad, es sus respectivos casos, tendientes a la obtención de la privación. Además, como toda resolución jurisdiccional debe decir el derecho en un conflicto jurídico apegándose a la verdad o realidad, y no bastando para ello la sola formación de controversia (Litis en sentido judicial) mediante la formulación de la oposición del presunto afectado, es menester que a éste se le conceda una segunda oportunidad dentro del procedimiento en que tal función se desenvuelve, es decir, la oportunidad de probar los hechos en los que finque sus pretensiones opositoras (oportunidad probatoria). Por ende, toda ley procesal debe instituir dicha oportunidad en beneficio de las partes en conflicto jurídico y, sobre todo, en favor de la persona que va a resentir en su esfera de derecho un acto de privación. Pues bien, cuando un ordenamiento adjetivo, cualquiera que este sea, consigna dos oportunidades, la de defensa y la probatoria, puede decirse que las erige en formalidades procesales, las cuales asumen el carácter de esenciales, porque sin ellas la función jurisdiccional no se desempeñaría debida y exhaustivamente. En sentido inverso, si una
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ley procesal solo consigna como formalidad una de tales oportunidades, lo que ocurre muy frecuentemente en varios ordenamientos positivos, ostentará indiscutiblemente el vicio de inconstitucionalidad, al auspiciar una privación sin establecer la concurrencia necesaria de ambas ocasiones indispensables para la debida culminación de la función multicitada. En las diferentes leyes adjetivas, la oportunidad de defensa se traduce en distintas formas procesales, tales como las notificaciones, el emplazamiento, el término para contestar o para oponerse a las pretensiones de privación o al pretendido acto privativo, etcétera, y consiguientemente, la contravención a cualquiera de ellas significa simultáneamente la violación a la formalidad procesal respectiva, esto es, a la garantía de audiencia a través de dicha garantía de seguridad jurídica. Por lo que atañe a la oportunidad probatoria, ésta también se manifiesta, en la normación adjetiva o procesal, en diferentes elementos del procedimiento, tales como la audiencia o la dilación probatorias, así como en todas las reglas que conciernen al ofrecimiento, rendición o desahogo y valoración de probanzas. La inobservancia de alguna de las exigencias procesales en que ambas formalidades se ostentan, ésta considerada en los artículos 159 y 160 de la ley de amparo como privación de defensa en perjuicio del quejoso (gobernado), tomándose el concepto de defensa en su sentido lato, o sea como comprensivo de la facultad de oposición (defensa en sentido estricto) y de la probatoria. Tal consideración, establecida respecto a los juicios civiles y penales, puede hacerse extensiva por analogía a los juicios o procedimientos administrativos mediante los cuales se ejercite la función jurisdiccional como condición sine qua non de todo acto de privación, según se infiere en lo dispuesto por el párrafo segundo, fracción II, del artículo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.”5 Los artículos referidos en la cita anterior 156 y 157 de la ley de amparo ahora corresponden a los artículos 172 y173 de la ley vigente. 5
Burgoa Orihuela, Ignacio. Garantías Individuales. Editorial Porrúa. Páginas 556, 557 y 558. México 2002.
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CRITERIOS JURISPRUDENCIALES REFERENTE A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS MISMAS. Para dar mayor sustento hasta lo aquí expresado, se cita los siguientes criterios jurisprudenciales: Novena Época Núm. De Registro: 165546 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Enero de 2010 Materia(s): Común Tesis: I.4º.C.48 K Página: 2123 FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SU PREVISIÓN CONSTITUCIONAL NO CAMBIA SU CARÁCTER DE DERECHOS PROCESALES. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se distinguen claramente los derechos sustantivos de los procesales, pues en primer término se hace una relación enunciativa y genérica de los primeros, como aquellos susceptibles de privación, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, por ejemplo, los derechos de familia, los que nacen de las relaciones de trabajo, los de los consumidores, los de la personalidad, etcétera; y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el derecho de aportar pruebas en los juicios en que alguien sea parte, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. Por tanto, la