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LA PRÁCTICA DEL DERECHO MEXICANO Entender la forma de interponer, tramitar y resolver el recurso de revisión en el juicio de amparo es indispensable para cualquier operador jurídico que pretenda hacer efectiva la protección de los derechos humanos, a través de ese medio de control constitucional. Lo anterior es así, porque en la práctica no basta con obtener una sentencia que en primera instancia conceda o niegue el amparo, pues la misma aún es susceptible de verse revocada a través del recurso de revisión, el cual permite a un tribunal verificar la legalidad de lo resuelto por otro, garantizando el acceso efectivo a la justicia en materia de derechos humanos. Es por ello que en el presente texto se explican los presupuestos procesales y reglas para la tramitación, procedencia y resolución de dicho recurso, tanto en la vía indirecta como directa del juicio constitucional y desde un enfoque práctico, a fin de que el lector, con independencia de su experiencia en el litigio o la judicatura, tenga una visión cercana y realista de la forma en la cual funciona dicho medio de impugnación ante los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Expropiación de bienes inmuebles en México Luis Gerardo González Parra Poder ejecutivo y Estado administrativo Armando David Rodríguez Maldonado Cumplimiento y ejecución de las sentencias. Nueva Ley de Amparo Carmen Vergara López Gabino González Santos Jueces, su función y el Control de Regularidad Gizeh Vicente Polo Ballinas Inmovilización de cuentas bancarias por autoridades fiscales María Concepción Vaca y González La Facultad de Averiguación Mariana Velasco Rivera

LA PRÁCTICA DEL DERECHO MEXICANO

EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO

Cumplimiento de las Normas Fiscales, el Caso de México Alil Álvarez Alcalá

EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO Víctor Manuel Rocha Mercado Alberto Miranda Bernabé

La Interpretación Judicial en Materia de Competencia Económica Josefina Cortés Campos Sergio López Rodríguez Daniel Sánchez Cordero Canela Tribunales, normas y derechos Miguel Bonilla López

Comité editorial de la Colección:

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lo blanch LA PRÁCTICA DEL DERECHO MEXICANO

LA PRÁCTICA DEL DERECHO MEXICANO

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EL RECURSO DE REVISIÃ“N EN EL JUICIO DE AMPARO

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EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO

VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO ALBERTO MIRANDA BERNABÉ

Ciudad de México, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/ Comité editorial de la Colección:

Ministro José Ramón Cossío Díaz (Coordinador)

Mtro. Víctor Manuel Rocha Mercado (Secretario)

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ÍNDICE Presentación............................................................................................. 9 Introducción............................................................................................. 13 Primera Parte

EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO

I. Procedencia................................................................................... 16

II. Competencia................................................................................. 17

III. Oportunidad................................................................................. 26

IV. Legitimación................................................................................. 30

V. Formalidades y análisis del escrito de agravios.............................. 34

VI. Efectos.......................................................................................... 61 Segunda Parte

EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO

I. Procedencia................................................................................... 64

II. Competencia................................................................................. 84

III. Oportunidad................................................................................. 85

IV. Legitimación................................................................................. 90

V. Formalidades y análisis del escrito de agravios.............................. 96

VI. Efectos.......................................................................................... 111

PRESENTACIÓN En junio de 2011, el juicio de amparo significó una de sus más grandes transformaciones históricas a nivel constitucional. En abril de 2013, se publicó la Ley mediante la cual se le daba desarrollo y realización al nuevo proceso. Mucho es lo que hay ahora respecto a lo que había antes de las fechas señaladas. Las partes en el juicio, el estándar de participación (legitimidad), el objeto a proteger y los efectos posibles de alcanzar, destacadamente. Si comparamos lo que existía a finales del siglo XIX, su etapa de nacimiento, y lo que se dio a la largo del XX, en su etapa de consolidación, con lo que ahora hay, son muchas las diferencias*. Tanto, que cuesta trabajo saber si es un proceso diverso que se sigue llevando igual, o si es una evolución consecuente de lo que hubo a lo que hay. No me atrapo en una discusión genético-evolutiva. Simplemente dejo señalado el hecho. Más allá de lo que podamos seguir diciendo en torno a novedades y reminiscencias, no podemos explicar lo que hoy es el nuevo juicio a partir de lo que había en el anterior. La razón de que esto sea así, obedece a que no es posible entender el juicio de amparo por partes, ni entender a cada una éstas en su individualidad. Por el contrario, la comprensión de las partes debe darse a partir del todo, en tanto lo que tenemos es un sistema. Por lo mismo, lo que hoy tengo en el amparo tiene que explicarse a partir del nuevo objeto normativo “juicio de amparo”. No se trata de deshacernos de las explicaciones previas, sino de entenderlas como cadenas genéticas de lo que hoy existe. Algo así como explicaciones históricas para llegar a la situación normativa actual. De ahí la importancia de conocer los recursos de revisión en las dos grandes maneras de tramitar el juicio constitucional. Lo que Víctor Manuel Rocha y Alberto Miranda hacen para analizar el recurso de revisión en el amparo indirecto y en el directo, es preguntarse por lo que sea la procedencia, la competencia, la oportu-

Cossío Díaz, J.R., Sistemas y Modelos de Control Constitucional en México, 2ª. Edición, México, IIJ-UNAM, 2013.

José Ramón Cossío Díaz

nidad, la legitimación, las formalidades, los agravios y los efectos. A partir de esa red de categorías, exploran los temas centrales para la comprensión de ambos medios de impugnación. Lo interesante del estudio es que Víctor Manuel y Alberto lo enfrentan de un modo actual y dinámico, además de práctico. Consideran, desde luego, las normas constitucionales reformadas en 2011, pues desde ahí se dieron algunos cambios. Como no podría ser de otra manera, se hace un análisis intensivo de los correspondientes preceptos. En ellos descansa como es evidente por las características de nuestro sistema jurídico romanista, el peso mayor de la regulación de los recursos de revisión. Adicionalmente, y aquí radica una de las partes más interesantes del libro, se hace una revisión puntual de los precedentes jurisprudenciales en la materia. También, y finalmente, de los modos de expresión normativa que la Suprema Corte de Justicia hace de la procedencia de los recursos de su competencia mediante la emisión de acuerdos generales. Si bien no existe duda alguna acerca de la importancia de la tradicional constatación y explicación de las normas constitucionales y legales, entre nosotros no es frecuente la incorporación de las restantes fuentes jurídicas. En este sentido, y como lo he venido sosteniendo reiteradamente y más allá de preconcepciones decimonónicas, no es posible entender al sistema jurídico sin la incorporación de la totalidad de las fuentes. Por ese motivo, trabajar con la jurisprudencia y los acuerdos generales no puede ser visto como un asunto adicional o complementario, sino como un elemento esencial para la comprensión material del derecho. En este sentido, Víctor y Alberto han hecho una importante labor, pues han incorporado, ordenada y cabalmente, los criterios y las reglas acabadas de señalar. La puntual utilización de esas normas es la única manera de dar a entender cómo es que operan las revisiones. Para quien ha hecho defender la afectación o, en positivo, la protección de su libertad, papeles, posesiones o derechos, a la procedencia o improcedencia de un recurso de revisión, es prioritario saber qué sí y qué no puede hacerse o lograse con él. A partir de ahí, finalmente, se sabrá y, en su caso, se logrará la protección de los bienes sujetos a litigio. En un mundo donde todo se hace pasar por los derechos, resulta conveniente volver a entender que éstos pasan, a su vez, por su positividad de éxito proce-

Presentación

sal. Si las cosas son así, es vital saber lo que es dinámica y actualmente la revisión, o cualquier otra figura o institución jurídica, al momento de tenerla que utilizar en un proceso concreto y actual. Termino esta presentación felicitando a Víctor Manuel Rocha Mercado y Alberto Miranda Bernabé por lo bien elaborado que está su libro. A alguien podría parecerle que el mismo es menor si sólo se considerara la extensión de la materia. Algo así como considerar el tema en términos absolutos, con respecto a la totalidad del orden jurídico. Sin embargo, el mismo alcanza toda su dimensión si lo vemos en un sentido relativo. Es decir, por las consideraciones y la profundidad del tema particular elegido y tratado. Ojalá que este trabajo sea el primero de muchos que Víctor y Alberto nos proporcionen. Su intensa labor en la Suprema Corte de Justicia y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, así lo auguran.

Dr. José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Miembro de El Colegio Nacional

INTRODUCCIÓN Las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos han dado lugar a una multiplicidad de artículos académicos y debates teóricos sobre su sentido y alcance, además de propiciar que los operadores jurídicos revisen las categorías conceptuales más básicas de la dogmática jurídica mexicana. Temas como las garantías individuales frente a los derechos humanos, el interés jurídico frente al interés legítimo, la jerarquía de fuentes normativas frente a la noción del parámetro de regularidad constitucional, los métodos tradicionales de interpretación jurídica frente al principio pro persona y la interpretación conforme, son solo algunas de las nociones conceptuales que han dado lugar a una amplia producción de literatura académica para su esclarecimiento, así como a una exhaustiva línea jurisprudencial para su desarrollo, interpretación y aplicación. El juicio de amparo no ha sido ajeno a toda esta gama de reflexiones en torno a su manera de operar, así como al replanteamiento de sus principios rectores. A ningún operador jurídico le resulta extraña la afirmación de que el juicio constitucional se ha consolidado como el principal medio de control constitucional para la salvaguarda de los derechos humanos en México. Sin embargo, en ocasiones se soslaya que las sentencias pronunciadas en el amparo indirecto por los jueces de distrito y los tribunales unitarios, así como aquellas que emiten los tribunales colegiados de circuito en el amparo directo, pueden ser impugnadas y quedar supeditadas a lo que se decida en uno de los recursos previstos en el primer párrafo del artículo 80 de la Ley de Amparo, a saber, el recurso de revisión. Entender la forma de operar, tramitar y resolver dicho recurso es indispensable para cualquiera que pretenda hacer efectiva la protección de los derechos humanos, a través del mencionado mecanismo de control. Lo anterior es así, porque la sentencia que concede o niega la protección constitucional en muchos casos es susceptible de verse revoca-

Víctor Manuel Rocha Mercado - Alberto Miranda Bernabé

da o modificada en segunda instancia, aunado a que la posibilidad de que un tribunal verifique la legalidad de lo resuelto por otro, constituye un presupuesto básico del acceso a la justicia efectiva reconocido en el texto constitucional a favor de todas las personas. En tanto humanos, la falibilidad de los jueces resulta innegable y reconocer esa circunstancia, en un estado de derecho, constituye una poderosa justificación para prever medios de impugnación a través de los cuales un órgano jurisdiccional verifique la legalidad del criterio adoptado en una instancia inferior y, de ser el caso, pueda ser enmendado. Si aceptamos la metáfora de que los jueces hablan a través de sus sentencias, justo es aceptar que estas últimas puedan ser revisadas por otros tribunales a través de figuras procesales diseñadas para procurar una administración de justicia lo más apegada a los principios constitucionales que rigen la función jurisdiccional, a saber, imparcialidad, excelencia, profesionalismo, entre otros. De lo anterior, surge la motivación del presente texto, cuyo objeto será explicar y analizar los presupuestos básicos para la tramitación, procedencia y resolución del recurso de revisión en el juicio de amparo, tanto en su vía indirecta como directa. El enfoque adoptado será práctico, a fin de que el lector tenga una aproximación, lo más cercana y realista, de la forma en la cual funciona el juicio constitucional y su revisión ante los tribunales federales. Para ello, se procurará acudir a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su carácter de tribunal constitucional y máxima instancia de legalidad de nuestro ordenamiento jurídico.

Primera Parte

EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO En términos del artículo 103 de la Constitución Federal, corresponde a los tribunales de la Federación conocer de las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que vulneren o restrinjan los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. Este precepto es el fundamento constitucional del juicio de amparo, mismo que ha sido conceptualizado como un medio de control de la constitucionalidad, a través del cual se garantiza la eficacia de los derechos humanos y el respeto de los mismos. El procedimiento jurisdiccional de amparo puede tramitarse en dos vías, a saber: la indirecta y la directa. En este apartado abordaremos la primera de ellas, misma que por regla general se sigue ante la jurisdicción de los juzgados de distrito y excepcionalmente ante los tribunales unitarios de circuito, cuando el acto reclamado proviene de otro tribunal unitario. El amparo indirecto permite verificar la regularidad constitucional de múltiples actos de autoridad, desde aquellos que materialmente son de orden legislativo (esto es, normas generales, abstractas e impersonales como leyes, reglamentos, tratados internacionales, entre otros) hasta los de orden administrativo o jurisdiccional, estos últimos diversos de aquellos contra los que procede el amparo directo (es decir, sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio). Al respecto, conviene destacar que el amparo tramitado en la vía indirecta contra leyes, mejor conocido como “amparo ley” reviste las siguientes características: a) La ley es uno de los actos reclamados de manera destacada y los órganos legislativos que la emiten participan en el juicio como autoridades responsables.

Víctor Manuel Rocha Mercado - Alberto Miranda Bernabé

b) La eventual concesión de amparo tiene como efecto la desincorporación de la norma inconstitucional respecto del quejoso y por lo mismo no se le aplica mientras esté vigente. c) En la vía indirecta pueden rendirse pruebas para demostrar la inconstitucionalidad de la ley. d) El amparo indirecto consta de dos instancias, siendo competentes para conocer de la segunda, los Tribunales Colegiados de Circuito o la Suprema Corte, en función de los actos reclamados. e) En el amparo ley, sólo pueden interponer revisión en defensa de la constitucionalidad de la ley los titulares de los órganos de Estado, a quienes se les encomiende su promulgación, o quienes los representen. f) Al juez de distrito o al tribunal unitario según sea el caso, corresponde resolver sobre la suspensión del acto reclamado. Precisado lo anterior, analizaremos los elementos procesales y sustantivos que rigen la tramitación del recurso de revisión en la vía indirecta del juicio constitucional.

I. PROCEDENCIA La procedencia del recurso de revisión en el amparo indirecto está prevista en el artículo 81, fracción I, de la Ley de Amparo, conforme al cual procede la revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito y también contra las resoluciones que concedan, modifiquen, revoquen o nieguen la suspensión definitiva del acto reclamado. De igual forma, el medio de impugnación que nos ocupa permite controvertir la decisión adoptada en el incidente de reposición de constancias de autos y el sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional. Para efectos del presente capítulo nos enfocaremos en el recurso de revisión que se interpone contra las sentencias pronunciadas en la vía indirecta del juicio de amparo y que en el lenguaje judicial también se conoce como amparo en revisión o amparo indirecto en revisión.

El recurso de revisión en el Juicio de Amparo

El fundamento constitucional de dicho medio de defensa, se encuentra en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley Fundamental, conforme al cual las sentencias dictadas en amparo indirecto por los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito, admiten en su contra el recurso de revisión. Dicho medio de impugnación permite verificar la legalidad de las consideraciones y fundamentos que sustentan una sentencia de amparo indirecto, y por consecuencia controlar la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

II. COMPETENCIA Ahora bien, previo a delimitar a qué órganos jurisdiccionales compete de manera originaria resolver el amparo indirecto en revisión, es necesario puntualizar que por competencia originaria se entiende aquella fijada por la Constitución o la ley, en su literalidad, como regla general1.

Al respecto, véase la jurisprudencia 2a./J. 33/2012, de rubro y texto siguientes: “FACULTAD DE ATRACCIÓN. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO DEBE EJERCERLA PARA CONOCER DE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA SINO, EN SU CASO, REASUMIR ÉSTA. La indicada facultad constituye el medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero revisten interés y trascendencia. Así, este Alto Tribunal puede ejercer la facultad de atracción en asuntos cuya competencia originaria corresponda a los Tribunales Colegiados de Circuito, en la inteligencia de que por “originaria” se entiende la fijada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la ley en su literalidad como regla general. En tal virtud, si en la demanda de amparo indirecto se plantea la inconstitucionalidad de una ley federal, tratado internacional o reglamento expedido por el presidente de la República en uso de la facultad reglamentaria otorgada por el artículo 89, fracción I, constitucional, y en la revisión subsiste el problema de constitucionalidad, el asunto no es competencia originaria de los indicados Tribunales Colegiados sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por tanto, ésta no debe ejercer la facultad de atracción para conocer del asunto, sino reasumir su competencia originaria.” Consultable

Víctor Manuel Rocha Mercado - Alberto Miranda Bernabé

Así, del contenido de los artículos 107, fracción VIII, incisos a) y b), de la Constitución Federal y 83 de la Ley de Amparo, se sigue que el recurso de revisión en amparo indirecto es competencia originaria de la Suprema Corte cuando en la demanda se reclaman normas generales por considerarlas directamente violatorias del texto constitucional, así como cuando en la sentencia recurrida se establece la interpretación directa de un precepto de la Ley Fundamental y en el recurso subsiste un problema de constitucionalidad. Además, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la competencia originaria para conocer del recurso de revisión en los casos en que el amparo se haya promovido por invasión a los ámbitos competenciales de alguno de los órdenes de gobierno (fracciones II y III del artículo 103 de la Constitución Federal). Por exclusión, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer de los demás recursos de revisión, salvo que la Suprema Corte ejerza su facultad de atracción por el interés y la trascendencia del asunto2. En suma, la competencia originaria de la Corte está circunscrita, por regla general, a la resolución de aquellos recursos de revisión en los que subsiste un tema propiamente constitucional, bien por haberse reclamado la invalidez de una norma general o por plantearse la interpretación directa del texto de la Constitución Federal. Mientras que, a los Tribunales Colegiados corresponde la resolución de todos los asuntos que no involucren una cuestión propiamente constitucional, es decir, los asuntos en que subsistan temas de mera legalidad sobre el alcance y aplicación de los sentidos normativos de disposiciones secundarias3.

en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, abril de 2012, Tomo 2, página: 1033 y registro: 2000579. La facultad de atracción constituye un medio excepcional del control de la legalidad, de rango constitucional, con el que cuenta la Suprema Corte para conocer de asuntos que en principio no son de su competencia originaria pero cuya resolución reviste interés y trascendencia. Sobre la conceptualización de una cuestión de legalidad véase, por ejemplo, la tesis aislada 1a. CCCLXIX/2013, de rubro y texto siguientes: “CONTRADICCIÓN DE NORMAS SECUNDARIAS. SUPUESTOS EN QUE PUEDE TRASCENDER A UNA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD. La resolución interpretativa de la probable tensión de sentidos normativos entre normas se-

El recurso de revisión en el Juicio de Amparo

De manera paralela a la competencia originaria se encuentra la competencia delegada, la cual comprende aquellos casos que en principio correspondería resolver a la Suprema Corte de Justicia, pero cuyo conocimiento ha sido distribuido entre los Tribunales Colegiados de Circuito, con base en la facultad establecida en el octavo párrafo del artículo 94 de la Constitución Federal4. cundarias es una cuestión que, por regla general, es de legalidad, pues se refiere a la debida aplicación de la ley; sin embargo, por excepción puede generarse una cuestión de constitucionalidad cuando los efectos de esa posible contradicción trasciendan en perjuicio de un contenido constitucional o derecho humano. Ahora, si bien es cierto que esa trascendencia puede ser en perjuicio de cualquier contenido constitucional, también lo es que ésta generalmente se da en el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no obstante, la actualización de dicha hipótesis requiere de una determinada evaluación, pues estimar que basta el señalamiento del recurrente en ese sentido para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación proceda a resolver cuál debe ser la debida aplicación de las dos normas secundarias en contradicción, equivaldría a desdibujar sus elementos diferenciadores respecto de una cuestión de legalidad, con la implicación de frustrar el diseño institucional que anima al juicio de amparo directo. Por tanto, es necesario que el reclamo del recurrente encierre un planteamiento argumentativo de trascendencia al principio de seguridad jurídica en grado suficiente, esto es, que se trate de un alegato que combata, por ejemplo, el estado de indefensión de los ciudadanos, al abrir la discrecionalidad de la autoridad ante la falta de una respuesta jurídica al caso concreto por tener normas contradictorias; de ahí que el citado principio no pueda servir como equivalente a la prerrogativa de los justiciables para cuestionar las interpretaciones realizadas por los tribunales terminales en materia de legalidad, sino que ese derecho ha de entenderse como un contenido autónomo sobre el cual debe versar la cuestión planteada en el recurso de revisión, por ejemplo, por contravenir la proscripción de la arbitrariedad o impedir la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de los actos de las personas. Amparo directo en revisión 3850/2012. Zis Company, S.A. de C.V. y otros. 19 de junio de 2013. Cinco votos. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi”. Consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, página: 1111 y registro: 2005233. 4 “Artículo 94. (...) El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados”.

Víctor Manuel Rocha Mercado - Alberto Miranda Bernabé

Con base en lo anterior, fue que el Pleno de la Suprema Corte expidió el Acuerdo General 5/2013, a través del cual delegó a los tribunales colegiados la competencia originaria para conocer de los amparos en revisión en los que a pesar de haber sido reclamada una ley federal o un tratado internacional, en la sentencia recurrida no se haya emitido un pronunciamiento de fondo sobre el tema de constitucionalidad planteado por haber sido sobreseído el juicio. Asimismo, la Corte delegó los recursos de revisión en los cuales se propongan causas de improcedencia, con independencia de que en el fallo impugnado se haya analizado la constitucionalidad de las normas generales apuntadas. En ambos supuestos, corresponde a los tribunales colegiados analizar el sobreseimiento decretado en primera instancia o las causales hechas valer en los agravios. En caso de revocar o desestimar los temas de improcedencia, debe reservar jurisdicción a la Corte para que se aboque al estudio de constitucionalidad subsistente. De igual forma, los tribunales colegiados tienen competencia delegada para conocer de los amparos en revisión en los que se haya reclamado la inconstitucionalidad de reglamentos (federales y locales), leyes de las entidades federativas y demás disposiciones generales (distintas de las leyes federales y tratados internacionales). Sin embargo, cuando el análisis del recurso involucra fijar el alcance de un derecho humano sobre el cual no existe jurisprudencia de la Suprema Corte, corresponde a esta última su resolución. Otro supuesto de competencia delegada se actualiza cuando se reclaman leyes federales y existe jurisprudencia que determina su constitucionalidad, en cuyo caso, los tribunales colegiados se encuentran vinculados a resolver el asunto conforme al criterio respectivo de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo. Lo mismo ocurre cuando existen tres precedentes emitidos por la Suprema Corte, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, sin votación idónea para integrar jurisprudencia, esto es, con menos de ocho votos en el Tribunal Pleno y menos de cuatro en las Salas (artículos 222 y 223 de la Ley de Amparo). En todo caso, la Suprema Corte conserva la posibilidad de reasumir, oficiosamente o a petición de los tribunales colegiados, su competencia para conocer de aquellos asuntos delegados, siempre que su