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José Antonio Guevara Bermúdez Lucía Guadalupe Chávez Vargas Coordinadores

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

JOSÉ ANTONIO GUEVARA BERMÚDEZ LUCÍA GUADALUPE CHÁVEZ VARGAS Coordinadores

CÓMO ENFRENTAR LA IMPUNIDAD DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

La obra Cómo enfrentar la impunidad de violaciones graves de derechos humanos: Lecciones de América Latina surge a partir de la necesidad de rescatar las experiencias de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala y Perú que permitieron llevar a juicio a quienes cometieron atrocidades como tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, en contextos diversos de conflicto armado, dictadura y democracia. Se trata de un compendio de reflexiones y experiencias de operadores de justicia, juristas de organizaciones de la sociedad civil, así como de especialistas en atención y trabajo psicosocial provenientes de países con tradiciones jurídicas y sistemas políticos similares al mexicano. Con la lectura de los ensayos se busca que las personas responsables de la toma de decisiones en México identifiquen aquellas buenas prácticas, que pudieran ser aplicables a nuestra realidad, para hacer frente a la impunidad.

monografías

CÓMO ENFRENTAR LA IMPUNIDAD DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Lecciones de América Latina

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CÓMO ENFRENTAR LA IMPUNIDAD DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Lecciones de América Latina

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

CÓMO ENFRENTAR LA IMPUNIDAD DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Lecciones de América Latina

Autores CARLOS MARTÍN BERISTAIN JAVIER CONTRERAS MAGDALENA GARCÉS FUENTES AVELINO GUILLÉN JUAN PABLO HINESTROSA VÉLEZ DANIEL KERSNER ESTELA LÓPEZ FUNES DAVID LOVATÓN PALACIOS DANIEL RODRÍGUEZ INFANTE NELSON CAMILO SÁNCHEZ FRANCISCO SOBERÓN Coordinadores JOSÉ ANTONIO GUEVARA BERMÚDEZ LUCÍA GUADALUPE CHÁVEZ VARGAS

Ciudad de México, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9143-513-6 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice Introducción.............................................................................................. 9 Por: José Antonio Guevara Bermúdez y Lucía Guadalupe Chávez Vargas Impacto de las graves violaciones a derechos humanos en los sistemas nacionales de justicia........................................................................... 19 Por: David Lovatón Palacios El derecho internacional aplicado a la investigación de delitos en Colombia: La importancia del análisis de contexto........................................ 39 Por: Juan Pablo Hinestrosa Vélez Afectaciones psicosociales de la impunidad y derechos de las víctimas...... 55 Por: Carlos Martín Beristain Las consecuencias psicosociales de la impunidad para los delitos de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos................ 71 Por: Daniel Kersner Respuestas en materia de justicia de transición y de combate a la impunidad en América Latina: Especial alusión al caso de Perú...................... 81 Por: Francisco Soberón Reflexiones sobre la investigación, procesamiento y castigo de crímenes de sistema en el Perú................................................................................ 117 Por: Avelino Guillén Lecciones sobre la investigación de ejecuciones extrajudiciales desde la experiencia colombiana....................................................................... 123 Por: Nelson Camilo Sánchez Investigación, procesamiento y castigo de las ejecuciones extrajudiciales en Chile............................................................................................... 135 Por: Javier Contreras Ejecuciones extrajudiciales y lucha contra la impunidad en Colombia....... 153 Por: Reinaldo Villalba Vargas

Índice

Reflexiones sobre la investigación, procesamiento y castigo de la violencia sexual cometida durante el conflicto armado en Guatemala................ 167 Por: María Estela López Funes Investigación, procesamiento y castigo de la desaparición forzada de personas en Chile: Avances, dificultades y desafíos................................... 177 Por: Magdalena Garcés Fuentes Reflexiones en torno a la experiencia argentina en la investigación y juzgamiento de la desaparición forzada de personas................................. 191 Por: Daniel E. Rodríguez Infante

Introducción Por: José Antonio Guevara Bermúdez y Lucía Guadalupe Chávez Vargas*

En México los niveles de impunidad en general para todos los delitos son alarmantes. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que, durante el año 2014, sólo se denunció el 10.7% de los delitos, de los cuales sólo en el 67.5% se inició una averiguación previa. Es decir, en el 92% de delitos que se cometieron no se inició una averiguación previa o no hubo una denuncia1. Sumado a la impunidad, México vive una grave crisis en materia de derechos humanos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el cual se integra por denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República y las correspondientes de los estados, de diciembre de 2006 a mayo de 2016, el número de personas desaparecidas en México era de 28,1612; ello, sin considerar en esa cifra las más de setecientas personas desaparecidas durante la Guerra Sucia3. Es un hecho que ni la clase política ni los operadores

Los coordinadores agradecen a Marion Rouillé, Montserrat Muñoz García, Chantal Reyes Medina, Montserrat Martínez y Natalia Báez por el apoyo brindado en el desarrollo de la publicación. INEGI “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, Principales resultados”, 30 septiembre de 2015, http:// www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/ envipe2015/doc/envipe2015_presentacion_nacional.pdf (Fecha de consulta: 06 de diciembre de 2016). Las cifras presentan el total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el periodo comprendido entre enero del 2014 y enero del 2016, y que permanecen sin localizar al corte del 31 de enero del 2016, más la suma de las cifras presentan el total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas del fuero común que permanecen sin localizar al corte del 31 de enero del 2016. FEMOSPP, “Informe histórico a la sociedad mexicana” 2006, http://nsarchive. gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm (Fecha de consulta: 06 de diciembre de 2016).

José Antonio Guevara Bermúdez y Lucía Guadalupe Chávez Vargas

jurídicos mexicanos parecen tener la voluntad para llevar a juicio a los responsables de esos abusos; muestra de ello, es que a nivel federal, de 2006 a 2016 sólo se han dictado 9 sentencias por el delito de desaparición forzada4. Sobre el tema de la tortura, del 1º de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2015, la Procuraduría General de la República había recibido 4,055 denuncias por el delito5, mientras que en las procuradurías estatales se han recibido 1,2836. A nivel federal, se han emitido 15 sentencias relacionadas con el delito de tortura y sólo 8 de ellas tienen carácter de sentencia firme7, y dos son absolutorias. El Relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales en su informe sobre su visita a México señaló que entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012 se cometieron 102,696 homicidios intencionales y que el Gobierno reconoce que no menos de 70,000 de esas muertes (casi el 70%) estaban relacionadas con el tráfico de drogas8. Por su parte, en lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, se contabilizan 78,109 homicidios dolosos, muchos de ellos relacionados con la estrategia de seguridad9. Aunado a lo anterior,

Informe presentado por el Estado Mexicano en virtud del artículo 29 de la Convención (CED/C/MEX/1), párrafo 138, IMUMI, 10 de marzo de 2014, http:// imumi.org/attachments/2014/inf-conv-des-forz.pdf (Fecha de consulta: 06 de diciembre de 2016). Redacción Animal Político, “Por primera vez condenan a un militar por desaparición forzada”, Animal Político, 18 de agosto de 2015, http:// www.animalpolitico.com/2015/08/condenan-a-31-anos-de-prision-a-militarpor-desaparicion-forzada/ (Fecha de consulta: 06 de diciembre de 2016). 5 Denuncias referente al delito de tortura del 1º. De diciembre de 2006 al 30 de octubre de 2014. Suma de las cifras proporcionadas en las solicitudes de información con folios 0001700300414 y 0001700020615. Al requerir actualización de información a la PGR respondieron que no se cuenta con información actualizada al 31 de diciembre de 2014. 6 Esta cifra comprende el periodo de 2006 al 2014, en 22 Estados de la República. 7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situación de los derechos humanos en México”, 31 de diciembre de 2015, p.108, http://www.oas.org/es/cidh/ informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf (Fecha de consulta: 08 de diciembre de 2016). 8 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns”, 28 de abril de 2015, http://www. cinu.mx/comunicados/informe.pdf (Fecha de consulta: 06 de diciembre de 2016). 9 Dichos números, son resultado del número de víctimas registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informes homologados de las 4

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la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha reportado que en enfrentamientos en los que han participado efectivos militares han fallecido 3,907 agresores y 60 víctimas ajenas a los hechos10, ello revela un alto índice de letalidad en sus operaciones11. Lo anterior, demuestra que las cifras de crímenes graves son escandalosas y ello nos lleva a afirmar que, en el hipotético caso de que el gobierno tuviera la voluntad de investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes, todo parece indicar que serían incapaces de hacerlo, debido a que no cuentan con el conocimiento técnico ni la experiencia para investigar ese tipo y cantidad de delitos, ni tampoco se cuenta con la infraestructura necesaria. Para generar la capacidad y condiciones en las instituciones de procuración y administración de justicia, México debe conocer las mejores prácticas y la experiencia comparada de la región de América Latina en materia de combate a la impunidad. Es importante aclarar que no existe una “receta” que en México se pueda replicar para enfrentar a través de la justicia las violaciones graves a derechos humanos. Cada país que ha transitado de una situación de impunidad a una de acceso a la justicia, tuvo que andar caminos distintos y sortear los desafíos de forma diversa. Con sus propios marcos jurídicos e institucionales, su cultura política y jurídica, algunos Estados lograron romper los pactos y políticas de corrupción que fomentaban la impunidad, lo cual ha permitido que algunos juicios prosperen. A través de la exposición de las variadas experiencias ocurridas en América Latina, la presente obra acumula ensayos que tienen el propósito de despertar el interés en las opciones con las que podría con-

entidades, consultas en procuradurías o fiscalías estatales y algunas referencias del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación. Isaí Lara Bermúdez, “78 mil 109 ejecutados de Peña”, Semanario Zeta, 4 de septiembre de 2016, http://zetatijuana.com/2016/09/04/78mil- 109-ejecutados-de-pena/ (Fecha de consulta: 06 de diciembre de 2016). Solicitud de información folio: 0000700003715. El periodo abarca al 5 de abril de 2014 debido a que la SEDENA argumenta que es la PGR quien da seguimiento a los rubros sobre muertos y heridos a partir de esa fecha. Vid. Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné, Rodrigo Gutiérrez Rivas, “Índice de letalidad. Menos enfrentamientos, más opacidad”, Nexos, 1 julio de 2015, http://www.nexos.com.mx/?p=25468 (Fecha de consulta: 06 de diciembre 2016).

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tar México en el actual contexto de impunidad12. La obra se compone de 12 textos escritos por reconocidos especialistas provenientes de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala y Perú, cuya experiencia en el combate a la impunidad es derivada de su trabajo en organizaciones de la sociedad civil, la academia o bien de órganos de justicia. Se trata de un análisis en el que se describen los contextos en los que se cometieron violaciones a derechos humanos a gran escala y la forma en que poco a poco se logró llevar a juicio a algunos de los responsables. De las experiencias que se reflejan en los textos se desprende que una de las condiciones reiteradas para que casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales fueran judicializados, es el reconocimiento del fenómeno delictivo por los funcionarios del más alto nivel político. En segundo lugar, las investigaciones sólo pudieron prosperar después de que las instituciones responsables de esas tareas fueron dotadas de atribuciones e infraestructura suficientes, inclusive mediante la creación de áreas especializadas. También fue clave el conocimiento y empleo del derecho internacional (derechos humanos, derecho penal y derecho de la guerra), mismo que fue comparado por fiscales y jueces para desarrollar criterios que permitieron eliminar los obstáculos formales que impedían el acceso a la justicia. Todo parece indicar que en esos países se tuvieron que desarrollar técnicas modernas para llevar a cabo investigaciones complejas, de forma que pudieran constatar patrones delictivos y responsabilizar penalmente a quienes cometieron delitos a gran escala por diversas formas de autoría y participación internacionalmente reconocidas. En muchos casos, los trabajos de las comisiones de la verdad fueron esenciales. En su texto, David Lovatón reflexiona sobre el impacto jurídico de las graves violaciones a derechos humanos y los crímenes contra la humanidad en el derecho constitucional interamericano. Subraya la pertinencia de compartir las experiencias latinoamericanas para la investigación, procesamiento y castigo de las graves violaciones de de12

Estos ensayos fueron elaborados con base en las ponencias dictadas durante el “Seminario internacional sobre combate a la impunidad por violaciones graves a derechos humanos”. Dicho seminario, fue organizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y llevado a cabo en la Ciudad de México los días 26 y 27 de enero de 2015.

Introducción

rechos humanos que ocurrieron u ocurren al interior de los Estados, tomando como base los precedentes jurídicos que se han desarrollado por la sinergia producida entre la jurisprudencia interamericana y la constitucional. Esas sinergias, han generado un cambio de paradigma en materia de control de convencionalidad, efectos de nulidad ab initio de leyes de amnistía, garantismo penal (al añadir el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, al ya generalizado derecho de los imputados) y han restringido la intervención de la justicia militar. El texto de Juan Pablo Hinestrosa, describe cómo se ha incorporado, con dificultad, en el ordenamiento jurídico interno colombiano el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional, de forma que incluso han permeado decisiones judiciales relevantes en términos de combate a la impunidad. Además, señala la importancia de la aplicación de la metodología del análisis de contexto para la investigación y procesamiento de casos de graves violaciones de derechos humanos, de crímenes de sistema y en el combate contra la operatividad de las organizaciones criminales. Identifica los elementos de relevancia en algunos casos en los que Colombia ha incorporado los precedentes planteados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, los Tribunales Penales ad hoc para Ruanda y Yugoslavia e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el fin de entender los ataques contra la población civil en un contexto donde los crímenes ocurren de manera reiterada e incluso sistemática. El análisis de Carlos Beristain permite dimensionar el impacto de la impunidad en las víctimas, las familias y la sociedad, diferenciando que la impunidad jurídica —es decir, la ausencia de resolución de un caso— puede derivar en otra serie de agravios que se extienden a la esfera política, por ejemplo, al conservar a un funcionario agresor en distintos cargos de influencia que perpetúen las prácticas violatorias de derechos humanos, a pesar de los antecedentes que se tengan de su ejercicio. Igualmente, se extienden al ámbito histórico, en la memoria colectiva de la sociedad, entre otras, con lo que se construyen mecanismos sistemáticos que dificultan la posibilidad de buscar y encontrar justicia. El texto ayuda a entender la forma en que la impunidad socava la confianza en las instituciones, genera riesgo de venganzas entre particulares, excluye a las víctimas de la vida social y distorsiona

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la memoria colectiva. El autor reflexiona sobre como una comisión de la verdad puede ayudar a generar un marco social de reconocimiento de experiencias individuales para hacer frente a la negación institucional de los hechos y contribuir a sentar las bases de un nuevo consenso social, que se puede transmitir a otras generaciones. En su análisis de las consecuencias psicosociales de la impunidad y basándose en el contexto argentino de violaciones a derechos humanos, Daniel Kersner, hace énfasis en la ley como puerta de entrada a la hominización y su importancia —desde el inicio de la humanidad—, tanto en el plano psicosocial y político, como en su función de reguladora de intercambios, cohesionadora y reparadora social. Insiste en la relevancia de la “tríada inextricable de memoria, verdad y justicia” dentro de las violaciones graves de derechos humanos y expone las consecuencias sociales y familiares que conllevan las desapariciones forzadas. Hace una reflexión sumamente interesante sobre la impunidad como generadora de más impunidad. Francisco Soberón describe la experiencia peruana en la búsqueda de la justicia en el marco de las violaciones de derechos humanos perpetradas en los años ochenta y noventa, durante la represión y conflicto armado. En su estudio, expone la forma en que la sociedad civil enfrentó el proceso transicional que se inició en el año 2000 en el Perú, y la forma en que se logró llevar a juicio a algunos de los más altos responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto por servidores públicos como por integrantes de grupos terroristas. En el contexto de los esfuerzos por romper con las redes y mecanismos que permitían y fomentaban la impunidad en ese país, reflexiona sobre la importancia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos. A partir de los casos de la matanza de los estudiantes de la Universidad “La Cantuta” y el destacamento militar Colina, Avelino Guillén expone elementos clave, tales como la voluntad ciudadanía y la colaboración eficaz con integrantes del órgano ejecutor, que ayudaron en el juicio contra el expresidente del Perú, Alberto Fujimori. Se trata de un texto en el que se reflexiona, a partir de una experiencia personal, sobre la forma en que puede hacerse una investigación y desahogar un proceso penal con perspectiva de derechos humanos y atención a las

Introducción

víctimas, incluso en casos con enorme complejidad política y técnica, como es el llevar a juicio a un expresidente por crímenes de lesa humanidad. El texto sugiere que con fortaleza, firmeza, unidad, entrega y estrategia, la justicia debe derrotar a la impunidad. Camilo Sánchez, hace una descripción sobre los factores que llevan a la impunidad en general y en particular en el contexto colombiano. Argumenta que el primer paso para enfrentar la impunidad es entender las razones de su existencia. El autor explica cómo a partir de las características del sistema penal colombiano, se crea un sistema de investigación de delitos complejos. Analiza también los mecanismos o factores de impunidad en materia de violaciones a derechos humanos, en concreto los normativos, político institucionales, sociales; y los técnicos y organizacionales. Finalmente, identifica una metodología para visualizar los cuellos de botella que impiden el acceso a la justicia y las formas en que esos desafíos se pueden enfrentar. El texto de Javier Contreras expone el contexto político, jurídico y social de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, que se extendió durante 17 años, de 1973 a 1990, y la forma en que el proceso penal chileno ha permitido la investigación, el procesamiento y el castigo de los responsables de violaciones a derechos humanos cometidas en esa época. De la misma forma, reflexiona sobre los obstáculos legales que deben sortearse para avanzar en la lucha contra la impunidad, por ejemplo, al tratar judicialmente temas como la cosa juzgada fraudulenta, formas de autoría y participación como la teoría del dominio del hecho por dominio de la voluntad, la impunidad biológica y los pactos de silencio. Introduciendo el contexto colombiano de la confrontación entre las organizaciones guerrilleras, las fuerzas del Estado y las organizaciones paramilitares, Reinaldo Villalba Vargas, analiza los elementos básicos para la investigación de casos de ejecuciones extrajudiciales, incluido el fenómeno de los falsos positivos, que afectan tanto a la esfera política-legal —es decir, el papel del Estado y de los operadores de justicia—, como a la investigación integral, contextual y eficaz, basada en las pruebas, además de la participación de peritos, así como de las víctimas y de sus familiares. La voluntad política como elemento para combatir la impunidad, así como la necesidad de contar con investigaciones integrales y el respeto de los principios de independen-

José Antonio Guevara Bermúdez y Lucía Guadalupe Chávez Vargas

cia e imparcialidad de los operadores judiciales, son de los elementos centrales que analiza en su texto. La reflexión de Estela López Funes se basa en las violaciones a derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno guatemalteco, con enfoque especial en la violencia sexual. Se refiere a esta última como un método de tortura que fue usada como práctica del Estado en el conflicto armado interno en Guatemala, y reflexiona sobre la especial atención que requiere este tipo de violación a los derechos humanos. Magdalena Garcés Fuentes, presenta su experiencia como abogada de derechos humanos en la investigación judicial, el procesamiento y el castigo de desapariciones forzadas en Chile. En su estudio detalla las dificultades, estrategias de trabajo y desafíos encontrados en la investigación de estos casos de violación a los derechos humanos. Entre las reflexiones que nos plantea el texto están por un lado el debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil, el paso del tiempo que produce la muerte de los involucrados en los abusos, así como de los familiares de las víctimas. Plantea como desafío el contar con peritajes adecuados y la necesidad de identificar el destino final de las personas desaparecidas. Analiza un factor preocupante que es que los tribunales condenan a las mismas personas por diversos casos, dejando fuera de la justicia a otros perpetradores que formaban parte de los aparatos de poder responsables de los delitos. Plantea como estrategia, la importancia de trabajar con los testigos oficiales, es decir, los agentes del Estado, así como la relevancia de investigaciones contextuales teniendo en cuenta el perfil de las víctimas. Finalmente, Daniel Rodríguez Infante, trata la situación de las desapariciones forzadas en Argentina y la importancia para su investigación de la Unidad Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y su federalización. Expone las diferentes prácticas y metodologías usadas cotidianamente en las investigaciones llevadas por las Oficinas de Asistencia Fiscales en todo el territorio nacional, ejemplificando su trabajo en la Provincia de Mendoza. Analiza elementos penales relevantes del delito de desaparición forzada, como que se trata de un delito permanente o continuo, las formas de autoría y participación (autores mediatos), así como el

Introducción

valor del contexto y el análisis de patrones criminales para evidenciar la sistematicidad en que se cometieron los abusos. Reflexiona también sobre los tipos de pruebas (testimonios, documentales, periciales) que han sido empleados para llevar a juicio a agentes del estado responsables de crímenes de lesa humanidad. Confiamos que los ensayos que componen esta obra contribuyan a la reflexión sobre cómo enfrentar la impunidad en México. Estamos convencidos de que mediante el conocimiento de las buenas prácticas de otros países, los operadores de la justicia podrán dar los primeros pasos para investigar, procesar y castigar de manera sostenible a los responsables de crímenes que constituyen graves violaciones graves a derechos humanos. Asimismo, esperamos que este texto les sea útil para trabajar sobre el conocimiento de la verdad de lo que ha ocurrido en el país en los años sesentas, setentas y ochentas durante la Guerra Sucia, los abusos perpetrados en el contexto del Conflicto Zapatista en Chiapas o más recientemente a partir de diciembre de 2006 con la guerra contra el narcotráfico.

Impacto de las graves violaciones a derechos humanos en los sistemas nacionales de justicia Por: David Lovatón Palacios13

Introducción Sin duda las graves violaciones de derechos humanos que desde hace muchos años vienen perpetrándose en México y la terrible tragedia de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa han contribuido a visibilizar la grave situación por la que atraviesa el país, interpelando no sólo a la comunidad de derechos humanos nacional, sino también a la internacional y, en especial, al movimiento de derechos humanos del continente americano. La diferencia con el pasado reciente es que resulta cada vez más difícil y costoso políticamente, echar a andar diversos mecanismos y estrategias dirigidas al olvido y a la aceptación de una verdad oficial — aunque ésta no corresponda necesaria o totalmente con los hechos—. A fin de cuentas, está resultando difícil en México “volver a la normalidad” luego de la tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa y eso, sin lugar a dudas y más allá de matices en relación a algunas expresiones de protesta, es mérito de la incansable y valiente labor de denuncia de los padres, madres y familiares de los estudiantes desaparecidos, que felizmente cuentan no sólo con la solidaridad internacional, sino también con el valioso apoyo de reconocidas organizaciones mexicanas de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de Guerrero.

Abogado y magister en derecho constitucional. Profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y consultor de la Fundación para el debido proceso (DPLF, por sus siglas en inglés).