1_9788411139823 by Editorial Tirant Lo Blanch

COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y AL CRIMEN ORGANIZADO

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José añón roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge a. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José raMón Cossío díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

eduardo Ferrer MaC-gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José antonio garCía-CruCes gonzáLez

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis LóPez guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

ángeL M. LóPez y LóPez

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

víCtor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

FranCisCo Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

angeLika nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

HéCtor oLasoLo aLonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

LuCiano PareJo aLFonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

ConsueLo raMón CHornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

toMás saLa FranCo

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

ignaCio sanCHo gargaLLo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

toMás s. vives antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

rutH ziMMerLing

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Javier de LuCas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

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COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y AL CRIMEN ORGANIZADO

RAÚL GUTIÉRREZ PATIÑO

tirant lo blanch Ciudad de México, 2022

Copyright ® 2022 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

Colección: “Corrupción, crimen organizado y delincuencia económica” Dirigida por: NICOLÁS RODRÍGUEZ-GARCÍA Catedrático de Derecho Procesal - Universidad de Salamanca (ORCID ID: 0000-0003-0045-796X)

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Av. Tamaulipas 150, Oficina 502 Hipódromo, Cuauhtémoc CP 06100, Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1113-982-3 MAQUETA: Disset Ediciones Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/ politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice Prólogo A LA OBRA LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL COMO HERRAMIENTA PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA NARCOPOLÍTICA DEL DR. D. RAÚL GUTIÉRREZ PATIÑO............. 9 INTRODUCCIÓN...................................................................................

Capítulo I EL ESTADO DE DERECHO Y LA CONSOLIDACIÓN DEL BIEN COMÚN 1.1. El testimonio como manifestación de la justicia en favor del bien común. 1.1.2. El debido proceso y la garantía de los derechos humanos.... 1.1.3. El carácter humano de la prueba para contrarrestar las irregularidades del Estado......................................................

21 40

1.2. La protección de testigos a lo largo de la historia...............................

Capítulo II EL DEBIDO PROCESO FRENTE A LA NARCOPOLÍTICA 2.1. Víctimas y testigos frente al Estado.....................................................

2.2. El combate a la delincuencia organizada y la efectividad de la construcción jurídica..................................................................................

2.3. Corrupción e ineficiencia sobre la protección de víctimas y testigos....

Capítulo III LA TRATA DE PERSONAS: MANFIFESTACIÓN DE LA NARCOPOLÍTICA 3.1. La delincuencia organizada como brazo armado de la narcopolítica..

3.2. Mecanismos extraprocesales en torno a la efectividad del debido proceso...............................................................................................

107

Índice

3.3 El Soft law y la consolidación de la justicia.............................................

110

3.4. La Cooperación Internacional en contra de la trata de personas o tráfico humano con fines de explotación sexual...................................

117

Capítulo IV LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMO MECANISMO DE COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNACIONAL 4.1. La articulación internacional para el cuidado de la dignidad humana.

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4.2 El combate a la corrupción para el desarrollo de relaciones internacionales exitosas.......................................................................................

134

CONCLUSIONES....................................................................................

143

REFERENCIAS.........................................................................................

149

Prólogo

A LA OBRA LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL COMO HERRAMIENTA PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA NARCOPOLÍTICA DEL DR. D. RAÚL GUTIÉRREZ PATIÑO La elevada complejidad de las relaciones humanas en el mundo contemporáneo se refleja por supuesto en la evolución de la delincuencia y en las necesidades que se presentan para enfrentarse a ella de manera eficaz. Pero los retos son enormes. Por ello una monografía en que se estudien detalladamente estos fenómenos y en la que se ofrezcan propuestas fundadas debe ser motivo de celebración. En efecto, la criminalidad está más globalizada que nunca, porque lo está el tráfico jurídico, y las ventajas de la fluidez no afectan solo al comercio o al turismo -salvo que lo impidan recalcitrantes pandemias-, sino que también las malas artes se ven favorecidas por la mejora exponencial en las comunicaciones, sean virtuales o reales, pues igualmente sirven como autopistas para el crimen, con las consiguientes dificultades para una persecución penal eficaz. Pero no estamos hablando de globalización como mera opción económica de relaciones entre sujetos de latitudes diversas que ha cambiado las características del mundo actual, sino como consecuencia imparable de los avances tecnológicos. Cierto es que tales adelantos nos permiten actividades impensables hace no tanto tiempo, como reunirnos simultáneamente desde el sillón de nuestra casa con colegas que se encuentran en husos horarios diversos, enviar sesudos documentos en fracciones de segundo hacia la otra punta del mundo, viajar más que nunca entre continentes.... Los medios técnicos nos han colocado en otro contexto de actividades. Pero también quienes tienen intenciones aviesas se benefician del actual estado de cosas: los conciertos para delinquir se han vuelto laberínticos, la huida de las jurisdicciones más desfavorables se simplifica al perder rigidez

Lorenzo M. Bujosa Vadell

muchas de las fronteras tradicionales, por no hablar de los oscuros fondos de la red de redes en la que el comercio ilícito campa a sus anchas con capacidad de escandalizar a las mentes más íntegras. El Derecho Penal y por supuesto también el Derecho Procesal Penal han tenido que adaptarse a esta nueva e intrincada realidad. No sin grandes dificultades, pues la creación del Estado Moderno se hizo de puertas adentro y el satisfacer las necesidades de la represión de la criminalidad mundializada implica dejar atrás esa concepción cerrada de las soberanías nacionales, cuyos primeros pasos de superación fueron vistos ya por Mauro CAPPELLLETI como una de las características de la evolución fenomenológica del Derecho Procesal en la segunda mitad del siglo XX. Esta tendencia naturalmente se ha ido acelerando en lo que llevamos de siglo XXI. Pero los atajos de la delincuencia siempre son más rápidos que las vías formalizadas de las sociedades organizadas que pretenden perseguirla y, tanto el poder público como el Derecho mismo va siempre por detrás en esa tarea titánica de adaptarse a los nuevos tiempos por cauces reglados y a la vez suficientemente eficientes y efectivos. Sin embargo, como nos muestra el Dr. Gutiérrez Patiño, no es correcto presuponer que tanto el poder público como las normas jurídicas operan en abstracto, en el plano de un angélico deber ser, y que la solución a todos los problemas estaría solamente en intensificar su eficacia. La realidad nos muestra perfiles mucho más complejos, pues la fortaleza del enemigo a batir contamina con facilidad al poder que debería combatirla y desactiva las normas que deberían frenarla. Los altos beneficios de los negocios ilegales, tales como el tráfico de estupefacientes o, como nos destaca el autor, ese nivel máximo de corrupción de las autoridades que supone su implicación en negocios ilegales que aplastan la más elemental dignidad humana, como ocurre con el tráfico de seres humanos, contaminan de manera sobrecogedora a las propias autoridades públicas, dejándonos desarmados y en la más espantosa de las impotencias. No poder confiar en aquellos a los que hemos cedido la potestad de defender nuestros intereses para organizar de la mejor manera nuestra vida en común es una de las paradojas más dramáticas en el contexto actual de la criminalidad. Los intereses creados son inmen-

Prólogo

sos y enfrentarse a ellos dista de ser una tarea sencilla y desde luego cómoda. Pero el deber cívico del jurista íntegro es no permanecer impasible ante esta desasosegante problemática y ese es el camino por el que opta el Dr. Gutiérrez Patiño. Ante el entreverado de corrupción y de ciertas implicaciones políticas en la delincuencia organizada es inevitable tirar por elevación hacia los niveles supranacionales, lo cual tampoco es misión fácil, pues los intereses encontrados también pueden alcanzar de alguna manera esas instancias y los grados de aceptación de la protección de los bienes jurídicos en cuestión a través de los cauces plurales necesarios es muy desigual o incluso encuentra reacciones refractarias en ciertos ámbitos. Pero el convencimiento de cuáles deben ser los caminos para afrontar estas grandes dificultades mueve al autor a avanzar en sus propuestas. Por ello inicia su estudio reafirmando su confianza en las grandes construcciones del Derecho Público: nada menos que en los rasgos innegociables del Estado de Derecho, en la garantía de los derechos humanos y, más en concreto, en el respeto a las exigencias del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, más conocido en el ámbito latinoamericano como “debido proceso”. Y ese impecable planteamiento general nos conduce ante la necesidad de dar protagonismo a uno de los medios de prueba que se convierten en centrales para el combate contra la delincuencia grave que estamos considerando: la prueba testimonial. No exenta, sin embargo, de complejas paradojas. Pues, por un lado, parece evidente que si no declara lo que conoce alguien que está implicado en la abigarrada red criminal, va a ser prácticamente imposible conocer sus vericuetos y ofrecer a los órganos jurisdiccionales para aplicar las correspondientes consecuencias jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico. Pero, por otro lado, es sabido -quizás menos de lo que debiera saberse- que el testigo es probablemente la más lábil e imperfecta de las fuentes de prueba, tentado por falsos testimonios por supuesto, y aunque mantenga la virtud para una efectiva colaboración, puede estar influido por sesgos inadvertidos capaces de enturbiar el testimonio, si pretendemos utilizarlo para una construcción narrativa de los hechos objeto de enjuiciamiento que sea lo más cercana posible a la verdad.

Lorenzo M. Bujosa Vadell

Esa volatilidad característica de cualquier prueba testimonial se agrava cuando la situamos en el contexto en que se mueve el autor de las páginas que siguen. El ser humano implicado en la criminalidad organizada, en la trata de seres humanos, en la narcopolítica, en el masivo tráfico de drogas, está sometido a presiones dignas de las más inverosímiles películas de acción. Su vida y su hacienda, y lo que puede ser peor, la vida y la hacienda de los seres queridos, pueden estar en grave riesgo, lo que ha obligado a los distintos Estados -unos con mayor éxito que otros, otros más respetuosos de las garantías esencial que unos- a arbitrar mecanismos de protección para evitar males mayores, a la vez que se consigue la efectividad de la colaboración con la administración de la justicia. Nos movemos en el filo de la navaja. Esa es la sensación. Un ligero desvío inconsciente parece que nos puede llevar al fracaso, y un fracaso en los términos en que tenemos planteados los problemas significa la vulneración grave de importantes intereses jurídicos y el eventual riesgo de que el combate frente a los gigantes del crimen se deshace como un azucarillo. Por tanto, es imprescindible escuchar a quienes han sopesado con detalle estas complejas implicaciones y tratar de proceder como corresponde para que el texto de nuestras normas y las proclamaciones de nuestras constituciones no tengan el mismo valor que un papel mojado. Son múltiples, como se ve, los componentes del detallado análisis de esta investigación que aquí generosamente se ofrecen. El asentamiento de conceptos que ha costado mucho construir y mucho más convertir en preceptos de obligado cumplimiento, la ponderación en los casos concretos de las circunstancias subjetivas y objetivas, la necesidad de propiciar la colaboración con la justicia sin poner en grave peligro a quien se atreva a dar el paso, la imprescindible promoción de las vías supranacionales para asegurar cierta igualación entre las fuerzas en combate, el estímulo de los cauces cooperativos entre los distintos Estados que compensen la fluida circulación de los delincuentes, de los bienes ilícitos y de los productos del crimen, y al mismo tiempo el aseguramiento de que en estos avances no habrá una desproporcionada restricción de los derechos fundamentales implicados -tampoco los del sospechoso, acusado o incluso del condenado por estos hecho.

Prólogo

No me dirán que no resulta apasionante el reto y que no es arriesgada la apuesta. Pero no queda otra que calibrar con la mejor capacidad posible cómo asegurar el equilibrio entre todos los elementos enumerados -y aún alguno más que no hemos citado- para que ese aventurado trayecto por el filo de la navaja que deben transitar las autoridades competentes en estos casos, se desarrolle de manera acorde con el Estado de Derecho, con las proclamaciones de derechos y con la efectividad que requiere esta gigantesca tarea a la que no es dado renunciar a los Estados contemporáneos que no quieran engrosar la ignominiosa lista de los Estados fallidos. La cuidadosa mano de Raúl Gutiérrez Patiño nos ofrece en esta obra consideraciones de gran importancia, desde una mirada cívica de sensato patriotismo, abierto a la comunidad internacional de la que México no puede estar desligado, para ayudar a combinar de la manera más adecuada los grandes conceptos de eficacia y de garantía, que deben concordar de la mejor manera ante uno de los enormes problemas actuales a los que se enfrenta el Derecho Procesal Penal. Es de justicia felicitar al autor por su obra, pero aún más al conjunto de juristas iberoamericanos por poder contar entre nosotros con un procesalista del excelente nivel que demuestra en estas páginas. Campos (Mallorca), 12 de diciembre de 2021

LORENZO M. BUJOSA VADELL

Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca

INTRODUCCIÓN El valor del testimonio radica en tomar en consideración la importancia del carácter humano de la prueba en términos de justicia epistémica, lo cual representa la articulación del Estado de Derecho con los principios generales de los derechos humanos a efecto de procurar y garantizar el empoderamiento del ciudadano en el desarrollo de la justicia en aras de garantizar una auténtica calidad de vida, es decir, representa el mecanismo que asegura el desarrollo eficiente del imperio de la Ley; por lo que su defensa y salvaguarda trae a colación la imperante necesidad de articular medidas que faciliten la protección de los individuos. Su cuidado y garantía a la luz del principio de la legalidad, representa la congruencia del debido proceso de llevar a cabo los objetivos y lineamientos de los derechos humanos, en términos de encaminar la procuración e impartición de justicia hacia ladefensa y promoción de la dignidad humana. Por tanto, se convierte en un tema de importante relevancia cuando se busca la sumatoria de esfuerzos por parte de los Estados bajo el pilar ideológico de la solidaridad, con la finalidad de hacer frente a las problemáticas y nuevos desafíos que trae consigo la expansión de la delincuencia organizada en todas las sociedades de la Tierra. Ahora bien, para que lo anterior surta efectos positivos a largo plazo, es necesario que se articulen o en su caso fortalezcan mecanismos en torno a la cooperación judicial internacional con el fin de asegurar el compromiso de llevar a cabo el desarrollo de la justicia más allá de una visión de política exterior, sino con el ánimo de fomentar la gobernabilidad institucional a través del establecimiento de responsabilidades compartidas. Merece la pena señalar que la problemática que padece el Estado y la sociedad mexicana en términos de la existencia de fuertes grupos delincuenciales que tienen sometido el esquema de justicia, requiere del establecimiento de la unión de esfuerzos para hacer frente a esta alarmante situación. Asimismo, la presencia del fenómeno de la corrupción en México, ha distorsionado el deber político, en donde se ha hecho uso del control jurídico para facilitar el posicionamiento de grupos delincuenciales

Raúl Gutiérrez Patiño

que lo manipulan en virtud de su conveniencia; por tanto, resulta conveniente y necesario el fomento de la cooperación internacional en el ámbito procesal, para articular esfuerzos que coadyuven en la erradicación de las actividades delincuenciales en el país. En este sentido el dinamismo social sirve como un poderoso incentivo en términos de ampliar esta cooperación para mejorar la calidad de vida al tiempo de erradicar la mala praxis en el ejercicio gubernamental, no a través de una violación a la soberanía, sino del auténtico compromiso del Estado en términos de dirigir sus esfuerzos hacia la promoción de los derechos humanos. Las relaciones internacionales son muestra de un complejo esquema de interdependencia gracias a un activo dinamismo y, en donde si bien se han suscitado elementos discordantes en diversos ámbitos entre distintos Estados, la tradición de diálogo ha permitido desarrollar un entendimiento con base en el respeto mutuo, el cual ha llevado a que los Estados asuman el compromiso de nunca más repetir aquellas acciones que devastaron a la humanidad; sin embargo, dicha finalidad se ha visto fuertemente limitada en gran medida por las profundas asimetrías en el complejo escenario mundial de la mano de un cúmulo de irregularidades vinculadas al fenómeno de la corrupción y la presencia de grupos delincuenciales que han hecho del ejercicio público una suerte de bastión para sus propios intereses. Por su parte, la relación que guardan España y México, se ha inscrito en las páginas de la historia universal, como un sinónimo de efectividad y amistad, donde los unen cultura, lengua y tradiciones, sin mencionar que ambos países comparten una agenda con temas en común, entre los cuales, podemos mencionar la cooperación económica, la seguridad, la defensa de los derechos humanos, así como la promoción de la educación y la cultura, objetivos que los llaman a trabajar juntos para el establecimiento de un mundo mejor. Sin mencionar por supuesto que ambos Estados comparten dentro de sus ordenamientos constitucionales la actuación con base en el desarrollo y salvaguarda de los derechos humanos como el elemento que determina la efectividad de su Estado de Derecho. En este sentido, la presente investigación tiene como finalidad fomentar una noción de protección que vaya más allá de una suerte de prevenciones o resguardos de la persona. Nos referimos a la actuación

Introducción

plena del sistema de procuración de justicia en apego al espíritu constitucional de la norma, el cual asegura la consagración de los derechos fundamentales y los deberes para asegurar la convivencia armónica en sociedad a través del imperio de la Ley, en donde la noción de justicia, garantice que las personas puedan vivir en un ambiente de pleno respeto y seguridad, alejado de toda impunidad y corrupción en aras de garantizar su desarrollo libre, pleno e integral. Bajo este orden de ideas, merece la pena señalar que la corrupción e impunidad producto de la opacidad y negligencia en torno al acceso, procuración e impartición de justicia, no manifiestan otra cosa que la desaparición del orden constitucional a través de la vulneración al debido proceso; hechos que demeritan los objetivos que dictan la efectividad de cualquier ideal republicano. La metodología de la presente investigación partió de un estudio de gabinete que tuvo como base la formulación de hipótesis sobre la problemática de la sociedad actual, con el ánimo de desarrollar mecanismos efectivos de combate al flagelo de los fenómenos anteriormente descritos. En el capítulo primero se busca promover la importancia del Estado de Derecho para contrarrestar los efectos del fenómeno de la corrupción, cuyas consecuencias, son mayormente resentidas por los sectores más vulnerables de la población. Cabe mencionar que, si bien la lucha contra la corrupción ocupa el centro del debate sobre “Transparencia y rendición de cuentas”, el concepto en sí mismo tiene una variedad de contenidos y de acepciones. En un ámbito más amplio, transparencia puede ser entendida como criterio calificativo del Estado de Derecho en general y como una característica del buen gobierno. Debido a su carácter transversal, contiene dimensiones y elementos diferentes e involucra distintos actores y esferas. Por su parte, el fenómeno de la corrupción es sinónimo de un sinnúmero de aristas y de consideraciones que merecen ser abordadas más puntualmente a lo largo de la presente investigación, desde la óptica de las acciones de la delincuencia organizada trasnacional; lo que demanda e implica la sumatoria de esfuerzos por parte de los distintos actores en el escenario internacional, con el fin de contrarrestar sus efectos que lesionan los distintos tejidos sociales.

Raúl Gutiérrez Patiño

Por tanto, la presente investigación pretende abordar el ámbito de las consecuencias de la narcopolítica frente al desarrollo de la gobernabilidad institucional y el fortalecimiento de los mecanismos de protección a víctimas y testigos, que constituyen una herramienta efectiva para promover la gobernabilidad institucional en materia de administración de justicia e impedir que sus consecuencias lesionen la vigencia del Estado de Derecho con base en el principio de la legalidad. Es decir, se pretende articular una investigación que permita coadyuvar en el fortalecimiento de las instituciones en favor del sistema democrático, en contra del fenómeno de la corrupción. Es necesario tomar en consideración que una adecuada administración de justicia, promueve el establecimiento de una sociedad armónica a través del desarrollo integral de sus individuos; de tal suerte, se requiere de la sinergia entre Estado y sociedad en donde no baste únicamente la construcción de un marco normativo, sino la cultura de participación ciudadana para hacerlo válido y vigente, y lo anterior, sólo será posible en la medida en que el Estado promueva, a través de la coherencia e imparcialidad, la confianza y seguridad para proteger a la sociedad, lo cual requiere de la armonización con distintos instrumentos internacionales. Por su parte, a lo largo del capítulo segundo, se abordará la importancia del debido proceso como la amalgama que garantiza la salvaguarda de los pilares que han determinado la evolución y existencia de la vida y de la libertad de todo individuo al amparo de la justicia. El debido proceso se inscribe pues como un derecho humano en cuyo ejercicio descansa la libertad a través de la eficiencia del principio de la legalidad; por tanto, su garantía y salvaguarda se traduce como una obligación por parte de todos los Estados con la finalidad de asegurar el desarrollo de un orden mundial armónico. Por tanto, representa una obligación sine qua non de la efectividad de cualquier marco normativo en materia de protección y defensa de los derechos humanos. En este sentido el principal obstáculo para que se pueda consolidar el Estado de Derecho, recae en la aplicación de métodos que demeritan la dignidad inherente de todo ser humano, y que van en contra sentido con el espíritu constitucional y del principio pro-persona.

Introducción

Se abordará también la necesidad de promover la participación ciudadana mediante la eficiencia de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia para llevar a cabo la consolidación efectiva del armónico social, como motivo y fin del propio Derecho, hecho que requiere de la profesionalización de los funcionarios públicos en materia de derechos humanos con el fin de velar siempre y en todo momento por el respeto al Estado de Derecho. En el capítulo tercero, se abordará la consecuencia más nociva del fenómeno de la corrupción en materia de derechos humanos, la trata de personas o el tráfico humano con fines de explotación sexual, en relación con el fenómeno migratorio frente a la globalización, lo que representa uno de los principales puntos a tratar dentro de las agendas internacionales. El grado de vulnerabilidad de las víctimas requiere de la articulación y coordinación de disposiciones para asegurarles una debida protección al tiempo de fomentar la prevención del delito y abogar con ello por una auténtica justicia integral y plenamente restaurativa. En este sentido, se requiere de la correcta impartición de justicia en todos sus ramos, con dignidad, eficiencia y libertad, con posibilidades reales de ejercicio de las garantías constitucionales en todos sus niveles. El combate a la vulneración a la dignidad inherente del ser humano representa uno de los obstáculos más grandes a combatir por parte de todos los Estados, el proceso de mundialización de los derechos humanos obedece justamente a esta situación, es decir, colocar al individuo como la principal prioridad para la solución de controversias, así como la determinación de la eficacia de cualquier marco normativo. De tal suerte, el reiterar el compromiso de los Estados en contra de la lucha antiterrorista y actividades delincuenciales particularmente de la trata de personas, se inscribe como una suerte de eficiencia sobre los alcances de los mecanismos de cooperación. Este objetivo puede lograr, sin lugar a dudas, el establecimiento de Estados mucho más unificados y comprometidos en llevar a cabo la construcción de paz al interior del concierto internacional contra de la erradicación de los distintos grupos delincuenciales gracias a los alcances de compromisos establecidos a la luz del constructivismo, así como de la armonización y homologación de sus respectivos marcos

Raúl Gutiérrez Patiño

jurídicos con instrumentos internacionales; por lo que la implementación de aquellos mecanismos de cooperación judicial en el ámbito procesal con miras en ampliar la noción de justicia universal con base en el respeto a la libre autodeterminación y la igualdad jurídica entre los Estados, bajo la tutela del respeto irrestricto a su soberanía, constituye una herramienta fundamental para asegurar, siempre y en todo momento, el ejercicio del debido proceso hacia la protección a víctimas y testigos, lo que fomentara de forma colateral la participación ciudadana por la adecuación de marcos normativos y al establecimiento de instituciones sólidas que los identifiquen plenamente con la justicia. El capítulo cuarto, busca abordar los alcances de las mejores prácticas internacionales en donde se asegure el respeto íntegro de los derechos humanos a través del ejercicio jurídico. Por tanto, se pretende el subsanar aquellas lagunas jurídicas que impiden el desarrollo eficiente del principio de la legalidad y del Estado de Derecho a consecuencia de actividades delincuenciales, es decir, fortalecer la legalidad con base en la legitimidad de la norma. Por tal motivo, se abordará el manejo de la protección de víctimas testigos a efecto de razonar las medidas y medios de cooperación existentes en el escenario internacional, en aras de articular mecanismos de defensa en contra de la delincuencia organizada transnacional. Las consecuencias del fenómeno de la corrupción ponen de manifiesto que la mejor manera de combatir sus efectos es a través de la cooperación internacional, en donde al amparo de compromisos suscritos, se fortalezcan los marcos normativos de todos los Estados a efecto de adoptar prácticas que aseguren la transparencia y rendición de cuentas como los ejes rectores que determinan la excelencia de todo sistema democrático. En las conclusiones se busca emitir recomendaciones que permitan orientarla hacia futuras consideraciones que permitan fortalecer la promoción de los derechos humanos en virtud de la eficiencia del Estado de Derecho.