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El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del proceso penal. Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 20, apartado A, fracción VII. En esa fracción se prevén dos ﬁguras: 1) aquel en el que únicamente el Ministerio Público puede solicitar dicha forma de terminación anticipada, en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley, y 2) cuando el imputado reconoce ante el juez su participación y existen medios de prueba que así lo conﬁrmen.

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ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

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Estas dos ﬁguras no se encuentran reguladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales; se encuentra una única ﬁgura, que no tiene que ver con lo que se prevé en el máximo Ordenamiento.

EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

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Debido a lo anterior, que sea dudosa la constitucionalidad de lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

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EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

PABLO HERNÁNDEZ-ROMO VALENCIA Profesor de Derecho penal y procesal penal en el ITAM Abogado

tirant lo blanch Ciudad de México, 2019

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Índice ABREVIATURAS..................................................................................... 9 INTRODUCCIÓN................................................................................... 11

Capítulo primero EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL I. II. III. IV. V.

Primera idea u oración...................................................................... 16 Segunda idea u oración..................................................................... 20 Tercera idea u oración....................................................................... 26 Las interpretaciones de la SCJN al artículo 20, apartado a, fracción VII de la CPEUM.............................................................................. 28 Toma de postura............................................................................... 51

Capítulo segundo EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO REGULADO EN EL CNPP I. Cuestiones previas............................................................................. 55 II. Ubicación sistemática........................................................................ 58 III. Condiciones para que se autorice el procedimiento abreviado........... 61 IV. Término para solicitar el procedimiento abreviado............................ 65 V. Los beneficios que se podrán otorgar................................................ 66 VI. Excurso: los acuerdos emitidos por el procurador............................. 68 VII. Admisibilidad.................................................................................... 74 VIII. Trámite del procedimiento................................................................ 76 IX. Conclusiones..................................................................................... 83

BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 85

ABREVIATURAS Cf Confróntese CNPP Código Nacional de Procedimientos Penales CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPF Código Penal Federal DOF Diario Oficial de la Federación SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación ss siguientes

INTRODUCCIÓN Desde la óptica constitucional existen dos procedimientos abreviados; el primero, que consiste en una negociación entre las partes en la que el Ministerio Público propone y el imputado no manifiesta oposición para la terminación anticipada del proceso, bajo los supuestos y modalidades que determine la ley; el segundo, en el que el imputado reconoce voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias ante el juez, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación; a este último se le podría nominar “sumarísimo”. Para ambos supuestos está previsto que se podrán otorgar beneficios al imputado cuando este acepte su responsabilidad. No obstante lo previamente dicho, en la práctica se confunden ambos supuestos. Reflejo claro de lo que estoy afirmando se aprecia en el CNPP, en donde se mezclan estos dos procedimientos, creando un bodrio de difícil comprensión; que además no cumple con lo que se exige en la CPEUM. En efecto, el legislador, cuando redactó el CNPP omitió requisitos constitucionales respecto del primer procedimiento abreviado, tales como señalar los “supuestos” en los que cabría el procedimiento abreviado; únicamente se limitó a solicitar “requisitos”; cosa que es muy distinta. Lo anterior hace que sea dudosa la constitucionalidad del procedimiento abreviado en el CNPP; toda vez que se omiten requisitos indispensables que exigió el constituyente permanente. Aunado a lo anterior, el legislador mezcló los dos procedimientos previamente mencionados en el CNPP, creando una figura única del procedimiento abreviado. En efecto, en el CNPP se establece que el único que puede solicitar el procedimiento abreviado durante un cierto término es el Ministerio Público; además solicita que el imputado reconozca ante la autoridad judicial, con conocimiento de las circunstancias, su participación en el delito y exige que el juez valore los medios de convicción existentes para corroborar la imputación. Como se puede apreciar, se están

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mezclando los requisitos de los dos procedimientos abreviados; en vez de diferenciarse estos. Al mezclarse ambos procedimientos, se crea una figura singular, que no tiene que ver con lo que exigiรณ el constituyente permanente. La consecuencia de esto es, que los procedimientos que se hayan seguido bajo esas reglas sean inconstitucionales; y la resoluciรณn que se obtenga producto de los mismos sea nula.

Capítulo primero

EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL La doctrina mayoritaria mexicana ha dicho, que el fundamento del procedimiento abreviado se encuentra en el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la CPEUM.1

Moreno Cruz, Everardo: El nuevo proceso penal mexicano (Lineamientos generales), p. 128.; Guerra Hernández, Carlos Alberto: “Artículo 20”, p. 203, para quien: “Su fracción séptima prevé el procedimiento abreviado como mecanismo de aceleración del proceso penal.” Sotomayor Garza, Jesús G.: Introducción al estudio del juicio oral penal, p. 161.; Pérez Daza, Alfonso: Código Nacional de Procedimientos Penales. Teoría y práctica del proceso penal acusatorio, p. 482., del mismo, “Artículo 20”, pp. 473, 474., del mismo, “Procedimiento abreviado. Análisis de la posibilidad de absolución”, p. 19.; García Villegas, Jaime Ernesto: Derecho procesal penal. Guía para el Código Nacional de Procedimientos Penales, pp. 159, 160.; González Velázquez, Rocío: “El procedimiento abreviado: Un análisis desde la perspectiva del garantísmo penal”, p. 134.; Zamora Pierce, Jesús: “El procedimiento abreviado. Comentarios a la sentencia dictada por la primera sala de la SCJN, el 9 de abril de 2014”, p. 157., quien considera que la segunda oración del artículo 20, apartado A, fracción VII de la CPEUM, es el fundamento del procedimiento abreviado., vid. p. 162., del mismo, Juicio oral. Utopía y realidad, p. 65., quien dice: “La Constitución reformada exige, únicamente, dos requisitos para que el juez decrete el proceso abreviado: a) que el imputado reconozca ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y b) que existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. Si se satisfacen ambos, el juez citará a audiencia de sentencia”. Vázquez González de la Vega, Cuauhtémoc/ Bardales Lazcano, Erika: “Instituciones jurídicas del sistema de justicia acusatorio: su relación con el amparo”, p. 121.; Natarén Nandayapa, Carlos F./ Ramírez Saavedra, Beatriz E.: Litigación oral y práctica forense penal, p. 97., estos autores si bien trascriben toda la fracción correspondiente del artículo constitucional, subrayan la segunda y tercera oración, lo que hace que se piense, que para efectos de ellos, igual que para Zamora Pierce, el procedimiento abreviado está reflejado en la segunda y tercera oración, pero no en la primera. Ponce Martínez, Jorge/ Peredo Valderrama, Modesto: Principios y derechos constitucionales en el Código Nacional de Procedimientos Penales (Un esquema práctico de principios y derechos constitucionales para los operarios del nuevos sistema de justicia penal), p. 14.; Del Castillo del Valle, Alberto: Garantías en materia penal, p. 92.; Rodríguez Esparza, Lauro Julio: La justicia restaurativa y las salidas alternas en el proceso penal acusatorio mexicano, p. 215.; Ortiz Ruiz, José Alberto: Introducción al estudio del Derecho procesal penal del sis-

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No obstante lo anterior, no existe acuerdo entre la doctrina, ni tampoco en nuestro más alto tribunal, sobre cuál de las dos oraciones con las que comienza la fracción antes dicha, es el fundamento del procedimiento abreviado. Algunos opinan que la primera; otros opinan que la segunda; y existen otros que consideran que las dos, de forma conjunta, son el fundamento de dicho procedimiento. A mi parecer, el problema se resuelve con una escrupulosa lectura del precepto constitucional. Esto implica, desentrañar el contenido de cada una de las oraciones y realizar una interpretación sistemática entre ambas. Veamos qué establece dicho artículo para poder analizarlo. El artículo 20 apartado A, de la CPEUM, establece en su fracción VII, lo siguiente: Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;

Para mejor comprensión de la fracción es necesario estudiarla por partes; en virtud de lo anterior, analizaré cada una de las ideas que se prevén en la misma. No obstante que la doctrina mayoritaria ha considerado que en dicho párrafo se prevé lo que se conoce en materia procesal penal como el procedimiento abreviado, cuya regulación se encuentra en el CNPP; yo discrepo de dicha postura por las ideas que más adelante expondré.2

tema acusatorio y adversarial, p. 240.; Reyes Servín, María Isabel: “Acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso, procedimiento abreviado y apelación”, p. 303.; Hidalgo Murillo, José Daniel: El juicio oral abreviado, p. 84.; Díaz de León, Marco Antonio: “Cuestiones sobre la constitucionalidad del procedimiento abreviado en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, pp. 75 y ss.; Valadez Díaz, Manuel: Procedimiento abreviado, pp. 9 y ss. En sentido similar, García Ramírez, Sergio: La reforma penal constitucional (2007-2008) ¿Democracia o autoritarismo?, p. 134.

El procedimiento abreviado

La doctrina más autorizada en México,3 así como algunos miembros del poder judicial federal4 y la SCJN5 consideran que en la fracción VII del artículo 20, apartado A, de la CPEUM, se regulan diversas figuras o hipótesis: terminación anticipada del proceso y el procedimiento abreviado; así como la “persuasión del inculpado”. Contrario a lo que ellos dicen, una forma de terminación anticipada, por no decir la única, de conformidad con el CNPP, es el procedimiento abreviado.6 A mi juicio, no es correcta la diferencia que hacen, toda vez que desde la óptica del proceso penal mexicano, hablar de la terminación anticipada del proceso implica, necesariamente, hacer referencia exclusiva al procedimiento abreviado. A mi parecer, en dicha fracción se hace referencia a dos clases de procedimiento abreviado, siendo el segundo un procedimiento sumarísimo; lo que indica que no es acertado establecer que en dicha fracción únicamente se hace referencia “al procedimiento abreviado” —a uno de ellos—; cosa que se hace en el CNPP. No debe de causar sorpresa el que se diga que en dicho precepto constitucional se prevén dos procedimientos abreviados; existen otros

García Ramírez, Sergio: “Artículo 20”, p. 480. En sentido similar, Ojeda Velázquez, Jorge: Derecho constitucional penal. Teoría y práctica. Addenda juicios orales, pp. 1553 y ss.; Olvera López Juan José: “Alternatividad y oportunidad en el sistema penal acusatorio”, p. 196., quien reconoce que en dicha fracción hay dos hipótesis diversas. Hidalgo Murillo, José Daniel: El juicio oral abreviado, p. 92. 4 Así se aprecia de las Mesas redondas del poder judicial federal, en la que participaron varios magistrados y jueces del poder judicial federal, como se puede ver en las Actas de sesión del 22 de abril de 2008, respecto de las mesas de trabajo número uno, cinco, seis. Vid. Comentarios a la reforma Constitucional en materia penal. Mesas redondas, pp. 44, 217, 276. En opinión de la Magistrada Emma Meza Fonseca, en esta fracción únicamente se trata lo relativo a medios de justicia restaurativa. Vid., Comentarios a la reforma Constitucional en materia penal. Mesas redondas, p. 479. A mi parecer, dicha opinión no es atinada, toda vez que no siempre se restaurará algo; como sucederá en los delitos de peligro. 5 SCJN: Del sistema inquisitorio al moderno sistema acusatorio en México, pp. 755 y 758., para quienes: “En esta fracción el Constituyente Permanente nos habla de dos temas muy importantes en relación a mecanismos de evitación del juicio, en los que los objetivos del proceso penal se consiguen por medios diferentes del juicio oral”. 6 Cf. Artículo 185 CNPP.

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países en donde se prevén tres clases distintas de procedimientos abreviados.7

I. PRIMERA IDEA U ORACIÓN

A mi parecer, la primera idea que se aprecia en la fracción trascrita es la siguiente: Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley.

Para poder entender este párrafo, lo primero que hay que conocer entonces es: ¿cuándo inicia el proceso penal? La CPEUM establece en su artículo 19 cuándo es que comienza el proceso penal. En el quinto párrafo se establece que todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. De esto entonces, que se entienda que el proceso penal en México inicia una vez que se dicta el auto de vinculación a proceso.8 Entonces, una vez que inicia el proceso penal, se requiere que no exista oposición del inculpado. Llama la atención que el constituyente permanente haya hecho mención al “inculpado”, cuando intentó por todos los medios evitar dicho vocablo y hacer referencia únicamente al imputado.

Tal es el caso de Italia, en donde se prevé el juicio abreviado, el juicio directísimo y el juicio inmediato. Que en esencia se puede decir que son procedimientos abreviados. Vid. AA.VV.: Procedura penale, pp. 517 y ss. Es importante mencionar, que no obstante lo que se señala en la CPEUM, el CNPP establece en su artículo 211: “El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme”. A mi parecer, este último párrafo está en contradicción con lo que se establece en el artículo 19 CPEUM; además de que el procedimiento abreviado se puede solicitar “después de que se dicte el auto de vinculación a proceso…”, Cf. Artículo 202 CNPP.

El procedimiento abreviado

La diferencia es trascendental para efectos del sistema penal mexicano actual, toda vez que por inculpado se entiende que es objeto de la acusación en un procedimiento penal. Es importante recordar, que desde la óptica del derecho procesal penal mexicano, la acusación únicamente se puede dar una vez que finalice la investigación complementaria. De esto entonces, que hacer referencia al inculpado haya sido totalmente desatinado. En todo caso se tenía que haber hecho referencia al imputado, esto es, quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito.9 Es de suma importancia que se aprecie, que una cosa es “que no exista oposición del inculpado”, y otra muy distinta es “que el imputado acepte su responsabilidad”; cosa que sucede en la segunda oración; pero no en la oración en análisis.10 Una vez comprendido lo anterior, entonces es momento de entender a qué se refiere el texto constitucional cuando establece: “siempre y cuando no exista oposición …”. A mi parecer, dicha frase se refiere a que la persona —el mal llamado inculpado— no se oponga, esto es, que no proponga una razón o discurso contra lo que alguien dice. Cuando se hace referencia a que “no exista oposición” está diciendo que el inculpado deberá de estar conforme con lo que se propone.11 Dicha proposición, por como está redactada la oración, bien podría ser hecha por el Ministerio Público o por la víctima u ofendido; sin embargo, ha de estarse a lo que se determine en la ley, esto es, en el CNPP. De cualquier forma, a mi parecer, en este supuesto se estará ante un caso de “justicia consensuada”. En opinión de García Ramírez, esta oración hace referencia a “entendimientos o negociaciones” entre el Ministerio Público y el inculpado; en su opinión, la terminación anticipada corresponde al

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Cf. Artículo 112 CNPP. En sentido diverso, Valadez Díaz, Manuel: Procedimiento abreviado, pp. 12, 13. De una postura distinta, para quien también puede ser propuesto por el inculpado y sea aceptado por el agente del Ministerio Público, vid., Vázquez González de la Vega, Cuauhtémoc/ Bardales Lazcano, Erika: “Instituciones jurídicas del sistema de justicia acusatorio: su relación con el amparo”, p. 122.

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Ministerio Público, y esto se desprende de la frase “cuando no exista oposición del inculpado”.12 Pues bien, una vez que se cumplan con los requisitos previos, el texto constitucional también hace referencia a que se “podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley”. Esto es, cuando se hace referencia a la “terminación anticipada” se refiere a que no se llegará al fin del proceso por el medio ordinario; esto es, por el procedimiento ordinario. La terminación anticipada —el procedimiento abreviado— deberá de ser “en los supuestos” y “bajo las modalidades” “que determine la ley”.13 Es importante que se aprecie que el constituyente permanente hizo referencia al plural; nótese como dice “los supuestos”, no “el supuesto”; lo que indica que deberá de preverse en la ley dos o más supuestos. Ahora bien, el término supuesto significa suposición o hipótesis. El término modalidad significa modo de manifestarse algo. Entonces, cuando se hace referencia a los supuestos, se entiende que deberán de haber varias hipótesis; si no existieran varias hipótesis en la ley, no se estaría dando cumplimiento a lo que se exige en la CPEUM. Es de suma importancia poner atención a los términos que utilizó el constituyente permanente, toda vez que luego sucede, que algún doctrinario los modifica, para que estén en concordancia con lo que se establece en la legislación secundaria. En efecto, algún doctrinario

La reforma penal constitucional (2007-2008) ¿Democracia o autoritarismo?, p. 134. En sentido similar, Pérez Daza, Alfonso: “Artículo 20”, p. 474., para quien, el Ministerio Público realiza la propuesta al acusado para que decida si quiere esta forma anticipada del proceso, ya que deberá de entenderse que el caso está prácticamente perdido para ellos. En sentido contrario, para quien la CPEUM no menciona, ni expresa ni tácitamente, la posibilidad de que las partes efectúen negociaciones o celebren pactos, vid., Zamora Pierce, Jesús: Juicio oral. Utopía y realidad, p. 66. Término muy similar utilizó el constituyente permanente en el artículo 21, séptimo párrafo, CPEUM cuando hizo referencia a los criterios de oportunidad; dicho párrafo establece: “El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley”. Los supuestos y condiciones que fije la ley, se encuentran en los artículos 256, 257 y 258, todos ellos del CNPP; los supuestos están previstos únicamente en el artículo 256, en siete fracciones.

El procedimiento abreviado

dice que “la terminación anticipada del proceso debe realizarse en los “términos y bajo las condiciones que determine la ley”, es decir, observando el rito procesal establecido para ello, por lo que desde la misma sede constitucional existe un reenvío a la legislación secundaria como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales para el tratamiento de los “plazos, formalidades y requisitos de procedencia” que se deberán de cumplir para poder aplicar un procedimiento abreviado”.14 Lo dicho por el doctrinario no es acertado; amén de que cambia las palabras del constituyente permanente; dándole un significado totalmente diverso y por ende una interpretación equivocada. Cuando se hace referencia a “la ley” se entiende que se refiere al CNPP. No existe limitante alguna para que este procedimiento abreviado se aplique a cualquier delito.15 En opinión de un sector de la doctrina,16 de algunos miembros del poder judicial federal17 y de la SCJN,18 lo previsto en esta primera oración, constituye un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional; esto es, está haciendo referencia a los mecanismos alternativos de solución de controversia; cosa que es distinta al procedimiento abreviado. No coincido con esta postura, toda vez que el fundamento de los mecanismos alternativos de solución de controversias se encuentra en el artículo 17 CPEUM, párrafo cuarto que establece: “Las leyes preve-

Valadez Díaz, Manuel: Procedimiento abreviado, p. 12. De otra postura, con la que no se puede coincidir por como está redactado el precepto constitucional, vid., SCJN: Del sistema inquisitorio al moderno sistema acusatorio en México, p. 755., para quienes: “…, ya que la capacidad que ofrece para gestionar la problemática penal, reserva el juicio oral para los juicios de mayor complejidad y quizá de mayor interés para la sociedad”. 16 Ojeda Velázquez, Jorge: Derecho constitucional penal. Teoría y práctica. Addenda juicios orales, p. 1553. 17 Así se manifestaron los Magistrados y jueces integrantes de las mesas uno y cinco, del poder judicial de la federación, como se aprecia en las Actas de sesiones del 22 de abril de 2008. Vid. Comentarios a la reforma Constitucional en materia penal. Mesas redondas, pp. 44 y 217. 18 SCJN: Del sistema inquisitorio al moderno sistema acusatorio en México, p. 758. 14 15

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rán mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”.19 Más aún, el propio CNPP reconoce como formas de solución alterna del procedimiento: 1) el acuerdo reparatorio y 2) la suspensión condicional del proceso.20

II. SEGUNDA IDEA U ORACIÓN La segunda idea que se aprecia en el párrafo es la siguiente: Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia.

Es importante que se aprecie que en esta segunda oración el constituyente permanente no hace referencia al “inculpado”; ahora hace referencia a “el imputado”, y que como ya se vio, son cosas distintas. Esto hace que se aprecie el dislate del constituyente. Independientemente de lo anterior, en esta segunda oración, se establece que el imputado deberá de reconocer voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito ante la autoridad judicial, y existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. Si este fuera el caso, se citará para sentencia. Reconocer significa admitir como cierto algo; dicho reconocimiento deberá de ser voluntario, esto puede entenderse desde dos ópticas, una, que se hace por espontánea voluntad y no por obligación o deber o, dos, que nace de la voluntad, y no por fuerza o necesidad extrañas 19

Azzolini Bincaz, Alicia Beatriz: “Las salidas alternas al juicio: Acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso” p. 239., quien señala que es el artículo 17 CPEUM y también el artículo 20, apartado A, fracción VII de la CPEUM, en su primera oración. Es de suma importancia mencionar desde ahora, que desconozco de dónde haya sacado esta autora, así como otros varios doctrinarios, la idea de que en esa primera oración del artículo 20, apartado A, fracción VII, se prevé un mecanismo alterno de solución de controversias. Cf. Artículo 184 CNPP.