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LOS CRÃ‰DITOS DE LOS TRABAJADORES EN EL CONCURSO DE ACREEDORES

Colección Laboral (Fundada por IGNACIO ALBIOL MONTESINOS) Consejo científico:

JOSÉ MARÍA GOERLICH (Director) ÁNGEL BLASCO PELLICER JESÚS R. MERCADER UGUINA FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL REMEDIOS ROQUETA BUJ

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LOS CRÉDITOS DE LOS TRABAJADORES EN EL CONCURSO DE ACREEDORES

EDUARDO ENRIQUE TALÉNS VISCONTI

Profesor en el Departamento de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social Universitat de Valéncia

Valencia, 2017

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© De esta edición, Tirant lo Blanch y Publicacions de la Universitat de València Edita: Tirant lo Blanch Publicacions de la Universitat de València Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9143-471-9 ISBN: 978-84-9134-102-4 (PUV) IMPRIME Y MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/ empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

A Belén, por su cariño y comprensión

ÍNDICE LISTA DE ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS........................................... 11 1. INTRODUCCIÓN................................................................................... 13 2. ALGUNOS ASPECTOS PROCESALES RELACIONADOS CON EL RECONOCIMIENTO DE LOS CRÉDITOS LABORALES DENTRO DEL CONCURSO........................................................................................... 21 2.1. La competencia jurisdiccional en materia declarativa...................... 21 2.2. La competencia jurisdiccional en materia de ejecución de sentencia. 27 2.2.1. La regla general: la prohibición del Juez de lo Social de llevar a cabo ejecuciones separadas......................................... 27 2.2.2. La excepción: la continuación de la ejecución separada laboral iniciada con anterioridad a la declaración del concurso........................................................................................ 41 2.3. Reglas especiales sobre representación y defensa de los trabajadores en la reclamación de créditos........................................................... 48 2.4. Extensión del beneficio de justicia gratuita a favor de los trabajadores en el proceso concursal. ............................................................ 55 3. LA VÍA INCIDENTAL A SEGUIR Y ÓRGANO COMPETENTE EN MATERIA DE RECURSOS..................................................................... 61 4. LOS CRÉDITOS LABORALES CONCURSALES................................... 67 4.1. Su comunicación y reconocimiento................................................. 67 4.2. Los créditos laborales dotados con privilegio.................................. 81 4.2.1. El privilegio de carácter especial.......................................... 81 4.2.2. Los créditos refaccionarios de los trabajadores.................... 82 a) El elemento subjetivo: que los destinatarios del crédito sean trabajadores........................................................... 83 b) El elemento objetivo: que el trabajo haya sido realizado sobre unos bienes concretos........................................... 88 c) El elemento locativo: que pertenezcan o estén en posesión del empresario........................................................ 90 4.2.3. Reflexiones en torno a la institución del crédito refaccionario de los trabajadores en el concurso: una posible entelequia..................................................................................... 91 4.2.4. Los créditos laborales con privilegio general....................... 94 a) Los créditos salariales.................................................... 97 b) Los créditos indemnizatorios por la extinción del contrato de trabajo.............................................................. 104 c) Los créditos indemnizatorios por accidente de trabajo y enfermedad profesional.................................................. 108 d) Los créditos por recargo de prestaciones por el incumplimiento empresarial en materia de salud laboral............. 111

Índice

5. LOS CRÉDITOS LABORALES ORDINARIOS....................................... 113 6. LOS CRÉDITOS LABORALES SUBORDINADOS................................. 117 6.1. Por no comunicar la existencia del crédito laboral.......................... 118 6.2. Por corresponder con la parte destinada a cubrir intereses o recargos por mora................................................................................... 120 6.3. Trabajadores especialmente relacionados con el concursado........... 124 7. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CRÉDITOS DEVENGADOS CONTRA LA MASA........................................................................................ 133 7.1. Los salarios por los últimos 30 días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso: el denominado “superprivilegio” salarial.................................................................................................. 137 7.1.1. El elemento material: la referencia exclusiva a salarios........ 140 7.1.2. El elemento temporal: 30 días de trabajo efectivo anteriores a la declaración del concurso............................................... 141 7.1.3. El elemento cuantitativo: que no supere el doble del salario mínimo interprofesional...................................................... 144 7.2. Los créditos laborales devengados con posterioridad a la declaración del concurso............................................................................ 145 7.2.1. Los créditos salariales contra la masa.................................. 146 7.2.2. Créditos contra la masa por indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo..................................... 148 7.2.3. Los créditos contra la masa por recargos en materia de salud laboral........................................................................... 149 8. EL CRITERIO TEMPORAL: EL DEVENGO DE LAS INDEMNIZACIONES POR EXTINCIÓN DEL CONTRATO..................................... 153 9. LAS REGLAS DE PAGO “A SUS RESPECTIVOS VENCIMIENTOS” DE LOS CRÉDITOS LABORALES CONTRA LA MASA............................. 173 10. LA ORDENACIÓN Y PRELACIÓN DE LOS CRÉDITOS LABORALES CUANDO EL CONCURSO CONCLUYE POR INSUFICIENCIA DE MASA ACTIVA: LOS DENOMINADOS CONCURSOS SIN MASA...... 179 11. LA INTERVENCIÓN COMO PARTE DEL FOGASA............................ 191 11.1. El FOGASA y la garantía salarial.................................................... 191 11.2. El FOGASA como parte procesal.................................................... 198 CONCLUSIONES........................................................................................... 215 BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................. 223

LISTA DE ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS AA.VV.: Autores Varios. ALC: Anteproyecto de Ley Concursal. AJM: Auto del Juzgado de lo Mercantil. AP: Audiencia Provincial. BOE: Boletín Oficial del Estado. CE: Constitución Española. COORD: Coordinador. COORDS: Coordinadores. DIR: Director. DOL: Diario Oficial de la Unión Europea, serie L (“Legislación”). EM: Exposición de Motivos. ERE: Expediente de Regulación de Empleo. ET: Estatuto de los Trabajadores. FJ: Fundamento Jurídico FOGASA: Fondo de Garantía Salarial. LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil. LGP: Ley General Presupuestaria. LJCA: Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. LRJS: Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. LOPJ: Ley Orgánica del Poder Judicial. LPACAP: Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. LPL: Ley de Procedimiento Laboral. LC: Ley Concursal. LOC: Ley Orgánica para la reforma Concursal. NÚM: Número. OIT: Organización Internacional del Trabajo. op. cit: Opus Citatum. RAE: Real Academia de la Lengua. RD: Real Decreto. RDL: Real Decreto-Ley. REC.: Recurso. SAN: Sentencia de la Audiencia Nacional. SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial. SJM: Sentencia del Juzgado de lo Mercantil. SS.: Siguientes. STC: Sentencia del Tribunal Constitucional.

12 STS: STSJ: TC: TGSS: TRLGSS: TS: TSJ: VID:

Eduardo Enrique Taléns Visconti

Sentencia del Tribunal Supremo. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Tribunal Constitucional. Tesorería General de la Seguridad Social. Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social. Tribunal Supremo. Tribunal Superior de Justicia. Vide.

1. INTRODUCCIÓN La razón de ser de la institución concursal consiste en satisfacer de forma ordenada los créditos adeudados por parte de un empresario persona física o jurídica y, por definición, implica que el patrimonio del concursado no es suficiente para atender tempestivamente a todos y cada uno de los acreedores1. No en vano, de las sucesivas reformas legislativas llevadas a cabo en materia concursal se podría colegir una apuesta paulatina por la conservación de la empresa insolvente. En efecto, el eje de muchas de las medidas aprobadas recientemente gira en torno a la consecución de un Convenio (acuerdo sobre el régimen de pago de los compromisos dinerarios) o, en general, hacia la salvaguarda de la empresa insolvente, apostándose por diversas fórmulas tendentes a la prolongación de la actividad profesional o corporativa2. Significa, justamente, que el principio “solutorio” ya no es el único escenario posible dentro del concurso, ni tampoco el fin último que tutela nuestro Sistema de Derecho Concursal. En cualquier caso, que la continuación de la actividad empresarial sea hoy en día un principio rector de la ordenación concursal no significa, ni mucho menos, que la misma se alcance, siendo que, la liquidación y la consecuente desaparición de la empresa sería una de las consecuencias más comunes que últimamente suele llevar aparejada la incursión en un procedimiento concursal. Dejando de lado el incierto y binomial desenlace del concurso —Convenio o liquidación—, lo que incontestablemente ocurrirá dentro de este proceso será la satisfacción, en la medida de lo posible, de los débitos mantenidos por la empresa. Como se acaba de anticipar, las fórmulas tradicionales de rembolso de los créditos a sus respectivos acreedores, se canalizarán: bien a través de un Convenio celebrado por los acreedores y ratificado por el Juez del Concurso (donde se pueden pactar, entre otros aspectos, los plazos de devolución y la liberación o condonación de alguna parte del débito); o bien 1

El artículo 2.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal especifica que la declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común, procediendo a continuación a definir lo que se entiende por insolvencia. Esta serie de reformas partirían de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que sería, probablemente, la más importante de las acometidas en esta materia, a la que seguirían otras disposiciones legislativas, tales como: la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial; Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal; o Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas del orden social.

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con la liquidación de los haberes de la empresa y con ello su total desmantelamiento (cuyo remanente será repartido según el orden establecido en la propia Ley Concursal); o incluso, conectada con esta última solución, cabría también intentar la venta de toda la empresa o de alguna unidad productiva por medio de cualquiera de las formas permitidas en derecho (tradicionalmente, la compraventa de empresa). Todas y cada una de estas formas de concluir con el proceso concursal encierran una larga serie de inconsistencias y complejos problemas de interpretación, con una evidente proyección práctica. Sin embargo, su análisis escapa de los propósitos de este estudio, que se centrará exclusivamente en el reconocimiento, clasificación y régimen de pago de los créditos derivados del contrato de trabajo, escenario que también presenta bastantes complicaciones en cuanto a su exégesis. El análisis de los créditos laborales dentro del concurso constituye, además, una materia con una gran trascendencia práctica y una evidente cotidianeidad en el desarrollo del todo proceso concursal. Ciertamente, como ya he anticipado, una tarea inherente a todo proceso concursal consiste, precisamente, en reconocer y ordenar los créditos mantenidos por la empresa insolvente, con independencia del resultado o devenir que éste adquiera con posterioridad. La concurrencia de créditos impagados en una misma entidad empresarial, consustancial a la figura del deudor universal, tiene como presupuesto el establecimiento de reglas de preferencia que terminan por situar a ciertos acreedores en una posición más esperanzadora que otros. Decimos por tanto que un crédito goza de preferencia cuando jurídicamente deba ser atendido, pagado o satisfecho antes que otro u otros3. Tal y como se está afirmando, la existencia de un procedimiento concursal lleva aparejada la idea de la ejecución universal de créditos, ocasionada por la presencia de una pluralidad de deudas a las que, en principio, la empresa no puede hacer frente. Por ello, resulta imprescindible que se produzca una cierta ordenación de los créditos adeudados, puesto que, en caso contrario, de permitirse ejecuciones singulares dentro de esta institución, los acreedores más avispados o tal vez, los mejor informados, podrían cobrar íntegramente el importe que se les adeuda, mientras que los restantes podrían llegar a no obtener nada. En consecuencia, parece evidente que habría que establecer normativamente una ordenación efectiva de créditos concursales o, si se prefiere, una cierta prelación, para 3

Definición extraída de RÍOS SALMERÓN, B. “La Ley Concursal y los créditos laborales”. En La Ley Concursal y los aspectos sociales (RÍOS SALMERÓN, B. Y SEMPERE NAVARRO, A.V. Dirs). Ed. Laborum. 2004. Página 297.

Los créditos de los trabajadores en el concurso de acreedores

asegurar de este modo el cobro de las deudas de aquellos acreedores más débiles, los peor informados, los que ostentan un crédito garantizado o cualesquiera a los que el legislador considere merecedores de algún tipo de privilegio. De esta manera, las reglas sobre la preferencia crediticia se convierten en algo inherente a los procedimientos concursales que, al mismo tiempo, estarían guarnecidas de un carácter imperativo. Por este motivo, estas normas de prelación deben de ser respetadas obligatoriamente por todos los sujetos que participan de esta institución, en especial, por el deudor y por los órganos necesarios del mismo, a la sazón: la administración concursal y el propio juez ordenador del concurso. Los créditos que los trabajadores mantienen con el empresario no son ajenos al sistema de prelación contemplado por la Ley Concursal. Significa, por tanto, que los trabajadores no pueden reivindicar los importes adeudados por parte del empresario al margen del concurso de acreedores. En concreto, la referida aseveración conjetura que los trabajadores no podrán solicitar del Juez de lo Social que ordene el pago de sus créditos. Su explicación reside en que dentro de esta institución no pueden, ni deben, producirse ejecuciones singulares. En este sentido, los importes adeudados se tendrán que satisfacer según las reglas imperativas establecidas en la propia Ley Concursal que, por lo demás, dedica una extensión bastante considerable dentro de su articulado a resolver el problema “solutorio”. Siguiendo con los créditos laborales dentro del proceso concursal, es dable destacar que la Ley 22/2003, de 9 de julio, vino a terminar con el tradicional privilegio que los trabajadores venían disfrutando con anterioridad a su promulgación y que encontraba sustento en el artículo 32 ET, que seguía aplicándose en las situaciones de quiebra y suspensión de pagos. Con el advenimiento del texto concursal se incorporó en el citado precepto estatutario un apartado quinto que pasó a prevenir que las preferencias reconocidas en los apartados precedentes son de aplicación en todos los supuestos en los que: “no hallándose el empresario declarado en concurso, los correspondientes créditos concurran con otro u otros sobre bienes de aquél”. En este sentido, cuando el inconveniente crediticio se produzca cuando el empresario esté en concurso de acreedores resultarán de aplicación las reglas contenidas en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, relativas a la clasificación y ejecución de los créditos laborales. Por esta razón, la doctrina laboralista ha venido hablando en este punto de “poda de privilegios” sobre los créditos de los trabajadores cuando

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la empresa está en concurso4. Sin embargo, desde mi punto de vista, la Ley Concursal no ha eliminado, en su aspecto sustantivo, el contenido del precepto estatutario. Antes al contrario, ha optado por extrapolar sus previsiones a las situaciones de insolvencia empresarial. En este sentido, el texto concursal reproduce casi al milímetro el tenor del artículo 32 ET. En concreto, la Ley Concursal contempla una suerte de “superprivilegio” para los créditos devengados en los últimos 30 días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso; un privilegio especial para los créditos refaccionarios de los trabajadores; y un privilegio general ordinario casi idéntico al desprendido del citado precepto estatutario. Con todo, no es menos cierto que pese a que materialmente las prerrogativas de los créditos laborales dentro del concurso sean prácticamente coincidentes, el nivel de protección dentro y fuera de esta institución es ligeramente distinto, cuestión natural si tenemos en cuenta que dentro de este último procedimiento existen otra serie de acreedores y que, razonablemente, en el mismo debe de reinar el principio de ejecución universal. Por consiguiente, si alcanzamos a comprender que cuando la insolvencia del empresario es generalizada y que, por tanto, dentro de este proceso debe de producirse una cierta ordenación de los acreedores, evitándose de este modo que a través de ejecuciones singulares se pueda dañar el derecho de otros sujetos, se observará con menos recelo la pérdida de vigencia del artículo 32 ET. Así, de no existir una ordenación de los distintos créditos concursales, los trabajadores podrían ver como desaparecen sus aspiraciones de cobro, por más que siguiera vigente en esta sede el contenido del artículo 32 ET. Esto se daría siempre que su respuesta frente al crédito ostentado fuera tardía y, consecuentemente, se vea sobrepasada por la reacción de otros acreedores. De esta forma, entendida la institución concursal como una interdicción a la hora iniciar ejecuciones singulares para el cobro de los distintos créditos que soporta la empresa, no se produciría, desde mi punto de vista, ninguna poda aparente de privilegios respecto de los representados por los trabajadores, sino una mayor protección de los mismos, al someterse a unas reglas de juego idénticas que vienen marcadas por unos criterios de ordenación establecidos ex lege y que, como se verá a lo largo de las siguientes líneas, brinda a los créditos laborales una significativa primacía. Sin embargo, sí que cabría admitir que, en cierto sentido, los créditos laborales han perdido la delantera en algunos puntos concretos, si se com4

Por ejemplo, en MERCADER UGUINA, J.R. Salario y crisis económica. Ed. Tirant lo Blanch. 2011. Página 290.

Los créditos de los trabajadores en el concurso de acreedores

para esta situación con la eventual concurrencia crediticia ocasionada fuera del concurso. Así, por ejemplo, respecto a los salarios por los últimos 30 días de trabajo efectivo habría que destacar que dentro del artículo 32.1 ET gozan de preferencia por encima de otra serie de créditos, incluyendo los garantizados por prenda o hipoteca, extremo que no sucedería dentro del concurso, puesto que del artículo 154 LC se infiere que “las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa —entre los que se encuentra el acabado de citar— se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial”. Respecto a los créditos refaccionarios laborales hay que tener en cuenta, asimismo, que la norma concursal (artículo 155.3 LC) atiende a un criterio temporal cuando sobre un mismo bien se encuentra afecto más de un crédito con privilegio especial, siendo que, fuera de esta situación las deudas laborales se anteponen frente a “cualquier otro crédito” (artículo 32.2 ET). Por su parte, los créditos con privilegio general deberán aguardar al pago de los créditos contra la masa, así como a los que se efectúen con cargo a bienes afectos con privilegio especial y, todo ello, dentro del orden jerárquico que establece el artículo 91 LC que, no en vano, mantiene a los trabajadores en su posición más delantera (artículo 156.1 LC). Por su parte, en el Estatuto de los Trabajadores se reconoce un privilegio general frente a cualquier otro crédito, excepto cuando éstos concurran junto con otros que reivindiquen un derecho real, en cuyo caso estos últimos pasarían por delante. En esencia, esta regla no se altera demasiado por la ordenación concursal, puesto que los créditos con privilegio especial contemplados en el artículo 90 LC son, en su mayoría, derivados por derechos reales y los que se devengan contra la masa son, como se tendrá ocasión de ver en este estudio, generados por la continuidad de la actividad empresarial y, por definición, ajenos a la comunicación y ordenación propia de los créditos concursales, por lo que quedarían al margen de estas consideraciones. Como se ha podido apreciar, el régimen jurídico de la Ley Concursal no altera de forma sustancial los privilegios que viene disfrutando el crédito laboral fuera del concurso. Antes al contrario, el legislador ha optado por trasladar dichas prerrogativas a un escenario de insolvencia generalizada, intentando compadecer, como es natural, con otra serie de intereses y principios que rigen este procedimiento especial. Por ello, de forma comprensible, van a existir ligeras discrepancias entre la protección dispensada por el Estatuto de los Trabajadores y la prevista por la Ley Concursal. Con todo, con el paso del tiempo, las sucesivas reformas legislativas acontecidas en el terreno concursal han intentado corregir algunas disfuncionalidades normativas y mejorar, de manera paulatina,

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algunos aspectos relativos a la preferencia de los créditos adeudados a los trabajadores. Así, por ejemplo, se ha incluido el adjetivo “efectivo” dentro del artículo 84.2.1º LC, referido a los salarios de los últimos 30 días trabajados anteriores a la declaración de concurso, con el fin de disipar, ex lege, posibles dudas interpretativas sobre el cómputo de los mismos. También se ha esclarecido la incertidumbre preexistente sobre la facultad del administrador concursal de alterar el pago de los créditos contra la masa que, ahora, sabemos que deben de respetar siempre y en todo caso a los devengados a favor de los trabajadores (artículo 84.3 LC). Estas modificaciones pretenden mejorar la posición de los trabajadores dentro del concurso, recalcando sus privilegios y corrigiendo las disfuncionalidades que pudieran apartarlos de este designio. A ello también ha contribuido, en algunos casos, la determinación mantenida por los órganos judiciales, por ejemplo, en la interpretación del artículo 176 bis LC, que viene referido al pago de los créditos en los denominados concursos sin masa, cuando el Tribunal Supremo5 opta por considerar que el límite representado para los salarios e indemnizaciones debe de computarse por separado, alcanzándose de este modo unas mayores cuantías y, con ello, una significativa protección de los trabajadores. Como tendremos ocasión de ver a los largo de las siguientes páginas, los créditos laborales disfrutan dentro de la ordenación concursal de una posición relevante en lo que se refiere a las expectativas de cobro, siendo que, además, encuentran la protección de una administración pública —como es el caso del Fondo de Garantía Salarial, con sus respectivas limitaciones—. Esta idea no proviene en exclusiva de nuestro legislador, ya que viene siendo auspiciada por diferentes organismos internacionales desde hace ya un tiempo. En este sentido, el Convenio número 173 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre protección de créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, ratificado por España con fecha de 16 de mayo de 1995, impone a los Estados que son parte, a través de su artículo 5, que en caso de insolvencia los créditos adeudados a los trabajadores “deberán quedar protegidos por un privilegio”. Junto con ello, dicho precepto añade que estos créditos serán pagados con cargo a la masa activa del deudor “antes que los acreedores no privilegiados puedan cobrar la parte que les corresponda”. Tales exigencias fueron cumplidas de manera holgada por parte del legislador español, que vino a configurar la sistemática de los créditos concursales laborales con base a una serie de

STS de 2 de julio de 2014, recud. 1281/2013.

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privilegios que suponen, de facto, una preferencia real del cobro de éstos por encima de otra serie de acreedores. Así, en primer lugar, los trabajadores pueden reivindicar dentro del concurso un privilegio especial, con preferencia absoluta sobre los bienes afectos a refacción. Se trata de aquellos bienes elaborados por parte de los trabajadores, siempre y cuando continúen siendo propiedad del empresario. En este sentido, sobre estos concretos bienes —y no así sobre otros distintos— la prioridad de los créditos laborales anejos a los mismos se encuentra por delante de cualquier otro, salvo que concurra otro acreedor con un privilegio especial sobre dicho bien, en cuyo caso se ordenarán conforme a las reglas prior in tempore. Los créditos derivados del contrato de trabajo también alcanzan a los dotados con privilegio general, esta vez con cargo a todos los bienes —haberes— del concursado, cuya satisfacción se efectuará por delante de otros créditos según la ordenación jerárquica establecida en el artículo 91 LC. El artículo 7.1 del Convenio número 173 de la OIT permite al legislador nacional limitar el alcance del privilegio de los créditos laborales a un monto prescrito, aunque no lo defiere a ninguna cantidad concreta, sino que establece que éste “no deberá ser inferior a un mínimo socialmente aceptable”, escenario que deja un amplio margen de maniobra para los Estados a los que resulta de aplicación dicha normativa internacional. De esta suerte, el legislador concursal español optó por establecer sobre algunos créditos derivados del contrato de trabajo un límite consistente en el triple de salario mínimo interprofesional, para denotar con ello la parte del mismo que recibirá un tratamiento privilegiado. Así, aquel importe que exceda del linde legal fijado por el artículo 91.1.1º LC recibirá un tratamiento ordinario —que dicho sea de paso, supone el escenario habitual de cualquier empresa en concurso, cuyo grueso crediticio va a estar compuesto por débitos calificados como ordinarios—. También existen algunos resquicios donde tendrían cabida créditos laborales dentro de los calificados como subordinados, en los términos que se verá más adelante en profundidad y cuyo régimen de pago se sitúa, como es de esperar, en el último eslabón dentro de la prelación concursal, con unas posibilidades de cobro más que reducidas o prácticamente inexistentes. En cualquier caso, la presencia de créditos laborales dentro de la última posición es bastante residual. En último término, aunque por su importancia deberían de situarse en primer lugar, estarían todos aquellos créditos devengados contra la masa que, en líneas generales, coinciden con los nacidos una vez declarado el concurso de acreedores. Dentro de esta clasificación también será habitual que encontremos créditos derivados del contrato de trabajo. En esencia,

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éstos estarán presentes siempre que la empresa mantenga su actividad con posterioridad a la declaración de concurso y, con ello, disponga de trabajadores en plantilla. Todos estos créditos, laborales en nuestro caso, deberán de hacerse efectivos a sus “respectivos vencimientos” y ante una eventual liquidación o aprobación de Convenio concursal serán los primeros en cobrar, deduciéndose su pago con anterioridad al de los créditos concursales. En este sentido, como tendremos ocasión de ver con mayor detenimiento a lo largo del presente estudio, los créditos contra la masa se sitúan al margen de la clasificación concursal y por ello no entran dentro de las reglas de comunicación y ordenación crediticia. En consecuencia, reciben un tratamiento distinto al del resto de los créditos, que tradicionalmente vienen denominándose como “concursales” y que vendrían representados por los devengados con anterioridad a la declaración del concurso.