Issuu

EL LEGADO DE LAS CORTES DE CÁDIZ PILAR GARCÍA TROBAT REMEDIO SÁNCHEZ FERRIZ Coordinadoras ANDREA ROMANO ANTONIO-FILIU FRANCO PÉREZ ANTONIO TORRES DEL MORAL CARLOS TORMO CAMALLONGA CAYETANO NÚÑEZ RIVERO EDUARD TARNAWSKI ENRIQUE BASAURI FRANCISCA RAMÓN FERNÁNDEZ FRANCISCO JAVIER PALAO GIL FRANCISCO ZÚÑIGA URBINA IGNACIO DURBÁN MARTÍN JAVIER GUILLEM CARRAU JOAQUÍN DURBÁN MARTÍN JOAQUIN MARTÍN CUBAS JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO JOSÉ ANTONIO YBORRA LIMORTE JOSÉ ASENSI SABATER JOSÉ BARRAGÁN BARRAGÁN

JUAN JACOBO NÚÑEZ MARTÍNEZ JULIA SEVILLA LORENZO COTINO HUESO LLUÍS AGUILÓ LÚCIA MANUEL CHUST CALERO MANUEL MARTÍNEZ SOSPEDRA MARÍA NÚÑEZ MARTÍNEZ MARÍA PILAR HERNANDO SERRA MARÍA ROSA RIPOLLÉS SERRANO MARIANO PESET MARTA LORENTE SARIÑENA PILAR GARCÍA TROBAT REMEDIO SÁNCHEZ FERRIZ RICARDO SANÍN RESTREPO RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU SERGIO VILLAMARÍN GÓMEZ TERESA SEVILLA VICENTE J. NAVARRO MARCHANTE

Valencia, 2011

Copyright ® 2011 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www.tirant.com).

Ilustración de la portada: Oratorio de San Felipe Neri Marina de Bernardo

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es I.S.B.N.: 978-84-9004-441-4 MAQUETA: PMc Media Si tiene alguna queja o sugerencia envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia por favor lea en www.tirant.net/index.php/ empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

ÍNDICE PRESENTACIÓN ........................................................................................

PRÓLOGO ...................................................................................................

PARTE PRIMERA ORÍGENES DOCTRINALES Y ESTABLECIMIENTO DE LAS CORTES 1. CÁDIZ: RECEPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONSTITUCIONALISMO ...................................................... ANTONIO TORRES DEL MORAL

2. CORTES E PARLAMENTI COSTITUENTI NEL MEDITERRANEO ANTINAPOLEONICO ............................................................ ANDREA ROMANO

3. EL DESENLACE DE UNA REPÚBLICA CORONADA. (Una aproximación desde la política internacional a la génesis y consecuencias de la Constitución de Polonia de 1791) ............ EDUARD TARNAWSKI 4. CONSTITUCIÓN, LEY Y ORDEN PÚBLICO EN LAS CORTES DE CÁDIZ.......................................................................................... JOSÉ ASENSI SABATER 5. LA PERSPECTIVA INTERNACIONAL DE LAS CORTES DE CÁDIZ ................................................................................................ JULIA SEVILLA TERESA SEVILLA 6. ACOTACIONES SOBRE LOS ORÍGENES DEL PARLAMENTARISMO, EL REGLAMENTO PARLAMENTARIO Y LA ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA .............................................. MARÍA ROSA RIPOLLÉS SERRANO

119

139

165

ÍNDICE

PARTE SEGUNDA DERECHOS Y LIBERTADES 1. LABOR DE LAS CORTES DE CÁDIZ EN PRO DE LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD ..................................................................... REMEDIO SÁNCHEZ FERRIZ

191

2. LA CONSTITUCIÓN DE 1812 Y LAS UNIVERSIDADES........... MARIANO PESET

229

3. LA CUESTIÓN RELIGIOSA EN LAS CORTES DE CÁDIZ ........ CAYETANO NÚÑEZ RIVERO

259

4. LA LIBERTAD DE IMPRENTA, ALIADA DE LA REVOLUCIÓN .................................................................................................. PILAR GARCÍA TROBAT

285

5. EL DECRETO IX DE LAS CORTES DE CÁDIZ DE 1810 SOBRE LA LIBERTAD DE IMPRENTA ............................................ VICENTE J. NAVARRO MARCHANTE

335

6. EL GRITO DE DOLORES EN MÉXICO Y LA PRENSA INDEPENDENTISTA ................................................................................ JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO

355

PARTE TERCERA MEDIDAS ECONÓMICAS 1. EL DECRETO CCLXII, DE 8 DE JUNIO DE 1812, SOBRE LA LIBERTAD DE INDUSTRIA, OFICIO Y TRABAJO .................... JOSÉ ANTONIO YBORRA LIMORTE 2. PATENTES, LIBRE COMPETENCIA Y MERCADO INTERIOR: BASES DEL LIBERALISMO ECONÓMICO EN LOS INICIOS DEL S. XIX ....................................................................................... JAVIER GUILLEM CARRAU 3. GREMIOS VERSUS LIBERTAD DE INDUSTRIA EN LAS CORTES DE CÁDIZ DE 1812 ................................................................. FRANCISCA RAMÓN FERNÁNDEZ

375

391

415

ÍNDICE

4. DERECHOS INDIVIDUALES, DERECHOS CORPORATIVOS: EL DECRETO LX DE 22 DE ABRIL DE 1811 ............................. CARLOS TORMO CAMALLONGA 5. LA PROPIEDAD Y LA LIBERTAD DE EMPRESA EN EL PRIMER ESTADO LIBERAL ESPAÑOL ............................................. MARÍA NÚÑEZ MARTÍNEZ JUAN JACOBO NÚÑEZ MARTÍNEZ

9 433

455

PARTE CUARTA AMÉRICA EN CÁDIZ 1. LAS CORTES DE CÁDIZ Y SU TRASCENDENCIA AMERICANA....................................................................................................... MANUEL CHUST CALERO 2. NACIÓN ESPAÑOLA E INSTRUCCIONES AMERICANAS ....... MARTA LORENTE SARIÑENA 3. LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ O LA ANTIMATERIA DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA .......................................... RICARDO SANÍN RESTREPO 4. PERTENENCIA NACIONAL, IGUALDAD Y REPRESENTACIÓN. LOS DECRETOS DE 15 DE OCTUBRE DE 1810 Y 9 DE FEBRERO DE 1811 SOBRE LA REPRESENTACIÓN AMERICANA EN CORTES .......................................................................... MANUEL MARTÍNEZ SOSPEDRA 5. LA “CUESTIÓN CUBANA” EN LAS CORTES DE CÁDIZ .......... ANTONIO-FILIU FRANCO PÉREZ

467 485

511

529 569

PARTE QUINTA CÁDIZ EN AMÉRICA 1. CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ORÍGEN GADITANO EN EL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO............ JOSÉ BARRAGÁN BARRAGÁN

601

ÍNDICE

2. LA IMPLANTACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS ELECCIONES INDIRECTAS EN CÁDIZ Y EN EL CONSTITUCIONALISMO LOCAL MEXICANO DE 1824-1827 ............................................... ENRIQUE BASAURI 3. CÁDIZ Y SU INFLUENCIA EN LA INDEPENDENCIA Y CONSTITUCIONALISMO LIBERAL DE CHILE .................................... FRANCISCO ZÚÑIGA URBINA

643

683

PARTE SEXTA VALENCIA Y LAS CORTES 1. CÁDIZ 1812, IMAGINARIO AUSTRÍACO Y CONSTITUCIÓN BORBÓNICA .................................................................................... SERGIO VILLAMARÍN GÓMEZ

715

2. DE JUNTAS A CORTES. LAS JUNTAS DE VALENCIA Y LAS CORTES DE CÁDIZ ......................................................................... MARÍA PILAR HERNANDO SERRA

735

3. VALENCIANOS EN CÁDIZ ............................................................ FRANCISCO JAVIER PALAO GIL

761

4. JOAQUÍN LORENZO VILLANUEVA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812 ................................................................................................... LLUÍS AGUILÓ LÚCIA

795

5. FRANCISCO XAVIER BORRULL Y LA CONSTITUCIÓN DEL ANTIGUO REINO DE VALENCIA ................................................. IGNACIO DURBÁN MARTÍN

815

PARTE SÉPTIMA AYER Y HOY 1. EL CONSTITUCIONALISMO FUNDACIONAL EN AMÉRICA LATINA Y SU EVOLUCIÓN: ENTRE EL CONSTITUCIONALISMO CRIOLLO Y EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO ............ RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU 2. EL SISTEMA ELECTORAL EN ESPAÑA: DE LAS CORTES DE CÁDIZ A LOS PROYECTOS DE REFORMA DEL SIGLO XXI.. JOAQUÍN MARTÍN CUBAS

827

859

ÍNDICE

3. PROPUESTAS PARA UNA EFICAZ CAMPAÑA DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812, ESPECIALMENTE EN INTERNET ................................................................................. LORENZO COTINO HUESO

889

PRESENTACIÓN Como en todo libro colectivo, dotar de cierta sistemática a las diversas contribuciones que lo componen no resulta tarea fácil. En esta breve presentación tratamos de explicar las pautas seguidas en su orden aunque en el fondo no es más que un pretexto para volver a manifestar nuestra gratitud a todos los autores. Con el ánimo inicial de destacar la labor de las Cortes reunidas hace 200 años en Cádiz, e incidiendo especialmente en aquellos decretos y órdenes con que, antes incluso de la redacción del texto constitucional, se intentó una radical mutación del ordenamiento jurídico, convocamos y celebramos un Congreso el pasado mes de noviembre en Valencia. De inmediato, el interés de las ponencias públicamente defendidas en dicho marco institucional así como la relevancia de las comunicaciones remitidas, hizo que fuéramos más allá del ámbito que en un principio nos propusimos. Tratándose de un objeto de estudio tan amplio y siendo, quienes iniciamos y continuamos el proyecto, universitarios de diferentes áreas de conocimiento, debíamos hallar un hilo conductor con el que presentar una mínima ordenación de los trabajos... Mutatis mutandis puede que, quienes más directamente hemos intentado coordinar esta publicación, nos hayamos encontrado con la misma dificultad de quienes, hace tantos años, intentaran ofrecer una idea unitaria y sistemática de lo ocurrido en estas Cortes. Hemos agrupado bajo epígrafes amplios los trabajos que ofrecían similitud siquiera en su tema, aun con enfoques diferentes y sin descartar que algunos de ellos pudieran tener una doble ubicación en atención a sus contenidos, no siempre unívocos. Desde el primer momento se prefirió la libertad de los autores en su personal reflexión sobre tan significadas Cortes, al sometimiento de tales contribuciones a rigurosas pautas metodológicas y/o de enfoque que hubieran limitado el valor de sus aportaciones. Por lo demás, la autoridad científica y académica de quienes tan generosamente participan en la obra pesaba más, sin duda alguna, que la estricta reconducción de su contenido a un sistema que dudosamente podríamos hallar en tan dilatado objeto de estudio.

PRESENTACIÓN

Sin perjuicio de la diversidad de áreas aludida, y de la incuestionable diversidad de puntos de vista derivada, además, de las preferencias temáticas de cada autor (en un ámbito como el de unas Cortes que asumieron todo y todo lo intentaron renovar) no ha sido difícil reunir en un bloque temático las colaboraciones que estudian cuantas medidas adoptaron las Cortes a través de los mencionados decretos y órdenes bajo la inspiración de la libertad e igualdad como expresión de la reforma social que las mismas emprendieron. Tampoco resultó complicado organizar las medidas económicas de las que se ocupan otro grupo de investigadores. No cabe desconocer que las medidas estudiadas en uno y otro grupo de colaboraciones, respondían a una ideología, la liberal, y a su peculiar modo de manifestarse entre los diputados de Cádiz. Por ello, es de agradecer que algunos colegas nos hayan ofrecido sus respectivas colaboraciones sobre los orígenes ideológicos de las Cortes que bien podríamos haber titulado marco ideológico en el que las Cortes de Cádiz se insertan, modificándolo o aportando sus peculiaridades, y que trascendieron años después a otros movimientos revolucionarios. Siendo la reflexión ideológica la idea que permitía la agrupación, no se ha considerado determinante aquí el criterio estrictamente cronológico. Sin perjuicio de la nacionalidad de los colegas que han detenido su atención en alguno de los múltiples problemas que la representación americana en las Cortes planteara en su día, no podíamos pasar por alto dicha perspectiva americana, bien por tratarse de trabajos que refieren la presencia de intereses americanos en Cádiz, como de trabajos que destacan la influencia que la obra de las Cortes tuvo en los diversos territorios de la entonces España de ultramar. Por último, hay dos bloques de colaboraciones que responden a otros criterios pero que, en todo caso, se vinculan al marco geográfico e institucional en el que se inició esta conmemoración. Apenas si requiere justificación el bloque referido a la presencia de valencianos en Cádiz; lógico es que desde la Universidad de Valencia se inquiera, una vez más, sobre nuestra contribución en la construcción del nuevo Estado que nacía en Cádiz. Sin embargo, las últimas contribuciones, agrupadas en un genérico título “ayer y hoy” tratan de subrayar, no tanto la obra del pasado que ahora se homenajea, sino su pervivencia; la vigencia de un legado que, por ello, debe ser recordado y mostrado a las jóvenes generaciones aun cuando para ello, en la medida de lo posible, hayamos de recurrir, también, a las nuevas tecnologías.

PRESENTACIÓN

En definitiva, firmas autorizadas de consagrados especialistas junto a jóvenes profesores deslumbrados, todos, por la obra de unas Cortes que ya no forman parte de los contenidos básicos de la enseñanza, colegas de uno y otro lado de la doble revolución y/o independencia… No en vano es difícil (y atrevido) un intento de sistematización. Si al final se ha llevado a cabo responde, por supuesto, a la confianza en que los autores sabrán comprender las dificultades y disculpar los errores … Cualquiera que hubiera sido la ordenación última de los trabajos, sí hay una muy especial contribución que no queremos silenciar. El prólogo del profesor Peset nos muestra lo difícil de reconducir a sistema un mundo de ideas, de intereses, de creencias, en el período en que todo ello se sometía a revisión dando paso, por vez primera, a una multiplicación de sujetos “con voz y voto” de dimensiones hasta entonces desconocidas. Nuestra gratitud a todos los colegas y, de modo muy especial, a nuestro colega, amigo y maestro, Mariano Peset.

PRÓLOGO El pasado año conmemoramos el segundo centenario de la convocatoria y apertura de las cortes en Cádiz, momento esencial del inicio de nuestra historia contemporánea. En 1789 la revolución francesa había reunido la asamblea nacional y había proclamado la soberanía de la nación y los derechos del hombre y del ciudadano; la constitución de 1791 estableció la división de poderes… Comenzaba la época contemporánea que destruyó la monarquía secular y sus viejas estructuras políticas y sociales: la nobleza francesa y la iglesia perdieron sus bienes y privilegios, mientras una nueva clase social emergente conquistaba el poder. Inglaterra había hecho la revolución en 1688 sin atacar a la iglesia anglicana, ni prescindir de la aristocracia; tras destronar a los Estuardo, la dinastía de Guillermo de Orange estableció libertades y compartió el poder con las cámaras de lores y comunes. Un siglo después, al independizarse, los Estados Unidos inauguraban en 1787 la senda de las constituciones escritas unitarias. Ante los sucesos revolucionarios de Francia, el emperador de Austria y Alemania y el zar ruso, temiendo el contagio, se coaligaron para sofocarlos y restablecer el poder de Luis XVI. Inglaterra se unió a ellos —Edmund Burke justificó las razones de su intervención—. Pero la Francia revolucionaria resistió gracias a la convicción y el entusiasmo de los ciudadanos, la decisión de sus dirigentes y la pericia de sus generales. Europa vivió un periodo de largas y cruentas guerras… La monarquía hispana de Carlos IV —había sido coronado en 1788— no participó en las coaliciones, por estar ligada por los pactos de familia entre las dos ramas Borbón. Su ministro, el conde de Floridablanca, aunque no sabía el derrotero que tomarían los acontecimientos, situó un cordón de tropas en los Pirineos y dictó órdenes precisas sobre extranjeros residentes y transeúntes —“el miedo de Floridablanca”, denomina a estas medidas la historia—. Cayó pronto, fue confinado en el castillo de Pamplona, aunque luego se le permitió fijar su residencia en Murcia. Durante unos meses le sucedió en el gobierno el conde de Aranda. En 1792 el pueblo de París se levantó contra Luis XVI, asaltó las Tullerías y el monarca se refugió en la asamblea, que le suspendió de sus funciones. España no tuvo más remedio

MARIANO PESET

que entrar en guerra; en un primer momento la suerte le fue favorable, ocupó una zona más allá de los Pirineos. Pero Aranda pensaba que debía alcanzarse la paz y en el consejo de estado lo hizo presente al monarca, enzarzándose con Manuel de Godoy; Carlos IV levantó la sesión y mostró su desagrado: el conde fue desterrado a Jaén, luego a la Alhambra, de donde se le permitió retirarse a sus estados. Godoy, protegido de la reina María Luisa, pasó a primer plano de la escena política y, ante el retroceso de las tropas españolas, alcanzó la paz de Basilea (1795), que le valió el título de Príncipe de la Paz entre otras altas distinciones. Un año después Carlos IV reanudaba la amistad con Francia por el tratado de San Ildefonso y declaraba la guerra a Inglaterra, que atacó Cádiz y el Ferrol y algunas zonas de la América hispana. Con Godoy, así como con los ministros que le sucedieron, la monarquía hispana estuvo al lado de Francia, del directorio y del consulado. Napoleón Bonaparte, que había mostrado su genio militar en Italia y en Egipto, regresó a Francia en 1799 y, mediante el golpe de estado de 18 de brumario, sustituyó el directorio por un consulado de tres personas, presidido por él. Continúa la contienda contra las potencias coaligadas, y a su instancia España se enfrenta con Portugal en una guerra de días, para separarlo de Inglaterra —la “guerra de las naranjas”, por el ramo que Godoy envió a la reina para anunciarle la victoria—. Los triunfos del general corso condujeron a la paz de Amiéns en 1802. El senado prorrogó su consulado por diez años, y mediante un plebiscito fue nombrado cónsul vitalicio. En 1804 el senado, con otro plebiscito, lo elevó a emperador y fue coronado por el pontífice Pío VII en Notre Dame. La revolución parece estabilizada y consolidada y se forma la tercera coalición contra el emperador de los franceses. España ha de seguir su suerte, la escuadra francoespañola es derrotada en Trafalgar (1805), pero sus victorias continentales permiten al emperador firmar la paz de Presburgo con Austria. Italia queda en sus manos y crea estados dependientes, como también la confederación del Rin en el oeste de Alemania. La cuarta coalición, contra Inglaterra, Rusia, Prusia y Suecia terminaría por la paz de Tilsit (1807), fue favorable a Bonaparte una vez más. Esta era la situación de Europa en los años anteriores a la reunión de las cortes en Cádiz: tiempos de revolución y de guerra, Napoleón dominaba Europa con sus victoriosas campañas y España estaba uncida al trono imperial. En 1808 Napoleón invadió la península con el pretexto de conquistar Portugal, aliado de Inglaterra. Una vez introducidos sus ejércitos forzó a los Borbones a renunciar al trono en favor de su hermano José. El 2 de mayo de 1808 se alzó el pueblo en Madrid y en otras ciudades españolas. Fernando

PRÓLOGO

VII en carta de 22 de agosto daba la enhorabuena al emperador por “ver instalado a su querido hermano el rey José en el trono de España”. En diversas capitales se levantaron juntas políticas de funcionarios de la Corona y ciudadanos notables, que, ante la ausencia del rey, asumieron el poder, aseguraron el orden y resistieron con el apoyo del ejército y de las tropas inglesas de lord Wellington, que, con reticencias, fue al final nombrado general supremo por la regencia. Las juntas, en nombre del rey, se consideraron soberanas en su territorio, Sevilla se atrevió a titularse de junta suprema de España e Indias. Pero pronto, a propuesta de Murcia, enviaron delegados para formar en Aranjuez la junta suprema de España e Indias, presidida por Floridablanca. Aunque las juntas provinciales no cedieron y los conflictos fueron frecuentes, en un escenario de guerra contra el invasor. Cuando la junta central decreta el reglamento sobre facultades de las juntas en abril de 1809, protestaron y hubo que retocar algunos artículos. Reivindicaban su poder, que habían trasferido a la junta de Aranjuez, formada por delegados. El decreto de 22 de mayo abría la consulta al país en torno a la convocatoria de cortes y otros problemas urgentes, como la guerra y el ejército, la hacienda y la administración. Buscaba la unidad y el asentamiento del poder, que la nación española manifestase su voluntad, con lo que se apaciguarían fuerzas disgregadoras o federalistas. Las cortes podrían señalar el futuro: para unos consolidarían la tradición, para otros abrirían la transición hacia un estado liberal unitario. Recibió respuesta de personas e instituciones relevantes: de las juntas provinciales y ayuntamientos, de los tribunales, las universidades, los obispos y cabildos; incluso hacía una invitación genérica a personas sabias e ilustradas. Las propuestas fueron variadas, como eran las posiciones de los consultados —Miguel Artola y Federico Suárez Verdeguer las estudiaron—. Con frecuencia las respuestas apelaban a la tradición goda, a las cortes castellanas, que apenas se reunieron en el setecientos y las aragonesas, ya desaparecidas; indicaban reformas o vías para lograr la reunión de los representantes de la nación. La universidad de Sevilla reunió solemne claustro y nombró varias comisiones para responder a la consulta. Entre los profesores comisionados se hallaba Alberto Lista, catedrático de retórica, contra quien presentó recusación Pedro Saínz de Andino por no ser doctor, sólo bachiller en teología —piques académicos en momento tan difícil—. El triunfo de Napoleón en Ocaña y su avance hacia el sur, los desórdenes en Sevilla y el traslado de la junta central Sevilla a la isla de León impidió que se ultimase y enviase el informe, pero Blanco White, encargado de redactar la parte referida a las cortes, la publicó en su periódico El Español, emigra-

MARIANO PESET

do ya en Londres. “¡Desgraciada suerte de un pueblo, que acometido por un enemigo feroz e incansable, tiene que darse formas políticas, ora amenazado de perecer por las armas de sus contrarios, ora por la desorganización interna que le lleva a la muerte!”. Blanco nos depara una mirada inteligente sobre la situación: es necesaria la convocatoria sin demora porque no cabe esperar otra solución externa; pero no es preciso recurrir a las leyes antiguas que apenas dejan ver qué fueron en realidad las viejas cortes. Hacen falta las cortes para unir, para que las provincias no se sientan émulas unas de otras, como cuerpos y partidos separados. Las cortes de Castilla eran diferentes de las aragonesas y navarras, eran los reyes quienes concedían voto a las ciudades; nobles y eclesiásticos gozaban de representación en brazos o estamentos separados, pero hay que suspender los privilegios, ya se podrán reivindicar en tiempo de paz. ¿Podría el monarca variar las leyes fundamentales del reino? ¿Puede acaso hacerlo su representante, la junta central? Pero la nación no puede reunirse por sí, debe ser convocada a cortes, en un congreso, con unos 300 diputados, elegidos por parroquias y después entre ellos… El 29 de enero de 1810 la junta central resolvió convocar cortes por estamentos —como proponía Jovellanos—, mientras cedía sus poderes a un consejo de regencia, que, a fines de año, decidió reunir una única cámara. Elegidos los diputados por sufragio universal, las cortes generales y extraordinarias se reunieron en Cádiz el 24 de septiembre de 1810. Hubo un Te Deum y una comitiva de los diputados; empezaron con la propuesta de Muñoz Torrero sobre la soberanía del pueblo y la división de poderes, la intervención de Agustín Argüelles… Exigen a los miembros de la regencia juramento, que prestaron de mala gana, el obispo de Orense no acudió. Galdós recrea aquellos primeros momentos en la primera serie de sus Episodios nacionales. La debilidad de los Borbones y su alianza con Napoleón, que acabó invadiendo la península y destronándolos, son circunstancias que condujeron a la guerra y obligaron a formar un poder nuevo, que culmina con la reunión de las cortes: fueron los motivos inmediatos de la revolución. Ahora bien —como en Francia—, existen causas más profundas y complejas, que podemos rastrear. A lo largo de la historia hubo guerras, levantamientos y motines, pero no alteraban las viejas estructuras, que evolucionaban con ritmos lentos; ahora, nuevas ideas y realidades sociales quiebran el antiguo régimen y aceleran la historia. La Ilustración había planteado una racionalidad política frente a la tradición de siglos. Inglaterra, Suiza y los Estados Unidos proporcionaban ejemplo de participación del pueblo en el gobierno, que teorizaron y difundieron Montesquieu, Voltaire, D´Alembert y los enciclopedistas, Rousseau,

PRÓLOGO

De Lolme o Vatel… Las clases ilustradas españolas conocían el nuevo ideario, muchos lo compartían, a pesar de los esfuerzos de la inquisición por prohibir y censurar. El grueso índice de 1790 de Rubín de Zeballos —con suplemento de 1805— condenaba los libros ilustrados y la propaganda de la revolución vecina. Ya en 1774 el fraile Fernando de Ceballos había publicado siete volúmenes para refutar La falsa filosofía o el ateismo, deísmo, materialismo y demás nuevas sectas convencidas de crimen de Estado contra los soberanos y sus regalías contra los magistrados y potestades legítimas. En todo caso, las ideas no son suficientes para explicar los movimientos sociales; son los factores materiales los que en definitiva determinan la realidad en su conjunto, como ya concluyó el viejo Max Scheler en la Sociología del saber. Franz Oppenheimer pensaba que las ideas se generan por un cambio en la realidad; el grupo que se siente afectado las orienta con intención de satisfacer las nuevas necesidades o deseos que perciben. Ese interés se esparce en las conciencias individuales, mediante ideas y sentimientos cargados de valor, que cuando se extienden a todos conducen a la acción para satisfacer en último término esa necesidad, ese fin, a veces mediante algunos fines intermedios. La ideología acompaña, facilita, anima hacia una determinada dirección, encarnada en una clase o grupo social que pretende ventajas de poder y económicas. Mitos y convicciones sostienen el interés y cohesionan la opinión pública, convencen y atraen a muchos, que participan en el movimiento hacia una acción bélica o política. La invasión de los ejércitos franceses provocó el levantamiento y resistencia en las provincias; la deposición y exilio de la familia real obligó a la formación de juntas, mientras las tropas del general Castaños derrotaban a un ejército napoleónico en Bailén. La mayoría de los españoles sin duda se sintió unida a la monarquía tradicional y católica, que configuraba la mentalidad tradicional frente al francés. La iglesia, que conocía el arreglo del clero en Francia, se mostró decidida en favor de aquella lucha; pero al formarse las cortes, con las primeras leyes desamortizadoras y la abolición del santo oficio empezó a distanciarse. Existía por tanto una voluntad colectiva de afirmación y defensa, salvo en algunos “afrancesados”, que optaron por José I y se mostraron ligados a él —el poder siempre tiene acólitos—. En aquel magma ideológico pudo convivir la religión y el amor a Fernando VII, junto a la idea de soberanía del pueblo y de unas cortes renovadas, que lo representasen. Cabía pensar que las cortes se remontaban hasta tiempo de los godos: en el Fuero Juzgo —ley del reino— aparecían concilios y monarcas apoyados en el pueblo —aunque más bien en los magnates y obispos—. Luego, desde la baja edad media los monarcas reunieron cortes en

MARIANO PESET

los distintos reinos, castellanas, aragonesas y navarras; Felipe V suprimió las cortes aragonesas, catalanas y valencianas, incorporando estos reinos a Castilla. Aunque en las cortes gaditanas predominarían quienes deseaban un cambio y una nueva constitución. En el discurso preliminar de la constitución de 1812 se menciona la tradición de las viejas cortes, mientras en los artículos se condensan las ideas revolucionarias de Francia. Se apoyaron en el pueblo, llamando a votar a todos los varones o declarando oficial la religión católica “única verdadera”. Al mismo tiempo limitaron el poder del monarca y separaron los tres poderes… Mientras iniciaban la liquidación del antiguo régimen con la ley de señoríos de 1811 y diversas propuestas sobre educación, desamortización y cambio en el sistema de impuestos… Cuando volvió Fernando VII por decreto de 4 de mayo de 1814 afirmó su soberanía absoluta y derogó la constitución y cuantos decretos se opusieran a ella: es decir anuló el eje esencial de la trasformación política y aquellas normas que tendían a destruir los fundamentos seculares de la monarquía. La iglesia apoyó con gran entusiasmo al monarca. Pero el proceso revolucionario había empezado; otros motivos, otras ocasiones, incidirían en su implantación posterior. En 1820 el levantamiento de Rafael de Riego en Cabezas de San Juan al frente del ejército que debía embarcar hacia América. En 1834, ante la guerra carlista, la regente María Cristina se inclina por los liberales por el pronunciamiento “de guante blanco” de los generales Llauder y Quesada, capitanes generales de Barcelona y Madrid; dos años más tarde los sargentos de guarnición en La Granja le imponen la constitución gaditana, pronto sustituida por la de 1837. La constitución de 1812 consagró la soberanía del pueblo y la división de poderes, la monarquía quedaría sometida a las cortes: Artículo 3º. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta, exclusivamente, el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo 4º. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.

Un nuevo fundamento del poder, que rompe la estructura de la monarquía absoluta, al tiempo que reconoce la libertad y propiedad de los ciudadanos. Los nuevos gobernantes quieren trasformar la realidad social y económica en su beneficio. España era un país agrario, con viejas formas de propiedad y tenencia de la tierra. Ahora se va a adoptar una nueva idea de propiedad, procedente de la Francia revolucionaria. La asamblea nacional había abolido los derechos feudales el 4 de agosto de 1789 —más profundamente en 1793, con la convención—, y había desamortizado los bienes eclesiásticos para

PRÓLOGO

respaldar el crédito público y atender a las exigencias del campesinado y de las nuevas clases. Napoleón fijó los rasgos y reglas de la propiedad en los artículos del Code civil des français (1804). En el antiguo régimen, a una sociedad estamental —nobleza, clero y tercer estado— correspondían diferentes formas de propiedad. Las tierras y bienes de la nobleza y de la iglesia, los del monarca y los pueblos, poseían privilegios, de los que no gozaban otros sectores de la población, campesinos y habitantes de las ciudades. En esencia, la amortización, la vinculación y las jurisdicciones constituían las claves de la propiedad privilegiada, a las que hay que añadir la exención de impuestos de que gozaban los estamentos privilegiados. La iglesia amortizaba sus bienes, no podía enajenar sus propiedades, salvo en contadas ocasiones, especificadas por la legislación canónica y civil. Por tanto su patrimonio crecía indefinidamente, gracias a la rentas de los diezmos de todas las cosechas, a limosnas, donaciones y adquisiciones. En las antiguas cortes los procuradores se quejaron de que los labradores disponían cada vez de menor extensión de tierras; pero el proceso continuó… Minoraba también los ingresos de la corona, y el concordato de 1737 pretendió que pagasen tributo, aunque no se aplicó; Campomanes escribió sobre la cuestión y Carlos IV impuso a las nuevas adquisiciones de la iglesia un quince por ciento de su valor. Ante las penurias de la real hacienda acordó con el pontífice una desamortización de algunos bienes eclesiásticos para sostener la deuda pública o vales reales —ya antes se había subastado el patrimonio de los jesuitas, con obligación de pagar pensión a los padres expulsados—. También los municipios tenían grandes extensiones de tierras amortizadas. Por una parte, los bienes comunales, de uso común por los vecinos: las plazas y calles, los edificios del ayuntamiento, los egidos o zonas comunes junto a los pueblos; las dehesas en donde pastaban animales, los montes de propiedad del común… Pertenecían los “comunales a todos, también a los pobres como a los ricos. Mas los que fuessen moradores en otro lugar non pueden usar dellas…”, preceptuaba Partidas. Los ayuntamientos, por otro lado, eran propietarios de tierras de cultivo —bienes de propios—, que arrendaban por uno o más años en pública subasta, y el precio del arrendamiento nutría el arca municipal. El rey y la alta nobleza lograban privilegio a través de la jurisdicción que ejercían en sus estados y de la vinculación de sus patrimonios a través del mayorazgo. El rey poseía jurisdicción sobre los realengos, mientras los señores la ostentaban en sus señoríos: designaban autoridades y jueces y cobraban tributos —también los monasterios y algunos obispados, las órdenes militares, tenían jurisdicción en pueblos y ciudades—. Al mismo