Issuu

En esta obra se analiza la gran labor del juzgador, que aún a falta de las necesarias soluciones legales, desde el estudio de la prueba aportada, da un empuje hacia la resolución objetiva de cuestiones que afectan a los consumidores y usuarios.

María Pilar Mollar Piquer

monografías

Para ello, ha hecho uso de mecanismos procesales como la variación de las reglas de la carga de la prueba según las circunstancias del caso o la aplicación de las presunciones.

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

LA PRUEBA EN EL PROCESO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

MARÍA PILAR MOLLAR PIQUER

monografías

La autora considera que aun haciéndose necesaria la regulación de un procedimiento especial y exclusivo para tratar todas las cuestiones sobre consumidores, la resolución de los conﬂictos de consumo ha sido problemática pero resuelta con gran acierto por la jurisprudencia.

monografías

LA PRUEBA EN EL PROCESO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Héctor Olasolo Alonso

Owen Fiss

Luciano Parejo Alfonso

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda) Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA PRUEBA EN EL PROCESO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

DRA. MARÍA PILAR MOLLAR PIQUER Área de Derecho Procesal Departamento de Derecho Público Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas Universitat Jaume I

tirant lo blanch Valencia, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1313-023-1 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice ABREVIATURAS.................................................................................... 11 PRÓLOGO.............................................................................................. 13

Capítulo I LA PROTECCIÓN PROCESAL CIVIL DE CONSUMIDORES Y USUARIOS: UNA INTRODUCCIÓN.............................................................. 17

Capítulo II LOS MEDIOS DE PRUEBA RELEVANTES EN LOS PROCESOS DE CONSUMO............................................................................................. 33 A. DOCUMENTAL................................................................................ 34 B. INTERROGATORIO DE PARTE...................................................... 35 C. INTERROGATORIO DE TESTIGOS................................................ 36 D. LA PRUEBA PERICIAL..................................................................... 36 E. EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL................................................ 39 F. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y SOPORTES INFORMÁTICOS.... 40 Capítulo III LA IMPORTANCIA DE LA PRUEBA PERICIAL EN LOS PROCESOS DE CONSUMO: REFERENCIA A LOS SONDEOS DEMOSCÓPICOS........... 43

Capítulo IV LAS REGLAS SOBRE LA CARGA DE LA PRUEBA Y SU DIFERENTE APLICACIÓN EN LOS PROCESOS DE CONSUMO............................. 51 A. CARGA DE LA PRUEBA DEL DEFECTO DE LOS PRODUCTOS... 58 B. CARGA DE LA PRUEBA DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL DEFECTO Y EL DAÑO.................................................. 64 C. CARGA DE LA PRUEBA DE LA CULPA DEL PERJUDICADO....... 65 D. CARGA DE LA PRUEBA DE LA EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD........................................................................................ 68 E. CARGA DE LA PRUEBA DE LA FALTA DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO CON EL CONTRATO................................................. 69

Índice

F. CARGA DE LA PRUEBA DEL CARÁCTER INDIVIDUAL DE UNA CLÁUSULA........................................................................................ 70 G. CARGA DE LA PRUEBA EN LA LEY 15/2003, DE 20 DE NOVIEMBRE, DE FIRMA ELECTRÓNICA..................................................... 71 H. CARGA DE LA PRUEBA EN OTROS SUPUESTOS.......................... 72 Capítulo V LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA INDIRECTA O INDICIARIA: LAS PRESUNCIONES Y SU CONCRETO USO............................................ 73 A. B. C. D. E. F.

EN CUESTIONES CONTRACTUALES............................................. 78 PARA PROBAR LOS DEFECTOS EN ALGUNOS PRODUCTOS..... 78 EN RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL................. 80 EN EL ÁMBITO DE LA RESPONSABILIDAD POR CULPA............. 80 EN CASOS ESPECIALES................................................................... 81 CÓMO DESVIRTUARLAS................................................................ 81

Capítulo VI LA PRUEBA EN LOS CONCRETOS PROCESOS DE CONSUMO....... 83 A. PRUEBA EN RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES.............................................................................................. 83 B. PRUEBA EN EL PROCESO SOBRE PUBLICIDAD ILÍCITA............. 88 C. PRUEBA EN LA LEY DE MARCAS.................................................. 94 D. PRUEBA SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS........................................ 99 E. PRUEBA EN LOS PROCESOS SOBRE PRODUCTOS DEFECTUOSOS.................................................................................................... 115 1. En relación a la prueba del defecto............................................... 117 2. La Prueba de la relación de causalidad.......................................... 119 3. Prueba de la responsabilidad de productor................................... 126 4. Prueba de la responsabilidad del perjudicado y su exoneración.... 127 5. Prueba de daños causados en el uso de tecnologías....................... 130 6. Reclamación de daños y perjuicios y su cuantificación.................. 131 7. La concreción del daño moral....................................................... 134 8. Prueba en supuestos concretos...................................................... 135 Capítulo VII ANÁLISIS DE LA PRUEBA EN ALGUNOS TIPOS DE PRETENSIONES.......................................................................................................... 141 A. LA FALTA DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO CON EL CONTRATO.............................................................................................. 141 B. EL DERECHO DE DESISTIMIENTO............................................... 157

Índice

C. ESPECIAL REFERENCIA A LOS CONTRATOS VINCULADOS..... 160 1. En relación a la prueba del derecho de desistimiento.................... 161 2. Sobre la prueba de la exclusividad de los contratos vinculados..... 163 3. Prueba de la defectuosa prestación del servicio en los contratos vinculados..................................................................................... 166 4. Falta de prestación efectiva del servicio o de entrega del producto adquirido...................................................................................... 166 D. LEY 43/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES CON OFERTA DE RESTITUCIÓN DE PRECIO........................................ 167 E. LOS PROCESOS SOBRE RECLAMACIONES DE TELEFONÍA....... 168 F. LOS CONTRATOS CELEBRADOS FUERA DE LOS ESTABLECIMIENTOS.......................................................................................... 171 G. CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA................................................. 173 H. RESPONSABILIDAD DEL SUMINISTRADOR................................. 176 I. INCIDENCIAS EN VIAJES................................................................ 177 J. ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS....................................................... 179 K. RESPONSABILIDAD MÉDICA Y SANITARIA................................. 181 L. MEDICAMENTOS O PRODUCTOS SANITARIOS DEFECTUOSOS.................................................................................................... 183 Capítulo VIII PRUEBA EN LA CONTRATACIÓN BANCARIA.................................. 187 A. CUESTIONES EN RELACIÓN A CONTRATOS DE SERVICIOS BANCARIOS..................................................................................... 188 B. PARTICIPACIONES PREFERENTES, SWAPS, OBLIGACIONES, DEUDA SUBORDINADA Y ACCIONES DE BANKIA...................... 194 1. La acción de nulidad contemplada en el art. 1261 C.c., basada en error del consentimiento............................................................... 206 2. Nulidad por dolo civil del art. 1269 C.c........................................ 209 3. Anulabilidad por defecto de capacidad......................................... 210 4. Nulidad por incumplimiento de normativa MIFID....................... 210 5. Nulidad por incumplimiento de la legislación sobre consumo....... 211 6. Acción subsidiaria por negligencia en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.................................................................. 211 Capítulo IX PRUEBA EN EL ARBITRAJE DE CONSUMO: ESPECIAL REFERENCIA A LA PRUEBA EN EL ARBITRAJE DE TELEFONÍA..................... 223 A. REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA........................................ 226 B. EL RECURSO A LAS PRESUNCIONES............................................ 227 C. PROPOSICIÓN.................................................................................. 227

Índice

D. ADMISIÓN........................................................................................ 228 E. MEDIOS DE PRUEBA....................................................................... 229 F. PRÁCTICA DE LA PRUEBA.............................................................. 229 G. ESPECIAL REFERENCIA A LA PRUEBA PERICIAL........................ 231 H. COSTE DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA..................................... 232 I. VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL ARBITRAJE....................... 233 J. ESPECIAL REFERENCIA A LA PRUEBA EN EL ARBITRAJE DE TELEFONÍA...................................................................................... 234 CONCLUSIONES................................................................................... 239

BIBLIOGRAFÍA...................................................................................... 245

ÍNDICE JURISPRUDENCIAL................................................................. 249

ABREVIATURAS AP:

Audiencia Provincial. Apdo.: apartado. Art.: artículo. CE: Constitución Española de 1978. CEE: Comunidad Económica Europea. C.c.: Real Decreto de 24 de julio de 1889 que aprueba el Código Civil. C.Co: Real Decreto de 22 de agosto de 1985 por el que se publica el Código de Comercio. Cit.: citado. Coord.: Coordinador. D.O.U.E.: Diario Oficial de la Unión Europea. JM: Juzgado de lo Mercantil. JI: Juzgado de Primera Instancia LA: Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje. LCC: Ley 7/1995 de 23 de diciembre de crédito al consumo. LCD: La Ley 29/2009, de 30 de diciembre, de competencia desleal. LCFEM: Ley 26/1991, de 21 de noviembre, de contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles. LCGC: Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de Contratación. LCU: Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. LCS: Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro. LEC: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. LFE: Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. LGDCU: Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. LGVBC: La Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo. LM: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. LMACM: Ley 5/2012, de 26 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

12 LMV:

María Pilar Mollar Piquer

Ley 47/2007 que modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. LOPJ: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. LOE: Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. LPD: Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos. LSSICE: Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. MiFID: Directiva 2004/39/CE sobre mercados de instrumentos financieros. OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Pág.: página. RDAC: Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. S.: Sentencia. Sec.: Sección. ss: Siguientes. STS: Sentencia del Tribunal Supremo. TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea. TRLGDCU: Real Decreto Legislativo 1/2007, Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. TS: Tribunal Supremo. UE: Unión Europea.

PRÓLOGO El trabajo sobre “La prueba en el proceso de consumidores y usuarios español” que el lector tiene entre sus manos es en buena parte la Tesis Doctoral presentada por la autora en la Universitat Jaume I de Castellón ante un Tribunal integrado por los Dres. Juan-Luis Gómez Colomer, Elena Martínez García y Lotario Vilaboy Lois y que obtuvo la máxima calificación de Sobresaliente cum Laude. Las indicaciones que ese día se sugirieron por los miembros del Tribunal se han incorporado en el trabajo publicado, contribuyendo de ese modo a mejorar sin duda el estudio efectuado, de ahí que quisiera aprovechar este prólogo para mostrarles mi más sincero agradecimiento por la atenta lectura que realizaron de la tesis en su día y sus observaciones. El objeto principal de esta obra es el análisis de la prueba en los procesos incoados para la tutela de consumidores y usuarios. Hay que tener en cuenta la innegable trascendencia que la prueba tiene en cualquier proceso, por lo que dicha relevancia en este tipo de proceso es incuestionable, tanto por sus particularidades como por el papel determinante para una efectiva protección de los consumidores. Ahora bien, a lo largo del trabajo se pretende algo más, lógica consecuencia de la profesión desempeñada por la Dra. Mollar, el ejercicio de la abogacía. Este detallado estudio tiene como eje central la protección de los consumidores y usuarios, pero con la intención añadida de ilustrar a los Abogados sobre los aspectos más prácticos de la prueba en los procesos de consumidores y usuarios, llevándose a cabo un exhaustivo análisis de los factores que intervienen en no pocos procesos de consumo y deteniéndose en los elementos concretos que influirán en la decisión del juzgador en cada uno de ellos. El valor añadido de esta obra se encuentra en no desatender cuestiones dogmáticas complejas relacionadas con la prueba en general y, particularmente, en el proceso civil. Tras unas consideraciones generales sobre la protección de los consumidores y usuarios en el proceso civil español con breves referencias a la prueba en el proceso civil, se analizan los distintos medios de prueba que —en la práctica— aparecen en un proceso de consumo, concretamente la prueba documental, el interrogatorio de las partes y

María Pilar Mollar Piquer

de los testigos, el reconocimiento judicial y los medios audiovisuales y soportes informáticos, destacando la relevancia de la prueba pericial y de los sondeos demoscópicos. Lejos de una generalización al respecto, la autora aborda este análisis para cada uno de los procesos relacionados con consumidores y usuarios, atendiendo a su objeto de forma individualizada, presentando sus propias especialidades. Así, se menciona de forma expresa e individual a los distintos medios de prueba, indicando las particularidades que éstos encuentran en este tipo de procesos. Y todo ello acompañado de un detallado análisis jurisprudencial que convierte a esta obra en un trabajo de imprescindible consulta para los prácticos del derecho. Se analiza, por tanto, para cada uno de los procesos estudiados aquellos medios de prueba a los que se acude más frecuentemente por presentar mayor utilidad, qué hechos deben ser objeto de prueba en cada uno de estos procesos, a través de qué medios se puede alcanzar la convicción judicial y qué mecanismos legales se utilizan en los supuestos de imposibilidad probatoria de un determinado hecho. Este último aspecto, obliga a adentrarse en el complejo mundo de las presunciones, una de las claves en la tutela de consumidores y usuarios. La importancia del mismo radica en el recurso a las mismas a favor del consumidor ante la ausencia de prueba directa. Nuevamente aquí la base jurisprudencial de las opiniones vertidas por la Dra. Mollar presenta un interés incuestionable. Tras el análisis de las presunciones y su posible desvirtuación, se adentra en otro de los grandes temas probatorios: la carga de la prueba y su aplicación en los procesos de consumo, concretándose —además— en qué casos la carga de la prueba corresponde al demandanteconsumidor y en cuáles corresponderá al demandado. Previamente a exponer las conclusiones más importantes alcanzadas por la autora, nos encontramos con una breve referencia a la prueba en el arbitraje de consumo, siguiendo el mismo esquema utilizado en el análisis de la prueba en el proceso civil. La combinación del estudio teórico y práctico que se realiza en estas páginas, con un muy detallado tratamiento de la jurisprudencia de nuestros tribunales realizado desde la condición de abogada de la Dra. Mollar es uno de los méritos que presenta este trabajo, de ahí el interés del mismo para los operadores jurídicos.

La prueba en el proceso de consumidores y usuarios

Quisiera terminar estas breves páginas con una mención especial a la autora de este trabajo, la Dra. Pilar Mollar Piquer, a quien he tenido el gusto de dirigir su Tesis Doctoral. La primera vez que tuve oportunidad de trabajar con ella fue con motivo de la elaboración del Trabajo Fin de Máster del Máster de Abogacía de la Universitat Jaume I, en la que las dos desarrollamos actualmente nuestras funciones docentes. Ya entonces puso de manifiesto su interés en la tutela de consumidores y usuarios desde una perspectiva práctica, por lo que el hecho de que finalmente su tesis versara sobre dicha protección, ahora centrada en la prueba, no era sino la lógica consecuencia de sus inquietudes. Desde el principio, la Dra. Mollar demostró su capacidad de trabajo y de sacrificio, acogiendo con absoluta modestia, pese a tener mucha más experiencia profesional que la que suscribe estas páginas iniciales, cualquier sugerencia que con mayor o menor acierto le planteaba. Si algo tengo claro después de haber trabajo con esta magnífica profesional este tiempo es que su anhelo por mejorar en su ámbito laboral le ha llevado a sacrificar tiempo y dinero para conseguir defender su tesis doctoral y que esta vea la luz como monografía. Para mí es, por tanto, un placer prologar este trabajo, premio al esfuerzo que ha supuesto para la Dra. Pilar Mollar durante muchos años. Castellón de la Plana, el 28 de mayo de 2018

Capítulo I

LA PROTECCIÓN PROCESAL CIVIL DE CONSUMIDORES Y USUARIOS: UNA INTRODUCCIÓN En cualquier estudio que se afronte sobre el derecho de consumo debemos partir de la problemática que genera la gran cantidad de fuentes normativas que lo regulan1, así como los múltiples supuestos que podemos encontrar.

Existen Directivas en materia de consumo en todos los ámbitos, siendo las más representativas la Directiva 98/27/CE, de 19 de mayo de 1998, reguladora de la acción de cesación, que ha sido el marco de nuestra Ley 39/2002, de 28 de octubre, la Directiva 98/6/CE, de 16 de febrero de 1998, relativa a la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores; la Directiva 87/102/CEE, modificada por la Directiva 90/88/CEE de 22 de febrero de 1990, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de crédito al consumo, y por la Directiva 98/7/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 1998, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de crédito al consumo, así como la Directiva 97/55/CEE, que modifica la Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engañosa a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa. Existen otras, como la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo; la Directiva 98/27/CE, relativa a la acción de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contratos a distancia. Además de las Directivas enumeradas, existen muchas otras que regulan materias específicas de derecho de consumo, como la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores; la Directiva 97/7/CEE del Parlamento y del Consejo de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, la Directiva 2007/64/CEE, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios del mercado interior, o la Directiva 2009/22/CE del Parlamento y el Consejo de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, y también se regula la publi-

María Pilar Mollar Piquer

Debido a ello, el objeto central de este trabajo consiste en ofrecer una visión práctica sobre la defensa del consumidor, y más concretamente en relación a la prueba en el proceso de consumidores y usuarios, sintetizando algunas especialidades del mismo que, por la gran cantidad de supuestos diversos existentes y su regulación a través de distintas normas, ofrecen una numerosa y distinta casuística que resulta difícil sistematizar. Consideramos necesario antes de adentrarnos en nuestro estudio sobre el procedimiento probatorio en materia de consumo, los elementos de prueba, la carga, su inversión o las diferentes cuestiones que en relación a ella surgen en los procesos concretos, aludir a una serie de cuestiones que hacen que este tipo de procesos sean “peculiares”, así como analizar las cuestiones que se suscitan sobre qué debe ser probado, qué medios utilizar, quién debe probar, y los diferentes tipos de pretensiones que se pueden plantear. En primer lugar, su carácter inter y multidisciplinar, así como la ya referida pluralidad de fuentes normativas, hacen que los procesos de consumo presenten gran complejidad, mostrándose también ésta en su fase probatoria, como veremos a lo largo de este trabajo. La regulación española de consumo la encabeza el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante, TRLGDCU) junto a su reforma, llevada a cabo por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, que incorpora al ordenamiento interno la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, la cual establece un marco de protección general, punto de partida de las diferentes pretensiones que se pueden plantear.

cidad engañosa mediante la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006. A las líneas básicas que contiene la normativa europea, le siguen otros muchos textos legales que concretan medidas para la cooperación de las autoridades nacionales encargadas de su aplicación, como el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores, el Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales.

La prueba en el proceso de consumidores y usuarios

Concretamente, el art. 8 del TRLGDCU establece unos derechos básicos e irrenunciables de los consumidores, los cuales deben estar protegidos por los poderes públicos2. En el primero de ellos, el Derecho a la tutela reconocido en el art. 24 Constitución Española (en adelante CE), cuya base la encontramos en el art. 51 del propio texto, se observa la primera de las peculiaridades aludidas, consistente en la posible acción conjunta de todos los consumidores perjudicados, establecida en el art. 11 de la LEC, aunque como entiende Planchadell Gargallo, su regulación es pobre3. El resto de derechos reconocidos conforman las diferentes acciones que el consumidor puede plantear. Nos referimos al derecho de información, condicionante básico del consentimiento contractual que puede incluso dar lugar a indemnización, el derecho de desistimiento4 o el derecho de representación y asociación, reconocido por la CE, cuyo marco general queda definido en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación5. También encontramos el derecho de integración, que proviene de la ya derogada Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y supone la integración de la oferta, su contenido, promoción o publicidad6.

Vázquez Barros, S. “Memento Practico de consumo 2010-2011”. Ed.: Francis Lefebvre, Madrid 2010, pág. 52. De León de Arce A., en García García, L. M. y Fuente Noriega, M. (coord.), “Derechos de los Consumidores y Usuarios”. Ed.: Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 99. Planchadell Gargallo, A.: “La consecución de la tutela judicial efectiva en la litigación colectiva”, Revista InDret, núm. 4/2015, pág. 24. Álvarez Lata, N.: “Invalidez e Ineficacia en el Derecho Contractual de Consumo Español. Análisis de los supuestos típicos de ineficacia en los contratos con consumidores”. Ed.: Aranzadi, S.A., Pamplona 2004, pág. 83; Busto Lago, J.M., (coord.) en Álvarez Lata, N. y Peña López, J.: “Reclamaciones de consumo. Derecho de consumo desde la perspectiva del Consumidor”. Ed.: Aranzadi, S.A., Pamplona 2010, pág. 263. Ruiz González, J.G.: “Las asociaciones de consumidores. Configuración y Régimen jurídico”. Ed.: Tirant lo Blanch, Valencia 2010, pág. 5 y ss. Llobet i Aguado, J.: “El Derecho de información en la formación de los contratos”. Ed.: Marcial Pons, Madrid 1996, pág. 33.

María Pilar Mollar Piquer

Junto a los referidos derechos, el art. 19 del TRLGDCU establece los principios generales de las prácticas comerciales que deben ser cumplidos por los empresarios o fabricantes7. A lo establecido en el TRLGDCU se une la normativa específica existente en determinados sectores de servicios que concretan o amplían aquellos, tales como los derechos de los pasajeros del transporte aéreo, regulados en la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea, o de los viajeros de autobús, regulados en la Ley 9/2013, de 4 de junio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de transporte terrestre; los derechos de los usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones, establecidos en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de telecomunicaciones; o de los usuarios de seguros, establecidos en la Ley 50/80, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro con sus modificaciones. Como ya hemos apuntado, existen además una diversidad de normas en esta materia, como la Ley de Condiciones Generales de Contratación (en adelante LCGC), o la legislación específica recogida en la Ley 7/2001 de 17 de diciembre, de Marcas, la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la Competencia Desleal y de la publicidad para la mejor protección de los derechos de los consumidores y usuarios, la de la Propiedad Intelectual, a través del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 13 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y a la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, entre otras8. En segundo lugar, existen no pocas especialidades en el propio proceso, en relación a la capacidad para ser parte, a la legitimación, o a la intervención, entre otras. Concretamente, el art. 6 de la LEC9 otorga capacidad para ser parte tanto al consumidor individualmente considerado, como a un gru-

Parra Lucán, M.A.: “La Protección del Consumidor frente a los daños. Responsabilidad del fabricante y del prestador de servicios”, págs. 10 a 14. Colección D. del Consumo, Universidad de Zaragoza, Madrid 2011. Ed.: Reus, S.A. De León de Arce A., en García García, L.M. (coord.) “Derechos de los Consumidores y Usuarios “. Tomo II. Ed.: Tirant lo Blanch, Valencia 2006, pág. 119. Montero Aroca, J.: “De la legitimación en el proceso civil”, Ed.: Bosch, S.A., Barcelona 2006, pág. 62. Martínez García, E.: “Algunas reflexiones sobre la legitimación en el proceso civil”. Ed.: La Ley Revista Jurídica nº 2 de 1996, págs. 1498 y 1499.