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DERECHO ADMINISTRATIVO I EJEMPLOS PRÁCTICOS

Beatriz Belando Garín Desamparados Segura Palomar Belén Andrés Segovia

apuntes

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DERECHO ADMINISTRATIVO I EJEMPLOS PRÁCTICOS

Beatriz Belando Garín Desamparados Segura Palomar Belén Andrés Segovia

ÍNDICE

ABREVIATURAS .................................................................................................... 9 PRÓLOGO............................................................................................................. 11

TEMA 1: FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO .. 13

TEMA 2: LA NOCIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL SIGLO XXI .................................................... 15

TEMA 3: ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO ............................................................................................... 18

TEMA 4: LA ADMINISTRACIÓN Y LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO ............................................................................................... 22

TEMA 5: LAS NORMAS REGLAMENTARIAS .................................................... 26

TEMA 6: CARACTERÍSTICAS Y CLASES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ................................................................................................................................ 29

TEMA 7: EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS ............................................................................................. 31

TEMA 8: LA POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ANTE LOS TRIBUNALES 35

TEMA 9: EL PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ........................................... 37

TEMA 10: EL ACTO ADMINISTRATIVO............................................................. 38

TEMA 11: VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ......... 39

TEMA 12: LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ..................... 41

Derecho Administrativo I. Ejemplos prácticos

TEMA 13: LA REVISIÓN DE OFICIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO .............. 43

TEMA 14: LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL ACTO ADMINISTRATIVO............. 44

TEMA 15: OTRAS MODALIDADES DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA ...... 45

TEMA 16: LA POSICIÓN JURÍDICA DEL CIUDADANO ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS........................................................................ 46

TEMA 17: LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ............................................... 47

TEMA 18: LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA ................. 62

TEMA 19: EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO I........................ 67

TEMA 20: EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO II ...................... 69

TEMA 21: LA ADMINISTRACIÓN Y EL RESTO DE ÓRDENES JURISDICCIONALES ............................................................................................. 73

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA .................................................................... 77

ABREVIATURAS

Art.

Artículo

BIC

Bien Interés Cultural

BOE

Boletín Oficial del Estado

BOP

Boletín Oficial de la Provincial

Constitución Española

Cfr.

Compara

CMT

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

CNMC

Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia

CNMV

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Col. nº.

Colegiado número

Don

Dª.

Doña

Fdo.

Firmado

INSS

Instituto Nacional de la Seguridad Social

IVAM

Instituto Valenciano de Arte Moderno

Kilómetro

LEC

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

LJCA

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

LOTC

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional

Núm.

Número

PYMES

Pequeñas y medianas empresas

Rec.

Recurso

STC

Sentencia del Tribunal Constitucional

STS

Sentencia del Tribunal Supremo

Vd.

Usted

VTC

Vehículo de Transporte con Conductor

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PRÓLOGO

El Derecho, en general, está presente en multitud de situaciones de la vida cotidiana. A veces, ni tan siquiera somos conscientes que realizando una simple acción estamos iniciando con otra persona una relación jurídica. El Derecho Administrativo, en particular, acoge una multitud de situaciones jurídicas en las que el ciudadano puede verse inmerso. Este libro surge de la necesidad de aproximar la realidad jurídica a los alumnos/as de la asignatura Derecho Administrativo I, en ocasiones tomando como base casos resueltos por la jurisprudencia, en otros planteando casos o hipótesis para que los alumnos/as por sí mismos, aplicando la teoría aprendida, puedan resolver las cuestiones planteadas, probando así la capacidad analítica del alumnado. La imperiosa necesidad de la formación práctica surge, en un primer momento, del sistema de grados actual, que impone la obligación de proporcionar a los estudiantes una vertiente práctica de los conocimientos adquiridos en el módulo teórico. No obstante, esta necesidad también es percibida por el equipo que ha elaborado la presente obra. Este equipo, conformado por docentes de la Universitat de València, ha elaborado diferentes supuestos y ejercicios con la finalidad de que el alumno/a obtenga la formación práctica necesaria para la comprensión y adquisición de diferentes competencias en el ámbito jurídico-administrativo. La complejidad que entraña el Derecho Administrativo, desde su origen, pasando por su organización y terminando por la regulación de los procedimientos y las vías de recurso existentes contra los actos administrativos, justifica la existencia de este libro. De particular importancia en Derecho Administrativo es conocer las prerrogativas o privilegios de los que goza la Administración Pública, ya que éstos, a pesar de su importancia, se hallan constreñidos al cumplimiento de unas normas y a la estricta observancia de los derechos que los ciudadanos tenemos reconocidos en la legislación, cuestión que no es baladí para los alumnos como futuros letrados. Con la presente obra las autoras pretenden realizar una aproximación práctica a la realidad en cuanto a la situación actual de las Administraciones Públicas se refiere. Todo ello, a través de diferentes ejercicios para que analicen y comprendan el régimen jurídico de la actuación de estas entidades.

Valencia, 19 de Septiembre de 2019

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TEMA 1 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO

Supuesto práctico 1:

La Ley 39/2015, en su Exposición de Motivos señala, “La Constitución recoge en su título IV, bajo la rúbrica «Del Gobierno y la Administración», los rasgos propios que diferencian al Gobierno de la Nación de la Administración, definiendo al primero como un órgano eminentemente político al que se reserva la función de gobernar, el ejercicio de la potestad reglamentaria y la dirección de la Administración y estableciendo la subordinación de ésta a la dirección de aquel. En el mencionado título constitucional el artículo 103 establece los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. La materialización de estos principios se produce en el procedimiento, constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas, que deben ejercerse en condiciones básicas de igualdad en cualquier parte del territorio, con independencia de la Administración con la que se relacionen sus titulares.”

Resuelva las siguientes cuestiones:

1. La Administración tiene una doble dimensión según la configuración que de la misma realiza la Constitución Española. Cada uno de los párrafos anteriores se refiere a una de las dos dimensiones a las que nos acabamos de referir, ¿podría Vd. indicar a qué dimensión de la Administración Pública hace referencia cada párrafo de los transcritos? 2. Señale un artículo de la Ley 39/2015 que haga referencia o desarrolle cada uno de los principios a los que la Administración Pública queda sujeta según el artículo 103.1 CE.

Derecho Administrativo I. Ejemplos prácticos

Supuesto práctico 2:

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 41 dispone, “El art. 41 de la Carta dispone: «1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. 2. Este derecho incluye en particular: a) el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente; b) el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial; c) la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. 3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Unión de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. 4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua.»

Este derecho ha sido llamado como derecho a la “buena administración”. En relación con ello, responda a las siguientes cuestiones:

1. ¿La Carta forma parte del Derecho Originario o Derivado de la Unión Europea? 2. ¿Piensa Vd. que es compatible el establecimiento de este derecho con el principio de autonomía de los Estados Miembros? Razone la respuesta. 3. Encuentre un artículo en la legislación administrativa sobre el derecho a la “buena administración” y argumente si cree Vd. que es un verdadero derecho subjetivo o si, por el contrario, únicamente es un principio que debe inspirar a los legisladores comunitarios. Puede utilizar como material de apoyo artículos doctrinales que le ayuden a formarse una idea al respecto.

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TEMA 2 LA NOCIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL SIGLO XXI

Supuesto práctico 1:

El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone: “Artículo 129. Principios de buena regulación. 1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.”

Seguidamente el precepto hace referencia a diferentes principios que la Administración Pública debe observar, en relación con ello responda a las siguientes preguntas y razone su respuesta:

1. ¿A qué potestad de la Administración Pública se refiere este precepto?

2. Señale, según el artículo, cuáles son los principios a que resulta sometida esta potestad administrativa.

3. Busque en cualquier base datos que le resulte accesibles tres resoluciones, de cualquier tribunal u órgano jurisdiccional, en el que la cuestión a resolver por dicho órgano esté relacionada con los principios de buena regulación, señale el fundamento de derecho en el que se encuentra, a su juicio, la afirmación más relevante que realiza el tribunal en relación con esta cuestión y haga un extracto de la misma.

Derecho Administrativo I. Ejemplos prácticos

Supuesto práctico 2:

El Fundamento de Derecho Séptimo, de la Sentencia 3341/2017, del Tribunal Supremo (Rec. núm. 2446/2015), de 21 de septiembre de 2017, afirma que, “» 1º Como es sabido, la motivación de las resoluciones judiciales, es decir, que los tribunales den razón de lo decidido, aparte de un expreso mandato legal es una exigencia constitucional (artículo 120 de la Constitución) y, además, con relevancia de derecho fundamental en cuanto que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, para así proscribir la indefensión. » 2º La exigencia de motivación es un elemento común a las diferentes manifestaciones del ejercicio del poder, si bien con las lógicas matizaciones y dentro, además, de su respectivo régimen jurídico. La exigencia más intensa se predica de los tribunales pues las administraciones ciñen esa exigencia al artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y sin olvidar la posibilidad del silencio; y en caso de normas, ya sean con rango legal o reglamentario, conforme a la doctrina jurisprudencial y constitucional que modula la sujeción del ejercicio del poder normativo a la exigencia de interdicción de la arbitrariedad ( artículo 9.3 de la Constitución ). » 3º Como se ha dicho, la motivación es una exigencia común al ejercicio de la autoridad, del poder, que exige que pueda conocerse la razón de lo decidido, de lo ordenado o regulado. En el caso de las resoluciones judiciales no implica necesariamente la sujeción a unas reglas formales uniformes ni rígidas fuera de las previsiones del artículo 218.2 de la LEC. Basta que del contenido de la resolución se deduzca esa razón. Por tanto, la motivación no se identifica necesariamente con razonamientos extensos, detallistas, agotadores ni con pronunciarse sobre todo lo alegado por las partes, flexibilidad que debe conjugarse, obviamente, con el respeto a la congruencia debida. » 4º En definitiva, se trata de que un lector atento pueda deducir la razón de lo decidido pero aun así con matices. En efecto, habrá resoluciones que quizás a ese tercero ajeno al pleito le parezcan escasas de motivación, pero no a quienes por ser parte han conocido lo litigioso desde su gestación en sede administrativa hasta su resolución en un procedimiento judicial contradictorio. Por tanto, lo que se intuye como escasez argumentativa puede ser aparente si se sabe qué ha sido lo debatido, luego frases en apariencia opacadas para ese tercero pueden ser elocuentes para las partes que son, en definitiva, los destinatarios de la resolución; ahora bien, esto también debe matizarse en el caso de resoluciones que resuelvan pleitos que tengan una proyección que vaya más allá de los intereses de las partes. » 5º Finalmente hay que indicar que en la redacción de las resoluciones la impronta de su redactor es manifiesta. Al respecto no hay reglas específicas y la única es la antes expuesta: dar razón, y razón cumplida y comprensible, de lo que se resuelva, no ya para conocimiento de las partes y con satisfacción de su derecho a la tutela judicial

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efectiva, sino también para permitir su control por una instancia superior. En este sentido la mera reproducción de los alegatos de las partes, resumidos o sin resumir, la cita extensiva de sentencias aisladas o concatenadas sin reparar en lo que haya de especíﬁco por razón de lo litigioso en ese caso - o sustituir el esfuerzo interpretativo de normas mediante el cómodo resaltado a base de negritas o subrayados, son prácticas que puede suponer falta de motivación.”

De la lectura de lo anterior, de la teoría que se ha visto en clase acerca de la potestad reglamentaria y, brevemente, de las diferencias existentes entre actos administrativos y disposiciones reglamentarias, responda las siguientes cuestiones:

1. ¿Están las disposiciones reglamentarias sometidas a la necesidad de motivación? Y, ¿los actos administrativos?

2. ¿Qué supondrá la inexistencia de motivación de un acto administrativo? Y, ¿si la inexistencia de motivación se predica de una disposición reglamentaria?

3. Haga un resumen de las características que permiten distinguir un acto administrativo de una disposición de carácter reglamentario.

Derecho Administrativo I. Ejemplos prácticos

TEMA 3 ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO

Supuesto práctico 1:

En el Preámbulo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públicos, se dispone, “La disposición final trigésima segunda de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, autoriza al Gobierno para elaborar, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, un texto refundido en el que se integren, debidamente regularizados, aclarados y armonizados, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y las disposiciones en materia de contratación del sector público contenidas en normas con rango de ley, incluidas las relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos. Dicha habilitación tiene su razón de ser en la seguridad jurídica, como puso de manifiesto el Consejo de Estado en su dictamen de 29 de abril de 2010, al recomendar la introducción, en el texto del anteproyecto de modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, sometido a dictamen, de una disposición final que habilitara al gobierno para la realización de un texto refundido, con el alcance que se estimara por conveniente. Efectivamente, la sucesión de leyes que han modificado por diversos motivos la Ley 30/2007 unido a la existencia de otras normas en materia de financiación privada para la ejecución de contratos públicos incluidas en otros textos legislativos, pero de indudable relación con los preceptos que regulan los contratos a los que se refieren, aconsejan la elaboración de un texto único en el que se incluyan debidamente aclaradas y armonizadas, todas las disposiciones aplicables a la contratación del sector público. De acuerdo con la citada habilitación se ha procedido a elaborar el texto refundido, siguiendo los criterios que a continuación se exponen. En primer lugar, se ha procedido a integrar en un texto único todas las modificaciones introducidas a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, a través de diversas Leyes modificatorias de la misma, que han dado una nueva redacción a determinados preceptos o han introducido nuevas disposiciones. Dichas Leyes son las siguientes: el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo; el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público; la Ley 14/2010, de 5 de julio, de infraestructuras y los servicios de información geográfica en España; la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de

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30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras; la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas; la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad, y la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En segundo lugar, siguiendo el mandato del legislador, se ha procedido a integrar en el texto las disposiciones vigentes relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos. Por una parte, en materia de contrato de concesión de obras públicas, se han integrado las disposiciones sobre financiación contenidas en el todavía vigente Capítulo IV del Título V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que por esta disposición se deroga en su totalidad. Por otra, para el contrato de colaboración público-privada se incluyen en el texto las previsiones contenidas en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, incluyendo las relativas a la colaboración público-privada bajo fórmulas institucionales. Como consecuencia de todo ello, se ha procedido a ajustar la numeración de los artículos y, por lo tanto, las remisiones y concordancias entre ellos, circunstancia ésta que se ha aprovechado, al amparo de la delegación legislativa, para ajustar algunos errores padecidos en el texto original. Igualmente, se ha revisado la parte final de la Ley, eliminando disposiciones e incluyendo otras motivadas por el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 30/2007 y sus modificaciones. En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y Ministra de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de noviembre de 2011, DISPONGO: Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo texto se inserta a continuación. […]”

A tenor del texto anterior y de los temas referentes a las fuentes del Derecho que se han visto en clase, responda a las siguientes preguntes y razones jurídicamente sus respuestas:

Derecho Administrativo I. Ejemplos prácticos

1. Clasifique el tipo de norma de que se trata y fundamente su respuesta.

2. Indique si los requisitos necesarios para que la norma extienda toda su eficacia se hallan en esta norma (según lo establecido en el Preámbulo).

3. Busque dos normas de iguales características, que estén vigentes en la fecha de realización de esta práctica. Justifique que se dan todos y cada uno de las características y requisitos de validez para que la norma se clasifique entre su correspondiente tipo.

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Supuesto práctico 2:

En el BOE aparece publicado el Real Decreto 129/2019, de 1 de julio, por el que se modifica uno anterior, dedicado al establecimiento de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas que reúnan las condiciones para ser consideradas como PYMES (pequeñas y medianas empresas).

La Generalitat Valenciana, a tenor de lo establecido en el artículo 149.1.6 de la Constitución el Estado se reserva la potestad de emanar normativa básica de carácter mercantil, por lo que la potestad legislativa de desarrollo queda en manos de las Comunidades Autónomas. Considerando que el Real Decreto publicado invade las competencias autonómicas, la Generalitat decide impugnar en vía contenciosoadministrativa dicha norma. 1

En relación a este caso, conteste y razone jurídicamente las siguientes cuestiones:

1. ¿Cree Vd. que se invade las competencias autonómicas en la materia?

2. Teniendo en cuenta su respuesta anterior, exponga los razonamientos jurídicos (puede utilizar jurisprudencia que encuentre al respecto) que utilizaría si Vd. fuera el Letrado de la Generalitat Valenciana o de la Administración General del Estado.

3. En esta concreta materia, según lo visto en clase en relación con los principios que rigen las relaciones entre Comunidades Autónomas y Estado, explique cómo se aplican los principios constitucionales de competencia, prevalencia y supletoriedad (puede recurrir a ejemplos con normas reales siempre que estén vigentes en el momento de realizar esta práctica).

Lea con atención la Sentencia núm. 3954/2017, del Tribunal Supremo, de 7 de noviembre, de la Sala Contencioso-Administrativo.

Derecho Administrativo I. Ejemplos prรกcticos

TEMA 4 LA ADMINISTRACIร N Y LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

Supuesto prรกctico 1: En la siguiente pรกgina encontrarรก una tabla con dos columnas, la primera define un tipo de norma cuyo nombre debe Vd. hacer constar en la segunda columna.