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EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL

ALEXANDRE PAZOS PÉREZ

Valencia, 2014

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A mis padres: Juan y Juana

Índice ABREVIATURAS ....................................................................................

PRÓLOGO .............................................................................................

Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 1. Introducción ...................................................................................... 2. Evolución histórica ............................................................................ 3. Internacionalización y constitucionalización de la normativa laboral española ............................................................................................ 3.1. Proceso de internacionalización de la normativa laboral española 3.2. Proceso de constitucionalización de los derechos fundamentales, con especial referencia al derecho a la libertad de expresión e información ............................................................................... 3.3. Proceso de laboralización de los derechos fundamentales, con especial referencia al derecho a la libertad de expresión e información....................................................................................... 4. Europeización del derecho español del trabajo, en concreto de la libertad de expresión y de información en el ámbito laboral ..................... 5. Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen .......... 6. El acoso sexual, por razón de sexo y moral en el ámbito laboral. Prevención del acoso laboral ..................................................................

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Capítulo 2 DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN. VERTIENTE INDIVIDUAL 1. El derecho a la libertad de expresión y de información con especial consideración a su tratamiento como derecho fundamental inespecíico .... 2. Semejanzas y diferencias entre los conceptos de “expresión” y de “información”. Su íntima interconexión. Con especial atención al derecho a la información .......................................................................... 2.1. El derecho de información ......................................................... 2.1.1. A nivel internacional y comunitario ............................... 2.1.2. Información activa y pasiva. Derecho de rectiicación ....

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10 2.1.3. Derechos de información de los representantes de los trabajadores........................................................................ 2.2. El deber de sigilo ....................................................................... 2.3. Información veraz y hechos noticiables...................................... 3. Límites al ejercicio de la libertad de expresión e información del trabajador .................................................................................................. 3.1. Principio de buena fe ................................................................. 3.1.1. La buena fe en general.................................................... 3.1.2. La buena fe como límite a la libertad de información y expresión........................................................................ 3.1.3. El deber de secreto como manifestación de la buena fe ... 3.1.4. Equilibrio entre la buena fe y la libertad de expresión e información.................................................................... 3.2. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Personas que ejerzan funciones públicas o resulten implicadas en asuntos de relevancia pública ................................................................. 3.2.1. Conlicto entre el derecho a la libertad de expresión e información y el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen ................................................................ 3.2.2. El derecho de rectiicación .............................................. 3.2.3. Peculiaridades de colectivos especíicos .......................... 3.3. Juicios de idoneidad, proporcionalidad y necesidad ................... 4. La libertad de expresión e información en las organizaciones de tendencia. Cláusulas de conciencia ......................................................... 4.1. Cláusula de conciencia............................................................... 5. La incidencia de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral ............. 5.1. Contextualización...................................................................... 5.2. Jurisprudencia ........................................................................... 5.3. El uso de las redes sociales en internet por parte de los trabajadores en horario laboral ................................................................ 5.4. Tratamiento de datos y efectos personales ................................. 5.5. Control empresarial de la utilización del correo electrónico en el ámbito laboral ........................................................................... 5.6. Utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito sindical ........ 5.7. La era digital y la sociedad de la información ............................

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Capítulo 3 DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN. VERTIENTE COLECTIVA 1. Marco normativo. La Ley Orgánica de libertad sindical .................... 1.1. Consideraciones generales y procesales ...................................... 1.2. Mayor protección de los representantes de los trabajadores ......

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2. 3. 4. 5.

1.3. Derecho de información y consulta de los representantes legales de los trabajadores..................................................................... 1.4. Garantía de indemnidad como manifestación del artículo 28.1 de la CE ......................................................................................... Representantes legales de los trabajadores ......................................... 2.1. Funciones informativas de los representantes unitarios .............. 2.2. Funciones informativas de los representantes sindicales ............. Asambleas de trabajadores y reuniones sindicales .............................. Acción sindical en la empresa: difusión. Tablones de anuncios tradicionales y virtuales ............................................................................ Derechos de huelga, reunión y manifestación. La igura del “piquete” 5.1. Derecho de huelga ..................................................................... 5.2. Derecho de reunión y manifestación ..........................................

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................

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Abreviaturas AA.VV. ACARL. AEPD. AIA. ART. AS. ATC. BOE. CC. CCAA. CC.OO. CE. CES. CGPJ. CP. DOUE.

Autores varios. Asociación de Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales. Agencia Española de Protección de Datos. Actualidad Informática Aranzadi. Artículo. Aranzadi Social. Auto del Tribunal Constitucional. Boletín Oicial del Estado. Código Civil, de 24 de julio de 1889. Comunidades Autónomas. Comisiones Obreras. Constitución Española de 1978. Consejo Económico y Social. Consejo General del Poder Judicial. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Diario Oicial de la Unión Europea, anteriormente denominado DOCE (Diario Oicial de las Comunidades Europeas). EBEP. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. ET. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. FJ. Fundamento Jurídico. JUR. Jurisprudencia. Ley 2/91. Ley 2/91, de 7 de enero, sobre derechos de los representantes de los trabajadores en materia de contratación. LGSS. Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. LISOS. Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. LO 1/1982. Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. LOLS. Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical. LOPD. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. LOPJ. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, de Poder Judicial.

14 LORTAD.

Abreviaturas

Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal 5/1992, de 29 de octubre. LJS. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE de 11 de octubre de 2011). LPRL. Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 noviembre. OIT. Organización Internacional del Trabajo. ONU. Organización de Naciones Unidas. RAC. Revista de Actualidad Civil. RATC. Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional. RD. Real Decreto. RDP. Revista de Derecho Político. RDS. Revista de Derecho Social. REDA. Revista Española de Derecho Administrativo. REDC. Revista Española de Derecho Constitucional. RGLJ. Revista General de Legislación y Jurisprudencia. RL. Revista de Relaciones Laborales. RDLeg. Real Decreto Legislativo. RDLey. Real Decreto Ley. RD 3/2012. Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. RJ. Repertorio de Jurisprudencia. RPS. Revista de Política Social. SAN. Sentencia de la Audiencia Nacional. SPEE. Servicio Público de Empleo Estatal, anteriormente denominado INEM (Instituto Nacional de Empleo). SS. Seguridad Social. SJS. Sentencia Juzgado de lo Social. SMAC. Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación. STC. Sentencia del Tribunal Constitucional. STCT. Sentencia del Tribunal Central de Trabajo. STEDH. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. STJUE. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, anteriormente denominado STJCE (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea). STS. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social). STSJ. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. TC. Tribunal Constitucional. TEDH. Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Abreviaturas

TJCE. TS. TSJ. TUE. UE.

15 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo. Tribunal Supremo. Tribunal Superior de Justicia. Tratado de la Uni贸n Europea. Uni贸n Europea.

Prólogo Los derechos humanos han sido de un tiempo a esta parte una temática de constante atención entre la doctrina iuslaboralista española. No se hace necesario poner ejemplos concretos para convenir en esta airmación. El análisis de las relaciones laborales desde el punto de vista de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución de 1978 ha merecido una amplia atención por parte de la doctrina, sin duda alguna necesaria. Al compás de la coniguración de una jurisprudencia constitucional y ordinaria más o menos coherente, se han sucedido publicaciones, congresos y debates. En cuanto a los derechos a la libertad de expresión y de información, esta dinámica ha sido muy perceptible, así como el diálogo entre los mundos académico y judicial, en particular a partir de la obra de la profesora ROJAS RIVERO. La materia en absoluto ha perdido su actualidad, pero han sucedido demasiadas novedades desde entonces como para que se hiciera necesaria una nueva visita amplia a dichas libertades fundamentales. En particular, las dialécticas habidas en el seno del Tribunal Constitucional en los años noventa y dos mil, así como entre él y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también con el Tribunal Supremo, aconsejaban abordar renovados análisis. En este escenario se presenta el libro del prof. PAZOS PÉREZ, que constituye el resultado, tras amplia revisión, de lo que ya hace más de tres años se presentó como su tesis doctoral. No quiere ser este prólogo una glosa de su contenido, la cual no sería necesaria. Sí debe destacarse su enfoque desde la perspectiva básica de los derechos civiles y políticos, tal y como han sido reconocidos en los instrumentos internacionales y en la jurisprudencia de sus órganos de aplicación. Ya se ha puesto de maniiesto el interés que sobre esta materia tiene la doctrina del Tribunal de Estrasburgo, a partir de la cual se deducen obligaciones negativas y positivas de los Estados miembros. Tampoco cabe desdeñar la importancia creciente que está llamada a tener la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a partir de una interpretación necesaria tanto de la Carta de Niza como de la Carta de Turín, de la cual cabe esperar un desarrollo más completo, tomando como referencia fundamental el art. 10 del Convenio

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de Roma. Por más que los primeros pronunciamientos de la Corte de Luxemburgo en interpretación del art. 6 del Tratado de la Unión Europea no hayan sido todo lo ilusionantes que cupiera esperar, sin duda hay un vasto espacio abierto para el desarrollo armónico de los derechos fundamentales en los veintiocho Estados Miembros. Las modalidades emergentes de prestación de servicios por cuenta ajena y las nuevas circunstancias en las que se desarrolla el contrato de trabajo propician unos canales diferentes a través de los cuales se ejercitan los derechos a la libertad de expresión y de información. Las tecnologías de la comunicación y los usos y las convenciones sociales ligados a ellos han suscitado cuestiones o perspectivas distintas a las cuales han tenido que enfrentarse los órganos de aplicación del Derecho. El desarrollo del trabajo se ve condicionado por el manejo continuo de la red de internet, con unas consecuencias insospechadas no hace muchos años. Diríase que, en el fondo, no se trata sino de nuevos canales de comunicación a los que cabe aplicar doctrinas tradicionales, pero ello no es del todo así, porque el propio trabajo dependiente se ha visto muy condicionado por todos estos nuevos entornos. El lujo informativo, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen y al honor, la relación entre personas y grupos, la privacidad, el secreto de las comunicaciones, el libre desarrollo de la personalidad y la propia dignidad de las personas alcanzan nuevas dimensiones cualitativamente distintas de las tradicionales. Y, del mismo modo, el contenido de la prestación de servicios se ha visto muy alterado, en unos términos que imponen una reconsideración de todos los derechos fundamentales en juego. Debe reconocerse que la aproximación judicial a tales cuestiones se ha producido básicamente desde la perspectiva sancionadora. Es decir, desde el enjuiciamiento de despidos u otras sanciones impuestas a personas trabajadoras a causa del uso desviado de las tecnologías de la comunicación. Este punto de vista patológico ha producido una aproximación centrada en los límites a los derechos fundamentales derivados de la buena fe en el contrato de trabajo. En este contexto, la cuestión básica por la que ha discurrido la doctrina judicial ordinaria y constitucional se ha centrado en la ponderación del uso de aquéllas con inalidades extralaborales y en la entidad de la labor de control que puede desarrollar el empresario. Por tanto, se ha analizado la controversia en mayor medida bajo el prisma de los derechos a la

Prólogo

intimidad, a la privacidad y al secreto de las comunicaciones que a partir del contenido de la información o de la expresión transmitida. Lo cual parece razonable, pero deja pendiente parte del problema, porque, indudablemente, el medio de comunicación condiciona la comunicación misma, tanto en su perspectiva cualitativa como cuantitativa. No es solo que los medios actuales admitan una transmisión masiva de información, sino que además permiten expresar y difundir opiniones propias y ajenas de una forma más luida. Cabría plantear, por ejemplo, que no es necesariamente homologable la asunción de ideas ajenas por parte de un transmisor de las mismas cuando, vg., reparte una octavilla que cuando reenvía un mensaje o un vídeo viral o remite a una página de la web. Tales consideraciones trascienden el ámbito de las relaciones individuales de trabajo y afectan desde luego a la acción sindical en su conjunto. Las relaciones de representación de los trabajadores requieren revisitar el marco de garantías para asegurar una indemnidad total de los delegados sindicales y de los representantes unitarios por lo que atañe a las expresiones e informaciones transmitidas en el ejercicio de su representación, en los términos exigidos por el Convenio nº 135 de OIT. Al mismo tiempo, la actividad de las organizaciones sindicales en la empresa se reviste de nuevas estrategias de comunicación, proselitismo y organización, a la vez que requieren de la empresa distintos medios y facilidades, en atención al grado de implantación y representatividad que ostente cada organización sindical. Incluso el propio concepto de centro de trabajo, como célula de la acción representativa, se ve mediatizado por todo este input tecnológico. Las medidas de conlicto encuentran asimismo renovadas formas de exteriorización más eicaces, cualquiera que sea la parte que las emplea. Nuevas estrategias para suscitar adhesiones a la huelga condicionan la actividad de los piquetes, en tanto que se libra una sorda batalla para distinguir lo lícito y lo ilícito en el ejercicio de la libertad de expresión e información por ambas partes en conlicto, especialmente importante a la vista del tiempo real en que se distribuyen ambas. Por supuesto, toda esta dialéctica se traslada a los propios convenios colectivos a la hora de reconocer mayores o menores derechos y facilidades a las instancias representativas de los trabajadores. Porque, con carácter general, debe reconocerse que los derechos de

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información y libertad de expresión adquieren una importancia central en la acción colectiva. Con todo, las libertades de expresión y de información forman parte del núcleo duro de los derechos civiles y políticos. Su clara impregnación laboral no es excusa para que haya que abordar esta materia desde las fuentes generales de conocimiento jurídico, en particular —y a ésta ya se ha hecho referencia— la jurisprudencia del TEDH, pero también la del TC y la de la Sala 1 del TS, principalmente en su bagaje sobre la Ley Orgánica 1/1982, de 5 mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y, precisamente en torno a esta cuestión de la imagen se ciernen algunos de los límites más discutidos al ejercicio al derecho de libre expresión o información en el seno del contrato de trabajo. Se trata de dilucidar si el trabajador está vinculado por un deber de buena fe que le impide proferir públicamente expresiones que puedan dañar la imagen de la empresa, o, más bien, qué límites proporcionados cabe oponer al ejercicio de este derecho fundamental. Del mismo modo, habrá que ponderar, en su caso, la condición de representante de los trabajadores de la persona que presumiblemente daña a la empresa con la información o la expresión divulgada. Habrá que valorar, en este sentido, los sacriicios recíprocos asumibles. Lo que desde la perspectiva de la empresa puede llegar a considerarse incluso como un boicot. Al margen de dichos ejemplos laborales, este libro parte de las fuentes generales de conocimiento y apunta criterios que, en el concreto ámbito de nuestra disciplina, no han sido excesivamente visitados. Por ejemplo, la propia identidad pública de la persona sobre la que se opina o sobre la que se informa, el propio interés objetivo de “lo noticiable” o la distinta vocación del medio de comunicación que transmite opiniones o datos, que puede orientarse hacia un tipo de contenidos u otro distinto. No cabe duda de que tales criterios son susceptibles de aplicarse en el contexto de las relaciones de trabajo, al margen de otros más tradicionalmente debatidos, pero que no cuentan con consenso suiciente. Nos referimos, en particular, a la contundencia del lenguaje empleado, que puede ser mayor en unos ámbitos que en otros. Por ejemplo, en el foro, el derecho de defensa de las partes exige una mayor lexibilidad en la admisión de expresiones que puedan molestar o herir. Del mismo modo, la jerga sindical y de las relaciones colectivas necesariamente es incisiva y está dirigida,

Prólogo

evidentemente, a llamar la atención con frases epatantes. Es un lugar común en la jurisprudencia constitucional airmar que el derecho a la libre expresión no ampara el derecho al insulto. Claro que eso es así, pero el concepto “insulto” es sumamente elástico, pues los apelativos hay que interpretarlos en su contexto, en el que muchas veces pierden gran parte de su signiicado. Si no, que se lo pregunten a Hergé, en cuanto al inolvidable capitán Haddock. Es decir, nos parece que cierta jurisprudencia ha sido excesivamente mojigata en la valoración de panletos o consignas sindicales. *** Este tipo de prólogos a primeras obras de profesores de Derecho del Trabajo deberían ser, sobre todo, una carta de presentación del autor. En este caso, Alexandre Pazos nos plantea un estudio interesante, que invita a la relexión y a la toma de postura. En la dirección de la obra, lo hemos animado constantemente a que se decante y se exprese en primera persona. No podía ser de otro modo, a la vista del tema. Creemos que el resultado no pierde valor, pues se exponen los diversos argumentos, a la vez que se aproxima más a cuál debiera ser el verdadero oicio universitario, demasiado centrado muchas veces en una simple paráfrasis de doctrina judicial. Pensamos que es conveniente tomar distancia con ella —eso sí, conociéndola bien— para criticarla, en lo que deba ser criticada. Y, de este ingrediente, entendemos que hay cantidad suiciente en el libro. Con él, no se culmina nada. Por supuesto, la libertad de expresión y de información admiten muchos otros estudios, con distintos enfoques, otras fuentes y diferentes puntos de vista. Pero creemos que se trata de una obra valiosa, cuyo estudio recomendamos. Por nuestra parte, nos queda la satisfacción de haber presentado a un profesor que, en el largo camino que tiene por delante, actuará con más autonomía. Aunque, como miembro de nuestro grupo, “you’ll never walk alone”. En Vigo, a 6 de noviembre 2014

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Capítulo 1

Introducción 1. INTRODUCCIÓN El derecho a la libertad que cada ciudadano posee por su condición de persona es inalienable y se puede ejercer frente al resto de la humanidad sin más limitación que el respeto ajeno en su mismo derecho. Como dijo Rousseau “renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombres, a los derechos de humanidad e incluso a los deberes”1. La función de la ley será evidenciar y defender el derecho a la libertad personal de cada uno de los ciudadanos. Inicialmente la libertad de expresión ha sido conigurada como un derecho de libertad frente al poder público, lo que signiica “ausencia de interferencias o de intromisiones de las autoridades estatales en el proceso de comunicación”2. La libertad de expresión es imprescindible para lograr una opinión pública libre en el marco del pluralismo político, en una sociedad democrática. La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, que se utiliza como medio para la libre difusión de las ideas. El derecho a la libertad de expresión fue uno de los pilares de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos3 y de la Revolución Francesa4. La libertad de expresión es una manifestación externa

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Rousseau, Jean-Jacques, Du contrat social. Traducción al español de Enrique de la Rosa: El contrato social o principios del derecho político, Fabril Editora (Buenos Aires, 1963), p. 158. Véase la STC 12/1982, de 31 de marzo, FJ 3º. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conlicto, que duró desde 1775 hasta 1783, y que enfrentó a las trece colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Finalizó con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la irma del Tratado de París (la paz de Versalles). En 1787 se proclamó la constitución de Philadelia, inspirada en los principios de igualdad y libertad, y también se recogían por primera vez los principios del liberalismo político estableciendo un régimen republicano y democrático. La independencia y democracia estadounidense causó un notable impacto en la opinión y la política de Europa. La Revolución Francesa de 1789 marcó el inal de la monarquía absoluta en Francia, dando lugar a un nuevo régimen donde la burguesía, y en algunas oca-

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de otro derecho fundamental: la libertad ideológica. El TC considera que la libertad ideológica no se agota en una dimensión interna del derecho a adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne, sino que comprende además las manifestaciones externas de dicha libertad5, es decir, el derecho de cualquiera ciudadano a expresar libremente lo que piensa6. Por otro lado, la globalización de la información y la revolución tecnológica7 aplicada a los medios de comunicación8, dan lugar a un nuevo mundo de ventajas y beneicios, pero también de innumerables problemas y riesgos. El derecho a la libertad de información garantiza el pluralismo, imprescindible para la existencia de una comunicación pública libre en una sociedad democrática, frente al monopolio del Estado. El art. 20 de la CE reconoce por separado las libertades de expresión y de información, en dos párrafos distintos, acogiendo una concepción dual que se separa de la mayor parte de las constituciones y declaraciones sobre derechos fundamentales9. Son dos derechos distintos, pero íntimamente conectados y relacionados, hasta tal punto

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siones las masas populares, se convirtieron en la fuerza política dominante del país. El 27 de agosto de 1789 la Asamblea Nacional Constituyente publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirándose en gran parte en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y estableciendo el principio de libertad, igualdad y fraternidad. Véase la STC 120/90, de 27 de junio, FJ 10º. La STC 20/1990, de 15 de febrero, en su FJ 5º airma que a la libertad ideológica que reconoce el art. 16.1 de la CE le corresponde el correlativo derecho a expresarla que garantiza el art. 20.1 a). Entendiendo por revolución la ruptura con el modelo establecido a través de una transformación profunda de los elementos sobre los que se construye el sistema anterior, que se ha quedado obsoleto ante los nuevos procesos de producción y transmisión de la información. Se puede utilizar cualquier medio para difundir los pensamientos, ideas y opiniones, ya sea verbal (una reunión, concentración o manifestación), escrito (libros, periódicos, carteles,…), ondas radioelectrónicas o impulsos eléctricos (radio, televisión, internet). En el constitucionalismo comparado, con la excepción de la Constitución portuguesa, se reconocen conjuntamente ambas libertades, además, se considera que la libertad de prensa es una concreción de la libertad de expresión. Muñoz Lorente, José, La libertad de información y el derecho al honor en el Código Penal de 1995, Tirant lo Blanch (Valencia, 1999), p. 65.

El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información…

que se puede considerar que la libertad de expresión y la libertad de información son “manifestaciones de un derecho general a la libre comunicación”10. Es necesario resaltar el marcado carácter constitucional del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información en el ámbito laboral, ya que es un derecho especialmente protegido por la CE en su Título Primero, Capítulo Segundo dedicado a los derechos fundamentales y libertades públicas11. La importancia del derecho a la libertad de expresión e información es indiscutible y se puede apreciar no sólo en el ordenamiento jurídico español, sino, como se verá, también en el ámbito europeo e internacional. La importancia para la sociedad del derecho a la libertad de expresión, como medio insustituible de formación de la opinión pública, se puede apreciar en la airmación de que “el grado de libertad de expresión real de los medios de comunicación social de un país, constituye uno de los principales indicadores para medir el grado de desarrollo económico de un pueblo”12. Sin libertad, la justicia se tambalea y sin ésta, la democracia está destinada al fracaso. En este sentido ninguna sociedad es libre, cualquiera que sea su forma de Gobierno, si estas libertades no son en todo caso respetadas, y “ninguna es completamente libre si estas libertades no están garantizadas de una manera absoluta y sin reserva”13. La libertad de expresión de los trabajadores, como ciudadanos, les faculta para comunicar sin impedimentos sus pensamientos, ideas u opiniones sobre los temas que elijan, sin más limitaciones que las establecidas para el resto de seres humanos. Sin embargo, esta igualdad —o equiparación— se pone en tela de juicio cuando aborda cuestiones referidas a su trabajo o vinculadas con su empresario. En este momento es cuando el derecho reconocido en el art. 20 de la CE comienza a encontrar más diicultades para su ejercicio. 10

Solozábal Echavarría, Juan José, La libertad de expresión desde la teoría de los derechos fundamentales, REDC, núm. 32, 1991, p. 81. Mediante su obligatoria elaboración por LO y la protección especial de amparo del art. 53 de la CE. Concepción Rodríguez, José Luís, Honor, intimidad e imagen. Un análisis jurisprudencial de la LO 1/1982, Bosch (Barcelona, 1996), p. 180. Stuart Mill, John, Sobre la libertad, Alianza Editorial (Madrid, 1970), p. 207.

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La posición de sujeción y subordinación de una de las partes del contrato de trabajo, el trabajador, al ámbito de organización y dirección del empresario, hace que su derecho fundamental a la libertad de expresión e información padezca un potencial peligro de vulneración en mayor medida que en el resto de relaciones inter privatos. Por ello es necesario proteger con especial irmeza el derecho a la libertad de expresión e información en el ámbito laboral. El derecho a la libertad de expresión y de información es un derecho fundamental inherente a la persona, es inviolable y es imprescindible para que se pueda producir el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad del propio individuo. Por su naturaleza intrínseca y en atención al bien jurídico que protege, es un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática. Constituye un vehículo de gran importancia para el desarrollo del conocimiento y para la profundización de las demás libertades públicas y privadas en un Estado de Derecho. Sin embargo no hay que remontarse muy atrás en el tiempo para ver plasmado su reconocimiento, principalmente en España, ya que la propia CE es reciente, y es por ello que la tutela de los derechos fundamentales y las libertades públicas está en un constante proceso de evolución. El derecho a la información se convierte además en un deber, y no sólo del trabajador, ya que el empresario está obligado a informar de las condiciones aplicables al contrato de trabajo, tal y como establece el párrafo 9 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989, que reconoce el derecho del trabajador a que se deinan sus condiciones de trabajo por ley, convenio colectivo o por contrato de trabajo14. La obligación que tiene el empresario de informar al trabajador de las condiciones aplicables al contrato o a la relación laboral se establece en la Directiva 91/533/ CE del Consejo, de 14 de octubre15. La aprobación y entrada en vigor del RD 1659/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el art. 8, apartado 5, del ET en materia de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo16, ha completado, al 14 15 16

Aprobada en Estrasburgo el 9 de diciembre de 1989. DOUE de 18 de octubre de 1991. BOE de 12 de agosto de 1998. Concretamente el art. 8.5 del ET indica que “cuando la relación laboral sea de duración superior a cuatro semanas, el em-

El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información…

menos desde una perspectiva formal, el proceso de incorporación a nuestro ordenamiento interno de la Directiva 91/533/CE, sobre los derechos de información en el contrato de trabajo.

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA El punto de partida es la situación de autoridad absoluta del empresario, que tenía el derecho exclusivo de decidir en todo. El objetivo primordial de los trabajadores, a lo largo de la historia, es la idea del derecho de los obreros a participar en la gestión de las empresas, idea que se ha hecho popular con el nombre de “control obrero”17. Se trata del reconocimiento a los obreros del derecho de ser considerados como agentes humanos de la producción, capaces de sentir y de pensar, y no como meros instrumentos, forzados a obedecer sin relexión ni discusión. En este sentido, el “reconocimiento en el ámbito de la empresa de un “espacio de libre expresión a favor de los trabajadores se erige en garantía para el desarrollo de un sistema democrático de relaciones laborales”18. El primer lugar donde se declaró tenuemente la libertad de expresión fue en el art. 9 de la Declaración de Derechos inglesa o Bill of Rights, de 13 de febrero de 1689, que estableció la libertad de discurso en sede parlamentaria mediante la siguiente fórmula: “la libertad de expresión y de los debates y procedimientos del Parlamento no podrá ser incriminada ni cuestionada en ningún Tribunal ni lugar fuera del Parlamento”. Por todo ello, se puede apreciar que en un primer momento sólo se reconocía este derecho a los parlamentarios y en la sede del propio parlamento.

presario deberá informar por escrito al trabajador, en los términos y plazos que se establezcan reglamentariamente, sobre los elementos esenciales del contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, siempre que tales elementos y condiciones no iguren en el contrato de trabajo formalizado por escrito”. Picard Roger, El control obrero en la gestión de las empresas. Versión Española de F. Carrillo, Instituto Ibero-Americano de Derecho comparado (Madrid, 1926), p. 1. Cfr. Valdés Dal-Ré, Fernando, La dimensión laboral de la libertad de expresión, RL, núm. 1, 2004, p. 84.