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29ª Edición anotada

y Ley Penal del Menor

Código Penal 978-84-1355-525-6

textos legales

Código Penal y Ley Penal del Menor 29ª Edición anotada

Texto a dos colores resaltando los artículos modificados por las Leyes Orgánicas 1/2019, de 20 de febrero y 2/2019, de 1 de marzo

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Cรณdigo Penal

y Ley Penal del Menor

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Ángel M. López y López

Tomás S. Vives Antón

Marta Lorente Sariñena

Ruth Zimmerling

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

Código Penal

y Ley Penal del Menor 29ª Edición

FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA Universidad Carlos III de Madrid

ANA CRISTINA ANDRÉS DOMÍNGUEZ Universidad de Burgos

PAZ M. DE LA CUESTA AGUADO ANA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA BÁRBARA SAN MILLÁN FERNÁNDEZ VALENTINA ILEANA DIPSE IOANA ANDREEA GRIGORAS

Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Cantabria

EMILIO CORTÉS BECHIARELLI Universidad de Extremadura

CARMEN SÁNCHEZ MORÁN Abogada

tirant lo blanch Valencia, 2020

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© Francisco Javier Álvarez García y otros

© TIRANT LO BLANCH

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Índice PRÓLOGO......................................................................................... 17 NOTA PREVIA.................................................................................... 23 LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO PENAL.............................................................................. 27 TÍTULO PRELIMINAR. DE LAS GARANTÍAS PENALES Y DE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL............................................................................... 39

LIBRO I DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS, LAS PERSONAS RESPONSABLES, LAS PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN PENAL TÍTULO I. DE LA INFRACCIÓN PENAL.................................................. 43 CAPÍTULO I. DE LOS DELITOS........................................................... 43 CAPÍTULO II. DE LAS CAUSAS QUE EXIMEN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL...................................................................................... 46 CAPÍTULO III. DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ATENÚAN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL........................................................................... 48 CAPÍTULO IV. DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AGRAVAN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL........................................................................... 49 CAPÍTULO V. DE LA CIRCUNSTANCIA MIXTA DE PARENTESCO.................... 50 CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES GENERALES.......................................... 50 TÍTULO II. DE LAS PERSONAS CRIMINALMENTE RESPONSABLES DE LOS DELITOS...................................................................................... 51 TÍTULO III. DE LAS PENAS................................................................. 58 CAPÍTULO I. DE LAS PENAS, SUS CLASES Y EFECTOS.............................. 58 SECCIÓN 1.ª. De las penas y sus clases.......................................... 58 SECCIÓN 2.ª. De las penas privativas de libertad............................. 63 SECCIÓN 3.ª. De las penas privativas de derechos............................ 66 SECCIÓN 4.ª. De la pena de multa................................................. 72 SECCIÓN 5.ª. De las penas accesorias............................................ 75 SECCIÓN 6.ª. Disposiciones comunes............................................. 79 CAPÍTULO II. DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS................................... 80

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ÍNDICE SECCIÓN 1.ª. Reglas generales para la aplicación de las penas........... 80 SECCIÓN 2.ª. Reglas especiales para la aplicación de las penas.......... 87 CAPÍTULO III. DE LAS FORMAS SUSTITUTIVAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y DE LA LIBERTAD CONDICIONAL........ 92 SECCIÓN 1.ª. De la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad............................................................................ 92 SECCIÓN 2.ª. De la sustitución de las penas privativas de libertad..... 102 SECCIÓN 3.ª. De la libertad condicional......................................... 105 SECCIÓN 4.ª. Disposiciones Comunes............................................. 113

TÍTULO IV. DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD........................................ 114 CAPÍTULO I. DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN GENERAL..................... 114 CAPÍTULO II. DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD........... 118 SECCIÓN 1.ª. De las medidas privativas de libertad.......................... 118 SECCIÓN 2.ª. De las medidas no privativas de libertad..................... 120 TÍTULO V. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LOS DELITOS Y DE LAS COSTAS PROCESALES.......................................................... 124 CAPÍTULO I. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y SU EXTENSIÓN................. 124 CAPÍTULO II. DE LAS PERSONAS CIVILMENTE RESPONSABLES.................. 126 CAPÍTULO III. DE LAS COSTAS PROCESALES......................................... 130 CAPÍTULO IV. DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEMÁS RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS................................................ 130 TÍTULO VI. DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS................................. 131 TÍTULO VII. DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL Y SUS EFECTOS...................................................................................... 139 CAPÍTULO I. DE LAS CAUSAS QUE EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL......................................................................................... 139 CAPÍTULO II. DE LA CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES DELICTIVOS........... 145

LIBRO II DELITOS Y SUS PENAS TÍTULO I. DEL HOMICIDIO Y SUS FORMAS........................................... 149 TÍTULO II. DEL ABORTO.................................................................... 153 TÍTULO III. DE LAS LESIONES............................................................ 155 TÍTULO IV. DE LAS LESIONES AL FETO................................................. 164 TÍTULO V. DELITOS RELATIVOS A LA MANIPULACIÓN GENÉTICA............. 165

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TÍTULO VI. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD.......................................... 166 CAPÍTULO I. DE LAS DETENCIONES ILEGALES Y SECUESTROS................... 166 CAPÍTULO II. DE LAS AMENAZAS....................................................... 168 CAPÍTULO III. DE LAS COACCIONES.................................................... 171 TÍTULO VII. DE LAS TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL........................................................................................ 173 TÍTULO VII BIS. DE LA TRATA DE SERES HUMANOS............................... 177 TÍTULO VIII. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUALES.. 180 CAPÍTULO I. DE LAS AGRESIONES SEXUALES........................................ 180 CAPÍTULO II. DE LOS ABUSOS SEXUALES............................................ 181 CAPÍTULO II BIS. DE LOS ABUSOS Y AGRESIONES SEXUALES A MENORES DE DIECISÉIS AÑOS......................................................................... 183 CAPÍTULO III. DEL ACOSO SEXUAL..................................................... 186 CAPÍTULO IV. DE LOS DELITOS DE EXHIBICIONISMO Y PROVOCACIÓN SEXUAL........................................................................................ 187 CAPÍTULO V. DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCIÓN Y A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y CORRUPCIÓN DE MENORES.................................... 187 CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS ANTERIORES... 195 TÍTULO IX. DE LA OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO............................ 197 TÍTULO X. DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD, EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN Y LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO............................... 198 CAPÍTULO I. DEL DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS.............. 198 CAPÍTULO II. DEL ALLANAMIENTO DE MORADA, DOMICILIO DE PERSONAS JURÍDICAS Y ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO..................... 203 TÍTULO XI. DELITOS CONTRA EL HONOR.............................................. 204 CAPÍTULO I. DE LA CALUMNIA.......................................................... 204 CAPÍTULO II. DE LA INJURIA........................................................... 204 CAPÍTULO III. DISPOSICIONES GENERALES.......................................... 205 TÍTULO XII. DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES................. 207 CAPÍTULO I. DE LOS MATRIMONIOS ILEGALES...................................... 207 CAPÍTULO II. DE LA SUPOSICIÓN DE PARTO Y DE LA ALTERACIÓN DE LA PATERNIDAD, ESTADO O CONDICIÓN DEL MENOR................................ 207 CAPÍTULO III. DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS Y DEBERES FAMILIARES..................................................................................... 209 SECCIÓN 1.ª. Del quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción de menores al abandono de domicilio.......................... 209 SECCIÓN 2.ª. De la sustracción de menores.................................... 210

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ÍNDICE SECCIÓN 3.ª. Del abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección................................ 211

TÍTULO XIII. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO............................................................................ 213 CAPÍTULO I. DE LOS HURTOS............................................................ 213 CAPÍTULO II. DE LOS ROBOS............................................................ 215 CAPÍTULO III. DE LA EXTORSIÓN....................................................... 219 CAPÍTULO IV. DEL ROBO Y HURTO DE USO DE VEHÍCULOS....................... 219 CAPÍTULO V. DE LA USURPACIÓN....................................................... 220 CAPÍTULO VI. DE LAS DEFRAUDACIONES............................................. 221 SECCIÓN 1.ª. De las estafas......................................................... 221 SECCIÓN 2.ª. De la administración desleal...................................... 225 SECCIÓN 2.ª BIS. De la apropiación indebida.................................. 225 SECCIÓN 3.ª. De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas..... 226 CAPÍTULO VII. FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN................................... 227 CAPÍTULO VII BIS. DE LAS INSOLVENCIAS PUNIBLES............................. 230 CAPÍTULO VIII. DE LA ALTERACIÓN DE PRECIOS EN CONCURSOS Y SUBASTAS PÚBLICAS................................................................................. 234 CAPÍTULO IX. DE LOS DAÑOS............................................................ 234 CAPÍTULO X. DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS ANTERIORES..... 240 CAPÍTULO XI. DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES........................... 241 SECCIÓN 1.ª. De los delitos relativos a la propiedad intelectual......... 241 SECCIÓN 2.ª. De los delitos relativos a la propiedad industrial........... 245 SECCIÓN 3.ª. De los delitos relativos al mercado y a los consumidores....................................................................................... 248 SECCIÓN 4.ª. Delitos de corrupción en los negocios......................... 255 SECCIÓN 5.ª. Disposiciones comunes a las Secciones anteriores......... 258 CAPÍTULO XII. DE LA SUSTRACCIÓN DE COSA PROPIA A SU UTILIDAD SOCIAL O CULTURAL........................................................................ 260 CAPÍTULO XIII. DE LOS DELITOS SOCIETARIOS..................................... 261 CAPÍTULO XIV. DE LA RECEPTACIÓN Y EL BLANQUEO DE CAPITALES........... 262 TÍTULO XIII BIS. DE LOS DELITOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.................................................................... 267 TÍTULO XIV. DE LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL.................................................................. 268 TÍTULO XV. DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES............................................................................................. 285

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TÍTULO XV BIS. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS.............................................................................. 288 TÍTULO XVI. DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO, LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y EL MEDIO AMBIENTE.................................................................. 290 CAPÍTULO I. DE LOS DELITOS SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO.............................................................................. 290 CAPÍTULO II. DE LOS DELITOS SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO............ 292 CAPÍTULO III. DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE....................................................................... 294 CAPÍTULO IV. DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y ANIMALES DOMÉSTICOS................................................... 299 CAPÍTULO V. DISPOSICIONES COMUNES.............................................. 304 TÍTULO XVII. DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA......... 305 CAPÍTULO I. DE LOS DELITOS DE RIESGO CATASTRÓFICO......................... 305 SECCIÓN 1.ª. De los delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes................................................................... 305 SECCIÓN 2.ª. De los estragos....................................................... 307 SECCIÓN 3.ª. De otros delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes........................................................................ 308 CAPÍTULO II. DE LOS INCENDIOS...................................................... 311 SECCIÓN 1.ª. De los delitos de incendio......................................... 311 SECCIÓN 2.ª. De los incendios forestales........................................ 311 SECCIÓN 3.ª. De los incendios en zonas no forestales...................... 313 SECCIÓN 4.ª. De los incendios en bienes propios............................. 313 SECCIÓN 5.ª. Disposiciones comunes............................................. 313 CAPÍTULO III. DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA.................... 314 CAPÍTULO IV. DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL................... 329 TÍTULO XVIII. DE LAS FALSEDADES.................................................... 333 CAPÍTULO I. DE LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA Y EFECTOS TIMBRADOS..... 333 CAPÍTULO II. DE LAS FALSEDADES DOCUMENTALES............................... 336 SECCIÓN 1.ª. De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación........................................................................ 336 SECCIÓN 2.ª. De la falsificación de documentos privados.................. 338 SECCIÓN 3.ª. De la falsificación de certificados............................... 338 SECCIÓN 4.ª. De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje......................................................................... 339 CAPÍTULO III. DISPOSICIONES GENERALES.......................................... 340

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ÍNDICE CAPÍTULO IV. DE LA USURPACIÓN DEL ESTADO CIVIL............................. 340 CAPÍTULO V. DE LA USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS Y DEL INTRUSISMO...................................................................................... 341

TÍTULO XIX. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA................ 342 CAPÍTULO I. DE LA PREVARICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y OTROS COMPORTAMIENTOS INJUSTOS.............................................. 342 CAPÍTULO II. DEL ABANDONO DE DESTINO Y DE LA OMISIÓN DEL DEBER DE PERSEGUIR DELITOS.................................................................... 343 CAPÍTULO III. DE LA DESOBEDIENCIA Y DENEGACIÓN DE AUXILIO............ 343 CAPÍTULO IV. DE LA INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y DE LA VIOLACIÓN DE SECRETOS.......................................................... 345 CAPÍTULO V. DEL COHECHO.............................................................. 346 CAPÍTULO VI. DEL TRÁFICO DE INFLUENCIAS....................................... 352 CAPÍTULO VII. DE LA MALVERSACIÓN................................................. 354 CAPÍTULO VIII. DE LOS FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALES...................... 357 CAPÍTULO IX. DE LAS NEGOCIACIONES Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS ABUSOS EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN................................................................................... 359 CAPÍTULO X. DISPOSICIÓN COMÚN A LOS CAPÍTULOS ANTERIORES........... 362 TÍTULO XX. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA............ 363 CAPÍTULO I. DE LA PREVARICACIÓN................................................... 363 CAPÍTULO II. DE LA OMISIÓN DE LOS DEBERES DE IMPEDIR DELITOS O DE PROMOVER SU PERSECUCIÓN......................................................... 364 CAPÍTULO III. DEL ENCUBRIMIENTO.................................................. 365 CAPÍTULO IV. DE LA REALIZACIÓN ARBITRARIA DEL PROPIO DERECHO...... 366 CAPÍTULO V. DE LA ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSAS Y DE LA SIMULACIÓN DE DELITOS............................................................................... 367 CAPÍTULO VI. DEL FALSO TESTIMONIO................................................ 368 CAPÍTULO VII. DE LA OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA Y LA DESLEALTAD PROFESIONAL.................................................................................. 369 CAPÍTULO VIII. DEL QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA........................... 371 CAPÍTULO IX. DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.............................................. 372 TÍTULO XXI. DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN................................. 373 CAPÍTULO I. REBELIÓN................................................................... 373 CAPÍTULO II. DELITOS CONTRA LA CORONA......................................... 376 CAPÍTULO III. DE LOS DELITOS CONTRA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y LA DIVISIÓN DE PODERES............................................................. 379 SECCIÓN 1.ª. Delitos contra las instituciones del Estado................... 379

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SECCIÓN 2.ª. De la usurpación de atribuciones............................... 383 CAPÍTULO IV. DE LOS DELITOS RELATIVOS AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS....................................... 384 SECCIÓN 1.ª. De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución................................................................. 384 SECCIÓN 2.ª. De los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos........................... 392 CAPÍTULO V. DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CONTRA LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.............................. 394 SECCIÓN 1.ª. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual..................................................... 394 SECCIÓN 2.ª. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad...................................................................................... 395 SECCIÓN 3.ª. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales............................................ 396 CAPÍTULO VI. DE LOS ULTRAJES A ESPAÑA.......................................... 397 TÍTULO XXII. DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO.............................. 398 CAPÍTULO I. SEDICIÓN.................................................................... 398 CAPÍTULO II. DE LOS ATENTADOS CONTRA LA AUTORIDAD, SUS AGENTES Y LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, Y DE LA RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA.......................................................................................... 399 CAPÍTULO III. DE LOS DESORDENES PÚBLICOS..................................... 402 CAPÍTULO IV. DISPOSICIÓN COMÚN A LOS CAPÍTULOS ANTERIORES.......... 405 CAPÍTULO V. DE LA TENENCIA, TRÁFICO Y DEPÓSITO DE ARMAS, MUNICIONES O EXPLOSIVOS...................................................................... 405 CAPÍTULO VI. DE LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS CRIMINALES............... 409 CAPÍTULO VII. DE LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS TERRORISTAS Y DE LOS DELITOS DE TERRORISMO............................................................. 413 SECCIÓN 1.ª. De las organizaciones y grupos terroristas................... 413 SECCIÓN 2.ª. De los delitos de terrorismo...................................... 414 TÍTULO XXIII. DE LOS DELITOS DE TRAICIÓN Y CONTRA LA PAZ O LA INDEPENDENCIA DEL ESTADO Y RELATIVOS A LA DEFENSA NACIONAL. 422 CAPÍTULO I. DELITOS DE TRAICIÓN.................................................... 422 CAPÍTULO II. DELITOS QUE COMPROMETEN LA PAZ O LA INDEPENDENCIA DEL ESTADO............................................................................... 424 CAPÍTULO III. DEL DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS E INFORMACIONES RELATIVAS A LA DEFENSA NACIONAL................................ 426

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TÍTULO XXIV. DELITOS CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL........... 427 CAPÍTULO I. DELITOS CONTRA EL DERECHO DE GENTES.......................... 427 CAPÍTULO II. DELITOS DE GENOCIDIO................................................ 428 CAPÍTULO II BIS. DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD........................ 430 CAPÍTULO III. DE LOS DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS EN CASO DE CONFLICTO ARMADO............................................. 432 CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES COMUNES............................................. 439 CAPÍTULO V. DELITO DE PIRATERÍA.................................................... 441 ANEXO I. LO 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO..................................... 443 ANEXO II. LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES....................................... 451 ANEXO III. LO 2/2010, DE 3 DE MARZO, DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO........................... 513 ANEXO IV. ARTÍCULO 23 DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL........................................................................... 533 ANEXO V. CAPÍTULO VIII DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL......................................................... 541 ANEXO VI. CAPÍTULO VII DEL TÍTULO XXII DEL LIBRO II DE LA LO 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, «DE LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS TERRORISTAS Y DE LOS DELITOS DE TERRORISMO» DEROGADO POR LO 2/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO............................................................ 547 ANEXO VII. PREÁMBULO, DISPOSICIONES ADICIONALES, DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DISPOSICIONES FINALES 4.ª, 6.ª, 7.ª Y 8.ª DE LA LO 1/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL............................ 555 ANEXO VIII. DISPOSICIONES DE SUSTITUCIÓN DE TÉRMINOS EN EL CÓDIGO PENAL INTRODUCIDAS POR LO 1/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL......................................................................................... 599

ÍNDICE

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ANEXO IX. PREÁMBULO Y DISPOSICIONES FINALES DE LA LO 2/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO......................................................................................... 601 ANEXO X. PREÁMBULO Y DISPOSICIONES FINALES DE LA LO 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA TRANSPONER DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS ÁMBITOS FINANCIERO Y DE TERRORISMO, Y ABORDAR CUESTIONES DE ÍNDOLE INTERNACIONAL........................... 607 ANEXO XI. PREÁMBULO Y DISPOSICIONES FINALES DE LA LO 2/2019, DE 1 DE MARZO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE IMPRUDENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR O CICLOMOTOR Y SANCIÓN DEL ABANDONO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE............................................. 617 ÍNDICE ANALÍTICO............................................................................. 619

PRÓLOGO Le corresponde a esta edición salir al público en el primer año de la peste del «corona virus». Un hecho, éste de la pandemia, con múltiples implicaciones penales, y que, a mi entender, dio «su primer paso jurídico» de forma equivocada: con la declaración del estado de alarma cuando lo que correspondía, a la vista de la más que evidente suspensión del derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional, era el estado de excepción1, pues es el único que autoriza a suspender el derecho constitucional del que estamos hablando (artículo 55.1 CE). Es verdad que algunos autores han argumentado que no se ha suspendido el derecho (y el propio preámbulo al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma, también lo manifiesta), pero como ya he dicho en otro lugar2 se trata de una explicación imposible de sostener sino es por el propio empeño del que lo dice, pero sin autoridad alguna, pues ¿acaso no seguimos con la prohibición, este 28 de mayo de 2020 en que escribo, de salir de nuestra provincia? ¿es que no es cierto que se nos ha confinado durante semanas en nuestro propio domicilio, bajo la amenaza sancionadora correspondiente —detenciones incluidas? Algunos arguyen: no se ha suspendido el derecho (insisto, a circular por todo el territorio nacional) porque se ha podido salir de casa a comprar provisiones; pero a esta «argumentación» hay que oponer: ¡claro!, porque no se ha suspendido también el derecho a la vida (y no hay que insistir demasiado en la idea de que la falta de alimentación conduce a la muerte), pero ello no impedía la prohibición —que insisto, en el momento en que se escriben estas línea sigue vigente— de circular libremente por el territorio nacional.

Siento decirlo con esta rotundidad: a no ser que se explique convincentemente —lo que hasta ahora no se ha efectuado— que el haber 1

2

Véase, especialmente y entre otros muchos, ALEGRE ÁVILA, J. M. y SÁNCHEZ LAMELAS, A. «Nota en relación a la crisis sanitaria generada por la actual emergencia vírica», recuperado de http://www.aepda.es/ AEPDAEntrada-2741-Nota-en-relacion-a-lacrisis-sanitaria-generadapor-la-actual-emergencia-virica.aspx.

«Estado de alarma o de excepción», en Estudios Penales y Criminológicos, vol. XL, 2020.

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FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA

desfigurado absolutamente el derecho de libre circulación (permitiendo únicamente pequeñas salidas, sin huir del núcleo urbano de residencia, y sin excederse unos metros del domicilio) no significa suspensión del derecho, habrá de admitirse, aunque se sea «jurista del régimen» (de todo el «régimen», es decir: también de los partidos de la oposición que son corresponsables de haber optado por la declaración de la «alarma»), que se ha suspendido el derecho a circular por todo el territorio nacional (restringiendo así nuestra libertad ambulatoria —durante semanas— a ir de nuestro dormitorio al cuarto de estar: ese ha sido el único derecho que nos ha quedado).

No quiero criticar, y no lo hago, con lo anterior el que se haya decretado el confinamiento, pues estoy convencido (y lo que es más importante: están convencidos los especialistas en salud pública) que era, y es, la única posibilidad de evitar el desastre sanitario. Pero lo que no es dable admitir es que el rey esté vestido cuando se encuentra desnudo. Las apelaciones a que: i) la LO del Estado de Alarma no está bien diseñada; ii) declarar el «estado de excepción» trae a la memoria las maneras de la Dictadura, o iii) el estado de alarma es el que está previsto —todo él— para las crisis sanitarias (lo que no es cierto), no constituyen más que un pretexto frente a dos realidades incontrovertibles: 1ª) Que se ha suspendido el derecho a la libre circulación (no quiero entrar en este momento en si ha habido o no más derechos constitucionales suspendidos), y 2ª) Que el artículo 55.1 CE sólo permite la suspensión del derecho en estado de excepción (o de sitio): «1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19…, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución».

Dicho de otro modo: se ha violado la Constitución; y lo que es también malo: no se ha prestado oídos, en ningún momento, a todas las voces que lo han advertido desde el mundo universitario.

Tan perverso como lo anterior ha sido la decisión (Ministerio del Interior) de denunciar por desobediencia (delito o infracción administrativa) a las personas que han conculcado los límites del confinamiento (véase la Comunicación de 14 de abril de 2020, del Ministro del Interior a los

PRÓLOGO

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Delegados del Gobierno sobre incoación de procedimientos sancionadores por presunta infracción del art. 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y criterios para las propuestas de sanción).

Veamos: está sólidamente asentado en Doctrina y Jurisprudencia que para exigir responsabilidad por el delito de desobediencia como consecuencia del incumplimiento de un mandato normativo, es necesario que se haya producido la concreción del imperativo genérico contenido en la norma en una orden determinada, dirigida a una persona concreta o a un cierto colectivo. Es decir (y en este sentido se han pronunciado todos los escritores que se han manifestado sobre el particular en estos meses de peste, Abogacía del Estado incluida —véase la Consulta sobre tipificación y competencia administrativa para tramitar y resolver procedimientos sancionadores por incumplimiento de las limitaciones impuestas durante el estado de alarma), no hay desobediencia —y no puede haberla— si no media una orden particular de ejecución de la norma, o relatado de otra forma (ROCA AGAPITO3): las normas no se desobedecen, se infringen, son las órdenes las que se contrarían.

Pero, como he apuntado, también la Jurisprudencia, desde hace muchos años, insiste en esta idea. Así, la STS 177/2017, 22-3, cuando señala: «En efecto, es entendible que en aquellas ocasiones en las que el delito de desobediencia se imputa a un particular (cfr. arts. 556, 348.4.c, 616 quater CP), el carácter personal del requerimiento adquiera una relevancia singular. Sólo así se evita el sinsentido de que un ciudadano sea condenado penalmente por el simple hecho de desatender el mandato abstracto ínsito en una norma imperativa. De ahí que el juicio de subsunción exija que se constate el desprecio a una orden personalmente notificada, con el consiguiente apercibimiento legal que advierta de las consecuencias del incumplimiento».

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«Las normas no se desobedecen, se infringen», en Diario La Ley, núm. 9632, 2020.

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FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA

El haberse «empeñado» el Ministerio del Interior en conectar delito (o infracción administrativa) con la conculcación de la norma y no con la desobediencia a una orden, no sólo ha pervertido el sentido elemental del Derecho, sino que ha provocado una contestación de los presuntos infractores que, previsiblemente, se traducirá en centenares de miles de recursos, alguno de los cuales ya ha encontrado acogida en las primeras resoluciones judiciales dictadas sobre el particular.

Ciertamente se podía haber optado por elaborar una norma con un régimen sancionador, pero no se hizo; el Gobierno prefirió incluir un texto como el presente en el artículo 20 del RD 463/2020, que se limita a reenviar a la legislación vigente: «El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio».

También hubiera sido interesante, y aún se está a tiempo, que se comenzara a tramitar una ley penal temporal. Es evidente, y lo hemos vivido ya durante estos meses, que las estafas, y otros delitos patrimoniales se iban a disparar, y junto a ellos falsedades, delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda Pública… Obviamente ello demanda actividad en las Cortes, pero no se entiende bien que con los medios telemáticos con los que se cuenta actualmente no estén funcionando los órganos legislativos a pleno rendimiento (tampoco los autonómicos). El problema radica, además, en que, por los datos con los que se cuenta y mientras no cambien sustancialmente las condiciones sanitarias, sufriremos durante tiempo esta peste; por ello mismo sería preciso y pertinente, un sistema normativo suficientemente enérgico para prevenir el aprovechamiento de esta calamidad pública.

Pero sobre lo anterior, y las decenas de miles de víctimas derivadas de la peste, ha asomado una conducta, en mi opinión criminal, enlazada con: i) el desmantelamiento de la sanidad pública en algunas autonomías; ii) la proletarización del personal médico, y, sobre todo, iii) la conversión de los ancianos en una mera mercancía a la que se exprime en las residencias, vendiendo su carne a muy bajo precio —y con ello asegurando