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El artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (anterior art. 104C del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea) recoge la indicación a los estados miembros de contención del déficit público. El proceso de homogeneización en materia de políticas de estabilidad financiera pasan por la presentación de programas de estabilidad por los distintos Estados miembros, supervisados por parte del Consejo de los mismos y el procedimiento de control de déficit excesivo. La resolución del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), aprobado el 17 de junio de 1997, vino a poner de manifiesto la importancia de garantizar la disciplina presupuestaria en el marco de la UE que se armonizará con las distintas políticas nacionales en materia de contención del déficit y estabilización económica. En estos términos y tras la reforma del artículo 135 de la Constitución española, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) así como la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se han convertido en dos elementos esenciales a la hora de materializar las reformas en el ámbito local a fin de reducir el gasto y contener el déficit público. Conocer cómo se ha modificado la planta local española a partir de la entrada en vigor de las llamadas “leyes de estabilidad presupuestaria” y la posición mantenida por diferentes tribunales y órganos del Estado en torno a la LOEPSF y la LRSAL es el objeto del presente estudio. Francisco Manuel Silva Ardanuy (Sevilla, 1980) es Profesor Doctor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Pablo de Olavide. Profesor del Programa de Postdoctorado “Mundos Atlánticos” Universidad Pablo de Olavide-Universidade da Nova Lisboa (Portugal). Investigador del proyecto DER2013-48327-C3-3-R “Constitución financiera vs. Constitución social. Redefinición del Estado autonómico y social a la luz de la cláusula de estabilidad presupuestaria”. Fellowship del Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard.

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APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

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Francisco Manuel Silva Ardanuy

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APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril (LOEPSF), Ley 27/2013 de 27 de Diciembre (LRSAL) Francisco Manuel Silva Ardanuy

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"LOS DERECHOS SOCIALES RECONOCIDOS A LAS CC.AA. Y ADMINISTRACIÓN LOCAL FRENTE A LA REFORMAMANUEL DEL ARTÍCULO 135 CE”.ARDANUY FRANCISCO SILVA

Departamento de Derecho Público Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España) Francisco Manuel Silva Ardanuy

Valencia, 2017

Directores de la Colección:

Francisco Manuel Silva Ardanuy Manuel Terol Becerra

ÍNDICE 1. DE LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA LOCAL..................................................................................................... 9

3. DE LOS EFECTOS DE LA STC ANTE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 1792-2014 PRESENTADO POR LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA CONTRA LOS APARTADOS 3, 5, 7, 8, 10, 16, 17, 21 Y 30 DEL ART. 1 Y LAS DISPOSICIONES ADICIONALES 8ª, 9ª, 11ª Y 15ª Y TRANSITORIAS 1ª A 4ª Y 11ª DE LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL............................................................. 21

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES.................................................................. 85

1. DE LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA LOCAL La consideración de municipios y provincia como integrantes conjuntos de un mismo nivel de gobierno (Comunidad Política Local) recogido en los Estatutos de Autonomía de “segunda generación” incentiva un municipalismo de calidad, de manera que el municipio pequeño o con recursos limitados no se ve desapoderado de sus competencias, tal como se prevé en el Anteproyecto, sino que el sistema permite el ejercicio flexible de ellas con el concurso de la provincia1. De esta forma, y en congruencia con la representatividad democrática de primer grado de los electos municipales y con la de segundo grado del gobierno provincial, las competencias del municipio son materiales, mientras que las competencias provinciales son funcionales: de asistencia o favorecimiento de la competencia municipal. Este sistema de descentralización hacia el mundo local desplegado en el texto estatutario de Cataluña y Andalucía de manera avanzada, puede resentirse gravemente si los contenidos de la Ley 27/2013 alcanzan una aplicación en toda su extensión, puesto que las relaciones entre municipios y provincia no se entienden bien ni bajo la óptica de la “coordinación” (en que existe una primacía del coordinador sobre los coordinados) ni desde la perspectiva de la “cooperación” (que parte de una voluntariedad). Por eso es más conveniente articular esta relación sobre la base de la “concertación”, a través de la cual municipios y provincias intentan el acuerdo sobre la forma, cuantía y condicionantes de la asistencia que esta deba prestar a aquellos2. 1

SERRANO PASCUAL, ANTONIO. (2014). Primera circular informativa sobre la ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Diputación Provincial de Huesca. (Fecha de consulta: 15 mayo 2015). Véase del mismo autor Segunda circular informativa sobre la ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local: el empleo público. Diputación Provincial de Huesca. (Fecha de consulta: 5 junio 2016) y Tercera circular informativa sobre la ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local: régimen retributivo de cargos electos con consideración del Real Decreto Ley 1/2014, de 24 de Enero de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas. Diputación Provincial de Huesca. (Fecha de consulta: 13 noviembre 2015). CASTELLÁ ANDREU, J.Mª; EXPÓSITO, J.Mª y MARTÍN, E.: Els drets dels ciutadans davant l’Administració de la Generalitat en el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, conclusiones del proyecto de investigación financiado por la Escuela de Administración Pública de Cataluña (Resolución de 5 de diciembre de 2005), págs. 61 y 62.

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Asimismo, se pone de manifiesto lo contradictorio del ejercicio previsto de funciones de asistencia y de suplencia o sustitución por las Diputaciones Provinciales, puesto que un mismo criterio no puede servir para dos funciones contradictorias. Éstas instituciones tienen su explicación existencial en la actualidad en el ejercicio de competencias de contenido funcional, de asistencia, no teniendo, por ejemplo, lógica alguna que quien ejerce competencias funcionales de asistencia técnica a los municipios en materia económico-financiera sea quien “suplante” a la entidad intervenida en el ejercicio de sus funciones, convirtiéndose en un instrumento para el ejercicio de las políticas estatales. Las relaciones entre municipios y provincia no se entienden bien ni bajo la óptica de la “coordinación” ni desde la perspectiva de la “cooperación”. La primera porque según el Tribunal Constitucional existe una primacía del coordinador sobre los coordinados (lo que no ocurre con la provincia respecto a los municipios); la segunda, porque parte de una voluntariedad que el sistema municipios-provincia no es perfectamente encajable, ya que ésta tiene un deber de asistir al municipio. Por eso es más conveniente articular esta relación sobre la base de un concepto, que bien pudiera ser el de “concertación”, a través del cual, y mediante un cauce procedimental adecuado, municipios y provincias intentan el acuerdo sobre la forma, cuantía y condicionantes de la asistencia que esta debe prestar a aquellos3. Sin embargo y a raíz de lo expresado en la redacción del artículo 36 del Proyecto de Ley se encuadran entre las funciones de la Diputación Provincial la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada de servicios así como la prestación de servicios de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial4. Choca esta dimensión de las prestaciones con el papel que se ha atribuido con anterioridad a las Diputaciones provinciales como instituciones de elección indirecta que no es sino el apoyo a cumplimiento de la competencia por parte de las Administraciones locales y no sustitución en la prestación. En tanto Administración coadyuvante, la Diputación no había

La Ley 5/2011 de 11 de Junio de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) organiza en esa clave las relaciones internas de la Comunidad Política Local (arts. 11 a 14) y ensaya una autonomía provincial al servicio de la autonomía municipal. ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA: “Los municipios en los estatutos de autonomía”, en Organización territorial del Estado (Administración local), Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1985, pág. 147 y ss.

Aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria…

venido generando perjuicio o interferencias en el normal desarrollo de las competencias que la LRBRL atribuía al mundo local. Muy al contrario su apoyo técnico y económico eran insustituibles para el cumplimiento efectivo de la competencia, en especial en los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. En el nuevo formato, las Diputaciones a pesar de la modulación del tono del Proyecto de Ley, se convierten en entes que absorben competencias bajo el pretexto de la incapacidad de la prestación por parte de aquellos Ayuntamientos que no presenten un coste efectivo acorde o que se encuentren en una situación de asfixia económico-financiera. Cuando esto se produzca, asistiremos a una suplantación del municipio por parte de la Diputación dejando de ser un “asistente” para convertirse en el ejecutor material de la competencia. Resulta paradójico que quien tenía la misión de apoyar a los distintos municipios para que éstos alcanzaran una evaluación positiva o pudieran ofrecer un “coste efectivo” asumible terminen siendo los receptores de las competencias que con anterioridad no pudieron ayudar a mantener en la esfera local. En suma, los rasgos centrales de la Ley 27/2013 de 28 de Diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local estriban en: 1. La reforma implica la recentralización y el control de lo local por parte del Gobierno central. 2. Ataca a las competencias y a la autonomía política de los municipios volviendo a modelos preconstitucionales. 3. Elimina el poder de lo más cercano, alejando a la ciudadanía de la gestión de lo público, fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población que exige más participación, más democracia y más transparencia. En esta nueva propuesta de texto no se eliminan concejales pero se desgasta el derecho de participación política que remarca la Constitución Española. 4. El Gobierno central pretende más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos. 5. La reforma plantea el tutelaje de una administración sobre otra. Ignora las competencias autonómicas sobre régimen local definidos en los respectivos Estatutos de Autonomía, obviando a los Ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las demás. 6. Hablan de clarificación de competencias cuando lo que quieren decir es reducción a la mínima expresión de la Administración Local. 7. Entra en conflicto con Estatutos de Autonomía como el de Andalucía, una Ley Orgánica que forma parte del bloque constitucio-

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nal y que ya define las competencias propias de los municipios, mucho más numerosas y más sociales que las que plantea. Posible conflicto de competencias al Tribunal Constitucional. 8. Es un ataque a la descentralización que plantea nuestro Estatuto de Autonomía con profundo sentido municipalista. 9. Hablan de eliminar duplicidades y competencias impropias, pero lo que hace es eliminar competencias propias de los municipios en aspectos tan relevantes como salud o servicios sociales para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación. 10. Los municipios quedan degradados a las políticas que dictan otros. Se supedita su actividad al control de los Ministerios. 11. Llaman profesionalidad y transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local. 12. Pretenden recentralizar el funcionariado de la administración local. Los interventores tendrán control económico-financiero dependiente directamente del Estado central. 13. La recentralización representa en vez de fiscalización democrática interna fiscalización burocrática externa. 14. Afecta en mayor o menor grado a la totalidad de los municipios independientemente de su población y localización5. El Ministerio de Hacienda sitúa en diferentes circulares informativas que la limitación de remuneraciones alcanzará al 82% de cargos públicos y cargos electos locales, cuando esa ausencia de remuneración ya existe en esos porcentajes; lo demuestra que ese ahorro sólo sería un 2% del total6. 5

Tomando como referencia la realidad municipal andaluza, la Ley 27/2013 es particularmente dura con los 509 municipios (el 66%) de menos de 5.000 habitantes que, en los primeros borradores del Anteproyecto se planteaba que podían llegar a ser disueltos e intervenidos unilateralmente; y que siguen ahora en el Proyecto también amenazados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Los 691 municipios (el 89,6%) menores de 20.000 habitantes podrán perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones. Se estima una pérdida de más de 40.000 puestos de trabajo en Andalucía y 200.000 en el conjunto de España a consecuencia de la pérdida de competencias y las privatizaciones. CASTILLO BLANCO, F.: “Requisitos para la aplicación de medidas de ajuste en el sector público local: la necesaria aprobación de un plan de empleo para proceder a despidos colectivos”. Ponencia presentada en el Seminario de actualización de función pública local organizado por la Federación de Municipios de Cataluña, Barcelona, 31 de mayo de 2012. http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/NotaDTdecimaLRSAL.pdf. Véase “Nota explicativa de la reforma local” del propio MINHAP en http:// www.femp.es/files/3580-825-fichero/Nota%20explicativa%20de%20la%20reforma%20local-2.pdf

Aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria…

En su defensa de la Reforma del Gobierno Central se centra de discurso populista en la supuesta reducción de cargos públicos con dedicación exclusiva intentando ocultar el impulso a la privatización de los servicios públicos municipales y la desactivación de la democracia y la autonomía local. Con la reforma los instrumentos financieros se convierten en el medio para recortar lo público y los derechos en vez de para potenciarlos7. La Ley 27/2013 deja clara la intención literal de favorecer “la iniciativa económica privada” y “ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por la Constitución en su artículo 135”. Artículo 135 que prima el pago de la deuda sobre cualquier consideración política o social y que es la base de toda la reforma normativa que está sufriendo la población. Se pretenden eliminar duplicidades cuando lo que quieren decir es desmantelamiento y privatización de servicios públicos. Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros que plantea entre 2013 y 2015, alcanzando los 8.024 en 2019 a no ser con el coste de recortes en forma de competencias, recursos, eliminación de servicios, ejercicio de derechos y destrucción de empleo.

ALONSO MÁS, M.J.: “La protección de la autonomía local frente a normas con valor de ley” en Nuevas perspectivas del régimen local. Estudios en homenaje al profesor José Mª Boquera Oliver (Baño León; Climent Barberá, coords.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pág. 829-956.

2. EFECTOS EN TÉRMINOS DE AHORRO NETO Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES EN EL CONTEXTO DE APLICACIÓN DE LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA El Proyecto de Ley, instalado en una marcada visión economicista contiene continuadas referencias a procedimientos que van a suponer una carga administrativa considerable para las administraciones autonómicas y locales8. Existen numerosos ejemplos de cómo la Comunidad Autónoma se convierte, en numerosas ocasiones, en un mero instrumento de control y de aplicación de una reglamentación establecida por el Estado, que tan sólo genera una carga de carácter administrativo para aquella. Respecto a la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a la salud, y servicios sociales se dispone que tendrán que elaborar un plan de evaluación y reestructuración de los servicios. Aunque no queda claro cómo va a ser el proceso de traspaso de desde las EE.LL. a la CC.AA., es innegable que va a producir un incremento del gasto de las Comunidades Autónomas, puesto que en el plazo de un año las Comunidades deberán hacer frente a la financiación de los servicios sociales y parte de sanidad que realizaban hasta la fecha los Ayuntamientos, racionalizando los servicios9. 8

No obstante el párrafo que encabeza la exposición de motivos del propio proyecto plantea: “La reforma del artículo 135 de la Constitución española, en su nueva redacción dada en 2011, consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas. En desarrollo de este precepto constitucional se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia de Administración local para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. Todo ello exige adaptar algunos aspectos de la organización y funcionamiento de la Administración local así como mejorar su control económico-financiero”. LÓPEZ SERRANO, M. I.: El Sistema Público de Servicios Sociales, garantía de los derechos sociales de los ciudadanos. Responsabilidad de las tres administraciones, Revista de Ciencias Humanas y Sociales, Vol. 68, nº. 133, 2010.

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Asimismo, su aplicación va suponer un coste adicional, de carácter administrativo, para las entidades locales: múltiples acuerdos bilaterales entre Administraciones (local-provincial, local-autonómico), aprobación de planes de redimensionamiento, elaboración de memorias de impacto de medidas de racionalización, memorias económicas, memorias justificativas de las formas de prestación de los servicios públicos de carácter local e informes de coste de prestación de los mismos así como de sostenibilidad financiera y eficiencia, informes de evaluación, planes de reducción de coste entre otros. También se prevén costes adicionales para las administraciones locales en los casos de colaboración con la Intervención General del Estado para actuaciones de apoyo a los órganos responsables del control y la fiscalización interna de la gestión económico presupuestaria de la entidad local En resumen, los costes administrativos de implantación y desarrollo de la Ley pueden comprometer seriamente los principios y objetivos en los que se pretende ahondar con el anteproyecto: racionalización y sostenibilidad de los servicios públicos de competencia local y ahorro en los costes de prestación de los mismos. En términos de pérdida de empleo netos en nuestra CC.AA. los efectos del proyecto de Ley se sitúan en 40.000 puestos de amortización en el plazo medio, al tiempo que se genera una pérdida de servicios para la población más vulnerable en una dogmática aplicación de la “lejanía administrativa eficiente” que viene a tomar decisiones de proximidad desde las capital de provincia o de la CC.AA. No se suprimen empresas públicas, pero éstas son reorientadas lo que anudado al planteamiento del “coste efectivo” llevará en un plazo no muy lejano a que muchas de ellas sean disueltas y prestados sus servicios desde el ámbito privado. Junto con las cargas económico financieras que habrán de ser asumidas por las CC.AA. a las cuales ya se les ha anunciado que no contará con financiación que acompañe a los nuevos servicios que asuman (lo cual como hemos mencionado obligará a reformar los objetivos de déficit impuestos a las CC.AA.), se prevé una importante pérdida de empleo local a partir no sólo de las transferencia de competencias sino por la expresa supeditación de lo público a la iniciativa privada10. 10

Tomando como referencia la memoria Oficial del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en corporaciones Locales 2010/2011 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Informe y las alegaciones de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales de 2 de mayo de 2013 existe riesgo directo de destruir 50.007 empleos en la red de servicios sociales de ámbito local, afectando a un total de 7 millones de usuarios en todo el Estado.

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Una de las finalidades de esta reforma es modificar de forma estructural la normativa básica de régimen local, reforma que cabe predicar que tiene unos efectos de permanencia en el tiempo (o, tal como hemos dicho, “estructurales”), pero tales efectos se entremezclan de forma desordenada (inclusive se podría decir que hasta interesadamente “caótica”) con exigencias derivadas de la inmediatez o del contexto (como son todas las medidas contingentes y todas aquellas otras de reducción o limitación del marco institucional vigente, envueltas en el opaco término de “racionalización”). Esta mezcla contribuirá con toda probabilidad a que se “dinamite” el sistema de Gobierno local existente en la actualidad en la España constitucional, pero sin que se sepa (porque no se advierte, tampoco se dibuja ni se imagina) cuál será el escenario resultante, esto es, cuál será la administración local española de 2020, por ejemplo. La destrucción del nivel actual de gobierno local en España tendrá efectos letales para la institucionalidad resultante y, sobre todo, para la ciudadanía, en todo lo que afecta a la prestación de servicios públicos11. La reforma no se sitúa en el receptor último de los servicios públicos locales ni las consecuencias que tendrá esa reforma para los ciudadanos. Por lo demás, resulta significativo que en el primer párrafo de la Exposición de Motivos del anteproyecto se haga mención a la reforma del artículo 135 de la Constitución que recoge el principio rector de estabilidad presupuestaria y a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Como complemento de dicho modelo, se pretende favorecer la iniciativa económica privada estableciendo importantes cortapisas e impedimentos para el ejercicio de actividades económicas por las entidades locales, lo que supone de hecho una prohibición de que intervengan en la economía y, por tanto, un obstáculo para su reactivación. Al mismo tiempo se propugna, con diversas medidas que se introducen, una clara privatización de los servicios locales. Es más, hay incluso que agradecer que “el legislador” no esconda cuáles son realmente sus objetivos en este caso, pues dice expresamente en la exposición de motivos lo siguiente:“(…) favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”. Se aborda el régimen retributivo de los cargos públicos fijando como criterios la población y las retribuciones que reciben los Secretarios de Estado (cien mil euros brutos anuales). 11

ALCOZ, L. (Dirs.) y HERNANDO RYDING, M. (Coord.) “Crisis económica y reforma del régimen local”, Civitas, 2012, pág. 54.

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Habitantes Más de 500.000 300.001 a 500.000 150.001 a 300.000 75.001 a 150.000 50.001 a 75.000 20.001 a 50.000 10.001 a 20.000 5.001 a 10.000 2.001 a 5.000 1.001 a 2.000

Referencia Secretario de Estado Secretario de Estado -10% Secretario de Estado -20% Secretario de Estado -25% Secretario de Estado -35% Secretario de Estado -45% Secretario de Estado -55% Secretario de Estado -60% Secretario de Estado -70% Secretario de Estado -80%

Igualmente, se fijan límites, en función de criterios poblacionales, al número de cargos representativos locales que pueden ejercer sus funciones en régimen de dedicación exclusiva. Habitantes Menos de 1.500 hab. Entre 1.500 y 2.000 hab. Entre 2.001 y 3.000 hab. Entre 3.000 y 10.000 hab. Entre 10.000 y 15.000 hab. Entre 15.000 y 20.000 hab. Entre 20.000 y 35.000 hab. Entre 35.000 y 50.000 hab. Entre 50.000 y 100.000 hab. Entre 100.000 y 300.000 hab. Entre 300.000 y 500.000 hab. Entre 500.000 y 700.000 hab. Entre 700.000 y 1.000.000 hab. Madrid Barcelona

Referencia Ninguno 1 2 3 5 7 10 11 15 18 20 22 25 45 32

La regulación que se realiza en el anteproyecto de ley respecto a las retribuciones y posibilidad de dedicación exclusiva de los cargos electos va a suponer una suerte de desactivación o desincentivación de las voluntades proclives a la dedicación a la política en los municipios de menor población, rozando la esencialidad democrática que es base de nuestro Estado. Esto es sumamente injusto, falto de razón y proporcionalidad, atentatorio de la autonomía local y pernicioso para la configuración democrática de la representación de la comunidad vecinal. Sólo quien tenga acomodados recursos para su sustento y tiempo ocioso están llamados a regir los intereses colectivos de los vecinos.

Aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria…

El sistema electoral con el que nos dotamos en España implica una idéntica legitimidad y dignidad para el ejercicio del derecho de sufragio básico en cualesquiera de los estadios de gobierno en que se distribuye la organización territorial del Estado (a salvo precisamente del caso de las Diputaciones Provinciales). El voto ciudadano, legitimador absoluto en un Estado democrático del ejercicio del poder, es igual en los procesos electorales al legislativo central, autonómico y a los ayuntamientos y está rodeado de las mismas garantías (voto universal, libre, igual, directo y secreto). El sufragio pasivo y el desempeño del cargo electo no puede quedar en tan absoluta desproporción como el que supone la limitación legal con la ausencia absoluta del percibo de retribución. La redacción propuesta lesiona claramente el derecho fundamental a la participación política del artículo 23 de la Constitución en relación con los artículos 9.2 y 14 (ambos de la Constitución), en tanto que supone la inclusión de límites para su ejercicio en condiciones de igualdad. También se limita el número de personal eventual al servicio de las entidades locales, que no podrá superar un determinado número en función de la población del municipio. En cuanto al personal eventual, se publicará el número de puestos reservados a este tipo de personal en la sede electrónica de la entidad local, el boletín de la provincia o en el de la Comunidad Autónoma uniprovincial. Se potenciará la reserva de plazas de personal eventual mediante la preferencia por los funcionarios de carrera. Se reservan a funcionarios de carrera el desempeño de los puestos de coordinadores generales y directores generales de municipios, así como el personal directivo de Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. En términos de ahorro, tal y como hemos mencionado, resulta difícil deducir cómo se va a alcanzar la cifra 8.024 millones de euros de ahorro neto hasta 2019 planteada por el Gobierno dado que la memoria económica impide conocer en detalle de dónde y cómo se obtendrá dicho ahorro. Si es cierto que el empobrecimiento de la calidad del servicio y la prestación por parte de la iniciativa privada de aquello que antes se ofrecía desde la esfera de lo público provocará sin ningún género de duda más precarización laboral y un daño irreversible en los servicios básicos que requiere la población más vulnerable12.

FERNÁNDEZ-FIGUEROA GUERRERO, F. (2014). Prontuario de plazos de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (Ley 27/2013, de 27 de Diciembre). (Artículo en línea). Diario de Derecho Municipal, IUSTEL. (Fecha de consulta: 20 febrero 2016).