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COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Belén Campuzano Laguillo

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Jorge A. Cerdio Herrán

Angelika Nussberger

José Ramón Cossío Díaz

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania) Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

José Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: http://www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Ciro Milione Universidad de C贸rdoba

Valencia, 2015

Copyright ® 2015 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www. tirant.com).

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“… i diritti non sono mai acquisiti una volta per tutte. Sono sempre insediati, a rischio. La loro non è mai una vicenda pacificata. Il loro riconoscimento formale ci parla sempre di una battaglia vinta, ma immediatamente apre pure la questione del loro rispetto, della loro efficacia, del loro radicamento. I diritti diventano così, essi stessi, strumenti della lotta per i diritti” (Rodotà, S., Il diritto di avere diritti)

Lista de Abreviaciones ATC C. CC CDFUE CE CEDH CI CPC CPP D. L. D. Lgs. FJ L. L. Const. LECrim LO LOPJ LOTC PIDCP Prot. Ad. SAN SCC STC STEDH STS TC TEDH TMC

Auto del Tribunal Constitucional Contra Corte Costituzionale Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea Constitución Española Convenio Europeo de Derechos Humanos Constitución Italiana Código Procesal Civil Código Procesal Penal Decreto Ley Decreto Legislativo Fundamento Jurídico Ley Ley Constitucional Ley de Enjuiciamiento Criminal Ley Orgánica Ley Orgánica del Poder Judicial Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Protocolo Adicional Sentencia Audiencia Nacional Sentencia de la Corte Costituzionale Sentencia del Tribunal Constitucional Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Sentencia del Tribunal Supremo Tribunal Constitucional Tribunal Europeo de Derechos Humanos Tribunal Militar Central

Nota Preliminar Desde la realización de mi ensayo de fin de carrera1, pasando por la elaboración del trabajo para la consecución del Diploma de Estudios Avanzados2, buena parte de mis investigaciones se han centrado en el análisis de las distintas vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva y, particularmente, en los efectos de la doctrina del Tribunal de Estrasburgo en los ordenamientos jurídicos nacionales3. Mi tesis doctoral, que tuvo por título “La influencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la jurisprudencia constitucional de Italia y España en relación al derecho a la tutela judicial

L’Influenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla Giurisprudenza Costituzionale Italiana e Spagnola in relazione al Diritto alla Difesa, defendida en Messina (Italia) el 23 de abril de 2004 y codirigida por el Prof. A. Russo, de la Facoltá di Giurisprudenza dell’Universitá degli Studi di Messina, y por el Prof. M. J. Agudo Zamora, de la Facultad de Derecho y CC. EE. y EE. de la Universidad de Córdoba. El derecho a un Proceso Equitativo. Análisis del art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, realizado en el marco de programa de doctorado “El nuevo Derecho” (Bienio 2004-2006), bajo la dirección del Prof. M. J. Agudo Zamora. Que parcialmente pueden resumirse en distintos artículos doctrinales, como: “El derecho a obtener una resolución de fondo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional Español”, en PÉREZ TREMPS, P., (Coord.), La reforma del Tribunal Constitucional – Actas del V Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 761-792; “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Costituzionale Italiana”, en CASADO RAIGÓN, R., y GALLEGO DOMÍNGUEZ, I., (Coord.), Personalidad y Capacidad Jurídica, Tomo II, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 2005, pp. 865-868; “La tutela de los derechos fundamentales en el Tratado de Reforma y en la Constitución de 1987: el derecho a un proceso público”, en GARCÍA ROCA, F. J., ALBERTÍ ROVIRA, E., (Coord.), Treinta años de Constitución, 2010; “La situación de las clases pobres al defender sus derechos en juicio en Menger, y el derecho a la defensa en el Art. 6 del CEDH”, en TEROL BECERRA, M. J., (Aut.), Comentarios sobre el derecho civil y los pobres, Tirant lo Blanch, 2011; “El derecho a ser informado de la acusación en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional español”, en Teoría y realidad constitucional, nº 23, 2009; “El derecho a un proceso público en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, nº 14, 2010.

Nota preliminar

efectiva”, defendida en Córdoba, en un soleado día de julio del año 2008, bajo la dirección del Prof. M. J. Agudo Zamora, ha constituido, sin duda, el momento culminante de muchos años de estudio. Buena parte de esta monografía representa un extracto de los primeros capítulos de aquel ensayo que me permitió conseguir el título de Doctor. Este mismo escrito, constituye, a la vez, la demostración más sincera de que el entusiasmo que me animó entonces, como joven estudiante de Derecho, hacia el estudio de esta temática, sigue perpetuándose ahora, en estos años de investigación y docencia. No es fácil sintetizar las razones que, desde el principio, hicieron que sintiera una auténtica fascinación por la materia relativa a los derechos humanos y, particularmente, por la tutela judicial efectiva: un derecho instrumental a la protección de los demás derechos. Sin duda, fue determinante para mi entender que el estudio de esta vertiente de las ciencias jurídicas no es comparable con las demás, por ser la que, por definición, se ocupa de los principios y valores más básicos de la persona; la que más puede influir en la definición y protección de las libertades individuales; la que no responde, —ni puede, ni debe hacerlo— a las lógicas del principio mayoritario; la que marcó, a través de la historia, la evolución de nuestras sociedades hacia modelos igualitarios de democracia y participación. Esta monografía, no representa sólo un momento importante en la carrera académica de quien escribe y una contribución imperfecta hacia la comprensión del correcto alcance del derecho a un proceso justo. También quiere ser un modesto homenaje a mi maestro y compañero, el Prof. M. J. Agudo Zamora, sin el cual mi trayectoria personal y profesional no habría sido la misma. A través de él aprendí ese entusiasmo al que hacía referencia antes, y que hoy intento trasmitir a mis alumnas y alumnos, en nuestro trabajo diario en clase, como si de un legado se tratara. Del mismo modo, debo reconocer que difícilmente habría acabado este trabajo sin el compromiso y el apoyo de muchas personas a las que nunca seré suficientemente agradecido.

Nota preliminar

A mis amistades, por estar siempre presentes, aunque mi trabajo me aparte a menudo de ellas. A mi familia, porque su amor no conoce distancias. A mi mejor amiga y adem谩s esposa, Nicoletta, para que juntos sigamos persiguiendo nuestras ilusiones y construyendo nuestros proyectos. C贸rdoba, enero de 2014.

Prólogo del Prof. Terol Becerra Verdaderamente el Estado, tal y como nació a finales del siglo XVIII, es una realidad bien conocida. Tanto que a estas alturas cabe preguntarse sobre la conveniencia de su pervivencia. Desde luego que el Estado puede pervivir muchos años. Basta usar nuestros esfuerzos en su prolongación temporal. Pero hemos de partir de que es lo que ha permitido su pervivencia hasta nuestros días. El Estado ha permitido el uso y empleo de las libertades fundamentales. La libertad, la igualdad con todos sus defectos e incluso su contrapartida muy posterior a su nacimiento la fraternidad, ha conseguido que los seres humanos hayan avanzado en su conservación. Pero no debe olvidarse que, sobre todo, ha sido su defensa de la propiedad lo que ha jugado con más fuerza en su conservación. Sobre todo si se reconoce que la defensa estatal de la propiedad aun persiste. Recuérdese que el Estado es la institución política que creó una nueva clase social emergente, la burguesía. Recuérdese también que todas las instituciones adheridas al mismo, creadas durante su nacimiento o en posterior lugar, son las que precisa la propiedad para subsistir. ¿Quiere eso decir que el Estado no ha logrado superarse todavía? ¿Qué el Estado como suele decirse desde sus manifestaciones más débiles debe hacerse lo más fuerte posible? En este punto debe tenerse en cuenta que la burguesía es fuerte, ¿quiere eso decir que el Estado debe serlo también? Al fin y al cabo su fuerza, la de la burguesía debe trasladarse al ente que ha creado, El Estado. La cuestión, sin embargo, es la siguiente, la burguesía, probablemente la más canalla ha encontrado una nueva forma de servirse del Estado, que no es a través del mismo, como objetivo último. Lo utilizan como medio a favor de sus propios fines, que no son otros que conservar la propiedad. Se desenvuelven, en suma, al margen del Estado, han creado empresas sin nacionalidad, que no representan sino la utilidad de sus creadores, los diferentes miembros de la burguesía. También conocen los paraísos fiscales para ocultar sus ganancias, su dinero.

Manuel José Terol Becerra

Po otro lado la empresas que carecen de nacionalidad tienden a agruparse en grandes espacios comerciales, al igual que los Estados con el objeto de proteger sus intereses, el dinero de la burguesía. Fenómenos como la Unión Europea o el Tratado de libre comercio de América del Norte, son bien conocidos. Como también que las grandes empresas, como los barcos, pueden cambiar de pabellón sin que nadie se entere salvo la burguesía implicada, y eso sucede con frecuencia. De manera que una empresa nacida en América puede desplazarse a Asia u Oriente Medio. Pero el Estado, y esto es un fenómeno que se da desde la guerra fría, suelen conservar sus fronteras conocidas desde la Segunda Guerra Mundial, de manera salvo contadas excepciones América y Europa siguen conociendo sus antiguas límites territoriales, con la única condición del ius sanguini o del ius soli y sigue conservando el control sobre sus finanzas. Bien es cierto que este no es el caso, como ha quedado dicho, de las empresas, prestas a cambiar de ubicación tan pronto como sus directivos lo juzguen oportuno. Ante este panorama general, queda claro que lo que interesa salvaguardar es la propiedad, ya sea de bienes inmuebles o muebles, bien controlados estos últimos frente a una posible evasión de capitales. Algo más fácil si del fenómeno conocido de la doble nacionalidad. Más aún si se trata de mover capitales en un espacio amplio, como la Unión europea. Quiere eso decir que para el Estado le interesan sobre manera los pobres que éstos son solo objeto de su atención mientras que los adinerados cuentan con medios para salvaguardar sus capitales. Además ambas clases gozan hoy en día de protección de sus derechos fundamentales a través de los tratados internacionales firmados por el Estado. Por eso existe, en los últimos tiempos, un interés creciente por los derechos sociales en el seno del Estado. Este paga las pensiones de sus ciudadanos y, en general, contribuyen también a la procura existencial de los mismos. Por eso nos interesan las contribuciones estatales al logro u objetivo del bienestar, y en particular a conseguir esos objetivos para los considerados grupos especialmente protegibles por el Estado. Personas mayores, minusválidos, niños y jóvenes necesitan de su actuación, pues las empresas no lo hacen, no es su objetivo.

Prólogo

Pero eso no quiere decir que deban desconocerse los demás logros del Estado en otros campos. La intervención del poder judicial en el seno del Estado es también vital para los ciudadanos que en él viven o por los menos residen en él. En este sentido el derecho a la tutela judicial efectiva, en todas sus manifestaciones, y el papel que a este respecto realizan los Tribunales, órganos no democráticos, pero de naturaleza clave para el buen funcionamiento del Estado. Pues no se olvide que su actuación constituye un poder del Estado, y que sus actos son los encargados de poner solución a los casos de conflicto. Tanto más si como en este caso se trata de un Tribunal de difícil conceptuación, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya naturaleza jurídica, como pone de manifiesto su autor, Ciro Milione, es controvertida, pues considerando el criterio de legitimación activa suele conceptuarse como órgano internacional, o debido a la legitimación activa, esto es, a la posibilidad de interposición de la demanda por una persona o por un grupo de individuos o una organización no gubernamental, como órgano supranacional. Aunque quizá la mejor definición que mejor describe a este órgano jurisdiccional es, como dice, la de Ruiz Miguel que lo considera sencillamente como órgano sui generis. La tarea fundamental llamada a ser desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la de sancionar la violación por los Estado miembros de las situaciones jurídicas previstas en el Convenio y, en particular, la convencionalidad de la legislación interna de la legislación interna de los Estados, es decir la comprobación de esta legislación con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que admite considerarlo, según su autor, como un órgano jurisdiccional parecido a un Tribunal Constitucional con carácter internacional. En definitiva la competencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos todas las cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del Convenio y de sus Protocolos. El problema, como pone de manifiesto Ciro Milione, es el de la ejecutividad de sus sentencias. El propio Tribunal de Derechos Humanos ha querido señalar de manera explícita que las mismas no gozan de esta eficacia caracterizándose por una naturaleza de tipo declarativo. Así en su resolución de 13 de junio de 1979, en el caso Merckx contra Bélgica, afirmó que su Sentencia es esencialmente declarativa y

Manuel José Terol Becerra

dejó al Estado la decisión de elegir los medios a utilizar en su ordenamiento jurídico interno para adaptarse a las resoluciones del propio Tribunal. Eso no quiere decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a través de sus sentencias, no sea el mayor responsable del proceso de armonización del sistema europeo de tutela de los derechos fundamentales y solo por eso merece nuestra atención en materia de los derechos sociales. Nuestro autor, Ciro Milione, realiza un análisis sobre la preeminencia del Derecho y del Ordenamiento Jurídico que juega un papel decisivo, sustanciándose en la protección de derechos e intereses legítimos y en su tutela efectiva por parte de los tribunales. Del derecho a un Tribunal independiente, imparcial. De la configuración del proceso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De sus garantías procesales. Del derecho a un proceso público. Y de las garantías del Convenio Europeo vistas para el proceso penal. Solo por eso, merece prestársele la debida atención a ese derecho que se relaciona con la tutela judicial efectiva.

Manuel José Terol Becerra

Catedrático de Derecho Constitucional

Prólogo del Prof. Agudo Zamora En su célebre estudio sobre la globalización, Ulrich Beck pone de manifiesto cómo hace ya bastante tiempo que vivimos en una sociedad mundial, por lo que las tesis tradicionales sobre “espacios cerrados”, tales como los Estados, resultan ficticias. No existe ya país ni grupo que pueda vivir al margen de los demás. Las distintas formas económicas, culturales y políticas no dejan de entremezclarse y junto a los gobiernos hay cada vez más actores transnacionales, públicos y privados, con cada vez más poder. El Estado se ha quedado pequeño para controlar al “Poder”. Y éste, controlar el Poder, fue el principal objetivo del nacimiento del modelo de Estado de Derecho que parió la Ilustración. Controlar el “Poder” en estos tiempos se refiere también a limitar la acción de grandes empresas transnacionales, de empresas de comunicación mundiales, de opacas entidades que “juegan a la ruleta en el casino” de los poco regulados mercados financieros. Por ello, el sujeto “Estado”, al no ser capaz de “domesticar a estas fieras”, corre el riesgo de convertirse en un instrumento inútil, o, al menos, insuficiente, para poder asegurar a los seres humanos unas condiciones dignas de existencia, lo que no deja de ser otro de los motivos de existencia del mismo, especialmente en su modelo de Estado social o del Bienestar. Desde un punto de vista epistemológico, ocurre algo análogo: el Estado tradicionalmente se ha estudiado desde un prisma interno, en sus relaciones “ad intra”; estudio que ha sido llevado a cabo por el Derecho Político o Constitucional. O bien se ha estudiado desde un enfoque externo, en sus relaciones con otros Estados y con las organizaciones supranacionales; materia que ha correspondido al Derecho Internacional Público. Estos “compartimentos-estanco” se han quedado obsoletos. Desgraciadamente, estas dos disciplinas no han estado, en opinión de quienes suscriben, suficientemente relacionadas. Los nuevos tiempos nos obligan, porque la realidad política ha variado sustancialmente, a acercar planteamientos epistemológicos y axiológicos entre ambas disciplinas. Y he ahí uno de los motivos de este trabajo. Y he aquí, también, pues, una de las necesidades de su existencia.

Miguel Agudo Zamora

La Constitución española se enmarca dentro del fenómeno europeo de posguerra de apertura del constitucionalismo a los fenómenos de cooperación e integración internacional, insertándose en materia de derechos fundamentales y libertades públicas dentro del contexto europeo y mundial. Dentro de los derechos que garantiza, el derecho a la tutela judicial efectiva ha sido el que ha dado lugar a más frecuentes interpretaciones por parte del Tribunal Constitucional, siguiendo la dogmática del Convenio Europeo de Derechos Humanos a través de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo. Es invocado en frecuentes recursos de amparo que han dado lugar a numerosas Sentencias y Autos del citado tribunal. El Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, cuya finalidad es el establecimiento de un sistema eficaz para la protección internacional de los derechos humanos, se enmarca dentro del fenómeno de internacionalización de los derechos humanos, que no deja de ser un hecho histórico reciente, que surge tras la 2ª Guerra Mundial, como reacción a las masivas violaciones de derechos y libertades realizadas por el nazismo durante la guerra. De este modo se estrecharon las relaciones entre el Estado democrático de Derecho y el respeto y protección de los derechos del individuo, poniéndose de manifiesto, también, que la situación de los derechos humanos no era exclusivamente un problema interno sino que afectaba directamente a las relaciones internacionales y a la paz mundial. En este contexto histórico y teniendo como precedente la Declaración Universal de Derechos Humanos, se firmó en Roma el 4 de noviembre de 1950 el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con el que nace también el Tribunal Europeo de derechos Humanos. La homogeneidad de las situaciones sociopolíticas y económicas de los Estados de Europa Occidental, una común aspiración de concordia y paz y la defensa de los derechos y libertades como un signo inequívoco de la identidad europea posibilitaron, en primer lugar, el nacimiento del Consejo de Europa y, unos años más tarde, la aparición de las Comunidades Económicas Europeas. El Convenio, y de su mano el Tribunal, es el resultado de la principal tarea que emprendió el Consejo de Europa una vez constituido;

Prólogo

tarea que surgió con el fin de paliar, aunque fuera a nivel regional, las dificultades que encontraba la aceptación de un sistema universal para la protección de los derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas. Dentro de los derechos incluidos en el Convenio, ha sido el derecho a la tutela judicial efectiva el más ampliamente interpretado, y sobre él versa este trabajo. En relación a este derecho, el autor ha realizado un análisis pormenorizado de cada una de las vertientes distintas que caracterizan esta situación jurídica fundamental, matizando su importancia en sociedades democráticas que defienden la Justicia y elevan el Derecho a canon imprescindible para el desarrollo de una convivencia pacífica. Así pues, se han analizado, en primer lugar, aquellas garantías procesales comunes a todo tipo de juicios, es decir: el derecho a un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley; el principio de contradicción; el derecho a un proceso público; el derecho al plazo razonable; el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a la prueba. Asimismo, se ha dedicado un especial interés al proceso penal, por el particular impacto que las resoluciones judiciales adoptadas en este ámbito, desarrollan en la vida de los justiciables. Por ello, con amplitud, se ha analizado el derecho a no declarar contra uno mismo; el derecho a la presunción de inocencia; el derecho a la defensa; el derecho a ser informado de la acusación; el derecho a interrogar a los testigos de cargo; el derecho a la asistencia de un intérprete y el derecho al doble grado de jurisdicción, entre otros. Metodológicamente, el autor ha realizado un trabajo impecable, sabiendo utilizar las fuentes propias de la investigación jurídica: normativa, jurisprudencia relevante y doctrina científica; igualmente es relevante el uso extenso y acertado del derecho comparado y el magistral manejo de todos los saberes formales propios del investigador del Derecho. Todo ello unido al amplio bagaje que como investigador el autor atesora, con específicas estancias en centros de investigación, hacen de este libro una obra imprescindible para el estudio del derecho a la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de

Miguel Agudo Zamora

Derechos Humanos. Algo que quienes tuvimos el privilegio de conocer al autor hace ya cerca de tres lustros ya intuíamos. El tiempo transcurrido desde entonces no sólo confirmó esta premonición sino que evidenció algo que también se vislumbraba en aquellos años de cambio de siglo: el firme compromiso de Ciro Milione con los valores propios del Constitucionalismo y que se resumen en la cita de Rodotà con la que comienza esta obra “Los derechos siempre se encuentran en una situación de riesgo, asediados. Su reconocimiento formal nos habla siempre de una batalla ganada, y sin embargo, inmediatamente se abre el debate sobre su respeto, su eficacia, su afianzamiento. Así, los derechos se transforman, ellos mismos, en instrumentos de lucha para los derechos.” Disfrute, pues, el lector de una obra imprescindible escrita desde el rigor y el compromiso con el Derecho.

Miguel Agudo Zamora

Profesor titular acreditado al cuerpo de catedráticos de Universidad Derecho Constitucional Universidad de Córdoba

Introducción La relevancia de los derechos humanos y la consideración que basa en ellos el constitucionalismo4, la democracia y el Estado de Derecho, en su actual configuración, elevan estos valores fundamentales a categoría de principios de corrección del discurso jurídico5 y hacen de ellos un argumento de debate constante6 en el Derecho actual7. Como es sabido, el fenómeno que caracteriza la aparición de las primeras declaraciones de derechos —índice de una voluntad imperante de proteger estos principios conseguidos después de años de absolutismo— se afirma a partir del fin del siglo XVIII. Pese al tiempo transcurrido, la misma férrea voluntad y el mismo deseo intenso de proteger estos valores, característicos de toda sociedad democrática, han determinado la realización y aprobación de textos cuya finalidad y razón principal ha sido la de instaurar sistemas transnacionales de protección de los derechos humanos. En este marco se hallan las Convenciones Internacionales de Derechos y actúan aquellos órganos cuya función principal es fiscalizar el cumplimiento de estos tratados por parte de los Estados signatarios. La importancia de estos instrumentos jurídicos propios del Derecho Internacional Público, y más en concreto, el relieve y el interés de dichos órganos judiciales no pueden ser puestos en entredicho.

5 6

CRUZ VILLALÓN, P., “Formación y Evolución de los Derechos Fundamentales”, en Revista Española de Derecho Constitucional, Año 9, nº 25, enero-abril 1989, pp. 35-62; FIORAVANTI, M., Los Derechos Fundamentales, Apuntes de Historia de las Constituciones, Editorial Trotta, Madrid, 1998. ALEXY, R., La Institucionalización de la Justicia, Comares, Granada, 2005. Como pone en evidencia MASBERNAT, P. (“La Europa de los Derechos Humanos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en Revista Ius et Praxis, Vol. 12, nº 1, Talca, 2006, pp. 315-326), en los países miembros del Consejo de Europa, los debates en torno a los derechos fundamentales son abiertos y evolucionan permanentemente. BARROS, E., “Razonamiento Judicial: Verdad, Justicia, Ley y Derecho”, en Cuadernos de Análisis Jurídico, nº 18, Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, 1991, Santiago, p. 78.

Ciro Milione

Corrobora esta consideración, por un lado, el impacto que las resoluciones, adoptadas por estos órganos internacionales, producen en los ordenamientos jurídicos internos; por otro, el hecho de que las Constituciones nacionales asumen la necesidad de que estos mismos efectos se produzcan en términos jurídicos y hermenéuticos8. En el continente europeo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (CEDH) constituye un elemento fundamental del sistema de protección de derechos humanos. Este instrumento jurídico fue adoptado en el seno del Consejo de Europa al comienzo de los años 50, con el fin de garantizar los derechos fundamentales, favoreciendo una interpretación común de los mismos en el marco de regímenes democráticos distintos. La complejidad de todo lo que rodea los derechos fundamentales es tan grande que no sólo requeriría el estudio de cada uno de ellos por separado9, sino también un análisis del desarrollo de los mismos en los ordenamientos jurídicos nacionales, así como de la coordinación entre obligaciones estatales y obligaciones de origen internacional y convencional. Este estudio, sin embargo, vierte sobre el análisis de un aspecto concreto del Convenio de Estrasburgo, a saber, de una serie de garantías jurídicas específicas y determinadas, todas ellas consagradas en el art. 6 CEDH, y constitutivas del conocido derecho a la tutela judicial efectiva. Las razones de esta elección descansan en la relevancia de este derecho en la actualidad concreta. El derecho a la tutela judicial efectiva representa un principio de contenido complejo, que se proyecta en una serie de valores distintos que lo caracterizan. Estas caras distintas del mismo derecho a un “proceso justo” exigen que la protección de todo derecho fundamental, ante los órganos judiciales del Estado, destaque por su imparcialidad, idoneidad y

Pensamos en el art. 10.2 de la Constitución española, o en el art. 117.1 de la Constitución italiana. NOGUEIRA ALCALÁ, H., Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, Instituto de Investigaciones jurídicas, Univ. Nacional Autónoma de México, 2003, pp. 23 y ss.

El derecho a la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia…

transparencia, en el cumplimiento de un procedimiento previamente establecido por las leyes e inspirado por los principios recogidos en el Art. 6 CEDH. Detrás de estas consideraciones no se esconde ninguna subordinación, de tipo jerárquico o teleológico, del derecho a la tutela judicial efectiva respecto a otros derechos humanos. Más bien, es posible afirmar que la importancia de este derecho radica en el hecho de permitir que la pretensión de quien sienta vulnerados sus derechos o intereses legítimos, pueda ser objeto de una resolución judicial, a conclusión de un procedimiento desarrollado en el respeto de criterios jurídicos determinados. En este sentido, el derecho a la tutela judicial efectiva representa una garantía respecto de los demás principios y valores fundamentales, pues es soporte de la defensa del resto de los derechos al implicar el enjuiciamiento de los responsables de la violación de los mismos. Por estos motivos, el derecho a la tutela judicial efectiva constituye uno de los pilares fundamentales de nuestros Estados de Derecho. Estas razones representan la motivación más intima y personal para el desarrollo de este estudio. Ante la amplitud de la materia, este trabajo se articula en cuatro partes esenciales. La primera fase vierte sobre el estudio de las características esenciales del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En ella, se aborda el examen de las razones que determinaron su aprobación, y de su naturaleza jurídica. En esta misma parte, se describen aquellos órganos (Tribunal Europeo de Derechos Humanos —TEDH— y Comité de Ministros) cuya función consiste en dar efectividad al conjunto de principios consagrados en el Convenio. Más concretamente, se analiza la importante labor de interpretación de las normas convencionales llevada a cabo por el TEDH, y se hace particular hincapié en lo que concierne a la ejecutividad interna de sus resoluciones. La segunda parte de esta monografía, sin embargo, se detiene en el examen del derecho a la tutela judicial efectiva, en su estructura y contenido, en los conceptos de “proceso justo”, de “tribunal”, de “independencia”, de “imparcialidad”, y de “predeterminación legal