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sistemas constitucionales iberoamericanos

Rubén Hernández valle. Profesor jubilado de Derecho Constitucional de la Universidad de Costa Rica, quien ha desempeñado tareas docentes en Universidades de Estados Unidos, Europa e Iberoamerica. Ha sido Magistrado suplente del Tribunal Constitucional y realizado numerosas publicaciones en Derecho Constitucional, Parlamentario y Electoral.

La generalización de la democracia constitucional en el continente americano desde hace ya más de dos décadas y la común, aunque muy variada en intensidad, apertura de nuestros ordenamientos jurídicos a la integración supranacional, dan pleno sentido a una iniciativa como esta Colección, que busca facilitar el conocimiento de unas Constituciones que comparten mucho y que, al mismo tiempo, poseen, cada una de ellas, características singulares que en la mayoría de los casos son desconocidas fuera del propio país. Directores de la Colección: Alejandro Saiz Arnaiz y Pablo Pérez Tremps

sistemas constitucionales iberoamericanos

LA CONSTITUCIÓN DE COSTA RICA

El texto pretende ofrecer una información útil tanto a expertos en Derecho como a quienes sin serlo estén interesados en conocer, desde una perspectiva actual y realista, el funcionamiento de las instituciones jurídicas costarricense, su contexto histórico y su aplicación práctica.

La colección Sistemas Constitucionales Iberoamericanos quiere reunir más de veinte textos que analicen, desde una estructura común, las Constituciones de otros tantos Estados de América y Europa. A un breve repaso a la historia constitucional del país y a las características más notables de la Constitución vigente, se acompaña en cada monografía el tratamiento de los derechos fundamentales, de los poderes del Estado, incluido eventualmente el Tribunal Constitucional, y de su estructura territorial.

Rubén Hernández valle

El presente libro lleva a cabo una exposición del sistema constitucional costarricense, partiendo del texto de la Constitución, su desarrollo legislativo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos.

LA CONSTITUCIÓN DE COSTA RICA

RUBÉN HERNÁNDEZ VALLE sistemas constitucionales iberoamericanos

LA CONSTITUCIÃ“N DE COSTA RICA

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Héctor Olasolo Alonso

Owen Fiss

Luciano Parejo Alfonso

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda) Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA CONSTITUCIÓN DE COSTA RICA

RUBÉN HERNÁNDEZ VALLE

tirant lo blanch Valencia, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Directores de la colección:

PABLO PÉREZ TREMPS ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ

COLECCIÓN SISTEMAS CONSTITUCIONALES IBEROAMERICANOS © TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1313-404-8 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice Capítulo I

BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS 1. INTRODUCCIÓN............................................................................. 15 2. LA ETAPA DEL ENSAYO.................................................................. 15 2.1. El modelo de la Constitución de Cádiz....................................... 16 2.2. El modelo norteamericano.......................................................... 17 2.3. El modelo autocrático................................................................. 17 3. LA MADUREZ CONSTITUCIONAL: LA CARTA POLÍTICA DE 1871................................................................................................... 19 4. LA CONSTITUCIÓN DE 1949......................................................... 21

Capítulo II

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL 1. LOS CAMBIOS DEL MODELO DE ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1949.................................................................................. 25 1.1. Características del Régimen Presidencialista............................... 25 1.2. Características del Régimen Parlamentario................................. 26 2. DEL ESTADO DE DERECHO AL ESTADO SOCIAL DE DERECHO. 28 3. EL FORTALECIMIENTO CONSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO DEL PODER EJECUTIVO................................................................. 29 3.1. Debilitamiento del Poder Ejecutivo............................................. 29 3.2. El fortalecimiento del Poder Ejecutivo........................................ 30 A. La reforma constitucional de 1968....................................... 30 B. Sistema Nacional de Planificación, Ley número 5525 de 1974..................................................................................... 30 C. Ley de Presidencias Ejecutivas número 5507 de 1974........... 31 D. La Ley General de la Administración Pública........................ 32 E. La proliferación de empresas públicas................................... 33 4. EL FORTALECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL...... 33 4.1. El fortalecimiento de la función de control político de la Asamblea Legislativa...................................................................... 33 4.2. La promulgación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, número 3667 de 12 de marzo de 1966. 34 4.3. La creación de la Sala Constitucional......................................... 35 4.4. La creación de la Defensoría de los Habitantes, número 7319 de 17 de noviembre de 1992........................................................... 36 4.5. Las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la promulgación de la Ley General de Control........ 37

Índice

Capítulo III

EL RÉGIMEN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 1. GENERALIDADES............................................................................ 41 2. LOS LÍMITES AL EJERCICIO DE LOSDERECHOSFUNDAMENTALES................................................................................................ 42 3. LAS GARANTÍAS INSTITUCIONALES ESPECÍFICAS.................... 44 3.1. El principio de reserva legal........................................................ 45 3.2. El contenido esencial.................................................................. 47 3.3. La garantía del principio de razonabilidad de las leyes y de los actos restrictivos de derechos fundamentales.............................. 49 3.4. La prohibición del Parlamento para limitar o restringir el régimen de los derechos fundamentales a través del procedimiento de reforma constitucional........................................................... 51 3.5. El principio de expansibilidad de los derechos fundamentales.... 54 3.6. El principio de progresividad de los derechos fundamentales...... 57 4. LA TUTELA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES....................................................................................... 58 5. LA INFLUENCIA DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CIDH EN LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL................... 59

Capítulo IV

EL PODER EJECUTIVO 1. EL PODER EJECUTIVO COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL.. 63 2. LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA............................................ 64 2.1. Requisitos e impedimentos para ser elegido Presidente de la República........................................................................................ 64 2.2. Elección, período presidencial y reemplazo del Presidente.......... 65 2.3. Las atribuciones del Presidente de la República.......................... 67 2.4. Los casos de incapacidad física o mental de quien ejerce la Presidencia de la República................................................................ 69 3. LOS MINISTERIOS........................................................................... 69 3.1. Requisitos e incompatibilidades para ser Ministro...................... 69 3.2. Las atribuciones de los Ministros................................................ 71 3.3. Los Ministros sin cartera............................................................ 72 3.4. Los Viceministros....................................................................... 73 4. EL CONSEJO DE GOBIERNO......................................................... 74 4.1. Integración y funcionamiento..................................................... 74 4.2. Atribuciones............................................................................... 75 5. EL PODER EJECUTIVO PROPIAMENTE DICHO........................... 76 5.1. Integración................................................................................. 76 5.2. Atribuciones............................................................................... 76 A. Las atribuciones de naturaleza política................................. 76

Índice

B. Los actos de dirección política.............................................. 77 C. Las atribuciones político-internacionales.............................. 80 D. Las funciones de carácter administrativo.............................. 80 E. Las atribuciones normativas................................................. 83 F. Las atribuciones financieras.................................................. 84 6. LAS RESPONSABILIDADES DE QUIENES EJERCEN EL PODER EJECUTIVO....................................................................................... 85 7. EL CONTROL JUDICIAL DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. 86 8. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN................................................................................................. 87

Capítulo V

EL PODER LEGISLATIVO 1. CARACTERÍSTICAS E INTEGRACIÓN........................................... 89 1.1. Características del órgano legislativo.......................................... 89 1.2. Integración, forma de elección, duración en el cargo y renuncia de los diputados.......................................................................... 90 1.3. Requisitos para ser diputado y causas de inelegibilidad.............. 91 2. EL STATUS DE LOS DIPUTADOS.................................................... 92 2.1. La irresponsabilidad de los diputados......................................... 92 2.2. La inmunidad de los diputados contra detenciones..................... 92 2.3. El fuero de improcedibilidad penal............................................. 93 2.4. Incompatibilidades y prohibiciones en el ejercicio del cargo....... 93 3 EL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA........................ 94 3.1. Concepto y naturaleza jurídica................................................... 94 3.2. Características principales.......................................................... 95 4. LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS Y SU FUNCIONAMIENTO........ 95 4.1. Las Comisiones Legislativas........................................................ 95 4.2. La tipología de las Comisiones................................................... 96 A. Las Comisiones Permanentes Ordinarias.............................. 96 B. Las Comisiones Permanentes con Potestad Legislativa Plena. 96 C. Las Comisiones Permanentes Especiales................................ 96 D. Las Comisiones Especiales.................................................... 97 E. Las Comisiones Mixtas......................................................... 98 F. El Directorio......................................................................... 98 G. La Presidencia....................................................................... 99 H. La reunión de los Jefes de Fracción....................................... 99 4.3. Funcionamiento.......................................................................... 100 A. La sede legislativa y el quórum de las sesiones...................... 100 B. Los períodos de sesiones legislativas..................................... 101 C. El Orden del Día................................................................... 102 D. El debate............................................................................... 102

5. LAS FUNCIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA..................... 103 5.1. Introducción............................................................................... 103 5.2. La función legislativa.................................................................. 103 5.3. La función de reforma constitucional......................................... 105 5.4. La función de dirección política.................................................. 105 A. Concepto.............................................................................. 105 B. Debate sobre el Mensaje Presidencial del 1º de mayo............ 105 C. El nombramiento y ratificación de altos funcionarios públicos........................................................................................ 106 D. La aprobación de tratados y convenios internacionales......... 106 E. La aprobación de los empréstitos y créditos públicos............ 107 F. La aprobación de determinadas contratos administrativos.... 109 G. La autorización de impuestos municipales............................ 109 H. Las excitativas...................................................................... 110 I. La materia presupuestaria..................................................... 110 5.5. La función jurisdiccional............................................................ 111 A. Concepto............................................................................... 111 B. El régimen jurídico del desafuero.......................................... 111 5.6. La función de control parlamentario.......................................... 115 A. Introducción.......................................................................... 115 B. Alcances y contenido del control parlamentario.................... 116 C. Las interpelaciones de los Ministros...................................... 119 D. Las Comisiones Especiales de Investigación.......................... 121 E. Los votos de censura............................................................. 125 5.7. La actividad no legislativa de la Asamblea Legislativa................ 126 A. Concepto.............................................................................. 126 B. La participación de la Asamblea en los estados de excepción .......................................................................................127 C. Ejercicio del derecho de gracia.............................................. 130 D. La renuncia de los miembros de los Supremos Poderes......... 130 E. Pronunciamiento de la Asamblea acerca de las dudas que surjan en caso de incapacidad mental o física de quien ejerza la Presidencia de la República................................................... 131 F. La impugnación jurisdiccional de los actos legislativos......... 131

Capítulo VI

EL PODER JUDICIAL Y LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 1. EL PODER JUDICIAL DENTRO DEL MARCO DE LAS FUNCIONES ESTATALES............................................................................... 133 2. CARACTERIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL. 135 2.1. El principio de legitimidad democrática...................................... 135 2.2. El principio de unidad................................................................ 136 2.3. La titularidad de la potestad jurisdiccional................................. 136

5. 6. 7.

2.4. El principio de exclusividad........................................................ 137 A. La reserva de jurisdicción...................................................... 138 B. La exclusividad en sentido propio......................................... 138 2.5. El principio de imparcialidad...................................................... 139 LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PROCESALES................ 140 4.1. El principio de publicidad........................................................... 140 4.2. El principio de motivación de las sentencias............................... 141 4.3. La prohibición de ser juez en diversas instancias......................... 142 4.4. El principio de respeto a la cosa juzgada material....................... 142 4.5. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas........................ 143 LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FUNDAMENTAL DEL PODER JUDICIAL............................................................................. 143 EL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL.......................................... 146 LOS INSTRUMENTOS PROCESALES DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL....................................................................................... 147 7.1. Introducción............................................................................... 147 7.2. La Sala Constitucional................................................................ 147 A. Independencia y supremacía................................................. 147 B. Normativa reguladora.......................................................... 148 C. Composición y régimen jurídico de los Magistrados............. 148 D. Organización........................................................................ 150 E. Funcionamiento.................................................................... 150 7.3. El recurso de habeas corpus........................................................ 151 A. Tipos de hábeas corpus......................................................... 152 B. Las características procesales del hábeas corpus.................... 155 C. Las sentencias en materia de hábeas corpus.......................... 156 7.4. El recurso de amparo.................................................................. 159 A. Conductas objeto del amparo............................................... 159 B. Conductas exentas del amparo............................................. 164 C. Características del recurso de amparo................................... 164 D. Los efectos de las sentencias en materia de amparo............... 164 7.5. Cuestiones de constitucionalidad................................................ 168 A. El control preventivo de constitucionalidad.......................... 168 B. El control a posteriori........................................................... 170 C. Naturaleza y efectos de las resoluciones de la Sala Constitucional.................................................................................... 174 D. Las omisiones legislativas...................................................... 182 E. El control de constitucionalidad de los tratados internacionales. 184 F. Los poderes de la Sala Constitucional en materia de refrendaria. 186 7.6. Los conflictos de competencia..................................................... 188 7.7. El control de convencionalidad................................................... 188

Capítulo VII

LA DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL Y POR SERVICIOS DEL ESTADO 1. INTRODUCCIÓN............................................................................. 191 2. EL RÉGIMEN MUNICIPAL.............................................................. 191 2.1. Introducción............................................................................... 191 2.2. Fundamentos constitucionales de la división territorial............... 192 A. Las provincias....................................................................... 192 B. Los cantones......................................................................... 194 2.3. La competencia municipal.......................................................... 195 A. Su delimitación jurisprudencial............................................. 195 B. La competencia territorial..................................................... 197 C. La competencia por la materia.............................................. 198 2.4. El concepto de la autonomía municipal...................................... 200 2.5. El gobierno municipal................................................................. 204 A. El Concejo Municipal........................................................... 205 B. Los Alcaldes Municipales...................................................... 206 C. Los Concejos Municipales de Distrito................................... 207 2.6. Disposiciones constitucionales aplicables a las Municipalidades. 208 A. Autorización para la contratación de empréstitos y para enajenar bienes inmuebles.......................................................... 208 B. Control presupuestario de la Contraloría General de la República...................................................................................... 208 C. La creación de nuevos monopolios en favor de las Municipalidades.................................................................................. 209 D. La sujeción de las Municipalidades a los principios presupuestarios............................................................................. 209 E. La sujeción de las Municipalidades a los procedimientos licitatorios................................................................................. 210 3. LA DESCENTRALIZACIÓN POR SERVICIOS................................ 210 3.1. El régimen jurídico de las autonomías garantizado constitucionalmente en Costa Rica.............................................................. 210 A. Introducción......................................................................... 210 B. La tipología de las instituciones autónomas y sus diversos grados de autonomía............................................................ 211 3.2. El régimen jurídico de las instituciones semiautónomas y de las empresas publicas....................................................................... 217 A. Las instituciones semiautónomas.......................................... 217 B. Las empresas públicas........................................................... 218 3.3. La distinción entre descentralización y la desconcentración administrativa.................................................................................... 219

Capítulo VIII

OTROS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 1. INTRODUCCIÓN............................................................................. 221 2. EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.................................. 221 2.1. El Tribunal Supremo de Elecciones como organismo electoral.... 221 2.2. Organización.............................................................................. 222 2.3. Naturaleza jurídica..................................................................... 224 2.4. Atribuciones............................................................................... 225 A. Atribuciones de administración activa.................................. 225 B. Atribuciones de control......................................................... 226 C. Atribuciones consultivas....................................................... 226 D. Atribuciones jurisdiccionales................................................. 227 E. Atribuciones legislativas........................................................ 230 3. LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA...................... 232 3.1. Introducción............................................................................... 232 3.2. La Contraloría General de la República...................................... 232 A. Naturaleza jurídica............................................................... 232 B. Integración............................................................................ 234 C. Atribuciones......................................................................... 234 3.3. La Tesorería Nacional................................................................. 238 3.4. Los Presupuestos Nacionales y los de las instituciones descentralizadas........................................................................................ 238 A. Concepto y naturaleza del Presupuesto................................. 238 B. Las normas generales del Presupuesto................................... 241 3.5. Los principios constitucionales en materia presupuestaria.......... 243 A. El principio de anualidad del Presupuesto............................. 243 B. El principio del contenido necesario del Presupuestario........ 245 C. El principio de la fuerza restrictiva del presupuesto o de especialidad cuantitativa y cualitativa.......................................... 247 D. El principio del equilibrio presupuestario.............................. 249 E. El principio de publicidad..................................................... 249 F. El principio de especialidad................................................... 250 G. El control parlamentario del gasto público........................... 251

Bibliografía.............................................................................................. 255

Capítulo I

BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS 1. INTRODUCCIÓN Si la legalidad ha sido una vivencia básica del costarricense a lo largo de su existencia, es lógico concluir que las Constituciones que nos han regido son el resultado de una coyuntura histórica y social peculiar, dotada de ribetes propios. De ahí que sea importante echar un ligero vistazo a nuestra historia constitucional, con el fin de comprender cabalmente los marcos sociales e históricos que antecedieron e influyeron decisivamente el contenido de la Constitución vigente.

2. LA ETAPA DEL ENSAYO La que podríamos denominar la etapa del ensayo está constituida por todas las Constituciones que rigieron nuestra vida independiente desde 1821 hasta 1871. Se trata, por lo tanto, de un período de 50 años en el que estuvieron vigentes varias Constituciones, casi todas ellas de contenido muy similar. Durante este período de 50 años tuvimos las siguientes Constituciones: Pacto de Concordia (1821); Primer Estatuto Político (marzo 1823); Segundo Estatuto Político (mayo 1823); Constitución del Estado de Costa Rica (1825); Ley de Bases y Garantías (1841); Constitución de 1844; Constitución de 1847; Constitución de 1848; Constitución de 1859 y Constitución de 1869. De lo anterior puede concluirse que los primeros cincuenta años de vida independiente se caracterizaron por la inestabilidad de nuestro sistema constitucional, pues se dictaron al menos nueve Cartas Políticas. A partir de 1844 casi todas fueron copia al carbón de la anterior, con leves retoques de forma. Simplemente surgieron como consecuencia de golpes de Estado y por el prurito de que el nuevo gobernante deseaba estrenar Constitución. Sin embargo, es posible distinguir, al menos, tres modelos diferentes a pesar de la multiplicidad de textos dictados durante esa época:

Rubén Hernández Valle

1) el modelo de Cádiz; 2) el modelo norteamericano y 3) la efímera y triste experiencia del modelo autocrático de Carrillo. Durante este período de cincuenta años se fraguó la nacionalidad costarricense, dentro de un clima de escasez de recursos naturales y de población, pequeñez de su medio físico y las constantes presiones para adherirse a entidades políticas mayores, como el Imperio Mexicano de Iturbide. Además, internamente se dio, durante los primeros quince años de vida independiente, una lucha constante de las principales cuatro ciudades de la Meseta Central (San José, Cartago, Heredia y Alajuela) por apoderarse de la capital del naciente Estado. Superados estos problemas, con la introducción del café como producto de exportación, se logró el despegue económico del país; luego vino el intento de colonización del filibustero William Walker, el cual fue exitosamente superado por nuestros antepasados, al igual que la tentativa de los militares victoriosos de esa campaña militar por quitar y poner Presidentes a su entera discreción. Todo este conjunto de procesos históricos y sociales culminó con el advenimiento de la Constitución de 1871, que inspirada en la ideología liberal, le otorgó una orientación general al desarrollo sucesivo de nuestras instituciones políticas. Como lo indicamos supra, en este período se pueden distinguir tres modelos constitucionales específicos, que analizaremos a continuación.

2.1. El modelo de la Constitución de Cádiz La influencia de la Constitución de Cádiz de 1812 está presente en el Pacto de Concordia, el cual es, en el fondo, la simple adaptación de su modelo español. Al igual que su antecesora, tanto el Pacto de Concordia como los dos Estatutos Políticos, mantienen una estructura de gobierno que se denominaba Junta de Gobierno. Otra influencia importante de este modelo, que se ha mantenido como una constante en nuestra historia constitucional hasta nuestros días, es el papel que juegan los municipios en la vida política del país. También el sistema de elección popular de varios grados, tomado de la citada Constitución española, se mantuvo vigente hasta 1913.

La Constitución de Costa Rica

Tal vez la influencia más importante fue la consagración en los textos constitucionales patrios, en lo sucesivo, de catálogos de derechos fundamentales, copiados casi literalmente de la Constitución de Cádiz.

2.2. El modelo norteamericano Como es sabido, la independencia de los Estados Unidos de América en 1776 tuvo hondas repercusiones en las colonias españolas en nuestro continente. Por ello, no es de extrañar que todos los países, sin excepción, hayan copiado el modelo político del presidencialismo, pues éste se avenía mejor con la idiosincrasia propia de nuestros países: la existencia de caudillos personalistas con gran poder político y militar. La influencia norteamericana entró en nuestra historia constitucional a través de la Constitucional Federal Centroamericana de 1824. En ella se creaba un modelo político similar al norteamericano: gobierno Federal con residencia en Guatemala, gobiernos estadales en cada Provincia de la Federación, estricta división de poderes en órganos separados e independientes entre sí, con un Ejecutivo encabezado por un órgano unipersonal de elección popular. Este modelo político, con las variantes del caso, es todavía el que nos rige hoy.

2.3. El modelo autocrático Paradójicamente le tocó a Carrillo—sin duda alguna el arquitecto del Estado costarricense, pues fue él quien no sólo nos separó de la República Federal Centroamericana constituyéndonos en una nación soberana e independiente, sino, además, el gobernante que le dio la organización jurídica al Estado al promulgar los primeros Códigos, organizar la Hacienda Pública, afincar la capital de manera definitiva en San José, y establecer las bases de nuestra economía al iniciar la plantación y exportación masiva del café hacia los mercados internacionales—implantar, aunque sólo fuera de manera efímera y transitoria, el único modelo autocrático que hemos experimentado en nuestra historia constitucional.

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Llevado por su espíritu disciplinado y su afán de estructurar un Estado moderno, Carrillo se enredó en sus propios mecates y terminó promulgando la única Constitución autoritaria que hemos tenido: La Ley de Bases y Garantías de 1841. Esta Constitución eliminaba el principio de la división de poderes, pues los concentraba todos en el Jefe de Estado, que era de nombramiento vitalicio y lo ejercía sin sujeción a ningún tipo de controles ni limitaciones. En pocas palabras, la Ley de Bases y Garantías era una especie de retorno al Luiscatorcismo sin la existencia de una Monarquía. Desde luego, la experiencia autocrática no tuvo mayores éxitos y los ciudadanos costarricenses estuvieron anuentes a que un extranjero, el General hondureño Francisco Morazán, derrocara a Carrillo con el empleo de las armas. Curiosamente, Morazán también fue derrocado por otro golpe de Estado y fusilado en pleno centro de la capital, ya que en el fondo pretendía realizar la misma quimera de Carrillo pero a nivel centroamericano. Durante esta etapa del ensayo, nuestro sistema de gobierno obedeció al llamado principio del péndulo: de un Ejecutivo fuerte y un legislativo débil, se pasaba al modelo contrario, para orientarnos luego nuevamente hacia la preponderancia del Ejecutivo. Toda esta etapa de nuestro desarrollo constitucional tiene una característica común que llama la atención de los estudiosos extranjeros: el costarricense siempre trató de vivir dentro del marco de legalidad. En efecto, cualquier golpe de Estado era inmediatamente legitimado mediante la promulgación de una nueva Constitución, con lo que los gobiernos de facto prácticamente no existieron. Hubo siempre un sentimiento, una vocación legalista profundamente arraigada en el corazón de los costarricenses, que se mantiene vigente hasta nuestros días y que, en alguna medida, explica el hecho de que el ordenamiento jurídico costarricense, en sus diversos campos, sea el resultado de la respuesta de nuestros juristas y políticos a los problemas autóctonos y no la copia de modelos importados y ajenos a nuestra realidad.

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3. LA MADUREZ CONSTITUCIONAL: LA CARTA POLÍTICA DE 1871 Curiosamente la Constitución Política de 1871, que es la que hasta el momento ha regido los destinos del país por más tiempo, es el producto de un golpe de Estado que, por primera vez en nuestra historia, lleva directamente un militar al poder: el General Tomás Guardia. La Constitución fue promulgada el 7 de diciembre de 1871 por parte de una Asamblea Constituyente, pero luego el Presidente asumió poderes dictatoriales en 1876, y cuando volvió a ponerla en vigor el 2 de abril de 1882, lo hizo por medio de un decreto, en el que agregó el texto iluminado y pionero de la supresión de la pena de muerte. Como producto de un gobierno autocrático, la Constitución de 1871 consagró un sistema presidencialista a ultranza. La Constitución de 1871 forma un período constitucional totalmente diferente de los anteriores, pues se caracterizó por la resistencia a los avatares de la política y a los embates de sus críticos. Constituye el documento de la estabilidad constitucional costarricense. La razón que explica su permanencia es que la Constitución de 1871 fue el resultado de una lenta elaboración nacional. Mario Alberto Jiménez, uno de nuestros más agudos comentaristas y analistas políticos del siglo XX, dijo al respecto que “cada una de las Constituciones anteriores es un escalón que conduce a la Carta del 71, la cual resultó una síntesis sobria y depurada de las diversas experiencias nacionales…” Además, la Carta del 71 fue constantemente reformada y contra-reformada por la vía más expedita de las enmiendas, y si a pesar de ello la consideramos como el “documento de la estabilidad” es porque pensamos, como Duverger, que “estabilidad no significa inamovilidad”. La Constitución de 1871, a pesar de su origen autocrático, tiene una profunda vocación liberal, tanto en su estructura como en su parte dogmática. En la primera, como indicamos anteriormente, se consagra un sistema de gobierno presidencialista auténtico, en que el Presidente de la República constituía, sin ninguna discusión, el eje político del Estado. En efecto, la mayoría de las funciones estatales estaba concentrada en sus manos, por lo que el Legislativo se convirtió en un

Rubén Hernández Valle

mero apéndice del Ejecutivo. La influencia del Presidente, como órgano unipersonal titular del Poder Ejecutivo, llegaba a tales extremos que, inclusive, tenía bajo su control la organización y vigilancia los procesos electorales, lo que lógicamente implicaba una gran influencia del Presidente sobre los resultados electorales. Las Municipalidades dependían del Ejecutivo, lo que prácticamente terminó con la autonomía que anteriormente habían disfrutado las corporaciones municipales. Esta concentración del poder político en el Presidente determinó el desarrollo de una concepción individualista de la función pública, una especie de personalismo hipertrofiado, en que el pueblo confundía al Presidente con el Gobierno. Esta impronta se mantiene hasta nuestros días, pues los gobiernos se juzgan por la conducta del Presidente y, en las elecciones, se vota más por los candidatos que por los partidos políticos. Durante la vigencia de la Constitución de 1871 se consolidó nuestra democracia política, pues salvo el interregno entre 1917 y 1919 del golpe de Estado de los hermanos Tinoco Granados a don Alfredo González Flores, desde 1882 tuvimos elecciones cuatrienales ininterrumpidas hasta 1948 inclusive. En el ámbito económico, el Estado se caracterizó hasta 1942 por seguir la ideología clásica del liberalismo económico, del dejar hacer y dejar pasar. El Estado intervenía poco o nada en los procesos económicos, salvo pequeñas excepciones como el establecimiento del monopolio de los seguros a favor de una institución pública en 1924. Las fuerzas de la oferta y de la demanda rigieron plenamente durante la mayor parte de la vigencia de la Constitución de 1871. La Constitución de 1871 garantizaba un concepto de propiedad ilimitado, al estilo de la Declaración de 1789, el cual era desarrollado, dentro de esta óptica de derecho absoluto e ilimitado, por el Código Civil de 1887. Asimismo, se garantizaba irrestricto respeto de la libertad empresarial, como complemento lógico y necesario de la concepción absoluta de la propiedad privada antes citada. Esta Constitución tuvo varias reformas a lo largo de su vigencia, pero conviene señalar las más relevantes. La primera de ellas se produjo en materia electoral en 1913 cuando se estableció el sufragio directo; luego, en 1933 se fijo el porcentaje del 40% de los votos vá-