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COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Belén Campuzano Laguillo

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

José Ignacio Sancho Gargallo Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

Vademécum de DERECHO PÚBLICO 4ª edición

Carlos Luis Alonso Mas

Valencia, 2016

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En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© CARLOS LUIS ALONSO MAS

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EDITA: TIRANT LO BLANCH

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TELFS.: 96/361 00 48 - 50

FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com

Librería virtual: www.tirant.es

ISBN: 978-84-9119-921-2 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/ politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

ABSTENCIÓN Supone que las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas tienen la obligación de abstenerse de intervenir en un procedimiento, comunicándolo a su superior inmediato, que resolverá lo que estime procedente. Los motivos de abstención están tasados en la LRJAP, en el artículo 28.2. Sin embargo, la actuación de autoridades o personal al servicio de las administraciones públicas que en los que concurra algún motivo de abstención, no supondrá, necesariamente, la invalidez del acto en el que haya intervenido, puesto que para ello deberá demostrarse que existe influencia de la persona en el sentido en que se dicte la resolución y la ilicitud objetiva de la misma. En caso de que la autoridad o personal al servicio de las administraciones públicas no se abstenga, concurriendo alguno de los motivos para ello, los órganos superiores al mismo podrán ordenar la abstención de éste en el expediente, mediante la recusación.

Regulación normativa: Artículo 28 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 30/92 (Tol 257544), artículo 23 Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Tol 5494100), artículo 76 Ley 7/85 de bases de régimen local (Tol 257364), artículos 67.2 y 96 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Tol 257546).

Jurisprudencia: STS 19 de enero de 2005 (Tol 591303).

ACTIVIDADES La ley 6/2014 define actividad como aquel proceso o explotación que se lleva a cabo en una determinada instalación industrial, ganadera, minera o en establecimiento comercial, de servicios, almacenes u otros, de titularidad pública o privada.

Para realizarlas será necesaria la comunicación de actividades inocuas para actividades sin incidencia ambiental; la declaración responsable ambiental para actividades con escasa incidencia ambiental

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que no requieran ni licencia ambiental ni autorización ambiental; licencia ambiental para aquellas actividades no sometidas a autorización ambiental y que figuran en el anexo II de la ley 6/2014; y autorización ambiental para las actividades del anexo I de la ley 6/2014.

Regulación normativa: Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana (Tol 4465623), artículo 3 de la Ley 37/03 del Ruido (Tol 318686), artículos 29 y siguientes de la Ley 34/07 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Tol 1173830), Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (Tol 4029707), Decreto 833/1975 de seis de febrero, que aprueba el Reglamento de Protección de Ambiente Atmosférico (Tol 139330), Ley 7/02 de la Generalitat Valenciana de Protección contra la Contaminación Acústica (Tol 223999), Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental (Tol 986576), Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Tol 1742735), Real Decreto 102/2011 de 28 de enero relativo a la mejora de la calidad del aire (Tol 2016075), Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias de Canarias (Tol 2068822), Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (Tol 4029479).

Jurisprudencia: STS de 11 de junio de 1998 (Tol 36318), STSJCV de 15 de enero de 2001 (Tol 52656), STS de 23 de junio de 2003 (Tol 573561).

ACTO ADMINISTRATIVO Acto administrativo es toda manifestación de voluntad, conocimiento o juicio de una administración pública sometido al derecho administrativo.

• Acto definitivo: El acto definitivo es el acto administrativo que pone fin al procedimiento.

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• Acto de trámite: Acto de trámite es aquel acto dictado en un procedimiento, que no pone fin al mismo.

• Acto reglado: Es todo acto administrativo que no está sujeto a la discrecionalidad de la administración.

• Acto discrecional: Un acto discrecional será aquel acto administrativo dictado en el ejercicio de la libertad electiva que tiene la administración para decidir lo más conveniente según las circunstancias de cada caso concreto, cuando existen distintas soluciones para dicho caso.

• Acto expreso: Es todo acto dictado por la administración y comunicado al interesado.

• Acto presunto: Cuando la administración incumple su obligación de resolver, de dictar un acto expreso, entra en juego el silencio administrativo, positivo o negativo, por el cual el administrado entenderá resuelta el procedimiento. Esa falta de resolución expresa es lo que se entiende como acto presunto. Este acto presunto es impugnable tanto en vía administrativa como en contencioso-administrativa, siguiéndose para su impugnación los mismos procedimientos y requisitos que se establecen legalmente para los actos expresos, si bien, en el caso del recurso contencioso-administrativo el plazo para la interposición del mismo se extiende hasta seis meses.

• Acto firme: Es aquel acto frente al cual no cabe recurso alguno, ni en vía administrativa ni en vía contencioso-administrativa, a excepción del recurso extraordinario de revisión.

Regulación normativa: Título V de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 30/92 (Tol 257544), título III de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Tol 5494102).

Jurisprudencia: STS de 14 de abril de 2005 (Tol 642106), STS de 23 de diciembre de 1997 (Tol 197081).

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ADMINISTRACIÓN La Administración Pública es el instrumento fundamental para la acción de los poderes públicos, principalmente del Gobierno, puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos, sometida a la ley y al Derecho y cuyo régimen jurídico viene determinado por una serie de principios constitucionales sobre su organización, estructura y actuación que constituyen un lógico correlato del Estado social y democrático de Derecho. Estos principios son los recogidos en el artículo 103 de la Constitución: Principio de legalidad orgánica, de objetividad y de eficacia.

Regulación normativa: Artículo 103 de la Constitución Española (Tol 173304), artículos 8 y siguientes de la Ley 6/1997, de 14 de abril, Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (Tol 255043).

Jurisprudencia: STC de 27 de junio de 1985 (Tol 79492), STC de 25 de octubre de 1983 (Tol 100384).

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA La administración electrónica supone el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito administrativo, utilizando medios telemáticos e informáticos por parte de la administración para el desarrollo de su actividad. Para ello, la administración debe tener una sede electrónica, que es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias. Esta administración electrónica viene regulada en la ley 11/2007, si bien el artículo 45 de la Ley 30/92 ya aboga por el impulso al empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias y de permitir a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando fuese

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compatible con los medios técnicos de que dispongan. El artículo 38.9 recoge la posibilidad de creación de registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios telemáticos, ya abría el paso a la utilización de tales medios para relacionarse con la Administración, mientras que el artículo 59.3 permite la notificación por medios telemáticos si el interesado hubiera señalado dicho medio como preferente o consentido expresamente.

Igualmente, el artículo 96 de la Ley General Tributaria que prevé expresamente la actuación administrativa automatizada o la imagen electrónica de los documentos.

Con la ley 11/2007 se ha tratado de dar un paso más en este sentido, reconociendo el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regulando los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica. Así, la Ley 11/2007 tiene por objeto facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios electrónicos y facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho acceso, pero siempre manteniendo el nivel de seguridad necesario para preservar la integridad de los derechos fundamentales, especialmente la intimidad y protección de datos de carácter personal.

El artículo 6 de la ley recoge los derechos de los ciudadanos en este sentido: a) A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. b) A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos

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para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos. c) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas. d) A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la información sobre aquéllos. e) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado. f ) A la conservación en formato electrónico por las Administraciones Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente. g) A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo las personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica del Documento Nacional de Identidad para cualquier trámite electrónico con cualquier Administración Pública. h) A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas. i) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. j) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos. k) A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

Igualmente, se reconoce el derecho a la realización de la tramitación a través de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia.

Regulación Normativa: Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Tol 1742735), Ley 11/2007, de 22 de junio, de

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acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (Tol 1082406), Real Decreto 1671/09 que desarrolla parcialmente la ley 11/2007 (Tol 1639554), Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Tol 5494102), Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, Decreto 94/2006 de utilización de firma electrónica en las relaciones con la administración de la comunidad de Madrid por medios electrónicos, informáticos y telemáticos (Tol 1001465), Decreto 228/2006 por el que se crea el registro telemático de la comunidad autónoma de Aragón, se regula la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos y se establecen otras medidas en materia de administración electrónica (Tol 1014703), Ley Foral 11/2007 para la implantación de la administración electrónica en la administración de la comunidad foral de Navarra (Tol 1050402), Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Tol 4525963), Decreto 19/2011 de 10 de febrero por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la administración pública de la comunidad autónoma de Canarias (Tol 2028661), Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula la factura electrónica y la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en materia de contratación pública de la administración de la comunidad autónoma de Galicia y entes del sector público dependientes de la misma (Tol 1758986), decreto 117/2008, de 22 de mayo, por el que se regulan las cartas de servicios de la Xunta de Galicia y el observatorio de la calidad y de la administración electrónica de Galicia (Tol 1321906), Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Tol 1951671), Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y simplificación administrativa (4526515), ley 29/2010, de 3 de agosto, del uso de los medios electrónicos en el sector público de Cataluña (Tol 1904071), decreto 111/2005 de 3 de noviembre sobre registro telemático de Asturias (Tol 736166), decreto 37/2012, de 13 de julio, por el que se regulan el registro, las comunicaciones electrónicas y la sede electrónica de la administración de la comunidad autónoma de cantabria y sus organismos públicos (Tol 2589757), decreto 21/2012 de 21 de febrero de administración electrónica de Euskadi (Tol 2471482), decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Tol 281715), decreto 113/2010 de 5 de noviembre, de acceso electrónico a

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los servicios públicos de la administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears (Tol 1978458).

ADMINISTRACIÓN LOCAL Son el conjunto de entidades de la administración territorial del estado creadas en el marco de la autonomía local.

• municipio: De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, el municipio es la entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. El municipio tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, y su gobierno corresponde al Ayuntamiento, formado por el alcalde y los concejales.

• provincia: La provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Son fines propios y específicos de la provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social. El gobierno de la provincia lo tiene la Diputación • Isla: La isla es la entidad local territorial en los archipiélagos de Canarias y Baleares. El gobierno de la isla recae en el cabildo.

• mancomunidad: Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. En todo caso, los órganos de

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gobierno serán representativos de los ayuntamientos mancomunados.

• comarca: Las comunidades autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito.

• área metropolitana: Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.

• entidad local menor: Las comunidades autónomas pueden legislar para constituir entidades de ámbito inferior al municipio, para la administración descentralizada de núcleos de población separados. La iniciativa para la creación de la entidad local menor la tiene tanto la población interesada como el propio municipio al que esta pertenece. La entidad local menor deberá tener un órgano unipersonal ejecutivo, de elección directa, y un órgano colegiado de control.

Regulación normativa: Artículos 1 a 10 de la Ley 7/85 ley de Bases de Régimen Local (Tol 257364), Real Decreto 2568/1986 que aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Tol 257546), Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de población y demarcación de las Entidades Locales de 14 de agosto de 1986 (Tol 254970), Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana (Tol 1868220), Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa (Tol 2148212).

Jurisprudencia: STS de 7 de junio de 2005 (Tol 668296).

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AEROPUERTOS En la Ley de Navegación Aérea, los aeropuertos aparecen como un tipo de aeródromo en el que existen de modo permanente instalaciones y servicios con carácter público, para asistir de modo regular al tráfico aéreo, permitir el aparcamiento y reparaciones del material aéreo y recibir o despachar pasajeros o carga. La Constitución Española da la competencia exclusiva al estado en los aeropuertos de interés general, si bien es cierto que la administración del estado puede renunciar a esta competencia para transferirla a las comunidades autónomas. El Real Decreto 2858/1981 establece los siguientes criterios para definir a los aeropuertos de interés general: reunir las condiciones precisas para servir al tráfico aéreo internacional, poder incidir en la ordenación del transporte o del espacio aéreo, o en su control, por su situación, características o su capacidad de generar tráfico, disponer de aptitud para ser designados como aeropuertos alternativos de los anteriores, o revestir interés para la defensa nacional.

Regulación normativa: Artículos 39 y siguientes de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea (Tol 138533), artículo 149.1.20ª de la Constitución Española (Tol 173304), RD 2858/1981 sobre calificación y gestión de los aeropuertos civiles, Ley 14/2009 de aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias de Cataluña (Tol 1568075), Real Decreto 37/2001, de 19 de enero, por el que se actualiza la cuantía de las indemnizaciones por daños previstas en la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea (Tol 150865), Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del Estado (Tol 1512693), Ley 21/2003 de Seguridad Aérea (Tol 275057).

Jurisprudencia: STC de 1 de marzo de 2007 (Tol 1175440), STC 31 de octubre de 2002 (Tol 228366), STS de 15 de julio de 2003 (Tol 348027), STS de 11 de diciembre de 2003 (Tol 341880).

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AGUA El agua y el dominio público hidráulico son dos de los bienes de las administraciones públicas. El régimen jurídico del uso del agua y del dominio público hidráulico se regula en el RD Legislativo 1/2001.

El dominio público hidráulico es competencia estatal, salvo en el caso de comunidades autónomas que lo ejerzan en virtud de su estatuto de autonomía en cuencas que únicamente discurran por su territorio.

• Consejo Nacional del Agua: es el órgano superior de consulta y de participación en la materia. Su presidencia la ejerce el ministro titular de la cartera de medio ambiente. Su función es emitir informes preceptivos sobre el plan hidrológico nacional, planes hidrológicos de cuenca, proyectos de disposiciones generales relativas al dominio público hidráulico, cuestiones comunes a dos o más organismos de cuenca en relación con el aprovechamiento de los recursos hídricos y sobre los planes y proyectos de interés general de ordenación agraria, urbana, industrial y de aprovechamientos energéticos o de ordenación del territorio en tanto afecten sustancialmente a la planificación hidrológica o los usos del agua.

• Organismo de cuenca: En las cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma se constituirán organismos de cuenca. Los organismos de cuenca disponen de autonomía para regir y administrar por sí los intereses que les sean confiados; para adquirir y enajenar los bienes y derechos que puedan constituir su propio patrimonio; para contratar y obligarse y para ejercer, ante los Tribunales, todo género de acciones, sin más limitaciones que las Impuestas por las Leyes.

Sus actos y resoluciones ponen fin a la vía administrativa. Sus funciones fundamentales son la elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión, la administración y control del dominio público hidráulico, la administración y control de los aprovechamientos de interés general o que afecten

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a más de una Comunidad Autónoma, y el proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos propios del organismo, y las que les sean encomendadas por el Estado.

Regulación normativa: Artículos 14 y siguientes del RD Legislativo 1/2001 que aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas (Tol 231223), Real Decreto 1771/1994, de 5 de Agosto, de Adaptación a la Ley 30/1992, de Determinados Procedimientos Administrativos en Materia de Aguas, Costas y Medio Ambiente (Tol 121310), Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Tol 120960), Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica (Tol 1090413), Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (Tol 137031), Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas (Tol 1210116), Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009 (Tol 1796117), Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental (Tol 5423702).

Jurisprudencia: STC de 29 de noviembre de 1988 (Tol 80074), STC de 22 de junio de 2011 (Tol 2165181), STS de 14 de abril de 2005 (Tol 656950).

ANULABILIDAD La anulabilidad supone que el acto administrativo no tenga eficacia hasta que la administración lo convalide subsanando los vicios de que adolezcan. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

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La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Por tanto, cuando se trata de vicios de fondo, la regla general es la anulabilidad, y no la nulidad de pleno derecho; a diferencia de lo que sucede en el ámbito privado. Es decir, en el Derecho Administrativo, las causas de nulidad están tasadas. La administración podrá instar la declaración de lesividad cuando algún acto esté viciado de anulabilidad siempre que este acto sea declarativo de derechos par el administrado, con el fin de revocar el mismo.

Regulación normativa: Artículo 63 y siguientes Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 30/92 (Tol 257544), artículo 48 Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Tol 5494102), artículos 33 y 34 Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre que aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público (Tol 2269022).

Jurisprudencia: STS 12 de diciembre de 2001 (Tol 129460).

Formularios: Por vicio de forma (Tol 226765), por infracción sustancial del ordenamiento jurídico (Tol 226763), por desviación de poder (Tol 226764), por estar el acto dictado fuera de plazo (Tol 226766).

APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO Podemos definirlo como la atribución efectiva a un propietario de suelo afectado por una actuación urbanística de los usos e intensidades susceptibles de apropiación privada, o su equivalente económico.

• Aprovechamiento objetivo: El aprovechamiento objetivo o real es el aprovechamiento urbanístico de destino privado cuya materialización permite o exige el planeamiento en un terreno dado.

• Aprovechamiento subjetivo: Es el aprovechamiento susceptible de apropiación, la cantidad de metros cuadrados edificables que expresan el contenido urbanístico lucrativo del derecho de

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propiedad de un terreno, al que el dueño tendrá derecho sufragando el coste de las obras de urbanización que le correspondan. El aprovechamiento subjetivo es lo que resulta de restar del aprovechamiento tipo el porcentaje de aprovechamiento que corresponde a la administración.

• Aprovechamiento tipo: Es la edificabilidad unitaria, ponderada, en su caso, con los correspondientes coeficientes correctores, que el planeamiento establece para todos los terrenos comprendidos en una misma área de reparto, delimitada conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la LOTUP, a fin de que a sus propietarios les corresponda, en régimen de igualdad, un aprovechamiento subjetivo idéntico o similar, con independencia de los diferentes aprovechamientos objetivos que el plan permita construir en sus fincas.

• Aprovechamiento medio: Se entiende por aprovechamiento medio la superficie construible del uso y tipología característico que el planeamiento establece por cada metro cuadrado de suelo perteneciente a un área de reparto, a fin de garantizar a todos los propietarios de terrenos incluidos o adscritos a la misma un aprovechamiento subjetivo idéntico, con independencia de los diferentes aprovechamientos objetivos que el Plan permita materializar en sus terrenos.

Regulación normativa: Artículo 31 del RD 2159/1978 que aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico (Tol 75935), artículo 46 y siguientes RD 3288/1978 que aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística (Tol 75936), Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (Tol 4465326), Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Tol 5534477), artículo 59 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Tol 227791), Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (Tol 5657476), Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (Tol 1834437), Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia (Tol 4797749), Ley 9/2011 del Suelo

Vademécum de Derecho Público

de Madrid (Tol 75963), Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña (Tol 1904055), Ley de Urbanismo de Castilla y León (Tol 6982), Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón (Tol 1543851), Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (Tol 868104), Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra (Tol 227793), Decreto Legislativo 1/2000 que aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (Tol 75941), Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias (Tol 363778), Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (Tol 146221), Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (Tol 75992).

Jurisprudencia: STC de 21 de diciembre de 2006 (Tol 1022060), STC de 27 de febrero de 2002 (Tol 178908), STC de 20 de marzo de 1997 (Tol 9294), STS de 5 de julio de 2002 (Tol 203417), STS de 28 de junio de 1997 (Tol 195098).

ÁREA DE REPARTO Es el conjunto de terrenos respecto de los que el PGOU determina un mismo aprovechamiento tipo. Mediante el área de reparto, se objetiva el principio de justa distribución de beneficios y cargas. Su delimitación viene recogida en la ordenación estructural, y a ella se deberán ajustar los planes que la desarrollen.

Regulación normativa: Artículo 31 del RD 2159/1978 que aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico (Tol 75935), artículo 46 y siguientes RD 3288/1978 que aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística (Tol 75936), artículo 32 Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (Tol 4465326), Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Tol 5534477), artículo 59 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Tol 227791), Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (Tol 5657476), Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística

Vademécum de Derecho Público

de Castilla-La Mancha (Tol 1834437), Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia (Tol 4797749), Ley 9/2011 del Suelo de Madrid (Tol 75963), Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña (Tol 1904055), Ley de Urbanismo de Castilla y León (Tol 6982), Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón (Tol 1543851), Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (Tol 868104), Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra (Tol 227793), Decreto Legislativo 1/2000 que aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (Tol 75941), Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias (Tol 363778), Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (Tol 146221), Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (Tol 75992).

Jurisprudencia: STC de 21 de octubre de 2004 (Tol 502199), STC de 20 de marzo de 1997 (Tol 9294), STS de 26 de octubre de 2006 (Tol 1013740).

AVOCACIÓN Supone que un órgano administrativo superior pueda recabar el conocimiento de un asunto a otro órgano al que le corresponde el estudio y resolución del mismo, bien por delegación de competencias, bien porque sea una competencia ordinaria suya. Esta avocación de competencias deberá ser siempre motivada. Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso alguno.

Regulación normativa: Artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 30/92 (Tol 257544), artículo 10 Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Tol 5494100).

BIENES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Los bienes de las administraciones públicas podemos dividirlos en bienes de dominio público y bienes patrimoniales.