Esta obra aborda la temática de los derechos humanos desde el enfoque de la efectiva protección de los derechos humanos. Se analizan temas como el derecho de acceso a la justicia de los migrantes en situación irregular, el derecho de las mujeres en México a la justicia (Caso Campo Algodonero), el amparo en México como mecanismo de protección de los derechos humanos, la Carta de Derechos en la Constitución de la CDMX, las fuentes normativas de los derechos humanos. Se demuestra en el caso de México, que es muy largo todavía el camino que nos hace falta recorrer para la efectiva protección de los derechos humanos. Así por ejemplo en lo atinente al derecho de acceso a la justicia, menciona diversos casos en los cuáles ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el amparo en México, no constituye el recurso jurídico efectivo que regula el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
Loretta Ortiz Ahlf
derechos humanos
Temas de derechos humanos
Vinculado con el derecho de acceso a la justicia se evidencian las grandes deficiencias del sistema jurídico mexicano, por cuanto a pesar de que México ratificó la Convención Americana Sobre de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1981, hasta la fecha no se permite una efectiva protección de los derechos humanos, regulados en estos instrumentos internacionales, bajo el escudo de la supremacía constitucional, argumento esgrimido en la última jurisprudencia de la Suprema Corte que interpreta el artículo 1 de la Constitución Federal.
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TEMAS DE DERECHOS HUMANOS
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Javier de Lucas Martín
Ana Cañizares Laso
Víctor Moreno Catena
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen M. Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
TEMAS DE DERECHOS HUMANOS
LORETTA ORTIZ AHLF
Ciudad de México, 2018
Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/
Directora de la colección:
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Loretta Ortiz Ahlf
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ÍNDICE
Abreviaturas....................................................................................................... 13
I. EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO Y EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.............. 15 1.1. Evolución del concepto de acceso a la justicia en el ámbito constitucional............................................................................................ 15 1.2. Conceptualización del derecho de acceso a la justicia en el derecho internacional de los derechos humanos............................................ 20 1.3. Definición del acceso a la justicia en el derecho comparado constitucional............................................................................................ 27 1.4. Un acceso efectivo a la justicia......................................................... 31
II. EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN MÉXICO Y EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS................................................................................................... 37 2.1. Conceptualización del derecho de acceso a la justicia de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos............. 37 2.2. El derecho de acceso a la justicia y a un recurso jurídico efectivo para la protección de los derechos humanos en México................... 43 2.3. El derecho de acceso a la justicia en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos............................................. 57 2.3.1. Proyecto de Reforma al Sistema Interamericano................. 63 III. FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS......................................................................... 69 3.1. Introducción.................................................................................... 69 3.2. La costumbre internacional en materia de Derechos Humanos...... 70 3.3. Los tratados en materia de derechos humanos................................ 74 3.4. Los principios generales del derecho, la doctrina y las decisiones judiciales.......................................................................................... 86 3.5. Recomendaciones y resoluciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos..................................................... 89
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IV. ¿ES EL AMPARO UN RECURSO EFECTIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS?............................. 95 4.1. Introducción.................................................................................... 95 4.2. Garantías individuales y derechos humanos.................................... 97 4.3. Precedentes internacionales que aluden a la obligación de garantizar el acceso un recurso sencillo, rápido y eficiente para la eficaz protección de los derechos humanos................................................ 101 4.4. La obligación del Estado Mexicano de asegurar el acceso a un recurso sencillo, rápido y eficiente que garantice el derecho de acceso a la justicia para el reclamo de la efectiva protección de los derechos fundamentales.................................................................................. 107 4.5. Razones por las cuales el juicio de amparo no constituye el recurso efectivo, rápido y sencillo que exigen los tratados en materia de derechos humanos........................................................................... 112 4.5.1. La exigencia de una parte agraviada en el amparo............... 113 4.5.2. El principio de supremacía constitucional........................... 114 4.5.3. Denegación del derecho de acceso al juicio de amparo a las personas que carecen de recursos para pagar los honorarios de un abogado o traductor cuando no conozca la lengua del tribunal................................................................................ 114 4.5.4. La ineficacia del juicio de amparo para una efectiva protección de los derechos humanos............................................. 115 4.5.5. Falta de ejecución pronta y expedita de las sentencias de amparo................................................................................ 116 4.5.6. Derecho a una indemnización en caso de error judicial....... 117 V. LA INTERPRETACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2011..................................... 119 5.1. Antecedentes................................................................................... 119 5.2. Importancia de la reforma al artículo 1 constitucional..................... 120 5.3. El derecho internacional de los derechos humanos.......................... 122 5.4. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011................................................................................................. 129 5.5. Jurisprudencia reciente de la Suprema Corte relativa al artículo 1° constitucional................................................................................... 141 VI. EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES Y NIÑAS EN MÉXICO................................................................ 145 6.1. Introducción.................................................................................... 145 6.2. Antecedentes del Caso González y Otras (Campo Algodonero)..... 147 6.3. Contenido y eficacia del derecho de acceso a la justicia en el derecho internacional de los derechos humanos..................................... 148
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9 6.4. El derecho de acceso a la justicia y el derecho procesal internacional.................................................................................................... 156 6.5. La eficacia material del derecho de acceso a la justicia..................... 158 6.6. La violación del derecho del acceso a la justicia en el caso de Campo Algodonero................................................................................. 161 6.6.1. La ausencia de investigación de los crímenes...................... 161 6.6.2. La denegación del derecho de acceso a la justicia a los familiares de las víctimas........................................................ 164 6.6.3. Obstrucción de la justicia, encubrimiento e impunidad....... 165 6.7. La sentencia..................................................................................... 165
VII. LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES IRREGULARES EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EN EL DERECHO MEXICANO.... 167 7.1. Los Derechos Humanos de los migrantes en el derecho internacional de los derechos humanos............................................................ 167 7.1.1. Evolución del derecho de extranjería................................... 167 7.1.2. El estándar mínimo de derechos de los extranjeros conforme al derecho internacional y la protección diplomática..... 170 7.1.3. La Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares............................................................................ 173 7.1.4. Protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire............................................................................. 177 7.1.5. Avances del derecho de acceso a la justicia de los migrantes en situación irregular desde la perspectiva de los derechos humanos.............................................................................. 179 7.1.5.1. Instrumentos internacionales en materia de derechos humanos....................................................... 179 7.1.5.2. Las Opiniones Consultivas OC/16 y OC/18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.. 182 7.1.5.3. El derecho de acceso a la justicia de los inmigrantes en situación irregular en la Corte Internacional de Justicia........................................................ 187 7.2. Los derechos humanos de los migrantes irregulares en México....... 194 7.2.1. Titularidad de los derechos humanos en México................ 194 7.2.2. El derecho a la igualdad y no discriminación...................... 195 7.2.3. La libertad de circulación y de residencia............................ 198 7.2.4. Status de los extranjeros en México..................................... 202 7.3. Los derechos humanos de los migrantes irregulares en México....... 206 7.3.1. Igualdad ante la ley y el acceso a los tribunales.................... 206 7.3.2. La no aplicación retroactiva de la ley, la garantía de audiencia y el principio de legalidad en los procesos penales......... 209
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7.3.3. El principio de legalidad y la debida motivación de todo acto de autoridad................................................................. 212 7.3.4. Derecho a la no privación de la libertad y a la presunción de inocencia............................................................................. 215 7.3.5. El derecho de acceso a la justicia......................................... 217 7.3.6. Derecho a un recurso en los procesos penales...................... 222 7.3.7. Los centros penitenciarios y las penas................................. 223 7.3.8. Una grave ausencia en la Constitución de México, las indemnizaciones por error judicial.......................................... 228 7.3.9. Suspensión de derechos humanos en estado de emergencia........................................................................................ 229 VIII. EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS MIGRANTES INDOCUMENTADOS EN EL DERECHO MEXICANO...................................................................................................... 235 8.1. Aspectos generales........................................................................... 235 8.2. Acceso del migrante irregular a la justicia administrativa................ 239 8.3. Algunas cuestiones vinculadas con el acceso a la jurisdiccional civil..................................................................................................... 241 8.4. Consideraciones del derecho de acceso a la jurisdicción laboral....... 245 8.5. Aspectos relevantes del acceso a la jurisdicción penal...................... 248 8.6. El derecho de acceso al juicio de amparo......................................... 251 IX. LA LIBERTAD DE CIRCULAR LIBREMENTE Y ELEGIR RESIDENCIA.............................................................................................. 257 9.1. Sistema jurídico mexicano............................................................... 257 9.2. Instrumentos internacionales obligatorios para México que regulan la libertad de circulación y residencia......................................... 258 9.2.1. Comentario General 15 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas...................................................... 260 9.2.2. Observación General 27 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas...................................................... 261 9.2.3. Opinión Consultiva OC/16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos............................................................. 263 9.2.4. Opinión Consultiva OC/18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos............................................................. 265 9.2.5. Caso Vélez Loor Vs. Panamá.............................................. 266 X. ACCESO A LA JUSTICIA Y PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.................................................................. 269
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11 10.1. Consideraciones generales............................................................... 269 10.2. ¿Cuáles son los derechos humanos regulados en la Constitución de la Ciudad de México?...................................................................... 270 10.3. Significado de acceso a la justicia y efectiva protección de los derechos humanos en la doctrina y la jurisprudencia CIDH.................. 275 10.4. Definición de acceso a la justicia en la Constitución de la CDMX. 285 10.4.1. Derecho a la asistencia jurídica gratuita.............................. 287 10.4.2. Derecho a la indemnización por error judicial..................... 288 10.4.3. Derecho a un recurso jurídico efectivo para la protección de los derechos humanos..................................................... 289 10.5. Mecanismos para la efectiva protección de los derechos humanos.. 290 10.5.1. La acción de protección efectiva de derechos...................... 298 10.5.2. El juicio de restitución obligatoria de derechos humanos.... 300
ABREVIATURAS CADH
Convención Americana Sobre Derechos Humanos
CEDH
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
CDMX
Ciudad de México
CIDH
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIJ
Corte Internacional de Justicia
Corte IDH o TIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos CPEUM
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DUDH
Declaración Universal de los Derechos Humanos
LGP
Ley General de Población
LM
Ley de Migración
OEA
Organización de Estados Americanos
ONU
Organización de Naciones Unidas
PIDCP
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
PIDESC
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
TEDH
Corte Europea de Derechos Humanos
I. EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO Y EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 1.1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL El derecho de acceso a la justicia es uno de los derechos que ha generado en las últimas décadas un replanteamiento, su origen histórico lo ubicamos en el concepto del due process of law del common law inglés. La norma según la cual los individuos no deben ser privados de su vida, libertad, o, propiedad sin que previamente se les brinde una oportunidad de defensa judicial efectiva, es más antigua que las constituciones escritas. La Carta Magna de 1215 definió los derechos de los individuos frente al Rey y estableció la garantía del due process of law en los siguientes términos: “En lo sucesivo no se expedirá a ningún hombre libre el requerimiento para la posesión de tierras, cuando su expedición implique la privación del derecho a ser juzgado por el tribunal de su propio señor”1. El término law of the land se transformó con el tiempo en el due process of law. En los Estados Unidos de América se consagró dicho principio en las Enmiendas V y XV de la Constitución Federal de los Estados Unidos de América de 17872. En las constituciones nacionales que surgieron a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, si Fridaus Jhabvala Marshall (traductor), Magna Carta, México, Ed. Trasfondo, 2001, pp. 24 y 25. 2 Véase: The Constitution of the United States, Traducida por Minutti Zanatta Rubén y González Alcántara Lammoglia María del Rocio, México, Ed. Porrúa, 2004. 1
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guiendo la tradición inglesa y norteamericana, incluyeron como norma fundamental la relativa al debido proceso legal. La formulación jurídica del debido proceso emerge con la concepción del estado de derecho y el principio inglés del “rule of law”. El derecho inglés señala Marta Morineau3 otorga primacía a la ley y la jurisprudencia, los cuales constituyen la normatividad fundamental del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en razón de que la Constitución de dicho Estado no ésta contenida en un documento único, o en un cuerpo legal específico, promulgado por el poder legislativo, como ley suprema del país, sino en el conjunto de reglas, de origen legislativo o jurisprudencial, que garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos y limita el poder de las autoridades. Los siguientes aportes significativos con relación a los derechos humanos y el acceso a la justicia los ubicamos en la Revolución Francesa como destaca Durverger dicha Revolución aportó a la civilización humana el concepto de igualdad jurídica además de abolir los privilegios4. La igualdad jurídica, o igualdad formal o igualdad ante la ley, es la que se consagra en el siglo XVIII en diversas constituciones. Vergottini en su obra de derecho constitucional comparado, puntualiza que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 influyó de manera decisiva en diversas Constituciones, entre otras menciona las Constituciones Francesas de 1946 y 1958; las Constituciones Rusas de 1917 y 1918, la Constitución Española de 1791 y la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución de Noruega de 1814, la Constitución de México de 1917, la Alemana de 1919 y las Suizas de 1848 y 18745. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano señala en su artículo 1º que los hombres nacen y viven libres e iguales en de3 Morineau Marta, Una Introducción al Common Law, México, Ed. Universidad Autónoma de México, 1998, p. 25. 4 Duverger Maurice, Instituciones Políticas y de Derecho Constitucional, Barcelona, Editorial Ariel, 1970, p. 92. 5 De Vergottini Giuseppe, Derecho Constitucional Comparado, Segunda Edición, Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1985, p. 205.
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rechos, agregando que las distinciones sociales no pueden fundarse sino en la utilidad común. Incluso en el artículo 6º, párrafos 3 y 4, se agregaba: “Ella debe ser la misma para todos, sea proteja, sea que castigue. Todos los ciudadanos son iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, plazas y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que las de sus talentos y virtudes”. Por su parte, el artículo 13, señala que “para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración una contribución es indispensable: ella debe ser igualmente repartida entre todos los ciudadanos, en razón de sus facultades”6. En el siglo XIX con los importantes cambios en materia económica y social, aparecieron las doctrinas socialistas, con lo cual se colocó en tela de juicio al Estado liberal de derecho. Como señala Burdeau, quizás hubiera podido sostenerse a finales del siglo XIX que el “liberalismo estaba a punto de reunirse en el Panteón de las ideologías muertas junto con otras creencias a las cuales se habían adherido los hombres en la medida que las consideraban una razón para vivir, pero la vida les había enseñado que sólo traían decepciones”7. Para los inicios del siglo XX, se inicia una transformación sin duda trascendental del Estado liberal del derecho, aparecen los llamados derechos sociales, lo cual obliga a revisar el concepto de igualdad jurídica. En este proceso debe recordarse la Constitución de México de 1917, la Alemana de Weimar de 1919 en este último caso más que por las disposiciones de la misma por el desarrollo jurisprudencial que originó y la Constitución de España de 1931. Los cambios fueron profundos, ya que, los derechos sociales y los individuales tienen su fundamento en la persona, así los derechos individuales tienen su raíz en un ser abstracto, mientras que los sociales son derechos del hombre “situado” y condicionado por el ambiente en que vive8.
Jellinek Jorge, La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, trad. y estudio preliminar de Adolfo Posada, Victoriano Suárez, 1908, p. 76. 7 Burdeau Georges, El liberalismo Político, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1979, p. 12. 8 Ibidem, p. 161. 6
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Dicho proceso fue tan profundo que ameritó cambios sustanciales que se reflejan en la Ley Fundamental de Bonn de 1946, la Constitución de Italia del mismo año, y la Constitución Española de 1978, entre otras. El artículo 3, de la Constitución de Italia, de 1946 en su inciso 1, señalaba “Todos los ciudadanos son iguales en dignidad social y son iguales ante la ley; sin distinciones de sexo, de raza, de lengua, de religión, de opinión política, de condición personal o social”. Agrega “Es competencia de la República remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impidan el pleno desenvolvimiento de la persona humana y la efectiva participación de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país”, queda así expresada en un texto constitucional lo que se ha denominado una igualdad material en contraposición con la formal, formulada en el siglo XIX9. La Constitución de España de 1978, en su artículo 9.2 estableció: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean valores reales y efectivos; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Se reconoce así una nueva realidad en la cual se advierte que no todos los hombres viven libres e iguales en derechos y que existen diversos obstáculos que impiden la vigencia efectiva de estos derechos, con lo cual se requiere que el Estado asuma la obligación de alcanzar dicho objetivo10. La concepción moderna de Estado, se refleja en la Constitución Española de 1978, al señalar, que España constituye un Estado social y democrático de derecho que propugna ciertos valores superiores al ordenamiento jurídico y al establecer como funciones del Estado el reconocimiento y garantía efectiva de los derechos fundamentales y su tutela
De Vergottini Giusseppe, Diritto Costituzionale, Segunda Edición, Italia, Ed. CEDAM, 2000, p. 308. 10 Risso Ferrand Martín, El Estado Social y Democrático de Derecho. Concepto y Evolución, en Revista de las Facultades de Derechos Confiadas a la Compañía de Jesús, No II, México, Ed. Porrúa, 2005. p. 20. 9
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jurisdiccional. Debe destacarse que no es suficiente para la existencia del derecho de acceso a la justicia con la mera formulación de las normas jurídicas que aludan a dicho derecho, sino que es necesario que las mismas tengan una razonable aplicación y efectividad práctica. Cassinelli agrega que es necesario que se establezcan procedimientos que tiendan a asegurar la efectividad de la regla, es decir, medios de garantía de que los actos de poder público no se excederán de los cauces jurídicos11. A similares conclusiones pero con razonamientos diversos llegó la Suprema Corte de los Estados Unidos, precisa Risso Ferrand “ la igualdad ante la ley implica entre otras cosas una igual protección por parte de aquella, bajo la Presidencia del Juez Warren la Suprema Corte desarrolló la concepción de “equal protection” que postula no sólo la abstención del Estado frente a las libertades, sino, la obligación estatal de proporcionar un “quantum” un mínimo identificable que establece una serie de obligaciones positivas para permitir el ejercicio de las libertades y de los derechos humanos de manera efectiva12. El acceso a la justicia en las constituciones que postulan un estado de derecho social moderno, se transformó en un derecho de protección judicial formal del quejoso a litigar o defender una reclamación, en un derecho realmente accesible para todos, que requiere de una acción afirmativa del Estado, ya que, el disfrute de los derechos carece de sentido, si no existen los mecanismos para su aplicación efectiva. De tal suerte, que el acceso efectivo a la justicia “se puede considerar, como el requisito más básico —“el derecho humano” más fundamental— en un sistema igualitario moderno, que pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos”13. Para acercarnos a una definición o conceptualización del derecho de acceso a la justicia en la actualidad, se requiere de una revisión del de11 Cassineli Muñoz Horacio, Derecho Público, Vol. I, Montevideo, Fondo de Cultura Universitaria, 1995, p. 36. 12 Risso Ferrand, ob. cit. (nota 10), p. 18. 13 Cappelletti Mauro Y Bryant Garth, El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos, México, México, Ed. Fondo de Cultura Económica, Trad. Mónica Miranda,1996, p. 13 y 14.
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recho constitucional comparado y de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Dicha determinación no es sencilla, en ese sentido el Juez Miller de los Estados Unidos de América determinó en la sentencia del Caso Davison Vs. New Orleans (96 U.S. 97, 101, 102) que “la significación constitucional o valor intrínseco de la frase due process of law, sigue sin tener esa precisión satisfactoria que las decisiones judiciales han dado a la definición de casi todas las otras garantías de derechos humanos que se contienen en las constituciones de los diversos Estados y en la de Estados Unidos de América. Para determinar si un proceso cumple con el requisito del due process of law, justo es indagar por una parte, si el mismo se encuentra en contradicción con alguna de las disposiciones de la Constitución, de no ser así, se debe investigar si el mismo corresponde a aquellos usos y modos propios del Common Law”14.
1.2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS En el ámbito internacional el derecho de acceso a la justicia se integra por los mínimos establecidos en diversas normas internacionales, contenidas en declaraciones, tratados, resoluciones, sentencias y opiniones Debe tomarse en cuenta que dicho derecho todavía se encuentra sujeto a un proceso de evolución que no ha concluido, por lo tanto, lo viable es determinar de acuerdo al contexto actual, las obligaciones mínimas que tienen los Estados en relación a este derecho, puntualizando que el derecho de acceso a la justicia constituye la puerta de acceso para el reclamo de los otros derechos humanos y que se encuentra vinculado su ejercicio con otras normas internacionales de derechos humanos como la no discriminación y el derecho de igualdad15. Evans Hughes Charles, La Suprema Corte de los Estados Unidos, México, Fondo de Cultura Económica, 1971, p. 183 y ss. 15 En relación con el derecho de acceso a la justicia, los tratados que deben destacarse son: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de Diciem14