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monografías ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

Mª VIVIANA CARUSO FONTÁN Mª REYES PÉREZ ALBERDI Directoras

GLORIA FERNÁNDEZ ARRIBAS MONTSERRAT HERMOSÍN ÁLVAREZ ANTONIO LAZARI Coordinadores

DIÁLOGOS JUDICIALES EN EL SISTEMA EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS: UNA MIRADA INTERDISCIPLINAR

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

DIÁLOGOS JUDICIALES EN EL SISTEMA EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS: UNA MIRADA INTERDISCIPLINAR

Directoras:

Mª Viviana Caruso Fontán Mª Reyes Pérez Alberdi Coordinadores:

Gloria Fernández Arribas Montserrat Hermosín Álvarez Antonio Lazari

Valencia, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-263-8 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice Parte I EL DIÁLOGO JUDICIAL ENTRE EL SISTEMA EUROPEO Y NACIONAL Conflictos constitucionales y pluralismo agónico: ¿Qué podemos aprender de la teoría política?...................................................................................................... 21 Giuseppe Martinico El diálogo entre jueces como paradigma comparativo europeo............................. 41 Antonio Lazari Proliferación sin Fragmentación: el desarrollo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de principios comunes aplicables a los solicitantes de protección internacional.......................... 71 Gloria Fernández Arribas Pluralismo jurisdiccional y confluencia de sistemas normativos: algunos apuntes conceptuales sobre el llamado “diálogo judicial”................................................... 91 Francisco Javier Donaire Villa El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Protocolo nº 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos: ¿un ataque al diálogo judicial?............................... 103 Ana Gascón Marcén La supervisión de cumplimiento de sentencias en los Sistemas Interamericano y Europeo de protección de Derechos Humanos. ¿Existe un diálogo jurisprudencial en la materia?........................................................................................................ 119 Rocío Guadalupe Quiñones Andrade El dispar tratamiento del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para las llamadas “cláusulas suelo” hipotecarias como paradigma de los efectos dañosos de la ausencia de relaciones interjudiciales dialógicas................... 133 Eduardo Sánchez Álvarez

Índice

Parte II SISTEMA EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ENCUENTROS Y DESENCUENTROS Crítica a la desconsideración hacia el Comité Europeo de Derechos Sociales por parte del Tribunal Constitucional.......................................................................... 151 Luis Jimena Quesada El Tribunal Constitucional ante la dimensión supranacional de los derechos fundamentales............................................................................................................ 177 Blanca Rodríguez Ruiz Diálogo judicial e Investigación de Torturas: una aproximación............................ 197 Ignacio Álvarez Rodríguez La protección del derecho a la vivienda................................................................. 217 Javier Domínguez Romero Libertad de información y derechos de la persona: diálogo multinivel sobre cómo descubrir una noticia y no morir en el intento....................................................... 227 Pablo Fernández de Casadevante Mayordomo El principio de no discriminación en el empleo público español en aplicación de los principios y jurisprudencia comunitaria........................................................... 243 Esther Hermosín Álvarez La incidencia de las resoluciones del TEDH en la configuración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones............................................................ 259 Juan Ocón Discapacidad intelectual y derecho al sufragio: la inacción del Tribunal Constitucional español....................................................................................................... 273 Alicia Rivas Vañó Ethnic profiling: Zeshan Muhammad c. España.................................................... 291 Nuria Sangüesa Ruiz

Índice

Parte III LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DEL TEDH Y DEL TJUE Tribunal Europeo de Derechos Humanos y “discurso del odio”............................ 307 Guillermo Portilla Contreras La denominada “acogida” de solicitantes de protección internacional en régimen de internamiento en el Derecho de la Unión Europea: la generalización de la privación de libertad de los infractores de nada......................................................... 321 Esther Pomares Cintas ¿Derecho a la esperanza? Reflexiones en torno a los juicios de convencionalidad efectuados por el TEDH en relación a la pena de prisión perpetua........................ 329 Viviana Caruso Fontán El derecho a cumplir condena cerca del domicilio tras la reciente STEDH Urko Labaca Larrea c. Francia (7.2.2017)...................................................................... 351 Marta Fernández Cabrera Las dilaciones indebidas en el proceso penal. Diálogo entre el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos................................ 363 Carmen Rocío Fernández Díaz Evolución del derecho a la intimidad en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su influencia en la última reforma del Código penal............ 377 Deborah García Magna El discurso de odio en la nueva dinámica penal..................................................... 389 Carmen González Vaz El discurso del odio como concepto: dificultades para definirlo en la práctica....... 399 Juan Manuel López Ulla El ámbito penitenciario europeo: La reiterada vulneración del art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos............................................................................ 413 Ana Ortega Redondo

Índice

Parte IV EL DÍALOGO JUDICIAL EN MATERIA TRIBUTARIA La jurisprudencia del TJUE como instrumento de armonización fiscal negativa o indirecta: algunos hitos recientes respecto del sistema tributario español.............. 427 Jesús Ramos Prieto La protección de datos del contribuyente en la jurisprudencia del TEDH y del TJUE..................................................................................................................... 445 Andrés García Martínez La imposición local en el marco de la UE.............................................................. 463 Benjamí Anglès Juanpere El principio “ne bis in idem” en la Jurisprudencia del TJUE y del TEDH............... 475 María García Caracuel Presente y futuro del alcance de la protección de datos de trascendencia tributaria en los despachos profesionales.............................................................................. 493 Marcos M. Pascual González

Autores BENJAMÍ ANGLÈS JUANPERE. Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Oberta de Cataluña. IGNACIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ. Investigador del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid. VIVIANA CARUSO FONTÁN. Profesora Contratada Doctora de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. JAVIER DOMÍNGUEZ ROMERO. Profesor Asociado de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. FRANCISCO JAVIER DONAIRE VILLA. Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. GLORIA FERNÁNDEZ ARRIBAS. Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Público de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. MARTA FERNÁNDEZ CABRERA. Profesora de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. PABLO FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE MAYORDOMO. Profesor Ayudante Doctor de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos. CARMEN ROCÍO FERNÁNDEZ DÍAZ. Profesora de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. MARÍA GARCÍA CARACUEL. Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada. DEBORAH GARCÍA MAGNA. Profesora Colaboradora de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. ANDRÉS GARCÍA MARTÍNEZ. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid. ANA GASCÓN MARCÉN. Profesora Ayudante Doctora de la Universidad de Zaragoza. CARMEN GONZÁLEZ VAZ. Doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid. ESTHER HERMOSÍN ÁLVAREZ. Profesora Asociada de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. LUIS JIMENA QUESADA. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universiad de Valencia. ExPresidente del Comité Europeo de Derechos Sociales.

Autor

ANTONIO LAZARI. Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional Público de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. JUAN MANUEL LÓPEZ ULLA. Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz. GIUSSEPPPE MARTINICO. Profesor Titular de Derecho Público Comparado de la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna de Pisa. Research Fellow Centre for Studies on Federalism, Turin. Honorary Professor, European Law Research Centre, Henan University, Kaifeng. JUÁN OCÓN GARCÍA. Investigador predoctoral de la Universidad de La Rioja. ANA ORTEGA REDONDO. Estudiante de Máster de la Universidad Carlos III de Madrid. MARCOS M. PASCUAL GONZÁLEZ. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo. ESTHER POMARES CINTAS. Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de Jaén. GUILLERMO PORTILLA CONTRERAS. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén. ROCÍO GUADALUPE QUIÑONES ANDRADE. Doctoranda del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. JESÚS RAMOS PRIETO. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. ALICIA RIVAS VAÑÓ. Profesora Asociada de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. BLANCA RODRÍGUEZ RUÍZ. Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. EDUARDO SÁNCHEZ ÁLVAREZ. Profesor Asociado de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo. NURIA SANGÜESA RUÍZ. Investigadora de la Universidad de La Rioja.

Presentación La presente obra tiene su origen en el Congreso que bajo el título Diálogos judiciales en el sistema europeo de protección de derechos tuvo lugar en Sevilla, los días 19 y 20 de octubre de 2017. Esta actividad se desarrolló gracias a la concesión de una línea de investigación multidisciplinar del IV Plan Propio de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Quienes dirigimos esta obra y tuvimos la responsabilidad de organizar esta actividad, deseamos expresar nuestro agradecimiento a las autoridades europeas y académicas que estuvieron presentes, así como dar testimonio de nuestra gratitud a todos los ponentes y a los numerosos comunicantes que se desplazaron a nuestra Universidad para tomar parte en el evento. Todos ellos contribuyeron de forma decisiva al elevado nivel científico alcanzado, del que da cuenta esta obra. El sistema europeo de protección de derechos nace en el ámbito del Consejo de Europa con la aprobación del Convenio de Roma de 1950 y sus protocolos (CEDH), donde se incluye un amplísimo catálogo de derechos y libertades cuyo cumplimiento es exigible a los Estados miembros. De esta forma se consigue asegurar la existencia de unos estándares mínimos comunes en la garantía de tales derechos. Un poco más tarde, en el año 1961, se añade la Carta Social Europea (CSE), cuyos mecanismos de tutela son, con diferencia, muy inferiores a los otorgados por el CEDH, al no contar con un instrumento de jurisdicción obligatoria como sí es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Por el contrario, en el ámbito de la Unión Europea, la protección de los derechos no se reconoce desde su fundación, sino que es fruto de la construcción del Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE). Fue en los casos Stauer (1969) y Handelsgesellschaft (1970), cuando el TJUE reconocerá los derechos fundamentales derivados de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, pero otorgándoles sólo el valor de principios generales del Derecho comunitario. Para variar esta eficacia jurídica atenuada, no fue suficiente con la aprobación, en el año 2000, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sino que hubo que esperar al Tratado de Lisboa para otorgar a los derechos el mismo valor jurídico que los Tratados fundacionales. No puede obviarse que nos encontramos ante los mismos bienes jurídicos protegidos por los derechos y libertades fundamentales existentes en los ordenamientos constitucionales de cada uno de los Estados; derechos que se aplican e interpretan en red por distintos órganos jurisdiccionales, supranacionales y nacionales.

Mª Viviana Caruso Fontán y Mª Reyes Pérez Alberdi

Lo singular es que no se acepta sin más el sistema de valores procedente de otros sistemas, sino que se procede a entrelazar nuestro modelo conceptual con el bagaje cultural-jurídico proveniente de las instituciones supranacionales. No es posible negar que tal operación conceptual, que implica conjugar el derecho supranacional con el bagaje interno, resulta especialmente problemática. Para la efectividad de la protección de los derechos, sería conveniente, por tanto, que existiera una actitud de influencia, colaboración y enriquecimiento mutuo que se exprese en la propia argumentación de los tribunales llamados a aplicar e interpretar los derechos; lo que sin duda redundará en una mejor integración entre los distintos ordenamientos y en la consolidación de un orden público europeo. En los últimos años se viene utilizando para ello, la expresión “diálogo entre tribunales”. Precisamente, esta influencia recíproca entre tribunales constituye el objeto de nuestra línea de investigación. Como señalamos, esta temática se estudia desde una perspectiva multidisciplinar por profesores de cuatro áreas de conocimiento: Derecho Internacional Público, Derecho Constitucional, Derecho Penal y Derecho Tributario. Por lo que cada una de las partes de este libro aborda cuestiones relacionadas con la problemática generada por la protección multinivel de los derechos fundamentales en cada una de ellas. Así, la primera parte del libro gira en torno a la necesidad de un diálogo entre tribunales nacionales y supranacionales para enfrentar dicha problemática. Las premisas que han condicionado esta necesidad son, como hemos apuntado, la existencia de una pluralidad de sistemas normativos confluyentes sobre ámbitos comunes de aplicación (personal, territorial, temporal y material), la pluralidad de intervinientes jurisdiccionales y la posición suprema de éstos tribunales en sus respectivos ámbitos normativos y procesales, pues los interlocutores nacionales serán normalmente los tribunales constitucionales (o, en su defecto, los tribunales supremos). A pesar del carácter vinculante de las decisiones del TEDH y del TJUE, las relaciones entre estos tribunales supranacionales y los tribunales internos no pueden entenderse en términos de jerarquía ni de uniformidad, sino más bien de armonización y de compatibilidad. Así se ha entendido en el sistema del CEDH, donde como regla general se ha señalado que sólo se ofrece un contenido necesario o estándar mínimo de protección de los derechos que puede verse superado por los ordenamientos nacionales. A iguales conclusiones nos lleva el artículo 53 de la CDFUE al disponer que ninguna de las disposiciones de la Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos reconocidos en su respectivo ámbito de aplicación por normativa internacional, supranacional o por las Constituciones de los Estados miembros.

Presentación

Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla como parece. Y decir que en materia de derechos fundamentales la normativa supranacional se limita a imponer mandatos mínimos parece conducirnos, primero, a asumir que en la normativa supranacional y de los Estados miembros se reconocen derechos homologables, es decir, con un mismo ámbito objetivo; segundo, a descartar que puedan producirse conflictos entre derechos con distinto ámbito de protección en el nivel nacional y supranacional y, por último, a presumir que todos los sistemas responden a una misma lógica. Si ello siempre fuera así, no se plantearían conflictos entre jurisdicciones nacionales y tribunales europeos. Veremos, de este modo, como el diálogo judicial se presenta como un paradigma interpretativo del orden público europeo imprescindible para resolver los posibles conflictos de convergencia entre órganos supranacionales y tribunales nacionales. En la segunda parte damos cuenta del diálogo existente con nuestro Tribunal Constitucional. El punto de partida de esta operación no puede ser otro que la cláusula de apertura al Derecho Internacional de los derechos humanos del artículo 10.2 CE. El Tribunal Constitucional ha venido entendiendo que, a tenor de lo dispuesto en la mencionada cláusula, los tratados internacionales (y la jurisprudencia derivada de sus órganos de aplicación) tienen carácter vinculante para la interpretación de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española. Con ello, se quiere decir que cuando cualquier tribunal —entre ellos, el propio Tribunal Construccional— se enfrenta a la aplicación de un derecho fundamental que tiene su equivalente en un texto internacional, debe realizar la interpretación del mismo que sea más acorde con el derecho convencional. Lo cual, como hemos visto, nos llevaría a entender que el artículo 10.2 CE se limita a imponer un control de convencionalidad, entendido como una imposición de mínimos; pero luego añade que eso no significa que los tratados internacionales se conviertan en canon o parámetro autónomo de la constitucionalidad, de manera que no pueden crearse nuevos derechos que no están previstos en el texto constitucional. Esta construcción jurisprudencial, basada en la literalidad del artículo 10.2 CE, reduce al máximo la potencialidad de este precepto constitucional. Del análisis realizado por los autores en los conflictos de convergencia planteados con el CEDH, la CSE y la CDFUE, ya sea con alcance general, ya en el de algunos derechos concretos (no discriminación, integridad física o moral, intimidad, secreto de las comunicaciones, libertad de información, sufragio, a un proceso con todas las garantías, al trabajo, a la salud y a una vivienda digna), hemos podido constatar: primero, que el diálogo es en la mayoría de los casos de carácter unidireccional, traduciéndose en la influencia de la interpretación realizada por los órganos supranacionales en las decisiones del Tribunal Constitucional; y, segundo, que esta influencia depende, sobre todo, de la instancia supranacional de referencia, más que del mayor o menor grado de protección

Mª Viviana Caruso Fontán y Mª Reyes Pérez Alberdi

de los derechos por el tribunal supranacional respecto al otorgado por nuestro sistema constitucional. En el sistema del CEDH y la CDFUE, veremos cómo los parámetros supranacionales prevalecen sobre los establecidos en la Constitución española cuando son más tuitivos que éstos, pero también cuando no lo son (el caso Melloni resulta a estos efectos paradigmático). Con la única salvedad, en su caso, de aquellos derechos supranacionales que no encuentran acomodo en nuestro texto constitucional. Y ello ha obligado a nuestro Tribunal Constitucional a asumir los parámetros que, en materia de derechos, imponen tanto el TEDH como el TJUE; aunque no lo ha hecho de buen grado. Por eso, en la medida de lo posible, ha minimizado el impacto de dicha imposición y, cuando no ha sido posible, ha intentado reconducir dichos parámetros a la propia Constitución, dejando clara su falta de disposición a razonar en contra de la lógica que nuestra Norma fundamental impone. Las conclusiones son muy diferentes respecto a la CSE y la labor del Comité Europeo de Derechos Sociales donde hemos podido comprobar la más absoluta desconsideración al canon europeo de interpretación de los derechos sociales. La tercera parte de esta obra está dedicada a analizar la protección que la legislación penal y las decisiones de los Tribunales nacionales brindan en materia penal a los derechos fundamentales, siendo el objetivo prioritario verificar la concordancia de estos pronunciamientos con el estándar de protección determinado por la jurisprudencia del TEDH y del TJUE. No puede negarse que, en la actualidad, muchas son las cuestiones que en este ámbito resultan sumamente controvertidas. En este orden de cosas, no cabe duda de que la imposición de una pena privativa de libertad es una situación susceptible de afectar de manera drástica los derechos fundamentales de los condenados y dentro de esta categoría será la pena de cadena perpetua la que implicará un especial peligro de vulneración de derechos tales como la dignidad o la reinserción social del penado. Consecuentemente, en materia de prisión perpetua el TEDH viene estableciendo desde hace unos años un estándar mínimo de protección en relación a la posible vulneración del art. 3 del CEDH que proscribe la tortura y los tratos inhumanos y degradantes. El análisis de este desarrollo jurisprudencial y su comparación con la doctrina del Tribunal Constitucional español nos permitirá determinar qué control resulta más estricto y eficaz en esta materia. Se trata, sin duda, de una cuestión cuyo tratamiento no puede faltar en una obra de las características descritas, toda vez que la doctrina del TEDH implica un importante paso en relación a la protección de los derechos fundamentales de los penados. Ello, a pesar de que aún se reclame por parte de un destacado sector de la doctrina un nuevo avance jurisprudencial en esta materia, ya que la posición del Tribunal Europeo aún puede ser calificada como tibia y llena de interrogantes.

Presentación

En el contexto del diálogo entre tribunales en materia penal destaca también el enfrentamiento entre las posiciones del TEDH y de España en relación a los llamados “delitos de odio”. Así, en la medida en que el TEDH está llamado a comprobar el respeto del estándar de convencionalidad de las decisiones en materia de derechos fundamentales por parte de los Estados miembros, resulta alarmante el hecho de que en nuestro país se castiguen meros actos preparatorios al odio u hostilidad, mientras el Tribunal supranacional sólo considera adecuado intervenir frente a expresiones, discursos o informaciones de odio cuando supongan una incitación directa a la discriminación y a la violencia. Por otro lado, la actual situación política mundial que ha propiciado la existencia de numerosas personas involuntariamente desplazadas de sus países de origen también ha generado controversias que deben ser denunciadas y solucionadas. Así, los derechos a la libertad y a la seguridad personal pueden ser objeto de vulneración como consecuencia de la tendencia de la Unión Europea al tratamiento del solicitante de protección internacional como si se tratara de una cuestión de inmigración ilegal. Esta interpretación normativa contrasta de manera evidente con la jurisprudencia del TEDH que pretende la salvaguarda del solicitante de asilo en el contexto europeo. En esta obra se hace hincapié en la necesidad de encontrar una solución a esta injusta situación en la que se ven involucradas personas calificadas como “especialmente vulnerables”. La última parte de este libro aborda la posibilidad de la existencia de un diálogo judicial en materia tributaria. En particular, se plantea si el diálogo entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta factible. Así, a pesar de que la respuesta a este interrogante parecería ser negativa, se ponen de manifiesto concretos ejemplos de una creciente invocación del Derecho de la Unión Europea por parte del nuestro supremo intérprete de la Constitución, ocasionada, sin duda, por la primacía y fuerza expansiva de esta legislación. En el ámbito tributario, una de las cuestiones que no pueden dejar de ser tratadas es el manejo que lleva a cabo la Administración de la información relativa a particulares. En referencia a esta cuestión, resulta especialmente relevante determinar en qué medida la necesidad de poner en manos de la Administración tributaria instrumentos jurídicos y técnicos cada vez más eficaces para la lucha contra el fraude fiscal supone un avance injustificado en el ámbito de protección de los derechos individuales. Frente a esta realidad, el derecho afectado será la protección de datos personales, el cual se analizará como una derivación del derecho a la vida privada o intimidad de las personas. No quisiéramos finalizar esta presentación sin manifestar nuestro agradecimiento a la Fundación Caja Rural del Sur y a la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide por la concesión de sendas ayudas para la publicación

Mª Viviana Caruso Fontán y Mª Reyes Pérez Alberdi

de trabajos de investigación, sin las cuales no habría sido posible el nacimiento de esta obra. Sevilla, 23 de marzo de 2018 Profª. Dra. Mª Viviana Caruso Fontán Profª. Dra. Mª Reyes Pérez Alberdi Investigadoras de la Línea “El dialogo judicial entre tribunales supranacionales europeos y jueces nacionales en materia de derechos fundamentales: Una mirada interdisciplinar”. UPO.

Parte I

EL DIÁLOGO JUDICIAL ENTRE EL SISTEMA EUROPEO Y NACIONAL