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LA EJECUCIÓN CIVIL

ELENA LACALLE SERER FERNANDO SANMARTÍN ESCRICHE

Valencia, 2015

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Capítulo 1

LOS TÍTULOS EJECUTIVOS

SUMARIO: 1. ACCIÓN EJECUTIVA. TÍTULOS EJECUTIVOS. 1.1. La sentencia de condena firme. 1.2. Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación. 1.3. Los autos aprobatorios u homologadores de transacciones y acuerdos judiciales. 1.4. Las escrituras públicas. 1.5. Las pólizas de contratos mercantiles. 1.6. Los títulos al portador o nominativo y los cupones. 1.7. Anotación en cuenta. 1.8. El auto de cuantía máxima. 1.9. Otras resoluciones. 2. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EJECUTIVA FUNDADA EN SENTENCIA JUDICIAL, O RESOLUCIÓN ARBITRAL O ACUERDO DE MEDIACIÓN. 2.1. Diferentes caducidades. 2.2. Distinción entre prescripción y caducidad. 2.3. Supuestos especiales de caducidad. Restricción a la aplicación del art. 518. 3. ACCIÓN EJECUTIVA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS FUNDADA EN SENTENCIA DE CONDENA SIN DETERMINACIÓN INDIVIDUAL DE LOS BENEFICIADOS. 3.1. La acción ejecutiva de consumidores y usuarios no determinados. Estudio del precepto con carácter general. 3.2. El incidente para el reconocimiento de la condición de consumidor o usuario beneficiado. 4. TÍTULOS NO JUDICIALES O CONTRACTUALES. 5. SENTENCIAS DECLARATIVAS Y CONSTITUTIVAS. 6. TÍTULOS EXTRANJEROS.

1. ACCIÓN EJECUTIVA. TÍTULOS EJECUTIVOS La acción ejecutiva y los títulos ejecutivos vienen dados en el art. 517 que ahora analizamos: 1. La acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada ejecución. 2. Sólo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos:

CUESTIONES 1.

¿Es la ejecución un proceso autónomo? Auto de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 5ª) (Recurso 392/2002), de fecha 18/09/2002: Ha de partirse de una cuestión fundamental y es que la ejecución se concibe en la actual LEC como un proceso autónomo, independiente y, según el art. 517 de dicho Texto legal, fundado en un título que lleva aparejada ejecución (expresión ésta que el legislador ha mantenido heredada del art. 1.429 de la LEC 1881 con el que comenzaba la regulación del juicio ejecutivo).

¿En qué término se ejecuta una resolución? STS (Recurso 990/1988), de fecha 19/12/1988 (Tol 1733714): Indudablemente, la ejecución de cualquier resolución judicial, ha de acomodarse a los términos que se desprenden de la literalidad de su parte dispositiva, los cuales, por supuesto, deben reflejar el espíritu que informa la Sentencia, de manera que el desarrollo de su ejecutabilidad no debe originar ningún problema interpretativo Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 12ª) (Recurso 597/2007), de fecha 12/12/2007: Siendo un título que lleva aparejada ejecución en virtud de lo que prevé el art. 517.2.1º de la LEC, dada dicha naturaleza de resolución judicial del título, en el presente caso una sentencia, cuya ejecución se pretende, debe tenerse en cuenta la disposición legal contenida en el art. 18.2 de la LOPJ conforme a la cual «las sentencias se ejecutarán en sus propios términos», con la que se trata de dar cumplimiento a la obligación de «cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales» que prevé el art. 118 de la Constitución Española.

1.1. LA SENTENCIA DE CONDENA FIRME 1º. La sentencia de condena firme.

La sentencia firme de condena es el título ejecutivo básico y respecto del mismo podemos hacer dos puntualizaciones:

❑ 1ª. La sentencia que puede ejecutarse es la firme, es decir, aquélla contra la que no caben recursos ordinarios o extraordinarios. Las sentencias definitivas (art. 207) no son, en principio, título ejecutivo, salvo lo que se dirá en el capítulo de la ejecución provisional. ❑ 2ª. En términos estrictos, el título ejecutivo se reduce a la parte dispositiva de la sentencia, es decir, al fallo. La fundamentación fáctica y jurídica no compone el título, sin perjuicio de que en ocasiones sea necesario acudir a ella para integrar o para interpretar el fallo. CUESTIONES 3.

¿La sentencia absolutoria es título ejecutivo? Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13ª) (Recurso 243/2008), de fecha 20/01/2009 (Tol 1582619): Así las cosas resulta de las alegaciones conformes de las partes que, con posterioridad a la terminación del primer pleito, la demandada ha continuado ocupando la vivienda litigiosa, siendo así que no es posible el desalojo de la demandada en ejecución de lo resuelto en los autos nº 564/04 del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Sant Feliu de Llobregat, ya que aquellos autos concluyeron por auto de satisfacción extraprocesal que, según el art. 22.1.1º párrafo, de la LEC, tiene los mismos efectos que una sentencia absolutoria que, como tal sentencia absolutoria, según el art. 517.2.1º de la LEC, no puede servir de título para la ejecución.

¿Sólo las sentencias firmes constituyen título ejecutivo? Sentencia de la Audiencia Provincial de León (Sección 1ª) (Recurso 116/2006), de fecha 17/05/2007: Sólo las sentencias firmes constituyen título ejecutivo, conforme dispone el art. 517.2, 1º de la LEC, en tanto que las que no han ganado firmeza no tienen tal condición, aunque el legislador haya querido otorgar la posibilidad de su ejecución provisional, regulándola en el Título II del Libro III de la LEC. Toda sentencia firme es un título obligatorio y vinculante, en tanto que una sentencia definitiva, que no ha ganado firmeza, no resulta ni de obligado cumplimiento ni vinculante, y sólo es exigible si se insta ejecución provisional. Por ello, desde que una sentencia gana firmeza, tanto si se insta como si no se insta su ejecución, sus pronunciamientos obligan al cumplimiento de lo que en ellos se dispone; sin embargo, hasta que la sentencia no gana firmeza no resulta obligatoria para nadie, y su eficacia está condicionada a que se inste ejecución provisional.

1.2. LOS LAUDOS O RESOLUCIONES ARBITRALES Y LOS ACUERDOS DE MEDIACIÓN 2º. Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, debiendo estos últimos haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

La Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre) parte de la base de que los árbitros pueden dictar tantos laudos como consideren necesarios, ya sea para resolver cuestiones procesales o de fondo; o dictar un solo laudo resolviendo todas ellas. Obviamente, los árbitros carecen de potestad ejecutiva, por lo que para la ejecución de las medidas cautelares será necesario recurrir a la autoridad judicial, en los mismos términos que si de un laudo sobre el fondo se tratara. Respecto a las materias objeto de arbitraje, son susceptibles de ello las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho; y, cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o una sociedad, organización o empresa controlada por un Estado, esa parte no, podrá invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las obligaciones dimanantes del convenio arbitral. Para el nombramiento y remoción judicial de árbitros será competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde tenga lugar el arbitraje; de no estar éste aún determinado, la que corresponda al domicilio o residencia habitual de cualquiera de los demandados; si ninguno de ellos tuviere domicilio o residencia habitual en España, la del domicilio o residencia habitual del actor, y si éste tampoco los tuviere en España, la de su elección. Para la adopción judicial de medidas cautelares será Tribunal competente el del lugar en que el laudo deba ser ejecutado y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir su eficacia, de conformidad con lo previsto en el art. 724 de la LEC; y, para la ejecución forzosa de laudos o resoluciones arbitrales será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado de acuerdo con lo previsto en el art. 545.2 de la LEC. Las partes podrán fijar libremente el número de árbitros, siempre que sea impar. A falta de acuerdo, se designará un solo árbitro; y pueden ser árbitros las personas naturales que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será obstáculo para que actúe como árbitro. En realidad, la Ley de Enjuiciamiento Civil contiene todas las normas, tanto generales como específicas, sobre la ejecución forzosa del laudo. La Ley de Arbitraje se ocupa únicamente de la posibilidad de ejecución forzosa del laudo durante la pendencia del procedimiento en que se ejercite la acción de anulación.

La Ley opta por atribuir fuerza ejecutiva al laudo aunque sea objeto de impugnación. Ningún sentido tendría que la ejecutividad del laudo dependiera de su firmeza en un ordenamiento que permite ampliamente la ejecución provisional de sentencias. La ejecutividad del laudo no firme se ve matizada por la facultad del ejecutado de obtener la suspensión de la ejecución mediante la prestación de caución para responder de lo debido, más las costas y los daños y perjuicios derivados de la demora en la ejecución. Se trata de una regulación que pretende ponderar los intereses de ejecutante y ejecutado. El laudo es ejecutable aun cuando contra él se haya ejercitado acción de anulación. No obstante, en ese caso el ejecutado podrá solicitar al Tribunal competente la suspensión de la ejecución, siempre que ofrezca caución por el valor de la condena más los daños y perjuicios que pudieren derivarse de la demora en la ejecución del laudo. La caución podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el art. 529.3.2º de la LEC. Presentada la solicitud de suspensión, el Tribunal, tras oír al ejecutante, resolverá sobre la caución; y, contra esta resolución no cabrá recurso alguno. La Ley 5/2012, de 6 de julio amplía la acción ejecutiva a los acuerdos de mediación, debiendo estos últimos haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Se observa que el acuerdo de mediación, para ser ejecutivo ha de estar elevado a escritura pública notarial. El régimen que contiene la Ley 5/2012 se basa en la flexibilidad y en el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, cuya voluntad, expresada en el acuerdo que le pone fin, podrá tener la consideración de título ejecutivo, si las partes lo desean, mediante su elevación a escritura pública. La Ley 5/2012 da reconocimiento al acuerdo de mediación como título ejecutivo, lo que se producirá con su ulterior elevación a escritura pública, cuya ejecución podrá instarse directamente ante los tribunales. Se trata de condición necesaria para su consideración como título ejecutivo. CUESTIONES 5.

¿Cuándo se puede instar la ejecución de un laudo arbitral? Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 11ª) (Recurso 417/2008), de fecha 15/09/2008: El laudo, una vez firme, produce efectos idénticos a la cosa juzgada (art. 44 y ss. LA 2003 y art. 517.2.2º LEC), de modo que si contiene pronunciamientos de condena y el deudor no los cumple, el acreedor puede instar la ejecución forzosa que sigue las normas reguladoras de la ejecución de títulos judiciales, a los que aquellos se asimilan.

El Tribunal competente para la ejecución es el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se haya dictado el laudo (art. 8.4 LA y 545.2 LEC), y a la demanda ejecutiva ordinaria (art. 549.1 LEC) se deberán acompañar, la copia autorizada del laudo; documentos acreditativos de la notificación del laudo a las partes; el convenio arbitral y, en su caso, testimonio de la sentencia dictada en el recurso de anulación (art. 550.1.1º LEC). A la vista de la demanda ejecutiva, el título y la documentación que se acompañe el tribunal debe comprobar que concurren los presupuestos y requisitos legalmente exigidos para el despacho de la ejecución. Esta comprobación se extiende, según el art. 551 LEC a los siguientes extremos: 1) concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales, esto es debe verificar su propia jurisdicción y competencia, incluida la territorial, así como el cumplimiento por el ejecutante de todos los requisitos necesarios para poder actuar válidamente en juicio. 2) la regularidad formal del título y 3) que los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título; además, tratándose de la ejecución de una resolución arbitral o judicial se deberá tener en cuenta el plazo de caducidad de 5 años, establecido en el art. 518 LEC y el de espera de 20 días fijado en el art. 548 del mismo texto legal. 6.

¿Qué deberá acontecer cuando se desconoce si se ha promovido o no recurso de anulación del laudo arbitral? Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10ª) (Recurso 437/2007), de fecha 23/10/2007: El Juez debe despachar ejecución en todo caso siempre que concurran los presupuestos y requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título (art. 551 LEC y art. 55.2 LA) y haya transcurrido el plazo de 20 días a que se refiere el art. 548 LEC. En el presente supuesto, dado que se ignora si se ha promovido o no recurso de anulación del laudo arbitral, el juez debe dar traslado de la petición de ejecución y de los documentos presentados a la otra parte con el fin de que pueda alegar, en el plazo de cuatro días, la pendencia del recurso de anulación y su acreditación documental en los términos previstos en el art. 55.1 LA.

¿Tienen los Tribunales facultad de examinar la validez del convenio arbitral? Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20ª) (Recurso 217/2009), de fecha 21/07/2009: Existen cuestiones en las que el juzgador tiene facultad de denegar la ejecución, al entrarse en unos límites legalmente imperativos e indisponibles fuera de los cuales no puede excluirse la jurisdicción, pudiendo rechazar la ejecución del laudo, por no ser conforme a la naturaleza y contenido del título, cuando verse sobre materias no susceptibles de arbitraje (contrario a su naturaleza) o se solicite la ejecución de materias no decididas en el laudo (contrario a su contenido).

La cuestión se plantea sobre si los Tribunales, de oficio, pueden, además de los supuestos anteriormente indicados, entrar a examinar la validez del convenio arbitral, de incurrir éste en algún vicio, cuando el interesado no hubiera alegado la nulidad en las alegaciones iniciales del procedimiento arbitral, o por medio de la demanda de nulidad contra el laudo. El criterio de esta Sección fue negar esta facultad; sin embargo, las novedades legislativas y la más moderna jurisprudencia en materia de protección a los consumidores nos ha llevado a modificar al anterior criterio respecto a los convenios en que intervengan estos últimos, … dado que … inciden sobre la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto a los profesionales, tanto en lo referido a la capacidad de negociación, como en cuanto al nivel de información del mismo, lo que le lleva a adherirse a condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en su contenido, esta situación de desequilibrio solo puede compensarse mediante una intervención positiva, ajena a las partes en litigio; indicando que las previsiones del art. 6, apartado 1 de la Directiva 93/13/CEE al establecer que las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional no vinculan al consumidor, trata de establecer un equilibrio real entre las partes en un contrato, siendo la naturaleza e importancia del interés público en que se basa la protección otorgada por la Directiva a los consumidores, la que justifica que el Juez pueda apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual, para subsanar el desequilibrio existente entre consumidor y profesional. Añadiendo que teniendo en cuenta que deben ser los órganos jurisdiccionales nacionales los que deben cuidar de que equilibrio entre las partes que convinieron someter a arbitraje sus diferencias sea efectivo y real, y no meramente teórico, evitando que sus derechos por el juego de las normas procesales puedan verse dañados, concluye que si del examen del contrato en el que figura la cláusula de convenio arbitral, en base a la que se ha dictado el laudo cuya ejecución se pretende, se desprende la nulidad de tal convenio, aún cuando no se hubiera interesado en ningún momento la misma, no debe accederse a la ejecución de tal laudo, y ello reiteramos en base al principio de efectividad en la salvaguarda de los derechos que el Derecho Comunitario ha establecido a favor de los consumidores, siendo el juez nacional quien debe de oficio declarar la nulidad de las cláusulas abusivas para proteger adecuada y sobre todo eficazmente los derechos de los mismos en la forma prevista en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de Abril de 1993, tal y como ha venido entendiendo el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Criterio que, como hemos dicho, asumimos y compartimos en su totalidad. 8.

¿Qué especialidades tiene el art. 38 de la Ley de Contrato de Seguro? Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) (Recurso 6/2005), de fecha 22/02/2005 (Tol 595061):

El mecanismo del art. 38 LCS lo constituye un procedimiento de naturaleza mixta transaccional/arbitral dirigido a dirimir las controversias afectantes al importe e indemnización correspondientes (que incluye o puede incluir también las cuestiones relativas a la preexistencia de los bienes), que tiene su origen en el incumplimiento de la obligación que al asegurador le impetra el art. 18 de la misma Ley y que se articula como un remedio extra judicial para la resolución de una concreta cuestión, siempre referente a la determinación del siniestro y sus consecuencia económicas. No se trata de una norma imperativa en el sentido de que deba acudirse a ella por las partes indefectiblemente, sino de un mecanismo alternativo a la jurisdicción cuando se produce el determinado conflicto que la norma contempla. En conclusión, se trata de un procedimiento que, iniciado de forma voluntaria, atrapa a las partes en él hasta su conclusión, impidiéndoles el uso de vías alternativas fuera de las concurrentes en su voluntad común, cerrando las vías judiciales a las que no se acceda como consecuencia de la conclusión de dicho procedimiento.

1.3. LOS AUTOS APROBATORIOS U HOMOLOGADORES DE TRANSACCIONES Y ACUERDOS JUDICIALES 3º. Las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso, acompañadas, si fuere necesario para constancia de su concreto contenido, de los correspondientes testimonios de las actuaciones.

El art. 19.2 establece que si las partes pretendieran una transacción judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme a la Ley, será homologado por el Tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin. De otra parte, en el juicio ordinario (art. 415.1 y 415.2) se dispone que comparecidas las partes en la audiencia previa, si éstas manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del Tribunal que homologue lo acordado; y, este acuerdo homologado judicialmente surtirá los efectos atribuidos por la ley a la transacción judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Así, salvo error u omisión, cuando el precepto de estudio señala «resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso», se está refiriendo, únicamente a autos (y no a sentencias o decretos).

CUESTIONES 9.

¿Qué debe tener lugar cuando la cantidad adeudada, después de una transacción homologada, no es líquida? Auto de la Audiencia Provincial de Soria (Sección 1ª) (Recurso 218/2004), de fecha 15/11/2004: En definitiva, no cabe afirmar fundadamente que la suma adeudada por el Sr. Jon como consecuencia de las diversas operaciones convenidas en el acuerdo de liquidación de la sociedad legal de gananciales plasmado en la transacción homologada judicialmente sea líquida en el sentido del art. 572.1 LEC, y ello hace necesario que las partes acudan al correspondiente juicio declarativo para la determinación de la suma líquida adeudada como consecuencia de las operaciones liquidatorias de la sociedad legal de gananciales, a fin de que pueda instarse la actividad de ejecución forzosa respecto de dicha suma líquida.

1.4. LAS ESCRITURAS PÚBLICAS 4º. Las escrituras públicas, con tal que sea primera copia; o si es segunda que esté dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar, o de su causante, o que se expida con la conformidad de todas las partes.

El título, en esta ocasión, lo constituye la primera copia de la escritura pública o, si es segunda, que esté dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar, o de su causante, o que se expida con la conformidad de todas las partes. La escritura pública es una clase de instrumento público notarial cuyo contenido son las declaraciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento y los contratos de todas clases (art. 144.2 del Reglamento Notarial), para cuya regulación debe estarse a los arts. 147 a 196 del mismo Reglamento. Escritura pública lo es tanto la escritura matriz como las copias de la misma expedidas con las formalidades de derecho (art. 221 Reglamento). Atendido lo dispuesto en la Ley del Notariado (art. 21), que prohíbe sacar de las notarías las escrituras matrices y los libros protocolo, el título ejecutivo será la copia. Para éstas el art. 232 del Reglamento, y sólo a los efectos del ahora art. 517.2.4º, distingue entre primera y segunda copia. En principio sólo es título ejecutivo la primera copia. Con esta distinción entre primera y segunda copia, y la constitución en título ejecutivo sólo de la primera, lo que se trata de evitar es que un acreedor, utilizando distintas copias, pueda incoar varias ejecuciones. Ahora bien, ello no impide la expedición de segunda copia con fuerza ejecutiva por mandamiento judicial. Si el acreedor no dispone

de la primera copia expedida en su día (por pérdida o la circunstancia que fuere) puede instar que se expida segunda copia ejecutiva por mandamiento judicial y con citación del deudor. Para la regulación de este acto de jurisdicción voluntaria debe estarse al art. 235 del Reglamento. El acreedor deberá presentar un escrito en el Juzgado de 1ª Instancia del territorio donde radique el protocolo, sin necesidad de Letrado ni de Procurador, expresando el documento de que se trata, la razón de pedir la copia y el protocolo donde se encuentra; el Juez dará traslado al deudor (o, al Ministerio Fiscal si se ignora su paradero), y con o sin impugnación resolverá por auto, expidiendo en su caso mandamiento al Notario. El art. 234 del Reglamento se refiere a la obtención de segunda copia ejecutiva por conformidad de los otorgantes de la escritura, y por este sistema puede ahora obtenerse un verdadero título. El art. 517.2.4º se refiere literalmente «a la conformidad de todas las partes» (obviamente en la escritura), con lo que el sistema del art. 234 del Reglamento Notarial ha quedado legalizado. CUESTIONES 10. ¿Es necesario que resulte del título el deber de entrega dineraria? Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª) (Recurso 174/2009), de fecha 174/2009: No cabe duda que los títulos hechos valer por los ejecutantes son las diferentes escritura públicas de cancelación por pago de las operaciones crediticias originarias, pues así expresamente lo indica en la demanda de ejecución y en el recurso con suficiente contundencia, y es el caso que de ellas no resulta el deber de entrega dineraria alguna por parte de los ejecutados. Tal circunstancia es la que impide que podamos acoger la tesis que sustente el juzgador de primer grado, que sí sería plenamente eficaz si lo ejecutado hubieran sido las pólizas de afianzamiento o crédito con la documentación complementaria, y se hiciera valer respecto de ellas la subrogación convencional (escrituras) y legal (art. 1.844 CC en relación con el art. 1.145 CC), pues de dichas pólizas sí resulta la obligación dineraria que exige el art. 571 LEC y la condición de acreedores vendía dada para los anteriores por lo dispuesto en el art. 540 LEC en unión de las escrituras que aquí se hacen valer. 11. ¿Es viable la doble ejecución de escritura de constitución de hipoteca? Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 19ª) (Recurso 92/2007), de fecha 14/03/2007: Si en el procedimiento hipotecario no se pudo conseguir el cobro de la totalidad de la deuda, nada impide reclamar el resto de la deuda pendiente ejercitando la acción personal derivada del contrato de préstamo; lo hasta aquí expuesto se nos presente como doctrina general y unánime, mas, cabe ya preguntarse si esa ulterior reclamación, vigente la LEC 1/2000, puede hacerse

concediendo a la escritura de constitución de la hipoteca, ya ejecutada, el carácter nuevamente de título ejecutivo, esto es doble ejecución y en base al mismo título y frente a la misma parte, y entendemos que no, y así cabe entender que el citado art. 579 lo está excluyendo y así lo hace también desde la nueva configuración que da a la ejecución, diferente al antes juicio ejecutivo y diferente también a la seguida con anterioridad a su vigencia para los propios títulos judiciales o asimilados y desde esa configuración entendemos que no es permisible la ejecución en base a título ya ejecutado, sin perjuicio, claro es, que aquella reclamación se formule en el correspondiente juicio declarativo, por ello también la consideración del art. 570 a cuándo se entiende finalizada una ejecución, y sin que exista previsión alguna en orden a supuestos de procedimiento ya finalizados, como lo estaba el de ejecución hipotecaria, por lo que en orden a la reclamación de lo no cubierto en él y a realizar vigente la LEC 1/2000, entendemos que no se viable otra vía que la del juicio declarativo, pues de modo claro, así lo entiende esta Sala, dicha Ley no está contemplando la ejecución de título ya ejecutado y sin que quepa atribuir la escritura de constitución de préstamo hipotecario la dualidad a efectos de ejecución o por mejor de doble ejecución, de escritura pública contemplada en el art. 517.1.4º, que lo es, y de instrumento que permite dirigir la ejecución contra los bienes hipotecados, que también es posible.

1.5. LAS PÓLIZAS DE CONTRATOS MERCANTILES 5º. Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por Corredor de Comercio colegiado que las intervenga, con tal que se acompañe certificación en la que dicho Corredor acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de éstos.

Las pólizas de contratos mercantiles son el título ejecutivo por excelencia en los Juzgados y Tribunales civiles. Los requisitos para que estos documentos extrajudiciales tengan fuerza ejecutiva vienen dados en el propio artículo de estudio y son, enumerados, los siguientes: 1. La póliza debe estar firmada por las partes (prestamista —vg. Banco— ejecutante) (prestatario, el deudor, ejecutado). 2. La póliza ha de estar intervenida por Corredor de Comercio colegiado (aunque ya no existen. Desaparecieron como tales en virtud de lo dispuesto en la Ley 95/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, a partir del 1 de octubre de 2000, habiendo quedado integrados con los Notarios). 3. La póliza ha de ser acompañada en su original y con certificación del Notario en la que se acredite la conformidad de dicha póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de dichos asientos.

CUESTIONES 12. ¿Sobre las pólizas de contratos mercantiles, se exige la certificación del saldo? Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13ª) (Recurso 810/2006), de fecha 18/07/2006 (Tol 1176446): Cuando está pactado un interés fijo, como en este caso, en el que se pactó un interés remuneratorio del 7’25%, y en el que la cantidad exigible es el resultado de una simple operación aritmética, se entiende, de acuerdo con el art. 574.2 de la Ley 1/2000, que únicamente integrarían el título ejecutivo los documentos a que se refiere el art. 517.2.5º de la LEC, es decir la póliza firmada por las partes y fedatario público que la intervenga, y la certificación en la que dicho fedatario acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de éstos, que en este caso, para el juicio cambiario, se han sustituido por el pagaré en blanco, de conformidad con lo pactado expresamente en la condición undécima de la póliza de préstamo (doc. 1 de la contestación a la oposición), y que es el documento que acompaña a la demanda inicial del juicio cambiario, pero sin exigirse en este caso que se acompañe el documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo, así como tampoco el documento que acredite haberse notificado al deudor y al fiador, si lo hubiere, la cantidad exigible, cumpliendo en definitiva los documentos presentados con la demanda cambiaria los requisitos legales exigidos por el art. 819 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con los arts. 12 y 96 de la Ley 19/1985, de 16 de Julio, Cambiaria y del Cheque. 13. ¿Cómo adquiere la condición de documento público una póliza de cobertura para la negociación de letra de cambio? Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 6ª) (Recurso 553/2009), de fecha 27/02/2009: El documento en base al cual se solicitó el despacho de ejecución se titula «Póliza de cobertura para negociaciones de letras de cambio, efectos de comercio y otros documentos». Por dos vías podría tener acceso a su consideración de documento público: por la vía del art. 517.2.4 y por la del art. 517.2.5, ambos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el primero relativo a escritura pública, y el segundo a pólizas de contratos mercantiles intervenidos por corredor de comercio. La parte apelante invoca el art. 233 del Reglamento Notarial reformado por R.D. 45/07 de 19 de enero, conforme al cual a los efectos del art. 517.2.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil se considera titulo ejecutivo aquella copia que el interesado solicite que se le expida con tal carácter con tal de que se inserte en la matriz nota sobre la fecha de expedición y el interesado solicitante, haciéndose constar además en la copia expedida que se hace con eficacia ejecutiva y que con anterioridad no se ha expedido otra copia con tal eficacia

ejecutiva. Dicho precepto, de naturaleza reglamentaria, en principio iría en contra del art. 517.2.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil al que se pretende desarrollar, porque viene a sustituir la exigencia de primera copia por una posterior, por lo que al amparo del art. 6 de la LOPJ debería ser nulo y sin efecto alguno; mas, tomando en cuenta la finalidad del precepto de exigencia de primera copia, que no es otra que la seguridad de que no se va a poder instar más de un procedimiento ejecutivo con base en el mismo documento de tal naturaleza, tal finalidad aparece cumplida con la exigencia de constancia de que con anterioridad no se habría expedido ninguna otra copia con tal eficacia ejecutiva, comprobación del fedatario con suficiente garantía para cubrir aquella finalidad, y desde esta consideración es como podría tenerse por válida la prescripción reglamentaria analizada en tanto que estaría desarrollando, de esta forma, un precepto de ley. 14. ¿Es requisito la unidad de acto en la dación de fe por el fedatario público? Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13ª) (Recurso 56/2007), de fecha 26/03/2008: Es lo cierto que el art. 517.2.5º de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, reconoce eficacia ejecutiva a las pólizas de contratos mercantiles con tal de que estén firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga, y que se acompañe certificación en la que dicho corredor acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de éstos, no exigiendo por el contrario la Ley procesal que exista la inmediación del fedatario público en el momento de la firma del contrato mercantil por las partes, así como tampoco que la firma y la intervención del fedatario público se produzcan en unidad de acto, para que el título se encuentre dotado de eficacia ejecutiva.

1.6. LOS TÍTULOS AL PORTADOR O NOMINATIVO Y LOS CUPONES 6º. Los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos, de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos y éstos, en todo caso, con los libros talonarios.

La protesta de falsedad del título formulada en el acto de la confrontación no impedirá, si ésta resulta conforme, que se despache la ejecución, sin perjuicio de la posterior oposición a la ejecución que pueda formular el deudor alegando falsedad en el título. En realidad estamos ante dos títulos ejecutivos: ❑ El primero de ellos, o principal, es el propio título valor (acción u obligación) que para ser ejecutivo ha de: → Estar legítimamente emitido;

→ Ser al portador o nominativo (no a la orden); y → Confrontar y ser conforme con el libro talonario. ❑ El segundo, o accesorio, es el cupón, el cual ha de cumplir los requisitos anteriores pero además una segunda confrontación: La del cupón con el título valor y la de éste con el libro talonario. 15. ¿Qué son los cupones de las obligaciones? La deuda, tanto de entes públicos como de entes privados, frecuentemente es dinero prestado por alguien y el precio cobrado suele ser el tipo de interés o el cupón sobre esa deuda. En los mercados financieros de deuda, hay distintas formas de fijar este coste del dinero prestado, los cupones, y también depende del tipo de deuda que sea. 16. ¿Qué es la deuda a corto plazo? Normalmente deuda de menos de un año, que tiene distintas formas, incluyendo las siguientes: ❑ Certificados de depósito entre bancos; ❑ Papel comercial, que emiten las empresas; y, ❑ Financiaciones de los negocios operativos de las empresas, como son las pólizas de crédito y los descuentos de facturas o letras de cambio. Esta deuda suele emitirse a un descuento al valor del papel que, cuando llegue a su vencimiento, se paga al 100% y, así, retribuye el préstamo. El descuento establecido al principio, se fija en base a la Tasa Anual Equivalente o TAE de esta deuda a corto plazo. Por ejemplo, si se emite una deuda donde se promete pagar el 100% de la deuda en 12 meses y se recibe el 95% de esa cifra hoy, el TAE o el coste de financiación o el cupón equivalente se calcula en base a la diferencia entre lo recibido y lo pagado. 17. ¿Qué es la deuda a largo plazo? En deuda más larga, con plazos por encima de un año, existiendo distintas formas de fijar los cupones de esa deuda. Los bonos normales que se emiten tienen un plazo y un cupón fijado para el bono o para el crédito sindicado. El nivel de este interés, o el cupón, depende de los niveles de interés en el mercado en general en esos momentos, del plazo, y del riesgo del emisor de los bonos. Normalmente los plazos más largos requieren un cupón más alto, aunque no siempre, y el riesgo depende del rating del emisor o, si tiene aval, del rating del avalista. Si no tienen rating formal de una de las empresas de rating, el rating informal lo fijan los prestamistas. Este cupón es fijo y normalmente se paga semestralmente o trimestral. También existe la posibilidad de fijar un cupón variable, es decir, se fija un margen sobre un nivel de interés que es una media general de los tipos de interés que usan para préstamos los principales bancos de la zona euro (entre sí), que es el Euribor o el Libor, fijado en Londres y muy común para operaciones

internacionales. En Estados Unidos, las alternativas son un margen sobre el Federal Funds Rate (el coste de financiación entre los bancos y el banco central) o sobre el Prime Rate, el nivel de interés fijado para las mejores empresas. 18. ¿La letra de cambio lleva aparejada ejecución? ¿Pierde eficacia ejecutiva la falta de timbre en una letra de cambio? Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10ª) (Recurso 783/2007), de fecha 21/02/2008: La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 en su disposición final décima modifico el art. 68 de la Ley cambiaria y del cheque, estableciendo que el ejercicio de la acción cambiaria se realizara a través del proceso especial cambiario regulado en la citada LEC, arts. 819 a 827, no recogiéndose como títulos que llevan aparejada ejecución en el art. 517 de la LEC la letra de cambio. En base a dichos preceptos si bien no se ha procedido a una derogación expresa del art. 37 de la Ley que regula el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados, en virtud de la doctrina legal recogida de forma reiterada por el Tribunal Constitucional, en orden a que los tribunales están obligados a una interpretación de las normas de la forma más favorable a la efectividad de los derechos, entre los cuales se encuentra el derecho a la tutela judicial efectiva. Y dado que al configurarse el nuevo proceso cambiario en la nueva LEC, no como un proceso de ejecución en base al art. 571 y ss. de la LEC, sino como un proceso monitorio de carácter especial, no puede entenderse, ni interpretarse, que frente al proceso monitorio ordinario al que se puede acudir a través de los documentos que establece el art. 812 de la LEC, en los que no se exigen requisitos formales relevantes, pueda entenderse de inferior categoría la deuda documentada en una letra de cambio, aun cuando se incumpla alguna norma de carácter fiscal. Pues como señala entre otras la Sentencia de la Provincial de Sevilla de fecha 14/04/2004 la insuficiencia de timbre por no ir extendida una letra en plantilla correspondiente al duplo de su cuantía, cuando median más de seis meses entre la fecha de libramiento y la data de vencimiento, no provoca la pérdida de eficacia ejecutiva de la cambial de que se trate, pues la letra se encuentra extendida en efecto timbrado correspondiente a su importe nominal, de manera que goza de fuerza ejecutiva aunque adolezca de un defecto fiscal al que no alcanza la sanción del art. 37 del Real Decreto Legislativo de 24 de septiembre de 1993 es que el art. 36 del citado Texto Refundido, aprobatorio del Impuesto de Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados. En este mismo sentido se manifiesta la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª de fecha 13/02/2004 al señalar «Por lo que respecta a la falta de timbre de una de las cambiales, es preciso matizar. En primer lugar, el juicio cambiario que regula la vigente ley de enjuiciar, no ostenta la misma naturaleza que el “juicio ejecutivo” de los arts. 1.429 y siguientes de la LEC de 1881. Mayoritariamente se considera que la protección especial del crédito cambiario ha pasado de “un proceso especial de ejecución” a un “proceso especial de declaración”, dejando de ser, por voluntad de la Ley,

las letras de cambio títulos ejecutivos en sentido estricto. Por lo tanto, las restricciones que establece el art. 37 del Decreto Legislativo 1/1993 regulador del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados no pueden ser interpretadas extensiva sino restrictivamente, por lo que no parece sea de aplicación la falta de fuerza ejecutiva por falta de timbre una excepción aplicable en un procedimiento que no se funda en la fuerza “ejecutiva” de los títulos que le sirven de base». En este sentido, Sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia de 6/05/2002, Sección 11ª y de esta AP Madrid, Sección 18ª, de 18/05/2001 y Sección 9ª, de 2/02/2001.

1.7. ANOTACIÓN EN CUENTA 7º. Los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado del Valores, siempre que se acompañe copia de la escritura pública de representación de los valores o, en su caso, de la emisión, cuando tal escritura sea necesaria, conforme a la legislación vigente. Instada y despachada la ejecución, no caducarán los certificados a que se refiere el párrafo anterior.

Admitida la emisión de títulos valores representados, no por un documento, sino por una simple anotación en cuenta (conforme a los arts. 5 a 12 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, reformada por la Ley 37/1988, de 16 de noviembre), se trata de determinar un sistema de conversión de los valores en documento título ejecutivo, lo que se hace por medio de la certificación de las entidades encargadas de los registros contables. La Ley de Mercado de Valores abstrae el concepto de valor del hecho de estar representado por un título, de forma que se aparta de la noción tradicional de los valores mobiliarios como títulos emitidos en serie o en masa, que representan una parte o fracción de un negocio jurídico y que otorgan a su poseedor los derechos y poderes que la ley y el negocio de la emisión le reconocen. Esta noción tradicional no es válida conforme a la Ley de Mercado de Valores, puesto que pueden existir valores mobiliarios sin título. La Ley de Mercado de Valores prevé que los valores negociables puedan representarse por medio de anotaciones en cuenta o por medio de títulos, debiendo ser el emisor quien decida por un medio u otro. Aunque, según su art. 5, de la representación de los valores por medio de títulos podrá pasarse al de anotaciones en cuenta, mientras lo contrario no es posible. El modo de acreditarse la legitimación será, conforme dispone el art. 12.1 LMV, por medio de un certificado. Este certificado, por un lado, constituye una garantía para el

titular de los valores, pero por otro, desde luego se convierte en una carga en cuanto el párrafo final del art. 12 LMV que establece que «las entidades encargadas de los registros contables y los miembros de los mercados de valores no podrán dar curso a transmisiones o gravámenes ni practicar las correspondientes inscripciones si el disponente no ha restituido previamente los certificados expedidos a su favor». La razón de la exigencia de escritura deviene de que a pesar de que el contenido del valor, esto es, la posición jurídica de su titular frente la entidad emisora, venga determinado por el régimen específico del valor de que se trate, obligación, participación en un fondo de inversión…, no obstante, la Ley de Mercado de Valores ha querido con carácter general que la entidad emisora, siempre que no se trate del Estado o Comunidad Autónomas, otorgue una escritura pública en la que consten «la denominación, número o unidades, valor nominal y demás características y condiciones de los valores integrados en la emisión» (art. 6.1 LMV). 1.8. EL AUTO DE CUANTÍA MÁXIMA 8º. El auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización, dictado en casos de rebeldía del acusado o de sentencia absolutoria o sobreseimiento en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor.

Tras la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento y antes de archivar la causa penal, el Juez o Tribunal, del orden penal, dicta el auto de cuantía máxima; resolución que recaerá a la vista de la oferta motivada o de la respuesta motivada del asegurador o del Consorcio de Compensación de Seguros y contendrá: ❑ La determinación y fijación de la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria y según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del anejo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. ❑ La descripción del hecho, la indicación de las personas y vehículos que intervinieron y de los aseguradores de cada uno de éstos. Contra el auto de cuantía máxima no cabe recurso. Caso de que no conste oferta motivada o de la respuesta motivada del asegurador o del Consorcio de Compensación de Seguros: ❑ Convocatoria (en el plazo de cinco días) para que las partes puedan aportar la oferta o la respuesta motivada, o hacerse las alegaciones que se consideren convenientes.