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Impulsado en buena medida por el Derecho de la Unión Europea, nuestro legislador ha aprobado en los últimos años una serie de leyes en materia de igualdad y no discriminación que han venido a conformar un incipiente –pero con gran proyección de futuro– corpus de Derecho Antidiscriminatorio. Este nuevo sector del ordenamiento jurídico, transversal a las disciplinas tradicionales, ha establecido medidas de la más diversa índole dirigidas a que la proclamación que efectúa el artículo 14 de la Carta Magna sea una auténtica realidad. Pero, indudablemente, para que las disposiciones propias del Derecho sustantivo sean verdaderamente efectivas, deviene imprescindible una adecuada tutela judicial. En este sentido, y toda vez que la prueba de la discriminación conforme a la regla general de la carga resulta, en la mayoría de las ocasiones, una tarea sumamente ardua, han visto la luz diversas normas con criterios especiales de distribución. Así las cosas, nuestra investigación persigue profundizar en el análisis de esta cuestión procesal, combinando los aspectos más puramente dogmáticos con la aportación de soluciones que sean de utilidad para la práctica diaria de nuestros tribunales.

derecho procesal práctico

Ana Rodríguez Álvarez

La presente obra tiene por objetivo estudiar una institución clásica en el Derecho Procesal Civil como es la carga de la prueba, centrando su atención en la distribución del onus probandi en aquellos supuestos en los que se alega la existencia de un acto o situación discriminatoria.

LA CARGA DE LA PRUEBA EN SUPUESTOS DE DISCRIMINACIÓN

derecho procesal práctico

LA CARGA DE LA PRUEBA EN SUPUESTOS DE DISCRIMINACIÓN Su regulación en el proceso civil

Ana Rodríguez Álvarez

derecho procesal práctico

LA CARGA DE LA PRUEBA EN SUPUESTOS DE DISCRIMINACIร N: Su regulaciรณn en el proceso civil

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA CARGA DE LA PRUEBA EN SUPUESTOS DE DISCRIMINACIÓN: Su regulación en el proceso civil

ANA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

tirant lo blanch Valencia, 2020

Copyright ® 2020 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Colección Derecho Procesal Práctico Directores:

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FERNANDO GASCÓN INCHAUSTI Catedrático de Derecho Procesal

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A Raquel Castillejo, que me abriรณ las puertas de la Universidad y me descubriรณ el mejor oficio del mundo. A mis padres.

Índice Nota de la autora..................................................................................... 13

Parte I

PERSPECTIVA GENERAL DEL DERECHO ANTIDISCRIMINATORIO Capítulo I EL DERECHO ANTIDISCRIMINATORIO: UN BREVE RECORRIDO DESDE SUS ORÍGENES HASTA LA ACTUALIDAD 1. INTRODUCCIÓN.............................................................................. 17 1.1. La primigenia proclamación del derecho a la igualdad................ 18 1.2. Primera aproximación al concepto de no discriminación............. 22 2. ORÍGENES DEL DERECHO ANTIDISCRIMINATORIO................. 25 2.1. Una primera pregunta improrrogable: ¿qué es el Derecho Antidiscriminatorio?.......................................................................... 25 2.2. La conformación de un nuevo corpus jurídico en Estados Unidos: de las Leyes de Jim Crow a la Civil Rights Act de 1964....... 26 2.3. Más allá de la Civil Rights Act: la sentencia Griggs et al. vs. Duke Power Company o la aparición de la discriminación indirecta.... 37 2.4. Los problemas no cesan: Masterpiece Cakeshop vs. Colorado Civil Rights Commission............................................................. 41 3. LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA....................................................................... 45 3.1. La llegada del Derecho Antidiscriminatorio al viejo continente. El protagonismo de la Unión Europea......................................... 45 3.2. El Derecho originario.................................................................. 49 3.2.1. Los orígenes: el Tratado de Roma.................................... 49 3.2.2. El punto de inflexión: el Tratado de Ámsterdam.............. 52 3.2.3. Las reformas posteriores a Ámsterdam y las perspectivas futuras............................................................................. 54 3.3. El papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea................. 57 3.4. El Derecho derivado.................................................................... 61 4. LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN EN EL DERECHO ESTATAL................................................................................................ 67 4.1. La Constitución española............................................................ 68 4.2. La legislación estatal................................................................... 83 4.2.1. La derogada Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad........................... 84

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4.2.2. La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.................................... 88 4.2.3. La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres........................................................... 90 4.2.4. El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social................................................................ 94 4.2.5. La legislación autonómica............................................... 96 4.2.6. El frustrado Proyecto de Ley Integral de igualdad de trato y no discriminación......................................................... 101 4.2.7. La también frustrada Proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.......................... 104 4.3. Particular referencia a la prohibición de discriminación en el Derecho Privado. A propósito del Drittwirkung.............................. 105 4.4. Un último excursus en relación al 512 del Código Penal............. 119

Parte II

LA CARGA DE LA PRUEBA EN SUPUESTOS DE DISCRIMINACIÓN Capítulo II LA INSTITUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL 1. LA CARGA PROCESAL..................................................................... 127 1.1. Orígenes del concepto de carga procesal..................................... 127 1.2. Concepto de carga procesal. Autonomía frente a otras figuras..... 134 1.2.1. Introducción.................................................................... 134 1.2.2. Un paso hacia la autonomía conceptual: la distinción entre carga y obligación...................................................... 134 1.2.3. Concepto de carga procesal............................................. 138 1.2.4. Clasificaciones de la carga procesal.................................. 143 1.2.5. La controvertida naturaleza jurídica de la carga.............. 144 1.3. La carga como regla de control social......................................... 147 2. TEORÍA DE LA CARGA DE LA PRUEBA......................................... 150 2.1. Introducción................................................................................ 150 2.2. La regla de juicio......................................................................... 153 2.3. La carga de la prueba.................................................................. 164 2.3.1. Concepto de carga de la prueba....................................... 164 2.3.2. La errónea distinción entre carga formal y carga material................................................................................... 167 2.4. Carácter subsidiario de la teoría de la carga. Principio de adquisición procesal............................................................................. 169 3. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS NORMAS SOBRE CARGA DE LA PRUEBA........................................................................................ 178

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7. 8.

3.1. Con carácter general, la naturaleza de las normas sobre prueba.. 178 3.1.1. Origen de la controversia................................................. 178 3.1.2. Debate doctrinal sobre la naturaleza de las normas de prueba............................................................................. 180 3.1.3. Situación actual tras la aprobación de la LEC 1/2000...... 183 3.2. En particular, la naturaleza jurídica de las normas sobre carga de la prueba..................................................................................... 185 LA REGLA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA............ 187 4.1. El problema del establecimiento de una regla general. Breve aproximación histórica................................................................ 187 4.2. Teorías sobre el establecimiento de la regla general..................... 192 4.2.1. Introducción.................................................................... 192 4.2.2. Teoría de las condiciones generales y específicas.............. 196 4.2.3. Principio de normalidad.................................................. 197 4.2.4. Prueba del supuesto de hecho de la norma invocada........ 198 4.2.5. Prueba del supuesto de hecho de la pretensión................. 199 4.2.6. Teoría de la clasificación de los hechos............................ 200 4.2.7. Conclusión con respecto a la regla general de distribución................................................................................. 203 4.3. Regla general de distribución en el ordenamiento jurídico español............................................................................................... 205 4.3.1. El precedente del 1214 del Código Civil.......................... 205 4.3.2. El 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil......................... 207 LAS REGLAS ESPECIALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA..... 211 5.1. Introducción. Acerca de la inexistencia de la inversión de la carga de la prueba................................................................................ 211 5.2. Reglas especiales de distribución................................................. 217 5.3. Sobre la posibilidad de suscribir pactos inter partes sobre distribución de la carga de la prueba................................................... 223 PRINCIPIOS DE DISPONIBILIDAD Y FACILIDAD PROBATORIA.. 228 6.1. Introducción................................................................................ 228 6.2. Diferencia conceptual entre disponibilidad y facilidad................. 236 6.3. Fundamento jurídico de los principios de disponibilidad y facilidad probatoria............................................................................ 238 EVENTUAL INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE CARGA. VÍAS DE IMPUGNACIÓN.......................................................................... 240 ALGUNAS INTERRELACIONES COMPLEJAS................................ 245 8.1. Introducción................................................................................ 245 8.2. Carga de la prueba y carga de la alegación.................................. 245 8.3. Carga de la prueba y prueba del Derecho extranjero y de la costumbre........................................................................................ 252 8.4. Carga de la prueba y presunciones.............................................. 254 8.5. Carga de la prueba y facultad del 429.1.III LEC......................... 255 8.6. Carga de la prueba y prueba de oficio......................................... 256

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8.7. Carga y valoración de la prueba.................................................. 258 9. LA CARGA DE LA PRUEBA: ¿HACIA SU ABOLICIÓN?.................. 263 Capítulo III SUPUESTOS DE DISCRIMINACIÓN Y CARGA DE LA PRUEBA. ESPECIAL REFERENCIA AL PROCESO CIVIL 1. INTRODUCCIÓN.............................................................................. 265 2. LA CARGA DE LA PRUEBA EN SUPUESTOS DE DISCRIMINACIÓN EN EL ORDEN LABORAL: EL ARTÍCULO 96.1 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL........................................................ 271 2.1. Las previsiones de las Directivas comunitarias............................ 272 2.2. Del primigenio artículo 96 de la Ley de Procedimiento Laboral al vigente artículo 96.1 de la Ley de la Jurisdicción Social............... 275 2.3. Análisis e interpretación del artículo 96.1 de la Ley de la Jurisdicción Social................................................................................... 280 2.3.1. La carga del demandante................................................. 281 2.3.2. La carga del demandado.................................................. 297 2.4. Breve referencia al artículo 181.2 de la Ley de la Jurisdicción Social.......................................................................................... 300 3. LA CARGA DE LA PRUEBA EN SUPUESTOS DE DISCRIMINACIÓN EN EL ORDEN CIVIL. EN PARTICULAR, EL ARTÍCULO 217.5.I LEC......................................................................................... 304 3.1. Introducción................................................................................ 304 3.2. Las Directivas comunitarias........................................................ 305 3.3. Del artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres al artículo 217.5.I LEC............................................................................................. 309 3.4. Análisis e interpretación del 217.5. I LEC................................... 316 3.5. Eventual incidencia de los artículos 13 LOI y 217.5.I LEC en el 96.1 LJS...................................................................................... 329 3.6. Otras normas sobre carga de la prueba en el orden civil.............. 333 3.6.1. Los artículos 32 y 36 de la Ley 62/2003.......................... 333 3.6.2. El artículo 77 del Real Decreto Legislativo 1/2013.......... 335 3.7. El problema de la prueba de la multidiscriminación en el orden jurisdiccional civil....................................................................... 337 3.8. La regulación de la carga de la prueba en supuestos de discriminación: propuesta de lege ferenda................................................ 344 Bibliografía............................................................................................... 347 Relación de jurisprudencia........................................................................ 369

Nota de la autora La presente obra encuentra sus orígenes en la tesis doctoral «La carga de la prueba en el proceso civil. Especial referencia a la prueba de la discriminación». Con todo, como suele ser habitual en estos casos, el texto que el lector tiene entre sus manos no se corresponde exactamente con el de la tesis que en su día escribí: de él se ha eliminado un primer capítulo de carácter introductorio, al tiempo que se han actualizado los contenidos, se han añadido otros nuevos y, en la medida de nuestras posibilidades, se ha tratado de mejorar el trabajo. En todo caso, es evidente que esta obra debe realmente mucho a aquella tesis doctoral, para cuya elaboración conté con una ayuda del Programa de Formación de Profesorado Universitario. Bajo la dirección de la Profesora Castillejo Manzanares, Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela, la defensa pública tuvo lugar el 27 de noviembre de 2015 ante un tribunal integrado por los Profesores Moreno Catena, Montero Aroca, Asencio Mellado, Comoglio y por la Profesora García Rubio, a quienes aprovecho para manifestar una vez más mi más sincero agradecimiento. No quisiera olvidar tampoco a mis compañeras y compañeros del Área de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela, ni a los colegas que tuve la oportunidad de conocer en mis estancias en la Universidades de Bolonia, Pavía y Complutense de Madrid. Con todos ellos, al igual que con muchas otras personas de la Universidad y de fuera de ella, he contraído una deuda tan grande que estoy segura nunca podré llegar a pagar.

PARTE I

PERSPECTIVA GENERAL DEL DERECHO ANTIDISCRIMINATORIO

Capítulo I

EL DERECHO ANTIDISCRIMINATORIO: UN BREVE RECORRIDO DESDE SUS ORÍGENES HASTA LA ACTUALIDAD 1. INTRODUCCIÓN Antes de adentrarnos en la concreta problemática que suscita la carga de la prueba en supuestos de discriminación, deviene imprescindible abordar, siquiera someramente, algunos de los conceptos fundamentales en materia prohibición de discriminación, así como también referirnos al surgimiento de esta incipiente rama jurídica que se ha venido en llamar Derecho Antidiscriminatorio. Sólo así podremos encuadrar y, por ende, comprender mejor, el contexto en el que se insertan las disposiciones legislativas objeto de nuestro estudio1. Con este propósito, es preciso aludir ex ante al principio de igualdad. Ello se debe a que, con independencia de las discusiones doctrinales sobre la mayor o menor vinculación entre el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación (a las que con posterioridad nos referiremos), difícilmente podremos abordar la cuestión de la no discriminación sin ocuparnos primero de la igualdad. Máxime si tenemos presente que, si bien la específica formulación del derecho a no ser discriminado se ha producido en fechas relativamente recientes, el derecho a la igualdad ya fue enunciado en las Constituciones y Declaraciones de Derechos históricas.

En la presente obra se utilizará en ocasiones el género gramatical masculino para referirse tanto a hombres como a mujeres. El motivo de ello se debe a que hemos estimado oportuno aplicar el principio de economía lingüística, con el fin de facilitar la lectura; y a que las estrategias del lenguaje inclusivo nos resultaron de difícil encaje en algunos pasajes del texto.

Ana Rodríguez Álvarez

1.1. La primigenia proclamación del derecho a la igualdad Pese a tratarse de una conquista anhelada desde antiguo, habría que esperar hasta finales del siglo xviii y, más concretamente, a proclamaciones como la Declaración de Derechos de Virginia de 17762 o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, para que la igualdad se consagrase como un derecho de la ciudadanía. Sin perjuicio del importante precedente norteamericano, lo cierto es que la Declaración francesa constituye, fuera de toda duda, el referente en la formulación del derecho a la igualdad y, de este modo, acabaría por erigirse en el arquetipo de posteriores normaciones. Conforme al tenor literal de su artículo primero: «Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común». Por su parte, en su artículo sexto, se afirmaba, entre otros pronunciamientos, que «todos los Ciudadanos son iguales ante la Ley […]»3. La proclamación del derecho a la igualdad —al menos en su vertiente formal— devino una de las más importantes conquistas de la Revolución francesa y se convertiría en uno de los baluartes del nuevo Estado Liberal surgido tras ella. Con todo, pese a su indiscutible rele-

En los artículos I y IV de la Declaración de Derechos de Virginia se afirmaba, respectivamente: «Que todos los hombres son, por naturaleza, igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes […]» y «Que ningún hombre, o grupo de hombres, tienen derecho a recibir de la comunidad honorarios o privilegios exclusivos o diferentes […]». Ballester Pastor, M. A.; Ballester Cardel, M., «Significado general y conceptual de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres», en Sala Franco, T.; Ballester Pastor, M. A. et al. (Coords.), Comentarios a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2008, p. 36, n. p. 4, puntualizan que, aun cuando la Declaración contiene estos dos preceptos: «la Constitución americana no recoge de forma precisa y concreta el principio de igualdad». El texto completo del artículo 6 rezaba: «La Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los Ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o a través de sus Representantes. Debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para sancionar. Además, puesto que todos los Ciudadanos son iguales ante la Ley, todos ellos pueden presentarse y ser elegidos para cualquier dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y aptitudes».

La carga de la prueba en supuestos de discriminación

vancia, el alcance de esta Declaración era más restringido de lo que en un primer momento pudiera parecer, debido a varias razones. En primer lugar, porque la igualdad a la que aludía la Declaración se concebía como una mera abolición de los privilegios propios del Antiguo Régimen y, en particular, de la división estamental de la sociedad4. En segundo, porque, a pesar de su formulación general, distaba mucho de tener un alcance erga omnes. La Declaración, que se limitaba a proteger los intereses de la pujante clase social burguesa5, manejaba un concepto de ciudadano enormemente restringido, en el que se comprendía tan sólo a los varones de raza blanca propietarios6. Todas las demás personas —y, por consiguiente, todas las mujeres7—

A esta vinculación entre la proclamación de la igualdad y la abolición de privilegios aluden Álvarez Conde, E.; Marhuenda, F., «La igualdad como principio constitucional», en Álvarez Conde, E.; Figueruelo Burrieza, Á.; Nuño Gómez, L. (Dirs.), Estudios interdisciplinares sobre igualdad, Iustel, Madrid, 2011, p. 39; Díez-Picazo Giménez, L. M., Sistema de derechos fundamentales, Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2013, p. 178; Salvador Martínez, M., «La igualdad», en Sánchez González, S. (Coord.), Dogmática y práctica de los derechos fundamentales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 99; Santiago Juárez, M., Igualdad y acciones afirmativas, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México D. F., 2007, p. 14; y Souto Galván, C., Principio de igualdad y transversalidad de género, Dykinson, Madrid, 2012, p. 36. Esta última autora apunta que la supresión de privilegios supuso la creación de un único estamento: el de ciudadanos. Hasta entonces, primaba una organización social fuertemente jerarquizada. Como expone Fredman, S., Discrimination Law, Oxford University Press, New York, 2002, p. 4: «Equality as an ideal is a relatively modern construct. Classical and mediaeval societies were not founded on a principle of equality. Instead, society was ordered in hierarchical form, with entitlements and duties determined by birth or status rather than by virtue of an individual’s inherent worth as a human being». 5 Señala Martín Martín, G., «La igualdad en las relaciones jurídicas privadas», en Álvarez Conde, E.; Figueruelo Burrieza, Á.; Nuño Gómez, L. (Dirs.), Estudios interdisciplinares…, op. cit., p. 90, que la igualdad, junto con la libertad y la fraternidad constituían, además del lema de la Revolución Francesa, «el fundamento de una nueva y poderosa clase social: la burguesía». 6 En el mismo sentido, Barrère Unzueta, M. Á., «Igualdad y “discriminación positiva”: un esbozo de análisis teórico-conceptual», Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, núm. 9, 2003, p. 7. 7 De lo antedicho se colige que este alabado texto es, paradójicamente, discriminatorio de base. En lo que respecta a las mujeres y como reacción al mismo, la 4

Ana Rodríguez Álvarez

quedaban excluidas, careciendo de los derechos que este instrumento se enorgullecía en proclamar8. Huelga decir también que, en consonancia con el espíritu liberal que propugnaba, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamó una igualdad puramente formal. El Estado se limitó a «laissez faire, laissez passer», sin que las trabas sufridas por la mayor parte de la población en orden a la consecución de una igualdad real fuesen removidas y, por tanto, sin que ésta fuera verdaderamente efectiva9. Como consecuencia de ello, pronto quedó patente que un reconocimiento de esta índole resultaba del todo insuficiente,

malograda pensadora Olympe de Gouges (pseudónimo por el que fue conocida Marie Gouze, muerta en la guillotina) redactó en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Con un contenido análogo y parafraseando la Declaración originaria, reivindicaba los derechos de la mujer que ésta le negaba. A este ámbito de aplicación restringido se refiere también Souto Galván, C., Principio de igualdad…, op. cit., p. 36, cuando sostiene que quedan al margen del mismo «todos aquellos que no entran dentro de la clasificación de ciudadanos, como los esclavos, las mujeres y los niños, entre otros». También Fredman se refiere a dicha exclusión, indicando el espurio argumento que la justificaba: «Numerous groups, including women, slaves, religious minorities, black people, gypsies, and the unpropertied classes were excluded from the promise of liberal equality. Exclusion was achieved by the apparently logical argument that the basic rights to liberty and equality only inhered in individuals by virtue of their rationality. The concept of rationality could then be easily manipulated in an exclusive way. Women, slaves and others were characterized as irrational and emotional and therefore not entitled to the equal rights due to rational beings. Thus the newly ascendant equality principle coexisted with continued and unchallenged relations of domination». Fredman, S., Discrimination Law, op. cit., p. 5. Tampoco se garantizaba en la Declaración la igualdad en la aplicación de la Ley. No obstante, esto último se puede entender teniendo presente la consideración que, por aquel entonces, se tenía de la labor del juzgador. Siguiendo a Montesquieu, el juez se limitaba a ser «la bouche qui prononce les paroles de la loi», por lo que no cabía interpretación jurídica alguna ni, por tanto, resoluciones en sentido diverso: «Los jueces de la nación no son, como hemos dicho, más que el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes». Montesquieu, Del espíritu de las Leyes, Tecnos, Madrid, 1987, p. 112. Asimismo, afirma el barón francés que las sentencias debían ser siempre fijas «hasta el punto que deben corresponder siempre al texto expreso de la ley». Montesquieu, Del espíritu de…, op. cit., p. 109.