criminología y educación social serie menor
JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLÉS ANA ISABEL CEREZO DOMÍNGUEZ MARÍA JOSÉ BENÍTEZ JIMÉNEZ
Evaluar la política criminal de nuestro país en la lucha contra la violencia sobre la mujer pareja es el objetivo del presente trabajo. Ha transcurrido ya más de una década desde la entrada en vigor de la LO 1/2004, de Medidas de protección integral contra la violencia de género. Pretendemos conocer si las políticas o estrategias de naturaleza penal o procesal penal previstas en esa y otras leyes relacionadas han sido realmente implementadas, averiguar en qué medida se han logrado los objetivos perseguidos, y verificar los posibles costes en los que se ha incurrido. En definitiva, comprobar si esas iniciativas legislativas han sido efectivas, eficaces y eficientes. El método plural de investigación adoptado intenta describir la compleja realidad en estudio mediante la utilización de un amplio número de indicadores. El contenido de ellos se determina mediante un análisis empírico riguroso, a partir de los datos disponibles. La gran cantidad de información aportada permite en los dos últimos capítulos sacar conclusiones relevantes sobre los aciertos y desaciertos de la política criminal española de lucha contra la violencia sobre la mujer pareja, así como formular una larga lista de recomendaciones.
La política criminal contra la violencia sobre la mujer pareja (2004-2014)
criminología y educación social
La política criminal contra la violencia sobre la mujer pareja (2004-2014) Su efectividad, eficacia y eficiencia JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLÉS ANA ISABEL CEREZO DOMÍNGUEZ MARÍA JOSÉ BENÍTEZ JIMÉNEZ
criminología y educación social serie menor
Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología
LA POLÍTICA CRIMINAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER PAREJA (2004-2014) SU EFECTIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen M. Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
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LA POLÍTICA CRIMINAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER PAREJA (2004-2014) SU EFECTIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA
JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLÉS ANA ISABEL CEREZO DOMÍNGUEZ MARÍA JOSÉ BENÍTEZ JIMÉNEZ
Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología
Valencia, 2017
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Director de la colección:
Vicente Garrido Genovés
© José Luis Díez Ripollés Ana Isabel Cerezo Domínguez María José Benítez Jiménez
© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH Y EL INSTITUTO ANDALUZ INTERUNIVERSITARIO DE CRIMINOLOGÍA C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-603-2 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Índice Presentación............................................................................................. 11 Capítulo I MARCO TEÓRICO GENERAL 1. El fenómeno de la violencia sobre la mujer pareja.............................. 15 2. La legislación española en materia de violencia sobre la mujer pareja. 19 3. La necesidad de evaluar la política criminal contra la violencia sobre la mujer pareja................................................................................... 28 Capítulo II METODOLOGÍA 1. Planteamiento del estudio: Objetivos, hipótesis e indicadores............. 35 2. Fuentes de datos utilizadas................................................................. 40 a. Estadísticas oficiales...................................................................... 42 1. Datos policiales....................................................................... 42 2. Datos judiciales....................................................................... 43 3. Datos penitenciarios................................................................ 44 b. Encuestas de victimización............................................................ 44 c. Informes de centros de investigación............................................. 45 d. Presupuestos del Estado................................................................ 47 e. Expedientes judiciales de los juzgados de Málaga......................... 48 f. Grupos de discusión...................................................................... 51 Capítulo III LA EFECTIVIDAD, EFICACIA Y COSTE DE LAS REFORMAS LEGISLATIVAS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER PAREJA 1. La efectividad de los recursos de intervención penales, y sociales complementarios, en materia de lucha contra la violencia sobre la mujer pareja................................................................................................. 55 a. Las órdenes de protección............................................................. 56 b. Las ayudas económicas y laborales............................................... 70 1. Renta activa de inserción (RAI)............................................... 70 2. Ayuda económica de pago único......................................................... 77 3. Contratos de sustitución y contratos bonificados relativos a víctimas de violencia de género........................................................................ 80
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c. Los programas específicos destinados por la administración penitenciaria para condenados por delitos relacionados con la violencia de género................................................................................. 87 d. Los juzgados de violencia sobre la mujer...................................... 93 e. Otros recursos.............................................................................. 97 2. La eficacia de las reformas legislativas penales en materia de lucha contra la violencia sobre la mujer pareja............................................ 111 a. Prevalencia de la violencia sobre la mujer pareja........................... 111 b. Las muertes de mujeres a manos de su pareja............................... 118 c. Las denuncias por violencia sobre la mujer pareja........................ 122 d. Las condenas por violencia sobre la mujer pareja......................... 125 e. Las intervenciones penales sobre agresores de la mujer pareja...... 129 3. Costes ligados a la actual estrategia de lucha contra la violencia sobre la mujer pareja................................................................................... 136 a. La victimización de la mujer pareja............................................... 137 1. El rechazo de la mujer pareja víctima a acudir al sistema penal........................................................................................... 137 2. El rechazo de la mujer pareja víctima a las actuaciones penales en relación con la violencia que sufre de su pareja................... 142 b. La desatención de otras víctimas en el ámbito doméstico.............. 156 c. Los sesgos de la intervención penal sobre víctimas y victimarios... 168 1. La pertenencia de víctimas y victimarios a los grupos sociales más excluidos.......................................................................... 168 2. La frecuencia de suicidios intentados y consumados de los hombres homicidas................................................................. 185 d. Repercusiones en la configuración de la delincuencia objeto de persecución penal.......................................................................... 190 1. Incremento del peso relativo de los delitos contra la integridad personal en la persecución penal............................................. 190 2. Incremento del peso relativo de los hombres penados internos por delitos contra la vida e integridad personal....................... 197 e. Efectos criminógenos de la intervención penal.............................. 200 1. El aumento de la agresividad del victimario tras la denuncia o la aplicación de actuaciones de protección sobre la víctima..... 201 2. El aumento de la agresividad debido a la cobertura mediática: el efecto imitación................................................................... 205 f. Efectos sobre las prestaciones del sistema penal............................ 210 1. El incremento de la actividad policial y judicial en materia de violencia sobre la mujer pareja................................................ 210 2. Superación de la capacidad de gestión de los órganos judiciales especializados.......................................................................... 218 3. El desarrollo de técnicas de neutralización judicial.................. 221 g. Efectos sobre otros ámbitos de intervención social. Una aproximación............................................................................................... 226
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Capítulo IV EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ACTUAL POLÍTICA CRIMINAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER PAREJA 1. La efectividad..................................................................................... 235 a. Las órdenes de protección y otras resoluciones cautelares............. 235 b. Ayudas económicas y laborales..................................................... 240 c. Programas específicos destinados por la administración penitenciaria para condenados por delitos relacionados con la violencia de género...................................................................................... 241 d. Juzgados de violencia sobre la mujer............................................. 242 e. Otros recursos.............................................................................. 243 f. Consideraciones finales................................................................. 245 2. La eficacia.......................................................................................... 247 a. Prevalencia de la violencia sobre la mujer pareja........................... 247 b. Las muertes de mujeres a manos de su pareja............................... 249 c. Las denuncias por violencia sobre la mujer pareja........................ 250 d. Las condenas por violencia sobre la mujer pareja......................... 255 e. Las intervenciones penales sobre agresores de la mujer pareja...... 256 f. Consideraciones finales................................................................. 257 3. La eficiencia........................................................................................ 260 a. La victimización de la mujer pareja............................................... 260 1. El rechazo a acudir al sistema penal........................................ 260 2. La intervención del sistema penal sobre la mujer pareja víctima........................................................................................... 262 3. Valoración general del indicador............................................. 265 b. La desatención de otras víctimas en el ámbito doméstico.............. 266 c. Los sesgos de la intervención penal sobre víctimas y victimarios... 267 1. La pertenencia de víctimas y victimarios a los grupos sociales más excluidos.......................................................................... 267 2. Los suicidios intentados y consumados de los hombres homicidas de su pareja....................................................................... 270 3. Valoración global del indicador............................................... 274 d. Repercusiones en la configuración de la delincuencia objeto de persecución penal.......................................................................... 274 1. Incremento del peso relativo de los delitos contra la vida e integridad personal..................................................................... 274 2. Incremento del peso relativo de los hombres penados internos por delitos contra la vida o integridad personal....................... 276 3. Valoración general del indicador............................................. 277 e. Los efectos criminógenos de la intervención penal........................ 278 1. Aumento de la agresividad del victimario tras la denuncia o la aplicación de actuaciones de protección sobre la víctima......... 278
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2. Aumento de la agresividad del victimario debido a la cobertura mediática: el efecto imitación.................................................. 279 3. Valoración general del indicador............................................. 280 f. Los efectos sobre las prestaciones del sistema penal...................... 280 1. El incremento de la actividad policial y judicial en materia de violencia sobre la mujer........................................................... 280 2. Superación de la capacidad de gestión de los órganos judiciales especializados.......................................................................... 282 3. Desarrollo de técnicas de neutralización judicial..................... 283 4. Valoración general del indicador............................................. 284 g. Los efectos sobre otros ámbitos de intervención social. Una aproximación....................................................................................... 285 Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................... 287 Índice de Gráficos..................................................................................... 305 Índice de Tablas........................................................................................ 311 Anexo...................................................................................................... 313 Biliografía................................................................................................ 321
PRESENTACIÓN El objetivo del presente trabajo es una evaluación de la política criminal que se ha seguido en materia de lucha contra la violencia sobre la mujer pareja en los últimos años. Transcurrida más de una década desde la entrada en vigor de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género, consideramos oportuno realizar una evaluación externa de los objetivos de esa ley y de otras reformas legales relacionadas, singularmente penales y procesales, para valorar sus logros y sus lagunas. Se trata de una evaluación de objetivos, de ahí que hayamos ejecutado un diseño en donde los objetivos han sido definidos de modo operacional a través de indicadores. Y hablamos de una evaluación externa, debido a que en su realización han participado especialistas ajenos a la redacción o implantación de los textos normativos objeto de estudio. Las normas objeto de análisis surgieron con el objetivo principal de erradicar la violencia de género de nuestra sociedad o, al menos, de acabar con las muertes y agresiones de mujeres a manos de sus parejas. Podemos afirmar ya que ninguno de esos objetivos se ha logrado plenamente. Se trata, sin duda, de objetivos sumamente ambiciosos y de difícil logro. Por si fuera poco, es difícil erradicar en cualquier sociedad un determinado comportamiento delictivo; a lo que se puede aspirar es a reducir su incidencia a tasas socialmente asumibles. Es por ello que dirigimos el presente trabajo a conocer si las políticas y/o estrategias empleadas hasta ahora han sido realmente implementadas, a averiguar cuál ha sido su impacto y a verificar los posibles costes en los que se ha incurrido. En definitiva, a comprobar si estas leyes han sido efectivas, eficaces y eficientes. Un buen número de lectores pensarán que no se encuentran ante un trabajo novedoso. Nos atrevemos a decir que están equivocados. La peculiaridad de este trabajo reside en su decidida pretensión de evitar interpretaciones prejuiciosas, condicionadas en exceso por actitudes subjetivas previas sobre un tema tan emocionalmente cargado como el de la violencia contra la mujer pareja. A partir de un cuidadoso análisis de los datos disponibles hemos intentado llegar a conclusiones razonables, fácilmente compartibles en función de la información
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obtenida. Sabemos que no caben análisis valorativamente asépticos, pero también que solo desde posiciones de consenso se puede llegar a tomar decisiones. No podemos continuar interpretando los datos de una manera sesgada, para acomodarlos a una determinada ideología o a ciertos intereses políticos. Con el presente trabajo no queremos despolitizar la política criminal en materia de violencia contra la mujer pareja, un sinsentido, pero sí asentar el debate en datos incontrovertibles. Sólo así se pueden tomar decisiones racionales. En el primer capítulo pondremos en su debido contexto el fenómeno objeto de estudio para posteriormente, en el siguiente capítulo, detallar la metodología utilizada para conseguir nuestros objetivos y comprobar las hipótesis apuntadas. En el capítulo tercero atenderemos a la efectiva implementación de una serie de medidas político-criminales relevantes previstas en los cuerpos normativos, para a continuación preguntarnos sobre la eficacia de las actuaciones desarrolladas; pero el núcleo del capítulo reside en el punto fuerte de esta investigación, a saber, la comprobación a través de muy diversos indicadores de los posibles costes ligados a la política criminal adoptada. Con todos esos datos en la mano, procedemos en el capítulo cuarto a realizar un análisis más profundo de los resultados obtenidos en el capítulo precedente, pues ya estamos en condiciones de relacionar los datos obtenidos en uno u otro lugar. En el último capítulo ordenaremos las conclusiones obtenidas, y a partir de ellas recomendaremos un conjunto de decisiones y actuaciones cuya adopción pudiera potenciar los avances y reducir los costes de una política criminal razonable contra la violencia hacia la mujer pareja. Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación de excelencia «Los costes del enfoque punitivo para reducir la violencia sobre la mujer pareja» (SEJ-04161) financiado por la Junta de Andalucía, y ha sido realizado en el seno de Instituto andaluz interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga. El diseño de la investigación fue realizado por José Luis Díez Ripollés, quien también ha tenido un papel predominante en la redacción de la versión final y en el análisis de los datos obtenidos. Anabel Cerezo Domínguez se incorporó mediada la investigación a la búsqueda de los datos precisos, organizó y desarrolló los grupos de discusión, coordinó la presentación de los materiales y redactó las primeras versiones del trabajo, también se ha mantenido hasta el final aportando los datos adicionales que han permitido con-
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cluir la investigación. María José Benítez Jiménez se dedicó desde el inicio de la investigación y durante varios años a la búsqueda de los numerosos datos precisos para esta investigación, realizó el trabajo de campo en la Audiencia de Málaga, y se ha mantenido también hasta el final aportando los datos adicionales que se han mostrado precisos para cerrar la investigación. En cualquier caso estamos ante un trabajo verdaderamente colectivo, de modo que la distribución de tareas anterior podría ser objeto de numerosos matices, dada la implicación de todos nosotros en cualesquiera de las tareas necesarias. De un modo especial queremos agradecer la valiosa colaboración en diferentes momentos de la investigación de las profesoras Fátima Pérez Jiménez y Ana María Prieto del Pino, así como las ocasionales contribuciones de los investigadores Araceli Aguilar Conde, Lorea Arenas García, Bertha Verónica Prado Manrique, Miguel Aguilar Ruiz y María Izco Rincón. A las magistradas del Juzgado de violencia sobre la mujer nº 2 y de los juzgados penales específicos núms. 12 y 13 de Málaga y a la secretaria de la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Málaga, así como a sus equipos, les agradecemos su amabilidad, su excelente buen hacer y las facilidades que nos aportaron para la realización del trabajo empírico sobre expedientes judiciales. Agradecemos también al GESI —Gabinete de estudios de seguridad interior— su agilidad en la facilitación de los datos solicitados. En el marco del convenio de colaboración entre el Instituto andaluz interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga y el Observatorio contra la violencia doméstica y de género, adscrito al Consejo general del Poder Judicial, determinados datos judiciales fueron aportados para la realización del presente trabajo: Queremos agradecer a la entonces presidenta de dicho observatorio, Dña. Inmaculada Montalbán Huertas, su excelente disponibilidad y comprensión. Finalmente, hacemos extensivo nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que participaron en los grupos de discusión y en las entrevistas llevadas a cabo: Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los operadores jurídicos, las asociaciones de víctimas, las tres víctimas entrevistadas, y los catorce hombres agresores que se encontraban realizando un curso en materia de violencia de género en el Centro de inserción social de Málaga, institución que también se mostró colaboradora en todo momento.
Capítulo I
MARCO TEÓRICO GENERAL 1. EL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER PAREJA Conocida es por todos la importancia social que hoy en día se atribuye a la violencia sobre la mujer pareja. Se trata de un fenómeno que sigue ocupando un lugar relevante en la agenda pública y política de nuestro país. Tras más de dos décadas de afrontamiento de este problema desde muy diversas instancias, las instituciones se encuentran hoy en día en una situación de cierto desánimo al comprobar que el objetivo perseguido no se ha alcanzado en la medida deseada, que este tipo de violencia no se ha logrado reducir significativamente. El concepto de violencia sobre la mujer pareja que vamos a utilizar en el presente trabajo es similar al que se menciona en la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, reguladora de medidas de protección integral contra la violencia de género, que define este tipo de violencia en su primer artículo. Se trata de la situación de violencia a la que se puede ver sometida una mujer por una relación de dominio y control por parte del hombre con el que mantiene o ha mantenido una relación de afectividad. Los términos violencia de género y violencia doméstica o intrafamiliar tienen un contenido semántico ambiguo y mantienen entre sí una relación problemática. En cualquier caso el tipo de violencia más representativo en ambos contextos, tanto por su prevalencia como por su intensidad, es precisamente aquél en el que la víctima es la mujer y la violencia tiene lugar en el seno de la pareja. Es por ello que consideramos más adecuado utilizar el término violencia sobre la mujer pareja para hacer referencia a la violencia ejercida por un hombre que mantiene una relación sentimental, más o menos estable y duradera, con una mujer. Entendemos que al aludir expresamente a la violencia sobre la mujer pareja estamos definiendo más acertadamente el campo de estudio1.
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A su vez, el término recientemente popularizado de «violencia machista» incorpora un componente emocional que hace poco aconsejable su uso en esta investigación.
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El concepto de violencia sobre la mujer al que se alude desde ciertos organismos internacionales2 es un concepto más amplio que el utilizado en nuestro trabajo, en cuanto permite abarcar situaciones que se producen con independencia del tipo de relaciones interpersonales que mantengan agresor y víctima, que a veces son de tipo sentimental, familiar, de amistad o simplemente inexistentes, pero que siempre conllevan una situación de discriminación por razón de sexo. La violencia contra la mujer así entendida abarcaría agresiones físicas y sexuales, mutilación genital femenina, tráfico de mujeres, explotación sexual, acoso sexual en el trabajo, entre otros muchos fenómenos. Por otra parte, la violencia en el ámbito familiar tampoco tiene siempre como punto de referencia el sexo de la víctima (malos tratos a hombres ancianos, malos tratos a hombres en el seno de la pareja, abusos sexuales a niños, agresiones de hijos a padres, entre otras). En consecuencia, entendemos por violencia sobre la mujer pareja un conjunto de comportamientos basados en actitudes, sentimientos, prácticas, vivencias y estilos de relación entre miembros de una pareja (o ex pareja) íntima, que produce afecciones relevantes en la integridad personal de la víctima. Esta violencia no es sinónimo de agresión física sobre la pareja. Responde, más bien, a un amplio patrón de conductas agresivas que incluye actos de violencia física contra la pareja, pero también maltrato y abuso psicológico, agresiones sexuales, aislamiento y control social, acoso sistemático, coacciones e intimidaciones, humillación, extorsión económica y coerciones de lo más diversas. Todas estas actividades, que se pueden combinar y extender
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Véase, entre otros, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDCM, 1979), firmada por España el 17 de julio de 1970 y ratificada el 5 de enero de 1984; así como el protocolo opcional (CEDAW-OP, 1999), firmado por España el 14 de marzo del 2000 y ratificado el 6 de julio de 2001. A nivel europeo, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, adoptado en Estambul el 7 de abril de 2011, firmado y ratificado por España el 11 de mayo de 2011. En el artículo 3 del citado Convenio se define la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres que designa todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.
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en el tiempo de forma crónica, tienen como finalidad someter a la víctima pareja al poder y control del agresor3. Por lo general se trata de una violencia recurrente, que no precisa de ocasión desencadenante significativa, y que no es extraño que muestre una escalada en su frecuencia y gravedad. Suele producir graves daños y secuelas a la víctima, pudiendo incluso llegar a causar la muerte de ésta. En cualquier caso, siempre afecta al bienestar y salud de la víctima y de las personas de su entorno inmediato4. Este tipo de violencia se siente como un grave problema social en nuestra sociedad. Para que esa percepción se haya asentado se ha tenido que producir un profundo cambio de mentalidades, consecuencia de una notable modificación tanto de las pautas de comportamiento familiar como del papel que le corresponde a la mujer en la sociedad, al que, sin lugar a dudas, han coadyuvado instituciones sociales muy diversas. Ese cambio de actitudes ha hecho posible la visibilidad de un fenómeno poco conocido hasta hace apenas unas décadas. Afortunadamente ya se ha producido la inflexión cultural precisa para que pueda afirmarse que estamos ante un comportamiento claramente desvalorado socialmente, inaceptable a todos los efectos y, por ello mismo, criminal. Sería interesante analizar detenidamente cómo hemos llegado a esta situación, preguntarnos por cuáles han sido los factores que nos han convertido en uno de los países occidentales más intervencionistas en este tema, cuando hace apenas 20 años estos comportamientos
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Véanse, entre otros, MAQUEDA ABREU, M. L.: «La violencia de género: Entre el concepto jurídico y la realidad social», Revista electrónica de Ciencia penal y Criminología RECPC (en línea), 2006, núm. 08-02, p. 1-13 y ROIG TORRES, M.: «La delimitación de la violencia de género: Un concepto espinoso», Estudios penales y criminológicos, vol. XXXII, pp. 247-312, 2012. Véase CAMPBELL, J. C.: «Prediction of homicide of and by battered women», en Assessing the risk of dangerousness: Potential for further violence of sexual offenders, batterers and child abusers, J. C. Campbell (ed.) Newbury Park, CA: Sage, 1995, pp. 96-113; ECHEBURÚA, E./ CORRAL, P.: Manual de violencia familiar, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1998; SALBER, P. R./ TALLIAFERRO, E.: The physician’s guide to intimate partner violence and abuse. Volcano Press. Volcano CA, 2006; ANDRÉS PUEYO, A.: Manual para la valoración del riesgo de violencia contra la pareja. Publications i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2005.
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inaceptables eran en buena medida tolerados socialmente. No es este el lugar para realizar tal investigación, pero se nos va a permitir dar cuenta de un interesante trabajo empírico llevado a cabo por MARTÍN LLAGUNO y VIVES-CASES5 que nos da información relevante sobre cómo el problema social de la violencia de género se introduce a fines del pasado siglo y comienzos del actual en la agenda política, dando lugar finalmente a la LO 1/2004. Tras un exhaustivo rastreo de los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados y del Senado desde 1996 hasta 2001, comprueban que el tema de la violencia contra las mujeres fue tratado como punto de orden del día en 66 sesiones parlamentarias. Observaron cómo, cuantitativamente, la atención política hacia el problema fue creciente desde 1996 hasta 1998, descendiendo durante el año 1999 para luego posteriormente recuperarse a partir del año 2000 de forma continua hasta el año 2001. Así, aunque la violencia de género se había introducido débilmente en la agenda política ya en el año 1996, en el marco del III Plan de igualdad a través de la Comisión mixta de derechos de la mujer6, es a lo largo de 1998 cuando la violencia de género adquiere protagonismo autónomo en la agenda política. De ser tratada exclusivamente en
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Véase MARTÍN LLAGUNO, M./ VIVES-CASES, C.: «La construcción social del problema social de la violencia de género a través de los medios: interacciones entre la agenda pública, política y la realidad», en La comunicación: Nuevos discursos y perspectivas (Ponencias), N. Mínguez y N. Villagra (eds.), 2004, pp. 97-105. A raíz de la creación en el año 1983 del Instituto de la Mujer se comienzan a aprobar los planes de igualdad de oportunidades de las mujeres a nivel nacional: I Plan (1988-1990), II Plan (1993-1996), III Plan (1997-2000), IV Plan (20032006). Aunque este proceso ha tenido ritmos distintos en las comunidades autónomas, actualmente todas cuentan o han contado con un plan que estructura las políticas de igualdad en cada uno de sus territorios. Véase BUSTELO RUESTA, M.: La evaluación de las políticas de género en España, Ed. Catarata, Madrid, 2004. Es necesario asimismo indicar que en el año 2007 fue aprobada la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007). El artículo 17 de esta ley establece que «El Gobierno, en las materias que sean competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo». Se han aprobado tres planes estratégicos, a saber, el Plan estratégico de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 2008-2011, el de 2014-2016 y el de 2017-2020.
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la Comisión mixta de derechos de la mujer comienza a desplazarse al orden del día de órganos con capacidad legislativa: primero, el Pleno del Senado y segundo, el Pleno del Congreso. Es a inicios del año 1998 cuando comienza a fraguarse lo que pasará posteriormente a ser el I Plan de acción contra la violencia doméstica (1998-2000), que el gobierno aprueba en abril de ese mismo año. A partir de ese momento se constituye la Ponencia de estudio de erradicación de la violencia doméstica, en la que la violencia de género constituye la agenda casi exclusiva y en la que se producen contribuciones de expertos (16) y de asociaciones feministas (8). Esta es la razón por la que la frecuencia de sesiones parlamentarias sobre el tema disminuye durante el año 1999. No obstante, en el año 2000 la violencia doméstica vuelve a formar parte de las sesiones parlamentarias, cuando en el Congreso y en el Senado se evalúan los aciertos y los fallos del I Plan, y se comienzan a preparar y debatir los contenidos del II Plan integral contra la violencia doméstica (2001-2004). Durante el año 2001, cuando se incorporan al debate parlamentario las actividades de la Ponencia para el estudio de la erradicación de la violencia doméstica, el número de sesiones al mes casi se triplica. En definitiva, desde 2001, desde la formulación y aprobación del II Plan contra la violencia de género y la implementación del mismo, la violencia de género se convierte en un tema consolidado de la agenda política cuya relevancia se incrementa notoriamente en 20047 con motivo de los debates parlamentarios referidos a diversas iniciativas legislativas. Desde entonces no ha salido el asunto de la agenda política ni mediática.
2. LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA EN MATERIA DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER PAREJA La LO 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código penal, introduce por primera vez en el Código penal español el delito de
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Véase también VIVES-CASES, C. et al: «La violencia de género en la agenda del Parlamento español (1979-2004)», en Gaceta Sanitaria, 20 (2), 2006, p. 146, en donde se aprecian las tasas anuales de iniciativas parlamentarias sobre la violencia contra las mujeres en el periodo analizado.
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J. L. Díez Ripollés - A. I. Cerezo Domínguez - Mª J. Benítez Jiménez
violencia habitual en el ámbito familiar (art. 425)8, diferenciándolo así de la falta genérica de malos tratos, ya existente, pero a la que se le dio una formulación más contundente en relación con los malos tratos familiares, ya que se introdujo una figura específica (art. 583.2)9. El fundamento de la tipificación de la violencia doméstica en el Código penal radicaba en la deficiente protección de que gozaban los miembros físicamente más débiles de la familia frente a las conductas agresivas de los miembros más fuertes. La protección singular que necesitaban estas víctimas se debía precisamente a que se encontraban en una situación de especial debilidad e indefensión, al producirse el delito en un medio social cerrado como es la familia. A pesar de los importantes problemas de aplicabilidad del delito, especialmente por el concepto de habitualidad y la configuración de los sujetos del delito (cónyuges o compañeros sentimentales), la formulación del comportamiento típico se mantuvo en el Código penal de 1995 (art. 153). Hay que destacar que en relación a la consecuencia jurídica del delito, prisión de seis meses a tres años, se establece que se impondrá «sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el resultado que, en cada caso, se causare». No es hasta 1997, año en el que se produce un trágico acontecimiento que conmueve a la sociedad española, que se produce un punto de inflexión en nuestra legislación. La muerte de Ana Orantes, quemada viva por su exmarido, puso de relieve las lagunas que existían en el abordaje por los poderes públicos de este asunto. Se trataba de una víctima que venía padeciendo malos tratos físicos desde hacía 40 años y que había decidido a sus 60 años denunciar su caso y abandonar a su marido. Pero el imprudente pronunciamiento del juez le obligaba a compartir casa con su agresor, ella residía en la planta de arriba y él en la de abajo. Pese a encontrarse en una situación de
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El art. 425 del CP castigaba únicamente las conductas de violencia física, exigiendo para su aplicación la convivencia entre el sujeto activo y el pasivo: «El que habitualmente, y con cualquier fin ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad, así como sobre los hijos sujetos a la patria potestad, o pupilo, menor o incapaz sometido a su tutela o guarda de hecho, será castigado con la pena de arresto mayor». El art. 583.2 CP castigaba al que maltratase a su cónyuge o hijos menores de palabra o de obra, aunque no llegase a causarles lesiones no impeditivas para dedicarse a sus trabajos habituales ni necesitadas de asistencia facultativa.