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Este libro pretende aportar con el examen de algunos principios de interpretación en materia de derechos humanos. Como una necesaria antesala se discutirá el rol del juez en materia de derechos humanos en el siglo XXI y algunos principios de interpretación constitucional que son relevantes para la garantía efectiva de los derechos humanos.

978-84-1169-184-0

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Gonzalo Aguilar Cavallo

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

GONZALO AGUILAR CAVALLO

PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN: CONSTITUCIÓN Y DERECHOS HUMANOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN: CONSTITUCIÓN Y DERECHOS HUMANOS

El juez del siglo XXI se ve enfrentado en forma creciente a resolver cuestiones relacionadas con derechos humanos debido a la creciente importancia que estos derechos han adquirido en el orden constitucional. La Constitución cubre como un paraguas todo el orden jurídico imprimiéndole ese carácter por lo que todos los jueces no sólo tienen el derecho sino también el deber de aplicar la Constitución cuando ejercen jurisdicción. La apertura constitucional al derecho internacional de los derechos humanos ha enfatizado la presencia de los derechos en el orden constitucional, ensanchando normativa e interpretativamente, las posibilidades de recurso del intérprete.

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PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN: CONSTITUCIÓN Y DERECHOS HUMANOS


COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Marta Lorente Sariñena

Ana Cañizares Laso

Javier de Lucas Martín

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

María Luisa Cuerda Arnau

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón

Carmen Domínguez Hidalgo

Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Elisa Speckmann Guerra

Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania) Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales


PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN: CONSTITUCIÓN Y DERECHOS HUMANOS

GONZALO AGUILAR CAVALLO

tirant lo blanch Valencia, 2023


Copyright ® 2023 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© Gonzalo Aguilar Cavallo

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: https://editorial.tirant.com/cl ISBN: 978-84-1169-185-7 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf


Índice Tabla de abreviaturas.........................................................................

11

Presentación.......................................................................................

13

Introducción.......................................................................................

17

1.

Interpretación y apertura constitucional: el rol del juez......................

18

2.

Carácter típicamente constitucional de las normas que declaran derechos....................................................................................................

24

El derecho judicial..............................................................................

27

3.

Capítulo Primero Principios de interpretación constitucional 1.

Principio de interpretación conforme a la Constitución......................

32

2.

Principio de deferencia al legislador....................................................

39

3.

La ponderación y el principio de proporcionalidad............................ 3.1. Análisis de la ponderación......................................................... 3.2. Los elementos del test o juicio de proporcionalidad.................. 3.3. Los desarrollos de la jurisprudencia constitucional comparada. 3.4. El juicio de proporcionalidad en la jurisprudencial internacional de derechos humanos..........................................................

45 46 53 61

Principio de interpretación evolutiva de la Constitución.....................

75

4.

67

Capítulo Segundo Principios de interpretación de los derechos humanos 1.

Principio de unidad del sistema de derechos humanos........................

85

2.

Principio pro homine o favor persona................................................ 2.1. Las fuentes de este principio...................................................... 2.2. Manifestaciones del principio pro homine o favor persona....... 2.2.1. Vertiente interpretativa................................................. 2.2.2. Vertiente normativa......................................................

90 92 98 99 100

3.

Principio de protección de personas en situación de vulnerabilidad.... 3.1. Precisiones conceptuales............................................................ 3.2. Panorama sobre el reconocimiento de la vulnerabilidad en el derecho internacional................................................................ 3.3. Estándares que orientan la interpretación en favor de la vulnerabilidad....................................................................................

104 105 106 114


8 4.

Índice

Principio de interpretación conforme a los derechos humanos fundamentales.............................................................................................

116

5.

Principio de fuerza expansiva de los derechos humanos.....................

120

6.

Principio de interpretación evolutiva.................................................. 6.1. Teoría del derecho viviente........................................................ 6.2. Interpretación evolutiva............................................................ 6.2.1. La interpretación judicial de la Constitución y el rol de la interpretación en derechos humanos......................... 6.2.2. El tiempo y el Derecho.................................................. 6.3. La recepción jurisprudencial de la interpretación evolutiva.......

125 126 127

7.

Principio de progresividad.................................................................. 7.1. Mejora gradual pero sostenida.................................................. 7.2. Desarrollo progresivo................................................................ 7.3. El principio de progresividad en la jurisprudencia de la Corte IDH...........................................................................................

136 142 143

8.

Principio de no regresividad o irreversibilidad.................................... 8.1. Conceptualización y reconocimiento jurisprudencial................. 8.1.1. Concepto y características............................................. 8.1.1.1. Sentido y alcance del término......................... 8.1.1.2. Rasgos principales.......................................... 8.1.2. Su desarrollo jurisprudencial......................................... 8.2. Restricciones presupuestarias y prohibición de retroceso........... 8.2.1. Progresividad y obligaciones inmediatas....................... 8.2.2. El caso de las restricciones presupuestarias................... 8.2.3. Los principios básicos de los derechos sociales, especialmente en tiempos de crisis económica...................... 8.2.3.1. El Estado debe proporcionar y asegurar niveles mínimos de protección social.................... 8.2.3.2. Las políticas de austeridad deben ser provisionales.......................................................... 8.2.3.3. Las políticas de austeridad deben ser necesarias y proporcionales...................................... 8.2.3.4. Las políticas de austeridad no deben ser discriminatorias, o bien, no deben tener consecuencias discriminatorias............................... 8.2.3.5. Con las políticas de austeridad se invierte el peso de la prueba y las medidas del Estado quedan sujetas a un escrutinio estricto........... 8.2.3.6. El Estado tiene el deber de realizar una evaluación de impacto en los derechos humanos antes de la adopción de las políticas de austeridad..............................................................

150 150 151 151 155 157 163 165 169

127 129 130

145

171 171 175 175 176 178

179


9

Índice

8.2.3.7. Por regla general, las políticas de austeridad en tiempos de crisis económica no se deben traducir en una disminución de la protección que otorgan los derechos sociales................... 8.2.3.8. Las medidas de austeridad no pueden traducirse en una precarización excesiva de los beneficios que otorgan o reconocen los derechos sociales........................................................... 8.2.3.9. Las políticas de austeridad no pueden tener por resultado la privación, para un extenso segmento de asalariados o beneficiarios, de sus derechos, los cuales justamente los defienden contra la arbitrariedad del Estado o de los particulares o bien contra los vaivenes de la economía.................................................... 8.2.3.10. Los Estados deben demostrar que a pesar de las políticas de austeridad, se aseguran niveles mínimos de vida decente, o sea, que se conserva el goce de un nivel suficiente de los derechos sociales, de tal manera que permite el disfrute de una vida decente, lo cual se encuentra relacionado con la noción de vida digna.............................................................. 9.

181

182

183

184

Principio del efecto directo.................................................................

190

10. Principio de aplicabilidad directa o autoejecutabilidad.......................

194

11. Principio del efecto útil o principio de efectividad.............................. 11.1. Jurisprudencia constitucional y comparada............................... 11.2. El desarrollo jurisprudencial internacional................................ 11.2.1. Europea........................................................................ 11.2.2. Interamericana..............................................................

202 203 206 206 207

12. Principio del efecto corrector.............................................................. 12.1. No sometimiento a formalismos o rigorismos in pejus del ejercicio del derecho........................................................................ 12.2. Inversión en el peso de la prueba............................................... 12.3. La justicia material como fin de la actuación judicial en derechos humanos...........................................................................

215

Conclusiones.......................................................................................

229

Bibliografía.........................................................................................

235

215 220 223


TABLA DE ABREVIATURAS Acuerdo de Escazú Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe CADH Convención Americana sobre Derechos Humanos CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEDH Corte Europea de Derechos Humanos CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIJ Corte Internacional de Justicia Corte IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos CPJI Corte Permanente de Justicia Internacional CPR Constitución Política de la República DADDH Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre DIDH Derecho internacional de los derechos humanos DIP Derecho Internacional Público DUDH Declaración Universal de Derechos Humanos ECOSOC Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ECIJ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia HRC Consejo de Derechos Humanos ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OEA Organización de los Estados Americanos OIT Organización Internacional del Trabajo OMS Organización Mundial de la Salud ONU Organización de las Naciones Unidas PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos


PRESENTACIÓN El derecho público ha ido avanzando y mutando de su concepción clásica, al menos, en cuanto a sus componentes esenciales. Piénsese por ejemplo en el principio de soberanía, que se encuentra a la base del surgimiento mismo del derecho público moderno. Como bien se sabe, la soberanía ha ido mutando en sus bordes y contornos esenciales, al menos, desde la Segunda Guerra Mundial. El surgimiento y delineamiento de un mundo más integrado, aunque todavía regido por el principio de la cooperación, pero, principalmente, la emergencia de los derechos humanos como fundamento ético normativo de todo orden jurídico, cualesquiera que este sea, estatal e internacional, hizo bascular la noción de soberanía vigente en la época anterior. El desarrollo de la supremacía de la dignidad del ser humano como premisa antropológica del Estado durante la segunda mitad del siglo XX, ya sea bajo la forma de los derechos humanos, en el nivel internacional o de derechos fundamentales, en el nivel constitucional, condujo, en ambos casos, a la misma consecuencia. La modificación del sentido de soberanía, la cual a partir de ese momento, tiene explícitamente, como límite, los derechos humanos. Cabe resaltar que este límite no corresponde únicamente a una declaración político-jurídica del máximo nivel, sino que tiene consecuencias prácticas, porque, tanto internacional como constitucionalmente, este límite pasa a ser controlado por órganos, ya sea jurisdiccionales o cuasi-jurisdiccionales, a través de procedimientos especiales. Este sólo hecho que hemos esbozado precedentemente serviría para explicar que el concepto de derecho público también ha variado. Las características de un sistema cerrado, hermético, impermeable, exclusivo, autosuficiente han cambiado por un sistema y un derecho estatal abierto, conectado, permeable, inclusivo, e interrelacionado con otros sistemas. De un lado, abierto al derecho internacional de los derechos humanos y de otro, al derecho público comparado. Todo esto tiene un impacto en la función jurisdiccional y en la labor interpretativa del juez estatal, especialmente, del juez constitucional. En este sentido, hace mucho tiempo que la doctrina ha advertido que no es suficiente, en absoluto, utilizar los métodos de Savigny para


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la interpretación de normas con carácter constitucional y aún menos para interpretar normas sobre derechos de las personas. Sabido es que la jurisprudencia constitucional comparada enfrentó esta realidad desarrollando principios de interpretación constitucional, que luego fueron sistematizados por la doctrina. E, igualmente, sabido es que la jurisprudencia internacional de derechos humanos —con todo lo complejo que resulta establecer el preciso significado de jurisprudencia internacional de derechos humanos— ha desarrollado, caso a caso, e intentando dar una respuesta práctica a los desafíos que se le plantean, sus propios principios de interpretación en materia de derechos humanos. Estos principios han sido moldeados a partir de ciertos enunciados contenidos en los instrumentos de derechos humanos y también por la influencia reciproca de principios que se han ido forjando en el derecho público interno de los Estados. Consecuentemente, una primera propuesta de sistematización de los principios de interpretación podría ser distinguir la interpretación jurídica en 4 niveles, a saber, la interpretación legal —referida a una fuente formal interna—, la interpretación constitucional —referida a una fuente formal interna—, la interpretación de los derechos humanos —referida a una fuente material— y la interpretación de los tratados internacionales —referida a una fuente formal internacional—. Nuestro interés central en la elaboración de este libro ha sido intentar sistematizar los principales principios o postulados de interpretación que se han ido desarrollando en materia de derechos humanos, entendidos como fuente material. Como se ha mencionado, nuestra visión es que esta interpretación corresponde a un tipo de interpretación material, esto es, centrada en los contenidos, sin respecto a la fuente formal de que se trate. Cuando nos vimos enfrentados a la tarea de elaborar los principios de interpretación concernientes a derechos humanos inmediatamente surgieron dos necesidades que no pudieron ser soslayadas. Por un lado, nos vimos en la necesidad de hacer una referencia al rol que desempeña el juez en el contexto del constitucionalismo del siglo XXI, que, como veremos en el desarrollo del texto, consideramos un constitucionalismo global. Por cierto, este último concepto tiene múltiples variantes, niveles de aplicación, y diversas características que lo configuran. En términos muy generales, el desarrollo actual de


Presentación

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la doctrina del constitucionalismo permitiría afirmar que existen tres pilares que lo sostienen, a saber, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, más todos los principios constitucionales que se encuentran ínsitos en estos tres gruesos pilares. Este constitucionalismo, que trasciende las fronteras, que ya no puede ser circunscrito y explicado exclusivamente con referencia al Estado y sus fronteras, produce evidentemente un impacto en la actividad jurisdiccional y en la forma que tiene el juez de cumplir con su misión principal. Por otro lado, tuvimos que abordar algunos principios de interpretación constitucional que nos parecían estrechamente vinculados a los derechos humanos y a su interpretación. En efecto, los textos constitucionales contemporáneos, especialmente, las constituciones latinoamericanas del siglo XXI, en general, incorporan un catálogo relevante de derechos fundamentales. Estos catálogos de derechos pueden coincidir con las declaraciones e instrumentos internacionales de derechos ya sea porque se transcriben dichos derechos en el texto constitucional o porque se incorporan dichos textos al orden jurídico interno. Otra alternativa, es que el propio texto constitucional mandate al intérprete interno a interpretar el catálogo de derechos fundamentales a la luz de las referidas declaraciones e instrumentos internacionales. Como quiera que sea, al menos en este acotado aspecto de los derechos, la interpretación constitucional es también interpretación de derechos o relacionada con los derechos. En este contexto, hay decididamente una conexión entre los principios de interpretación constitucional con los principios de interpretación de los derechos humanos, surge sin duda un traslape. Este cambio de paradigma obliga al juez tecnócrata a ponerse la capa del juez de la argumentación. El razonamiento basado en reglas jurídicas transita hacia el razonamiento basado en principios, en la búsqueda de soluciones globales justas. Ese razonamiento es mucho más exigente que aquel basado en reglas, y demanda el uso de todo el abanico del material jurídico disponible. Esto último es particularmente relevante en el contexto del razonamiento en materia de derechos humanos. En consecuencia, razonamiento e interpretación jurídica pasan a ser la base de la legitimidad del juez en materia de derechos humanos. Mientras mayor sea la capacidad del juez de lograr persuasión o de generar adhesión razonada a los argumentos e


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interpretaciones propuestas en su decisión, mayor será la legitimidad democrática de sus fallos. La necesidad de una fuerte y persuasiva argumentación con pertinentes principios de interpretación resulta tanto más evidente en materia de derechos humanos, ya que estos casos usualmente abordan cuestiones difíciles en la convivencia democrática de una comunidad, esencialmente relacionados con el sistema de valores. Es decir, estos casos tocan el corazón del acuerdo fundamental de convivencia común, por lo que para ser aceptadas por la amplia mayoría de la población, se requieren de abundantes y convincentes razonamiento e interpretaciones. En el siglo XXI, estos razonamiento e interpretaciones serán convincentes cuando sean transnacionales y multinivel, porque ello será el reflejo de la universalidad de los derechos. Por ello, estimamos que valía la pena elaborar un texto que se focaliza en los principios de interpretación que se relacionan directa o indirectamente con los derechos humanos. Pensamos que esta obra, que se irá escribiendo y reescribiendo a lo largo del tiempo, puede ser una contribución y una ayuda para los operadores jurídicos que en su actividad práctica deben verse enfrentados ya sea a proponer interpretaciones en derechos humanos o bien a desarrollar interpretaciones de los derechos para justificar una determinada decisión. No quisiera dejar de resaltar la destacada y valiosa ayuda que me han proporcionado la profesora María Ignacia Sandoval para poder finalizar en forma este volumen. Y, por cierto, necesariamente debo agradecer el valioso apoyo prestado por Rébecca Steward. La idea de este libro surgió hace muchos años atrás y tan pronto surgía yo la dejaba de lado. Rébecca Steward me impulsó con inteligencia y con cariño para terminar este proyecto y ha contado con su invaluable complicidad intelectual. Espero que el resultado de esta complicidad sea tan halagüeño como todos los hermosos frutos que ha dado el sendero común que hemos recorrido. Santiago, 29 de agosto de 2022. Dr. Gonzalo Aguilar Cavallo Centro de Estudios Constitucionales de Chile


INTRODUCCIÓN La interpretación jurídica ha ido evolucionando con el desarrollo del Derecho. Este fenómeno es particularmente acentuado en el caso del derecho público, especialmente de la Constitución, a la que, no hace mucho tiempo, todavía se le continuaba aplicando las tradicionales reglas del jurista alemán Friedrich Karl von Savigny, del siglo XIX. En esta línea, Pachano sostiene que “la interpretación constitucional no es —no puede ser— igual a la interpretación legal”1. En este contexto, Freixes Sanjuán propone los siguientes criterios diferenciadores entre una y otra, a saber: “1 La interpretación constitucional evita frecuentemente el desencadenamiento de un proceso de reforma de la Constitución; II La interpretación de la Constitución cumple funciones de orientación y control; III El carácter vinculante propio de la interpretación constitucional; IV La vinculación de los aplicadores del Derecho a la interpretación constitucional; V El contenido político que tiene la interpretación constitucional; VI El carácter integrador de la Constitución y el contenido axiológico de sus normas; VII El carácter cualificado del Tribunal Constitucional como intérprete de la Constitución; y, VIII Frente a la Constitución existe un mayor número de opciones interpretativas”2. Igualmente, Figueroa ha indicado que “es pertinente que tengamos en cuenta que la interpretación constitucional, verdadero corazón de la teoría de la Constitución, presenta unas peculiaridades que hacen que para su interpretación, las reglas empleadas para la interpretación jurídica en general, si bien pueden constituir un significativo punto de apoyo, no son suficientes por sí solas para abordar la tarea de interpretar la Carta”3. En este sentido, Prieto Sanchís ha indicado que la “interpretación constitucional constituye una modalidad de la interpretación jurídica y, por tanto, comparte muchas de las dificultades y técnicas que caracterizan a una doctrina general de la interpretación. Sin embargo, presenta algunas dificultades particulares, unas derivadas de la propia naturaleza de su objeto normativo, y otras que responden a la 1 2 3

PACHANO (2002), pp. 75-79. FREIXES-SANJUÁN (1993), pp. 37-51. FIGUEROA-MEJÍA (2010), pp. 139-161.


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peculiar función de los órganos jurisdiccionales competentes o a las también especiales consecuencias que se atribuyen a sus decisiones”4. Esta parte introductoria busca presentar un bosquejo de algunos elementos que componen la interpretación contemporánea en derecho constitucional y de los derechos humanos. En primer lugar, queremos desarrollar el rol que juega el juez abriendo el orden constitucional e interactuando con el derecho que proviene de “afuera”, especialmente, el derecho internacional. En segundo lugar, nos referiremos a algo que ya nos ha ocupado en otro lugar, relacionado con el entendido de que las normas referidas a los derechos de las personas, los grupos y los pueblos son enunciados jurídicos con carácter y fuerza constitucional. Finalmente, aludiremos a la labor interpretativa del juez, especialmente del juez común de derechos humanos, como una labor creativa y creadora del Derecho, de lo que se desprende la elaboración de un derecho judicial.

1. INTERPRETACIÓN Y APERTURA CONSTITUCIONAL: EL ROL DEL JUEZ La interpretación jurídica ocupa un lugar destacado en el área del derecho constitucional y de los derechos humanos porque se trata de un derecho en permanente conformación, con enunciados jurídicos generales, que requieren concretización. Esta concretización normalmente la realiza el juez, catapultándolo a una posición relevante, en el contexto de una comunidad de derechos y de una sociedad democrática. Por las propias características del mundo en el que vivimos —globalizado e interconectado—, esta interpretación tiende a ser abierta, atenta a las condiciones de vida actuales y considerando todo el corpus iuris disponible. Esto es particularmente cierto en el caso de la interpretación constitucional y de la interpretación en derechos humanos, donde la consideración del derecho y jurisprudencia internacional de derechos humanos se ha convertido en un elemento necesario.

4

PRIETO (1991), pp. 175-198, especialmente, p. 176.


Principios de Interpretación: Constitución y Derechos Humanos

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Piero Calamandrei, en un conferencia en 1955, ya sostenía que “el jurista no es un conservador de viejas fórmulas en desuso, como si dijésemos un conservador de un museo de antigüedades: es un vivo y vigilante intérprete de los tiempos, que tanto mejor sabe cumplir su función, cuanto mejor llega a sentir las exigencias humanas de la historia y a traducirlas en fórmulas apropiadas de ordenada convivencia”5. Y, luego, este autor, agrega que “cada Estado, según las doctrinas tradicionales, debiera ser un cerrado microcosmos jurídico dentro del cual todo el derecho tuviese su fuente única en la soberanía contenida dentro de aquella envoltura; pero en realidad no hay ordenamiento jurídico que no tenga abiertas a mundo sus ventanas, y aunque se las quiera cerrar, cualquier corriente, fría o cálida, entra lo mismo por los respiraderos”6. Asimismo, interesa tener presente lo indicado por Häberle, en el sentido de que “todos los métodos de interpretación tienen el mismo punto de referencia material. La dimensión pública (que surte efectos en el tiempo) y la realidad de la Constitución: “interpretación republicana”. ¡Lo público y la realidad de la Constitución sólo pueden ser aprehendidos por medio de una interpretación abierta!”7. La interpretación abierta de la Constitución y, particularmente, la interpretación abierta de los derechos de las personas, implican, al menos, una doble dimensión. Por una parte, se trata de una interpretación abierta al derecho público comparado, algo que se ha visto fortalecido por los procesos crecientes de elaboración teórica de un constitucionalismo global8. Y, por otra, significa una interpretación abierta hacia el derecho internacional de los derechos humanos lato sensu, esto es, en su sentido más amplio. La primera dimensión ha sido una práctica constitucional habitual desde hace décadas. La segunda dimensión, se podría decir que es más reciente y que se ha visto intensificada, sobre todo, al menos, desde la caída del muro de Berlín, con el advenimiento de nuevas Constituciones, subsecuentes a regímenes autoritarios, que prevén expresamente el ingreso del derecho internacional de los derechos humanos al orden jurídico interno. 5 6 7 8

CALAMANDREI (1962), pp. 223-250, especialmente, pp. 223-224. CALAMANDREI (1962), pp. 223-250, especialmente, p. 225. HÄBERLE (2017), p. 36. PETERS (2015), pp. 1-4; PETERS (2009), pp. 513-544.


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De acuerdo con Häberle, “en la [consideración] “Internacional del Estado constitucional”, en la “familia” de los Estados constitucionales, el intérprete de los derechos fundamentales tiene que tomar en consideración siempre los textos universales y regionales sobre los derechos humanos. La apertura de los contenidos y las dimensiones de los derechos fundamentales “hacia fuera” es consecuencia de la evolución hacia el “Estado constitucional cooperativo”. De este modo surge una “comunidad de interpretación de los derechos fundamentales”. O bien: la sociedad abierta de los intérpretes de los derechos fundamentales se hace internacional […]”9. Esta apertura de los jueces nacionales hacia el derecho internacional de los derechos humanos ha quedado galvanizada incluso en tribunales como el Conseil Constitutionnel francés, a pesar de su arquitectura constitucional. En efecto, Andriantsimbazovina ha afirmado que «incluso hay que felicitarse que, por la vía pretoriana, el Conseil Constitutionnel haya logrado poner nuestra Constitución en el pelotón de las constituciones abiertas explícitamente a las normas internacionales relativas a la protección de los derechos humanos […] Cualquiera sea la forma que ella adquiere, la toma en consideración de la Convención Europea de Derechos Humanos manifiesta entonces la preocupación de apertura del Conseil Constitutionnel a las normas europeas en materia de protección de los derechos fundamentales. Desde este punto de vista, la decisión de 19 de noviembre de 2004 augura un buen futuro a la interpretación de la Constitución a la luz explícita de la Convención Europea de Derechos Humanos”10. Bogdandy ha reconocido “la nueva apertura de los ordenamientos jurídicos estatales latinoamericanos hacia un estrato común de derecho internacional público, sobre todo hacia la Convención Americana. Aunque esta apertura se exprese únicamente en uno o pocos artículos de las constituciones, se sostiene que tal apertura afecta y transforma la esencia del constitucionalismo. Los derechos constitucionales estatales y el derecho internacional público se encuentran en una relación

9 10

HÄBERLE (2001), p. 163; TORO (2005), pp. 325-363, especialmente, p. 347. ANDRIANTSIMBAZOVINA (2005). [Disponible en: https://www.conseilconstitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-prise-encompte-de-la-convention-europeenne-des-droits-de-l-homme-par-le-conseilconstitutionnel]. [Fecha de consulta: el 18/6/2022].


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