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LEGISLACIÓN para Arquitectos Técnicos

María Jesús Romero Aloy Profesora Titular del Departamento de Urbanismo UPV Doctora en Derecho (Coordinadora)

apuntes

Mercedes Almenar Muñoz Profesora Asociada del Departamento de Urbanismo UPV Doctora en Derecho. María Teresa Broseta Palanca Profesora Asociada del Departamento de Urbanismo UPV Dra. Arquitecta. María Emilia Casar Furió Prof. Contratado Doctor del Departamento de Urbanismo UPV Doctora en Derecho. María Jesús Gozalvo Zamorano Profesora Asociada del Departamento de Urbanismo UPV Dra. Arquitecta.

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LEGISLACIÓN para Arquitectos Técnicos arquitectos técnicos María Jesús Romero Aloy Profesora Titular del Departamento de Urbanismo UPV. Doctora en Derecho. Coordinadora Mercedes Almenar Muñoz Profesora Asociada del Departamento de Urbanismo UPV. Doctora en Derecho. María Teresa Broseta Palanca Profesora Asociada del Departamento de Urbanismo UPV. Dra. Arquitecta. María Emilia Casar Furió Prof. Contratado Doctor del Departamento de Urbanismo UPV. Doctora en Derecho. María Jesús Gozalvo Zamorano Profesora Asociada del Departamento de Urbanismo UPV. Dra. Arquitecta.

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ÍNDICE TEMA 1. EL DERECHO Y SUS NORMAS ……………………………………………….Pg. 9 1. Concepto de derecho. 2. Fuentes del Derecho. 3. Clases de derecho: derecho público y derecho privado. 4. El derecho administrativo y la Administración Pública. 5. El acto administrativo. TEMA 2. LOS DERECHOS REALES …………………………………………………….Pg. 23 1. Concepto de derecho real. 2. Los tipos de derechos reales: la propiedad, la posesión y el derecho sobre cosa ajena. 3. La delimitación de la propiedad inmobiliaria: el deslinde y el amojonamiento. 4. La publicidad de los derechos reales: el Registro de la Propiedad y el Catastro. TEMA 3. LA PROPIEDAD HORIZONTAL ………………………..…………………….Pg. 41 1. Concepto. 2. La cuota de participación: su determinación. 3. Régimen de obras: modificaciones, innovaciones, sobreelevaciones. 4. Administración y gobierno de la Propiedad Horizontal. TEMA 4. LAS SERVIDUMBRES CIVILES ………………………………………………. Pg. 55 1. Concepto y clasificación de las servidumbres. 2. Aspectos registrales de las servidumbres. 3. Modos de adquisición y extinción de las servidumbres. 4. Servidumbres en materia de aguas. 5. Servidumbres de paso. 6. Servidumbres de paso de materiales. 7. Servidumbres de medianería. 8. Servidumbre de luces. 9. Servidumbre de vistas. TEMA 5. LAS SERVIDUMBRES DE REGULACIÓN ADMINISTRATIVA ……………. Pg. 67 1. Servidumbre de carreteras. 2. Servidumbre de ferrocarriles. 3. Servidumbre de costas. 4. Servidumbre de paso de corriente eléctrica. TEMA 6. CONTRATACIÓN …………………………………………………...……… Pg. 79 1. Noción de contrato. 2- El contrato de compra-venta. 3. Los incumplimientos contractuales. El saneamiento. 4. El contrato de ejecución de obras. 5. Modalidades: por contrato o tanto alzado, por administración y por unidad de medida. TEMA 7. CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA ……………………………………..Pg. 91 1. Regulación, concepto y características. 2. El procedimiento administrativo de preparación de los contratos. 3. Clasificación de las obras. 4. Contenido de los proyectos. 5. Procedimientos de adjudicación de los contratos de obra pública. 6. La ejecución del contrato de obras. 7. Recepción de las obras y plazos de garantía. TEMA 8. LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PÚBLICA DE LA VIVIENDA ………………………………………………………………………………Pg. 109 1. La ocupación de las edificaciones e instalaciones. 2. Condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda. 3. Viviendas protegidas. 4. Superficies mínima y máxima, ámbito de aplicación, módulo y precios máximos de venta y renta. 5. Promotores y beneficios financieros. 6. Calificaciones provisional y definitiva. 7. Régimen sancionador.

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TEMA 9. TITULACIONES PROFESIONALES ………………………………………… Pg. 133 1. Los Colegios Profesionales. 2. Normas Deontológicas. 3. Atribuciones inherentes al Arquitecto Técnico e Ingeniero de la Edificación. 4. Contrato de arrendamiento de servicios. 5. Dirección de obra. 6. Honorarios. TEMA 10. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL ……………………………………..Pg. 147 1. Responsabilidad civil y penal. 2. Responsabilidad extracontractual. 3. Responsabilidad Civil en la Ley de Ordenación de la Edificación. 4. Normativa de la edificación que afecta a la responsabilidad profesional. 5. El libro de órdenes y asistencias. 6. Seguridad y Salud en la construcción.

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TEMA 1. EL DERECHO Y SUS NORMAS Mª Emilia Casar Furió Prof. Dpto. Urbanismo SUMARIO 1. ¿Qué es el Derecho?. 2. Fuentes del Derecho. 3. Clases de Derecho: derecho público y derecho privado. 4. El derecho administrativo y la Administración pública. 5. El acto administrativo. 1. ¿QUE ES EL DERECHO? La base del derecho son las relaciones sociales que marcarán su contenido y carácter. Por lo que el derecho se corresponde con un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. En términos jurídicos, el Derecho es el conjunto de normas que rigen a un grupo social o a la convivencia en comunidad de carácter obligatorio, establecidas o autorizadas por el Estado y respaldadas por su poder1. 2. LAS FUENTES DEL DERECHO “Fuentes del Derecho” es la denominación tradicional que designa las formas a través de las cuales se manifiesta el Derecho. Según lo dispuesto por el artículo 1.1 del Código Civil español de 1.889,” las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior “. Conforme al mencionado artículo se establece un concepto de ley en su sentido más amplio, haciéndolo equivaler a una norma jurídica, entendiendo así comprendida cualquier manifestación legítima de poder cuya finalidad sea crear derecho. Por tanto, el término ley se hace extensible a cualquier norma, esto es, desde la Constitución hasta un Reglamento dictado por el órgano correspondiente de la jerarquía administrativa en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Son fuentes del derecho: 2.1.- La Ley La Ley, es una regla o norma, que, en sentido amplio, puede referirse a la Constitución, a las propias leyes como tales, o, inclusive a los Reglamentos. Definición según la Real Academia de la Lengua: “Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva”.

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En sentido estricto, se trata de una norma publicada oficialmente con ese carácter, conteniendo un mandato normativo de los órganos que constitucionalmente tienen atribuido el poder de legislar (“hacer leyes”) y que no es otro que las Cortes Generales (Poder legislativo). Es la norma escrita y fuente principal donde se determina el Derecho. En definitiva: §

La Ley tiene que emanar de los órganos que constitucionalmente tienen atribuida la labor de legislar.

La Ley ha de ser publicada2 oficialmente con tal carácter en el Boletín Oficial del Estado entrando en vigor a los 20 días de su completa publicación (Art. 2 CC3).

La Ley ha de contener un mandato normativo.

Clases de leyes: 1.- La Constitución Española (CE), fue aprobada en 1.978, y es la primera norma del ordenamiento jurídico, es decir, la norma fundamental. Por lo tanto, todas las demás normas deben ajustarse a los mandatos contenidos en la misma, a los principios recogidos en la Constitución. 2.- Leyes Orgánicas: Son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el Régimen Electoral General y las demás previstas en la Constitución. Su aprobación, modificación o derogación requiere mayoría absoluta del Congreso de los Diputados (Art. 81 CE) 3.- Leyes Ordinarias Estatales del poder legislativo. - Son las aprobadas con tal carácter por las Cortes Generales (Congreso y Senado). Para su aprobación es suficiente el voto favorable por mayoría simple. 4.- Leyes de las CC.AA en ejercicio de sus competencias: las leyes dictadas por las Comunidades Autónomas en base a la potestad legislativa que les otorga la Constitución Española (transferencia de competencias). 5. Los Tratados Internacionales Un Tratado Internacional es un acuerdo entre dos o más Estados, o entre una nación y una organización internacional, en virtud del cual los signatarios se comprometen a cumplir con determinadas obligaciones Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la 2 La publicación es el acto consistente en hacer público el contenido de la Ley. Una vez legalmente publicadas, son obligatorias para todos los ciudadanos; en este sentido el Art. 6 CC establece que “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”. 3 Código Civil

LEGISLACIÓN para Arquitectos Técnicos forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional (art. 96.1 C.E) 6.- Los Reglamentos El Reglamento puede considerarse como una “disposición administrativa de carácter general y de rango inferior a la Ley”. Esto es, los reglamentos son disposiciones administrativas, provenientes del poder ejecutivo en el ejercicio de su potestad reglamentaria. Todo ello, significa que se trata de regulaciones jurídicas dictadas por la Administración. De otro lado, el carácter general de los reglamentos deriva de su consideración como norma jurídica que ha de ser respetada por sus destinatarios al integrarse en el ordenamiento jurídico. Y, por último, es necesario destacar que tienen un rango inferior a la Ley, quedando subordinados a la misma. Dentro de este concepto nos referimos a aquellas normas que proceden del Poder Ejecutivo del Estado (Reales Decretos, Órdenes Ministeriales), de la Comunidad Autónoma (Decretos de la Generalitat Valenciana u Ordenes de los Consellers) o de los Ayuntamientos. (Bandos y Ordenanzas Locales) 2.2. La Costumbre La costumbre es una norma no escrita creada e impuesta por un uso social repetido. Únicamente regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada (Art. 1.3 CC). Sus requisitos son: § § §

Uso uniforme, general, duradero y constante Con fin de establecer una regulación jurídica. Reconocido por Tribunales

Un ejemplo de derecho basado en la costumbre y cuya existencia es reconocida por la Constitución es el Derecho del uso del agua cuya jurisdicción corresponde al Tribunal de las Aguas de Valencia. 2.3. Los principios generales del Derecho Se identifican con los principios del derecho natural, considerando como tales aquellos principios básicos en los que se apoyan las normas jurídicas, es decir, sirven de fundamento a todo el ordenamiento jurídico. Como ejemplo de estos principios, algunos de los cuales están recogidos en la Constitución como derechos fundamentales de los ciudadanos, puede citarse el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad ante la ley, o el derecho a obligarse. Por su parte, el art. 1.4 CC establece “los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico”. 2.4. El valor de la Jurisprudencia

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La jurisprudencia es la doctrina establecida por el Tribunal Supremo (y, en su caso por el Tribunal Constitucional), de modo reiterado, al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Por lo tanto, no es propiamente una fuente del derecho, sino que se trata de una fuente complementaria a las mismas. Requiriéndose que se trate de doctrina reiterada, es decir, más de una sentencia; que se establezca al aplicar o interpretar la ley, la costumbre o los principios generales del derecho; que tal doctrina haya sido utilizada como base para adoptar la decisión contenida por las sentencias; y, que haya identidad en los casos concretos decididos en las sentencias. 3. CLASES DE DERECHO: DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO La distinción entre Derecho público y privado viene siendo una de las cuestiones más controvertidas de la doctrina, no es fácil establecer una distinción absoluta entre los mismos. No obstante, esta distinción tiene una indudable importancia práctica en aras a determinar la aplicabilidad del Derecho Civil o del Derecho Administrativo y, por lo tanto, la competencia de los Tribunales Civiles o de los de lo Contencioso-Administrativo. 3.1. Derecho Público El Derecho público se caracteriza por los siguientes aspectos: Ø Las partes intervinientes son la Administración Pública y los particulares, o las Administraciones entre sí. Ø Sus normas tienen un contenido inderogable, es decir, no negociable. Ø Los litigios se someten a los Tribunales de lo ContenciosoAdministrativo. Ø Constituyen el derecho público, el derecho político o constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho fiscal o tributario, el derecho internacional y, el derecho laboral (éste último con algunas matizaciones). 3.2. Derecho Privado El Derecho privado se caracteriza por los siguientes aspectos: Ø Regula las relaciones entre los particulares, por lo tanto, las partes intervinientes siempre serán personas privadas. Ø Sus normas tienen un contenido negociable. Ø Los litigios se someten a los Tribunales Civiles. Ø Constituyen el derecho privado, el derecho civil, el derecho foral y, el derecho mercantil. 4. EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4.1. Funciones del Estado

LEGISLACIÓN para Arquitectos Técnicos La forma política del Estado4 Español es la monarquía parlamentaria, siendo el jefe del Estado el Rey, y el Jefe del Gobierno el Presidente del Gobierno que en su momento corresponda conforme a la soberanía nacional que reside en el pueblo (sufragio universal). El Estado se constituye en 17 autonomías (Comunidades Autónomas con sus propios Estatutos y transferencia de competencias en determinadas materias por el Estado español conforme a los arts. 148 y 149 de la Constitución Española de 1978). Está además constituido por tres grandes poderes del Estado (teoría de la división de poderes de Montesquieu), que son el PODER LEGISLATIVO (Cortes Generales o Congreso y Senado), EJECUTIVO (gobierno y Administración) y poder JUDICIAL (juzgados y tribunales) Funciones del Estado Central, que se corresponden con los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial): §

Función legislativa: corresponde al Congreso y al Senado (promulgación de las leyes). En determinados supuestos (Decretos legislativos y Decretos leyes), en esta función interviene el Gobierno, si bien en todo caso, la norma para que tenga valor de ley exige la participación previa o posterior de las Cámaras, actuando el ejecutivo por legislación delegada. Función ejecutiva: corresponde al Gobierno y a la Administración (ésta última cuenta con potestad reglamentaria y potestad revisora). Función judicial: corresponde a los órganos judiciales del Estado, es decir, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales de Justicia de las Comunidades Autónomas, Audiencias Provinciales y Juzgados.

Funciones de las Comunidades Autónomas (CC. AA Valenciana): § § §

Función legislativa: Cortes Valencianas. Función ejecutiva: Gobierno Valenciano y Administración Autonómica valenciana. Función judicial: juzgados y tribunales valencianos

4.2. Organización de la Administración Todo sujeto jurídico que recibe del ordenamiento jurídico poder administrativo es una Administración pública. Así, la Administración pública es el conjunto de órganos administrativos que tienen como función realizar una actividad para alcanzar el bien colectivo de un estado, a partir de los Servicios Públicos; estas funciones están reguladas en su estructura y funcionamiento, por el Derecho Administrativo.

4 Una definición simple de Estado siguiendo la concepción clásica de Herman Heller corresponde a “la conexión de los quehaceres sociales. El poder del Estado es la unidad de acción organizada en el interior y el exterior..”

LEGISLACIÓN para Arquitectos Técnicos En el momento actual la ley del procedimiento administrativo es la ley 39/2015, de 1 de octubre, la cual entró en vigor en octubre de 2016; ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas que tiene por objeto “regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria”5. A su vez, viene a completarse con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, también en vigor en octubre de 2016; ley de régimen jurídico del Sector Público que supone la regulación de las “bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su Sector Público institucional para el desarrollo de sus actividades”6. Lo cierto es que, por su naturaleza, la Administración Pública une de forma directa a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediata. En suma, la Administración Pública se caracteriza por: 1.-Personalidad Jurídico Pública: Capacidad de intervenir en una relación jurídica en la que son esenciales los elementos de servicio al interés general, ejercicio de competencias o funciones, y demás a que se refiere el Art. 103 de la CE. 2.- El Derecho Administrativo que es el derecho propio de las Administraciones Públicas. Estructura de la Administración Pública: Son Administraciones Públicas, las siguientes: 1.- En primer lugar, las Administraciones territoriales, que son: Ø La Administración General del Estado. (Por ejemplo, Ministerios, Delegaciones de Gobierno, Confederaciones Hidrográficas.) Ø Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. (Generalitat Valenciana y Consellerías) Ø Las Entidades que integran la Administración Local. (Ayuntamientos, Diputaciones y Mancomunidades) 3. En segundo lugar, las Administraciones institucionales o Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, que tendrán igualmente la consideración de Administración Pública. Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente Ley administrativa cuando 5 6

Art. 1 Ley 39/2015. Art. 1 Ley 40/2015.

LEGISLACIÓN para Arquitectos Técnicos ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación. La Ley 39/2015, ley de procedimiento administrativo, se refiere a los Organismos Autónomos, como por ejemplo (Palau de la Música de Valencia, la Fundación Deportiva Municipal), las Entidades Públicas Empresariales (Entidad Pública Empresarial del Suelo), las Agencias o las Sociedades Mercantiles (Actuaciones Urbanísticas Municipales SA del Ayuntamiento de Valencia) Dentro de la Administración del Estado podemos distinguir las siguientes instituciones Ø Administración Central: constituida por los Departamentos Ministeriales con competencia en todo el territorio nacional. Ø Administración Periférica: formada por las distintas delegaciones que tiene la Administración Central en las provincias que forman parte del Estado Español, forma parte, por tanto, de la Administración Central y obedece al Principio de desconcentración establecido en el Art. 103 CE. Ø El Gobierno o Consejo de Ministros: Es el órgano jerárquicamente superior de la Administración del estado, se compone del Presidente y de los Ministros. Según la Constitución dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma Valenciana (Administración autonómica)7: Ø Gobierno Valenciano: formado por el Presidente de la Generalidad, elegido por las Cortes Valencianas, junto con los Consellers. Dirige la acción del Gobierno, coordina funciones y ostenta la más alta representación de la Comunidad Autónoma Valenciana Ø Consellerías8.

7La

estructura orgánica de la Generalitat está regulada en el Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat. Además de la Presidencia de la Generalitat, prevé la existencia de nueve consellerías, cada una con sus sectores de actividad en función de las diferentes competencias atribuidas en el decreto. El número de consellerías y sus respectivas competencias vienen reguladas en el Decreto 7/2015, de 29 de junio, del president de la Generalitat, por el que determina las consellerías en que se organiza la administración de la Generalitat. Por otra parte, la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell establece que la estructura básica de la Administración de la Generalitat se organiza en consellerías o departamentos, a cuyo frente se encontrará un conseller, miembro del Consell con funciones ejecutivas (http://www.gvaoberta.gva.es/es/estructuraorganica, sept. 2018). 8 Actualmente las Consellerías se constituyen en 9: Vicepresidencia y Consellería de igualdad y políticas inclusivas; Consellería de Hacienda y Modelo Económico; Justicia, Administración pública, reforma democrática y libertades públicas; Educación, investigación, cultura y deporte; sanidad universal y salud pública; economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo; agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo rural; vivienda, obras públicas y vertebración del territorio; transparencia, responsabilidad social y cooperación (http://www.gvaoberta.gva.es/es/estructura-organica, sept. 2018).

LEGISLACIÓN para Arquitectos Técnicos Por último, en cuanto a las Entidades Locales, éstas están formadas por los Ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales, las Mancomunidades y otras Entidades (Comarcas, Áreas Metropolitanas y Entidades Locales Menores). Por lo que se refiere a la organización de los Ayuntamientos, ésta se estructura a través del Pleno, formado por la totalidad de los concejales, el Alcalde que asume el poder ejecutivo y decisorio, la Junta de Gobierno y los Concejales delegados. 4.3. Las Normas Administrativas En virtud de lo dispuesto en la Constitución Española, el Gobierno podrá dictar normas con rango de ley en los siguientes supuestos: •

Los Decretos-Leyes: en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-Leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general9 (Art. 86.1 CE).

•

Los Decretos Legislativos: las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una Ley de Bases, cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una Ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo10 (Art. 82 CE).

También la Administración tiene la facultad en base a la potestad reglamentaria para dictar otras normas administrativas de carácter secundario denominadas genéricamente Reglamentos11. Éstos son los siguientes: •

Los Reales-Decretos: Norma jurídica dictada por el Gobierno y por el Presidente del Gobierno en el ámbito de sus competencias. Generalmente se refieren a la creación, supresión, modificación u organización de los Ministerios o las Secretarías del Estado.

•

Las Órdenes Ministeriales: Norma jurídica dictada por las Comisiones Delegadas del Gobierno, Ministros u otras autoridades como los Secretarios de Estado, y que se limitan a materias organizativas dentro de sus competencias.

Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación (Art. 86.2 CE). 10 La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado (Art. 82.3 CE). 11 Norma jurídica dictada por el Gobierno y la Administración. Al no ser dictada por los representantes directos del pueblo (poder legislativo) han de someterse a la Constitución, las leyes y otras normas con rango de ley. 9

LEGISLACIÓN para Arquitectos Técnicos •

Los Decretos del Consell de Govern Valencià y las órdenes dels Consellers que regulan las competencias atribuidas por el Estado en las competencias delegadas o transferidas por el Estado.

•

Las Ordenanzas: Norma jurídica dictada por las entidades locales en ejercicio de la autonomía que el Art. 137 de la Constitución les confiere. Puede tratarse de ordenanzas fiscales, generales u ordenanzas urbanísticas.

5. EL ACTO ADMINISTRATIVO El acto jurídico puede definirse como una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Más concretamente, el Acto Administrativo es la manifestación de voluntad por medio de la cual los órganos administrativos realizan sus funciones, creando, modificando o extinguiendo derechos u obligaciones. Para GARCÍA DE ENTERRÍA es un acto jurídico de voluntad, de juicio, de conocimiento o deseo dictado por la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria. En este sentido, la práctica administrativa ordinaria supone la producción sistemática de distintos actos administrativos que de una u otra manera afectan al ciudadano (la denegación de una licencia de obra, la calificación de una vivienda de protección pública, la concesión de una bonificación en un impuesto, la concesión de una subvención o una ayuda pública, son muchos de los ejemplos de producción de actos administrativos). 5.1. Publicidad y notificación del acto administrativo Los actos administrativos son válidos desde que se dictan por parte del órgano competente, pero para que los mismos sean eficaces y produzcan sus correspondientes efectos ante los ciudadanos es necesario que los mismos se notifiquen o se publiquen en los Boletines Oficiales correspondientes. En este sentido, la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, exige que se notifiquen12 a los interesados las resoluciones y actos administrativos de trámite que afecten a sus derechos e intereses. En dicha notificación se hará constar necesariamente el texto íntegro de la resolución, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente13.

12 13

Art. 40 de la Ley 39/2015. Art. 41 y s.s de la Ley 39/2015.

LEGISLACIÓN para Arquitectos Técnicos En aquellos casos en los que la notificación no se haya podido practicar o el interesado sea desconocido, la notificación individualizada podrá ser sustituida por una publicación en los diarios oficiales correspondientes. Finalmente, la Ley contempla la publicación de los actos administrativos bien cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público. Atendiendo a era digital, en la nueva normativa, art. 43, se prevé expresamente la práctica de las notificaciones por los medios electrónicos en las condiciones y con los efectos que también se recogen. 5.2. Actos expresos y Actos presuntos. Silencio administrativo El acto administrativo puede ser de dos tipos: Acto expreso: Es el acto administrativo exteriorizado, ordinariamente por escrito, en el que queda constatada fehacientemente la voluntad de la Administración. (Ej: notificación en el domicilio de una sanción por infracción). Acto presunto y el Silencio Administrativo: En esta situación, no se ha producido ningún acto administrativo, sino que se trata de una ficción jurídica en virtud de la cual, el ciudadano debe deducir de la inactividad de la Administración en resolver una petición o la pasividad de ésta en resolver un procedimiento la existencia de una denegación o de un otorgamiento de la petición. Se trata del silencio administrativo, esto es, cuando no hay resolución expresa en relación a esa petición y debe deducirse de esa inactividad de la administración que ese silencio puede ser o bien positivo (estimación de la solicitud) o negativo (denegación de lo solicitado) según los casos. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia pueda ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días. 5.3. Los Recursos Administrativos Cuando un particular tiene un conflicto con la Administración no puede acudir directamente a los tribunales de justicia. Antes tiene que someter el asunto a la revisión por parte de ésta. Una vez que la cuestión ha sido revisada por la Administración se dice que está agotada la vía administrativa, entonces se puede acudir ya a la jurisdicción ordinaria. POTESTAD REVISORA DE LA ADMINISTRACION

LEGISLACIÓN para Arquitectos Técnicos Las dependencias de los tribunales que entienden de los litigios entre los particulares y la Administración, se denominan Salas de lo ContenciosoAdministrativo. La potestad revisora de la Administración se inicia mediante recursos administrativos14 (en la jurisdicción ordinaria mediante demandas). A continuación, se expondrán las clases de recursos administrativos, ante la Administración Pública sin todavía sometimiento a los Juzgados y/o tribunales. 5.3.1. Recurso de alzada (Arts. 121 y 122 Ley 39/2015): ¿Contra qué se interpone? Contra actos que no agotan la vía administrativa. Por su parte el art. 114 en relación con el art. 112 de la misma normativa, establece los actos y resoluciones que ponen fin a la vía administrativa, que en líneas generales serán los siguientes: a) Resolución de recursos ordinarios. b) Resolución de procedimientos de impugnación como conciliación, mediación y arbitraje. c) Resolución de actos de órganos de la Administración que carezcan de superior jerárquico. d) Demás resoluciones de órganos administrativos cuando así se establezca por disposición legal. ¿Quién lo resuelve? El órgano superior jerárquico del que dictó el acto. ¿Ante quién se interpone? Ante el superior jerárquico o ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. Requisitos exigibles para su interposición Ninguno en especial, sólo justificar qué norma es la que infringe el acto que se recurre. Plazo de interposición El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Plazo de resolución y de notificación El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Efectos de la no resolución expresa Desestimatorios si el recurso se interpuso contra un acto expreso. Estimatorios si el recurso se interpuso contra un acto presunto. Art. 115 Ley 39/2015. Interposición de recurso. La interposición del recurso deberá expresar: a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso del lugar que se señale a efectos de notificaciones. d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige. e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.

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5.3.2. Recurso potestativo de reposición (Arts.123 y 124 Ley 39/2015): ¿Contra qué se interpone? Contra actos que pongan fin a la vía administrativa. ¿Quién lo resuelve? El órgano que dictó el acto. ¿Ante quién se interpone? Ante el mismo órgano que dictó el acto. Requisitos exigibles para su interposición Ninguno en especial, sólo justificar qué norma es la que infringe el acto que se recurre Plazo de interposición El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Plazo de resolución y de notificación El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. Efectos de la no resolución expresa Desestimatorios en todo caso. 5.3.3. Recurso extraordinario de revisión (Arts. 113 en relación con el art.125 y 126 de la Ley 39/2015): ¿Contra qué se interpone? Contra actos firmes en vía administrativa. ¿Quién lo resuelve? El órgano que dictó el acto. ¿Ante quién se interpone? Ante el mismo órgano que dictó el acto. Requisitos exigibles para su interposición: 1. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. 2. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 3. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 4. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Plazo de interposición El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa primera, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos,

LEGISLACIÓN para Arquitectos Técnicos el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. Plazo de resolución y de notificación Tres meses. Efectos de la no resolución expresa Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando abierta la vía jurisdiccional contencioso administrativa. Recapitulando, RECURSO

ALZADA

REPOSICIÓN

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

OBJETO Actos no agotan la vía administrativa.

Actos que agotan la vía administrativa a) Recursos ordinarios. b) Procedimientos de impugnación como conciliación, mediación y arbitraje. c) Actos de órganos de la Administración que carezcan de superior jerárquico. Actos firmes no recurridos en vía administrativa. a. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. b. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error de la resolución recurrida. c. Que en la resolución hayan influido documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme. d. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de cualquier conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

¿ANTE QUIEN SE INTERPONE? Ante el superior jerárquico o ante el órgano que dictó el acto

¿QUIEN RESUELVE?

PLAZO INTERPOSICIÓN

PLAZO RESOLUCIÓN

El superior jerárquico

1 mes si el acto es expresa 3 meses si el acto es presunto

3 meses. Transcurrido el mismo el silencio es negativo

Ante el órgano que ha dictado el acto

El mismo órgano que ha dictado el acto

1 mes si el acto es expresa 3 meses si el acto es presunto

1 mes. Transcurrido el mismo el silencio es negativo

Ante el órgano que ha dictado el acto

El mismo órgano que ha dictado el acto

En el supuesto a) 4 años desde la constancia del error de hecho. En los supuestos b), c) y d) 3 meses.

Transcurridos 3 meses el silencio es negativo.