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JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

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Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

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IGNACIO SANCHO GARGALLO

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

TOMÁS S. VIVES ANTÓN

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

RUTH ZIMMERLING

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

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DESAFÍOS ACTUALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

RAÚL MONTOYA ZAMORA KAREN FLORES MACIEL LUIS FERNANDO CONTRERAS CORTÉS

tirant lo blanch Ciudad de México, 2021

Copyright ® 2021 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www. tirant.com/mex/

Karen Flores Maciel Luis Fernando Contreras Cortés

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Av. Tamaulipas 150, Oficina 502 Hipódromo, Cuauhtémoc CP 06100, Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1397-185-8 MAQUETA: Disset Ediciones Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant. com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant. net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice PRÓLOGO............................................................................................... 9

INTRODUCCIÓN................................................................................... 15

LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO ¿UN DERECHO FUNDAMENTAL DESCAFEINADO CUANDO INTERVIENE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA?......................................................................................... 19 DR. D. LUIS MARÍA ROMERO FLOR

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO MUNICIPAL LOS DERECHOS BÁSICOS DE LOS SERES VIVOS; EL DERECHO A DISPONER DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS MUNICIPALES.................... 43 MARTIN GALLARDO GARCÍA GABRIELA GUADALUPE VALLES SANTILLÁN

EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DESARROLLO ALGUNAS INTERROGANTES................................................................................. 73 EDGAR ALÁN ARROYO CISNEROS DANIEL JAVIER DE LA GARZA MONTEMAYOR ÁNGEL SERGIO QUIÑONES RUTIAGA

LA FAMILIA DESDE LA ÓPTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS... 91 LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA JUANA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

EL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA COMO DERECHO HUMANO. SU RELACIÓN CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES.......... 113 JOEL RICARDO NEVÁREZ DEL RIVERO

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL EN MÉXICO......................................................................... 137 DR. ALEJANDRO VÁZQUEZ MELERO

LA REGULACIÓN DEL CABILDEO EN MÉXICO Y SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS................................................................. 163 HÉCTOR CARREÓN GALLEGOS

BREVE ANÁLISIS SOBRE LA UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.............................................................................................. 189 LUIS FERNANDO CONTRERAS CORTÉS MARÍA DEL CARMEN CONTRERAS CORTÉS

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL: ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS MODELOS JURISDICCIONALES DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y NOTAS BREVES SOBRE SU INFLUENCIA EN EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD.......................................... 211 GABRIELA GUADALUPE VALLES SANTILLÁN

LA POTENCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO Y SU IMPACTO EN LOS JUZGADORES............................................... 235 DRA. MAGDALENA ALANÍS HERRERA.

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN ALEMANA. UNA REFLEXIÓN PARA EL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO................................................ 257 RAMÓN GIL CARREÓN GALLEGOS KAREN FLORES MACIEL

EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS FALLOS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CORTIDH).......... 279 RAÚL MONTOYA ZAMORA

PRÓLOGO En el año 1964, Norberto Bobbio señaló “que el problema grave de nuestro tiempo respecto a los derechos humanos no era el de fundamentarlos, sino el de protegerlos”1. El problema que se nos presenta, señaló posteriormente, hacia la década de los años 80’s del siglo pasado, “no es filosófico, sino jurídico y, en sentido más amplio, político. No se trata tanto de saber cuáles y cuántos son estos derechos, cuál es su naturaleza y su fundamento, si son derechos naturales o históricos, absolutos o relativos, sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, a pesar de las declaraciones solemnes, sean continuamente violados”2. Entendía Bobbio que la existencia del «respeto» a los derechos humanos y las libertades fundamentales nace de la convicción generalmente compartida de que ya están fundados, pues consideraba que el problema del fundamento de los derechos humanos ha tenido su solución en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 19483. De acuerdo con las ideas anteriores, Mauricio Beuchot y Javier Saldaña Serrano aseveran que los derechos humanos, para su vigencia y actualidad “requieren una condición de posibilidad política, que es la democracia; sin ella son impensables”4 y señalan, además, que son el reflejo del deseo de la sociedad de realización de la justicia. Para estos autores, los derechos humanos corresponden a una idea del hombre, por lo que es necesario buscar a qué modelo de hombre corresponden los derechos humanos. En toda empresa humana subyace una idea del ser humano, la condición que tiene, la esencia de la naturaleza humana, la cual puede conocerse a través de sus obras, de

Bobbio, Norberto. El tiempo de los derechos. Capítulo IV “Presente y porvenir de los derechos humanos”, Editorial Sistema, Madrid, s/d, p. 63. 2 Ibídem, p. 64. 3 Ídem. 4 Beuchot, Mauricio y Saldaña Serrano, Javier. Derechos Humanos y naturaleza humana. Segunda edición, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2017, p. 166. 1

los productos culturales que crea y a través de su encarnación en la historia. Según estos autores: Se ve al hombre como un núcleo de intencionalidades; es decir, como un ser intencional, que distiende su ser hacia todo ser. En efecto, posee una intencionalidad cognoscitiva, una volitiva o emotiva y otra incluso ontoló‑ gica. La intencionalidad cognoscitiva, como la comprendieron Brentano y Husserl, es el transformarse o hacerse el objeto conocido, claro que psíquicamente, no físicamente. La intencionalidad volitiva es, como la entendió Freud, el polarizarse hacia los demás, para amar y desear; es decir, en el ámbito de la emoción, corresponde a la pulsión, el hombre es impulso, está distendido o polarizado hacia lo que está fuera de él, a lo que lo trasciende5.

Y es que de acuerdo con lo anterior, tiene que haber un sentido que dirija al hombre, lo oriente y lo impulse; “Es el valor, la finalidad, la dirección hacia algo”6, puesto que el ser humano se mueve por valores “se distiende en la vida y se lanza y empuja hacia adelante”, porque posee una intencionalidad ontológica, más allá de la intencionalidad cognoscitiva y de la intencionalidad volitiva; el ser humano es intencionalidad ontológica, se lanza y abre hacia lo omniabarcante, que es el existir7. Ya en el año 1970, Luis Recaséns Siches consideraba esta naturaleza intencional del hombre, y señalaba que: “La esencia de todos los humanos haceres [. . .] consiste en la decisión del sujeto, en su puro querer, que es previo al mecanismo volitivo”8; y continúa: “La estructura del hacer humano consiste en que se quiere hacer lo que se hace, por algo (por un motivo, que deriva de una urgencia, de una necesidad, de un afán) y para algo, (con una finalidad), todo lo cual está dotado de sentido o significación9. La doble naturaleza del hombre, corporal y psíquica, pone en movimiento sus mecanismos somáticos y mentales que le dan capacidad para utilizar las cosas que le ofrece el mundo para la realización de

Ibídem, p. 158. Ídem. 7 Ídem. 8 Recaséns Siches, Luis. Introducción al estudio del Derecho. Decimosexta edición, Editorial Porrúa. México, 2009, p. 18. 9 Ídem, 5 6

Prólogo

sus propósitos, y así tejer los procesos de su propia vida. Pero señala que en la realización de tales propósitos es necesario estimar y valorar; el “proceso de la vida humana consiste en una sucesión de valoraciones”10. Esto es así porque los actos para la realización de los fines o propósitos que persigue afectan la convivencia y la cooperación entre los seres humanos, lo que precisa de una justificación ya no subjetiva, sino de una justificación objetiva que satisfaga a quien afecta a los otros, o a la sociedad en términos generales11. Es aquí donde se plantea la pregunta “sobre el por qué y el para qué del Derecho como obra humana: indagar los motivos o las necesidades que inducen a los hombres a elaborar un régimen de Derecho, y lo que esto significa, es decir, las finalidades hacia las cuales él se dirige, finalidades en cuyo logro se intenta el propósito de satisfacer las necesidades”12. Como resultado de las actividades del hombre encaminadas a los fines ya señalados existen en el mundo creaciones de diversa índole, corpóreos y psíquicos; por ejemplo: utensilios, máquinas, estatuas, mitos, leyendas, plegarias, poemas, máximas y reglas de conducta, usos, hábitos, creencias, instituciones, etcétera, cuya esencia es la de constituir la expresión de unas intencionalidades humanas, que definen su sentido o significación. “Tales objetos, en tanto que ya hechos, ya realizados, son vida humana objetivada”13. Las anteriores consideraciones, constituyen el fundamento de Recaséns para concebir al Derecho, en tanto que producto cultural, “como vida humana objetivada y como un revivir esas objetivaciones”. En esa postura, abundaba en las siguientes explicaciones: algunos actos de la vida humana dejan una huella, una traza, una obra, unos signos, etcétera; por eso los quehaceres humanos una vez realizados perduran como formas de vida, separadas de la vida concreta que las engendró, y adquieren una consistencia objetiva. El ser de las obras humanas consiste en su sentido, en tener una intencionalidad, y esas obras humanas en alguna medida suelen ser reactualizadas o revividas

Ibídem, p. 20. Ídem. 12 Ídem. 13 Ibíd., p. 25 10 11

por otras gentes contemporáneas o posteriores. Y es en este ámbito de la vida humana donde se encuentra el Derecho; éste como norma preconstituida, como son las leyes, reglamentos, sentencias judiciales, etcétera, se localiza dentro de la región de las objetivaciones de la vida humana o reino de la cultura. Pero esas conductas que se presentan como reales en el revivir o re-actualizar las normas, muchas veces aportan novedades, modificaciones, supresiones, etcétera, que implican nuevos matices o modalidades, nuevas consecuencias que no están predeterminadas de forma completa y fija en la norma, lo que constituye nuevas objetivizaciones de un nuevo proceso humano. Esto materializa la evolución de la cultura en general y particularmente la evolución del Derecho14. La globalización es un factor que ha afectado todas formas de vida humana objetivada. Orientada por el ideario neoliberal de la globalización, la sociedad actual es una sociedad en transformación afectada por un acelerado ritmo de cambio, cambio impulsado por poderes económicos que muchas veces rebasan a los sistemas jurídicos existentes; la tendencia en este proceso es el de institucionalizar y fomentar el cambio social, y esto significa un proceso de juridización del cambio para constituir un Estado de derecho. En este contexto prevalece la idea neoliberal de que el mercado es el factor de orientación y organización de la sociedad, ya que sus beneficios habrán de ser para todos. Sin embargo la realidad muestra que el mercado sufre distorsiones que provocan desigualdades que dan como resultado que sus beneficios son sólo para unos cuantos, lo que genera el reclamo ante el enmascaramiento de relaciones de dominación, explotación y exclusión. Tales objetivaciones de la vida humana se manifiestan en formas de acción por el aseguramiento de los derechos para que todas las personas puedan acceder al disfrute de los beneficios económicos, sociales y culturales que genere la sociedad de mercado, así como al ejercicio de libertades civiles y políticas y también al disfrute de derechos individuales, políticos y sociales. Tales acciones tienen una intencionalidad: la de lograr una sociedad más justa; ello tiene como trasfondo el reconocimiento de valores, tales como la justicia y la dignidad humana.

Ibíd., pp. 25 – 28.

Prólogo

La Historia social y política de la humanidad en diversos momentos ha logrado consensos en torno a determinados catálogos de derechos considerados fundamentales para el desarrollo de la personalidad. En todos los casos se ha coincidido en definirlos a partir del reconocimiento de su universalidad. De ahí su caracterización como Derechos Humanos, los que al ser objetivados como una forma de vida humana han dado origen a su catalogación y positivización en los diversos sistemas jurídicos, en escalas nacionales e internacionales. El filósofo y jurista Luigi Ferrajoli, señala que los derechos humanos fundamentales son “derechos que están adscritos a todos en cuanto personas, o en cuanto ciudadanos o personas con capacidad de obrar, y que son por tanto indisponibles e inalienables”, pues considera que corresponden “a prerrogativas no contingentes e inalterables de sus titulares y a otros tantos límites y vínculos insalvables para todos los poderes, tanto públicos como privados”15. El principio que fundamenta el reconocimiento de los derechos humanos es el de la salvaguarda de la dignidad humana. De lo anterior se desprenden los siguientes elementos en la conceptuación de los derechos humanos: a) son prerrogativas que todo miembro de la especie humana por su propia naturaleza debe gozar; b) su protección, observancia y respeto deben ser garantizados por el Estado en todo tiempo y lugar; c) la vigencia y operación de los anteriores elementos concretiza las exigencias de la dignidad humana. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos, realizada en el año 2011, significó un cambio de paradigma jurídico, para encaminarse al modelo del Estado Constitucional. Dice Alejandro Sahuí: De acuerdo con este paradigma, los derechos humanos, concebidos des‑ de el punto de vista material, y no sólo formal, se convierten en vincu‑ lantes para todos y cada uno de los funcionarios y servidores públicos. En opinión cada vez más extendida, incluso para los particulares y empresas, esto significa que en el modelo nuevo de Estado los derechos humanos no se conforman con una mera declaratoria de existencia, sino que apuntan

Ferrajoli, Luigi. “Sobre los derechos fundamentales”, en Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Número 15, Julio – Diciembre 2006. https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5772/7600, Consulta 12 de Octubre de 2019.

hacia su eficacia práctica, tener un derecho implica poseer la libertad, capacidad o poder de disfrutarlo o ejercerlo16. (p. 31)

La tutela de los Derechos Humanos fundamentales es un reto para el Estado mexicano, que debe enfrentar desde el sistema jurídico no sólo a través de las instancias de procuración de justicia y de los órganos creados para la impartición de justicia, sino también desde las instancias administrativas y legislativas y de los organismos autónomos estatales, instancias todas que deben justificar las decisiones jurídicas –que afecten de cualquier forma la esfera jurídica del gobernado—, de acuerdo con los principios de interpretación conforme y pro persona. El anterior marco teórico ha sido presentado con el propósito de dar una base teórica para la lectura analítica de los trabajos que se incluyen en el presente libro –que hoy me ha tocado prologar—, Derechos Humanos: su evolución en México en el siglo XXI. Tomo IV, en los cuales se presentan magistrales estudios doctrinarios sobre diversas temáticas derivadas de la interpretación útil para orientar la aplicación eficaz de los derechos humanos fundamentales objeto de estudio en cada capítulo. Este libro materializa la continuidad del gran proyecto del Cuerpo Académico Consolidado “Aspectos constitucionales de la reforma del Estado” (UJED-CA-046), integrado por distinguidos juristas universitarios duranguenses, quienes se hacen acompañar de destacados juristas de otras latitudes. La lectura del presente Tomo me parece imprescindible para todos los interesados en el conocimiento de los Derechos Humanos. CARLOS SERGIO QUIÑONES TINOCO Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango

Sahuí, Alejandro. Derechos humanos, grupos desaventajados y democracia. Editorial Fontamara, México, 2018, p. 31.

INTRODUCCIÓN La evolución de los Derechos Humanos en México presenta altibajos, por un lado, en la práctica judicial, la jurisprudencia se ha mostrado progresista y a la vanguardia con la incorporación de estándares interamericanos que resultan acordes a la reforma constitucional en la materia de junio de 2011. Pero, por otra parte, en el terreno de los hechos, los homicidios, la violencia y la inseguridad van al alza, al igual que el crecimiento del número de personas en pobreza y pobreza extrema, con el consiguiente incumplimiento por parte del Estado de garantizar a sus habitantes un estándar mínimo en el cumplimiento de sus derechos humanos, para que estén en condiciones de desarrollar una vida digna. Una de las actividades sustantivas que se ha propuesto el Cuerpo Académico UJED-CA-046 Aspectos Constitucionales de la Reforma del Estado Mexicano, es la de reflexionar sobre temas de trascendencia e impacto social, como le es, los avances y retrocesos de los Derechos Humanos en México. Con esa mira, y con la finalidad de dar continuidad al proyecto que inició hace varios años, se presenta este trabajo ante la comunidad académica y jurídica. Bajo la premisa anterior, el libro comienza con una documentada aportación del jurista español Luis María Romero Flor, quien escribe sobre la inviolabilidad del domicilio como un derecho fundamental que se encuentra frente a ciertas vicisitudes en el contexto de la actuación tributaria, lo cual por supuesto es digno de reflexionarse cuando lo traspolamos al caso latinoamericano y mexicano. En el segundo capítulo del presente trabajo colectivo, se encuentra la reflexión desarrollada por el Dr. Martín Gallardo García y la M.D. Gabriela Guadalupe Valles Santillán, denominada “Los Derechos Humanos y el Derecho Municipal. Los Derechos Básicos de los Seres Vivos; El Derecho a Disponer de los Servicios Públicos Básicos Municipales”, que, en palabras de sus autores, tiene como propósito desarrollar y abundar sobre el derecho a disponer de los servicios públicos municipales básicos, como parte de los derechos humanos básicos. En segundo lugar, se presenta el texto de los Doctores Edgar Alán Arroyo Cisneros, Daniel Javier de la Garza Montemayor y Ángel

Sergio Quiñones Rutiaga, denominado “El Derecho Fundamental al Desarrollo. Algunas interrogantes”. Trabajo interesante que muestra a los derechos humanos emergentes como una serie de prerrogativas esenciales y básicas que han surgido con la contemporaneidad política, atendiendo a distintas demandas de la población insertas en el proceso de globalización. Asimismo, se tocará lo concerniente al derecho al desarrollo como nueva categoría iusfundamental que ha surgido en las últimas décadas en el plano normativo a nivel nacional e internacional. Posteriormente, se encuentra el trabajo de los Doctores Luis Antonio Corona Nakamura y Juana Rodríguez Gutiérrez, titulado “La Familia desde la Óptica de los Derechos Humanos”, el cual muestra una reflexión sobre la evolución de la familia en cuanto a su percepción social y normativa, la que desde su origen como institución civil se consideró un espacio de la vida privada e íntima, por lo tanto, era menester que el sujeto pasivo vigilara una actuación negativa; sin embargo, esto cambió exigiendo una regulación mucho más específica al interior de estas dinámicas y exigiendo una intromisión legitima por parte de las autoridades. Después se presenta la colaboración del Dr. Joel Ricardo Nevárez del Rivero, denominada “El Deporte y la Cultura Física como Derecho Humano. Su Relación con otros Derechos Fundamentales”. Texto interesante que muestra el aspecto de interdependencia de los derechos humanos, en concreto, el del deporte y la cultura física y su relación con otros derechos. Enseguida, se muestra el texto del Dr. Alejandro Vázquez Melero, titulado “Responsabilidad Patrimonial del Estado por error Judicial en México”, texto en el que se hace énfasis, que el supuesto de procedencia de esta institución jurídica, consiste en que el Estado, al llevar a cabo su potestad fundamental de indagación y penalización de los hechos constitutivos de delitos, está en posibilidad de consumar un error como resultado de la decisión negligente o culpable de cierto servidor público encargado de la impartición de justicia, la cual se convierte en la indebida violación de los derechos humanos de una persona inocente, misma que al no tener la obligación jurídica de soportar dicha decisión, queda en posibilidad de reclamarle al Estado la indemnización de los daños que le fueron ocasionados.

INTRODUCCIÓN

Inmediatamente después se presenta el trabajo del Maestro Héctor Carreón Gallegos, denominado “La Regulación del Cabildeo en México y su Relación con los Derechos Humanos”, en el cual se analiza el surgimiento y desarrollo del cabildeo; las implicaciones y legitimidad de su regulación; el marco regulatorio del cabildeo en México, los aspectos conexos con tal actividad y los parámetros que la OCDE recomienda para su regulación. Luego se despliega el trabajo elaborado por el Maestro Luis Fernando Contreras Cortés y la Doctora María del Carmen Contreras Cortés, intitulado: “Breve análisis sobre la universalidad de los derechos humanos”, el cual tiene como objeto analizar, de manera general, las diversas formas en las que es posible entender la universalidad de los derechos humanos, su tipología, los términos con los que suele relacionarse y su fundamentación, para constatar lo difícil que puede resultar llegar a un consenso para hacerla posible, el cual es necesario para lograr un acercamiento de posturas e intentar configurar un proyecto moral, llegado el momento, que permita hacer efectivos los derechos de todas las personas en cualquier lugar, sin que sea sinónimo de uniformidad, sino con respeto a las diferencias. Dentro de la línea de la justicia constitucional y derechos humanos, se encuentra el trabajo de la Maestra Gabriela Guadalupe Valles Santillán, denominado: “La Justicia Constitucional: Aspectos Fundamentales de los Modelos Jurisdiccionales de Control de Constitucionalidad y Notas Breves Sobre su Influencia en el Control de Convencionalidad”, texto en el que su autora aborda los dos modelos base por los cuales se opera jurisdiccionalmente la justicia constitucional circunscrita a la correspondencia de las normas legales con el señalado parámetro de regularidad: el control concentrado o abstracto de la constitucionalidad -de tradición europea- y el control difuso o concreto de constitucionalidad -que es de tradición norteamericana-. Al igual se aborda lo atinente al control de convencionalidad, pues éste se infiere actualmente tanto del control concentrado como del difuso. En esa misma línea se encuentra el trabajo de la Dra. María Magdalena Alanís Herrera, denominado “La Potencialización de los Derechos Fundamentales y su Impacto en los Juzgadores”. En dicho trabajo, su autora da cuenta del importante papel que tienen los jueces modernos frente a los asuntos relacionados con los derechos humanos,

al buscar la progresividad de los derechos a partir de los principios y valores que se encuentran plasmados en la Constitución. Enseguida se presenta el texto elaborado por el Doctor Ramón Gil Carreón Gallegos y la Maestra Karen Flores Maciel, denominado: “La Protección de los Derechos Fundamentales en la Constitución Alemana. Una Reflexión para el Constitucionalismo Mexicano”. Trabajo de gran interés en el que sus autores exponen una panorámica general sobre los mecanismos de protección que la Constitución Alemana establece para los derechos fundamentales, bajo la premisa de que el modelo constitucional alemán es un referente importante para la teoría y praxis constitucional de otros sistemas jurídicos como el mexicano. Finalmente, se presenta el trabajo de la autoría del Dr. Raúl Montoya Zamora, denominado: “El Cumplimiento y Ejecución de los Fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en el que se desarrolla la problemática que se presenta en el cumplimiento y ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su incidencia en la efectividad de los Derechos Humanos. Esperamos que este conjunto de reflexiones sobre la evolución de los Derechos Humanos, contribuya al debate actual de los derechos en una etapa complicada para el desarrollo de los mismos, donde todos los días se presentan violaciones sistemáticas a éstos, lo que hace necesario que la academia y la investigación pongan manos a la obra para concientizar a las personas y a los operadores jurídicos para resolver la problemática social que deriva de la vigencia efectiva de los derechos humanos. RAÚL MONTOYA ZAMORA KAREN FLORES MACIEL LUIS FERNANDO CONTRERAS CORTÉS

LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO ¿UN DERECHO FUNDAMENTAL DESCAFEINADO CUANDO INTERVIENE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA? DR. D. LUIS MARÍA ROMERO FLOR17

I.- TRANSCENDENCIA DOGMÁTICA Y PRÁCTICA DE LA CUESTIÓN La protección del domicilio como derecho está establecida en diversos textos normativos internacionales18, siendo calificado como

Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Castilla-La Mancha. Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, y Doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Bolonia. En este sentido, nos encontraríamos con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (en adelante CDFUE) cuyo artículo 7 establece que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones”; añadiendo el artículo 52.1 que “cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Sólo se podrán introducir limitaciones, respetando el principio de proporcionalidad, cuando sean necesarias y responderán efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás”. De igual manera, en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo CEDH) de 1950 al indicar que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la Ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral o de la protección de los derechos y libertades de los demás”. Así como en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante DUDH) al expresar que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”; y en el artículo 17 del Pacto Internacional

Luis María Romero Flor

“derecho fundamental” en la mayoría de las Constituciones, como es el artículo 18.2 de la Constitución Española (en lo sucesivo CE) al establecer que “el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de fragrante delito”. Las consecuencias jurídicas que despliega tal especial regulación se traducen en las siguientes circunstancias: en primer lugar, la ubicación del precepto dentro de la Carta Magna configura la inviolabilidad del domicilio como un derecho fundamental de especial protección, que permite recabar su tutela tanto a través del recurso contencioso-administrativo, especial y preferente, de protección de Derechos Fundamentales, como también a través del Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional. Y, en segundo lugar, como Derecho Fundamental, tiene diversos mecanismos de protección y garantía dada su posición preferente (vis expansiva) en el conjunto del ordenamiento jurídico. No en vano, vincula a todos los poderes públicos, su desarrollo únicamente puede ser efectuado por una Ley Orgánica, la cual debe respetar, en todo caso, su contenido esencial. En este sentido, hemos de tener en cuenta que en España no se ha dictado Ley Orgánica específica que lo desarrolle19, lo que unido a la posibilidad de acceso especial y preferente a los Tribunales de Justicia e, incluso al Tribunal Constitucional, determina que su contenido haya sido objeto de creación jurisprudencial20.

de Derechos Civiles y Políticos al indicar que “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. Además, no puede desarrollarlo la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), al tener la condición de Ley ordinaria; por ello algunas de las cuestiones conflictivas que un tema de esta enjundia y relevancia práctica pueda presentar ni están resueltas normativa o jurisprudencialmente, o puede que ni se hayan planteado en la práctica. De hecho, como resaltó el Tribunal Superior de Justicia (en adelante TSJ) de la Comunidad Valenciana, en su Sentencia de 15 de mayo de 2012, “lo propio […] sería que los requisitos de […] entrada y registro en el domicilio constitucionalmente protegido se disciplinaran por Ley. Tal acontecimiento, sin embargo, no se ha dado todavía en nuestro Ordenamiento; son los jueces los que hasta ahora se encargan de desgranar tales requisitos, interpretando directamente la Constitución, ello con la vista puesta en el Tribunal Constitucional y su doctrina”.