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LA CONCLUSIÓN DEL CONCURSO Adaptado a la reforma introducido por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre de reforma del texto refundido de la Ley Concursal LUIS SHAW MORCILLO

concursal

LA CONCLUSIÓN DEL CONCURSO

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ángel M. López y López

Ignacio Sancho Gargallo

Marta Lorente Sariñena

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

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LA CONCLUSIÓN DEL CONCURSO

Luis Shaw

tirant lo blanch Valencia, 2022

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Colección dirigida por:

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Ana Belén Campuzano

Catedrática de Derecho Mercantil

© Luis Shaw

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Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

ÍNDICE 1.

INTRODUCCIÓN...............................................................................

11

2.

CAUSAS DE CONCLUSIÓN DEL CONCURSO...............................

17

2.1.

Causas de conclusión.............................................................

18

ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES CAUSAS DE CONCLUSIÓN DEL CONCURSO..............................................................................

21

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Cuando alcance firmeza el auto de la audiencia provincial que, estimando la apelación, revoque el auto de declaración de concurso............................................................................

3.1.1. Recursos procedentes frente al auto decisorio de la solicitud de concurso.................................................

3.1.2. Plazo interposición del recurso...................................

3.1.3. Litispendencia............................................................

3.1.4. Firmeza del auto.........................................................

3.1.5. Consecuencias de la revocación: indemnización de daños y perjuicios.......................................................

Cuando de la lista definitiva de acreedores resulte la exis­ tencia de un único acreedor...................................................

Cuando, terminada la fase común del concurso, alcance fir­ meza la resolución que acepte el desistimiento o la renuncia de los acreedores reconocidos, a menos que tras el desisti­ miento o renuncia resulte la existencia de un único acreedor en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el ordinal anterior..

3.3.1. Iter procesal................................................................

Cuando, dictado auto de cumplimiento del convenio, trans­ curra el plazo de caducidad de las acciones de declaración de incumplimiento o, en su caso, sean rechazadas por reso­ lución judicial firme las que se hubieren ejercitado................

3.4.1. Cumplimiento del convenio........................................

3.4.2. Solicitud incumplimiento del convenio.......................

Cuando, en cualquier estado del procedimiento, se com­ pruebe el pago o la consignación de la totalidad de los cré­ ditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedo­ res por cualquier otro medio...................................................

Cuando se hayan liquidado los bienes y derechos de la ma­ sa activa y aplicado lo obtenido en la liquidación a la satis­ facción de los créditos............................................................

21 24 27 28 31 31 35

39 41

43 44 46

49 53

8

Índice

3.7.

3.8.

4.

CONCLUSIÓN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA MICROEMPRESAS............................................................................................

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.

3.6.1. Proceso de conclusión por liquidación de bienes.....

3.6.2. Informe de liquidación................................................

3.6.3. Oposición al informe de liquidación (informe de con­ clusión).......................................................................

3.6.4. Tramitación procesal...................................................

Cuando, en cualquier estado del procedimiento, se com­ pruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa, y concurran las demás condiciones establecidas en esta ley..........................................................

3.7.1. Insuficiencia de la masa activa..................................

3.7.2. Comunicación por la administración concursal. Res­ ponsabilidad de la administración concursal.............

3.7.3. Pago de los créditos tras la comunicación de insufi­ ciencia........................................................................

3.7.4. Solicitud de conclusión...............................................

3.7.5. Auto de conclusión del concurso...............................

Cuando, en los casos admitidos por la ley, la sociedad de­ clarada en concurso se hubiera fusionado con otra u otras o hubiera sido absorbida por otra, se hubiera escindido to­ talmente o hubiera cedido globalmente el activo y el pasivo que tuviere...............................................................................

Conclusión cuando se considere cumplido el plan de conti­ nuación de acuerdo con este libro.........................................

4.1.1. Consecuencias del incumplimiento............................

Conclusión una vez liquidados los bienes y derechos de la masa activa, aplicado lo obtenido en la liquidación a la sa­ tisfacción de los créditos........................................................

Conclusión cuando se compruebe la insuficiencia de la ma­ sa activa para satisfacer créditos contra la masa..................

Conclusión cuando se compruebe el pago o consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satis­ facción de los acreedores por cualquier otro medio, o el de­ sistimiento o la renuncia de la totalidad de los acreedores....

4.4.1. Procedimiento y consecuencias conclusión procedi­ miento especial...........................................................

55 56 63 65

68 69 73 75 80 85

85

89 94 96 98 101

101 102

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS...................................................

107

5.1.

5.2.

110 111

Contenido de la rendición de cuentas....................................

Momento de presentación de la rendición de cuentas..........

9

Índice

5.3.

Oposición a la rendición de cuentas......................................

5.3.1. Trámite procesal.........................................................

5.3.2. Motivos de oposición..................................................

5.3.3. Control judicial de la rendición de cuentas................

Consecuencias de la aprobación o desaprobación de la rendición de cuentas...............................................................

5.4.1. Reordenación de pagos.............................................

114 114 116 121

6.

RECURSOS Y PUBLICIDAD............................................................

127

7.

EFECTOS DE LA CONCUSIÓN DEL CONCURSO (ACCIONES DE RESPONSABILIDAD FRENTE A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES).......................................................................................

129

5.4.

7.1.

7.2.

7.3.

8.

BREVE REFERENCIA A LA EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO.........................................................................................

8.1.

8.2.

131 133 134

139

Requisitos y ámbito.................................................................

Las modalidades de la exoneración.......................................

8.2.1. De la exoneración con plan de pagos.......................

8.2.2. De la exoneración con liquidación de la masa acti­ va................................................................................

Revocación de la exoneración del pasivo insatisfecho..........

140 142 142

DECLARACIÓN Y CONCLUSIÓN DEL CONCURSO......................

147

8.3.

9.

Consecuencias conclusión concurso persona física..............

Consecuencias conclusión concurso persona jurídica..........

Responsabilidad de los administradores sociales tras el concurso..................................................................................

122 123

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Presupuesto para considerar que existe un concurso sin masa........................................................................................

Tramitación de los concursos sin masa..................................

Consecuencia de la falta de solicitudes por parte de los acreedores..............................................................................

Solicitud de nombramiento de administración concursal.

Oposición a la conclusión.......................................................

Informe de la administración concursal. Auto complementa­ rio.............................................................................................

Conclusión del concurso.........................................................

144 144

149 153 158 160 164 166

10

Índice

10. INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO...............................................

169

10.1. Solicitud y su tramitación........................................................

10.2. Efectos de la declaración de incumplimiento.........................

172 173

11. REAPERTURA DEL CONCURSO....................................................

179

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Reapertura concurso persona física.......................................

Reapertura concurso persona jurídica...................................

Tramitación de la reapertura del concurso.............................

Operaciones en la reapertura.................................................

180 184 187 189

1. INTRODUCCIÓN Dentro del proceso concursal hay una serie de términos que son prácticamente desconocidos en la práctica, uno es el de conclu­ sión y otra el de convenio (y no digamos, el de convenio cumplido).

Así como respecto del segundo, del convenio, el legislador que en la originaria Ley Concursal de 9 de julio de 2003 lo consideraba como el fin normal de todo concurso pronto cayó en la cuenta de que el destino habitual era la liquidación y en tal sentido reformó el espíritu de la Ley hacia unas liquidaciones más rápidas y eficaces, fundamentalmente en la regulación de las unidades productivas.

Con relación a la conclusión del concurso y su eternización, el le­ gislador ha optado, fundamentalmente, por la vía de acortar por Ley los diferentes plazos y sancionar a la administración concursal recortando sus honorarios para el supuesto de que se excedan, pero sin resultado práctico.

Así vemos, en el anuario concursal correspondiente al año 2021 editado por Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, como el tiempo entre el auto de declaración del concurso y el auto de conclusión se ha ido incre­ mentado a lo largo de los años y así: – Para el año 2021 la duración fue de 2.716 días (más de 90 meses).

– Para el año 2020 la duración fue de 2.512 días.

– Para el año 2019 la duración fue de 2.077 días.

– Para el año 2018 la duración fue de 2.009 días.

– Para el año 2017 la duración fue de 1.698 días.

– Para el año 2016 la duración fue de 1.165 días.

Sin embargo, esta estadística no concuerda con la publicada por el Consejo General del Poder Judicial (https://www.poderjudi­ cial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/ Actividad-de-los-organos-judiciales/Estimacion-de-los-tiemposmedios-de-los-asuntos-terminados/), la cual señala como dura­ ción: – Para el año 2021 la duración fue de 44,6 meses (1338 días).

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Luis Shaw

– Para el año 2020 la duración fue de 52,1 meses.

– Para el año 2019 la duración fue de 54,9 meses.

– Para el año 2018 la duración fue de 53,1 meses.

– Para el año 2017 la duración fue de 49 meses.

– Para el año 2016 la duración fue de 44,8 meses.

La diferencia entre una y otra estadística es llamativa, más del doble de una a otra, y ello responde a que la publicada por el CGPJ recoge la conclusión del concurso pero también los supuestos de inadmisión del mismo o falta de competencia, siendo más fiables y detallados los que ofrece el anuario del Colegio de Registradores.

En cualquier caso, la duración del concurso se aleja mucho de lo previsto por el legislador y, lo que es fundamental, de aque­ llo que sería oportuno para poder dar una respuesta adecuada a las situaciones de insolvencia. Si es conocido el aforismo de que la justicia tardía no es justicia, es igualmente cierto que la mayor duración de un proceso de insolvencia provoca una menor satis­ facción de los intereses de todos los implicados: acreedores, con­ cursado, trabajadores. El retraso a dar una solución a la situación concursal provoca irremediablemente un deterioro de los activos y una mayor dificultad, sino imposibilidad, de enajenación de la unidad productiva (todo ello pensando en el destino habitual del concurso que no es otro sino la liquidación).

Y no basta el mero deseo del legislador plasmado en una Ley para que los procedimientos se acorten. Así el legislador prevé (si­ go hablado del supuesto de liquidación, y no del supuesto de que el concurso fuera a convenio): – Para la fase común, o mas concretamente, para la emisión del informe provisional un plazo de dos meses (artículo 290 TRLC: dentro de los dos meses siguientes a contar desde la fecha de aceptación, el administrador concursal presentará al juzgado un informe con el contenido y los documentos establecidos en los artículos siguientes…), con posibilidad de prórroga que, en ge­ neral, será de dos meses aunque en concursos con un número de acreedores superior a los mil puede prorrogarse hasta cuatro meses (art. 291 TRLC). Sancionándose al administrador concursal que no cumpla con dichos plazos con la pérdida del derecho a la

La conclusión del concurso

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remuneración, devolución de las cantidades percibidas e indem­ nización de daños y perjuicios, de acuerdo con el art. 296 TRLC; siendo además, justa causa de separación (lógicamente si el juez no separa al administrador concursal, éste renunciará a su cargo pues difícilmente se va a querer mantener quien ha visto cercena­ da su retribución).

Pero ahora, tras la Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, Ley 16/2022, de 5 de septiembre, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preven­ tiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructu­ ración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se mo­ difica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de socieda­ des (Directiva sobre reestructuración e insolvencia), la fase común y la apertura de la liquidación se va a producir de forma inmediata y no tras las diferentes impugnaciones del informe y su resolución tras el incidente concursal. El nuevo art. 296 bis determina que dentro de los quince días siguientes al de presentación del informe de la administración concursal con los documentos anejos, el le­ trado de la Administración de Justicia dictará decreto poniendo fin a la fase común del concurso, con simultánea apertura de la fase de liquidación si todavía no estuviera abierta (el apartado 2 fija que no procederá la apertura de la fase de liquidación si se hubiera presentado propuesta de convenio, esté o no admitida a trámite).

En consecuencia, en un plazo máximo de cuatro meses (enten­ diendo que en la generalidad de los casos se solicitará y conce­ derá prórroga para la emisión del informe), la fase común habrá concluido.

– Para la fase de liquidación no establece el legislador un plazo, pero hasta ahora hemos entendido que dicho plazo sería de un año dadas las consecuencias que para la administración concur­ sal tiene sobrepasar este límite. Así, el artículo 415.2 TRLC dispo­ ne que el juez no podrá exigir la previa autorización judicial para la realización de los bienes y derechos, ni establecer reglas cuya

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Luis Shaw

aplicación suponga dilatar la liquidación durante un periodo su­ perior al año. El artículo 427 TRLC determina que transcurrido un año desde la firmeza de la resolución judicial por la que se hubiera procedido a la apertura de la fase de liquidación sin que hubiera finalizado ésta, cualquier interesado podrá solicitar al juez del con­ curso la separación de la administración concursal y el nombra­ miento de otra nueva; y de acuerdo con el art. 428 TRLC, los ad­ ministradores concursales separados por prolongación indebida de la liquidación perderán el derecho a percibir las retribuciones devengadas, debiendo reintegrar a la masa activa las cantidades que en ese concepto hubieran percibido desde la apertura de la fase de liquidación.

En cuanto a la separación del administrador concursal lo real es que en la práctica presenta mayores problemas que ventajas.

El nombramiento de una nueva administración para que termine la liquidación suele ser un regalo envenenado para ésta que se encuentra con una masa activa prácticamente vacía y que no le va a permitir cobrar sus honorarios. Ahora bien, si se condenase a la antigua administración a devolver los honorarios percibidos (si es que ha percibido algunos) entiendo que lo deseable sería que ese dinero devuelto debería ir destinado a satisfacer la retribución del nuevo administrador y no integrase en la masa activa.

Sin embargo, la reforma introducida por Ley 16/2022, de 5 de septiembre, todavía reduciría más este plazo al contemplar el art.

86.3ª c) (regla de duración del concurso) que cuando la fase de liquidación exceda de ocho meses, la retribución del administra­ dor se reducirá en, al menos, un cincuenta por ciento salvo que el juez, de manera motivada, en el plazo de tres días a contar desde la solicitud, entienda que existan circunstancias objetivas que jus­ tifiquen.

Reseñar, en cuanto a la duración de los concursos, lo dispuesto en el nuevo apartado 5 del art. 67 TRLC, que en el momento de aceptar su cargo el administrador concursal que estuviera nom­ brado en otros concursos, si alguno de estos se encontrara en fase de liquidación, se indicará la fecha de la resolución de apertura de esa fase y, en el caso de que haya transcurrido más de un año

La conclusión del concurso

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desde la misma, las razones por las cuales el concurso no se en­ cuentra concluido.

– Y el ideal de duración del concurso para el legislador lo situa el legislador en 12 meses pues según el artículo 508 bis la dura­ ción del concurso no podrá ser superior a 12 meses (sin incluir la sección sexta) pudiendo no obstante el juez ampliar dicho plazo y el máximo parece estar en 16 meses, pues la nueva regla 4ª del art. 86.1 (regla de la eficiencia) dispone que, si el retraso consistie­ ra en exceder en más de la mitad del plazo legal que la adminis­ tración concursal deba observar, o el procedimiento concursal se dilatara en más de dieciséis meses desde la fecha de declaración del concurso, el juez deberá reducir la retribución (es decir, obli­ gatoriamente y no potestativamente). Salvo que el administrador concursal demuestre que el retraso no le resulta imputable, que existan circunstancias objetivas que justifiquen ese retraso o que la conducta del administrador hubiese sido diligente en el cumpli­ miento de las demás funciones.

Estos 12 meses (o incluso 16 meses) de duración total cua­ dran mal con las estadísticas antes reflejadas (44’6 meses según CGPJ o 90 meses según el Colegio de Registradores); y es que no basta un mero deseo plasmado legislativamente para que la tozuda realidad cambie. Ciertamente, jueces, letrados de la admi­ nistración de justicia, funcionarios y administradores concursales (particularmente a estos últimos ha enfocado el legislador) tendrán su responsabilidad en una tardía respuesta a la terminación del proceso concursal, pero mientras los juzgados estén saturados de procedimientos no se podrán dar una respuesta mas rápida.

Por lo demás, no por imponer un escaso plazo para liquidar los bienes, estos se van a poder vender pronto. Claro que en muchas ocasiones es imputable a la administración concursal que no se finalice el concurso, no es extraño el concurso con todo vendido (o todo lo que se puede vender con provecho) y que el administrador se dedique a presentar los informes trimestrales que son copias unos de otros en los cuales dice estar desarrollando las operacio­ nes de liquidación sin determinar cuáles. Para cortar esta práctica es reseñable el nuevo apartado 3 del artículo 424: “El informe tri­ mestral que se presente transcurrido un año desde la apertura de

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Luis Shaw

la fase de liquidación de la masa activa, deberá contener como anejo un plan detallado, meramente informativo, del modo y tiempo de liquidación de aquellos bienes y derechos de la masa activa que todavía no hubieran sido realizados por la administración con­ cursal. En los siguientes informes trimestrales, la administración concursal detallará los actos realizados para el cumplimento de ese plan o las razones que hubieran impedido ese cumplimiento”.

Igualmente al juzgado se puede achacar estos retrasos en la terminación del concurso, fundamentalmente se ha visto en las autorizaciones para la venta de bienes, donde la solicitud del ad­ ministrador duerme el sueño de los justos en cualquier cajón del juzgado (ya en cualquier archivo informático) retrasándose meses la resolución sobre la autorización. Por ello, es también de aplaudir lo dispuesto en el citado artículo 415.2 TRLC al establecer que el juez no podrá exigir la previa autorización judicial para la reali­ zación de los bienes y derechos (este artículo está referido a las reglas de liquidación).

Pero en cualquier caso, los tiempos reales de tramitación de un concurso superan en mucho lo impuesto por el legislador. Aunque el juzgado funcione perfectamente, los incidentes concursales y sus correspondientes recursos tienen una duración mucho mas larga de esos 12 meses; y como indicaba, a veces no es tan fácil vender los bienes, no por la desidia de los intervinientes, sino por la propia lógica del mercado.

2. CAUSAS DE CONCLUSIÓN DEL CONCURSO La conclusión del concurso está regulada en el Título XI del Libro I del Texto Refundido, denominado “De la conclusión y de la reapertura del concurso” (artículos 465 a 507). Está dividido en diversos capítulos: – El primero de ellos denominado “De la conclusión del con­ curso”; contiene las diferentes causas de conclusión el ré­ gimen procesal para encauzar tal conclusión, así como la rendición de cuentas que deba presentar el administrador concursal.

– El segundo se titula tras la reforma “De la exoneración del pasivo insatisfecho” a diferencia de anteriormente que era del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. La razón de la eliminación del término “beneficio” se encuentra en la Exposición de Motivos de la reforma efectuada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre: la decisión de convertir el beneficio de la exoneración de las deudas, cuando con­ curran determinadas circunstancias, en un derecho de la persona natural deudora. No obstante, en alguna ocasión el legislador ha olvidado que ya no es un beneficio y lo si­ gue llamando así como en el art. 491 (“…en tanto no haya obtenido él mismo el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho”).

– El tercer y último capítulo está dedicado a la reapertura del concurso.

Junto a ello tenemos que ver la conclusión del concurso con re­ lación a las microempresas que aparece regulado en el capítulo V, Título III del Libro III. Curiosamente este Título III está dedicado al procedimiento de liquidación y, sin embargo, el art. 720 que junto con el 719 son los únicos que consta este capítulo) recoge causas de conclusión ajenas a la liquidación (como son el cumplimiento del plan de liquidación.

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Luis Shaw

2.1. Causas de conclusión Las causas de conclusión se regulan en el artículo 465 TRLC que dice que la conclusión del concurso con el archivo de las ac­ tuaciones procederá en los siguientes casos: 1.º Cuando alcance firmeza el auto de la Audiencia Provincial que, estimando la apelación, revoque el auto de declaración de concurso.

2.º Cuando de la lista definitiva de acreedores resulte la existen­ cia de un único acreedor.

3.º Cuando, terminada la fase común del concurso, alcance fir­ meza la resolución que acepte el desistimiento o la renuncia de los acreedores reconocidos, a menos que tras el desisti­ miento o renuncia resulte la existencia de un único acreedor en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el ordinal anterior.

4.º Cuando, dictado auto de cumplimiento del convenio, trans­ curra el plazo de caducidad de las acciones de declaración de incumplimiento o, en su caso, sean rechazadas por reso­ lución judicial firme las que se hubieren ejercitado.

5.º Cuando, en cualquier estado del procedimiento, se com­ pruebe el pago o la consignación de la totalidad de los cré­ ditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio.

6.º Cuando se hayan liquidado los bienes y derechos de la ma­ sa activa y aplicado lo obtenido en la liquidación a la satis­ facción de los créditos.

7.º Cuando, en cualquier estado del procedimiento, se com­ pruebe la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa, y concurran las demás condiciones establecidas en esta ley.

8.º Cuando, en los casos admitidos por la ley, la sociedad de­ clarada en concurso se hubiera fusionado con otra u otras o hubiera sido absorbida por otra, se hubiera escindido to­ talmente o hubiera cedido globalmente el activo y el pasivo que tuviere.

La conclusión del concurso

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Aun cuando no sustanciales si aparecen tras la reforma de 2022 algunas diferencias con relación a la anterior regulación. Cambia el orden que estaba anteriormente establecido (lo que era la cir­ cunstancias 7ª ahora está la 3ª), se establece como causa de con­ clusión cuando tras la renuncia o desistimiento de los acreedores sólo quede uno (lo cual por otro lado entiendo que no es necesa­ rio recogerlo expresamente pues ya se deriva de la causa 2ª); y fundamentalmente aparece una nueva causa, la última, para los supuestos de fusión, escisión o absorción.

Con relación a los concursos de microempresas, las causas de conclusión son diferentes en parte. El artículo 720 TRLC recoge: 1. La conclusión del procedimiento especial con el archivo de las actuaciones procederá: 1.º Cuando se considere cumplido el plan de continuación de acuerdo con este libro. Contra el auto de conclusión del pro­ cedimiento especial podrá interponerse recurso de reposi­ ción por los acreedores que consideren incumplido el plan.

2.º Una vez liquidados los bienes y derechos de la masa activa, aplicado lo obtenido en la liquidación a la satisfacción de los créditos, y presentado el informe regulado en el artículo anterior sin que se hubiese formulado oposición dentro de plazo, o, habiéndose formulado, el juez hubiera resuelto des­ favorablemente.

3.º Cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa pa­ ra satisfacer créditos contra la masa.

4.º Cuando se compruebe el pago o consignación de la totali­ dad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio, o el desistimiento o la renuncia de la totalidad de los acreedores.

2. Por lógica, las causas de conclusión del concurso responden a tres circunstancias: – Inexistencia de masa pasiva por no existir acreedores ya se les haya pagado todo lo debido, ya hayan renunciado a su derecho.

– Inexistencia de masa activa pues si no hay nada, nada hay que repartir, ni con lo que continuar la empresa.

20

Luis Shaw

– Por cumplimiento de la finalidad del concurso a través del convenio.

Por otro lado, el concurso es pertinaz, y ni la muerte del con­ cursado persona física supone su conclusión, pues conforme al artículo 571 TRLC, la muerte o declaración de fallecimiento del concursado no será causa de conclusión del concurso, que con­ tinuará tramitándose como concurso de la herencia, correspon­ diendo a la administración concursal el ejercicio de las facultades patrimoniales de administración y disposición del caudal relicto.

De igual forma, la muerte del administrador social de la persona jurídica tampoco tendrá ninguna consecuencia, pues se procede­ rá al nombramiento de otro dado que de acuerdo con el art. 126 TRLC durante la tramitación del concurso, se mantendrán los órga­ nos de la persona jurídica concursada, sin perjuicio de los efectos que sobre el funcionamiento de cada uno de ellos produzca la intervención o la suspensión de las facultades de administración y disposición sobre los bienes y derechos de la masa activa.

Veamos detalladamente las diferentes causas de conclusión, dejando al margen las referentes a microempresas que se analiza­ rán en epígrafe aparte.