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monografías ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

MARTA FERNÁNDEZ CABRERA

CORRUPCIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA EL DELITO DE NEGOCIACIONES PROHIBIDAS

CORRUPCIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. EL DELITO DE NEGOCIACIONES PROHIBIDAS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

CORRUPCIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. EL DELITO DE NEGOCIACIONES PROHIBIDAS

MARTA FERNÁNDEZ CABRERA Profesora de Derecho penal Universidad de Málaga

Valencia, 2018

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En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© Marta Fernández Cabrera

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-776-3 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro procedimiento de quejas.

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A mis padres, a quienes debo todo.

A Omar, por su paciencia y amor incondicional.

Índice Nota previa ........................................................................................ 15 Prólogo .............................................................................................. 17

INTRODUCCIÓN 1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN........................................... 23 2. ENFOQUE METODOLÓGICO..................................................... 27 3. ESTRUCTURA............................................................................... 29

Capítulo 1 BIEN JURÍDICO Y LESIVIDAD DEL DELITO DE NEGOCIACIONES PROHIBIDAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 1.1. INTRODUCCIÓN.......................................................................... 33 1.2. EL BIEN JURÍDICO DESDE UN PUNTO DE VISTA EXTERNO A LA ADMINISTRACIÓN: LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO................................... 40 1.3. EL BIEN JURÍDICO DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESDE UN PUNTO DE VISTA INTERNO A ESTA........................................................................................... 46 1.3.1. Los deberes del cargo como bienes jurídicos........................ 46 1.3.1.1. Exposición de la teoría y crítica de la doctrina tradicional................................................................. 46 1.3.1.2. Crítica personal a los deberes del cargo como bienes jurídicos.......................................................... 49 1.3.2. La función pública como bien jurídico común a todas las figuras del Título XIX.......................................................... 55 1.3.2.1. Estructuras de imputación asociadas a la protección del bien jurídico “función pública”................ 65 A) Recurso al pensamiento de la acumulación....... 65 B) Recurso a la teoría de los bienes jurídicos intermedios.............................................................. 70 1.3.2.2. Crítica al bien jurídico “función pública”.............. 73 1.3.3. Los principios que garantizan el funcionamiento de la Administración pública como bienes jurídicos.............................. 75

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1.4. EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD COMO BIEN JURÍDICO PROTEGIDO DEL DELITO DE NEGOCIACIONES PROHIBIDAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y LA LESIVIDAD DE LOS ATAQUES CONTRA ESTE.................................................... 77 1.4.1. La distinción de la imparcialidad de otros conceptos similares........................................................................................ 80 1.4.1.1. Concepto de neutralidad....................................... 80 1.4.1.2. Concepto de objetividad....................................... 82 1.4.2. La imparcialidad del funcionario como garantía procedimental de satisfacción de los intereses generales................... 86 1.4.3. El principio de imparcialidad como objeto lesionable.......... 93 1.4.3.1. Actos administrativos que pueden lesionar el bien jurídico................................................................. 95 1.4.3.2. Reconocer la parcialidad en un acto administrativo y distinguir la lesión del peligro............................. 100 1.5. LA CONDUCTA DE NEGOCIACIONES PROHIBIDAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS COMO DELITO DE LESIÓN........ 105

Capítulo 2 LA CONDUCTA DE NEGOCIACIONES PROHIBIDAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE LA INTERVENCIÓN MÍNIMA 2.1. INTRODUCCIÓN.......................................................................... 109 2.2. EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA A LUZ DEL PRINCIPIO DE FRAGMENTARIEDAD............................................................................................... 114 2.3. LA MODALIDAD DE ATAQUE DE NEGOCIACIONES PROHIBIDAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE FRAGMENTARIEDAD........................................ 122 2.3.1. Ataques que constituyen un mayor desvalor de acción......... 124 2.3.1.1. El dolo como elemento subjetivo........................... 124 2.3.1.2 La modalidad de ataque consistente en infringir el deber de abstención a través de una conducta activa.......................................................................... 127 2.3.1.3. Los motivos-causas de abstención más relevantes. 132 A) Tener un interés personal en el asunto.............. 134 B) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo........................................... 136

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2.3.1.4. La infracción del deber de abstención y su comparación con otras modalidades de ataque al bien jurídico................................................................. 140 2.3.2. Ataques que constituyen un mayor desvalor de resultado: las negociaciones prohibidas como delito de lesión................... 143 2.3.3. Conclusión........................................................................... 145 2.4. LA CONDUCTA DE NEGOCIACIONES PROHIBIDAS A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD O ULTIMA RATIO....... 146 2.4.1. Análisis del nivel externo de la subsidiariedad: eficacia de las medidas no penales.............................................................. 155 2.4.1.1. Medidas preventivas genéricas del Derecho administrativo............................................................... 159 A) El régimen de incompatibilidades..................... 159 B) La abstención y recusación............................... 163 2.4.1.2. Medidas preventivas específicas del ámbito de la contratación pública............................................. 168 2.4.1.3. Conclusión sobre las medidas administrativas puramente preventivas.............................................. 176 2.4.1.4. Medidas sancionadoras previstas en el Derecho administrativo........................................................... 178 A) Autoridad pública con carácter de alto cargo... 179 B) Autoridad pública sin carácter de alto cargo.... 184 C) Empleado público: el Derecho disciplinario...... 185 2.4.1.5. Conclusiones......................................................... 191 2.4.2. Análisis del nivel interno de la subsidiariedad; eficacia del Derecho penal...................................................................... 192 2.4.2.1. Análisis sobre la idoneidad del Derecho penal....... 192 2.4.2.2. Nivel e intensidad de la violencia punitiva necesaria......................................................................... 197

Capítulo 3 EL TIPO OBJETIVO Y SUBJETIVO DEL DELITO DE NEGOCIACIONES PROHIBIDAS DEL ARTÍCULO 439 DEL CÓDIGO PENAL 3.1. INTRODUCCIÓN.......................................................................... 203 3.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA............................................................ 204 3.3. TIPO OBJETIVO............................................................................ 218 3.3.1. Sujeto activo........................................................................ 218 3.3.1.1. Sujeto que interviene efectivamente en el asunto administrativo....................................................... 219 3.3.1.2. Sujeto que interviene oficialmente......................... 221 3.3.1.3. Sujeto que realiza una intervención relevante........ 227

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A) Sujeto que emite un informe............................. 231 B) Sujeto que decide.............................................. 238 3.3.2. La conducta típica............................................................... 242 3.3.2.1. Intervenir oficialmente en un asunto con la intención de procurarse una participación.................... 242 3.3.2.2. La infracción del deber de abstención como modalidad típica de ataque contra el bien jurídico......... 250 3.3.2.3. Problemas de interpretar “para forzar o facilitarse cualquier forma de participación” como conducta típica y no como elemento subjetivo de lo injusto. 259 3.3.2.4. El interés (participación) se deriva del propio asunto en el que interviene........................................... 265 3.3.2.5. El ámbito de intervención..................................... 269 3.3.4. El resultado típico................................................................ 272 3.4. TIPO SUBJETIVO........................................................................... 274 3.4.1. El dolo................................................................................. 274 3.4.2. El elemento subjetivo de lo injusto....................................... 276 3.4.2.1. Elementos subjetivos de lo injusto identificados por la doctrina y por la jurisprudencia.................. 276 3.4.2.2. Forzar o facilitarse una participación como elemento subjetivo de lo injusto................................ 282 3.4.2.3. El tipo de participación: “directa o por persona interpuesta”............................................................. 287 3.4.3. La prueba de la existencia del dolo...................................... 292 3.5. CONCLUSIONES.......................................................................... 295

Capítulo 4 PROBLEMAS CONCURSALES DEL DELITO DE NEGOCIACIONES PROHIBIDAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 4.1. INTRODUCCIÓN.......................................................................... 299 4.2. CONCURSO CON EL DELITO DE FRAUDES ILEGALES DEL ARTÍCULO 436 DEL CÓDIGO PENAL........................................ 303 4.3. CONCURSO CON EL DELITO DE MALVERSACIÓN DEL ARTÍCULO 432 DEL CÓDIGO PENAL............................................. 312 4.4. CONCURSO CON EL DELITO DE PREVARICACIÓN DEL ARTÍCULO 404 DEL CÓDIGO PENAL............................................. 321 4.4.1. El delito de prevaricación..................................................... 322 4.4.1.1. Características básicas del delito de prevaricación. 322 4.4.1.2. La injusticia o la arbitrariedad de la resolución..... 325 A) Criterios de injusticia o arbitrariedad identificados por la jurisprudencia tradicional............. 328

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B) Criterios de injusticia o arbitrariedad identificados por la jurisprudencia más reciente.......... 335 4.4.2. Ámbito de concurrencia del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y del delito de prevaricación ......................................................................................343 4.4.3. Delimitación de ambos tipos penales en la práctica.............. 346 4.4.3.1. Conducta consistente en emitir una resolución...... 346 4.4.3.2. Conducta consistente en emitir un informe o un voto...................................................................... 350 4.5. CONCURSO CON EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS DEL ARTÍCULOS 428 DEL CÓDIGO PENAL.............................. 353 4.6. CONCURSO CON LOS DELITOS DE COHECHO PASIVO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 419 Y 420 DEL CÓDIGO PENAL.. 356

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................ 359

Nota previa La presente obra es fruto principalmente de mi tesis doctoral, que fue defendida el 26 de mayo de 2017 en el Aula judicial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Durante los cinco años que ha durado su elaboración ha habido personas que han contribuido especialmente a que aquél día pudiera celebrarse y que el trabajo realizado se haya materializado en la presente monografía. Por ello, no puedo dejar pasar la oportunidad de dedicarles unas palabras.

Quisiera que mis primeras muestras de agradecimiento fueran para los miembros del tribunal evaluador de la tesis a la que consideraron merecedora de la máxima calificación. La brillante discusión que tuvo lugar como consecuencia de sus intervenciones ha contribuido a que recuerde aquel día con una enorme satisfacción. Al profesor Diego Manuel Luzón Peña y al profesor Walter Perron quiero darles las gracias por las observaciones que hicieron durante la defensa, las cuales han sido tenidas en cuenta para la versión final de la monografía. Al profesor Perron, además, le valoro el esfuerzo adicional que supuso hacerlo en español. De manera especial me gustaría reconocer la labor llevada a cabo por la profesora Ana María Prieto del Pino, miembro del tribunal y amiga. A ella le agradezco la lectura tan profunda y minuciosa de la investigación. Me complace especialmente que haya sido capaz de percibir el esfuerzo realizado y la existencia de un planteamiento dogmático coherente, a pesar de la existencia de puntos de desencuentro.

Gracias también a mis directores por haber aceptado la tarea de guiarme por este arduo camino de la academia. A José Luis Díez Ripollés, por ser un referente con su capacidad de trabajo y enseñarme la importancia de la Política criminal y de la Criminología para ofrecer soluciones realistas a los problemas del Derecho penal actual. Sin duda, esta visión se refleja a lo largo de todo el trabajo. A Octavio García Pérez, por apostar por mi desde que era alumna de Licenciatura y por la recomendación del tema. A pesar de las dificultades que planteaba y las escasas referencias bibliográficas con las que contaba, con sus profundos conocimientos dogmáticos y su visión de la realidad social consiguió orientarme hacia las conclusiones alcanzadas.

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Marta Fernández Cabrera

Extiendo también estas palabras al resto de compañeros del área de Derecho penal de la Universidad de Málaga, por su ánimo y sus consejos durante todo el doctorado.

Sin duda, este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de mis seres más queridos. Ellos son a quienes más debo. A mi familia y a mis amigos, que han aguantado mis largas ausencias y mi difícil carácter en algunos momentos; a todos los que han hecho que mis estancias de investigación en Friburgo, Buenos Aires y California hayan sido experiencias increíbles; a Carmen, por vivir mis sufrimientos y mis éxitos como propios; a Alejandra por ser mi pilar y mi techo; a Omar, por su paciencia y por su amor incondicional durante todos estos años. Y finalmente, a mis padres, José Manuel y Cecilia o, mejor dicho, a la Fundación Fernández Cabrera por su apoyo tanto moral como económico, sin ellos no hubiera aguantado la dura tarea de llevar a cabo un trabajo como este en condiciones laborales tan adversas.

Prólogo Esta obra es una versión revisada de la tesis doctoral que sobre El delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos defendió Marta Fernández Cabrera en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga y que tuve el honor, junto a José Luis Díez Ripollés, de dirigir. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a los miembros de la comisión, Diego-Manuel Luzón Peña, Walter Perron y Ana María Prieto del Pino, como a los que emitieron los informes, Augusto Silva Dias y Luigi Foffani, sus valiosas reflexiones y sugerencias que la autora ha tomado en consideración en el libro que ahora ve la luz.

Marta Fernández Cabrera es una persona que, pese a su juventud, posee una sólida formación no sólo en cuestiones dogmáticas sino también en la vinculadas a la Política Criminal y la Criminología gracias a los estudios de posgrado que realizó al terminar su licenciatura.

Esto es uno de los aspectos que ya la mera lectura del índice del libro pone de relieve. En efecto, la autora combina con gran maestría el análisis de la realidad social con el estudio dogmático y político-criminal de la figura de las negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

El primer capítulo de su obra lo dedica a la identificación del bien jurídico protegido, descartando formulaciones genéricas como la función pública o el correcto funcionamiento de esta. Y ello porque los bienes jurídicos deben tener la suficiente concreción como para poder determinar tanto su lesión como su puesta en peligro. Al haberse definido algunos objetos de tutela de forma muy genérica, la doctrina se ha visto obligada a realizar nuevas construcciones para superar los problemas que semejantes concepciones han traído consigo (pensamiento de la acumulación, teoría de los bienes jurídicos intermedios, la configuración de los tipos relativos a bienes jurídicos colectivos como de peligro, etc.). La autora entiende, a mi juicio, con razón, que no es posible elegir el nivel de abstracción con el que se va a identificar el objeto de tutela. Solo se pueden erigir en bienes jurídicos aquellos aspectos de la realidad social que tengan la suficiente concreción y para

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Octavio García Pérez

ello es preciso que se pueda determinar tanto su lesión como su puesta en peligro. Desde estas consideraciones entiende que el objeto de tutela es la imparcialidad como concreción del principio constitucional de objetividad. Estamos ante un bien jurídico colectivo cuya afección repercute tanto en el principio de igualdad como en la eficiencia económica. A su juicio, a diferencia de lo que ha dicho la jurisprudencia, el comportamiento recogido en el art. 439 del Código penal plasma la lesión del bien jurídico y no meramente su puesta en peligro, pues hace falta que el interviniente haya emitido un informe, resolución o voto. Esta última conclusión puede suscitar alguna duda, pues cabría sustentar que el precepto, tal como está redactado, también permite una interpretación en la que el tipo se consumaría cuando el interviniente, en lugar de abstenerse como debería, asume la realización del informe, la competencia para resolver el asunto o participa en las deliberaciones que conducirán a la emisión de un voto, es decir, inicia su participación en el procedimiento. Desde esta perspectiva, estaríamos en presencia de comportamientos que pondrían en peligro el bien jurídico.

A diferencia de lo que suele ser habitual, en el segundo capítulo no nos encontramos con el análisis dogmático del tipo del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, sino que la autora, teniendo presentes los efectos que sobre la realidad social tiene los ataques al mismo, se plantea si la protección penal de este bien resulta acorde con los mandatos del principio de intervención mínima. A mi entender, frente a lo que opina un sector de la doctrina, le asiste la razón a la autora cuando señala que tanto por la relevancia del bien jurídico como por la intensidad de los ataques abarcados por el tipo penal estamos antes casos que revisten la suficiente gravedad como para justificar la intervención penal. Sin embargo, no se quedan aquí sus reflexiones sino que, además, identifica, centrándose en las diversas causas de abstención previstas para los funcionarios, los comportamientos que, por su intensidad, legitimarían la intervención del Derecho penal, fijando el mínimo y el máximo de su campo de actuación. A continuación, desde la perspectiva del principio de subsidiariedad, se plantea si las medidas propias del Derecho administrativo, tanto preventivas como sancionadoras, no harían innecesario el recurso al Derecho penal. De forma sumamente convincente Marta Fernández señala que esto no es así. Es verdad que se puede

Prólogo

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avanzar bastante con la mejora de las medidas de prevención de estos comportamientos, pero concluye, a la vista de la experiencia en otros países, que esto no bastaría. A la misma conclusión llega tras el análisis del Derecho administrativo sancionatorio, donde detecta que la regulación legal adolece de bastantes problemas tanto para las autoridades como para los empleados públicos. Y si bien es verdad que estas deficiencias se podrían subsanar, el principal problema es que la efectividad de este sistema de control es muy baja, ya sea porque los órganos encargados de aplicar las sanciones no son realmente independientes e imparciales, ya sea por las dificultades de que un expediente disciplinario llegue a buen término. Por ello no cabe sostener que las medidas preventivas y sancionadoras del Derecho administrativo serían suficientes para combatir los ataques más relevantes a la imparcialidad.

En el tercer capítulo, tras realizar un análisis de la evolución histórica del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos que resulta de gran utilidad para comprender la actual regulación de esta figura, efectúa el estudio dogmático del tipo del art. 439 a partir de la casuística que llega a los tribunales. Es de destacar el exhaustivo estudio sobre el sujeto activo cuya identificación se realiza a partir de los actos que se pueden llevar a cabo en el procedimiento administrativo y su tipología, adoptando siempre una perspectiva material en línea con lo que ha hecho la jurisprudencia más reciente. Aclarado lo anterior, la autora frente a lo sostenido por un sector de la doctrina, se inclina por considerar que la conducta típica no exige la obtención del beneficio perseguido. Por tanto, considera que el tipo únicamente requiere que el sujeto activo actúe en el procedimiento con la intención de procurarse una participación. De este modo, a su juicio, el tipo se consuma con una intervención interesada por medio de la emisión de un voto, un informe o una resolución. Configurado así el comportamiento típico, la autora entiende que ello supone que el tipo penal gira en torno a la infracción del deber de abstención de los funcionarios públicos prevista en el artículo 23.2 a) de la LRJSP y en otras leyes administrativas. No obstante, el art. 439 solo contempla la causa prevista en el art. 23.2.a): “Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado”. Para la autora sería nece-

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Octavio García Pérez

sario incluir en el art. 439 también la causa de abstención prevista en el apartado b de dicho precepto, castigándose así los supuestos en los que se actúa con la intención de procurar un interés al “cónyuge o persona unida a él por relación análoga de afectividad o pariente por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo”.

Además, propone que sería mejor sustituir la referencia en el tipo del art. 439 a “forzarse o facilitarse una participación en el negocio o actuación” por la de “con la intención de procurarse un interés”.

Finalmente propugna que en lugar de aludir a “contrato, asunto, operación o actividad” o “negocios” sería mejor mencionar tan solo el término asunto administrativo que abarcaría toda la actividad de la Administración Pública.

Todo lo dicho hasta ahora no serviría para justificar la existencia del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, pues todavía habría que verificar si su contenido de desvalor no está ya recogido en otras figuras delictivas (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, etc.). Al análisis de esta cuestión se dedica el último capítulo de este trabajo. A diferencia de la tesis doctrinal y jurisprudencial mayoritaria, Marta Fernández llega a la conclusión, a mi modo de ver de forma convincente, de que el concurso de leyes entre prevaricación y negociaciones prohibidas se debe resolver en favor de la aplicación de estas últimas. En el caso del tráfico de influencias y el cohecho la autora entiende que estamos antes figuras que tienen un contenido de injusto diverso al de las negociaciones prohibidas, lo cual no impide que en ocasiones puedan concurrir estas últimas en cuyo caso habría que apreciar un concurso de delitos que según la situación podría ser real o medial.

En definitiva, como se puede ver, no estamos ante un mero trabajo descriptivo tan al uso, sino que Marta Fernández Cabrera no solo plantea los problemas que suscita una figura como las negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, sino que siempre ofrece al lector una solución bien fundada y convincente. Nos encontramos ante una universitaria que en unas condiciones que no han sido las más idóneas debido a la terrible crisis económica que hemos sufrido ha sabido sobreponerse a las dificultades y sacar adelante una obra que realiza una considerable aportación al conocimiento de esta figura.