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monografías ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

ANA FERNÁNDEZ-CORONADO SALVADOR PÉREZ ÁLVAREZ

NUEVAS CLAVES JURÍDICAS DE LA ASISTENCIA RELIGIOSA EN ESPAÑA

NUEVAS CLAVES JURÍDICAS DE LA ASISTENCIA RELIGIOSA EN ESPAÑA

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

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NUEVAS CLAVES JURÍDICAS DE LA ASISTENCIA RELIGIOSA EN ESPAÑA

ANA FERNÁNDEZ-CORONADO SALVADOR PÉREZ ÁLVAREZ

Valencia, 2018

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En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Esta obra que ha sido realizada en el marco del Proyecto de Investigación del Plan Nacional de I+D “Integra2. Claves jurídicas: derecho a la educación, diversidad religiosa y cohesión social”. Referencia: DER2015-63640-P.

© Ana Fernández-Coronado Salvador Pérez Álvarez

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-362-8 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro procedimiento de quejas.

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Índice

NOTA DE LOS AUTORES....................................................................... 9

1. LA DIVERSIDAD RELIGIOSA Y CULTURAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA..................................................... 13

2. PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA ASISTENCIA RELIGIOSA. 17 2.1. El personalismo.......................................................................... 18 2.2. La libertad de conciencia............................................................ 19 2.3. La igualdad en la libertad (justicia)............................................. 21 2.4. El pluralismo.............................................................................. 23 2.5. La laicidad del Estado................................................................. 26 2.6. La cooperación como elemento integrante de la laicidad postiva estatal......................................................................................... 27 2.7. Participación............................................................................... 31 3. EL DERECHO DE ASISTENCIA RELIGIOSA................................... 33 3.1. Concepto y fundamento constitucional....................................... 33 3.2. Modelos de asistencia religiosa................................................... 36 3.2.1. Modelo de integración orgánica...................................... 36 3.2.2. Modelo de relación contractual....................................... 37 3.2.3. Modelo de libre acceso.................................................... 37 3.2.4. Modelo de libertad de salida........................................... 38 3.3. Dependencias para llevar a cabo la asistencia religiosa............... 38 3.4. Prestaciones asistenciales............................................................ 41 4. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ASISTENCIA RELIGIOSA EN INSTI­ TUCIONES PÚBLICAS...................................................................... 45 4.1. Asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas................................ 45 4.2. Asistencia religiosa en Centros Penitenciarios............................. 52 4.3. Asistencia religiosa en Instituciones adscritas al Sistema Nacional de Salud................................................................................ 59 4.4. Asistencia religiosa en Centros de Acogida de Menores.............. 68 4.5. Asistencia religiosa en Centros de Acogida a Refugiados............ 77

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Índice

4.6. Asistencia religiosa en Centros de Internamiento de Extranjeros. 81 4.7. Asistencia religiosa en Centros Pertenecientes a la Red de Servicios para el Sistema para Autonomía y Atención a la Dependencia............................................................................................... 90 4.8. Asistencia religiosa en Centros de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género................................................. 100

BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 109 JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL................... 111 LEGISLACIÓN......................................................................................... 113

NOTA DE LOS AUTORES Históricamente, el derecho a recibir asistencia espiritual se reconocía sólo a los creyentes católicos internados en instituciones públicas tales como centros hospitalarios y penitenciarios o que, voluntaria u obligatoriamente, prestaban sus servicios con carácter temporal o permanente en las Fuerzas Armadas. Todos ellos tenían a su disposición un servicio público de asistencia espiritual que era sostenido por el Estado como consecuencia del principio de confesionalidad imperante en la historia del constitucionalismo español. La entrada en vigor de la Constitución española de 1978 supuso un profundo proceso de renovación del ordenamiento jurídico para acomodarlo a nueva configuración de España como Estado Social y Democrático del Derecho. La incorporación de las libertades públicas al Texto constitucional y, entre ellas, la libertad ideológica como derecho fundamental en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos en sus arts. 14 y 16. La irrupción con fuerza de esta libertad entre ciertas elites urbanas modernas y la industrialización de determinadas zonas rurales ha dado lugar a un importante proceso de secularización. Se trata de una profunda transformación de la “religiosidad” de los españoles, que arraiga especialmente en las nuevas generaciones y que constituye una de las principales dimensiones de los cambios culturales en que se encuentra inmersa la sociedad española en el siglo XXI. Paralelamente y en poco más de una década, España ha pasado de ser un país de emigrantes y de tránsito migratorio, a ser un país de inmigración. Con ésta pluralidad migratoria aparece una diversidad cultural y religiosa, donde la integración de la población extranjera constituye uno de los pilares básicos de actuación de los poderes públicos en materia migratoria. El reconocimiento de la interculturalidad como un elemento estructural y, al mismo tiempo, trasformador de la sociedad receptora, implica la generación de actitudes y comportamientos basados en la empatía, en el respeto y en la compresión mutua. Por ello se hacen necesarias una serie de medidas enfocadas a potenciar la cohesión social, a partir de iniciativas basadas en la igualdad de derechos, entre los que se encuentra el derecho de los fieles de las confesiones religiosas a recibir asistencia espiritual, al formar

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Ana Fernández-Coronado y Salvador Pérez Álvarez

parte ese derecho del contenido esencial de la libertad de conciencia conforme a lo dispuesto en la Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio de libertad religiosa.

El pleno disfrute de este derecho por la persona individual requiere, necesariamente, el cumplimiento de una actividad promocional de signo positivo por parte de los poderes públicos, consistente en la adopción de todas las medidas que sean necesarias para que tenga lugar la prestación de servicios asistenciales a todos los creyentes que se encuentran internados en establecimientos y dependencias públicas. El cumplimiento de este mandato por el Estado es una exigencia derivada de la cooperación estatal con las comunidades religiosas que forma parte del sistema de laicidad instaurado por la Constitución española y que se concreta en un modelo de laicidad activa o positiva en función de los derechos individuales.

La laicidad positiva como garantía institucional posee una vertiente subjetiva que consiste, precisamente, en la actitud que deben mantener los poderes públicos ante los derechos y las libertades individuales en juego y se concreta en el mandato de cooperar con las comunidades ideológicas y religiosas hasta donde sea necesario para garantizar y promover la igual libertad de conciencia de los ciudadanos.

De este modo, el objeto primordial de la cooperación como elemento integrante de la laicidad positiva estatal es garantizar el pleno disfrute de los derechos y libertades de los ciudadanos. En consecuencia, esta cooperación constitucionalmente obligada, es una cooperación asistencial, es decir, es necesaria para la plena realización de estos derechos. Aquí encuentra su fundamento la asistencia espiritual en centros públicos de internamiento.

Este es el punto de partida de la presente obra donde los autores han abordado el estudio en profundidad de las nuevas claves jurídicas del derecho a recibir asistencia espiritual en centros e instituciones públicas. Y decimos nuevas porque, precisamente, la principal novedad que ofrece este trabajo frente a los que se han publicado hasta nuestros días consiste en aportar un análisis exhaustivo de todas las normas, tanto unilaterales como acordadas, estatales y autonómicas que informan el pleno disfrute de este derecho, no sólo en las Fuerzas Armadas y en las instituciones sanitarias y penitenciarias que son los que se estudian tradicionalmente en relación con esta materia. Los

Nota de los autores

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autores aportan además las claves jurídicas que deben ser tenidas en cuenta por las Administraciones Públicas competentes para garantizar el pleno disfrute de este derecho en Centros de Acogidas de Menores, Centros de Acogida a Refugiados, Centros de Internamiento de Extranjeros, Centros Pertenecientes a la Red de Servicios para el Sistema para Autonomía y Atención a la Dependencia y Centros de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género. De ahí el valor añadido de este trabajo que define el marco constitucional y legal de referencia para los operadores públicos del ejercicio efectivo de esta manifestación de la libertad de conciencia en todas y cada una de estas instituciones.

Ana Fernández-Coronado Catedrática de Derecho eclesiástico del Estado. UCM

Salvador Pérez Álvarez Profesor Titular de Derecho eclesiástico del Estado. UNED

1. LA DIVERSIDAD RELIGIOSA Y CULTURAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA La entrada en vigor de la Constitución española de 29 de diciembre de 19781 supuso un profundo proceso de renovación del ordenamiento jurídico para acomodarlo a nueva configuración de España como Estado Social y Democrático del Derecho2. La incorporación de las libertades públicas al Texto constitucional y, entre ellas, la libertad ideológica como derecho fundamental en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos en sus arts. 14 y 16.1, dio lugar a la quiebra de la profesión de la fe católica como imperativo ético imperante en la sociedad española, como consecuencia del modelo de confesionalidad vigente en la historia del constitucionalismo español3. Como afirman FERNÁNDEZ-CORONADO y SUÁREZ PERTIERRA, “la formulación de estas libertades de convicción supone una novedad ciertamente importante en el ámbito socio-jurídico, pues constituye… un empuje definitivo para la secularización de la sociedad”4. La irrupción con fuerza de esta libertad entre ciertas elites urbanas modernas y la industrialización de determinadas zonas rurales provoca un tímido y débil proceso de secularización basado en un sentimiento de indi

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BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.

JM. CONTRERAS MAZARÍO, “El pluralismo religioso y los derechos de las minorías religiosas en España”, En BANDUE, núm. IV, 2010, p. 75.

Es lo que entonces se atinó a denominar nacional-catolicismo: una sociedad enfocada obsesivamente hacia la memoria religiosa de su pasado, un Estado confesional que se presentaba como la máxima garantía militar de la unidad católica del país, una esfera pública impregnada de símbolos sacos, unas elites religiosas que jugaban un papel decisivo en el control de la reproducción cultural, un régimen político, en fin, cuyo proyecto originario era mantener a la nación al margen de las fuerzas de la modernidad en lo que se ha denominado “catolización integral de la sociedad” o de “resacralización absoluta de la vida social””. Cfr. M. REQUENA, “Religión y sociedad: la secularización de la sociedad española”.

En JJ. GONZÑALEZ – M. REQUENA (Eds.), Tres décadas de cambio social en España, 2º Ed., Madrid, 2008, p. 326.

Cfr. Identidad social, pluralismo religioso y laicidad del Estado. Documento de trabajo 2013/180, Fundación Alternativas, Madrid, 2013, p. 24.

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Ana Fernández-Coronado y Salvador Pérez Álvarez

ferentismo hacia la Iglesia y la religión católica y, en menor medida, en la práctica en público de aquellas religiones acatólicas5 que hasta entonces habían sido perseguidas durante el antiguo régimen. Consciente de este planteamiento, el legislador constitucional también había incorporado el principio del pluralismo como referente axiológico para todo el ordenamiento jurídico6, como presupuesto necesario para consolidar un modelo de Estado Democrático de Derecho respetuoso con todas las expresiones de religiosidad en el espacio público, siempre no sean contrarias al propio ordenamiento constitucional7.

La consolidación de este modelo ha provocado que haya disminuido la intensidad con la que la Iglesia católica venía desempeñando importantes funciones sociales en la esfera pública como mecanismo de control social de la conciencia nacional de la ciudadanía8.

Paralelamente, la incorporación en el sustrato constitucional de la igual libertad ideológica de todos los ciudadanos9, llevó consigo un nuevo y más profundo proceso secularización que ha afectado a los jóvenes y adolescentes de nuestros días, que se manifiestan indiferentes hace la fe católica y frente a cualquier forma de religiosidad en general. Se trata de una profunda transformación de la religiosidad de los españoles, que arraiga especialmente en las nuevas generaciones y que constituye una de las principales dimensiones de los cambios culturales en que se encuentra inmersa la sociedad española en el siglo XXI10. “La progresiva desvinculación de las nuevas generaciones con respecto de las propias raíces de la religión. Este hecho puede repercutir en estas representaciones colectivas culturales presentes hoy en España. En este sentido, parece que la tendencia de futuro puede ir

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6 7

8 9

10

A. PÉREZ-AGOTE, A., Cambio religioso en España: los avatares de la secularización, CIS, Madrid, 2012, pp. 144 ss.

A. FERNÁNDEZ-CORONADO – G. SUÁREZ PERTIERRA, ob. cit., p. 27.

T. PRIETO ÁLVAREZ, “Libertad religiosa, pluralismo y espacios públicos”. En I GUTÍERREZ – MA. PRESNO (Eds.) La inclusión de los otros: símbolos y espacios de la multiculturalita, Granada, 2012, p. 397.

A. PÉREZ-AGOTE, ob. cit., pp. 144 ss.

AM. VEGA GUTIÉRREZ, “La diversidad religiosa en España: una contextualización sociológica y jurídica”. En AM. VEGA GUTIÉRREZ (Coord.), La gestión de la diversidad religiosa en el sistema educativo español, Pamplona, 2014, p. 78.

M. REQUENA, ob. cit., pp. 329 ss.

Nuevas claves jurídicas de la asistencia religiosa en España

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hacia una exculturización, proceso por el cual la cultura va perdiendo las raíces religiosas”11. Los jóvenes y adolescentes de nacionalidad española de nuestros días cada vez tienen un menor sentido o conciencia de religiosidad, debido al abandono mayoritario de la práctica religiosa por sus padres12.

A su vez, la recepción de nacionales de otros países que profesan sus propios credos religiosos13 que ha tenido lugar en nuestro país hasta fechas recientes, ha favorecido el asentamiento y la consolidación en las estructuras sociales contemporáneas de otras creencias diferentes a la católica. Fenómeno que ha producido como consecuencia la existencia de una notoria diversidad cultural y religiosa en España14.

El paulatino crecimiento del movimiento migratorio ha provocado profundas transformaciones en la sociedad española contemporánea desde el punto de vista del pluralismo ideológico y cultural, lo que ha generado la necesidad de elaborar nuevos planteamientos por parte de la doctrina para formar a los futuros juristas, operadores jurídicos y miembros de las Administraciones Públicas para que puedan afrontar, con éxito, los retos que exige la gestión de esta realidad social de modo que se garanticen la plena libertad para poder disfrutar con plenitud sus ritos, prácticas y actividades relacionadas con las convicciones de las personas y de los grupos en que se integran y que conforman este pluralismo15.

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14 15

A. FERNÁNDEZ-CORONADO – G. SUÁREZ PERTIERRA, ob. cit., p. 36.

Ibídem, p. 31.

M. LEMA TOMÉ, Laicidad e integración de los inmigrantes, Madrid, 2007, pp.

28 ss.

A. FERNÁNDEZ-CORONADO – G. SUÁREZ PERTIERRA, ob. cit., p. 22.

R. SÁNCHEZ FERRIZ – C. ELÍAS MÉNDEZ, Nuevo reto para la escuela. Libertad religiosa y fenómeno migratorio, Valencia, 2002, p. 39.

2. PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA ASISTENCIA RELIGIOSA La asistencia espiritual en centros públicos de internamiento ha de responder, lógicamente, a los principios informadores del sistema jurídico donde se enmarca. Esta premisa obligatoria hace preciso realizar, siquiera brevemente, una referencia a estos principios.

La Constitución establece un modelo de Estado Laico que viene a ser el resultado de la aplicación de una serie de principios enunciados en ella. Estos principios tienen su fundamento en los valores superiores del ordenamiento jurídico expresados en el art. 1.1 CE: “España es un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia la igualdad y el pluralismo político”. A ellos habrá que añadir el personalismo (art. 10.1 CE), considerado como el fundamento de todos los demás, la participación (art. 9.2 CE) y la cooperación, que matiza la laicidad (art. 16.3 en relación al art. 9.2 CE)16. En consecuencia, serán principios informadores: el personalismo, la libertad de conciencia, la igualdad en la libertad (justicia), el pluralismo, la laicidad de Estado, la cooperación con las confesiones religiosas y las asociaciones ideológicas, y la participación.

Las funciones esenciales de los principios informadores son tres: 1) Producir la unidad del ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un sistema congruente y completo. 2) Ser punto de referencia obligada para las demás normas del sistema, que no podrán entrar en contradicción con ellos y deberán ser interpretadas y aplicadas en sintonía con los mismos. 3) Contribuir al dinamismo y al enriquecimiento permanente del ordenamiento jurídico, puesto que la realidad sociológi-

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La bibliografía sobre principios informadores de Derecho Eclesiástico es muy abundante y sobradamente conocida. Todas las guías ya elaboradas mencionan estos principios, coincidentes en lo esencial, con algunas matizaciones. Nosotros seguimos la clasificación realizada por D. LLAMAZARES. Derecho de Libertad de Conciencia I. Conciencia, tolerancia y laicidad. 4ª. Ed., Pamplona 2011, pp.

297 ss.

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Ana Fernández-Coronado y Salvador Pérez Álvarez

ca de cada momento irá obligando a descubrir nuevos contenidos de los mismos para dar respuesta a nuevos problemas17.

Estos principios no están jerarquizados jurídicamente, son independientes, pero existe entre ellos una cierta unión, en tanto que todos ellos son necesarios para la plena realización de los derechos fundamentales de los individuos y los grupos en los que se integran en materia de libertad de conciencia.

Los cuatro primeros son principios básicos, referidos a todo el ordenamiento jurídico. Los dos últimos, cooperación y participación, están referidos al Estado y son principios derivados. Tienen un valor de instrumentos estatales para la plena aplicación de los demás principios, mediante el mandato a los poderes públicos del art. 9.2 CE.

2.1. EL PERSONALISMO Aparece regulado en el art. 10.1 CE en los siguientes términos: “La dignidad de la persona humana, los derechos que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social”.

No es posible, entonces, separar la dignidad humana de la persona, pues la dignidad es la autoafirmación de la propia autonomía de la persona. Se produce, así, una especie de identificación entre dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad, en tanto que la propia dignidad equivale a la autodeterminación personal.

Para hacer posible esa dignidad, se reconocen, respetan, protegen y fomentan los derechos fundamentales que por esa razón son inseparables de la persona. En este sentido, como ha señalado el Tribunal Constitucional (TC), en esa dignidad humana tienen su fundamento lógico y ontológico todos los derechos fundamentales18.

Este personalismo del art. 10.1 CE, es lo que se ha llamado personalismo social19, pues contempla a la persona en sí misma y en su

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17 18

Ibídem, pp. 306-07.

STC 53/1985 de 11 de abril. F.J. 3.

L. PAREJO, “Constitución y valores del ordenamiento”. En VV. AA. Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, Madrid 1991, vol. I, pp. 110 ss.

Nuevas claves jurídicas de la asistencia religiosa en España

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relación con los demás, esto es, en una doble dimensión individual y social. Una de sus manifestaciones más relevantes es la de los derechos fundamentales contenidos en el art. 18 CE relativos al núcleo duro de la personalidad que no puede ser invadida por el Derecho. Son el honor, la propia imagen y la intimidad, que constituyen el fundamento último del Derecho de libertad de conciencia20. Constituyen la manifestación primaria de la identidad personal y su violación entraña siempre la degradación del aprecio y estima que cada uno tiene de sí mismo.

2.2. LA LIBERTAD DE CONCIENCIA LLAMAZARES define la conciencia como “la percepción de la propia esencia como persona, como radical libertad para sentirse uno mismo, para percibirse como distinto de los otros, como sujeto único al que han de referirse todos los cambios, las transformaciones y las acciones, dando así unidad a su propia historia”. Este autoconocimiento de la persona comienza con el descubrimiento de su identidad personal, que constituye el núcleo más íntimo de la persona. Es lo que la hace sentirse ella misma y la posibilita a actuar en consonancia con su esencia. La identidad personal es, entonces, el núcleo de la conciencia. Este autoconocimiento o descubrimiento de la propia identidad como ser humano único y diverso se realiza a partir de las ideas y creencias que el individuo siente como propias y que constituyen sus convicciones personales.

Para que este proceso sea posible, se requieren dos presupuestos previos inexcusables: la libertad para formar esas convicciones como decisión personal elegida entre un conjunto de opciones (pluralismo), porque solo se puede elegir en libertad si se puede realizar una opción imparcial entre las distintas alternativas posibles; y la tutela jurídica de ese ámbito de autodeterminación personal en libertad, es decir, inmunidad de coacción para evitar cualquier ataque externo. El resultado de todo ello será la libertad de conciencia.

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D. LLAMAZARES, ob. cit. pp. 17 ss.

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La libertad de conciencia está integrada por las convicciones personales, tanto las formadas al margen de la propia voluntad, porque le vienen dadas a la persona, al ser elementos constitutivos de su propia identidad, a los que no puede renunciar (raza, color, familia etc.), pues son condición necesaria de su propia autoestima, como por las ideas o creencias religiosas e ideológicas elegidas libremente al ser percibidas como propias. Consta, así, de algo que le viene dado a la persona y de algo libremente elegido por ella en ejercicio de su autonomía21.

Esta libertad de conciencia, alcanza su protección jurídica mediante el derecho de libertad de conciencia. Partiendo de esta concepción amplia, podemos definir el derecho de libertad de conciencia, siguiendo el ya clásico esquema de las tres fases como: 1)El derecho de la persona a percibirse como tal, esto es, a descubrir su propia identidad, mediante la libre formación interna de sus íntimas convicciones, establecidas sobre la base de creencias, ideas y opiniones sentidas como integrantes de su propio ser como persona; 2) El derecho a manifestar libre y externamente esas convicciones internas, como exigencia de su libre desarrollo personal; y 3) El derecho a comportarse de acuerdo a esas convicciones y a no ser obligado a hacerlo en su contra, esto es, derecho a la objeción de conciencia22 La libertad de conciencia como principio informador está formulado en el art. 16.1 CE: “Se garantiza la libertad religiosa, ideológica y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones externas, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Este artículo está directamente relacionado con los arts. 1.1 y 10.1 del propio texto constitucional.

Según el TC la triple denominación del art. 16 se refiere implícitamente a la libertad de conciencia23. Se trata de tres libertades y un solo derecho o, lo que es lo mismo, tres modalidades de un mismo derecho.

La garantía de esta libertad tiene una doble perspectiva en el sistema español: como principio informador y como derecho subjetivo.

La libertad de conciencia, en tanto que principio informador del sistema jurídico, es un valor superior del ordenamiento jurídico que

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21 22

STC 53/1985 de 11 de abril. F.J. 8.

D. LLAMAZARES, ob. cit., pp. 332 ss.

STC 19/1985 de 13 de febrero, F.J. 2.