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Código Nacional de Procedimientos Penales Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 6ª Edición

Código Nacional de Procedimientos Penales Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 6ª Edición

Miguel Carbonell

editorial.tirant.com/mex/ 978-84-1113-579-5

9 788411 135795

Textos Legales Textos Legales

Código Nacional de Procedimientos Penales Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Jorge A. Cerdio Herrán

Francisco Muñoz Conde

José Ramón Cossío Díaz

Angelika Nussberger

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho.

Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

Código Nacional de Procedimientos Penales Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 6ª Edición

Edición y prólogo de

MIGUEL CARBONELL

tirant lo blanch Ciudad de México, 2022

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© Miguel Carbonell

© EDITA: TIRANT LO BLANCH

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ÍNDICE PRÓLOGO........................................................................................ 15

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES LIBRO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES..................................... 19 TÍTULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES...................................... 19 CAPÍTULO ÚNICO. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO...................... 19 TÍTULO II. PRINCIPIOS Y DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO............. 21 CAPÍTULO I. PRINCIPIOS EN EL PROCEDIMIENTO............................ 21 CAPÍTULO II. DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO............................. 23 TÍTULO III. COMPETENCIA............................................................ 25 CAPÍTULO I. GENERALIDADES..................................................... 25 CAPÍTULO II. INCOMPETENCIA.................................................... 28 CAPÍTULO III. ACUMULACIÓN Y SEPARACIÓN DE PROCESOS.............. 30 CAPÍTULO IV. EXCUSAS, RECUSACIONES E IMPEDIMENTOS................. 32 TÍTULO IV. ACTOS PROCEDIMENTALES............................................. 35 CAPÍTULO I. FORMALIDADES....................................................... 35 CAPÍTULO II. AUDIENCIAS......................................................... 38 CAPÍTULO III. RESOLUCIONES JUDICIALES.................................... 43 CAPÍTULO IV. COMUNICACIÓN ENTRE AUTORIDADES........................ 45 CAPÍTULO V. NOTIFICACIONES Y CITACIONES.................................. 48 CAPÍTULO VI. PLAZOS................................................................ 52 CAPÍTULO VII. NULIDAD DE ACTOS PROCEDIMENTALES.................... 54 CAPÍTULO VIII. GASTOS DE PRODUCCIÓN DE PRUEBA...................... 56 CAPÍTULO IX. MEDIOS DE APREMIO.............................................. 56 TÍTULO V. SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO Y SUS AUXILIARES............ 57 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES......................................... 57 CAPÍTULO II. VÍCTIMA U OFENDIDO............................................. 58 CAPÍTULO III. IMPUTADO........................................................... 62 CAPÍTULO IV. DEFENSOR............................................................ 64 CAPÍTULO V. MINISTERIO PÚBLICO............................................... 68 CAPÍTULO VI. POLICÍA............................................................... 71 CAPÍTULO VII. JUECES Y MAGISTRADOS........................................ 72

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ÍNDICE CAPÍTULO VIII. AUXILIARES DE LAS PARTES.................................. 74 TÍTULO VI. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN, FORMAS DE CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL PROCESO Y MEDIDAS CAUTELARES........................................................................... 74 CAPÍTULO I. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PROVIDENCIAS PRECAUTO­ RIAS................................................................................... 74 CAPÍTULO II. LIBERTAD DURANTE LA INVESTIGACIÓN..................... 76 CAPÍTULO III. FORMAS DE CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL PROCESO. 77 SECCIÓN I. CITATORIO, ÓRDENES DE COMPARECENCIA Y APREHEN­ SIÓN............................................................................... 77 SECCIÓN II. FLAGRANCIA Y CASO URGENTE................................ 80 CAPÍTULO IV. MEDIDAS CAUTELARES............................................ 83 SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES..................................... 83 CAPÍTULO V. DE LA SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES....... 95 SECCIÓN I. DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAU­ TELARES Y DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO....... 95

LIBRO SEGUNDO. DEL PROCEDIMIENTO.............................................. 98 TÍTULO I. SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.................................................................................. 98 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES......................................... 98 CAPÍTULO II. ACUERDOS REPARATORIOS....................................... 99 CAPÍTULO III. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO.................. 101 CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO ABREVIADO.................................... 105 CAPÍTULO V. DE LA SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS EN LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO.............................. 108 TÍTULO II. PROCEDIMIENTO ORDINARIO......................................... 109 CAPÍTULO ÚNICO. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.............................. 109 TÍTULO III. ETAPA DE INVESTIGACIÓN............................................ 110 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES A LA INVESTIGACIÓN............ 110 CAPÍTULO II. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN................................... 113 CAPÍTULO III. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.................................. 115 CAPÍTULO IV. FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN......... 126 TÍTULO IV. DE LOS DATOS DE PRUEBA, MEDIOS DE PRUEBA Y PRUEBAS....................................................................................... 130 CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES COMUNES.................................. 130

ÍNDICE

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TÍTULO V. ACTOS DE INVESTIGACIÓN.............................................. 131 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE ACTOS DE MOLESTIA. 131 CAPÍTULO II. ACTOS DE INVESTIGACIÓN........................................ 132 CAPÍTULO III. PRUEBA ANTICIPADA............................................. 146 TÍTULO VI. AUDIENCIA INICIAL.................................................... 147 TÍTULO VII. ETAPA INTERMEDIA.................................................... 158 CAPÍTULO I. OBJETO................................................................. 158 TÍTULO VIII. ETAPA DE JUICIO...................................................... 165 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES PREVIAS.......................................... 165 CAPÍTULO II. PRINCIPIOS.......................................................... 165 CAPÍTULO III. DIRECCIÓN Y DISCIPLINA....................................... 167 CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA............ 168 SECCIÓN I. PRUEBA TESTIMONIAL............................................ 168 SECCIÓN II. PRUEBA PERICIAL................................................ 171 SECCIÓN III. DISPOSICIONES GENERALES DEL INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO.................................................... 172 SECCIÓN IV. DECLARACIÓN DEL ACUSADO.................................. 174 SECCIÓN V. PRUEBA DOCUMENTAL Y MATERIAL........................... 175 SECCIÓN VI. OTRAS PRUEBAS.................................................. 177 CAPÍTULO V. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO.................. 177 CAPÍTULO VI. DELIBERACIÓN, FALLO Y SENTENCIA......................... 180 TÍTULO IX. PERSONAS INIMPUTABLES............................................ 187 CAPÍTULO ÚNICO. PROCEDIMIENTO PARA PERSONAS INIMPUTABLES... 187 TÍTULO X. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES........................................ 188 CAPÍTULO I. PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS........................ 188 CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA PERSONAS JURÍDICAS.............. 189 CAPÍTULO III. ACCIÓN PENAL POR PARTICULAR.............................. 192 TÍTULO XI. ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL.................................................................................... 195 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES....................................... 195 CAPÍTULO II. FORMAS ESPECÍFICAS DE ASISTENCIA........................ 200 CAPÍTULO III. DE LA ASISTENCIA INFORMAL................................. 203 TÍTULO XII. RECURSOS................................................................. 203 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES......................................... 203 CAPÍTULO II. RECURSOS EN PARTICULAR....................................... 205 SECCIÓN I. REVOCACIÓN......................................................... 205

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ÍNDICE SECCIÓN II. APELACIÓN......................................................... 206 APARTADO I. REGLAS GENERALES DE LA APELACIÓN................ 206 APARTADO II. TRÁMITE DE APELACIÓN.................................. 207 TÍTULO XIII. RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA DEL SENTENCIADO Y ANULACIÓN DE SENTENCIA....................................................... 212 CAPÍTULO ÚNICO. PROCEDENCIA.................................................. 212 TRANSITORIOS............................................................................ 214

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA......................... 218

LEY NACIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL TÍTULO PRIMERO. DE LAS GENERALIDADES..................................... 240 CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES GENERALES............................... 240 TÍTULO SEGUNDO. DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS................... 242 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES......................................... 242 CAPÍTULO II. DE LA MEDIACIÓN.................................................. 247 CAPÍTULO III. DE LA CONCILIACIÓN............................................. 248 CAPÍTULO IV. DE LA JUNTA RESTAURATIVA.................................... 249 CAPÍTULO V. REGLAS GENERALES DE LOS MECANISMOS ALTERNATI­ VOS.................................................................................... 250 CAPÍTULO VI. DE LOS ACUERDOS................................................. 251 TÍTULO TERCERO. DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS................... 253 CAPÍTULO ÚNICO. SEGUIMIENTO.................................................. 253 TÍTULO CUARTO. DE LAS BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS..................................................... 254 CAPÍTULO I. DEL ÓRGANO.......................................................... 254 CAPÍTULO II. DE LOS FACILITADORES........................................... 257 TRANSITORIOS............................................................................ 260 ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA......................... 262

LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES........................................... 269 CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES PRELIMINARES........................... 269

ÍNDICE

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TÍTULO II. ESTRUCTURA ORGÁNICA............................................... 272 CAPÍTULO I. FACULTADES DE LA FISCALÍA GENERAL........................ 272 CAPÍTULO II. ESTRUCTURA DE LA FISCALÍA GENERAL...................... 273 CAPÍTULO III. DE LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL.... 279 CAPÍTULO IV. DE LAS FACULTADES Y LAS OBLIGACIONES DE LA PERSO­ NA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL...................................... 279 CAPÍTULO V. DE LA SUPLENCIA Y REPRESENTACIÓN......................... 286 CAPÍTULO VI. REMOCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL POR CAUSA GRAVE.................................................... 287 CAPÍTULO VII. UNIDADES ESPECIALIZADAS................................... 288 CAPÍTULO VIII. MODELO DE GESTIÓN........................................... 289 CAPÍTULO IX. EVALUACIÓN DE RESULTADOS................................... 291 CAPÍTULO X. ORGANIZACIÓN REGIONAL........................................ 291 TÍTULO III. COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL............................................... 292 CAPÍTULO I. COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN........ 292 CAPÍTULO II. SISTEMA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL....... 294 TÍTULO IV. PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL....................................................................................... 295 CAPÍTULO I. PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENE­ RAL.................................................................................... 295 CAPÍTULO II. PERSONAS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN......................................................................... 296 CAPÍTULO III. PERSONAS AGENTES DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTE­ RIAL................................................................................... 301 CAPÍTULO IV. PERSONAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES.................. 303 CAPÍTULO V. PERSONAS ANALISTAS.............................................. 305 CAPÍTULO VI. PERSONAS FACILITADORAS...................................... 307 CAPÍTULO VII. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLI­ CAS DE LA FISCALÍA GENERAL................................................. 308 CAPÍTULO VIII. OBLIGACIONES ESPECIALES PARA PERSONAS AGENTES DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL, PERSONAS PERITAS Y PER­ SONAS ANALISTAS................................................................. 311 TÍTULO V. RELACIONES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES CON LA FISCALÍA GENERAL...................................................................... 312 CAPÍTULO ÚNICO. RÉGIMEN DE RELACIONES ADMINISTRATIVAS Y LA­ BORALES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS.................... 312

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ÍNDICE TÍTULO VI. SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA............................ 313 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES....................................... 313 CAPÍTULO II. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS........................................... 315 CAPÍTULO III. REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA................. 316 CAPÍTULO IV. REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA ESPECIALES PARA PERSONAS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDE­ RACIÓN............................................................................... 317 CAPÍTULO V. REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA ESPECIALES PARA PERSONAS AGENTES DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL, PERSONAS PERITAS, PERSONAS ANALISTAS Y PERSONAS FACILITA­ DORAS................................................................................ 318 CAPÍTULO VI. REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA ESPECIALES PARA PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS, PROFE­ SIONALES, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS................................. 319 CAPÍTULO VII. EXAMEN DE OPOSICIÓN......................................... 319 CAPÍTULO VIII. TERMINACIÓN DE LAS RELACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL CON SU PERSONAL................................................... 320 CAPÍTULO IX. PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN.............................. 321 TÍTULO VII. RESPONSABILIDADES, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS............................................................ 323 CAPÍTULO I. RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL......................................... 323 CAPÍTULO II. FALTAS ADMINISTRATIVAS Y SUS SANCIONES............... 323 CAPÍTULO III. MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA PERSONAS AGENTES DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL Y PERSONAS ANALISTAS..... 327 TÍTULO VIII. PATRIMONIO Y PRESUPUESTO DE LA FISCALÍA GENERAL....................................................................................... 328 CAPÍTULO I. PATRIMONIO........................................................... 328 CAPÍTULO II. CONTRATACIONES PÚBLICAS..................................... 329 CAPÍTULO III. PRESUPUESTO...................................................... 329 TÍTULO IX. PLAN ESTRATÉGICO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA......... 330 CAPÍTULO ÚNICO. PLAN ESTRATÉGICO........................................... 330 TÍTULO X. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL...................................... 331 CAPÍTULO I. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.................................. 331 CAPÍTULO II. ESTRUCTURA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL......... 332 CAPÍTULO III. FACULTADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL......... 332

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CAPÍTULO IV. DESIGNACIÓN, DURACIÓN, REQUISITOS Y RESPONSABI­ LIDADES DE LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CON­ TROL................................................................................... 334 TÍTULO XI. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES... 336 CAPÍTULO ÚNICO. TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN.................. 336 TÍTULO XII. CONSEJO CIUDADANO................................................. 336 CAPÍTULO ÚNICO. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CIUDADANO......................................................................... 336 TRANSITORIOS............................................................................ 338

Prólogo Miguel Carbonell A partir de 2008, México emprendió una profunda reforma de su proce­ dimiento penal. Dicha reforma abarca cada una de las etapas a través de las cuales se estructura tal procedimiento: la prevención de los delitos, su inves­ tigación, los juicios penales (que desde la reforma pasan a ser completamente orales) y la ejecución de las sanciones1. Se trata de un programa de cambio de gran calado, inédito en la historia jurídica de nuestro país y, quizá, de toda América Latina.

La reforma de nuestro procedimiento penal se articula en diversos momen­ tos. El 18 de junio de 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto con las modificaciones constitucionales. El 8 de octubre de 2013 se vuelve a reformar la Constitución para permitir que exista legislación única, aplicable a nivel nacional, en tres diversas materias: procedimientos penales, mecanismos alternativos de solución de controversias y ejecución de sanciones penales. El 5 de marzo de 2014 se expide el Código Nacional de Procedimien­ tos Penales (CNPP). Finalmente, el 29 de diciembre de 2014 se publica la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (LMASC). Los dos últimos ordenamientos citados son los que integran el presente volumen.

La unificación legislativa en esta materia supone, desde mi punto de vista, un gran avance, ya que permitirá unificar criterios de interpretación, capacitar con una base común a los aplicadores de las normas, redactar libros para formar a los estudiantes a lo largo y ancho del país, simplificará la tarea de los tri­ bunales federales al momento de resolver amparos en materia penal, etcétera.

Se trata, por tanto, de una modificación trascendente y positiva para la vida jurídica de la República.

1

He descrito el contenido de la reforma en Carbonell, Miguel, Introducción a los juicios orales en materia penal, México, Flores Editores, UNAM, 2015.

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Prólogo

La expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales es una gran oportunidad para los juristas mexicanos y para el conjunto del sistema jurídico mexicano. Se trata de un intento muy serio que persigue el siempre loable objetivo de mejorar de manera sustantiva nuestro procedimiento penal.

A partir de su promulgación se generan grandes retos de distinta natu­ raleza, ya que habrá que capacitar a los distintos actores, construir salas de audiencia oral, desarrollar sistemas que permitan la efectividad de las salidas alternas al juicio, mejorar la capacidad de respuesta de policías y ministerios públicos, y un largo etcétera.

Pero el requisito primero para que todo eso pueda darse reside en el simple hecho de que las normas del nuevo Código sean conocidas y difundidas con la mayor profundidad y amplitud que sean posibles. Este es el objetivo que se propone la presente publicación.

Respecto al tema de los mecanismos alternativos de solución de controver­ sias, cabe recordar que la reforma constitucional de junio de 2008 incorporó al artículo 17 de nuestra Carta Magna un párrafo que señala lo siguiente: “Las le­ yes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”.

Para comprender el significado profundo del párrafo quinto del artículo 17 que acabamos de transcribir hay que considerar que el éxito de un sistema de juicios orales reside en parte en la posibilidad efectiva de gestionar un volumen importante de causas penales. Si ese volumen excede la capacidad de gestión de los órganos acusadores o de los órganos judiciales entonces el sistema enfrentará enormes problemas, pues ante ese escenario es posible que las audiencias se difieran o se programen en periodos de tiempo muy extensos, anulando las ventajas que comporta un sistema de juicios orales.

Al respecto Mauricio Duce afirma: “La función más básica que un sistema de justicia criminal debe estar en condiciones de satisfacer es la capacidad de manejar razonablemente los casos que conoce, o bien, hacerse cargo del flujo de casos que recibe. En este sentido, la variable principal que condiciona el correcto funcionamiento de un sistema de justicia criminal es el manejo y el control del flujo de casos que recibe. En la medida que el sistema no desarrolle una política de control del flujo de casos que le permita dominar la carga de trabajo, resulta difícil que pueda operar dentro de parámetros mínimos de racionalidad y de calidad. En este sentido, la sobrecarga de trabajo de los

Miguel Carbonell

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sistemas de justicia criminal pareciera ser el principal foco de problemas para el funcionamiento de los mismos. Por estas razones, la mayoría de las refor­ mas procesales establecieron un conjunto de criterios e instituciones que le permitan al Ministerio Público desarrollar una política de control de la carga de trabajo del sistema, con el objetivo de superar la situación que imponía la vigencia irrestricta del principio de legalidad en el contexto de los sistemas inquisitivos”2.

En realidad, del correcto funcionamiento de los mecanismos alternativos depende por completo el éxito de la reforma penal mexicana. Si persisten las altas tasas de criminalidad que hemos visto en los años recientes, no hay ninguna posibilidad de que los tribunales puedan desahogar un número tan alto de juicios bajo los principios de la oralidad y todo lo que ello supone.

Acudir a los medios alternativos se convierte en un imperativo para el buen funcionamiento del sistema, al menos en los casos en los que así se prevea por la legislación aplicable.

La creación y expansión de los métodos alternativos en materia penal (aunque no debemos olvidar que el artículo 17 ordena extenderlos a todas las materias), requiere de un profundo cambio en la mentalidad de los abogados mexicanos. En vez de pensar en términos de “litigiosidad”, debemos ahora poner el énfasis en la necesidad de “resolver” los conflictos. Para llegar a bue­ nas soluciones, tenemos que analizar en qué casos hay que agotar las etapas procedimentales y llegar a juicio, o bien en qué casos es mejor procurar una salida alternativa que nos produzca resultados más benéficos para todas las partes, tomando en consideración el costo que para ellas representa ir a juicio y el tiempo que puede transcurrir si optamos por el agotamiento de todas las etapas procesales.

Los abogados mexicanos deben aprender que no todo se va a litigar y que, en muchos casos, habrá que proponer y celebrar acuerdos entre las partes. Las escuelas y facultades de derecho están llamadas a explicar esta nueva forma de trabajo jurídico y a analizar con detalle las disposiciones que para tal efecto contienen tanto el CNPP como la LMASC que ahora presentamos.

2

Duce, Mauricio, “El ministerio público en la reforma procesal penal en América Lati­ na: visión general del estado de los cambios”, Reforma judicial. Revista mexicana de justicia, número 6, México, julio-diciembre de 2005, pp. 202-203.

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Prólogo

Ambos ordenamientos requieren del desarrollo de nuevas destrezas de liti­ gación por parte de todos los operadores del sistema y, en particular, por parte de los fiscales o ministerios públicos, y de los abogados defensores públicos o privados (incluyendo desde luego a quienes desempeñarán el papel de asesores jurídicos de las víctimas, figura creada precisamente por el CNPP).

Las referidas destrezas de litigación suponen que los abogados mexica­ nos sepan plantear adecuadamente una teoría del caso, que formulen buenos alegatos de apertura y de cierre, que dominen las técnicas de argumentación jurídica, que tengan un buen nivel de oratoria, etcétera. Son cosas que se enseñan en las escuelas y facultades de derecho, pero respecto de las cuales siempre se puede mejorar. Entre todos debemos procurar un nivel de excelencia en el manejo de las destrezas de litigación, que bajo el paradigma de los juicios orales son muy diferentes a lo que habíamos conocido con anterioridad.

El propósito de esta nueva edición del CNPP y de la LMASC se enfila preci­ samente en dicha dirección: creemos que solamente a través de una sólida for­ mación profesional, de un inquebrantable compromiso ético y de una renovada capacidad técnica para la litigación por parte de los abogados, la ambiciosa reforma penal de 2008 se hará realidad. Las tareas pendientes son enormes, pero si cada uno ponemos de nuestra parte, en un tiempo corto podremos ver inmensos cambios ( esperemos que muy positivos) en el procedimiento penal mexicano. Y eso es algo que millones de mexicanos agradecerán y reconocerán como una de las aportaciones más relevantes de las generaciones de abogados que trabajaron para lograrlos en las primeras décadas del siglo XXI. Si queremos que esto sea una realidad muy pronto, debemos poner manos a la obra ensegui­ da. Depende de cada uno de nosotros.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014 Última reforma publicada DOF 19-02-2021

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexi­ canos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Artículo Único.- Se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES LIBRO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES TÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES CAPÍTULO ÚNICO ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO Artículo 1o. Ámbito de aplicación Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales en el marco de los principios y

Art. 2

Código Nacional de Procedimientos Penales

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derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica­ nos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 2o. Objeto del Código Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclare­ cer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos recono­ cidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 3o. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: I. Asesor jurídico: Los asesores jurídicos de las víctimas, federales y de las Entidades federativas; II. Código: El Código Nacional de Procedimientos Penales; III. Consejo: El Consejo de la Judicatura Federal, los Consejos de las Judi­ caturas de las Entidades federativas o el órgano judicial, con funciones propias del Consejo o su equivalente, que realice las funciones de administración, vi­ gilancia y disciplina; IV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; V. Defensor: El defensor público federal, defensor público o de oficio de las Entidades federativas, o defensor particular; VI. Entidades federativas: Las partes integrantes de la Federación a que se refiere el artículo 43 de la Constitución; VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal; VIII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o la Ley Orgánica del Poder Judicial de cada Entidad federativa; IX. Ministerio Público: El Ministerio Público de la Federación o al Minis­ terio Público de las Entidades federativas; X. Órgano jurisdiccional: El Juez de control, el Tribunal de enjuiciamiento o el Tribunal de alzada ya sea del fuero federal o común;