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REINTEPRETACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FILIACIÓN EN MARRUECOS ASPECTOS INCONSTITUCIONALES

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Belén Campuzano Laguillo

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

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REINTEPRETACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FILIACIÓN EN MARRUECOS

ASPECTOS INCONSTITUCIONALES

ABDELHAMID ADNANE

Profesor de Derecho Constitucional Investigador en el Centro Euro-árabe de Estudios Jurídicos Avanzados

Valencia, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com. Proyecto de Investigación de la Agencia Andaluza de la Cooperación para el Desarrollo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales: “Modelo regional y local de Marruecos”. Proyecto de Investigación: “Constitución financiera vs. Constitución social. Redefinición del Estado autonómico y social a la luz de la cláusula de estabilidad presupuestaria”.MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es DEPÓSITO LEGAL: V-1461-2017 ISBN: 978-84-9143-702-4 IMPRIME Y MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

A mi hijo, Ismael Adnane Vรกzquez

Índice Prólogo.............................................................................................................. 11 Introducción...................................................................................................... 13

I. CONSIDERACIONES SOBRE EL CONSTITUCIONALISMO EN GENERAL. ESPECIAL ATENCIÓN A LA CONSTITUCIÓN MARROQUÍ DE 2011 1. Marco teórico y consolidación histórica de la normatividad de la Constitución................................................................................................................ 16 2. Especial consideración al modelo de justicia constitucional en Marruecos.... 22 3. De los derechos fundamentales en la Constitución marroquí de 2011.......... 29 Excurso sobre los Derechos Fundamentales y el Derecho Internacional............. 37

II. CONSTITUCIÓN, DERECHO CIVIL Y REGULACIÓN DE LA FILIACIÓN EN EL CÓDIGO DE FAMILIA EN MARRUECOS 1. 2. 3. 4. 5.

Constitución y Derecho Civil........................................................................ 39 Sobre el Derecho de Familia en Marruecos................................................... 43 Regulación de la Filiación en el Código de Familia marroquí....................... 48 De los Derechos de los Hijos, de la Paternidad y de su denegación.............. 58 De la prueba de ADN, de la filiación, adopción e impedimentos del matrimonio............................................................................................................ 63 5.1. De la prueba de ADN.......................................................................... 63 5.2. Filiación, Kafala e Impedimentos del Matrimonio............................... 69

III. DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 148 DEL CFM POR SU CLARA INFRACCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, DE PROPORCIONALIDAD Y DEL DERECHO A LA PRUEBA 1. EL artículo 148 del CFM y el principio de proporcionalidad....................... 88 2. El artículo 148 del CFM y el principio de igualdad...................................... 95 3. El artículo 148 del CFM y el derecho a la prueba......................................... 100

IV. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y FILIACIÓN. LA NECESARIA PREVISIÓN LEGAL DE LA FILIACIÓN QUE DE LA MISMA PUEDE DERIVAR 1. La donación de gametos en el Derecho musulmán....................................... 106 2. La inseminación artificial en Marruecos....................................................... 108

Ă?ndice

Notas finales...................................................................................................... 111 BibliografĂa general............................................................................................ 115

Prólogo La proclamación del principio de igualdad, junto con la garantía de ciertos derechos fundamentales, ha sido una constante en todos los textos constitucionales en Marruecos. No obstante, el valor normativo de las disposiciones iusfundamentales no ha sido debidamente salvaguardado por la falta de una verdadera justicia constitucional, lo que dio lugar a que normas en clara disconformidad con la norma suprema hayan podido desplegar su virtualidad en el ordenamiento jurídico rompiendo de este modo la unidad del mismo. Mas no puede sostenerse lo mismo tras la entrada en vigor de la Constitución de 2011, pues establece una verdadera Corte constitucional habilitada para ejercer, según los casos, un control apriorístico y otro a posteriori en aras de expulsar del ordenamiento jurídico cualquier norma que contradiga sus disposiciones. La nueva Constitución marroquí de 2011 apela a la igualdad con la misma amplitud de miras que las Constituciones modernas. De hecho, no hay ninguna disposición de rango constitucional que pueda legítimamente fundamentar un trato desigualitario, dato que parece desconocer el legislador ordinario al establecer una diferenciación entre los hijos nacidos de un matrimonio legítimo y los nacidos a raíz de una relación extramatrimonial. Dicha discriminación choca frontalmente con la norma constitucional marroquí estableciente del principio de igualdad en su artículo 6, enriquecido por el compromiso recogido en el artículo 34 de la misma de tratar de prevenir la vulnerabilidad de ciertas categorías de mujeres y madres, niños y personas de edad.

El autor de la presente obra indaga sobre los fundamentos teóricos del Estado constitucional en general, prestando especial interés al modelo constitucional marroquí, que en su versión actual reconoce y garantiza la supremacía de la Constitución y otorga un lugar de privilegio a los derechos fundamentales para cuya interpretación la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos resulta determinante en virtud de los Tratados sobre esta materia que el Estado marroquí ha ratificado. A continuación, tras una interpretación del Código de Derecho de Fa-

Manuel José Terol Becerra

milia y de ciertas disposiciones constitucionales, pone de relieve los aspectos de inconstitucionalidad que la Ley alberga respecto del principio de igualdad y de otros derechos fundamentales, y arroja luz sobre la inacabada tarea de constitucionalización del Código Civil en Marruecos.

El esfuerzo realizado por el legislador marroquí en este sentido es digno de elogio pero queda mucho camino por recorrer, pues lo que está en juego no es sólo la supremacía de la norma fundamental sino lo que de ello deriva de bienestar formal y material para el ciudadano marroquí.

Sevilla, mayo 2017

Manuel José Terol Becerra

Introducción Las reformas normativas conocidas en Marruecos durante los últimos años han traído consigo novedades de muy diverso tipo. De hecho, en materia legal, destaca la reforma del Código de Familia aprobado en el año 2004 y que ha sido pertinentemente percibida, tanto dentro como fuera del país, como una verdadera revolución legislativa que traduce la voluntad y la determinación de avanzar en la senda de la igualdad operando una reinterpretación de la fuente de inspiración religiosa de conformidad con los estándares establecidos de los derechos humanos. Bien es cierto que la proclamación del principio de igualdad, junto con la garantía de ciertos derechos fundamentales, ha sido una constante en todos los textos constitucionales en Marruecos, sin embargo, una de las críticas dirigidas a esta norma fundamental apunta su bajo tenor normativo por razón de la inadecuación del control apriorístico, en su virtud establecido, para salvaguardar su supremacía. De ahí que normas con rango de ley contrarias a sus disposiciones hayan podido desplegar su virtualidad en el ordenamiento jurídico atentando claramente contra la unidad del mismo.

Con la última reforma del texto constitucional, aprobada por referéndum del 01 de julio de 2011, se introdujo en el artículo 133 la llamada “excepción de inconstitucionalidad” que permite un control a posteriori de la disposiciones legales, permitiendo de este modo fortalecer la normatividad de todas las disposiciones constitucionales. No obstante, la tardanza en la aprobación de las correspondientes leyes orgánicas referidas a la Corte constitucional y al cauce procesal a seguir para oponerse a la aplicación de leyes, que a juicio del juzgador o de las partes en un proceso en curso, adolecen de vicios de inconstitucionalidad hace que normas legales en clara contradicción con los principios constitucionales y los derechos fundamentales sigan surtiendo efectos. En el presente trabajo se pretende demostrar la disconformidad del estatus jurídico de los hijos extramatrimoniales con la norma suprema a partir de una lectura combinada del marco jurídico de la filiación con

Abdelhamid Adnane

las coordenadas constitucionales que han de servirle de referencia. Ello hace perdurar una diferenciación legal entre los hijos matrimoniales y los hijos concebidos fuera del marco de la familia, dando lugar a una discriminación injustificable y a una contradicción con una serie de derechos constitucionales.

Para ello haremos, en primer lugar, unas consideraciones generales sobre el constitucionalismo en general como ideología tendente a establecer un equilibrio entre el poder y el ciudadano y la evolución histórica que ha seguido hasta lograrse la garantía de la supremacía de Constitución, antes de poner el foco sobre las coordenadas de la Constitución marroquí de 2011 que ha de servir de parámetro para valorar la conformidad o no de las disposiciones del Código de Familia marroquí referidas al régimen jurídico de la filiación.

A continuación se abordará el asunto de la relación entre la norma fundamental y el Derecho Civil, y se expondrán de modo crítico las disposiciones regulatorias del régimen de filiación en el Derecho de Familia en Marruecos seguida de las demás instituciones que guardan una íntima relación con dicho régimen (paternidad, derechos de los hijos, kafala e impedimentos del matrimonio) y que a veces no parecen inspirados en los mismos principios. En la tercera parte se hará énfasis sobre la clara inconstitucionalidad de la regulación contenida en el 148 del Código de familia marroquí por su patente disconformidad con el principio de igualdad, su vulneración del derecho a la prueba y su ignorancia del principio de proporcionalidad.

Por último, se cerrará este trabajo con un breve capítulo que aborda la cuestión, desde un punto de vista principalmente prospectivo, de la problemática que puede plantear la inseminación artificial en el régimen de la filiación.

I. Consideraciones sobre el constitucionalismo en general. Especial atención a la Constitución marroquí de 2011 Se ha afirmado con acierto que en la historia del constitucionalismo anterior a la segunda Guerra Mundial las Constituciones de diversos países se limitaban a contener meros principios programáticos, enunciaciones de principios iusfundamentales carentes de eficacia jurídica real1. Mas el constitucionalismo posterior a esta fecha se propone poner fin a este modelo a través de varias técnicas tales como la consagración constitucional de los derechos fundamentales, el desapoderamiento del ejecutivo de la posibilidad de regular las condiciones de su ejercicio y su atribución al legislativo, la aplicación directa de las disposiciones constitucionales, la imposición de límite, al propio legislador y la introducción de un sistema de control de constitucionalidad de las leyes, etc.

Marruecos ha suscrito, siquiera de manera gradual a través de las sucesivas reformas constitucionales, la mayoría de estos avances en el sentido de convertir la Constitución en una verdadera norma jurídica con eficacia directa y cuyo respeto sea controlable por el juez constitucional. Respecto de los avances introducidos por la última reforma constitucional, la simple lectura de ciertos pasajes del discurso regio del 09 de marzo de 2011 permite extraer nociones principales y básicas de Derecho Constitucional2. Hace clara referencia la necesidad de refundar el 1 García de Enterría, “El Valor normativo de la Constitución”, en Revista de Derecho Político, núm. 44, 1998, pág. 36 y ss. 2 “A partir de estos inamovibles cimientos referenciales, Hemos decidido llevar a cabo una revisión global de la Constitución, fundada sobre siete bases fundamentales: Primero: La consagración constitucional del carácter plural de la identidad marroquí unitaria y rica por la variedad de sus afluentes, donde la lengua Amazig ocupa un lugar central en tanto que patrimonio de todos los marroquíes. Segundo: Consolidar el Estado de derecho y de las instituciones, ampliar el ámbito de las libertades individuales y colectivas, y garantizar su ejercicio, además de afianzar el sistema de los derechos humanos en todas sus dimensiones política, económica y social, así como en el dominio

Abdelhamid Adnane

orden constitucional marroquí en aras de hacerlo coincidente con las premisas del Estado de Derecho Constitucional.

No resulta ocioso recordar que la experiencia constitucional marroquí empieza con la Constitución de 1962. Fecha que marca la necesidad de operar políticamente en un marco jurídico determinante del alcance de los poderes encomendados a sus titulares. Este texto fue sometido a sucesivas reformas hasta desembocar en la Constitución de 1996 que, sin lugar a dudas, introdujo mejoras apreciables en el funcionamiento del sistema a partir de los resultados de una vida constitucional de treinta y cuatro años. Resultados que, en el marco de la llamada primavera árabe, reclaman mejoras en muchos sentidos tal como ha sido reclamado por la sociedad marroquí. A raíz de ello el monarca encarga la Comisión de reforma de la Constitución para redactar un proyecto que será sometido, tal como disponen las cláusulas correspondientes en la norma fundamental de 1996, a referéndum popular. La Constitución que de este procedimiento resulta, promulgada por Dahir núm. 1.11.91 del 29 de julio de 2011, requiere ser calibrada a la luz de las coordenadas que ofrece la teoría general relativa al Estado de Derecho, lo que justifica el repaso doctrinal que se expone a continuación.

1. Marco teórico y consolidación histórica de la normatividad de la Constitución Los primeros intentos doctrinales para la construcción del concepto de Estado de Derecho se enmarcan dentro de la Teoría del Estado que recogerá y depurará las tesis básicas del pensamiento romano sobre el del desarrollo, la cultura y el medioambiente, especialmente a través de la constitucionalización de las pertinentes recomendaciones formuladas por la Instancia Equidad y Reconciliación así como de los compromisos internacionales asumidos por Marruecos; Tercero: Hacer de la justicia un poder independiente y reforzar las atribuciones del Consejo constitucional, consolidando de este modo la preeminencia de la Constitución, el imperio de la ley y la igualdad de todos ante la misma Cuarto: Reforzar el principio de la separación y equilibrio de los poderes, obrando por el arraigo de la democratización, modernización y racionalización de las instituciones”.

Reintepretación del régimen jurídico de la filiación en marruecos

poder. No en vano las ideas de Estado y de soberanía son deudoras del Derecho romano. Bodino y Hobbes, separándose de Maquiavelo, definirán el Estado en términos de poder y no de fuerza, esto es, en términos jurídicos: como fuerza cualificada por el Derecho. De ahí su común preocupación por el problema de la soberanía3.

En rigor histórico y jurídico, no es posible hablar de Estado de Derecho antes de la revolución inglesa de 1688. Un tipo de Estado que no se difundió en la Europa continental hasta después de la Revolución francesa de 1789. El Estado de Derecho, o Rule of Law, supone el corolario de una vieja idea: la preferencia del gobierno de las leyes sobre el gobierno de los hombres.

En definitiva, lo que se pretende decir con la noción de Estado de Derecho (la subordinación del poder público a normas jurídicas) esconde una aspiración presente en la historia del pensamiento político occidental desde Aristóteles. Ahora bien, sólo cuando el Derecho se reduce al Derecho positivo la noción de Estado de Derecho tiene sentido en términos históricos, aunque lógicamente pueda resultar una redundancia, pues por el puro hecho de haber Estado (un poder soberano), éste tiene que ser de Derecho, en la medida en que no es más que Derecho, es decir, un conjunto de normas cuya creación y aplicación está también sometida a normas, con independencia del contenido de las mismas y al margen de la estructura concreta de ese Ordenamiento. Aquí se encuentra la idea formal del Estado de Derecho4.

Quiere ello decir que el Estado de Derecho existe allí donde la creación y aplicación normativas no son arbitrarias, sino sometidas a normas, con independencia del contenido de estas normas o de los valores que garanticen. Se trata, evidentemente, de una consideración avalorativa y puramente positivista de la noción de Estado de Derecho. Lo que se presenta como contrario a esta forma de Estado no es la injusticia, sino la arbitrariedad; no es la falta de libertad o de otros valores en un

3 Cfr. Francisco J. Batista, J. Varel, J.L. Requejo. Derecho Constitucional. Cuestionario Comentado I, 1992, páginas 183-184. 4 Ibíd., pág. 184.

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Ordenamiento, sino la inexistencia de normas que regulen la actividad estatal5.

Esta construcción innovadora dio lugar en primer momento a la noción de Estado de Derecho Legal para pasar a sustentar más tarde, otra más compleja cual es del Estado de Derecho Constitucional.

Como queda apuntado, el constitucionalismo tiene como objetivo primordial la limitación del poder y su sumisión al ordenamiento jurídico. Éste tenía su punto de partida en la ley, concebida como norma suprema. Dicha supremacía se explicaba por el hecho de que el parlamento era la sede de representación nacional y, de ahí, de expresión de la voluntad popular traducida jurídicamente en la ley. Esta última se caracterizaba principalmente por su resistencia a cualquier otra norma por cuanto constituía el parámetro de validez de las demás reglas jurídicas de rango inferior en la jerarquía establecida. Gozaba, pues, de un estatus superior y supremo, y de ahí que fuera el punto de partida de todo el ordenamiento jurídico (el reglamento administrativo, por ejemplo, extraía su validez de la ley). El esquema relativo a las fuentes del Derecho era, debido a todo ello, muy simple.

Conviene precisar que a pesar de que, en teoría, la Constitución se presentaba como la norma suprema de la nueva forma de organización política, paradójicamente no era concebida como un acto jurídico fundador del Estado. Su función a lo largo del primer constitucionalismo, denominado revolucionario, era de carácter negativo, es decir de limitación de los demás poderes en el Estado. Como resulta fácil de constatar, aunque el análisis verse sobre experiencias de Estados constitucionales, poco cabe decir respecto de la Constitución. Tal y como viene subrayado, si bien el objetivo optimo del primer constitucionalismo era erigir la Constitución en norma suprema del ordenamiento jurídico estatal, ello no fue posible debido a la resistencia del parlamento que se consideraba como el representante de la nación y, de ahí, como órgano supremo. Inferencia lógica de ello es que

Para más detalle sobre este particular, véase Santiago Muñoz Machado. Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. Tomo I. Páginas 321-338.

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el producto de su acción normadora, la ley, fuera, a su vez, considerada como la norma suprema en el sistema de fuentes del Derecho.

En este contexto, la Constitución era una realidad pero tenía la consideración de un mero documento político desprovisto de toda fuerza normativa. De ahí que el parlamento pudiera operar su reforma simplemente a través del procedimiento legislativo ordinario, por lo que una ley aprobada que contradice las disposiciones constitucionales tenía un alcance reformador de la norma pretendidamente fundamental.

Aunque el abad Sieyès afirmara que “los poderes ilimitados eran un monstruo en la política”, durante las primeras experiencias del constitucionalismo persistía todavía la desconfianza respecto del ejecutivo. Hubo que esperar mucho tiempo para que emergiera un sentimiento ampliamente compartido y expresado en los debates constitucionales respecto de la nueva fuente de violación de los derechos, a saber el poder legislativo6. Sin embargo, hasta el fin de la primera guerra mundial la Constitución no había logrado aún ocupar el lugar que le corresponde en el edificio normativo. El ejemplo europeo viene representado por la Constitución de Weimar de 1919. Esta novedad va a imponerse y generalizarse en todos los modelos europeos, e incluso a nivel planetario, a partir de 1945, fecha de declaración del fin de la segunda guerra mundial. A partir de ahí nace, pues, una nueva concepción de la Constitución. Ésta tendrá las siguientes características:

1. Norma fundadora del Estado. En la época anterior su papel residía, como se venía señalando, en la limitación del poder. Sin embargo, a partir de esta fecha empieza a concebirse como su origen y fundamento. De ahí que se defina como el acto fundador o el acta de nacimiento del Estado. 2. En consecuencia, todos los poderes, sin excepción, en el Estado deben su existencia a la Constitución. Ésta establece los órganos, determina sus funciones y fija los procedimientos a través de los cuales éstas han se ser cumplidas.

Patrice ROLLAND, “La Garantie des Droits”, Droits fondamentaux, núm. 3, janvier-décembre 2003, pág. 180 (www.droits-fondamentaux.org).

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3. En pos de garantizar este carácter normativo atribuido a la Constitución y, de ahí, su supremacía, dos mecanismos han sido introducidos. El primero atiende a la cuestión de la reforma de la Constitución. Si los poderes del Estado quieren cambiar las reglas del juego deben operar a través de un procedimiento especial de reforma de la norma fundamental. A partir de aquí, la ley se revela jurídicamente incapaz de cambiar los términos de la voluntad popular sin someterse al procedimiento establecido para su reforma. El segundo establece un mecanismo jurisdiccional para la protección de dicha voluntad general expresada en la norma suprema. La superioridad de la Constitución resultaba evidente en el plano simbólico y político pero ello no era extensible a su valor jurídico, por lo que habría que asegurar, también, su superioridad jurídica. Nace de este modo la justicia constitucional. La Constitución ve, de esta manera, su normatividad garantizada, por lo que a partir de ahí el Estado de Derecho adquiere naturaleza constitucional. El ordenamiento jurídico resultante de esta mutación tiene clara representación en la sobradamente conocida pirámide del jurista austriaco Hans KELSEN. El Estado de Derecho constitucional concebido de este modo resulta ser el resultado de largos años de experiencia que han permitido redescubrir el emblemático artículo 16 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789 a tenor de la cual “toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, carece de Constitución”. A partir de ahí, la superación de la concepción inicial del Estado de Derecho impone tener en cuenta el nuevo estatus de la Constitución para operar la división de poderes.

De esta manera, además de la división tripartita estableciente de una separación entre el legislativo, ejecutivo y judicial, se impone tomar en consideración los nuevos poderes resultante de esta consideración normativa de la Constitución. Se trata del poder constituyente originario, el poder constituyente de reforma y del poder de control de la constitucionalidad.