enfoque laboral
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978-84-1113-793-5
enfoque laboral
MIGUEL ÁNGEL GARRIDO PALACIOS
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CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y DERECHO DEL TRABAJO
La crisis financiera de 2008 provocó un panorama de destrucción de empleo en nuestro país con la pérdida de más de 3 millones de puestos de trabajo y de recorte de derechos. Ante esta situación y en un contexto de posible rescate por Bruselas, los distintos gobiernos de España acometieron, al dictado de la Troika, una reforma normativa progresiva para reducir el gasto público esquilmando derechos sociales. En el marco de nuestro derecho laboral, la reforma 2010-2012, implicó un retroceso en el nivel de protección de las personas trabajadoras inédito desde la promulgación de la Constitución española de 1978. Es aquí cuando el derecho internacional del trabajo aparece como un actor relevante, planteando que nuestro país tiene obligaciones que cumplir ya que emanan de los tratados que firma voluntariamente. Esta obra es una guía que apuesta por el derecho internacional del trabajo como recurso para el mantenimiento de los derechos ante reformas laborales que desequilibran la relación capital/trabajo. Para ello se parte de un estudio sobre el concepto del derecho internacional del trabajo y el ámbito que abarca. Después se reflexiona sobre la solidez jurídica del control de convencionalidad en nuestro ordenamiento. A continuación, se plasma la visión de los órganos internacionales sobre como se aplica el derecho internacional en el ámbito doméstico, lo que permitirá al lector calibrar hasta que punto se cumplen los estándares que emanan de la OIT o de la Carta Social Europea. El corazón de este trabajo disecciona las resoluciones de nuestra jurisprudencia para comprobar hasta que punto el derecho internacional del trabajo está asentado en nuestros operadores o por el contrario queda mucho por hacer. En definitiva tienen en sus manos una obra que combina perspectiva histórica y estudio de los problemas jurídicos actuales para seguir avanzando en el enriquecimiento de un debate abierto. Este libro sirve al mismo tiempo como herramienta de trabajo para el futuro y como estudio de la construcción del marco de relaciones laborales democráticas en España, recordando la labor de las personas que se dejaron su vida para tan noble fin.
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y DERECHO DEL TRABAJO
EL ENCAJE DEL DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN EL IUSLABORALISMO ESPAÑOL MIGUEL ÁNGEL GARRIDO PALACIOS
enfoque laboral
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y DERECHO DEL TRABAJO El encaje del derecho internacional del trabajo en el iuslaboralismo español
NORMAS DE LA COLECCIÓN: Consejo científico: José María Goerlich (Director) Ángel Blasco Pellicer Jesús R. Mercader Uguina Francisco Pérez de los Cobos Orihuel Remedios Roqueta Buj Admisión de originales: Los originales serán evaluados por el Consejo científico y sometidos a informe externo por expertos anónimos. Cualquiera de los evaluadores puede hacer observaciones o sugerencias a los autores, siempre y cuando el trabajo haya sido aceptado. Se comunicarán a los autores, en su caso, concediéndoles un período de tiempo suficiente para introducir las modificaciones oportunas.
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y DERECHO DEL TRABAJO El encaje del derecho internacional del trabajo en el iuslaboralismo español
MIGUEL ÁNGEL GARRIDO PALACIOS
tirant lo blanch Valencia, 2022
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Miguel Ángel Garrido Palacios
TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1113-794-2 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Índice Prólogo................................................................................................................ Adoración Guamán Hernández
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Listado de abreviaturas........................................................................................
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Introducción........................................................................................................
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Capítulo I EL DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO 1.1. CUESTIONES INTRODUCTORIAS EN LA CONFORMACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO..................... 1.1.1. La formación del DIT en el siglo XIX............................................ 1.1.2. Desde los inicios del siglo XX al periodo de entreguerras................ 1.1.3. Desde la Segunda Guerra Mundial a nuestros días......................... 1.1.4. El concepto del derecho internacional del trabajo........................... 1.2. Consideraciones sobre el derecho a la libertad sindical y las garantías en la extinción del contrato de trabajo................................................................. 1.3. El derecho internacional del trabajo ante el derecho transnacional del trabajo y la lex mercatoria................................................................................. 1.3.1. Sobre el derecho transnacional del trabajo....................................... 1.3.2. Lex mercatoria..................................................................................
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Capítulo II LA INTERACCIÓN ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL Y LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ESTATALES 2.1. Escuelas teóricas......................................................................................... 2.2. Control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad...................... 2.2.1. Control de legalidad........................................................................ 2.2.2. Control de constitucionalidad.......................................................... 2.2.3. Control de convencionalidad........................................................... a) Concepto y características del control de convencionalidad...... b) Trascendencia del control de convencionalidad......................... 2.3. La interacción del derecho internacional del trabajo con el ordenamiento jurídico interno en el modelo español......................................................... 2.3.1. La recepción del derecho internacional del trabajo desde el canon hermenéutico del artículo 10.2 de la Constitución española............ 2.3.2. La recepción del derecho internacional del trabajo al amparo de los artículos 93 a 96 de la Constitución española..................................
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Índice
2.4. Factores de merma de eficacia de los tratados internacionales.................... 2.4.1. Tratados non self executing................................................................ 2.4.2. Flexibilidad de las normas para adaptarse a las diferentes condiciones económicas y sociales de los diferentes países y el margen de apreciación razonable....................................................................... 2.4.3. El derecho de la Unión Europea y su interacción con la norma internacional del trabajo..................................................................
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Capítulo III FUENTES Y MECANISMOS DE CONTROL DEL DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO 3.1. La Declaración Universal de Derechos Humanos...................................... 3.2. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.............................. 3.3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y las resoluciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre libertad sindical respecto de España.................................................. 3.3.1. Cuestiones generales sobre el PIDESC........................................... 3.3.2. Criterios e informes del CDESC sobre España.............................. 3.4. La Organización Internacional del Trabajo................................................ 3.4.1. Características generales de la OIT en referencia con sus Convenios y sus órganos de control........................................................... 3.4.2. Aportaciones críticas sobre el papel de la OIT................................ 3.4.3. Los Convenios de la OIT 87, 98 y 158............................................ a) El Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (número 87) de la OIT y el Convenio relativo a la aplicación del derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (número 98)............................................... b) El Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, 1982 (número 158)............................. 3.4.4. Los órganos de la OIT.................................................................... 3.4.5. El derecho a la libertad sindical desde la OIT................................. a) Criterios y resoluciones sobre España durante el franquismo.... b) Criterios y resoluciones con relación a España de 1977 hasta 2011........................................................................................... c) Criterios y resoluciones a raíz de la reforma laboral de 2012..... 3.4.6. El Comité de Libertad Sindical: análisis de sus resoluciones respecto de España............................................................................... a) Primera etapa: la dictadura del general Franco.......................... b) Segunda etapa: periodo constituyente con la Constitución española de 1978 y consecuentes reformas legislativas en el marco laboral democrático............................................................... c) Tercera etapa: Desde 1983 hasta 2011....................................... d) Resoluciones a partir de la reforma laboral de 2012..................
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Índice 3.4.7. Las garantías de la terminación del contrato de trabajo en la OIT.. a) Criterios y resoluciones desde la aprobación del Convenio 1985 hasta 2011......................................................................... b) Criterios y resoluciones sobre el C158 con relación a España desde la reforma laboral de 2012............................................... 3.4.8. El derecho a la defensa previo al despido por causas imputables al trabajador......................................................................................... 3.5. El Consejo de Europa................................................................................. 3.5.1. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales............................................ a) Resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre libertad sindical................................................................... b) Resoluciones sobre España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos................................................................................... 3.5.2. La Carta Social Europea................................................................. a) Cuestiones generales.................................................................. b) Resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre España en materia de libertad sindical...................................... c) Resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre España en relación con el derecho al preaviso en la terminación del contrato de trabajo............................................................... d) La reclamación 65/2011 interpuesta contra Grecia ante el Comité Europeo de Derechos Sociales.......................................... 3.6. La Organización de Estados Americanos...................................................
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Capítulo IV EL DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES: UN ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA ESTATAL 4.1. El derecho de libertad sindical.................................................................... 4.1.1. La jurisprudencia social sobre el derecho a la libertad sindical........ 4.1.2. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la libertad sindical................................................................................ 4.2. Derechos ante la terminación del contrato de trabajo/despido................... 4.2.1. La jurisprudencia social sobre el despido/terminación del contrato de trabajo desde el Convenio 158 OIT............................................ a) Las resoluciones de los Juzgados de lo Social............................ b) Las resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia.......... c) Las resoluciones de la Audiencia Nacional................................ d) Las resoluciones del Tribunal Supremo..................................... 4.2.2. El preaviso razonable en la extinción del contrato de trabajo en relación con el artículo 4.4. de la Carta Social Europea................... a) Sentencias de los Juzgados de lo Social.....................................
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Índice
b) Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia................... 4.2.3. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Convenio 158 de la OIT y la Carta Social Europea en relación con la terminación del contrato de trabajo.......................................................... 4.2.4. Consideraciones sobre la jurisprudencia en relación con el artículo 4.4 de la Carta Social Europea........................................................ 4.3. El derecho a la defensa del artículo 7 del Convenio 158 de la OIT............
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Capítulo V REFLEXIONES FINALES........................................................................
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Bibliografía..........................................................................................................
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Índice Jurisprudencial..........................................................................................
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Prólogo Adoración Guamán Hernández La esencial vinculación entre el ordenamiento laboral y el ámbito territorial del Estado Nación ha sido durante muchos años una afirmación asumida, aceptándose el hecho de que las evidentes diferencias entre las normas iuslaborales de los distintos países marcaban fronteras no solo en el ámbito de la creación, interpretación y aplicación de las normas sino también en el propio estudio doctrinal del Derecho del Trabajo. El panorama normativo internacional ha sido una materia parcialmente olvidada por el iuslaboralismo contemporáneo, tanto en el ámbito judicial como doctrinal (con salvadas y remarcables excepciones). Tanto es así que, como bien nos relata el autor de esta obra, la propia definición de lo que debe entenderse por “derecho internacional del trabajo” sigue siendo hoy en día una asignatura pendiente. Pese a esta realidad, la historia evidencia la fundamental importancia que la esfera regulatoria supranacional ha tenido en la configuración normativa de las relaciones capital trabajo. De hecho, las distintas fases por las que ha pasado esta relación entre la norma estatal y la norma internacional en materia laboral evidencian momentos de avances y retrocesos en la evolución del reconocimiento y protección de los derechos vinculados al trabajo. Podría afirmarse que en la época de esplendor del constitucionalismo social, cúspide del desarrollo normativo iuslaboral, se produjo un desarrollo en paralelo de ambos niveles (interno y externo) que se relacionaron de manera coordinada y conciliadora, auxiliándose mutuamente para garantizar un espacio multinivel de tutela de los derechos sociales de los ciudadanos. En cambio, durante los momentos de cuestionamiento y crisis de legitimidad del carácter tuitivo de la norma nacional, vinculados habitualmente a las situaciones de crisis económica con impacto en la correlación de fuerzas, el derecho internacional se ha invocado en auxilio del establecimiento de mínimos infranqueables en el ámbito estatal, con
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Adoración Guamán Hernández
resultados dispares. Es imposible olvidar la crítica a la reforma laboral del año 2012 que protagonizaron tanto la Organización Internacional del Trabajo como el Consejo de Europa, a través de sendos informes elaborados por sus órganos de control. En aquellos textos se apuntaba, de manera más o menos contundente, la incompatibilidad entre las medidas laborales adoptadas con diversos preceptos de sendos Tratados internacionales ratificados por el Estado Español. Como es bien sabido, ninguna de estas críticas, ni los reproches de constitucionalidad internos ni la quiebra del orden social internacional, fue recogida por nuestra jurisprudencia constitucional, pero el renovado protagonismo del derecho internacional, impulsado por la doctrina y por algunas sentencias pioneras, fue indudable. En aquel momento, y en muchos otros saldados con retrocesos en el nivel de protección de la norma laboral, surgió la pregunta fundamental que se coloca como vértice de esta obra: ¿respetan los elementos de nuestro ordenamiento jurídico laboral el derecho internacional del trabajo? Este amplio interrogante central tiene la virtud de permitir el acercamiento exhaustivo y metódico al problema que se acoge en esta obra. El autor aborda de manera rigurosa un recorrido histórico y conceptual por la conformación del derecho internacional del trabajo, analiza al detalle las fuentes materiales y formales y aborda un amplio estudio de caso, tomando como ejemplo los derechos vinculados a la libertad sindical. Esta estructura bien cimentada permite que en las siguientes páginas se plasme un análisis al detalle las fisuras y debilidades de nuestro modelo de elaboración, interpretación y aplicación del derecho internacional del trabajo, detectando y exhibiendo las carencias de nuestro modelo de integración de la norma laboral internacional en la vida del iuslaboralismo. Más allá de este contenido fundamental, es destacable cómo, en paralelo, el autor de esta obra abre algunas líneas sugerentes que atraviesan el debate actual iuslaboral con indudable proyección de futuro y que se vinculan con las debilidades y amenazas que cercan hoy al derecho internacional del trabajo y que impiden o dificultan una mejor compenetración con las normas estatales. En este breve prólogo a tan consistente obra no me resisto a entrar en ellos, como humilde contribución a las páginas que siguen.
Prólogo
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La primera de estas líneas, tratada de manera breve pero clarificadora en esta monografía, es el grave problema que supone el considerar que las resoluciones de los órganos de control de los tratados internacionales no son vinculantes. Más allá del debate estrictamente jurídico-doctrinal es importante atender al objetivo que se persigue cuando se defiende la necesidad de reconocer la aplicabilidad de la jurisprudencia de los órganos de control y a las posibilidades de lege ferenda. La trascendencia de la función interpretativa y de control del respeto por la normativa internacional en los Estados que realizan organismos como la Comisión de Expertos en la aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), el Comité de libertad sindical (CLS) de la OIT, o el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) encargado del control de la aplicación de la Carta Social Europea, radica en su función imprescindible para mantener vivo al derecho internacional, permitir su evolución y la interacción permanente con los ordenamientos estatales, asegurando a la vez una comprensión homogénea de su contenido. No se desconoce, evidentemente, que los órganos de control de la OIT no tienen competencia para dar interpretaciones con valor de jurisprudencia de los convenios internacionales del trabajo (según el art. 37 de la Constitución de la OIT esta competencia sólo la posee la Corte Internacional de Justicia, a quien sólo se ha recurrido una vez en 1930, o un Tribunal creado ad hoc para solucionar una cuestión, alternativa que no ha sido nunca utilizada). Sin embargo, y a pesar de esta falta de competencia formal, es evidente que en su función de control del cumplimiento de los Convenios, los distintos organismos y comités de la OIT realizan una permanente labor de interpretación de los mismos y de control de los incumplimientos estatales. Su jurisprudencia ha sido recogida por numerosos tribunales nacionales así como, señaladamente, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (v. gr. bien conocido caso Demir y Baykara c. Turquía, de 12 de noviembre de 2008) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En concreto, reviste especial interés la opinión consultiva OC-27/21 de 5 de mayo de 2021 de esta Corte, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relativa a los derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género, es de particular relevancia. En ella la Corte reitera que los tratados
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de derechos humanos son “instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación establecidas en el artículo 29 de la Convención Americana, así como con la Convención de Viena”. Por añadidura, la Corte expresó con claridad que “(…) aunque no le corresponde emitir una interpretación directa de los distintos instrumentos de derecho laboral en el ámbito internacional, indudablemente los principios, derechos y obligaciones allí contenidos contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de la Convención Americana. De esta forma, en virtud de la materia sometida a consulta, la Corte tendrá en especial consideración, como fuentes de derecho internacional adicionales, los convenios y recomendaciones, y otros instrumentos relevantes, así como opiniones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, ambos de la OIT, a fin de efectuar una interpretación armónica de las obligaciones internacionales en los términos de las convenciones citadas”. Coincidiendo completamente con las afirmaciones de la Corte IDH, tampoco se desconoce la inexistencia un procedimiento en el ordenamiento español que posibilite dotar de eficacia ejecutiva a las decisiones adoptadas por órganos de tratados de derechos humanos de ámbito regional o internacional. Sin embargo, y en virtud de la finalidad señalada, parece que el camino idóneo es abordar una modificación legislativa que establezca que las resoluciones de los órganos de los tratados de derechos humanos contenidos ratificados por el Estado español son de obligado cumplimiento y se establezcan los procedimientos adecuados para asegurarlo. Se trata por tanto de voluntad política, en un momento que parece posible. Otro de los temas que aparecen apuntados en la obra dentro del conjunto de debilidades del derecho internacional (del trabajo) es la cuestión de la contraposición entre el auge de la Lex Mercatoria y los tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo evidentemente los de contenido laboral. El acertado resumen que nos brinda el autor deja entrever el carácter conflictual inherente a una relación desequilibrada entre el derecho internacional del trabajo y un cuerpo de normas y
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principios a-estatal, independiente, desarrollado fundamentalmente por la comunidad empresarial internacional sobre la base de la costumbre, la práctica empresarial y los principios generales del derecho aplicados en arbitrajes comerciales y que en la actualidad, aun cuando no puede ser considerado como un ordenamiento jurídico en sí mismo, cumple de facto la función de un orden jurídico, regulando tanto relaciones entre privados como relaciones entre Estados y poderes económicos privados e integrando en la mayor medida posible las prácticas y necesidades de los sujetos del comercio internacional, que no son otras que las Empresas Transnacionales (ETN). Que esta Lex Mercatoria tiene un particular poder expansivo es una obviedad. Como señalaba Juan Ramón Capella ya en 1997, este conjunto normativo acordado por los grandes agentes económicos, con independencia de los poderes públicos, no solo regula las relaciones intercorporativas sino las relaciones entre las ETN y los Estados y, más allá, las propias actuaciones públicas estatales, pero con intereses opuestos al de las mayorías sociales; esta expansión choca, evidentemente, con los mecanismos de garantía de los derechos humanos a nivel estatal e internacional. La preocupación por los efectos expansivos de la LM sobre los derechos humanos no es novedosa. Distintos Comentarios Generales de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas han remarcado que los Estados no pueden ignorar sus obligaciones respecto de estos derechos cuando adopten acuerdos de comercio e inversión bilaterales y multilaterales. Esta preocupación ha llevado a plantear, entre otras posibles soluciones, las llamadas “cláusulas sociales” que se situarían como supuesto dique dentro de los tratados de comercio e inversión para asegurar el complimiento del derecho internacional de los derechos humanos (y del trabajo). Sin embargo, lejos de solucionar la cuestión, estos mecanismos están suscitando más problemas que soluciones (más allá de lo cosmético). Por un lado, las previsiones de estas cláusulas laborales no son suficientes para proteger los derechos de las y los trabajadores en las dinámicas de creación de empleo, fundamentalmente precario dentro de las macro estructuras de comercio y de inversión (como son las zonas francas) y los últimos eslabones de las cadenas globales de valor; por otro, los mecanismos de control creados en los tratados comerciales
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(con especialistas en derecho mercantil) acaban aplicando e interpretando el derecho internacional del trabajo, con la posibilidad de suplantar en alguna medida a los órganos de control de la OIT y, obviamente, de verter una interpretación contraria a la mantenida por la CEACR o cualquier otro organismo de control. Evidentemente, una posibilidad sería la vinculación de los mecanismos de control de la OIT dentro del ámbito de estos tratados para asegurar la coordinación y una mejor capacidad de monitoreo y control de las cláusulas, elevando su capacidad sancionatoria al nivel de los mecanismos que aseguran el cumplimiento del resto del tratado. Esto permitiría mantener en el puesto de mando del derecho internacional del trabajo a quien debe estar y evitar la invasión de la Lex Mercatoria, sin embargo, y hasta el momento, no ha sido una posibilidad asumida por actores fundamentales en este ámbito como es ahora la Unión Europea. Conectada con esta problemática aparece la tercera cuestión, fundamental y que permea el conjunto de la obra, con una protagonista indudable, la Organización Internacional del Trabajo y con un actor fundamental en escena, las Empresas Transnacionales. Nótese cómo al principio de este prólogo se señalaba la importancia de la política y el derecho internacional en la conformación del derecho del trabajo, afirmándose la intrínseca raíz internacionalista de esta disciplina, vinculada de manera clara y en sus orígenes al carácter supranacional de las luchas obreras. En efecto, como bien relata la obra a la que da paso este pequeño texto, la necesidad de promover la justicia social en el ámbito internacional se plasmó como condición sine qua non para conseguir la paz universal y permanente. Este objetivo, establecido escuetamente en 1919 en la Constitución de la OIT y corroborado de manera detallada en 1945 en la Declaración de Filadelfia, asumía la necesidad de equiparar las condiciones de trabajo entre las diferentes naciones, marcando un camino a seguir. La justicia social, que en 1919 se había vinculado fundamentalmente a la dignidad en el trabajo, se ampliaba ahora al bienestar material y desarrollo espiritual, incluyendo notablemente la “seguridad económica”. Además, en 1945 adquiría consistencia el papel de la OIT, fundamentada de manera clara en un sólido tripartismo fraguado en el pacto capital-trabajo y en una específica correlación de fuerzas.
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La Organización tenía el cometido de “examinar y considerar, teniendo en cuenta este objetivo fundamental, cualquier programa o medida internacional de carácter económico y financiero”, otorgándosele además una competencia amplia, al señalar que “al cumplir las tareas que se le confíen, la Organización Internacional del Trabajo, después de tener en cuenta todos los factores económicos y financieros pertinentes, puede incluir, en sus decisiones y recomendaciones, cualquier disposición que considere apropiada”. Estos párrafos de la Declaración de Filadelfia, habitualmente poco recordados, tienen una eficacia fundamental puesto que con ellos se colocaba a la OIT en el “puesto de mando” de la consecución de la justicia social, permitiéndole examinar y considerar, a la luz este objetivo, la creación y aplicación de cualquier conjunto normativo, en particular, de la ya comentada “Lex Mercatoria”. Echar la vista un siglo atrás es útil para evidenciar cómo la relación de fuerzas se encuentra en el ámbito supranacional profundamente lastrada hacia un lado, en un escenario global dominado por las grandes corporaciones transnacionales con las que ni las organizaciones sindicales ni la mayoría de estados pueden competir en capacidad de imposición y coerción. Tampoco esto es una novedad, las empresas multinacionales (luego transnacionales) han gobernado el mercado mundial desde los años sesenta y muy en particular desde 1973. Las implicaciones y repercusiones de esta dominación han generado uno de los más grandes debates dentro de la economía internacional tras la II Guerra Mundial, pero también dentro del campo de los derechos humanos y muy en particular dentro del derecho internacional de los derechos humanos. En concreto, el debate, incesante desde los años setenta, se refiere al impacto que la actividad de estas empresas, a través de sus cadenas de valor, generan sobre estos derechos y a la incapacidad del Derecho (internacional, en general pero particularmente del trabajo) para darle una solución. La cuestión de las ETN y sus cadenas globales de valor (de suministro en el lenguaje de la OIT) y sus repercusiones en el objetivo de la consecución de un trabajo decente para todas las personas es un tema particularmente complejo que ha sido tratado en el seno de la organización desde hace décadas. En 1967, el instituto de estudios de la OIT convocó un simposio sobre relaciones laborales transnacionales, impulsando un debate que continuó con la Resolución de la Conferencia
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Internacional del Trabajo de 1971 en la que se invitaba al Consejo de Administración a adoptar decisiones sobre la cuestión. Tras varias reuniones tripartitas, el Consejo de Administración en mayo de 1976 recomendó la adopción de una declaración. Tanto el grupo de trabajadores como los representantes gubernamentales de los países en desarrollo (el G-77) recomendaron la adopción de convenios sobre la cuestión. Frente a esta postura, el grupo de los empresarios se decantó por la adopción de una declaración tripartita sin carácter obligatorio. La Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social fue finalmente adoptada por el Consejo de Administración de la OIT en su reunión de noviembre de 1977, estableciéndose el primer instrumento de la organización para proporcionar una orientación directa a estas empresas respecto de la política social y las prácticas incluyentes, responsables y sostenibles en el lugar de trabajo. La falta de capacidad de la Declaración para ser un instrumento suficiente que permita embridar a las ETN y comprometerlas en el respeto de los derechos consagrados en las normas de la OIT es una evidencia. Afortunadamente, desde hace años, la organización ha comenzado a otorgar un lugar central a este problema, alrededor del objetivo de la consecución del trabajo decente en las cadenas globales de valor. De hecho, en el párrafo 25 de las Conclusiones relativas al trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en 2016, se señaló con claridad que “existe la preocupación de que las actuales normas de la OIT tal vez no sean apropiadas para la consecución del trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro”. Por su parte, en la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo adoptada en junio de 2019, la Conferencia Internacional del Trabajo exhortó a la OIT a “asegurar que las modalidades de trabajo y los modelos empresariales y de producción en sus diversas formas, también en las cadenas nacionales y mundiales de suministro, potencien las oportunidades para el progreso social y económico, posibiliten el trabajo decente y propicien el empleo pleno, productivo y libremente elegido”. Más allá de declaraciones, no faltan las voces que han reivindicado una actuación en forma de un Convenio sobre Cadenas o un Comité que trabaje específicamente en la resolución de los casos de violaciones
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de derechos humanos vinculados al trabajo cometidas por las ETN, como vía imprescindible para asegurar el cumplimiento de los estándares básicos del derecho internacional del trabajo. La propia OIT ha reconocido que la actividad de las cadenas de producción ha contribuido a perpetuar o agravar problemas gravísimos como la extensión del fenómeno de la esclavitud moderna y ha hecho surgir nuevas dificultades para asegurar el respeto a los derechos humanos y muy en particular los vinculados al trabajo decente. La erradicación de estas violaciones de los derechos y de la impunidad de quien las comete se ha convertido en uno de los grandes retos del derecho internacional del trabajo en la actualidad que evidencia, de nuevo, su carácter imprescindible. La realidad nacional como ámbito de aplicación de las normas laborales se encuentra hoy sobrepasada por la realidad de las ETN, cuya estructura descentralizada y deslocalizada permite la elección, elusión y evasión tanto de las normas laborales estales como de la acción sindical. En un momento como el presente, en el que, por primera vez, el saldo de una crisis económica no lo ha pagado el derecho del trabajo, la pertinencia de atender al derecho internacional no solo para asegurar su cumplimiento y respeto en el ámbito interno sino para impulsar su desarrollo es innegable. Para este refuerzo del derecho internacional del trabajo, el paso necesario es profundizar en su conocimiento detallado y en su utilización por las y los operadores jurídicos, algo para lo que la lectura de esta magnífica obra de Miguel Ángel Garrido es particularmente recomendable. La misma se fundamenta en el contenido de la tesis doctoral defendida en noviembre del año 2020 y calificada con Sobresaliente Cum Laude. Como directora de la misma debo destacar que el texto evidencia cómo debe compaginarse el rigor, el pensamiento situado, el posicionamiento ideológico y el pensamiento crítico permanentemente del lado de la clase trabajadora. Con esto, y con el agradecimiento por el camino recorrido, no me queda más que recordar el inmenso aprendizaje conjunto que supuso su redacción y recomendar la lectura, y el disfrute, de las páginas que siguen.