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INVESTIGACIÓN, DOCENCIA UNIVERSITARIA Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

JUAN ANTONIO ALTÉS TÁRREGA (COORD.) ANTONIO ARIÑO VILARROYA ALICIA ARMENTGOT VILAPLANA EVA LÓPEZ TERRADA LUIS ENRIQUE NORES TORRES LAURENT MANDERIEUX CARMEN RODILLA MARTÍ SARA MARTÍN SALAMANCA CONCEPCIÓN SAIZ GARCÍA (DIR.) ADRIÁN TODOLÍ SIGNES CLAUDIA TRABUCO JUAN ANTONIO UREÑA SALCEDO (DIR.)

Valencia, 2015

Copyright ® 2015 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www.tirant. com). El presente estudio se ha llevado a cabo en el marco de los Proyectos I+D del Ministerio de Economía y competitividad DER2011-23528 sobre “Los derechos de autor en el ámbito de las relaciones de empleo públicas y privadas” y DER2010-21327, sobre “Propiedad intelectual y universidades y centros de investigación”.

Juan Antonio Altés Tárrega y otros

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I. La actividad universitaria y la propiedad intelectual: viejos y nuevos problemas JUAN ANTONIO ALTÉS TÁRREGA Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universitat de València EG

La amplitud con que se deine la obra que concede derechos de autor a su creador no deja lugar a dudas sobre la consideración de autor del personal docente de las universidades, tanto en relación con las manifestaciones de su actividad docente (apuntes para clases, manuales…), como con las que se derivan de su actividad investigadora (monografías, artículos en revistas especializadas, comunicaciones y ponencias…). Efectivamente, estas actividades, por separado (que no siempre lo son), tienen encaje en el artículo 10.1 de la LPI, el cual determina que “son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o cientíicas” e incluye, en su apartado a), entre otros ejemplos las conferencias y las explicaciones de cátedra. Debe advertirse en relación con las denominadas creaciones cientíicas que lo que se protege no son los resultados de la investigación cientíica en sí, esto es, el concreto descubrimiento o las teorías, técnicas, sistemas o métodos, sino la forma en que se exterioriza dicha investigación frente a terceros. Se trata, por tanto, de la expresión, normalmente literaria, de dicha investigación, siempre y cuando cumpla con el requisito de originalidad, referida a la exposición que no al contenido1.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, R. (2007), “Artículo 10. Comentario”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, R. (Coord.) Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, 3ª ed., Madrid: Tecnos, pp. 159 y 160; VALBUENA GUTIÉRREZ, J.A. (2000), Las obras o creaciones intelectuales como objeto del derecho de autor, Albolote (Granada): Comares, p. 31; ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2011), “El contrato de trabajo del autor asalariado: supuestos de aplicación del art. 51 de la Ley de Propiedad Intelectual”, Relaciones Laborales, nº 10, p. 24.

Por ello, resulta cuanto menos paradójico que la normativa sobre propiedad intelectual no haya contenido hasta hace poco referencias especíicas a la producción y explotación de las obras cientíicas y docentes que se llevan a cabo en el marco de las universidades, ya que en dicho ámbito se producen una gran parte de las obras que generan derechos de autor2. En principio, la Ley de Propiedad Intelectual contempla al autor como una persona con capacidad jurídica para negociar la explotación de los derechos de autor patrimoniales que surgen de sus creaciones, bien por sí mismo, bien a través de la igura del representante, lo cual implica, normalmente, salvo en los casos de autoexplotación de la obra, un negocio jurídico con un tercero por el que se produce la transmisión de esos derechos a cambio de una contraprestación económica (arts. 42 y ss. TRLPI). Al margen de este supuesto general, se regulan sucintamente situaciones especiales en atención a la importancia cuantitativa y cualitativa de las mismas, en aquellos casos en los que la obra, de una manera u otra viene comisionada por un tercero. Este es el caso de los denominados autores asalariados o de aquellos autores que llevan a cabo la creación intelectual mediante un arrendamiento de servicios civil (art. 51 TRLPI). También responderían a este supuesto la consideración como autor del director/realizador en las obras audiovisuales y la presunción de cesión de algunos de estos derechos al productor de la obra (art. 87 y 88 TRLPI); la atribución de la titularidad de los derechos de explotación al empresario por la creación de programas de ordenador (art. 97.4 TRLPI); y el régimen de cesión de derechos de propiedad intelectual establecido en los casos de actividades artísticas realizadas en el marco de un contrato de trabajo o un arrendamiento de servicios (art. 110 TRLPI). Sin embargo, no se hace ninguna referencia en la Ley a la relación funcionarial como marco para la creación de obras intelectuales, cuando evidentemente en muchos casos esta relación jurídica de trabajo, que 2

En el caso de derechos de propiedad intelectual (término más amplio que aglutina los derechos de autor y otros derechos vecinos) la mayor parte de los mismos viene generada por los artistas o intérpretes, que a su vez pueden ser autores de las obras que ejecutan o interpretan.

no laboral, va a determinar que el resultado de la actividad realizada genere derechos de autor. De hecho, la relación jurídica que une a los profesores universitarios con los centros docentes implica, la mayoría de las veces, la existencia de una relación de este tipo, aunque también cabe que se materialice bajo un contrato laboral, en el caso de las universidades privadas, pero también en algunos supuestos y para algunas iguras docentes en las universidades públicas. Esta ausencia de una normativa especíica para los funcionarios públicos, y en especial para quienes desempeñan una actividad docente universitaria, ha provocado distintas interpretaciones: desde la atribución de un régimen similar al que instaura el art. 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, por el que se atribuyen a las universidades las invenciones del personal investigador a su servicio hasta entender que precisamente la inexistencia de un régimen jurídico propio supone aplicar a los profesores universitarios, y en general al personal funcionarial, el régimen común de autor que dispone el TRLPI. Entre estas dos posturas también se ha defendido la aplicación analógica del régimen del autor asalariado, con el in de trasladar los derechos de explotación a la administración o universidad pública. Precisamente, la extensión analógica de este régimen singular ha sido el que ha generado mayor número de posicionamientos y opiniones entre la comunidad cientíica. En este contexto, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible ha introducido nuevos elementos a tomar en consideración para resolver esta cuestión. En especial, el art. 54.2 de dicha norma, en relación con los “organismos públicos de investigación, las universidades públicas, las fundaciones del sector público estatal, las sociedades mercantiles estatales y otros centros de investigación dependientes de la Administración General del Estado”, mantiene que “los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual”. Este mandato ha sido visto bien como la conirmación de las tesis que trasladan la autoría a las universidades, o bien como una trasformación del régimen jurídico del profesorado universitario en dicho sentido.

Todos estos temas tienen un tratamiento especíico en otras partes de esta obra, por lo que no conviene reproducirlos aquí. Sin embargo, no resisto la tentación de subrayar algunas consideraciones: (1) En primer lugar que, aunque resulte aplicable el régimen jurídico del art. 51 LPI sobre transmisión de los derechos de autor del autor asalariado al personal funcionarial, ello no tiene por qué implicar la atribución de los derechos a la administración pública. En este sentido está comúnmente admitido que la existencia de una relación laboral no implica la consideración del empresario como autor originario de los derechos. En nuestro ordenamiento jurídico, como en el del resto de los países de tradición jurídica latina, los derechos pertenecen originariamente al autor, independientemente de que la actividad creadora se lleve a cabo de forma autónoma o se enmarque en un contrato de trabajo o un arrendamiento de servicios. Se aparta esta regulación de la típica de los países anglosajones que, bajo el inlujo de la normativa del copyright, atribuyen la titularidad de los derechos de autor que se generan en el marco de un contrato de trabajo al empresario3. De esta manera, la doctrina ha resuelto que la tesis de la ajenidad en los frutos no resulta aplicable de forma directa a esta relación laboral, ya que los derechos de autor, como frutos del trabajo, no pertenecen ab origine al empresario. Como ya he tenido la oportunidad de señalar en alguna ocasión4, la doctrina viene caliicando el mecanismo de trasmisión de los derechos del autor del art. 51 TRLPI como una cesión tácita5 o como una cesión presunta6, aunque se trata de iguras un tanto abstractas, lo que hace que 3 4

ROUSSEL, G. (1990), “Le Droit d’auteur des auteurs salariés et employés: étude comparative de législations nationales”, Revue Le Droit d’auteur, juillet-août, p. 234. ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2013), “Artistas y derechos de propiedad Intelectual: su inserción en el contrato de trabajo” Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico, nº 14, p. 181 y ss. VALDÉS ALONSO, A. (2001), Propiedad intelectual y relación de trabajo, Madrid: Civitas, p. 146. Al respecto RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. (1966), “La dependencia y la extensión del ámbito del derecho del trabajo”, Revista de Política Social, nº 71, p. 151, señala que, sin alterar la deinición del objeto de trabajo, existen supuestos en los que los frutos no son originariamente de un tercero, sino del propio trabajador. BAUTISTA GARCÍA, E. (1992), “Las obras realizadas por encargo. La igura del autor asalariado. Planteamiento general y problemática española” en AA.VV.

muchas veces sea difícil diferenciarlas7 o distinguirlas de otras fórmulas como la cesión legal8. Pues bien, tomando como referencia esta clasiicación, la doctrina ha mantenido diversas posturas. Así, por una parte, se ha venido a defender que los derechos de autor, como objeto del contrato de trabajo, se trasladan de forma derivada al empresario y, en base a una concepción modulada del presupuesto de ajenidad, éste adquiere también la posibilidad de disponer de los mismos9. La principal consecuencia de esta tesis es el irremediable carácter salarial de la contraprestación que recibe el autor por la trasmisión de los derechos de autor. La cesión de los derechos de explotación, junto con la actividad propiamente dicha, conforma la causa del contrato de trabajo, siendo los primeros los que generan el beneicio empresarial, por lo que corresponde al empresario la compensación, mediante el salario, de parte de dicho beneicio10. En deinitiva la ajenidad se consuma, bien en los términos que se pacten (delimitando qué se entiende por

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Congreso Iberoamericano de propiedad intelectual: Derecho de autor y derechos conexos en ellos umbrales del año 2000, T.I. Madrid: ministerio de Cultura, p. 432; SÁNCHEZ ARISTI, R. (2006) “Modiicaciones que afectan al Libro II de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. et altri, Las reformas de la Ley de Propiedad intelectual, Valencia: Tirant lo Blanch, p. 89. La doctrina francesa también le atribuye esta condición, LUCAS-SCHLOETTER, A. (2004), Les droits d’auteur des salariés en Europe continentale, Cahiers irpi, nº 5, pp. 24 y ss. HURTADO GONZÁLEZ, L. (2006), Artistas en espectáculos. Régimen laboral, propiedad intelectual y seguridad social, Madrid: La Ley, p. 281. El autor se reiere a la transmisión de derechos de propiedad intelectual en el marco de una relación laboral como un “pacto tácito de cesión” y a continuación la caliica de “pacto presunto”. Así, hasta los autores que deienden la existencia de una cesión legal, acaban admitiendo la primacía de la autonomía de la voluntad de las partes CABANILLAS SÁNCHEZ, A (1997), “Comentario al artículo 110”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.) Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, 2º Ed., Madrid. Tecnos, pp. 1585 y 1589. Sobre el tema vid. VALDÉS ALONSO, A. (2001), op. cit., p. 102 y ss. VALDÉS ALONSO, A. (2001), op. cit., p. 96 y p. 129; y ARAGÓN GÓMEZ, C. (2007), “El Derecho del trabajo y el Derecho de propiedad intelectual. Los problemas derivados de la colisión de ambas disciplinas”, Pe. i. Revista de propiedad intelectual, nº 26, p. 133 y 143.

fruto del trabajo), o bien por la cesión que establece el art. 51 TRLPI para los autores asalariados11. Frente a esta tesis también se ha defendido que el reconocimiento de la propiedad intelectual al autor implica que, cuando medie un contrato de trabajo, la ajenidad quede referenciada en la actividad creativa, sin compromiso con el resultado y se desconecta de la propiedad intelectual sobre la obra del contrato de trabajo, circunstancia que la propia norma avalaría, al subordinar la cesión al pacto entre el trabajador y el empresario12. El trabajador se obligará mediante el contrato de trabajo a la prestación de los servicios de la actividad intelectual a cambio de un salario y, mediante otro contrato, estipulará el alcance y el contenido de la cesión de los derechos de propiedad intelectual al empresario13. De no existir este pacto, entrará en juego la presunción de adquisición, pero no por ello se desvirtúa este mecanismo de transmisión de derechos, quedando salvaguardada la consideración que la norma hace del autor y sus derechos sobre el resultado de su creación14. En mi opinión15, esta es la tesis correcta, pues permite una mejor comprensión de la remuneración por la cesión o transmisión de los derechos de autor, evitando los problemas que conlleva considerarlos como salario (principalmente el hecho de que exista retribución incluso una vez inalizado el contrato) y

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VALDÉS ALONSO A. (2001), op. cit., p. 105; ARAGÓN GÓMEZ, C. (2011), “op. cit. p. 143; ARADILLA MARQUÉS, M.J. (2013), “El papel de la negociación colectiva en materia de derechos de autor y propiedad intelectual: en especial en el sector de la prensa”, Justicia Laboral nº 55, p. 19. BAUTISTA GARCÍA, E. (1992), op. cit., pp. 431 y 432; HURTADO GONZÁLEZ, L. (2006), op. cit., p. 258; MARTÍN VILLAREJO, A. (2009), “Comentario Artículo 110. Contrato de trabajo y de arrendamiento de servicios”, en M. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.) Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, 2ª edición, Cizur Menor (Navarra): Civitas/homson Reuters, p. 679. BAUTISTA GARCÍA, E. (1992), op. cit., p. 432; RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (1997), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Civitas, Madrid, pp. 410 y 411 BAUTISTA GARCÍA, E. (1992), op. cit. p. 432. Así lo he venido defendiendo tanto en relación con los autores —ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2011), op. cit., p. 28 y ss.—, como con los artistas ejecutantes o intérpretes de la obra —ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2013), “Artistas y derechos de propiedad Intelectual: su inserción en el contrato de trabajo” Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico, nº 14, pp. 186 y ss.

avala la existencia de un pacto de no cesión de derechos, expreso o tácito, que difícilmente tiene encaje en la tesis mantenida anteriormente16. Así pues, como puede observarse, de seguirse esta tesis, la autoría seguiría referenciada en la igura del profesor funcionario. (2) En segundo lugar, que, al menos hasta el cambio legislativo introducido por la Ley de Economía sostenible, existía una base legal para defender que los profesores universitarios y, en general, los funcionarios públicos se rigen por las disposiciones comunes en materia de derecho de autor. Esta airmación encontraba un apoyo legal especíico en el artículo 19.f de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública que exceptúa expresamente de la prohibición de desempeñar otras actividades “la producción y creación literaria, artística, cientíica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios”, pues, evidentemente, en este último caso la incompatibilidad vendría dada por la convivencia de dos relaciones de trabajo. (3) Y, en tercer lugar, que el sentir del art. 54.2 de la Ley de Economía Sostenible, no admite una única interpretación. Efectivamente, por mucho que la intención del legislador haya sido la de atribuir los derechos de explotación de las obras realizadas por los profesores universitarios en el marco de su relación de servicios a las propias universidades, el hecho de que inalmente se señale que dicha trasmisión de derechos se producirá “en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual”, permite mantener el statu quo actual con todas sus luces y sombras. Y las sombras se hacen más largas cuando entre la universidad y su personal se interpone un tercero que, a la postre, es quien encarga y

Esta postura ha encontrado base en una serie de resoluciones, en las que se discute la caliicación laboral de contrato de los actores de doblaje, de la que es buen ejemplo la STS Social de 19 de julio de 2010, Rec. nº 2830/2009 (Tol 1961533). Sobre estas sentencias vid. GARCÍA TESTAL, E. (2012), “Relación laboral y propiedad intelectual: La especial coniguración de la prestación de servicios de los autores asalariados, Justicia Laboral, nº 52, pp. 58 y 59; y ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2013), op. cit., pp. 186 y 187.

inancia la investigación. Se trata de la denominada “investigación bajo demanda” en la que un agente externo encarga la realización de una actividad de I+D al personal investigador universitario, lo cual requiere llevar a cabo un análisis de la normativa que la ampara, en especial de la anteriormente mencionada Ley de Incompatibilidades del personal de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Resulta evidente que, desde el momento que estos contratos pueden tener como objeto la realización de actividades que se desarrollan bajo la forma de obras intelectuales o actividades artísticas, de nuevo va a surgir el problema de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que de las mismas se derivan. En este sentido, también se estudian más adelante las implicaciones que, en esta materia, tiene el proceso de transferencia de conocimientos cientíicos al sector privado, esto es, la cada vez más promocionada colaboración entre ciencia y empresa, como una fórmula simbiótica capaz de producir beneicios a ambos estamentos y que se canaliza a través de estructuras, cada vez más complejas, de carácter privado, público o mixto. Como puede fácilmente deducirse también en estos casos, la cuestión de la titularidad de los derechos de explotación de la obra intelectual cientíica —que como expresamente se apunta al afrontarse de forma especíica esta materia no tiene por qué estar elaborada por el “descubridor cientíico”, pues cabe separar a dicho sujeto del que habría que considerar autor, al dar forma al descubrimiento mediante una obra protegida— va a plantear problemas de difícil solución. De hecho, si, como antes señale, ni la anterior normativa ni la actual acaban de aclarar a quien y con qué alcance corresponden los derechos de propiedad intelectual sobre la obra cientíica en el marco de la relación de servicios en las universidades, en estos casos la interposición de un tercer elemento (la organización o sujeto que sufraga la investigación) va a introducir nuevas incógnitas en la ecuación, pues no resulta descabellado pensar y concluir que son estos terceros quienes deben poder ejercer legítimamente los derechos de explotación de las obras cientíicas. Vaya por delante que, en mi opinión, tanto en un caso como en otro se trata de una cuestión esencial y compleja, pero que no tiene una plasmación real evidente. La cuestión de la titularidad de los derechos de

explotación intelectual siempre ha estado muy ligada al beneicio económico que hayan de generar las obras protegidas, por lo que inalmente la importancia de esta materia se diluye, y ello por dos motivos: En primer lugar, porque la explotación de las obras intelectuales de contenido cientíico genera normalmente un beneicio económico escaso, cuando no inexistente, hasta el punto de que, por motivos que no vienen al caso, son los propios investigadores quienes en más de una ocasión acaban por inanciar los costes para dar a conocer los resultados de su investigación. La explotación comercial de la ciencia se canaliza mediante patentes, marcas, diseños, etc. y no mediante la exteriorización de sus resultados en forma de una obra intelectual. Es por ello que, inalmente, no existe una discusión sobre los derechos de explotación de las obras que bien tácitamente o expresamente se mantienen en el patrimonio de su autor. Esta premisa es válida tanto cuando la obra cientíica se genera en el marco de la relación universitaria, como cuando es inanciada por un tercero ajeno. En general las universidades no han asumido la explotación de las obras intelectuales que produce su personal y aun cuando lo hacen, actuando en el mercado como editoriales, lo hacen más en pro del prestigio y el mecenazgo que por el rédito económico. De hecho, aun partiendo de la premisa de la atribución de la titularidad de los derechos de explotación a las universidades, no creo que esta situación vaya a cambiar, pues las obligaciones que el TRLPI impone a dichos titulares son prácticamente inasumibles por los organismos universitarios. En segundo lugar, porque, en los casos de investigación inanciada, si existen expectativas de beneicio económico, los derechos de explotación patrimonial acabarán por salir de la esfera del autor, independientemente de quien sea a juicio de la norma el titular de los mismos, pues el contrato a través del cual se establece el régimen jurídico para la realización de la actividad cientíica y su contraprestación económica incluirá cláusulas que delimitarán el contenido y el alcance de esta transmisión de derechos de propiedad intelectual. Es decir quien comisiona la obra sólo perfeccionará el contrato si en virtud del mismo adquiere los derechos de explotación de la obra que resulte. Al margen de estas cuestiones la propiedad intelectual en el marco de la investigación y docencia universitaria presenta además otras múl-

tiples aristas que requieren una atención especial y que también son tratadas en esta obra. Así, por una parte, en relación con la investigación, nos encontramos con un tema novedoso como es la regulación del open acces que, con base al art. 37.2 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, obliga al investigador a difundir en acceso abierto los resultados de su investigación; y con otro de corte clásico, cual es la consideración de la Tesis Doctoral, como obra protegida y la atribución de derechos de autor a la institución universitaria en cuyo seno se realiza y al director y tutor del programa de investigación que la sustenta sobre la base de su consideración como una obra en colaboración y/o una obra colectiva. Por otra parte, en relación con la actividad docente de los profesores universitarios, cabe destacar dos cuestiones. (1) Por un lado, con reproducción de lo hasta ahora dicho, debe plantearse la posible titularidad de la entidad universitaria sobre los materiales docentes elaborados por los profesores para impartir las clases. En principio el material docente que sirve de apoyo para impartir clases no entra en el ámbito de aplicación de Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que restringe el objeto de regulación a “los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación”, por lo que en este caso se debería aplicar el régimen estándar del derecho de autor. (2) Y, por otro lado, aquellas cuestiones en materia de propiedad intelectual de las cuales podría decirse que se sitúan, usando un símil futbolístico, en campo contrario, esto es en el juego de los límites y contralímites que amparan el uso de distintos materiales de autoría ajena en la labor docente y las posibles repercusiones que para la institución universitaria puede acarrear el incumplimiento de los mismos. Ello determina que, además del derecho de cita que recoge el art. 32.1 TRLPI, sea preciso delimitar adecuadamente el denominado límite de la ilustración de la enseñanza, que permite al docente el uso parcial de obras de autoría ajena en su labor docente, recogido en el art. 32.3 TRLPI, actualmente pendiente de que entre en vigor el próximo 5 de noviembre de 2015 la reforma que lo dota de un contenido más amplio y acorde con la Directiva 2001/29/CE de la que trae causa. El diseño de este precepto todavía vigente no tiene en cuenta (y podía haberse resuelto al trasponer la

directiva al Derecho español y no se hizo) la denominada enseñanza virtual tan en boga desde hace unos años mediante plataformas on line, por lo que hubiera sido necesario llevar a cabo una labor de reinterpretación del precepto que integre en su objeto este fenómeno. Este análisis profundo del actual precepto (y de su modiicación) que se realiza más adelante en esta misma obra, tiene como uno de sus aspectos más controvertidos la extensión del concepto de aula, del espacio físico al entorno virtual de aprendizaje17. Lo cierto es que este entorno virtual, al poder dirigirse a un número potencialmente mayor de destinatarios que los que puede contener un aula física ampliica los beneicios que para la obra ajena tiene su uso en la docencia universitaria, pero también ampliica los posibles perjuicios cuando se produce un uso desviado de las mismas. En este sentido, por una parte, cobran especial relevancia las decisiones judiciales que sobre la materia se han producido en los Juzgados Mercantiles de Barcelona, así como la recaída en segunda instancia de la Audiencia Provincial de la misma ciudad18, con ocasión del conlicto surgido al poner a disposición de los alumnos obras protegidas de terceros sin las debidas autorizaciones en las plataformas virtuales de dos universidades, por cuanto de dicha actuación llevada a cabo por parte de su personal docente se han derivado responsabilidades patrimoniales para dichas instituciones. Y, por otra parte, debe tenerse asimismo en cuenta las medidas que puede adoptar la Comisión de Propiedad Intelectual (cierre de páginas web por permitir el acceso a contenidos ilícitos o la retirada de los contenidos ilícitos) y los problemas de delimitación con los órganos jurisdiccionales que ello conlleva.

Sirva de ejemplo a esta controversia y disparidad de opiniones las tesis mantenidas por algunos reputados integrantes de la doctrina jurídico-cientíica en recientes publicaciones: DIAZ DE OLARTE, J. (2013), “Copia privada e ilustración de la enseñanza: aislándonos de Europa en perjuicio de los ciudadanos, autores y editores”, Diario La Ley, nº 8128, Sección Doctrina, de 17 de julio; y FAJARDO FERNÁNDEZ, J. (2013), “Campus virtual y propiedad intelectual. Comentario a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, de 2 de mayo de 2013”, Diario La Ley, nº 8164, Sección Tribuna, de 7 de octubre. Se trata de la SJM Barcelona nº 2, de 2 de mayo de 2013 (Tol 3536580); y la SJM Barcelona nº 9, de 2 de septiembre de 2013 y SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 29 de octubre de 2014.

Además, en el contexto descrito en esta páginas resulta cuanto menos útil conocer el tratamiento que en otros países de nuestro entorno jurídico se da a estas cuestiones, sobre todo si, como es el caso de Francia, Italia o Portugal (cuyo estudio se incluye en esta obra), poseen una normativa de referencia similar o con muchos puntos en común con la nuestra, y se encuentran igualmente bajo el paraguas normativo de la Unión Europea y han integrado en los mismos organismos internacionales con competencias en esta materia. Finalmente, aunque esta obra trata la cuestión de la propiedad intelectual desde una perspectiva eminentemente jurídica, no sería justo no dedicar algunas páginas a una relexión crítica con una visión diferente. Por ello, a modo de conclusión, la última parte de esta obra afronta el tema de los derechos de la propiedad intelectual en la universidad, el conocimiento como bien común y la utilización de las nuevas tecnologías para la transferencia de conocimientos desde una perspectiva sociológica, que sin embargo no rehúye el comentario jurídico sobre algunas cuestiones del Proyecto de reforma del TRLPI.

Bibliografía ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2011), “El contrato de trabajo del autor asalariado: supuestos de aplicación del art. 51 de la Ley de Propiedad Intelectual”, Relaciones Laborales, nº 10. ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2013), “Artistas y derechos de propiedad Intelectual: su inserción en el contrato de trabajo” Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico, nº 14. ARADILLA MARQUÉS, M.J. (2013), “El papel de la negociación colectiva en materia de derechos de autor y propiedad intelectual: en especial en el sector de la prensa”, Justicia Laboral nº 55, p. 19. ARAGÓN GÓMEZ, C. (2007), “El Derecho del trabajo y el Derecho de propiedad intelectual. Los problemas derivados de la colisión de ambas disciplinas”, Pe. i. Revista de propiedad intelectual, nº 26. BAUTISTA GARCÍA, E. (1992), “Las obras realizadas por encargo. La igura del autor asalariado. Planteamiento general y problemática española”, en AA.VV. Congreso Iberoamericano de propiedad intelectual: Derecho de autor y derechos conexos en ellos umbrales del año 2000, T. I. Madrid: Ministerio de Cultura. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (2007), “Artículo 10. Comentario”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.) Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, 3ª ed., Madrid: Tecnos.

CABANILLAS SÁNCHEZ, A (1997), “Comentario al artículo 110”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.) Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, 2º Ed., Madrid. Tecnos. DÍAZ DE OLARTE, J. (2013), “Copia privada e ilustración de la enseñanza: aislándonos de Europa en perjuicio de los ciudadanos, autores y editores”, Diario La Ley, nº 8128, Sección Doctrina, de 17 de julio. FAJARDO FERNÁNDEZ, J. (2013), “Campus virtual y propiedad intelectual. Comentario a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, de 2 de mayo de 2013”, Diario La Ley, nº 8164, Sección Tribuna, de 7 de octubre. GARCÍA TESTAL, E. (2012) “Relación laboral y propiedad intelectual: La especial coniguración de la prestación de servicios de los autores asalariados, Justicia laboral, nº 52. HURTADO GONZÁLEZ, L. (2006), Artistas en espectáculos. Régimen laboral, propiedad intelectual y seguridad social, Madrid: La Ley. LUCAS-SCHLOETTER, A. (2004), Les droits d’auteur des salariés en Europe continentale, Cahiers irpi, nº 5. MARTÍN VILLAREJO, A. (2009), “Comentario Artículo 110. Contrato de trabajo y de arrendamiento de servicios”, en M. RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.) Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, 2ª edición, Cizur Menor (Navarra): Civitas/ homson Reuters. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (1997), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Civitas, Madrid. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. (1966), “La dependencia y la extensión del ámbito del derecho del trabajo”, Revista de Política Social, nº 71. ROUSSEL, G. (1990), “Le Droit d’auteur des auteurs salariés et employés: étude comparative de législations nationales”, Revue Le Droit d’auteur, juillet-août. SÁNCHEZ ARISTI, R. (2006), “Modiicaciones que afectan al Libro II de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, R. et altri, Las reformas de la Ley de Propiedad intelectual, Valencia: Tirant lo Blanch. VALBUENA GUTIÉRREZ, J.A. (2000), Las obras o creaciones intelectuales como objeto del derecho de autor, Albolote (Granada): Comares VALDÉS ALONSO, A. (2001), Propiedad intelectual y relación de trabajo, Madrid: Civitas.

II. Ciencia y empresa: la transferencia de conocimientos cientíicos JUAN A. UREÑA SALCEDO Profesor Titular de Derecho administrativo Universitat de València EG

1. Algunas cuestiones previas El uso de expresiones como “el conocimiento es la moneda de la nueva economía”, la referencia a “la comercialización del conocimiento”, o el recordatorio de la necesidad de “convertir los conocimientos en beneicios socioeconómicos”, es constante en estos últimos tiempos19. Precisamente de eso, de las relaciones entre ciencia y empresa en nuestros días, es de lo que vamos a tratar seguidamente. No se trata de un tema novedoso20. Ni creemos nosotros que los mundos académico y profesional hayan sido mundos estancos entre sí21. 19

Estos términos se emplean, por ejemplo, en el Dictamen del Comité de las Regiones, Espacio europeo de investigación (99º pleno de los días 31 de enero y 1 de febrero de 2013) (2013/C 62/04), que no olvida que hay que mejorar “los resultados de la investigación pura, impulsada por la curiosidad”. La Recomendación de la Comisión de 10 de abril de 2008, sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos y Código de buenas prácticas para las Universidades y otros organismos públicos de investigación (2008/416/CE), publicado el 5 de junio de 2008, se reiere expresamente a la necesidad de convertir los conocimientos en beneicios socioeconómicos GONZÁLEZ ÁLVAREZ, A. (1976), La Universidad de nuestro tiempo, Madrid: Gredos, pp. 25-26, entre muchos otros, nos recordó que Daniel Bell, presidente de la Comisión de Artes y Ciencias de los Estados Unidos, había sostenido que “la dirección de esta nueva sociedad no va a recaer en los hombres de negocios y en las empresas, tales como las conocemos, sino en las empresas de investigación, en los laboratorios industriales, en las estaciones experimentales y en las universidades” Otra cosa es la incorporación tardía de las Escuelas técnicas a la Universidad, y el tipo de investigación o conocimiento de que se trate. En el Derecho los Profesores abogados son legión, y lo mismo puede decirse, por ejemplo, y como no puede ser de otra forma, de los médicos, de los arquitectos y de otras profesiones de pane

Es bien cierto, pese a todo, que parece urgente, al menos si nos atenemos al tenor literal de numerosos textos oiciales, que se incremente la colaboración de los centros de investigación con el sector privado. Así se espera mejorar la competitividad de las empresas y que los centros de investigación, normalmente públicos, generen ingresos22. Veremos en las páginas siguientes algunos de los instrumentos que contempla nuestro Ordenamiento para desarrollar esta colaboración público-privada. Algunas precisiones conviene hacer, sin embargo, antes de entrar en el fondo.

1.1. La enseñanza como forma de transferencia de conocimientos cientíicos y técnicos. Misión de la Universidad La docencia, la enseñanza universitaria, que es, estamos convencidos de ello, una importantísima forma de transferencia de conocimientos cientíicos, queda fuera de este trabajo23. A la “interacción real entre profesor y estudiantes, el fomento de la duda más que la certeza, la invitación al descubrimiento y la experimentación para que el estudiante forme su propio criterio, sepa transmitir sus ideas y rebatir aquellas de las que discrepa”, sólo podemos dedicar unas líneas24.

lucrando. MARTÍN REBOLLO, L.; RECIO MUÑIZ, T. (2011), “Bewitched, bothered and bewildered”, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, octubre de 2011, monográico La Universidad en crisis, p. 54, recuerda que las Escuelas técnicas se integraron en las Universidades españolas a partir de los años 70 del siglo XX. MICHAVILA, F. (2011), “La Universidad, con el viento en contra”, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, octubre de 2011, monográico La Universidad en crisis, insiste en lo positivo de la obtención de ingresos y en la necesaria cooperación con el mundo empresarial, por ejemplo con las cátedras empresa. Sobre el signiicado ilológico y ilosóico de la transmisión de conocimientos y el pago por la transmisión de sabiduría puede verse, entre muchísimos otros, George Steiner, G. (2004), Lecciones de los maestros, Madrid: Ediciones Siruela, pp. 12 y 23. El tenor literal, que compartimos, es de MARCELLÁN, F. (2011), “Políticas de profesorado en las Universidades españolas”, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, octubre de 2011, monográico La Universidad en crisis, p. 29. El Profesor, añade, es “alguien que piensa sobre lo que no sabe, relexiona sobre lo que cree saber, genera conocimiento, lo transmite y posibilita la creación de un pensamiento crítico que va más allá de su valor académico” (p. 29).

Una parte de la investigación, como se deduce de las normas que tendremos ocasión de analizar, debe centrarse en áreas que favorezcan la competitividad de las empresas25. En nuestra opinión, una cosa es que parte de la investigación se dirija por criterios empresariales y otra, muy distinta, como también parece pretenderse por algunos, que las empresas y empresarios tengan voz tanto en la redacción de los planes de estudios de las Universidades, como en la evaluación de los investigadores. En la Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones, Una nueva asociación para la modernización de las universidades: el Foro de la UE para el diálogo entre las universidades y las empresas, Bruselas, 2 de abril de 2009 COM (2009) 158 inal, por ejemplo, se airma que “las empresas podrían ayudar a las universidades a reformular sus planes de estudios y sus estructuras de gobernanza, así como contribuir a su inanciación” (p. 2). Se añade en esta Comunicación que “los organismos de acreditación deberían disponer de representantes tanto de los estudiantes como de la comunidad empresarial y de la sociedad en su conjunto” (p. 4)26. En el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la investigación y el desarrollo: apoyo a la competitividad (2009/C 277/01), publicado el 17 de noviembre de 2009, puede leerse que hay que “incluir el espíritu empresarial como parte integrante de los planes de estudios. El espíritu empresarial es importante tanto en el campo de la investiga-

En la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, marco estratégico europeo para la cooperación internacional en ciencia y tecnología, COM (2008) 588 inal, publicado el 24 de septiembre de 2008, se insiste en que “la cooperación en la investigación debería también centrarse en áreas que favorezcan la competitividad de las empresas de la UE, evitando al mismo tiempo que los posibles beneicios se vean mermados, por ejemplo debido a la falta de protección de la propiedad intelectual”. En el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la colaboración entre las instituciones de enseñanza y los empresarios (dictamen exploratorio) (2009/C 228/2), publicado el 22 de septiembre de 2009, se hace hincapié en la necesidad de “una cultura de la colaboración que respete las misiones fundamentalmente distintas de las empresas y las instituciones de enseñanza”, aunque considera que “en rápida evolución es primordial que el mundo de la enseñanza y de la empresa colaboren más estrechamente para responder a las necesidades inmediatas y futuras de la economía y, en particular, de las PYME”.

ción como en la industria; por lo tanto, cabe impulsar esta mentalidad garantizando que el sistema educativo se centre plenamente en el desarrollo de personas con espíritu empresarial”. Sinceramente, no compartimos la idea de que “el sistema educativo se centre plenamente en el desarrollo de personas con espíritu empresarial”. En ocasiones nos suena excesivo, incluso, que se haga referencia al “emprendimiento en la enseñanza primaria y secundaria”, como hace el artículo 4 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que también se reiere en su artículo 5 al “emprendimiento en las enseñanzas universitarias”. La misión del sistema educativo, como la misión de la Universidad, no es, al menos no exclusivamente, como también reconocen algunas leyes, facilitar “la adquisición de las cualiicaciones demandadas por el sistema productivo y el sector público”, o el fomento del “espíritu empresarial”, como también puede leerse en los artículos 60.a) y 61 de la Ley de Economía Sostenible. Son las ideas que trajo, en todo caso, el llamado proceso de Bolonia. Se ha puesto el énfasis, como dijo el Profesor Prieto de Pedro, en “la dimensión profesional y al servicio del mercado de trabajo, que en sí misma no tendría por qué ser negativa, pero que por ser la única que se nombra sesga la concepción de la universidad”27. Tal vez también nosotros estemos aquí más cerca de las ideas, entre otros, de Ortega y Gasset. La tarea universitaria es “la enseñanza de la cultura o sistema de ideas vivas”28. Reconocemos que la tensión entre investigación cientíica o humanística, por un lado, y la ense27

PRIETO DE PEDRO, J., “El Espacio europeo de enseñanza superior. Algunas relexiones críticas”. La coordinación entre Profesores, demandada por el sentido común, al margen de potenciada con el proceso de Bolonia, resulta siempre fundamental, aunque en muchos casos haya quedado en más burocracia poco efectiva en la práctica, aunque pueda lucir en algunos casos a nivel curricular. ORTEGA Y GASSET, J. (1930), Misión de la Universidad. Y otros ensayos sobre educación y pedagogía, Madrid; Alianza editorial 2004 (reedición de la obra inicialmente publicada en la Revista de Occidente). Ortega y Gasset no rechazaba la función de investigación cientíica de la Universidad, pero no la consideraba como una de sus funciones primarias. Es más, llegó a airmar que “ha sido desastrosa la tendencia que ha llevado al predominio de la investigación en la Universidad. Ella ha sido la causa de que se elimine lo principal: la cultura”.