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Gerardo Ostos Rincón Gallardo

La recaudación de contribuciones por parte del Estado –necesaria para el sostenimiento del gasto público–, y la política criminal que se decida implementar para la prevención, identificación, investigación y sanción de conductas que entrañen simulación, evasión o fraude a la ley, no están exentas de un escrutinio constitucional; los principios del Estado Democrático de Derecho exigen encontrar un justo equilibrio entre la actividad legítima de las autoridades y la protección efectiva de los derechos humanos. El incremento de estrategias de defraudación de la cuota tributaria urgen al Estado a mejorar sus sistemas de gestión, comprobación y sanción en aras de lograr una recaudación más efectiva. En la última década, como consecuencia del surgimiento de estructuras sofisticadas creadas ex professo para la evasión fiscal, las autoridades han sido reactivas, provocándose una revolución legislativa en materia penal fiscal, en la que lamentablemente ha imperado la creación de normas poco claras, caracterizadas por un reduccionismo de garantías y que, por ende, resultan excesivas y desproporcionales; esta situación nos acerca cada vez más a un indeseable populismo punitivo que ha sido infructuoso. Se presenta al lector una aproximación al estudio de las implicaciones legales para las empresas y sus administradores o representantes por la adquisición y uso de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados; a partir de un enfoque crítico y una metodología eminentemente práctica, el autor comparte sus reflexiones acerca de lo que considera una política estatal fallida en el combate a la evasión fiscal.

Responsabilidad de las empresas y sus integrantes por la adquisición y uso de comprobantes fiscales fraudulentos

COLECCIÓN MERCANTIL

Responsabilidad de las empresas y sus integrantes por la adquisición y uso de comprobantes fiscales fraudulentos Gerardo Ostos Rincón Gallardo

RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS Y SUS INTEGRANTES POR LA ADQUISICIÓN Y USO DE COMPROBANTES FISCALES FRAUDULENTOS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Marta Lorente Sariñena

Ana Cañizares Laso

Javier de Lucas Martín

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Jorge A. Cerdio Herrán

Víctor Moreno Catena

José Ramón Cossío Díaz

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

María Luisa Cuerda Arnau

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón

Manuel Díaz Martínez

Catedrático de Derecho Procesal de la UNED

Carmen Domínguez Hidalgo

Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Elisa Speckmann Guerra

Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS Y SUS INTEGRANTES POR LA ADQUISICIÓN Y USO DE COMPROBANTES FISCALES FRAUDULENTOS

Gerardo Ostos Rincón Gallardo

Especialista en Proceso Penal Acusatorio, Delitos Fiscales y Amparo Coordinador de la Comisión de Lavado de Dinero, de la BMA 2021 a 2023 Socio fundador de Ostos Rincón Gallardo, abogados

tirant lo blanch Ciudad de México, 2024

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Luis Manuel C. Méjan

Gerardo Ostos Rincón Gallardo

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“A mis maestros de vida —Jaime y María— por impulsarme siempre a volar alto”. “A mi incondicional aliada en todos los frentes, Isa”.

Índice Prólogo................................................................................................................

1. INTRODUCCIÓN........................................................................................

2. LA PERSONA MORAL COMO ENTIDAD JURÍDICA..............................

2.1. La responsabilidad penal de las personas morales................................... 2.2. Responsabilidad penal de los administradores.........................................

23 31

3. LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA PENAL FISCAL.........................

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Ley Penal de Defraudación Impositiva...................................................... El artículo 94 del Código Fiscal de la Federación..................................... Derogación del artículo 94 del Código Fiscal de la Federación.............. El procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación................................................................................................... 3.5. La tipificación del tráfico de comprobantes fiscales................................. 3.6. Miscelánea Penal de 2016........................................................................... 3.7. Miscelánea Fiscal de 2019........................................................................... 3.7.1. Ley de Seguridad Nacional............................................................. 3.7.2. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada...........................

4. CONSECUENCIAS ADMINISTRATIVAS Y PENALES DEL TRÁFICO DE COMPROBANTES FISCALES.............................................................. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

38 40 41 47 51 56 63 67 69

Consecuencias administrativas para EFOS................................................ Consecuencias administrativas para EDOS............................................... Consecuencias penales para los administradores..................................... Consecuencias penales para las personas morales...................................

87 95 97 100

5. CASO PRÁCTICO........................................................................................

105

6. CONCLUSIONES.........................................................................................

111

Fuentes de información.....................................................................................

115

Prólogo El objetivo central del texto que presenta el autor es la realización de un estudio y análisis crítico del marco normativo aplicable a las personas morales por la adquisición y utilización de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, tema de gran actualidad, no solamente por haberse vuelto una práctica recurrente y extendida en el País, sino por la importancia de las medidas implementadas para su combate. Esta temática impone, de manera primordial, el estudio del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, el tipo penal del delito previsto por el artículo 113 bis y un análisis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus representantes o administradores, en particular, por la adquisición de comprobantes fraudulentos. La persona moral contribuyente presenta retos especiales cuando es utilizada como fachada y por medio de la cual se da apariencia de legales y/o auténticas a transacciones que nunca ocurren en el tráfico mercantil y a las que se dan efectos fiscales reduciendo artificialmente la carga fiscal de los contribuyentes. En este contexto, resultó necesario dotar a las autoridades fiscales de mecanismos presuntivos de naturaleza excepcional que, desde luego, han presentado riesgos en su implementación. Se establecen presunciones en las que se impone la carga de la prueba al emisor de los comprobantes y a la contribuyente que da efectos fiscales a los mismos. El reto no es menor. Si bien es cierto que estas presunciones aligeran la carga probatoria para las autoridades fiscales de una manera que pudiera considerarse justificada, se corre el riesgo de imponerlas a personas que no lo merecen, por ello, estos mecanismos deben ser siempre excepcionales y en su aplicación asegurarse siempre una amplia oportunidad de defensa. No podría entenderse la razonabilidad de estos mecanismos presuntivos si no fuera por el flagelo tan extendido de las operaciones simuladas que “constan” en comprobantes ideológicamente falsos que, sin embargo, reúnen todas las características externas y formales exigidas por las leyes, lo cual, además dificulta su detección.

Alberto Zinser

Ver a la persona moral como una manifestación de la conducta de sus agentes ayuda a entender y regular el fenómeno. Incapaces de voluntad propia, no son más que contratos a los que se dota de personalidad jurídica para facilitar y propiciar la interacción mercantil, propiciando la inversión y limitando la responsabilidad económica al monto de las aportaciones, entre otras muchas importantes ventajas. Detrás de estos vehículos jurídicos se encuentra una acción humana concreta a la que pueden y deben atribuirse consecuencias cuando se acredite que atentó contra el orden jurídico. La persona colectiva no debe servir como fachada u obstáculo insuperable para conocer la realidad de operaciones ilícitas celebradas por ella y poder identificar y sancionar a las personas físicas responsables, sin perjuicio de las consecuencias legales atribuibles al vehículo mismo. En este sentido, en la jurisprudencia mexicana ya se ha abordado, como destaca el autor, la justificación del levantamiento del velo corporativo con intervención judicial, para descubrir la ilicitud de actos o el conocimiento de verdades encubiertas bajo la personalidad jurídica societaria, ante conductas fraudulentas o contrarias a la buena fe contractual. Es claro que estos esquemas de simulación parecen justificar la inusual reversión de la carga de la prueba que autoriza el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, pero estos efectos deben circunscribirse al ámbito administrativo y no ser trasladados al ámbito penal, pues hacerlo viola el principio de presunción de inocencia. Dentro de las herramientas penales vigentes que pueden ponerse en práctica para combatir esta práctica encontramos la responsabilidad penal de las personas morales. A este respecto, en el presente trabajo se explica el problema de la regulación de este tipo de responsabilidad penal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, concretamente, en los artículos 421 y siguientes. Apunta el autor el rebase de la facultad legislativa consagrada por el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, al haberse incorporado aspectos sustantivos en la codificación procesal y nos ofrece su interpretación de la manera en que este problema trató de ser solventado en el artículo 11bis del Código Penal Federal. El autor recoge con habilidad, y de manera fácilmente comprensible los aspectos más relevantes de la problemática, lo cual hace de este trabajo una aportación relevante y accesible. Se proponen temas que si bien guardan una relación tangencial con el tema central del trabajo, se deja clara su actualidad e interés para los

Prólogo

estudiosos de la materia e inicia discusiones que pueden abrir el espacio a monografías sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, formula una crítica al artículo 95 del Código Fiscal de la Federación. Especial mención le mercen las fracciones VIII y IX. Por lo que se refiere a la fracción VIII, se plantea una amenaza al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, haciendo responsable del delito fiscal a quien tenga la calidad de garante en los delitos de omisión con resultado material. Por su parte, al analizar la fracción IX, nos alerta al hecho de que se construye con base en conductas anteriores a la fase de ejecución del delito y por tanto ajenas a éste, por más que puedan guardar una relación causal. Nos hace reflexionar sobre el espinoso tema de la reparación del daño en delitos fiscales y cuestiona la calidad de víctima u ofendida que el Código Fiscal atribuye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los que también nos habríamos ocupado en sustanciosas discusiones en el salón de clase de la especialidad que le impartí y que hoy nos presenta en forma puntual. Dedica una parte de su estudio de temas selectos al tema que recientemente abordó la Suprema Corte sobre la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales en el que, sin quitarle mérito al importante pronunciamiento judicial, nos hace ver, con razón, la evidente falacia de los argumentos con los que se pretendió justificar este fallido intento legislativo. Hoy está en el debate nacional la importancia del respeto irrestricto al mandato de la Constitución Federal y el papel de la Suprema Corte en asegurarlo. Este principio está amenazado como nunca antes por la conducta de los legisladores de la mayoría, obedientes al líder político y no así a la fuente del poder que ostentan, el texto Constitucional. Destaca el papel de una importante mayoría de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes, como debe ser y cuando más importa, resisten un intenso temporal y cumplen con su deber. Cuentan con la alianza segura de una buena parte de la población y de la historia que siempre pone las cosas en su justa dimensión. El autor entra en materia al analizar el muy debatido artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y la tipificación especial del tráfico de comprobantes fiscales en el artículo 113 bis del propio Código, haciendo un análisis interesante del tipo a la luz de los diversos previstos en los artículos 108 y 109, fraccion IV. En este tema incluye referencias más específicas a los temas de responsabilidad de las personas morales contribuyentes y los administradores de las mismas, con los que aporta elementos importantes a la discusión.

Alberto Zinser

El lector encontrará que se abordan los temas con claridad, con definiciones acompañadas de interpretación jurisprudencial y con ciertos apuntes de la doctrina que permiten ver su evolución y precisar sus parámetros. Enhorabuena para el autor que, perteneciendo a una familia de abogados de larga tradición en México, mantenga su exitoso ejercicio profesional acompañándolo de una constante actualización académica. Espero que éste sea uno de muchos trabajos de investigación con los que el autor contribuya a la difusión de la cultura jurídica del País. Alberto Zinser CDMX, mayo de 2023.

1. Introducción Las empresas mexicanas, particularmente las Pymes —pequeñas y medianas empresas— enfrentan, independientemente de su giro y/u objeto social, múltiples dificultades para generar utilidades; por un lado, la situación económica, política y social del país, así como el incremento de la inseguridad, la inflación, entre otro factores, impactan directamente a las corporaciones, dificultando su operación y crecimiento. A ello se suman un conjunto de obligaciones de variada índole, cuyo cumplimiento total no resulta tarea fácil; gran parte de la carga obligacional de los entes colectivos se enmarca en sus relaciones jurídicas con el Estado, cuyo incumplimiento se sanciona severamente. Parte considerable de las obligaciones que el Estado impone a las empresas, requieren —para su debido cumplimiento— de la contratación de servicios especializados, lo que de suyo, genera costos, en ocasiones inasequibles, sobre todo para los negocios de reciente creación. Las cargas económicas y de gestión que enfrentan los empresarios, comienzan inclusive con anterioridad a la constitución de la sociedad; naturalmente, no todos los comerciantes gozan del privilegio de poder formalizar su negocio —presupuesto indispensable, hoy en día, para aspirar a ventajas competitivas— pues no debe perderse de vista, por ser una realidad social evidente en México, que el comercio informal, incluso clandestino, ocupa un lugar importante en nuestra económica. Esta realidad, imposible de ignorarse, sumada a la desigualdad educativa, social y en general, de oportunidades, provoca que sólo un grupo muy reducido de personas se encuentre en aptitud de iniciar su propio negocio; más aún, de la falta de incentivos para formalizarlo, en función de la conocida fórmula “costo-beneficio”. Hoy en día, por negligencia, ignorancia, o quizás de manera consciente, los poderes ejecutivo y legislativo, han ido creando —a través de una política notoriamente fallida— una enredadera multidimensional de obligaciones y cargas para los gobernados, sin ofrecer a cambio incentivo alguno; un verdadero galimatías plagado de incongruencias y contradicciones, sin un objeto de tutela debidamente delimitado mediante parámetros de razonabilidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

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Las obligaciones a las que hago alusión, cuyo cumplimiento cabal implica un reto difícil de costear, son exigibles —en la mayoría de los casos— a través de procedimientos administrativos coactivos por parte del Estado, en algunos casos sin el debido proceso legal; quienes de manera selectiva tienen la mala fortuna de ser revisados o auditados por las autoridades, se juegan su suerte en un terreno carente de reglas claras, con el riesgo inminente de ser sancionados con multas excesivas, que pueden derivar en el extremo de su muerte financiera. Del reducido grupo que logra colocarse de manera formal en la competencia económica, sólo unos cuantos logran el equilibrio entre sus tareas operativas y el cumplimiento de sus obligaciones de Derecho Público; muchos más, no logran salir librados del laberinto de la burocracia mexicana. Muestra de ello, es que en el año 2020 la economía informal observó una participación de 21.9 % en el Producto Interno Bruto; por cada 100 pesos generados en del PIB en México, 78 pesos se generan en un 44% por negocios formales, y 56% por ocupados en informalidad.1 “Como lo sugiere la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la medición considera dentro de la economía informal no solo al Sector Informal (SI) o unidades económicas constituidas por micro negocios que no cuentan con los registros legales básicos para operar, sino también por Otras Modalidades de la Informalidad (OMI), es decir, la agricultura (incluida la de subsistencia), el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como todas las variedades de trabajo que aunque ligado a unidades económicas registradas o formales, desempeñan su labor sin la debida protección legal para las relaciones laborales”.2 Generar utilidades, tras el degaste financiero de las cargas impositivas, entre otras, resulta entonces un objetivo difícil de alcanzar, al que sólo puede aspirar un grupo muy reducido de mexicanos; en un Estado Democrático de Derecho, quienes ejercen la función pública, se encuentran obligados a tutelar, a través de incentivos, apoyos y programas de gobierno, los derechos —individuales y colectivos— a realizar actos de comercio y aspirar al crecimiento económico.

Comunicado de prensa número 776/21 de fecha 16 de diciembre de 2021 publicado por la Dirección de Comunicación Social del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), visible en www.inegi.org.mx Idem.

Responsabilidad de las empresas y sus integrantes por la adquisición y uso…

En México ocurre lo contrario, no sólo nos encontramos ausentes de los referidos incentivos, sino que las políticas estatales, lamentablemente se inclinan de manera ciega hacia la protección exclusiva del gasto público, el cual —dicho sea de paso— no se transparenta de manera suficiente y eficiente, lo que genera dudas con respecto al destino final de las contribuciones que para tal efecto aportamos los gobernados. Esta realidad, lejos de propiciar o estimular el crecimiento económico ordenado, lo entorpece sobremanera; quienes realizan actos de comercio y/o se dedican a la prestación de servicios profesionales, encuentran en sus actividades un incentivo negativo, debido a los obstáculos que el propio Estado les impone para su desarrollo adecuado. Muestra de ello son el cúmulo de obligaciones previstas en ordenamientos carentes de una técnica legislativa adecuada, caracterizados por fijar reglas poco claras —de difícil interpretación— en las que el régimen sancionatorio, resulta totalmente desproporcional, rayando en los extremos del abuso y la arbitrariedad. Un claro reflejo de lo anterior, lo encontramos —por enumerar algunas— en las obligaciones, tanto formales como materiales de carácter fiscal, cuyo incremento constante asfixia a los contribuyentes; en las obligaciones en materia de seguridad social; participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa; obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero; aranceles y tarifas excesivas en materia de comercio exterior, entre otras, que en su mayoría, requieren la contratación de especialistas, quienes, naturalmente, cobran por sus servicios, lo que conduce a elevar un tanto más los gastos de la empresa. El escenario antes relatado, en el que grosso modo, intento mostrar las dificultades que afrontan las empresas en México, no justifica desde luego la implementación de estrategias o la realización de conductas que deriven en simulación, elusión, evasión o fraude a la Ley; sin embargo, no podemos cerrar los ojos ante una realidad, que como consecuencia de políticas estatales fallidas, caracterizadas por la falta de incentivos, en ocasiones pone contra las cuerdas a los gobernados, empujándolos en ocasiones —sin más remedio— a la informalidad e incluso a pisar el terreno de la ilicitud en busca de la supervivencia de su negocio, asumiendo los riesgos que ello conlleva. En la última década, particularmente a partir de la digitalización de los comprobantes fiscales, se ha incrementado en forma alarmante el tráfico de “facturas” que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados —estrategia elusiva que se realiza con el fin de reducir la base

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gravable—. A la fecha de publicación de este trabajo, el número de personas físicas y morales incluidas en el listado definitivo a que se refiere el artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación, asciende a 10, 982.3 Ante esta situación el Estado ha sido reactivo, aunque no con la eficiencia requerida pues tal como se explicará en este trabajo, los esfuerzos de las autoridades siguen concentrándose a nivel legislativo sin la técnica adecuada, lo que provoca un estado de incertidumbre a los gobernados. A lo largo de este trabajo, me propongo analizar el impacto que la evolución humana ha tenido en el seno de las personas jurídicas, y con ello, el surgimiento de nuevas formas de aparición del delito, que han exigido a su vez la modernización del Derecho Penal, que como ciencia social —y para el cumplimiento de su objeto— ha tenido una evolución consecuente y paralela. El objetivo principal es realizar un estudio del marco normativo aplicable a las personas morales como ente jurídico, y de las implicaciones tanto penales como administrativas que les son atribuibles, así como a sus integrantes, por la adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falas o actos jurídicos simulados.

Listado actualizado al día 30 de septiembre de 2022, visible en www.sat.gob.mx

2. La persona moral como entidad jurídica Antes de entrar en materia considero importante abordar brevemente el surgimiento de las personas morales, su naturaleza jurídica y su estructura genérica en México. “Después de la revolución agrícola, las sociedades humanas crecieron más y se hicieron más complejas, mientras que también los constructos marginados que sostenían el orden social se tornaron más refinados. Los mitos y las ficciones acostumbraron a la gente, casi desde el momento del nacimiento, a pensar de determinada manera, a comportarse de acuerdo con determinados estándares, desear ciertas cosas y observar determinadas normas”.4 La Historia de la humanidad, particularmente a partir del surgimiento del Homo Sapiens, como bien lo explica Yuval Noah Harari, nos permite comprender el origen de nuestro comportamiento; todos los seres humanos, nos encontramos dotados de instintos naturales que nos permiten pensar de determinada manera y comportarnos de acuerdo con determinados estándares. Desde sus orígenes, los Neandertales, los Homo Soloensis, y desde luego, el Homo Sapiens, han formado grupos que en el proceso evolutivo han ido sofisticándose en culturas, religiones, sociedades y estructuras políticas. Las normas que deben observarse al interior de estos grupos han sido creadas y paulatinamente modificadas por el hombre con el fin de regular sus comportamientos; por ello, el Derecho ha creado una ficción jurídica en las personas morales, dotándolas de atributos de la personalidad —nombre, domicilio, patrimonio— con el fin de que la agrupación en su conjunto se convierta en un sujeto de derechos y obligaciones, incluso titular de derechos humanos.5

Noah Harari, Yuval. Sapiens. De animales a dioses, breve historia de la humanidad. Editorial Debate, p.185. Tesis P./J. 1/2015 (10a.), de rubro “PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES.” Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I, página 117, con número de registro digital 2008584.

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El origen de las sociedades encuentra sustento en el instinto de supervivencia; hoy en día, puede afirmarse como característico de los entes jurídicos — al igual que sus integrantes— dicho instinto natural. El instinto de supervivencia de los entes colectivos, en especial los constituidos con fines de especulación comercial, se encuentra estrechamente vinculado con su necesidad —básica y primordial— de generar ganancias; por ello, es natural que el grueso de los delitos cometidos en el seno de las personas jurídicas revistan carácter económico, sin que por ello resulta justificable la realización de conductas contrarias al ordenamiento jurídico. Cuando los instintos de los seres humanos se desbordan de sus límites naturales, provocan al sujeto que los posee consecuencias negativas; eso es precisamente lo que ocurre cuando el “instinto de supervivencia económica” de los entes colectivos rebasa las fronteras de la licitud. Ciertamente, las actividades que realizan las empresas son impulsadas por sus integrantes, en quienes surge, a la postre, la deliberación de delinquir aprovechando la estructura societaria. No por el hecho de constituir una sociedad a la que corresponde una personalidad jurídica y patrimonio propios, quedan desvinculados sus integrantes de las conductas que se realicen en su interior, particularmente en tratándose de conductas delictivas que requieren una voluntad final encaminada a la producción de un resultado. En virtud de lo anterior se ha buscado a nivel jurisprudencial contar con herramientas que permitan flexibilizar la incomunicabilidad de patrimonios entre la persona moral y los socios que la conforman, cuando se advierta que se ha incurrido en un fraude a la ley o práctica abusiva en perjuicio de terceros, a través del levantamiento del velo corporativo6 con el fin de proteger el principio de buena fe que rige el actuar societario. Cuando el comportamiento societario se desborda en estos extremos, el Derecho se encuentra llamado a imponer sanciones, originalmente destinadas a sus integrantes —personas físicas— y en congruencia con el proceso evolutivo, hoy en día atribuibles a los entes colectivos.

Tesis I.3o.C.340 C (10a.), de rubro “VELO CORPORATIVO. JUSTIFICACIÓN DE SU LEVANTAMIENTO”, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, noviembre de 2018, tomo III, página 2637, visible con número de registro digital 2018426.