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Ana María Ovejero Puente

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

ANA MARÍA OVEJERO PUENTE EL DERECHO AL JUICIO JUSTO EN EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Este trabajo complementa la línea de investigación de la autora sobre el proceso debido como elemento fundamental del Estado de Derecho, ahora desde un enfoque más amplio, que toma como objeto de estudio el macro derecho al juicio justo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El trabajo reúne y analiza las resoluciones más importantes en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en esta materia, y propone modelos de sistematización de esa jurisprudencia, alrededor de los ejes básicos del derecho. Pero también contribuye a un mejor y más profundo conocimiento del derecho a la Justicia, presente como derecho fundamental en todos los ordenamientos jurídicos europeos, que no puede ser comprendido sin tener en cuenta el desarrollo y amparo jurisprudencial internacional y el activo papel desarrollado en este sentido por el TEDH, conformando lo que denominamos “orden público europeo”. Igualmente, se estudia el fenómeno conocido como “procedimentalización” de los derechos sustantivos del Convenio y la proyección de las características del juicio justo sobre la propia conﬁguración y actuación del Tribunal de Estrasburgo.

monografías

EL DERECHO AL JUICIO JUSTO EN EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

EL DERECHO AL JUICIO JUSTO EN EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

ANA MARÍA OVEJERO PUENTE

tirant lo blanch Valencia, 2019

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Índice PRÓLOGO.............................................................................................. 11

Capítulo 1

EL DERECHO AL JUICIO JUSTO O EL DERECHO A LA JUSTICIA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 1. EL DERECHO AL JUICIO JUSTO O EL DERECHO A LA JUSTICIA.. 15 2. EL DERECHO AL JUICIO JUSTO Y EL DERECHO AL PROCESO DEBIDO............................................................................................. 32 3. ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS SOBRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES ESPECIALMENTE RELEVANTES PARA EUROPA................................................................................................. 42 4. LA SITUACIÓN DEL ARTÍCULO 6 EN EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. UN DERECHO ESENCIAL EN EL SISTEMA CONVENCIONAL........................................................... 54 4.1. Estructura interna del artículo 6 CEDH...................................... 60 4.1. El derecho al juicio justo como super-garantía convencional...... 66

Capítulo 2

CUESTIONES PREVIAS 1. INTRODUCCIÓN............................................................................. 69 2. EL VALOR DE LA JURISPRUDENCIA DEL TEDH.......................... 71 2.1. La obligación de acatamiento..................................................... 80 2.2. La ejecutoriedad de la sentencia.................................................. 81 2.3. La vinculación a la doctrina jurisprudencial del TEDH.............. 94 2.4. Integración de la jurispudencia del TEDH en los sistemas constitucionales europeos.................................................................... 96 3. LOS SUJETOS TITULARES DEL DERECHO................................... 98 4. LAS CORRELATIVAS OBLIGACIONES PARA LOS ESTADOS MIEMBROS....................................................................................... 104 5. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL DERECHO AL JUICIO JUSTO: LOS JUICIOS CIVILES Y LOS JUICIOS PENALES........................... 107 5.1. El ámbito civil............................................................................ 108 5.2. El ámbito penal.......................................................................... 122

Índice

Capítulo 3

CONTENIDO PROTEGIDO POR LOS DERECHOS INTEGRADOS EN EL DERECHO AL JUICIO JUSTO 1. INTRODUCCIÓN............................................................................. 137 2. CUESTIONES COMUNES Y DERECHOS TRANSVERSALES......... 141 2.1. El concepto de tribunal............................................................... 142 2.2. El derecho de acceso a la justicia................................................ 145 2.3. El derecho al juez imparcial, independiente y predeterminado por la ley........................................................................................... 153 2.4. Derecho al proceso equitativo..................................................... 173 A) La garantía procesal de equidad........................................... 178 B) El derecho a la publicidad del proceso.................................. 185 C) El derecho al proceso sin dilaciones indebidas o la garantía de celeridad.......................................................................... 194 D) Derecho a la sentencia de fondo o la resolución motivada.... 208 3. LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ART. 6.3............................... 210 3.1. Las prerrogativas de la defensa................................................... 213 3.2. El derecho a ser informado de la acusación................................ 216 3.3. Derecho a preparar la defensa.................................................... 222 3.4. Derecho a la asistencia letrada.................................................... 229 3.5. Derecho a interrogar a los testigos.............................................. 240 3.6. Derecho a la asistencia del intérprete.......................................... 249 3.7. Derecho a no declarar contra sí mismo y a guardar silencio....... 251 4. EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LA CEDH................................................................................................ 253 4.1. Ámbito de aplicación de la presunción de inocencia................... 255 4.2. Derecho a la presunción de inocencia y declaración de culpabilidad............................................................................................. 263 4.3. La presunción de inocencia como derecho dependiente del derecho al juicio justo o como derecho independiente....................... 289

Capítulo 4

EL DERECHO AL JUICIO JUSTO COMO GARANTÍA JURISDICCIONAL INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 1. EL DERECHO DE ACCESO AL TEDH Y EL DERECHO AL PROCEDIMIENTO DEBIDO ANTE EL TEDH........................................ 304 1.1. Condiciones esenciales para el ejercicio del derecho de acceso.... 307 1.2. Requisitos de admisibilidad del recurso individual...................... 313 A) Agotamiento de los recursos internos................................... 314 B) Invocación de un derecho reconocido en el CEDH............... 317 C) Plazo de 6 meses................................................................... 321

Índice

D) Perjuicio considerable o existencia del perjuicio relevante..... 322 E) El Estado demandado debe ser parte del Convenio............... 325 F) Otros requisitos de admisión................................................ 336 1.3. Garantías procesales................................................................... 339 A) Carga de la prueba y principio contradictorio...................... 340 B) Testimonio de testigos y peritos............................................ 341 C) Audiencias públicas.............................................................. 341 D) Excepciones preliminares...................................................... 343 E) Las medidas provisionales.................................................... 343 F) Acuerdos amistosos.............................................................. 344 G) La duración de los procedimientos....................................... 344 1.4. El Efecto extraterritorial del artículo 6....................................... 345 A) Denegación flagrante de justicia............................................ 346 2. EL DERECHO A LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS............... 350

PRÓLOGO El presente libro de Ana M. Ovejero Puente se inserta en una línea de trabajo e investigación de la autora sobre el proceso debido como elemento fundamental del Estado de Derecho, línea que inició con su libro Constitución y Derecho a la presunción de inocencia, de 2006, que continuó con la introducción y coordinación del libro Presunción de inocencia y juicios paralelos en Derecho comparado de 2017, y que prosigue ahora con un enfoque más amplio, tomando como objeto el derecho a un juicio justo, y como punto de referencia el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Enfoque ciertamente adecuado, por cuanto que, si es cada vez más evidente que el ordenamiento jurídico español no es comprensible sin tener en cuenta su incardinación en un ámbito más amplio (en que los compromisos internacionales del Estado han venido a establecer, en forma conjunta con los demás ordenamientos de nuestro entorno, un “orden público europeo”) no lo es menos, que en materia de garantías procesales, ese orden público está constituido esencialmente por el artículo 6 del Convenio y su interpretación por el Tribunal de Estrasburgo. Desde esta perspectiva, se trata de un trabajo que no sólo representa un notable y meritorio esfuerzo en cuanto a la recogida y exposición de las resoluciones más importantes en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en esta materia, sino también una aportación al análisis de la misma, por cuanto la autora propone modelos de sistematización de esa jurisprudencia, alrededor de los ejes básicos del derecho a un juicio justo. En cuanto a la relevancia del tema elegido, no es ciertamente necesario subrayar la trascendencia del derecho a un juicio justo para la protección de los derechos básicos de la persona, llámense derechos fundamentales en el ámbito de la Constitución o derechos humanos en el ámbito el Convenio Europeo. Por lo que se refiere a este último, objeto del presente trabajo, la interpretación del artículo 6 que recoge el derecho al debido proceso ha sido sin duda el eje del desarrollo de la acción del Tribunal Europeo: algún autor, como el profesor británico Ed Bates ha podido considerar que la sentencia (que aún representa la base de la posición del Tribunal en este aspecto) en el caso Golder contra Reino Unido, del año 1975, en que el Tribunal se

Luis López Guerra

adentró decididamente en una aplicación e interpretación del derecho que iba mucho más allá de un mero formalismo, representó el punto de inflexión del Convenio en su camino hacia la conversión en una auténtica carta de derechos fundamentales europeos: carta de derechos que, por otra parte, y a diferencia de lo previsto en el artículo 51 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, resulta de aplicación, en todo caso, y en cualquier ámbito de la acción estatal, frente a la actuación de las autoridades públicas. El papel central del artículo 6 del Convenio en el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo se ha traducido además en lo que ha podido llamarse, con un largo vocablo, la “procedimentalización” de los derechos sustantivos: esto es, la apreciación de que el respeto de esos derechos supone que, para proceder a algún tipo de restricción, deben adoptarse todas las garantías que derivan del proceso justo. El Tribunal ha venido así a considerar que los derechos reconocidos en el Convenio tienen una dimensión sustantiva y a la vez una dimensión formal; a partir de McCann y otros contra Reino Unido, el Tribunal, partiendo del concepto de obligaciones positivas, ha establecido que la obligación de una investigación (en caso de una alegación suficientemente fundada de vulneración del derecho) con todas las garantías y la intervención de los afectados, es parte del derecho a la vida, y ha proyectado esta doctrina sobre el derecho a no ser sometido a tortura o malos tratos del artículo 3. Pero, en esta línea, el Tribunal ha establecido también que el deber de las autoridades de proteger los derechos del Convenio se extiende a aplicar medidas de protección que resultan en muchos casos paralelas a las establecidas en el artículo 6; así en el caso del derecho a no ser privado de libertad del artículo 5 o el derecho a la vida privada familiar del artículo 8 entre otros. En una línea aún en desarrollo, los requisitos del proceso justo del artículo 6 del Convenio se trasladan así al contenido del resto de los derechos en él reconocidos. La autora ha debido enfrentarse con una evidente dificultad: la amplitud de la jurisprudencia del Tribunal sobre esta materia, y la diversidad de casos y situaciones de que ha debido ocuparse, casos y situaciones que en muchos supuestos han debido dar lugar a una jurisprudencia casuística y volcada en las circunstancias del asunto concreto, más que en la enunciación de principios generales. Si bien no faltan ejemplos de resoluciones en que el Tribunal trata de sistema-

Prólogo

tizar su doctrina, incluso matizando considerablemente sus posiciones anteriores (piénsese por ejemplo en la sentencia de la Gran Sala en el caso, citado por la autora, Al Khawaja y Tahery contra Reino Unido, caso al que la autora dedica además especial atención) ello solo se produce respecto de algunos aspectos de la disciplina del proceso debido; en los demás, es el estudioso de la jurisprudencia quien ha de tratar de hallar el hilo lógico conductor de la interpretación que, a través de múltiples resoluciones, ha dado el Tribunal a una cuestión concreta. La selección de los casos pertinentes, y la exposición de la —percibida— doctrina general del Tribunal constituyen pues una tarea —y en ocasiones una apuesta— que Ana M. Ovejero asume en su trabajo, tanto en la vertiente del proceso justo en el ámbito civil como, sobre todo, y con la sólida base que le dan sus anteriores estudios sobre la presunción de inocencia, en el ámbito del proceso penal. Como no podía ser de otra manera, la autora aborda las consecuencias de las sentencias del Tribunal en el ámbito de los ordenamientos nacionales, en sus diversas dimensiones. Por una parte, y en lo que se refiere al caso concreto, respecto de la ejecución de la sentencia por las autoridades nacionales, y de los problemas que suscita la existencia de cosa juzgada; en este aspecto, trata extensivamente de la evolución, en el caso español, de la posibilidad de que las sentencias de Estrasburgo puedan dar lugar al recurso de revisión, evolución que por el momento, culmina en las reformas procesales introducidas primeramente por la Ley Orgánica del Poder Judicial y posteriormente por las leyes procesales de cada jurisdicción. Y, por otro lado, se refiere a las consecuencias de las resoluciones del Tribunal en el ámbito de la jurisprudencia de los tribunales, señalando la influencia que casos destacados (así De Cubber o Piersack) han ejercido en la evolución de la interpretación de los derechos procesales por los tribunales nacionales. Como parte final del libro, el análisis de las características del proceso justo se adentra en una cuestión, si cabe, aún más problemática y delicada: la proyección de esas características sobre la propia configuración y actuación del Tribunal de Estrasburgo. Ciertamente, los problemas que aquí se plantean son en alguna forma comunes a otras altas jurisdicciones en el ámbito nacional, esto es, los tribunales supremos y constitucionales. Es un tema ampliamente debatido si, tras el estudio y resolución de casos por jurisdicciones inferiores, esas

Luis López Guerra

altas jurisdicciones no disponen de un cierto margen de discrecionalidad en cuanto a requisitos que deben e interpretarse estrictamente en las instancias inferiores. Me refiero a cuestiones como las causas de inadmisibilidad (las conocidas “falta de contenido casacional”, o “especial trascendencia constitucional”) o a la motivación de las resoluciones, de inadmisibilidad o de otro tipo. La cuestión se plantea más agudamente cuando, como en el caso del Tribunal de Estrasburgo, los asuntos a él sometidos han sido ya objeto de decisiones finales en el orden doméstico, a veces por los más altos tribunales. Sin duda ello supone una situación peculiar, que no puede por menos de reflejarse en el procedimiento, pero que no deja de plantear cuestiones de interés. Por una parte, en cuanto al alcance de sus decisiones; baste señalar el empleo que, está haciendo el Tribunal de Estrasburgo de herramientas como los mandatos específicos de ejecución, a que se refiere Ana M. Ovejero (así en Assanidze o Del Río Prada) o la adopción de medidas cautelares y aún cautelarísimas, con base en el artículo 39 del Reglamento del Tribunal y que, como señala la autora, resultan vinculantes para el Estado afectado, como estableció el Tribunal en su sentencia en el caso Mamatkulov contra Turquía. Pero además, esa peculiaridad se refleja, por ejemplo, en la no motivación específica de las decisiones de inadmisión por el juez único, o, dando lugar a una cierta discusión, en la participación del mismo juez nacional en las deliberaciones de la Sala y de la Gran Sala sobre un mismo caso. Todo ello no deja de plantear cuestiones desde la perspectiva de la misma jurisprudencia del Tribunal en aplicación del artículo 6 del Convenio. También en este aspecto, el presente libro representa, no sólo una útil fuente de información, sino también, un estímulo para seguir profundizando en el estudio y análisis de una materia de innegable relevancia, no sólo de índole teórica, sino también para el efectivo progreso de la salvaguardia de derechos y libertades básicas. Luis López Guerra

Capítulo 1

EL DERECHO AL JUICIO JUSTO O EL DERECHO A LA JUSTICIA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 1. EL DERECHO AL JUICIO JUSTO O EL DERECHO A LA JUSTICIA El deseo de hacer efectivo el ideal de “justicia” en la ordenación de las relaciones humanas, en las distintas comunidades políticas, es verdaderamente una reivindicación permanente y universal. Para algunos autores, la justicia constituye una dimensión decisiva para la configuración del orden político y de la vida humana en sociedad, y por ello ha ocupado la reflexión filosófica, política y moral en todos los tiempos1. La justicia se reconoce como principio constitucional o como principio general en todos los modelos de pactos de convivencia que las comunidades políticas adoptan, más allá de ideologías o sistemas políticos. Se reconoce, también, como principio general del Derecho y como valor superior del ordenamiento, directamente aplicable a la creación de la Ley que ordena la convivencia de una sociedad concreta. Se define como objetivo o fin de la actuación de los poderes públicos a través de los que se expresa la soberanía de los pueblos. Y, por último, se expresa como derecho subjetivo del individuo concreto frente al Poder, ya sea éste nacional o internacional, ya sea público o privado. La definición de justicia responde, igualmente, a la primaria aspiración de construcción de una sociedad “justa” en la que el ser humano pueda desarrollar plenamente su personalidad y para lo cual, politólogos, sociólogos, teólogos y filósofos del Derecho de todas las épocas y de todas las condiciones, han construido distintas teorías

En GONZÁLEZ SEARA, “La idea de justicia: de J. Rawls a Amartya Sen”, discurso pronunciado en la Real academia de Ciencias Morales y Políticas en Sesión del día 15 de marzo de 2011. Consultado el 1 de mayo de 2018 en http://studylib.es/doc/4427325/la-idea-de-justicia--de-j.-rawls-a-amartya-sen.

Ana María Ovejero Puente

que intentan determinar cuáles son los elementos configuradores de esa sociedad ideal, y por lo tanto, que intentan establecer los componentes de la justicia como ideal social. La justicia deja de ser un concepto afectado por la relatividad local, por lo que unos y otros de acuerdo con sus determinadas circunstancias personales, culturales, ideológicas etc. opinen, para convertirse en un concepto incondicional de valor universal. Desde el conocido trabajo de Rawls Teoría de la justicia (1971)2 aceptamos que los principios de justicia son objeto de acuerdo entre personas racionales, libres e iguales que parten de una situación contractual, o de una capacidad de acuerdo, equitativa, y que gracias a esta capacidad de acuerdo pueden extrapolar el contenido que ellos han definido para dotarlo de validez general. Para Rawls, la justicia —que es un bien, no un derecho— está asociado a la neutralidad respecto a las distintas concepciones del bien y se aplica socialmente cuando se llega a un acuerdo entre distintos. Por el igualmente conocido trabajo de Habermas, Teoría de acción comunicativa3, sabemos que, en todo caso, estos principios objeto de acuerdo no son subjetivos e individuales, pues la racionalidad es capaz de superponerse al subjetivismo e individualismo propios de la filosofía moderna. En consecuencia, la realización del ideal, de ese bien “justicia” y el reconocimiento y protección del derecho individual a la “justicia” deben también tener reflejo en la ordenación de las relaciones sociales, no solo de las relaciones personales. Por ello, podemos entender que por encima del acuerdo bilateral sobre la justicia o cualquier otro principio o bien esencial de ordenación de la convivencia, está el concepto racional de justicia, como derecho4, aplicable a las relaciones multilaterales, y por tanto, a las relaciones

2 3

En RAWLS, John. Teoría de la justicia. Fondo de cultura económica, (2012). En HABERMAS, Teoría de la acción comunicativa, Trad. Escudero López, Edit. Taurus (1999). Habermas critica la equiparación que Rawls se hace de la justicia como un bien y no como un derecho. Para Habermas establecer bienes básicos no garantiza la libertad de acción, ya que todos nos orientamos por valores e intereses propios que son distintos. Por lo tanto, asegurar bienes no garantiza que se beneficie a todos, sin embargo, asegurar derechos sí, sea cual sea el bien o el interés por el que se quiera ejercer el derecho. Los bienes pueden disfrutarse individualmente, pero los derechos sólo tienen sentido cuando son públicos y establecen pautas

El derecho al juicio justo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos

internacionales, tal y como reflejan los Tratados internacionales sobre derechos humanos. Gracias al debate entre los dos autores, hoy día aceptamos que existe una concepción pública de la justicia válida para todas las sociedades contemporáneas, o para la sociedad contemporánea en general, que no puede apoyarse sobre una idea de justicia “bilateralmente acordada” o sobre la idea de justicia propia de una cultura específica, sino que se apoya en la racionalidad de la sociedad en su conjunto, enfatizando su carácter universal5. Quizá ello explique por qué los tratados internacionales comparten una misma idea sobre la justicia y el reconocimiento y protección de un derecho de todos al juicio justo, que es aplicable a todo tipo de procesos, haciéndose visible una vez más la conexión existente entre los textos internacionales de protección de los derechos y el primitivo concepto de los derechos del hombre como derechos vinculados a la idea filosófica y universal de “justicia”. En todos estos tratados internacionales el derecho de todos al juicio justo comprende los derechos de: Acceso a la justicia, al juicio público, y al juez imparcial predeterminado por la ley. Y para los procesos penales, además, los derechos a la presunción de inocencia y a la legítima defensa. Queda así puesto de manifiesto que, para la consecución de la justicia, se asume y se admite por todos la intermediación de un ritual —al que llamamos proceso— a través del cual la justicia (divina) se aplica al caso (humano) concreto y realizándose en una solución que resuelve un conflicto. El ritual de transformación del “ideal de justicia” en “acto de justicia” ha existido igualmente desde el origen de la historia en todas las comunidades humanas, aunque adoptando diferentes formas. Sin embargo, en estos dos últimos siglos, la universalización conceptual de ese ideal de justicia se ha extendido también sobre el ritual de transformación y realización; sobre el proceso y por ello se ha producido una universalización conceptual en el modo de entender el juicio y en la definición del procedimiento judicial justo y equitativo.

entre sujetos. Esta es la base de la crítica de Habermas al utilitarismo liberal de Rawls cuando hace el sinónimo entre normas (moral) y bienes. En VALLESPÍN, Fernando, HABERMAS Y RAWLS, Debate sobre el liberalismo político, Edit. Paidos, (2000).

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En todas las regiones del mundo se adoptan unos mismos requisitos mínimos para dar validez al proceso de enjuiciamiento, o proceso de realización de la justicia. Requisitos o garantías que habían sido ya descritos por los teóricos ilustrados europeos del S. XVIII y XIX y con los que se pretende asegurar el buen funcionamiento de la justicia en sí, como garantía de la vigencia y protección del resto de los derechos que describen los mínimos de dignidad de toda persona, independientemente del lugar del mundo donde se encuentre. Ninguno de los tratados internacionales sobre derechos humanos (regionales o universales) reconoce literalmente un genérico y abstracto “derecho a la justicia”, sino que se reconocen y protegen los derechos sustantivos derivados del gran derecho a la justicia como: El derecho a acceder al juez o el derecho a ser oído, en relación con otros derechos que, tomados en conjunto, forman parte de lo que la doctrina europea califica como la garantía general del proceso. Es un concepto equivalente a lo que los autores americanos definen como “derecho al debido proceso legal” y es equivalente también a lo que los franceses denominaban el derecho a la “equidad” en los juicios, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. No es necesario que exista, por lo tanto, un consenso internacional, universal sobre qué es la “justicia”. No hay una definición abstracta y general, teórica y filosófica, única y por ello mismo imposible, del ideal de justicia. Gracias a la vinculación que a finales del S XVIII se establece entre justicia y proceso se ha procedido a universalizar la realización de lo justo, y por ello se ha podido dejar al margen de consideraciones históricas, culturales, y sobre todo religiosas, el debate sobre la justicia aplicada. No se quiere responder con ello a la cuestión de si existe o no una idea universal de justicia. Sencillamente éste no es nuestro debate. Existe un consenso mundial en la definición del medio a través del cual la justicia se realiza, se aplica y se hace posible. La aceptación de la necesidad de un determinado tipo de proceso (entendiendo por tal aquello a lo que llamamos “proceso debido”) como instrumento necesario para la realización de la justicia, sea ésta lo que sea, ha sido el factor determinante en la universalización de la idea de lo justo. Por ello, cada uno de los elementos declarados o reconocidos como parte del contenido de aquel otro concepto más amplio de “juicio justo” es

El derecho al juicio justo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos

también considerado universal, no porque haya acuerdo previo sobre su significado, sino porque se configura como elemento definitorio de ese tipo concreto de proceso que conduce a la realización de la justicia, y es eso lo que se refleja en los tratados internacionales. “Justicia y juicio” son, precisamente, el común denominador de lo que se entiende en Derecho Internacional de los derechos humanos por derecho a la justicia: Más parecido al derecho a la justicia efectiva, al concreto “derecho al juicio justo”, al derecho a la “justicia efectiva”, como aparece en la Constitución española, o al “derecho a obtener la justicia en los juicios”. El matiz no es una cuestión menor para entender qué se entiende por justicia en el ámbito de los derechos humanos, pues no se reconoce al ciudadano un genérico y abstracto derecho a la “justicia” como valor, o como principio orientador de las relaciones sociales, sino un derecho concreto a obtener “justicia aplicada” a un caso, a través de un proceso que debe ser considerado a su vez justo. La justicia como tal es una aspiración universal, pero no un derecho subjetivo. Si analizamos tratado por tratado podemos comprobar más fielmente esta idea. En la Declaración Universal de Derechos Humanos6, el “derecho al juicio justo”, se enuncia en los siguientes términos: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Este grupo de derechos recogidos en el primer apartado del artículo 11 se completa con el reconocimiento del “derecho a la legalidad penal” y del “derecho a la pena más favorable”, recogidos ambos en un segundo apartado (artículo 11.2)7. Como vemos, son distintos

Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París. En ella se recogen 30 artículos que contienen los derechos humanos considerados básicos a partir de la carta de San Francisco (26 de junio de 1945). La unión de esta declaración y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus Protocolos comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos Humanos. En adelante DUDH. Dice literalmente este segundo apartado del artículo 11: “nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos se-

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derechos, que tienen plena vigencia como derechos individuales, pero que forman un todo indisociable sin el cual no puede entenderse qué tipo de proceso es aquel al que se tiene derecho. El artículo 11 y el 10 de la DUDH (en el que se reconoce de forma general el derecho al juicio) quedan de este modo conectados, en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. En definitiva, en el ámbito de la DUDH, se reconoce el derecho de toda persona al juicio justo (“con justicia”) que en el caso del proceso penal supone además de los derechos generales al juicio público y al tribunal independiente e imparcial; el derecho a la presunción de inocencia y el derecho al proceso con todas las garantías necesarias para la legitima defensa. Igualmente, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos8 el artículo 14 reconoce y protege, de manera amplia y detallada, lo que podríamos definir como garantías generales del proceso. Dos de ellas ya reconocidas en la Declaración Universal: El “derecho a un juicio público” y el “derecho a un juicio con todas las garantías”. Pero a diferencia de la DUDH, en el PIDCyP estas dos garantías vienen unidas a uno de los elementos decisivos en la determinación del concepto de derecho al juicio justo: “derecho al juez imparcial e independiente, predeterminado por la Ley”9. Además, se introducen algunas excep-

gún el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”. 8 Los Pactos de Nueva York o Pactos Internacionales de Derechos Humanos son dos tratados internacionales sobre derechos humanos adoptados en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). La unión de estos pactos con sus protocolos correspondientes y la Declaración Universal de los Derechos Humanos comprende la Carta Internacional de los Derechos Humanos. En adelante DUDH. 9 Vid RODRÍGUEZ RESCIA, Victor, “El debido proceso legal y la Convención Americana sobre derechos humanos”. VVAA. H Fix-Zamudio, Liber Amicorum, Edit secretaria de la CIDH, San José (1998). (Pág. 1295 y ss.).

El derecho al juicio justo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos

ciones al derecho al juicio público, permitidas por el Convenio para salvaguarda de la moral, la seguridad nacional o el orden público. El artículo 14.1 dice literalmente: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público, podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios, por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática; o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes, o en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto, la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa se hará pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”. Como podemos comprobar, también en este texto y tras el enunciado del derecho general, se reconocen las garantías específicas del proceso penal y la presunción de inocencia (artículo 14.2 y 3) como garantías específicas de los procesos penales. Entre las garantías generales encontramos: El “derecho a ser informado de la acusación”, el “derecho a disponer de tiempo necesario para articular la defensa”, el “derecho a la asistencia letrada”, el “derecho de igualdad de armas”, el “derecho al intérprete”, el “derecho a no declarar contra sí mismo” y el “derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas”. En el cuarto apartado (artículo 14.4) se reconocen dos principios rectores aplicables específicamente al proceso penal de menores, a saber: El juez debe operar teniendo en cuenta la condición de menor y procurar y estimular su readaptación social. El quinto apartado (artículo 14.5) reconoce expresamente el “derecho a la segunda instancia penal”. El sexto (Artículo 14.6) reconoce el derecho a la indemnización del perjudicado en caso de haber sufrido cárcel y haberse revocado con posterioridad la sentencia condenatoria firme por indulto, error judicial etc… En el séptimo (artículo 14.7) el principio de non bis in ídem. Dentro del ámbito regional no europeo las similitudes con las definiciones generales contenidas en los instrumentos de ONU son grandes.

Ana María Ovejero Puente

El artículo 7 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos10 enuncia y precisamente con este nomen iuris, un derecho general de acceso a la justicia, que comprende una serie de derechos derivados, todos ellos conectados con los derechos contenidos en el debido proceso. Dice literalmente en su artículo 7.111: “Todo individuo tiene derecho a que sea visto su caso, lo cual implica: a) el derecho de apelación a órganos nacionales competentes contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos y garantizados por los convenios, leyes, ordenanzas y costumbres vigentes; b) el derecho a ser considerado inocente hasta que un tribunal competente demuestre su culpabilidad; c) el derecho a la defensa, incluido el derecho a ser defendido por un abogado de su elección; d) el derecho a ser juzgado dentro de un plazo de tiempo razonable por un tribunal imparcial”12. En el ámbito africano obligado por este Convenio, el derecho a que la causa sea oída, o el derecho a “ser juzgado”, comprende una serie de derechos derivados entre los que se encuentran: el derecho de acceso a la justicia (entendiendo por justicia la jurisdicción nacional competente); el derecho a la presunción de inocencia; El derecho a la

La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, también conocida como la Carta de Banjul, en adelante CADH es un instrumento internacional auspiciado por la Organización para la Unidad Africana, que en la actualidad ha sido reemplazada por la Unión Africana. Fue adoptada por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno el 27 de julio de 1981. La Carta entró en vigor el 21 de octubre de 1986. En 1998 la OUA adoptó un protocolo a la Carta para la creación de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). Este protocolo entró en vigor el 25 de enero de 2004. 7.1 CADH “Every individual shall have the Right to have his cause heard. This comprises: a) The right to an appeal to competent national organs against acts of violating his fundamental rights as recognised and guaranteed by conventions, Laws, regulations and customs in force; b) the right to be presumed innocent until proved guilty by a competent court or tribunal; c) the right to defence, including the right to be defended by a counsel of his choice; d) the right to be tried within a reasonable time by an impartial court or tribunal. 7.2 No one may be condemned for an act or omission which did not constitute a legally punishable offence for which no provision was made at the time it was committed. Punishment is personal and can be imposed only on the offender”. Traducción de la cita literal del artículo en inglés tomado de CHERIF BASSIOUNI Y Z. MOTALA en The protection of Human rights in Africam criminal proceedings. Edit. Kluwer Academic Publishers. Amsterdam (1995). (Pág. 415 y ss.).