DICCIONARIO JURÍDICO NOTARIAL Obra colectiva Tomo IV P-Z
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Marta Lorente Sariñena
Ana Cañizares Laso
Javier de Lucas Martín
Jorge A. Cerdio Herrán
Víctor Moreno Catena
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Manuel Díaz Martínez
Catedrático de Derecho Procesal de la UNED
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
José Luis González Cussac
Ignacio Sancho Gargallo
Luis López Guerra
Elisa Speckmann Guerra
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
DICCIONARIO JURÍDICO NOTARIAL Obra colectiva Tomo IV P-Z
ÁNGEL GILBERTO ADAME LÓPEZ HOMERO DÍAZ RODRÍGUEZ JESÚS MARÍA GARZA VALDÉS RICARDO GUTIÉRREZ PÉREZ AMANDO MASTACHI AGUARIO TARCISIO SÁNCHEZ ULLOA Coordinadores
tirant lo blanch Ciudad de México, 2023
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Autores Ángel Gilberto Adame López Enrique Almanza Pedraza Montserrat Arenas Martínez David Roberto Arizmendi González Francisco Xavier Arredondo Galván José Antonio Asprón Ortiz Julio César Asprón Ortiz Rafael Azuela Nieto Raúl Calzada Munive Guillermo Carranco Romero Alejandro Carvallo Carrillo Luis Alberto Castillo Zendejas Carlos Gabriel Cervantes Origel Miguel Ángel Espíndola Bustillos Oscar Jaime Galicia García Erik González Fauerman Ricardo Gutiérrez Pérez Liliana Gutiérrez Robles José Luis Hernández Armenta Francisco José Hernández Salcedo Ana de Jesús Jiménez Montañez
Gustavo López Larios Rodrigo González Lutteroth Martínez Adrián Moreno Rivera José Manuel Nuncio Rodríguez Joel Oliva Sánchez José Luis Gallardo Pinal Icaza Guillermo Ramírez de Aguilar Marco Antonio Ruiz Aguirre Luis Alberto Sánchez Colin Novelo Margarita Isabel Sánchez Meneses Patrick Strassburger Weidman César Humberto Viveros Rodríguez Mauricio Zavaleta Zapata
Índice P........................................................................................................................................
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Q.......................................................................................................................................
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R........................................................................................................................................
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S........................................................................................................................................
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T........................................................................................................................................
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U.......................................................................................................................................
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V........................................................................................................................................
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Z........................................................................................................................................
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FUENTES DE CONSULTA........................................................................................
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LEGISLACIÓN Y CRITERIOS JUDICIALES..........................................................
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ÍNDICE DE VOCES...................................................................................................
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P PROGRAMAS DE FOMENTO A LA VIVIENDA Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA PROPIEDAD INMUEBLE. der. not. Operaciones realizadas por los gobiernos federal o local para dar cumplimiento al derecho humano de vivienda, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las distintas Constituciones Políticas de las entidades federativas. I.
De forma general, se establece que los programas a que se alude son acciones tomadas por la administración pública, ya sea federal o local, con el propósito de auxiliar a los particulares (gobernados) que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, para que mejoren u obtengan una vivienda; de igual forma, apoyarlos con la obtención de un instrumento jurídico eficaz para regularizar la posesión de su inmueble.
II.
Por su parte, los programas de fomento a la vivienda, con el propósito de cumplir con su finalidad de dar cumplimiento y garantizar el acceso a “una vivienda digna y decorosa”, tienen las siguientes herramientas: A.
El otorgamiento de subsidios.
B.
La asignación de recursos públicos.
C.
El otorgamiento de créditos blandos.
D.
La condonación de impuestos.
E.
La concesión de facilidades administrativas por los cuales se supriman determinados requisitos.
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PROGRAMAS DE FOMENTO A LA VIVIENDA Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA...
III.
Los programas de fomento a la vivienda pueden provenir de la administración federal o local, y su implementación estará a cargo de la dependencia o del organismo que se designe para tal efecto; asimismo, a través de acciones de coordinación se busca dirigirlos a beneficiarios diversos, a fin de evitar duplicidad y garantizar que la población tenga acceso a estos esquemas.
IV.
En la Ciudad de México, el invi es el organismo público descentralizado encargado de promover, estimular, fomentar y ejecutar la edificación, remodelación, regeneración y rehabilitación de vivienda; promover y ejecutar el otorgamiento de créditos para la adquisición de vivienda, especialmente en favor de personas de escasos recursos; promover la constitución del régimen de propiedad en condominio familiar en los inmuebles que adquieran los beneficiarios de los programas de vivienda de la Ciudad de México, entre otros.
V.
Por otro lado, los programas de regularización de la tenencia de la propiedad inmueble, pueden consistir en: A. El otorgamiento de subsidios. B. En la asignación de recursos públicos. C. En la condonación o exención de impuestos. D. En la expropiación de los bienes para su posterior transmisión y entrega. E. En el otorgamiento de facilidades administrativas por los cuales se supriman determinados requisitos, para lograr que los propietarios de los inmuebles gocen de un título legítimo para acreditar la titularidad de sus derechos.
VI.
En la Ciudad de México, la Dirección General de Regularización Territorial es la unidad de la administración pública centralizada del gobierno de la Ciudad de México, subordinada jerárquicamente a la consejería jurídica y de servicios legales, encargada de promover y apoyar las acciones de regularización de la tenencia de la tierra en la Ciudad de México, así como ejecutar los programas que se deriven, con la colaboración de las alcaldías y los habitantes de las demarcaciones territoriales y asesorarles en materia de regularización de la tenencia de la tierra, para la resolución de los problemas relacionados con ella, entre los que se incluye un esquema con tarifas reducidas para fomentar la elaboración de testamentos,
PROTESTA
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como medida para abatir la irregularidad, así como el apoyo en procedimientos judiciales de prescripción y sucesiones. Véase: Jornada notarial, Dirección General de Regularización Territorial. José Luis Hernández Armenta
PROTESTA. der. civ. der. not. (lat. protestari) Promesa de cumplir bien un cargo hecha en el momento de su toma de posesión. I.
La protesta, en su acepción jurídica, tiene su origen en Roma, en forma del juramento religioso, y constitucionalmente se mantuvo con dicha forma hasta la Constitución de 1857, en la que se establecía que el presidente debía jurar “desempeñar leal y patrióticamente el encargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos conforme a la Constitución”, eliminando la referencia a los textos religiosos que las anteriores legislaciones establecían.
II.
Posteriormente, y como resultado de la separación del Estado y de la Iglesia, el juramento es sustituido por el acto formal de protesta, entendiéndose como un acto eminentemente civil, para lo cual la religión, cualquiera que fuere la profesada por su autor, no constituya un obstáculo para entrar al desempeño de la función pública que le fue encomendada.
III.
La protesta no es sino es una exteriorización del principio de supremacía formal de la cpeum, en tanto que se trata de un elemental deber del gobernante y de cualquiera que desempeñe una función pública, no sólo el declarar, sino efectivamente sujetarse y obedecer a la cpeum por encima de cualquier ordenamiento. Ríos Hellig (2020) menciona que la protesta, como formalismo, no convierte al notario en un servidor público, aun cuando sea una de sus características.
IV.
Constitucionalmente, el a. 128 impone la obligación a todo funcionario de prestar la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, mientras que el término protesta es utilizado por la ln 2018, refiriéndose al acto formal que se realiza ante el jefe de gobierno de la Ciudad de México o ante quien delegue dicha atribución, como requisito previo al ejercicio del notariado. Al efecto, la ln 2018, en su a. 57, establece que, para obtener la
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PROTESTA
patente de notario, es requisito rendir la protesta prevista en el a. 66, que implica para quien la realiza la mencionada aceptación de la patente respectiva, su habilitación para el ejercicio notarial y su pertenencia al notariado de la Ciudad de México. V.
Es en este a. donde consta la naturaleza de la protesta, por lo que se refiere al notario, ya que implica su aceptación de la patente, y por tanto del cargo, así como de su habilitación y pertenencia al notariado.
VI.
Por otro lado, el a. 63 establece que es el jefe de gobierno quien expedirá las patentes y tomará la protesta del fiel desempeño de las funciones del notario, a los triunfadores en el examen.
VII.
En ese sentido, el citado a. 66 es claro al establecer como requisito para iniciar la actuación notarial, así como su pertenencia al Colegio por parte de quien resulte triunfador en el examen, la referida protesta ante el jefe de gobierno o el funcionario designado, en los siguientes términos: “Protesto, como notario y como miembro del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Asociación Civil, guardar y hacer guardar el Derecho, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las Leyes que de ellas emanen, en particular la Ley del Notariado; y desempeñar objetiva, imparcial, leal y patrióticamente, el ejercicio de la fe pública que se me ha conferido, guardando en todo momento el estricto respeto al Estado Constitucional de Derecho y a los valores ético jurídicos que el mismo contempla, y si así no lo hiciere seré responsable, y pido hoy que en cada caso los particulares a quienes debo servir, las autoridades, el Colegio y el Decanato, así me lo exijan y demanden, conforme a la ley y sus sanciones”.
VIII.
La scjn, en tratándose de la obligación de rendir protesta, establece que la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, equivale a la aceptación del mencionado cargo. Lo anterior de acuerdo con la siguiente tesis: “PROTESTA DE GUARDAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY FUNDAMENTAL. En el referido precepto constitucional el Constituyente no consagró garantía individual alguna, sino que, considerando que la aspiración del Estado de derecho
PROTESTA
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consiste en lograr la vigencia real de sus ordenamientos jurídicos cuyo fundamento es la propia Constitución, plasmó la conveniencia de que ésta obligara a los depositarios del poder público a comprometerse formalmente a cumplir su contenido, así como el de las leyes que de ella emanaran; siendo necesario, para la aplicación de tal exigencia, que los funcionarios públicos se encuentren investidos del cargo respecto del cual otorgan la protesta, toda vez que ésta da valor legal al nombramiento para que pueda ejercitarse la función, pues equivale a la aceptación del mismo. Amparo en revisión 2119/99. Francisco Tomás Ramírez. 29 de noviembre de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz”. IX.
Dada la naturaleza del notario, como particular investido de fe pública por el Estado, es habitual que se confunda su naturaleza jurídica con la de un servidor público, al estar, al igual que ellos, obligado a prestar la protesta respectiva.
X.
Dicha característica ha sido considerada para equiparar al notario con la figura de una autoridad responsable en materia de amparo, siendo que, como quedó establecido, no es la protesta lo que en dado caso daría dicho carácter, sino las características de los actos que emite el notario en ejercicio de sus funciones. La scjn ha sido clara en el sentido de no considerar al notario como una autoridad, en virtud de que sus actuaciones las realiza en su carácter de particular investido de fe pública y siempre actuando como un auxiliar de la administración pública, según se desprende de la siguiente jurisprudencia: “NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita
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PROTESTA DE CUMPLIR LEALMENTE EL CARGO DE INTÉRPRETE
actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base, cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo. Contradicción de tesis 174/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito y Tercero del Décimo Octavo Circuito. 19 de agosto de 2015. Cinco votos de los ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez”. Véase: Protesta de cumplir lealmente el cargo. Luis Alberto Sánchez Colin Novelo
PROTESTA DE CUMPLIR LEALMENTE EL CARGO DE INTÉRPRETE. der. not. der. civ. Promesa de explicar a otras personas que no hablen una lengua, lo dicho en la otra que entienden, con buena fe y apego a la ley. I.
Ríos Hellig (2020) considera al intérprete como un auxiliar de las partes en sentido formal, al distinguir entre testigos y asistentes, siendo el intérprete parte de ellos, al participar “en los casos en que el otorgante ignore el idioma castellano […] y necesite que alguien le ayude a leer el instrumento”. Es decir, que es auxiliar de las partes en sentido formal, al asistirlas a comprender el significado y alcance del instrumento (Silva Sánchez, 1994).
PROTESTA DE DECIR VERDAD
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II.
La ln 2018 establece la necesidad de la asistencia de un intérprete, en términos de los aa. 107 y 108, en los que se establece el procedimiento en caso de que alguno de los otorgantes fuere sordo, sordomudo o no conozca o hable el idioma español, o que su conocimiento no fuere suficiente para manifestar su voluntad de una manera real y seria, y por ello requiera la intervención del intérprete, quien deberá firmar la escritura e identificarse en términos de la Ley, así como rendir ante el notario protesta de cumplir lealmente su cargo.
III.
Es en este último artículo, donde consta la obligación del intérprete de rendir la protesta correspondiente ante el notario; es decir, la promesa de auxiliar a las partes a comprender las consecuencias y el alcance del acto a celebrarse, para manifestar su voluntad de la manera más informada posible.
IV.
En materia notarial no existe jurisprudencia en este sentido, pero los tribunales han sido reiterativos en que, a los extranjeros, a las comunidades indígenas, incapaces y en general a quienes ignoren el idioma español o no puedan manifestar su voluntad de manera verbal o escrita, se les debe asistir por medio de un intérprete o traductor, a efecto de que se hagan conocedores de sus derechos y obligaciones. Véase: Protesta. Luis Alberto Sánchez Colín Novelo
PROTESTA DE DECIR VERDAD. der. not. Promesa de conducirse con verdad en juicio o ante autoridad administrativa. I.
Históricamente, la protesta de decir verdad ha venido a reemplazar al juramento, que en materia procesal resultó sumamente relevante, al grado de constituir un elemento de su existencia. El juramento tenía un origen de carácter eminentemente religioso, que tenía una relación íntima con el procedimiento en Roma, que requería de múltiples solemnidades, dentro de las cuales se encontraba el mencionado juramento. La protesta, como acto probatorio de los dichos, tuvo una aplicación constante ante los tribunales, tanto en la época virreinal con la aplicación de las le-
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PROTESTA DE DECIR VERDAD
yes españolas, como en el México Independiente, con el reconocimiento constitucional de la religión católica como única y oficial en territorio nacional. Ello cambió con la llegada de las Leyes de Reforma, en particular con la Ley Sobre Libertad de Cultos, que en su a. 9 disponía que “el juramento no es de la incumbencia de las leyes. En lo sucesivo, no producirá el juramento ningún efecto legal en los contratos que se celebren y jamás en virtud de él, ni de la promesa que le sustituya, podrá confirmarse una obligación de las que antes necesitaban jurarse para adquirir vigor y consistencia. No fue sino hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1857, y sus posteriores reformas, que se estableció en el a. 4 que “la simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sustituirá al juramento religioso, con sus efectos y penas”. Este a. a la fecha se mantiene, con un contenido idéntico en el a. 130 Constitucional, que establece que la simple promesa de decir verdad y cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. II.
La ln 2018 utiliza el término “protesta de decir verdad” en las reglas para la redacción de las escrituras, al disponer que las declaraciones de los comparecientes, en todo caso se considerarán hechas bajo protesta de decir verdad y que el notario les enterará de las penas en que incurren quienes declaren con falsedad. De igual manera, el término es utilizado en las normas notariales de tramitación sucesoria para el caso de los intestados en su a. 186, al establecer que los herederos, en el orden de derechos previsto por el Código Civil, comparecerán ante notario en compañía de dos testigos idóneos, le exhibirán copias certificadas del acta de defunción del autor de la sucesión y las que acrediten su entroncamiento, y que declararán bajo protesta de decir verdad sobre el último domicilio del finado, y que no conocen de la existencia de persona alguna diversa de ellos con derecho a heredar en el mismo grado o en uno preferente al de ellos, lo cual resulta redundante, ya que todas las declaraciones que realizan los comparecientes las hacen bajo esta protesta, en términos de la fracción XI del a. 104 de la ln 2018.
III.
En materia notarial no existe jurisprudencia con respecto a la declaración bajo protesta de decir verdad, realizada en los instrumentos públicos; sin embargo, la que existe en materia general y
PROTESTA VIGENCIA DE UN CARGO
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de amparo es consistente, ya que se trata de una formalidad, y que su contravención, no su omisión, genera una conducta delictuosa en forma de falsedad de declaraciones, ya sea ante autoridad judicial, distinta a la judicial o el delito especial contenido en el a. 177 de la ln 2018. Véase: Protesta. Luis Alberto Sánchez Colín Novelo
PROTESTA VIGENCIA DE UN CARGO. Cualidad de que un cargo cuenta con fuerza de obligar y en observancia. I.
Por lo anterior, se entiende que protestar la vigencia de un cargo implica la declaración formal de que un cargo continúa en la generación de derechos y obligaciones para quien lo detente.
II.
El a. 103 de la ln 2018, por lo que se refiere a la protesta de quien comparezca en ejercicio de un cargo, establece la obligación de declarar con verdad acerca de que dicho cargo continúa con plena fuerza y, tratándose de la representación, que no ha sido revocada ni se ha extinguido en los términos aplicables por las distintas disposiciones. Véase: Protesta; Personalidad. Luis Alberto Sánchez Colín Novelo
PROTESTO. der merc. Diligencia extendida en un título de crédito o en hoja adherida a él, complementaria al acta levantada por notario, corredor público titulado o primera autoridad política del lugar que, por no ser aceptada cuando no existe la dispensa expresa de protestarla o pagada una letra de cambio y los demás títulos de crédito a que se refiere la Ley de la materia, se practica para que no se perjudiquen o disminuyan los derechos y las acciones entre las personas que han intervenido en el giro o en los endosos de él. I.
Tiene su nacimiento con la letra de cambio, ya que es el único medio eficaz a efecto de conservar la acción cambiaria en contra de los obligados en vía de regreso o indirectos, en virtud de la fi-
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PROTESTO
nalidad principal de la letra de cambio que era propiciada por el comercio intenso en los siglos xii y xiii en diversas ciudades del norte de Italia, en especial el marítimo, en virtud de requerirse un medio fehaciente para hacerse sabedores de que el documento ha caído en la “deshonra en la que ha caído el documento respectivo por no haber sido aceptado o pagado oportunamente” (Díaz Bravo, 2011). II.
En el ámbito mercantil, en términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el protesto establece en forma auténtica que la letra fue presentada en tiempo y que el obligado dejó total o parcialmente de aceptarla o pagarla, no existiendo acto alguno que pueda suplir al protesto. Monzalvo Laguna (2019) considera al protesto como “la forma de acreditar que la letra de cambio fue presentada en tiempo para su aceptación o para su pago, y que el obligado dejó de aceptarla o pagarla, es decir, es una fe de hechos, un requerimiento ante fedatario público. Se da únicamente cuando hay una negativa o ausencia de aceptación o pago”. En este sentido, se considera al protesto como la diligencia, a efecto de darle fecha cierta al requerimiento de aceptación o pago, necesariamente requiriendo la intervención del notario. En cuanto a su forma, Pérez Fernández del Castillo (2005: 349) establece que, además de constar en el documento o en hoja adherida a él, se levanta en el protocolo un acta, en la cual se reproduce literalmente la letra; es decir, que se describen los datos que consten en ella, el requerimiento hecho al obligado, si estuvo presente quien debe aceptarla o pagarla o su negativa y sus motivos, circunstancias de lugar y hora en que se practicó, así como las firmas del solicitante y del notario, y su sello. El protesto debe quedar bajo resguardo del notario durante el día de la diligencia y el siguiente, que es el plazo en que puede presentarse el girado.
III.
El protesto se encuentra en la ln 2018, dentro de los hechos que pueden hacerse constar en un acta, en la fracción primera del a. 131. De igual forma, dentro de las prohibiciones que tienen los notarios, queda exceptuado el hecho de conservar en depósito aquellos documentos en que intervenga, con motivo de las diligencias de protestos, pasadas ante su fe en términos de lo establecido en la fracción novena del a. 47.